Estaba cantado que ni bien llegara a ocupar una banca en el Congreso atraería todas las miradas. Hablamos de Máximo Kirchner, quien logró esa atención aun antes de llegar al recinto luego de ser elegido por la provincia de Santa Cruz en 2015. Fue cuando se armó una fenomenal disputa en torno al despacho que ocuparía en el Congreso.

Diputado raso, en condiciones normales hubiera ido a ocupar alguna de las diminutas oficinas del Anexo de la Cámara de Diputados. Pero no era cualquier diputado, sino el hijo de los dos presidentes anteriores que había tenido el país y como tal en su bancada pensaron que debía estar en el Palacio.

El episodio forma parte de uno de los capítulos del libro “Gobernar en Minoría. El karma de la gestión Cambiemos”, de José Angel Di Mauro (2019, Editorial Corregidor), y así fue reflejado:

En lo primero que pensó Emilio Monzó al iniciar su operativo de seducción fue en los despachos, cuya distribución corresponde a las autoridades de la Cámara, pero es uso y costumbre que los diputados que se van decidan por su cuenta el destino de los mismos. Así es que José María Díaz Bancalari, un histórico dirigente peronista que supo ser jefe del bloque durante el último tiempo en que se llamó PJ -gestión Duhalde y primera etapa de Néstor Kirchner- le había dejado sus amplias oficinas en el Palacio Legislativo nada menos que a Máximo Kirchner, y esas dependencias generaron una insólita disputa.

Eran tiempos positivos para el gobierno y ese coyuntural estado de gracia fue sintetizado por el periodista Gustavo Noriega en un tuit concluyente: “Macri y Massa en Davos, Scioli en Intratables y La Cámpora peleando una oficina. No sé si Cambiemos va a volver a tener un día así de dulce”.

El titular de la Cámara tenía decidido distribuir los metros cuadrados en función del resultado electoral y de la representación a partir del 10 de diciembre. Y había resuelto destinar ese despacho a José Luis Gioja, electo vicepresidente primero de la Cámara baja, y quien había sonado para presidir Diputados si hubiera ganado Daniel Scioli. Tenía la experiencia de haber sido presidente provisional del Senado en tiempos de Duhalde e inicios de Néstor Kirchner.

Pero no era lo que pensaba La Cámpora, que había confinado al sanjuanino a un pequeño despacho del Anexo de la Cámara, lo que hizo que Monzó personalmente se comprometiera a darle un espacio más acorde. Con la deliberada intención de meter cuña en la interna peronista.

“Lo del despacho de Máximo sabía que era un tema comunicacionalmente fuerte, pero lo que estaba por debajo de eso, que luego terminó acordándose, era que quienes habían sido mayoría durante casi el 80% de la democracia, no solo los últimos 10, 15 años, aceptaran que ahora eran un 30% de la Cámara”, recuerda Monzó. Esto es, ya no podían contar con el 70% de los recursos disponibles.

La controversia se dio en pleno verano y tuvo como epicentro las oficinas 305, 307 y 340 que había dejado Díaz Bancalari. Ubicadas en el tercer piso del Palacio, un día de enero de 2016 apareció con fajas y la cerradura cambiada. La explicación oficial era que cuando se produjo el recambio legislativo, los bloques dieron una asignación preliminar a los despachos que dejaban los diputados salientes. Pero cuando las nuevas autoridades de la casa resolvieron reasignar los despachos, decidieron que debía dejarse de lado la disposición adoptada en 2007, cuando a raíz del triunfo del FpV el kirchnerismo reclamó para sí el tercer piso.

Los kirchneristas rechazaron de plano que se planteara una redistribución del espacio en el Palacio Legislativo a través de una suerte de “sistema D’Hont”. Argumentaban que el tercer piso siempre había sido del peronismo, como el segundo le correspondía al bloque radical. Y aclararon que no todo el tercer piso estaba en manos del FpV, pues ahí tenían despachos la massista Graciela Camaño y la macrista Patricia Bullrich, aunque ella ya había renunciado para pasar al Ejecutivo.

Los kirchneristas reconocían que lo que cambió la distribución del tercer piso fue la Sala de la Juventud Néstor Kirchner -el despacho asignado al expresidente santacuceño en su breve paso como diputado nacional, devenido tras su muerte en un lugar emblemático de reuniones-, como así también el comedor del bloque.

En el tercer piso estaban los despachos de Carlos Kunkel, María Teresa García, Edgardo Depetri, Andrés “Cuervo” Larroque, Eduardo “Wado” De Pedro, Juliana Di Tullio y el presidente del bloque. Tenían también oficinas el salteño Pablo Kosiner, el exgobernador misionero Maurice Closs y, ahora, Máximo Kirchner, el despacho en disputa.

“Yo tenía que presidir siendo equitativo con los recursos de la Cámara, de acuerdo con la representación que cada uno de los bloques tenían en el recinto -comenta Emilio Monzó-. Esto implica desde un asistente en un despacho, al despacho en sí. Los mejores despachos eran una herramienta de negociación”. Y para esa negociación, estaba claro que el kirchnerismo tenía, de acuerdo con el resultado electoral y su representación, un exceso de recursos dentro del Palacio Legislativo.

La Cámpora decidió entonces resistir y fue así que jóvenes militantes se turnaban durante el día para permanecer en su interior y evitar que fuera recuperado por autoridades de la Cámara. En ocasiones alguno se quedaba incluso a pernoctar, cuestión de que la seguridad fuera completa. ¿Cómo pudieron ingresar, si las autoridades habían cambiado la cerradura y pusieron una faja? El despacho tenía dos puertas de acceso y sólo habían cerrado una.

“No tengo problema de que sea de Máximo Kirchner”, terminó expresando Monzó, advirtiendo no obstante que “lo que hay que hacer es recuperar esos metros cuadrados con algún despacho de otro diputado nacional, porque hay autoridades de la Cámara que hoy no están dentro del Palacio”. La solución sobrevino después de dos meses de intensas negociaciones, cuando dos históricos como María Teresa García y Carlos Kunkel aceptaron mudarse al edificio Anexo.

“Yo no usaba el salón grande del bloque, usaba mi despacho…”, señala Héctor Recalde al recordar los problemas con el reparto de oficinas, y expresar sus reproches al oficialismo: “No nos daban oficinas en el tercer piso… Teresa García tuvo siempre una actitud muy generosa y muy amplia para ceder espacios, y se terminó yendo enfrente. Yo no quería, pero ella resignó el lugar”.

Concluida la prolongada conflagración y para curarse en salud, las autoridades de la Cámara publicaron una resolución a través de la cual a partir de entonces quedaba establecido que el secretario general del cuerpo sería quien distribuyera y asignara los despachos, y que la “desocupación y restitución en tiempo y forma” de las oficinas que ocuparan los diputados nacionales sería un requisito “de cumplimiento ineludible” previo a la percepción de la liquidación final de sus haberes. Y aquellos que no cumplieran con la restitución de dependencias, serían multados con una fuerte suma de dinero.

Por José Angel Di Mauro

Los memoriosos la recuerdan como una de las votaciones históricas del Congreso de la Nación. Fue en la sesión iniciada el miércoles 14 de marzo de 1984: el Gobierno de Raúl Alfonsín llevaba apenas tres meses y se definía en el Senado -un ámbito que donde ni siquiera entonces el no peronismo alcanzó a ser mayoría- la suerte del proyecto de reordenamiento sindical, conocido como la Ley Mucci. Ya en la madrugada del jueves 15, el Gobierno de Alfonsín perdió esa votación por dos votos (24 a 22), y todos recuerdan al neuquino Elías Sapag como el factor clave de la derrota radical, pues si votaba a favor había empate y definía Víctor Martínez.

Más cerca en el tiempo y ya con videos a color que nos refrescan la memoria, en la madrugada del 17 de julio de 2008 al entonces vicepresidente Julio Cobos le tocó desempatar el 36 a 36 que había dado la votación sobre la resolución 125. Quedó en la historia su voto “no positivo”, como así también la sonora derrota del Gobierno de Cristina Kirchner en el Congreso.

¿A qué vienen estos ejemplos? A que es absolutamente excepcional que un oficialismo pierda una votación para una sesión que ha convocado. Menos aún el primer paso, la media sanción. Los oficialismos solo convocan sesiones en las que tienen asegurado el quórum -porque históricamente es su obligación conseguirlo- y garantizados los votos para aprobar la ley que desean. Eso no implica que no puedan sufrir derrotas legislativas, cosa que suele suceder cuando no son mayoría. Le pasó varias veces al gobierno anterior, el primero en minoría en ambas cámaras en cien años. Pero solo con sesiones que convocaba la oposición, y en esos casos lo resolvía negociando, haciendo caer la sesión retaceando el quórum, o si la derrota se consumaba, vetando. Fue lo que hizo Mauricio Macri con la Ley Antidespidos y la que retrotraía el valor de las tarifas a noviembre de 2017. Y es lo que hacía también el kirchnerismo durante sus 12 años en el poder, cuando estaba en aprietos. ¿Cómo lo afrontó Miguel Pichetto al presidir el bloque oficialista del Senado en el período 2009-2011 cuando se quedó sin mayoría en esa Cámara? “Hice una tarea defensiva, de resistencia”, detalló ante quien esto escribe para el libro “Gobernar en Minoría”.

Para ese mismo texto -que deberían releer quienes hoy gobiernan siendo minoría- el entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio explicaba que “en el Congreso es tan importante lograr el número para pasar tus leyes, como lograr el número para que no te metan leyes que te perjudican”.

El Frente de Todos no debió convocar a la sesión del jueves sin la certeza de contar con los números que le permitieran aprobar la Ley de Leyes. Pero en la previa anticipaban una irrealidad que solo tenía sentido si terminaba siendo cierta. Como la de anticipar la agenda de la próxima semana. Todos estimaban la aprobación del proyecto en la madrugada del viernes y daban por descontado un rápido tratamiento la semana siguiente en el Senado, donde sería convertido en ley seguramente el 29 o 30 de diciembre. Sin embargo voceros oficiales hicieron correr la intención de emitir dictamen de comisión en este mismo lunes, para llevarlo al recinto al día siguiente.

Imposible según las normas que se cumplen a rajatabla en el Senado, donde se aguarda una semana entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto. A menos que la oposición estuviera dispuesta a dar los dos tercios para habilitar tal cosa. Imposible.

Sí se especulaba la última semana con que una parte de Juntos por el Cambio se abstuviera de modo tal de que el oficialismo pudiese tener la ley por mayoría simple: no hace falta con esta ley mayorías especiales.

El bloque completo de la Coalición Cívica estaba dispuesto a tomar esa actitud y todos lo sabían. Pero cambió de postura el miércoles por la noche, cuando percibió que en las negociaciones algunos cambiaban esa abstención por favores en el texto del proyecto. El titular del bloque, Juan Manuel López, confesó al inicio del debate del jueves que esa abstención hubiera tenido “un propósito y una estrategia: tener una abstención de más de 132 votos, que es lo que podía sacar el voto negativo; votar algunos artículos en particular en contra y obligar al oficialismo a negociar, y llevarnos algo más que un título de esa votación”. En su mea culpa público, dijo que eso no iba a ser posible “porque no lo pudimos coordinar”. Confesó además de Juntos por el Cambio que “llegamos atropellándonos entre nosotros” y lo atribuyó a “una falta de coordinación que tiene que ver con una falta de institucionalidad que tiene la Argentina, que tienen los partidos políticos, y ni hablar de las alianzas de gobierno”.

Fue el mismo Juan Manuel López el que cuando en el desenlace de la sesión las diferencias en JxC se habían hecho públicas -la reunión del último cuarto intermedio, en el Salón Delia Parodi, para resolver si aceptaban la vuelta a comisión del proyecto, fue muy dura, se nota la falta de una conducción homogénea-, salió a aclarar que “en Juntos por el Cambio hay unidad. Acá estamos todos juntos, con mucha responsabilidad”.

La pregunta del millón es si hubo impericia, la intención de “quemar las naves” -esa frase fue deslizada en la noche previa a la sesión por un legislador opositor respecto de lo que percibía en el oficialismo-, o una deliberada actitud de Máximo Kirchner. Las tres alternativas son muy posibles.

Pero hubo algo que no puede pasar desapercibido. Durante la sesión se van elaborando y difundiendo listas de oradores que permiten establecer cuándo hablará cada uno y, sobre todo, cuándo puede concluir la sesión. En los mismos nunca figuró el jefe del bloque oficialista, sino curiosamente Victoria Tolosa Paz. Es habitual que Máximo Kirchner delegue cierres de debates en otros diputados, aunque nunca cuando se trata nada menos que del Presupuesto. Sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana apareció otro listado con más nombres del oficialismo, como Federico Fagioli, Leopoldo Moreau, Marcela Passo y Marisa Uceda, reconfigurándose los cierres ya sin Cristian Ritondo, con Alejandro “Topo” Rodríguez del interbloque Federal, y en una curiosa apuesta al misterio para el cierre figuraba “FDT”.

Para esos instantes se habían reanudado las negociaciones y existía la certeza de una postergación hasta la semana que viene, de ahí que se interpretara el agregado de oficialistas como la intención de alargar un poco el debate mientras discutían a puertas cerradas, pero llamó la atención que se hubieran elegido nombres que elevaran el tono de confrontación que hasta entonces mayormente no había tenido la sesión. Nada recomendable para cuando justamente están por votar.

El aire enrarecido aumentó cuando comenzaba a hablar el oficialista Itai Hagman: llegaron los jefes de JxC con la propuesta de devolver el proyecto a comisión y comenzaron a transmitirle las novedades al resto del interbloque en el recinto. Algo que daba pie a diversas posturas, con una gran cantidad de diputados que no estaban de acuerdo, y eso se armaron conciliábulos en pleno recinto, que despertaron la reacción de talibanes del oficialismo como Rodolfo Tailhade, que les gritó de mala manera que salieran del recinto para hacer sus reuniones. “Están tratando de consensuar una posición”, le aclaró desde la presidencia el mendocino Omar De Marchi, de JxC. No era necesario decirle que hablaban de una oferta que les acababa de hacer el Gobierno.

Fue el propio Alberto Fernández quien habló con los jefes de JxC para convencerlos de evitar que la sangre llegara al río. Y trabajosamente se llegó a esa decisión al cabo de una tensa reunión de la oposición, que quedó anulada cuando Máximo Kirchner -como diría Pichetto- incendió la pradera.

El mayor perjuicio de no tener presupuesto es el efecto que ello ocasiona en las negociaciones con el Fondo Monetario. Es lo que le reprocha el presidente a la oposición, aunque quisiera transmitirle también su enojo, y no puede, al hijo de su vicepresidenta. Por el contrario, se mostró este sábado a su lado en el acto del PJ bonaerense.

Al asumir la presidencia del partido, Máximo graficó a su invitado como un presidente acosado por los otros poderes, incluido el mediático. “Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para dónde ir y ahí nosotros vamos a acompañar”, le dijo.

Como no había ido allí para pasarle facturas, Alberto se las pasó a la oposición, recordando que “a Cristina la dejaron sin presupuesto en 2010 y a mí me dejaron sin Presupuesto en 2022. Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando”.

Una diferencia: en 2010 el Frente para la Victoria evitó ir a una sesión que perdería; no tuvo Presupuesto, pero tampoco derrota.