Después de que expresara su apoyo abiertamente a la precandidatura como jefe de Gobierno de Martín Lousteau, la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad, María Migliore, renunció a su cargo y comunicó la decisión a través de las redes sociales. El Ministerio quedará a cargo del actual viceministro, Gabriel Mraida, que mantiene muchas coincidencias con la visión de Jorge Macri.

En el comunicado que subió a sus redes, la funcionaria manifestó que “llegó el fin de una etapa. Hoy me toca dejar el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad. Fueron ocho años intensos, desafiantes y hermosos. Años de soñar una realidad distinta e iniciar un proceso de cambio bien profundo”.

“Años en los que trabajamos para nivelar el punto de partida, para que el lugar donde se nace deje de ser una barrera para el futuro. Esa idea tan sencilla y potente inspiró los procesos de integración en los barrios populares, que hoy son una realidad en la Ciudad”, siguió Migliore y precisó que “para llevar mercado a los sectores populares, para que un emprendedor informal tenga las mismas herramientas para crecer a las que accede un empresario. Y para que una empresa se instale en un barrio, y que los vecinos accedan a mejores bienes y servicios. Algo que hace algunos años atrás no pasaba, y hoy es algo cotidiano, con más de 60 empresas instaladas y muchas más por venir. Hicimos palpable eso en lo que creemos: la mejor política social es el trabajo”.

Sobre esa misma línea, explicó que “en Argentina, sin la macroeconomía ordenada no se puede, pero con eso solo no alcanza. Con esa convicción, estos fueron años de construir una política social que vaya de la mano de un plan económico y productivo, que ponga a las personas en el centro para ayudarlas a tener autonomía y libertad”.

“En el medio, una pandemia y mil urgencias. Las de siempre, las de un país que vive en crisis, y que requiere estar presente al detalle. Y las nuevas que nos impuso la pandemia. Estuvimos en cada momento, liderando un plan de crisis en uno de los momentos más difíciles de la historia”, indicó y remarcó que “fueron ocho años con aciertos, con errores y mucho aprendizaje. De un agradecimiento profundo a los vecinos de la Ciudad por valorar, criticar y exigir, y sobre todo por construir juntos los proyectos”.

Al mismo tiempo que le agradeció a Horacio Rodríguez Larreta “por mirar los problemas estructurales y permitirnos crear caminos concretos para resolverlos. Por la convicción y la firmeza, aún en los momentos más difíciles, cuando nadie creía que estas transformaciones iban a ser posibles”.  “A Felipe Miguel y a todo el equipo de GCBA, gracias por la oportunidad, la compañía en el camino y el trabajo diario. Al enorme equipo del Ministerio, no me alcanzan las palabras. La entrega, el profesionalismo, la paciencia y los miles de horas compartidas. Una vez más, un orgullo ser parte de este equipo”, continuó.

También le agradeció “a tantos vecinos, referentes sociales, religiosos, emprendedores y empresarios con los que construimos cada propuesta, gracias por apostar. Por mostrarme que la diferencia enriquece y el consenso da resultados. Y que las mejores ideas nacen de los buenos encuentros”.

“Fueron ocho años de una historia compartida, escrita por muchas personas que me atravesaron, dejaron huella y transformaron parte de la Ciudad (y de mi vida) para siempre. Muy agradecida y habiendo intentado dar siempre lo mejor de mí, llego al cierre de esta etapa. Y seguiré junto a Rodríguez Larreta trabajando en todos los desafíos que tenemos por delante”, completó.

El auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se relevó que en el Control de los Recursos de la CABA se observan inconsistencias en el registro de los recursos tributarios -y de otros recursos- y el incumplimiento de la Ley N° 70.

De acuerdo al documento difundido, el objetivo principal fue examinar la concordancia entre las recaudaciones ingresadas en la Tesorería General en concepto de Recursos Tributarios, y de otros recursos, los registros efectuados en la Contaduría General y verificar su correcta exposición en la ejecución, para el periodo 2019.

Respecto de esta situación, Teszkiewicz afirmó que “esto nos ayuda a comprender lo que sucede cuando el ejecutivo envía a la Legislatura el presupuesto anual, con algunas cifras de ingresos que son muy inferiores a lo que en realidad va a ingresar, más aún cuando la magnitud de las diferencia no permiten considerar un error aceptable en la estimación” e indicó que “lo que hacen Horacio Rodríguez Larreta y Martín Mura es informar en el presupuesto menos recurso de los que tendrán, para justificar el ajuste en áreas como Educación, Salud o Desarrollo Social y, luego, cuando efectivamente ingresan los fondos enviar un proyecto de 'ampliación presupuestaria' justificando con argumentos difusos el motivo del aumento que se produjo, y destinando esos fondos 'excedentes' a su conveniencia”.

Al mismo tiempo que precisó que “algunos ejemplos resultan casi escandalosos y nos permitirán apreciar cómo el ejecutivo le esconde recursos a la Legislatura para después imputarlos sin control, entre ellos los ingresos presupuestados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.) fueron más de mil millones de pesos por debajo de lo efectivamente ingresado, $1.145.665.388 para ser precisos, o los montos registrados por diferencia de cambio que con una diferencia de $3.816 millones de pesos entre lo presupuestado y lo efectivamente percibido, llega al 382% de diferencia en un contexto donde la devaluación durante el año auditado -2019- fue del 47%”.

Dicho esto, Teszkiewicz remarcó que “no sólo detectamos que Larreta esconde los recursos a la hora de informar a la Legislatura, también podemos observar como la tesorería de CABA acomoda las normas según le parece, por ejemplo le recibió al ‘Fideicomiso Financiero Privado Inmobiliario y de la Administración Buenos Aires Landmark’ del Grupo Whertein, por la compra de una parte del terreno del Tiro Federal, un pago parcial en dólares cuando la ley establece claramente que debía ser en pesos, y al ser consultado por la razón de esa irregularidad, la Tesorería alega que generaría costos adicionales para el comprador ingresar los fondos en pesos, es decir que evaluaron si era o no conveniente cumplir con la Ley, a la vez que decidieron ahorrarle costos a ese grupo económico, lo que parece conveniente para la gestión de Rodríguez Larreta tener el ‘gesto’ de cuidarle el bolsillo a Whertein”.

“En momentos en los que las instituciones del país requieren que todas las autoridades políticas cierren filas sin cortapisas en defensa de la Paz y la Democracias, las provocaciones de Rodríguez Larreta, usando una fuerza que debería velar por la seguridad de todas y todos los ciudadanos por igual, como policía partidizada, es que seguimos reafirmando con elementos concretas que la gestión de Juntos por el Cambio nada tiene que ver con cuidar a la ciudadanía, pero sí a los empresarios que hacen sus negocios a costas de todas y todos los porteños”, concluyó.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de precisiones al respecto del protocolo de abordaje y actuación sobre las distintas formas de violencia basada en género en los diferentes efectores de salud.

La iniciativa en cuestión fue impulsada por la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco y prevé conocer si “existe un protocolo para abordar casos de violencia por motivos de género cometida por el personal hacia otros trabajadores de los efectores de salud. En caso positivo, adjúntelo según cada efector de salud”, si “se han recibido denuncias de violencia por motivos de género por parte de pacientes hacia el personal de los efectores de salud en los años 2019, 2020, 2021 y 2022” y si “se ha trabajado conjuntamente con otros organismos públicos para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género en los efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

También buscará conocer la cantidad del personal del ámbito de la salud ha realizado la capacitación obligatoria en género, Ley Micaela.

En los fundamentos del texto recientemente aprobado, Velasco remarcó que “el presente pedido de informes se aboca a conocer si existen protocolos de abordaje y actuación sobre las distintas formas de violencia basada en género” y remarcó que “el mismo es una herramienta que estandariza procedimientos de actuación frente a una situación específica en un ámbito determinado”.

Además precisó que “tratándose de violencia contra las mujeres, estos protocolos se convierten en una medida preventiva que produce dos efectos concretos: el primero, generar un espacio de contención, abordaje y orientación para las mujeres afectadas; el segundo, enviar un mensaje claro a toda la organización de que tales conductas no son toleradas. El objetivo del protocolo va a depender del tipo de violencia que se desee abordar”.

“Al presente lo motiva saber si se brinda asistencia técnica a las víctimas, para responder al marco legal vigente y así garantizar los derechos básicos de seguridad, acceso a la justicia y no revictimización de las mujeres en situación de violencia”, sentenció.

Con la mirada puesta sobre la delicada situación económica, social, sanitaria y educativa que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U) Mercedes De Mendieta dialogó con parlamentario.com para analizar esa situación y cuestionó con dureza la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Desde el inicio de la pandemia hemos visto como el Gobierno de Larreta ha priorizado a los grandes empresarios y la especulación inmobiliaria en vez de poner presupuesto en el sistema de salud para atender a la pandemia”, aseveró la diputada y advirtió que “en lo que respecta a la pandemia, queremos señalar que se reflejó las décadas de vaciamiento del sistema de salud en la Ciudad  y todo el país, manteniendo a los trabajadores de primera línea con salarios de miseria y extenuantes jornadas, sin invertir ni poner el presupuesto necesario para la atención de la pandemia. Por ejemplo, las enfermeras en la Ciudad cobran un sueldo de 45 mil pesos”.

Al mismo tiempo De Mendieta volvió a pedir que se avance con la incorporación de los enfermeros a la carrera de profesionales de la salud. “Al desconocer este reclamo el Gobierno de la Ciudad puede pagar salarios más bajos”, aseguró.

-¿Qué evaluación puede realizar de la situación económica, social, sanitaria y educativa de la Ciudad de Buenos Aires?

-La Ciudad de Buenos Aires es la más rica del país y al mismo tiempo la más desigual, entre la zona norte y la zona Sur. Desde el inicio de la pandemia hemos visto como el Gobierno de Larreta ha priorizado a los grandes empresarios y la especulación inmobiliaria en vez de poner presupuesto en el sistema de salud para atender a la pandemia. En la Legislatura las medidas que primaron fueron las extensiones impositivas para los grandes empresarios y los convenios urbanísticos para construir torres de lujo, mientras crece el déficit habitacional en la Ciudad y más de 10 mil personas viven en situación de calle. Mientras el Gobierno de Larreta pedía que nos lavemos las manos como una forma de prevenir el contagio del Covid 19, las y los habitantes de la Villa 31 estuvieron casi 10 días sin agua potable. Las y los trabajadores de la Ciudad venimos sufriendo como en todo el país, la pérdida de nuestros salarios frente a la inflación.

En lo que respecta a la pandemia, queremos señalar que se reflejó las décadas de vaciamiento del sistema de salud en la Ciudad  y todo el país, manteniendo a los trabajadores de primera línea con salarios de miseria y extenuantes jornadas, sin invertir ni poner el presupuesto necesario para la atención de la pandemia. Por ejemplo, las enfermeras en la Ciudad cobran un sueldo de 45 mil pesos. Vale ir a un hospital público para ver las condiciones edilicias y la falta de insumos, y cómo funcionan gracias a sus trabajadores. Este año, incluso se ha recortado los cupos para concurrentes y residentes en la Ciudad de Buenos Aires, lo que viene afectando especialmente la Salud Mental. También estuvimos acompañando la lucha de las y los trabajadores del Hospital Garraham por salarios dignos que atañe tanto al Gobierno de la Ciudad como al Gobierno Nacional.

En lo que respecta a la vacunación, el Gobierno de Larreta y el Pro a nivel nacional acompañaron la política de beneficiar a los grandes laboratorios y multinacionales, para esto no hay grieta. Mientras desde el Frente de Izquierda-Unidad exigimos al Gobierno de Fernández que se incauten las millones de dosis de vacunas de Astra Zenneca que se producen en Garín, provincia de Buenos Aires en el laboratorio de Sigman, tanto el peronismo como el Pro han rechazado nuestra propuesta, incluso hemos presentado en la legislatura un proyecto para poner a producir vacunas en los laboratorios y la industria farmacéutica de la Ciudad que nunca se puso a discutir en la Legislatura. 

En lo que respecta a la educación el Gobierno del Pro tiene una política de desfinanciamiento de la educación pública, mientras crecen año a año los subsidios a la educación privada. En la pandemia, lo digo como docente de secundaria en la Ciudad, las y los docentes cuando tuvimos que volver en febrero, en condiciones epidemiológicas muy complejas,  a las escuelas nos encontramos con que los edificios se encontraban en peores condiciones de cuando tuvimos que pasar a la virtualidad. El año pasado y este fueron muy difíciles. Durante todo el 2020 exigimos que se garanticen la conectividad de nuestros pibes, pero al Gobierno de la Ciudad no le importó y dejó que miles se queden sin su derecho a la educación. Y este año, en el peor momento de la pandemia nos llevó a una presencialidad criminal que se llevó la vida de más de 35 docentes y auxiliares que produjo una huelga histórica de 15 días de la docencia de la Ciudad. Además la Ministra Soledad Acuña tiene una política de atacar a la docencia con todo tipo de acusaciones y persecuciones, en particular hacia el gremio combativo de Ademys encabezado por Mariana Scayola y Jorge Adaro, al cual pertenezco.

- Uno de los principales reclamos del FIT a lo largo de toda la pandemia fue la incorporación de los enfermeros a la carrera de profesionales de la salud. ¿Por qué cree que no se logró avanzar en ese sentido?

-El reclamo del pase a la carrera profesional de enfermería viene desde hace años impulsadas por las y los enfermeros ya que lo que esconde es la tremenda precarización laboral y discriminación que sufren dentro del sistema de salud. Al desconocer este reclamo el Gobierno de la Ciudad puede pagar salarios más bajos. Es importante destacar que la mayoría del conjunto de les trabajadores de enfermería son mujeres, la mayoría jefas de hogar que durante la pandemia han estado en primea línea de combate, con extenuantes jornadas laborales y muchas de ellas han dejado su vida. ¿Qué salarios cobraron durante la pandemia? El indignante número 45 mil pesos mensuales. Un sueldo de miseria y hambre. Para poder llegar a fin de mes los y las enfermeras están sometidas al pluriempleo y a trabajar dos o tres turnos para mantener a sus familias.

Pero el Gobierno de Larreta no está sólo, ha contado con la complicidad de la burocracia sindical en particular del gremio de SUTECBA de Alejandro Amor, conocido por su rol colaboracionista con el Gobierno del Pro firmando paritarias a la baja, mientras los salarios del conjunto de les trabajadores estatales vienen perdiendo hace años ante la inflación. Peor aún, Alejandro Amor, que hoy encabeza la lista a legisladores por el Frente de Todos, se ha opuesto al pase a la carrera profesional. Mucho aplausos pero a la hora de reconocer la tremenda labor de las y los trabajadores de la salud, vemos la tremenda precarización laboral a la que son sometidos. Esto no sólo ocurre en la Ciudad sino en todo el país. La pandemia puso al descubierto las décadas de vaciamiento de todos los gobiernos peronistas, radicales y del Pro del sistema público de salud.

Desde las bancas de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad hemos acompañada adentro y en las calles este reclamo, siendo parte de las movilizaciones y desde nuestras bancas en la Legislatura. Actualmente tenemos un proyecto presentado y construido junto con las enfermeras y enfermeros  para el pase a la carrera profesional. Por eso, creemos que la izquierda tiene que seguir estando en la Legislatura somos el único bloque que consecuentemente apoya entre reclamo y ese reconocimiento lo escuchamos en los hospitales cuando vamos a recorrerlos y las y los trabajadores manifiestan que votan al Frente de Izquierda Unidad.

- Por otro lado, en los últimos meses se han aprobado numerosos convenios urbanísticos en la Legislatura que permiten la construcción de torres, ¿Qué opinión le merece esta situación?

-La Legislatura porteña se ha convertido en una escribanía para los negocios inmobiliarios. Durante los años de Gobierno del Pro, primero con Macri y ahora con Larreta se han privatizado más de 500 hectáreas para los especuladores en detrimento de un plan de viviendas populares o espacios verdes. Negocios inmobiliarios para construir torres de lujo o edificios dónde no vive nadie. Hoy tenemos más de 250 mil viviendas ociosas en la Ciudad, que solo hacen crecer el precio de la propiedad y los alquileres.

Mientras crece el desarrollismo inmobiliario la población de la Ciudad se encuentra estancada en 3 millones de habitantes desde hace más de 70 años. Lo único que ha crecido han sido la población de las villas de la ciudad que han pasado de 50 mil habitantes en la década de los 90 a 300 mil, es decir el 10% de la población de la Ciudad. Hoy el acceso a una vivienda para los trabajadores y sectores populares se ha vuelto inaccesible y alquilar en la Ciudad un departamento de 2 ambientes se paga entre 35 mil y 50 mil pesos. Por eso decimos que es una Ciudad expulsiva, al servicio de algunos grandes empresarios de la construcción como IRSA y van a seguir creciendo la vivienda ociosas. Días atrás en Berlín, se aprobó un referéndum no vinculante para expropiar más de 240 mil viviendas porque esto afecta directamente el problema de los precios de alquileres. Es urgente establecer en la Ciudad medidas contra las viviendas ociosas como un impuesto progresivo y la expropiación y un plan de viviendas popular.

Pero este avance en convenios urbanísimos no hubiera sido posible si el Pro y sus aliados no contaban con los votos del peronismo como ocurrió con los remates de Tiro Federal o con el convenio urbanístico de Distrito Joven, la antesala de la privatización de Costa Salguero.

Hoy estamos peleando junto con el movimiento ambientalista contra la construcción de barrios de lujo en las tierras de Costa Salguero y en la ex Ciudad deportiva de la Boca dónde se quieren construir torres de 150 metros sobre un humedal dónde debería realizarse una reserva para cuidar el medio ambiente y proteger la biodiversidad. 

También hemos estado acompañando como Frente de Izquierda la toma de Fuerza Mujeres en la Villa 31 y la toma de hace semanas atrás en la villa 21-24. Tomas de tierras que tienen el objetivo de pelear por el derecho a la vivienda, que ningún gobierno garantiza. En estas tomas muchas de quiénes pelean son mujeres algunas de ellas víctimas de violencia de género, que tienen que salir de hogares violentos. Hoy alquiler una habitación con baño compartido en un barrio popular puede salir 10 mil pesos y la mayoría de ellas tienen trabajos precarios con sueldos de 25 mil pesos. Esta es la cruel realidad que vivimos en la Ciudad y el país, dónde crece el déficit habitacional y la pobreza que afecta particularmente a mujeres y niños. Y decimos en todo el país porque mientras el gobierno de Fernández pago días atrás 1900 millones de dólares para el FMI no puso un peso para viviendas populares

- Por último, ¿Cuáles cree que serán los desafíos que deberá afrontar la Ciudad en la post pandemia?

-La Ciudad como todo el país afronta el desafío de discutir un plan obrero y popular para salir de la crisis social y económica que priorice y resuelva las urgentes necesidades populares. No pagando la deuda externa y rompiendo lazos políticos y económicos con el FMI, cobrando impuestos a las grandes riquezas. Para que haya salarios y jubilaciones y que nadie gane menos que la canasta familiar y poniendo un plan de viviendas populares para terminar con el déficit habitacional y dar trabajo genuino. Es lo contrario a lo que está plantando Juntos y el Pro y el FdT de Fernández, que quieren seguir sometiendo a mayor saqueo con el FMI e imponer una reforma laboral de mayor precarización. Por eso, estamos llamando a las y los trabajadores en estas elecciones a que el voto útil es para fortalecer una alternativa política de las y los trabajadores, porque la izquierda tiene que estar en el Congreso Nacional y la Legislatura para ser la voz de las luchas y de estos planteos con la lista encabezada por Myriam Bregman para el Congreso Nacional, Gabriel Solano, Pablo Almeida y Mercedes Trimarchi para la Legislatura porteña.

Durante la sesión ordinaria de esta semana, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 37 votos a favor y 18 en contra el pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar el presupuesto general del distrito por un total de 81.764.969.738 de pesos.

La medida contó con el aval de Vamos Juntos, GEN, PS y UCR-Evolución y el rechazo de FIT, AyL y FdT.

El texto recientemente aprobado propone una ampliación de 25.888.999 de pesos en los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad”, explicó el alcalde local en los fundamentos.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto vigente 4.812.677.060 pesos principalmente a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud, en función de la mayor demanda como consecuencia de la pandemia, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación, y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.

En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 15.498.454.31 de pesos en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, la seguridad privada y los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, entre otros.

Por el lado de los bienes de uso, se incluye la ampliación de las erogaciones por 4.348.324.324 de pesos, destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. “Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales y la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público”, añadió Larreta.

Se contempla, además, el acrecentamiento de las transferencias por 15.691.596.241 de pesos. Estas mayores erogaciones se originan, esencialmente, en la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada, para atender el acuerdo paritario del ejercicio.

Finalmente, en lo que respecta al servicio de la deuda, es necesario dar reflejo presupuestario a un incremento de 15.524.918.561. “Este aumento se origina, por un lado, en mayores erogaciones por intereses, generados por los títulos emitidos conforme la Ley N° 6.385, por la mayor colocación de Letras del Tesoro y por la operación de recompra de títulos en el mercado local. Por otra parte, se incorporan nuevas erogaciones en concepto de amortizaciones, originados en la operación de recompra de títulos con vencimiento original en 2022, efectuada en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, como parte de la estrategia de administración de pasivos y con el fin de mejorar el perfil de vencimientos a corto plazo de la deuda pública”, sentenció.

El debate en el recinto

Al respecto de la medida, la diputada del FIT Mercedes De Mendieta afirmó que “no vamos a acompañar esta ampliación del Presupuesto, nuestra pelea es por la ampliación del presupuesto pero de manera real que se destine a las necesidades reales de la población. No nos parece ampliar el presupuesto para  seguir pagando la deuda” e indicó que “en ningún momento de esta ampliación se hace mención o se apunta a ampliar el presupuesto para la crisis habitacional, tenemos gran parte de la población viviendo en villas y eso nos preocupa”.

Mientras que Amanda Martín (FIT) señaló que “uno de los argumentos es el nivel de inflación que fue trazado para el Presupuesto 2021, donde se planteaba que iba a ser del 29%. Desde el año pasado se sabía que esta pauta inflacionaria no iba a ser real, ya ha sido superada y eso que estamos a mitad de año… el único objetivo que tenía era llevar los salarios a la baja”.

A su turno el oficialista Claudio Cingolani (VJ) explicó que “no es la primera vez ni la última que se van a pedir ampliaciones presupuestarias, lamentablemente la Argentina es célebre por su inflación. No se trata de un capricho de la administración porteña, siempre se toma como parámetro la inflación nacional que del 29% pasó al 50% y que se prevé que llegará a un 55%”.

“Esto pasa porque subió la emisión monetaria, la inflación, el déficit, la deuda… se sigue endeudando. Hay una creencia de que la deuda en dólares es deuda y si es en pesos no es deuda, eso es una mentira y hace que aumente la pobreza”, precisó e indicó que “a nivel nacional se amplió ocho veces el Presupuesto 2021”.

Mientras que el diputado del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade destacó que “la realidad es que vemos como argumento principal la modificación que se hizo en materia de coparticipación. Está claro que las proyecciones del Gobierno de la Ciudad siempre está muy lejos de la realidad, la inflación puede tener que ver pero esto sucede siempre, es algo constante en este Gobierno”.

Con la mirada puesta sobre las PASO el próximo 12 de septiembre, el precandidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U), Gabriel Solano, dialogó con parlamentario.com para analizar la crisis que atraviesa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en distintas áreas, sobre todo en la económica, de salud, educación y habitacional.

En ese sentido, el trotskista se refirió a las dificultades que atraviesan los jóvenes para acceder a un empleo en el distrito capitalino. “Buscaremos terminar con la precarización laboral en el distrito, ya que en los empleos de la juventud especialmente crece de modo escandaloso todas las modalidades precarias con menores salarios y derechos laborales”, señaló.

Mientras que en relación a la gestión del Gobierno local de la pandemia, Solano planteó que “la Ciudad es el distrito más afectado en la Argentina, tanto en cantidad de casos como en la mortalidad y letalidad” y consideró que “esto se debe a causas prexistentes, como ser la aglomeración de 300 mil personas en las villas en condiciones de enorme precariedad, y la falta de inversión en el sistema de salud, que está altamente fragmentado y privatizado”.

-¿Cuáles son las propuestas del Frente de Izquierda Unidad para la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles serán sus prioridades?

- Las prioridades de nuestra acción legislativa están determinadas por las necesidades populares más acuciantes. Dentro de estas destacamos: primero, el pase a la carrera profesional de las enfermeras y enfermeros, un reclamo muy sentido y en el que estamos muy comprometidos para llevarlo a la victoria.

En segundo lugar la cuestión de la vivienda en todas sus facetas, desde la urbanización de las villas, la construcción de viviendas para los trabajadores y la juventud, la defensa de los espacios verdes, esto en oposición a la entrega de la tierra de la Ciudad a los especuladores inmobiliarios que avanzó en la Ciudad gracias a los pactos entre el macrismo y el peronismo. En tercer lugar la aplicación de la Educación Sexual Integral laica y científica en todos los colegios de la Ciudad, sean de gestión estatal o privada, y el laicismo en todo el sistema educativo.

También buscaremos terminar con la precarización laboral en el distrito, ya que en los empleos de la juventud especialmente crece de modo escandaloso todas las modalidades precarias con menores salarios y derechos laborales; y en quinto lugar, pedimos la separación de la Iglesia del Estado terminando con todos los privilegios económicos que tiene la curia en el distrito.

-¿Qué evaluación puede hacer del manejo de la pandemia que ha realizado el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta?

-La evaluación del manejo de la pandemia es negativo. La Ciudad es el distrito más afectado en la Argentina, tanto en cantidad de casos como en la mortalidad y letalidad. Esto se debe a causas prexistentes, como ser la aglomeración de 300 mil personas en las villas en condiciones de enorme precariedad, y la falta de inversión en el sistema de salud, que está altamente fragmentado y privatizado. La carencia en especial de enfermeras y enfermeros se hizo sentir, y es la causa de su sistemática discriminación. Junto la presión empresarial llevó a una apertura apresurada en el momento de mayor crecimiento de los casos.

-¿Cuáles considera que serán los desafíos que deberá afrontar la Ciudad en la post pandemia?

-Los desafíos tienen que ver con atender las demandas populares más inmediatas. Una de ellas es avanzar realmente en la urbanización de las villas. Otra es fortalecer el sistema de salud, procediendo a su centralización a cargo del estado y bajo el control y administración de los trabajadores del propio sistema.

La cuestión educativa es otro tema urgente, que debe abordarse por la construcción de escuelas, para dar satisfacción a la falta de vacantes, que afecta año a año a unos 20 mil estudiantes de los distintos niveles, sobre todo en el ciclo inicial. La superación de la precarización laboral requiere comenzar por el propio estado porteño, pasando a planta permanente a todas las trabajadoras y trabajadores.

-Algunos sectores de la oposición apuntan a reformar el microcentro y convertir las oficias que quedaron vacías por la pandemia en viviendas familiares. ¿Cree que esto podría ser una solución habitacional para muchos porteños?

- La reorganización del microcentro porteño debe ser parte de una reorganización urbana integral, que en la Ciudad ha estado guiada por los intereses del capital inmobiliario. Eso ha llevado a una construcción centrada en viviendas de lujo que no dio solución a la crisis habitacional sino que la agravó. Nuestra propuesta es revisar la enajenación de las 500 hectáreas que fueran entregadas por los sucesivos pactos entre el macrismo y el peronismo en la Legislatura, y ponerlas a disposición de un plan de construcción de viviendas por parte del Estado y de espacios verdes.

En medio de la crisis educativa que atraviesa la Ciudad, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto criticó con dureza las prioridades en el presupuestarias del Gobierno local, dado a que alertó que se “destina un mayor presupuesto en publicidad y arreglo de veredas y recorta en educación”.

De esta manera, el peronista explicó que “desde antes de la pandemia le pedimos al jefe de gobierno que ordene sus prioridades, es inadmisible que Larreta destine más dinero en publicidad que en educación que tiene el presupuesto más bajo de la historia de la Ciudad, cayó un 17, 8% desde el año 2013”.

Es que según alertó Roberto, en los números volcados en las arcas porteñas para el 2021, el monto destinado a infraestructura escolar sólo representa 378 pesos por habitante, mientras que el dinero para el arreglo de veredas y publicidad suma 2.174 pesos por habitante.

En ese sentido, indicó que “hemos trabajado sobre iniciativas concretas para generar políticas que beneficien a las y los porteños. Algunas de ellas consisten en ayuda a comerciantes, PyMEs, trabajadores de la salud, otras para que haya una presencialidad cuidada en los colegios de la ciudad, pero los proyectos no ven la luz”.

“Larreta recorta año tras año el presupuesto educativo, en infraestructura escolar, el plan Sarmiento, cercena el derecho a la educación con la falta de vacantes, mienten cuando dicen que construyeron 54 escuelas”, añadió y concluyó señalando que “basta con mirar el presupuesto de la Ciudad para entender cuáles son sus prioridades: publicidad electoral y arreglar una y otra vez las mismas veredas, que en el fondo benefician a las empresas amigas del gobierno porteño, que en algunos casos han sido aportantes de campaña”.

Mientras se mantiene el reclamo judicial por el recorte en los recursos coparticipables y en el marco de la pandemia, el legislador del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto aseguró que el Gobierno porteño generó “gastos innecesarios” en las últimas semanas y consideró que esos recursos debían ser destinados a salud y educación.

Según informó el diputado, el Ejecutivo local “ha generado gastos, entre mayo y junio de 2021, por 8.650 millones en bienes y servicios que podrían ser postergables en el marco de una pandemia y en un contexto de crisis económica que vive la Ciudad”.

Además señaló que “estos recursos, en el marco de la situación de emergencia que está viviendo la Ciudad, podrían haber sido diferidos o reasignados hacia sectores prioritarios para garantizar el acceso al derecho a la vivienda, al agua, a la educación o a la salud” e indicó que “sin embargo, Larreta prefiere acomodar los jardines verticales, contratar escenarios y equipos de sonido cuando las prioridades deberían ser el bienestar de las y los porteños”.

Sobre esa misma línea, Roberto manifestó que de acuerdo a “datos publicados en el boletín de la Ciudad, el Ejecutivo porteño ha destinado, en solo un mes, millones de pesos para alquilar equipamiento de sonido e iluminación y  adquirir bicicletas para las reparticiones del Gobierno” y alertó que “también destina fondos que podrían postergarse para el centro de interpretación del ecoparque interactivo, en alquilar un inmueble para el Teatro Colón, en el mantenimiento de áreas verdes de autovías y para alquilar grúas y autoelevadores”.

El peronista también detalló que “el gasto que se generó entre mayo y junio de este año representa el 1,41% del Presupuesto total de la Ciudad 2021, en ese marco Roberto expresó que “Larreta debe rever sus prioridades. Por ejemplo, podría utilizar ese dinero para otorgar un bono de 47.800 de pesos a cada trabajador y trabajadora de la salud o un bono de diez mil pesos a cada enfermero y enfermera durante seis meses” y concluyó afirmando que “estas decisiones demuestran que sólo intentan maquillar la ciudad y no resolver los problemas de fondo”.

Buscando prevenir el ingreso al país de nuevas cepas del coronavirus, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira insistió en la necesidad de que el Ejecutivo porteño informe cómo está llevando adelante el control y seguimiento del aislamiento de siete días que deben realizar las personas que llegan desde el exterior.

En ese sentido, la peronista afirmó que “la semana pasada presentamos este pedido de informes porque teníamos dudas de que en la Ciudad se estuvieran realizando los controles tal como debe realizarlo cada jurisdicción” y precisó que “este fin de semana, con el operativo de Migraciones, quedó en claro el nivel de incumplimiento de las medidas”.

Cabe recordar que todas las personas que ingresan al país deben contar con un PCR negativo, y aún con ese resultado deben cumplir 7 días de aislamiento en sus hogares para descartar un resultado positivo de Covid-19.

“Queremos saber si la Ciudad lleva adelante algún control en domicilio más allá del seguimiento telefónico, si se han encontrado incumplimientos o se han levantado infracciones. El Estado Nacional viene haciendo un gran esfuerzo para impedir el ingreso de nuevas variantes del virus que puedan afectar al plan de vacunación”, añadió y concluyó aseverando que “necesitamos que el Gobierno Porteño también asuma la responsabilidad que le cabe en este caso, como a todas las jurisdicciones”.

Luego de que la Legislatura porteña lo sancionara, el Gobierno de la Ciudad oficializó este martes –a través del Boletín Oficial- la ley que eximió del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES).

La iniciativa había sido impulsada por la ex ministra de Salud de la Ciudad y actual legisladora de Vamos Juntos, Ana María Bou Pérez, y aprobada durante una sesión ordinaria durante el mes pasado.

En los fundamentos de la medida, la diputada explicó que “la norma proyectada contempla que la exención aludida, alcanza exclusivamente a contribuyentes y/o responsables que cuenten con establecimientos donde se brinde el servicio de internación a pacientes afectados con coronavirus y por los ingresos provenientes de la actividad precedentemente mencionada, por lo que, si el contribuyente o responsable desarrollara más de una actividad declarada, la exención sólo aplicará respecto de aquella correspondiente a los servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”.

“Atento al inminente incremento de casos de Covid 19 resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria, evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el coronavirus”, sentenció en aquel entonces.  

En medio de la polémica en torno a la presencialidad de las clases, los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) emitieron un comunicado en el cuestionaron y rechazaron la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, de no acatar el fallo de la Justicia Federal que suspendía esa presencialidad.  

En este sentido, el peronismo manifestó que esta decisión gubernamental “coloca a nuestra Ciudad en una terrible situación de incertidumbre y confusión, en medio de la angustia que estamos atravesando los porteños y porteñas, ante el avance de los contagios y la tensión del sistema de salud” y consideraron que “este gravísimo hecho implica institucionalizar la desobediencia civil que Juntos por el Cambio viene promoviendo hace tiempo, con las consiguientes consecuencias para la salud y la vida de los habitantes de nuestra Ciudad”.

“En este contexto, desde el bloque del Frente de Todos, le exigimos al Jefe de Gobierno que cumpla el fallo judicial del Doctor Furnari, que abandone el camino de la confrontación y de la politización de esta pandemia y sobre todo, que no exponga a los porteños y porteñas a mayores sufrimientos que los que esta terrible pandemia provoca”, añadieron.

El comunicado completo

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta -mediante la decisión de desobedecer el fallo del Juez Federal en Contencioso Administrativo No. 2 Eduardo Furnari, que obliga a la Ciudad a acatar el DNU y suspender las clases presenciales- coloca a nuestra Ciudad en una terrible situación de incertidumbre y confusión, en medio de la angustia que estamos atravesando los porteños y porteñas, ante el avance de los contagios y la tensión del sistema de salud.

Este gravísimo hecho implica institucionalizar la desobediencia civil que Juntos por el Cambio viene promoviendo hace tiempo, con las consiguientes consecuencias para la salud y la vida de los habitantes de nuestra Ciudad.

El creciente relato de Bullrich y Macri de la “libertad” para incumplir las normas de cuidado, el no acatamiento de las restricciones en clave de grieta y la promoción de la “desobediencia civil”, se plasman ahora en un acto de desobediencia de un fallo judicial, cometido por el propio Jefe de Gobierno.

Recordemos que Larreta decide incumplir este fallo en la misma lógica del fórum shopping que promovió durante los días anteriores.

Mientras el Estado Porteño presentaba un amparo ante la Corte Suprema y sostenía su competencia originaria, diversos “actores” llevaban sus amparos ante la Justicia de la Ciudad, manifiestamente incompetente. Es decir, se eligió el camino de la judicialización de la pandemia y la manipulación de la justicia.

En este contexto, desde el bloque del Frente de Todos, le exigimos al Jefe de Gobierno que cumpla el fallo judicial del Doctor Furnari, que abandone el camino de la confrontación y de la politización de esta pandemia y sobre todo, que no exponga a los porteños y porteñas a mayores sufrimientos que los que esta terrible pandemia provoca.

Nuestro presidente y todos los argentinos y las argentinas estamos haciendo un esfuerzo enorme para cuidarnos y salir adelante en unidad.

Esperamos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad entienda de una vez por todas que no hay interés político o electoral, o interna partidaria, que justifique menoscabar el cumplimiento de las normas y el cuidado de la salud de nuestros compatriotas. Estos tiempos requieren menos mezquindad y más grandeza.

Debido a la decisión de incumplir con el fallo de la Justicia Federal que ordena la suspensión de las clases presenciales, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado en cuatro oportunidades por “resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia”.

Las causas en su contra se iniciaron este miércoles por la mañana y la Justicia ya se encuentra determinando si se unificaran todas en una misma causa o cada una seguirá su curso de manera independiente.

Una de esas denuncias fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad, la cual lo denunció por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas, violación de medidas, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.

Asimismo la abogada Valeria Carreras amplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de Comodoro Py, en la que pidió que se investigue al jefe de Gobierno por “resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia”.

Asimismo consideró que el funcionario actuó “a sabiendas de la ilegalidad en insistir con la presencialidad de los alumnos a clases en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires” tras el fallo al respecto firmado este martes por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari.

Otra de las demandas, de acuerdo a lo informado por la agencia Télam, fue presentada por los abogados Juan Leotta y Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno “ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)”.

Mientras que la denuncia restante, que resultó sorteada en el juzgado de Ercolini, la presentó el abogado Daniel Valmaggia por “instigación a cometer delito, abuso de autoridad” y violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.

Luego de haber sido acusado en las redes sociales de contradecirse dado a que en febrero había asegurado que ante una segunda ola se evaluaría la posibilidad de suspender la presencialidad de las clases temporariamente, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, cuestionó con dureza al Ejecutivo Nacional y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por sus dichos en contra del distrito capitalino.

En ese sentido, Santilli explicó que “la única contradicción está en el Gobierno: primero dicen que las clases presenciales no son fuente de contagio y luego se arrepienten y cierran las escuelas” y afirmó que “necesitamos aportar calma y hablar con datos, gobernador Kicillof. Aflojen con la chicana que desgasta a la gente”.

Además se refirió a las críticas que recibió, por lo que señaló que  “nunca me contradije. Ese día dije que tomaríamos una decisión basada en ‘lo que la autoridad sanitaria defina’” y consideró que “este cierre de las escuelas no lo decidió la autoridad sanitaria, lo hizo el Presidente de manera intempestiva y pasando por encima de la autonomía de la Ciudad”.

“Menos del 1% dio positivo en las escuelas. El 99% de los bares y restaurantes cumplió las normas. El Gobierno Nacional no nos consultó sobre estas medidas, por eso vamos a la Justicia para que vuelvan las clases. A la incertidumbre se le gana con planificación y transparencia”, concluyó Santilli.

Luego de que se viralizaran las imágenes de la remoción de un busto de Santiago Maldonado, los legisladores del Frente de Izquierda presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscarán repudiar la remoción, por parte del Gobierno porteño, de la escultura que estaba colocada en la Plaza de Mayo por su hermano el pasado 24 de marzo.

En el texto presentado también se le exige al Poder Ejecutivo reponga la escultura en el  lugar en que fuera originalmente colocado y adopte las medidas necesarias a fin de lograr la preservación del mismo.     

En los fundamentos de la medida, los legisladores indicaron que “al cumplirse 45 años del inicio de la última dictadura genocida, y en el marco de la movilización que culminó en la Plaza de Mayo, Sergio Maldonado colocó un busto en memoria de su hermano asesinado durante la represión que la Gendarmería Nacional desató sobre una comunidad mapuche en el año 2017” e indicaron que “la colocación de la imagen de Santiago, en un lugar tan emblemático, importa un acto en busca de memoria, de justicia y de denuncia por la falta de  búsqueda de la verdad por parte del estado por el crimen que terminó con su vida”.

Al mismo tiempo que recordaron que “Santiago Maldonado, luego de una represión brutal en la provincia de Chubut, desapareció por el lapso de 78 días para luego ser encontrado en el lugar donde había sido visto por última vez. No podemos perder de vista que la desaparición es uno de los métodos que las fuerzas de seguridad utilizan como forma de ocultamiento de un crimen, así como para generar un especial terror entre quienes rodean al desaparecido” e indicaron que “el Estado y la Gendarmería (GNA) no solo son los responsables de negar su paradero durante todo el tiempo en que estuvo desaparecido, también fueron responsables de su muerte que hasta el día de hoy se encuentra completamente impune”.

Además precisaron que “pocas horas después de la colocación de dicha escultura, la misma fue removida. La fotos a las que se puede acceder en distintos portales de medios muestran que alrededor del lugar donde originalmente fue colocado el busto, se encuentra rodeado de vallas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por lo que es evidente de que la desaparición del mismo no se trató de un hecho vandálico sino de una decisión del propio ejecutivo de nuestra ciudad”.

“Este proyecto busca por un lado repudiar dicha remoción. Por otro lado persigue que dicha escultura sea restituida en el mismo lugar en la que fue colocada originalmente y que se adopten las medias de preservación pertinentes”, sentenciaron.

La medida lleva la firma de los diputados Myriam Bregman (PTS), Alejandrina Barry y Pablo Almeida (FIT).

Luego de los escándalos de las últimas semanas en los vacunatorios de Luna Park, San Lorenzo y River Plate, la diputada del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco cuestionó al Gobierno de la Ciudad por los “graves problemas” que se experimentaron en el proceso de vacunación contra el Covid 19.

En ese sentido, la opositora señaló que “tenemos un montón de incertidumbres y la única forma de explicarlo es que dentro de la coalición que gobierna la Ciudad hay un sector anticuarentena y antivacuna” e insistió en que “evidentemente, ese sector tiene un peso muy importante y está permanentemente influenciando las acciones de gobierno por una especulación electoral, porque si no, no hay explicación para los errores gravísimos y permanentes de logística que se vienen cometiendo en el plan de vacunación porteño”.

Asimismo manifestó que “existe desde hace tiempo una clara intención de desalentarlo, en función de seguir tironeando con el Gobierno nacional. A través de ese malestar por los sucesivos problemas con la vacunación buscan generar un descontento, sin hacerse cargo de que es la propia jurisdicción la que la tiene que llevar adelante el proceso como corresponde. Y es muy grave y muy peligroso, porque están jugando con la salud de la población”.

Además, se refirió a la decisión del Ejecutivo porteño de postergar la inscripción de mayores de 70 años: “anunciaron que iba a comenzar y ahora fueron para atrás. ¿Qué van a hacer, van a volver a que la gente tenga que inscribirse un día antes de comenzar a aplicar la vacuna para que colapse nuevamente la página?”, se preguntó y advirtió que “es un maltrato permanente a personas que hace mucho tiempo están encerradas en sus casas, aisladas y con miedo, y que son población de riesgo”.

Sobre esa misma línea, Velasco le pidió al Gobierno de la Ciudad “tener un poco de sensatez” y “llevar tranquilidad a la población”, por lo que remarcó que es necesario que cree un registro donde puedan anotarse todas las personas que deseen ser vacunadas contra el Covid 19 e ir organizando todo el proceso con más tiempo y de manera más ordenada.

“Hay cuestiones que no se entienden cuando se ve que en otras áreas de gobierno despliegan una capacidad de logística tan importante. Porque sabemos que la Ciudad tiene muchos recursos económicos para hacerlo”, afirmó y aseguró que “en la Ciudad ya tenemos un crecimiento en los contagios, que no podemos dejar de observar. Por eso es fundamental que avancemos en la vacunación sobre todo de grupos de riesgo y esenciales para estar en mejores condiciones de enfrentar la segunda ola. Ahora, si evidentemente tenemos problemas tan graves de logística, habrá que pensar en algunas restricciones”.

Por lo que culmino señalando que “no es fácil, porque por ejemplo en el área de educación se ha puesto la vara tan alta de plantear presencialidad total sin combinar con virtualidad, que ahora retroceder es más complejo. Y en relación a la situación económica, hay una necesidad real de sostener la actividad entonces es complicado restringir” y concluyó sentenciando que “si seguimos avanzando hacia una cadena de contagios tan importante, vamos a tener que pensar nuevamente en medidas que vayan en este sentido”.

“Desde el Gobierno nacional se ha expresado una intención y un compromiso claros de trabajar con mucha responsabilidad en coordinación con todas las jurisdicciones. No podemos permitir que en la Ciudad de Buenos Aires sea de otra manera”, finalizó

Tras el escándalo con las aglomeraciones en los centros de vacunación, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira impulsó en la Legislatura de la Ciudad que aplique los máximos estándares de cuidado para el personal de salud y los adultos mayores en los centros de vacunación habilitados para tal fin por el propio Gobierno.

En ese mismo texto la peronista manifestó su preocupación y repudio por el grado de desorganización y destrato a los adultos mayores durante el primer día de vacunación en las instalaciones del Luna Park, así como en otros centros masivos de vacunación en CABA.

En ese sentido exigió que “el Gobierno de la Ciudad implemente un plan de vacunación ágil, que respete las medidas sanitarias, y sea respetuoso y humanitario con los porteños y las porteñas” y remarcó que “personas de más de 80 años estuvieron desde las 8 de la mañana frente al Luna Park haciendo largas filas mientras esperaban a ser vacunadas, sin ningún tipo de acompañamiento del personal de la Ciudad que garantizara el cumplimiento del  distanciamiento social. Muchos se trasladaron hasta allí con bastones y sillas de ruedas y no sólo no había ningún tipo de asistencia sino que algunas de ellas debieron ser atendido por personal de SAME, poniendo en riesgo la integridad física de todos los presentes”.

Asimismo advirtió que la situación que se está viviendo en el distrito capitalino “se suma a un proceso de inscripción fallido para la vacunación de los adultos mayores, donde colapsaron los sistemas de inscripción, y donde se vieron sujetos a más complicaciones aquellos ciudadanos y ciudadanas sin cobertura médica privada”.

“Las falencias en el operativo deben llamar a la reflexión de las autoridades sanitarias de la Ciudad para poner en práctica, y a la mayor celeridad posible, un sistema que acompañe a las personas mayores y cuente con lo necesario para atender dicha demanda”, sentenció.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad anunciara que impulsará medidas para asistir a las pequeñas empresas, la representante del FdT en la Comuna 4 y empresaria PyME, Verónica Tenaglia, exigió que se implementen políticas tendientes a fortalecer a las empresas que se desarrollan en el Distrito Tecnológico.

En ese sentido sostuvo que “Larreta dejó en claro, que prioriza proyectos o promesas a futuro por sobre la realidad efectiva; se refiere al desarrollo productivo y habla de la importancia de las pymes o de la economía del Conocimiento, pero no dice  cómo va a fortalecer a las pymes, que trabajan para mantenerse y crecer en el Distrito Tecnológico”.

Al mismo tiempo que indicó que “Larreta brilla por su ausencia, y no es ironía, cuando se refiere a un ‘Parque de la innovación’, que hoy no existe, y se olvida del entramado productivo real que necesita potenciarse, el que está en el sur porteño, que sí existe” y advirtió que el jefe de Gobierno porteño “menciona la importancia de las pymes, pero durante la pandemia, no recibimos ningún tipo de ayuda del gobierno porteño, para sostenernos; sólo la exención de Ingresos brutos, por un bimestre, para algunos comercios”.

“La solución no es aumentar la brecha y la desigualdad, en una ciudad rica como Buenos Aires, con aumentos en las tarifas de subtes, taxis, la VTV y el estacionamiento medido; la salida es marcar un camino de crecimiento, desarrollo e innovación, en sintonía con el discurso presidencial, con los pies en la tierra, sin vender espejitos de colores. En la ciudad el camino es otro, y el futuro es hoy”, completó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio inicio este lunes al nuevo año parlamentario a través de Zoom, dado a que hace pocas horas volvió de sus vacaciones en Buzios y debe permanecer aislado. En su discurso, hizo especial hincapié en el fortalecimiento del área de salud pública durante la pandemia y realizó duras críticas al Gobierno Nacional por el recorte en la coparticipación.

En ese sentido, el alcalde local indicó que “el 2020 fue un año muy duro para todos por el coronavirus: para quienes perdieron su trabajo, cerraron su comercio o tuvieron que reinventarse, o para quienes sufrimos la falta del contacto con nuestra familia y amistades” y señaló que a nivel personal “fue, por lejos, el año más duro de mi vida. Como jefe de Gobierno tuve la dificilísima responsabilidad de enfrentar algo completamente desconocido y devastador; y en lo personal, donde nunca entro en detalles, fue un año de mucho dolor para mi familia”.

Asimismo precisó que “en Año Nuevo me fui a Cariló con mis hijas y todos nos contagiamos de coronavirus. Por eso, a pesar de que teníamos previsto tomarnos la segunda semana de enero, recién pudimos coordinar unas vacaciones para los últimos días de febrero, porque después mi hija empieza la facultad”. En cuanto a los motivos por los que se presentó de manera virtual, Larreta explicó que “esos fueron los 5 días que viajamos a Brasil. Antes, consulté con especialistas respecto a la cuarentena: como había tenido coronavirus hacía menos de 60 días y el 28 de febrero se vencían los términos de la Decisión Administrativa nacional, se interpretaba que no debía aislarme”.

Sobre esa misma línea manifestó que “el domingo se efectuó la renovación de la Decisión Administrativa nacional, que extiende por 12 días la resolución que establecía el cumplimiento de la cuarentena al llegar de un viaje del exterior. Por eso, voy a cumplir con la norma en su interpretación más restrictiva” y detalló que “como lo más prudente y responsable es aislarme por los próximos 10 días y seguir trabajando de forma remota, hoy doy inicio a las sesiones ordinarias desde mi domicilio”.

Pandemia y cambios en la gestión

Al inicio de su exposición, Larreta explicó que “el coronavirus hizo que nuestra vida diera un giro de 180 grados y, también, que la gestión tuviera que transformarse: nos impulsó a llevar adelante un plan con acciones concretas para enfrentar la pandemia, como fortalecer el sistema de salud” y destacó que “desde el primer día, la cooperación con el Gobierno nacional y el de la Provincia fue uno de los ejes centrales de la gestión de la pandemia. Trabajar en conjunto era vital para cuidar a los millones de argentinos que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Tan es así que explicó que desde el inicio de la pandemia se sumaron 450 camas de terapia intensiva (todas con respiradores y monitores) y otras 1.500 de internación general; se contrataron más de 50 hoteles con cinco mil camas disponibles para personas contagiadas que sean asintomáticas o con cuadros leves; se sumaron 5.900 profesionales de la salud; y detalló que se compraron siete ambulancias para el SAME, entre otras cuestiones.

“Tuvimos el desafío de aprender a vivir con el virus. Asumimos el rol de gestionar la pandemia y la incertidumbre de la gente a través de la información. Y, desde el primer día, fundamentamos nuestras decisiones en la evidencia científica y en lo que pasa en el mundo”, manifestó y precisó que “también readaptamos nuestras funciones: 10.000 trabajadores y trabajadoras de la Ciudad llegaron a cambiar sus tareas para dar apoyo donde más se necesitaba. Gracias a esto pudimos dar respuesta a los distintos desafíos, como por ejemplo el cuidado de las personas mayores”.

Al mismo tiempo señaló que “el desafío fue combatir el virus en los barrios populares por las condiciones socio-habitacionales. Junto a las organizaciones sociales abrimos centros de aislamiento, hicimos campañas de limpieza y desinfección y reforzamos la asistencia social” e indicó que para ello se desarrolló “un riguroso plan basado en tres pilares: rastrear, testear y aislar y hacer seguimiento de contactos estrechos. Esto nos permitió contener la situación sanitaria y que la curva empezara a bajar en septiembre. Ya llevamos realizados casi 2 millones y medio de tests”.

Por  otra parte, Larreta le agradeció “al personal de salud, al equipo del Ministerio y también a Fernán Quirós, que lideró la lucha contra el virus con un compromiso excepcional. Es admirable lo que todos ustedes están dando en un contexto de mucho trabajo, desgaste emocional e incertidumbre” y a “a quienes cumplen tareas esenciales, como las fuerzas de seguridad y agentes en calle que participaron de los operativos de control; y el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que dejó todo en los barrios populares”.

“Al personal de transporte y a los legisladores y legisladoras, porque la Legislatura fue la primera en aprobar un protocolo para sesionar virtualmente: llevaron adelante 26 sesiones ordinarias y 500 reuniones remotas, presentaron casi 3 mil proyectos y aprobaron 108 leyes”, señaló y extendió su agradecimiento “a la sociedad argentina por haberse adaptado a una realidad inédita. Mis condolencias a todos los que perdieron a un ser querido, y mi solidaridad con quienes tuvieron dificultades a nivel económico. Mi compromiso es trabajar para que puedan estar mejor”.

La vacunación en la Ciudad

El jefe de Gobierno indicó que “después de meses de restricciones, pusimos en marcha la Ciudad. Ahora tenemos que continuar con el Plan de Vacunación, que llevamos adelante con estricta rigurosidad de acuerdo con el cronograma de grupos prioritarios establecido por el Gobierno nacional”. Dicho plan contempla primero al personal de salud, mayores de 80 años y quienes viven en geriátricos,  mayores de 70, mayores de 60, personal estratégico y luego el resto de la población. Además detalló que en la Ciudad ya se aplicaron 132.491 vacunas.

También se refirió a la denuncia en su contra por la supuesta privatización de las vacunas, al afirmar que “en los últimos días se difundieron, de manera malintencionada, falsas acusaciones sobre la vacunación en la Ciudad que atentan contra la tranquilidad de la gente y contra la esperanza que representa la vacuna después de un año tan duro” e indicó que “hace 30 años que las obras sociales y los hospitales de comunidad -como el Italiano, el Británico o el Alemán- participan de las campañas de vacunación. Y nunca nadie lo cuestionó”.

La crisis económica en pandemia

Durante su discurso, Rodríguez Larreta cuestionó duramente la decisión del Gobierno Nacional de reducir los recursos coparticipables que recibe la Ciudad. “Estamos dando nuestro máximo esfuerzo para que la Ciudad recupere su dinamismo. La pandemia generó una caída de la actividad económica, que impacta en la recaudación y nos desafía a ser más eficientes que nunca en la gestión de los recursos”, aseguró y subrayó que “a esto se le suma que, en septiembre del año pasado, el Gobierno nacional decidió quitarle a la Ciudad de manera intempestiva e inconsulta parte de los recursos de coparticipación que le corresponden constitucionalmente”.

En ese sentido informó que los recursos que se redujeron en la Ciudad representaron una pérdida de 13.000 millones de pesos, a un ritmo de 150 millones diarios. A la vez que destacó que para este año, la reducción iba a ascender a 53.000 millones de pesos; pero como al decreto se le sumó una ley para quitar “aún más fondos”, se proyecta en 65.000 millones de pesos.

“Frente a esto, ya dejé clara mi posición: tenemos que tomar las decisiones en base al diálogo y al consenso. Esa es mi convicción. Decidimos presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos de los argentinos que viven y visitan la Ciudad”, señaló y remarcó que “mientras esperamos que la Corte se expida, reestructuramos nuestra gestión y pusimos en marcha un plan de eficiencia y reducción del gasto público para aprovechar al máximo cada recurso. Así sostuvimos la inversión en las áreas esenciales y proyectamos mejor los planes a futuro”.

La educación en medio de la crisis sanitaria

Tras la vuelta de los chicos a las aulas, Larreta manifestó que “hace más de 12 años venimos trabajando junto a la comunidad educativa para garantizarles a nuestros chicos y chicas una escuela de calidad. Lamentablemente, la educación fue muy golpeada por la pandemia y muchos logros que habíamos alcanzado sufrieron un retroceso” y advirtió que “los efectos que está dejando la pandemia en materia educativa son muchos y no podemos hacer oídos sordos. Por eso, nos planteamos dos objetivos: que nadie abandone la escuela y garantizar la presencialidad, porque nada reemplaza el contacto con docentes, compañeras y compañeros”.

Sobre esa misma línea indicó que desde el Ejecutivo lanzaron el programa “Decí presente” para revincular a los 6.500 chicos de nivel primario y nueve mil del nivel secundario; indicó que están en funcionamiento 91 Secundarias del Futuro y planean seguir sumando más. Asimismo señaló que continuarán las Prácticas Profesionales obligatorias para estudiantes de los últimos años de las escuelas técnicas; así como también se profundizará el Plan Sarmiento y adelantó que este año comenzará a funcionar la UniCABA.

“Este esfuerzo permitió terminar el 2020 con algunas instancias de presencialidad y cumplir el objetivo de empezar las clases el 17 de febrero. Ese día volvieron 370 mil chicas y chicos; el 22, otros 145 mil; y hoy, lunes, 90 mil estudiantes de los últimos años del secundario”, completó.

La legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira le solicitó al Gobierno porteño que brinde información sobre el manejo de casos sospechosos y confirmados de Covid 19 que son alojados en instituciones extrahospitalarias para garantizar su aislamiento en el ámbito de la Ciudad.

De esta manera, la peronista buscará conocer en detalle las condiciones de su internación y el status legal de dicha política, así como los mecanismos de control y transparencia en la gestión.

Cabe recordar que desde que comenzó la pandemia, Neira planteó que el alojamiento en este tipo de instituciones en forma coercitiva pone en tensión libertades individuales, y que es imprescindible un amplio debate al respecto para lograr un equilibrio institucional con mayor transparencia y controles.“Desde el inicio de la pandemia el Gobierno de Rodríguez Larreta obligó a cientos de personas a aislarse en hoteles, en una primera instancia se aislaron así a todos los porteños y porteñas que eran casos sospechosos o confirmados de Covid 19, y luego se acotó a quienes no contaban con ciertas condiciones para aislarse en su propio hogar”, manifestó.

Sobre esa misma línea exigió “abordar el debate para garantizar los derechos y libertades individuales en juego, cuando familias enteras eran obligadas a encerrarse en una pieza de hotel” y planteó “la necesidad de controles adecuados para el aislamiento de niños y niñas”.

“En todo momento solicitamos información al Gobierno de la Ciudad para que transparente el sistema y la única respuesta que obtuvimos fue el reconocimiento del Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, de que no había una autoridad orgánica al frente y que la ‘operación es cubierta por múltiples funcionarios, personal de apoyo, colaboración y voluntarios’”, advirtió Neira y consideró que “no es posible que en la Ciudad de Buenos Aires el Gobierno de Larreta pueda aplicar medidas como esta sin ningún tipo de información ni transparencia”.

Asimismo concluyó aseverando que es “indispensable tener claridad sobre este sistema que rige en la Ciudad, porque en nombre de la República y de las libertades actúan sin ningún tipo de control, ni transparencia".

En medio de la polémica al respecto de cuándo llegarán las nuevas tandas de vacunas a la Argentina, el senador nacional del Frente de Todos (FdT) por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, cuestionó la “falta de información” acerca de la vacunación contra el Covid 19 en el distrito y rechazó la posibilidad de que se retome la presencialidad de las clases a partir del 17 de febrero.

De esa manera, el oficialista consideró que “es inexplicable que no haya información ni promoción de la vacunación, de la inscripción, que la gente no sepa”, a la vez que aseveró que “la gente quiere saber ya, y todo esto se mezcla con una campaña antivacuna que solo busca hacer daño, y los responsables del gobierno porteño, al no promover la vacunación, parecieran ser cómplices”.

Al mismo tiempo que destacó –en diálogo con AM 990-  “la capacidad del macrismo de instalar una consigna con su gran aparato de propaganda, haciéndose dueños de una idea, cuando son ejecutores de todo lo contrario” y ejemplificó la situación con el regreso a las aulas: “se creen los dueños de la bandera de la vuelta hacen a clase cuando durante trece años de gobierno en la Ciudad desfinanciaron la educación y maltrataron a los docentes”, señaló.

“Vienen a decir ahora: ´Abran las escuelas´, como si estuvieran cerradas”, aseguró y consideró que “la función del Estado no es decir ´el 17 volvemos a clase y cada uno que se cuide como pueda´. Ni un alcohol en gel compraron”.

Además precisó que “no puede ser tan difícil sentarse a negociar con los sindicatos docentes que sostienen que no están dadas las condiciones sanitarias para el regreso presencial. No puede ser que no haya una mesa para acordar” e insistió en que “hay que sentarse, discutir, dialogar, no pedir ideas por TikTok como hace Larreta; es todo es lo contrario de un gobierno serio, eficiente, que planifica”.

Al mismo tiempo que concluyó aseverando que “todo lo que proponen tienen una gran improvisación y una gran falta de empatía. Tienen esa manera de gestionar, echándole la culpa y las responsabilidades a los demás, mientras el Estado (que dirigen) no se hace cargo de nada”.

En medio de la puja por los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado de Vamos Juntos, Claudio Romero, cuestionó duramente la gestión del presidente Alberto Fernández y aseguró que continúa “con el irresponsable modelo populista".

Es por ello que considero que “sabotean la gestión eficiente del Gobierno porteño, podando los recursos de la Ciudad, mientras tanto continua el irresponsable modelo populista” y explicó que “se emitieron más de dos billones de pesos durante el 2020. Es decir,  casi la totalidad del deficit primario de siete puntos del PBI, fue tanto que no dio abasto nuestra ‘maquinita’ por ende tuvimos que importar billetes de España y de Brasil”.

Asimismo remarcó que “en este modelo ‘populista’ les ajustan 98.700 millones de pesos suspendiendo la fórmula de movilidad de Cambiemos (sí, la de las 12 toneladas de piedras al Congreso)” y precisó que además hubo una “brutal emisión, en tan solo un año de gobierno se crearon y/o aumentaron 14 nuevos impuestos (Impuesto PAIS, Impuestos a la Tecnología, Bienes personales, etc)”.

“Con la cuarentena más larga del mundo, y la mitad de los precios de la economía regulados, tuvimos una inflación alrededor del 36% y se espera que para el 2021 llegue a 50%.  Mientras que a fines de 2019 el kilo de asado estaba 240 pesos para estas fiestas estaba 450, más de un 100% de aumento, no hay asado para todos”, manifestó y concluyó pidiendo que terminen con “el show mediático y de la lógica kirchnerista amigo-enemigo. La Ciudad no es rica, ni opulenta, ni le sobra dinero sino que está bien administrada hace más de 13 años; pónganse a trabajar para terminar con este modelo ‘populista’ y llevar prosperidad a los argentinos”.

Legisladores de Juntos por el Cambio cuestionaron este jueves al Gobierno nacional luego del desmadre que se vivió en la Casa Rosada y las calles del centro porteño, durante el funeral de Diego Maradona.

Además de criticar la organización de semejante velatorio, diputados y senadores de la oposición reaccionaron al mensaje que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, realizó contra las autoridades del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (jefe) y Diego Santilli (vicejefe).

Le exigimos a @horaciorlarreta y @diegosantilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona.

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) November 26, 2020

El diputado radical Alfredo Cornejo consideró que "el gobierno de @alferdez quiso hacer suyo el velorio de Maradona. Lo hizo en un lugar cerrado y en plena pandemia. Podía terminar mal y terminó mal. ¿La respuesta del gobierno? Echarle la culpa a otro. Que se hagan cargo de sus decisiones".

El gobierno de @alferdez quiso hacer suyo el velorio de Maradona. Lo hizo en un lugar cerrado y en plena pandemia. Podía terminar mal y terminó mal. ¿La respuesta del gobierno? Echarle la culpa a otro.

Que se hagan cargo de sus decisiones.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 26, 2020

"Eso si, a los @DiputadosAR que pedimos volver a la normalidad de las sesiones presenciales nos dicen que tenemos que hacerlo en forma remota para evitar contagios", comparó el también radical Ricardo Buryaile, que en otro tuit sumó: "#Irresponsables #Demagogos #Improvisados #SonLoPeor".

Por su parte, el diputado del Pro José Luis Patiño compartió una imagen con el texto: "El chico que están subiendo a la reja tendría que estar en la escuela, pero…". En igual sentido, su par Fernando Iglesias ironizó que "los únicos privilegiados son los niños. Bienvenidos a #ElMedioevoPeronista".

El chico que están subiendo a la reja tendría que estar en la escuela, pero... pic.twitter.com/Qt5vRiK6JX

— Jõse Patiño (@jospatinio) November 26, 2020

"Sumada a la hipocresía gubernamental, siguen las muestras de inoperancia de este gobierno de científicos. Planificaron un velorio para 1 millón de personas en 10 hs., 0,036 segundos por persona. En serio creían que algo podía salir bien? Háganse cargo por favor. #VerguenzaNacional", lanzó la diputada radical Ximena García.

También reaccionó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri: “Con los sentimientos populares hay que tener cuidado, ningún gobierno debería intentar sacar provecho. Quisieron meter un millón de personas en la Casa de Gobierno para despedir a Maradona. Faltó sentido común y sobran imágenes caóticas. Encima no se hacen cargo y culpan a otros”, observó.

A su vez, el diputado Luis Petri advirtió que “el velorio se hizo en Casa de Gobierno, y desde Presidencia fueron los primeros en decirse lo organizadores, después del desastre organizativo son ajenos y echan culpas. Alguna vez háganse cargo!”.

En tanto, la diputada de la CC-ARI Marcela Campagnoli lamentó que "en un momento de tanto dolor para la familia de Diego y sus seguidores, el ministro @wadodecorrido y otros funcionarios politizan el descontrol que ha sido la organizacion del evento. ¡¡Alguna vez háganse cargo, muchachos!!".

En un momento de tanto dolor para la familia de Diego y sus seguidores, el ministro @wadodecorrido y otros funcionarios politizan el descontrol que ha sido la organizacion del evento. ¡¡Alguna vez háganse cargo, muchachos!! pic.twitter.com/JwQjXKsbh1

— Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) November 26, 2020

"Lamento por tantas personas que se acercaron a despedir a #Maradona y se encontraron con la incapacidad de un Gobierno Nacional para garantizar la organización y, frente al desmadre, echa culpas por twitter al Gobierno de la Ciudad. Vergüenza", escribió la radical Dolores Martínez.

También haciendo referencia al tuit de "Wado" de Pedro, el jefe del bloque Pro en el Senado, Humberto Schiavoni, manifestó: "El oportunismo es mal consejero".

En el mismo sentido, el diputado Jorge Enríquez tuiteó: “El (des)gobierno kirchnerista quiere echarles la culpa del estruendoso fracaso de su organización del velatorio a @horaciorlarreta y a la familia de Maradona. Algo falso (basta leer su propio comunicado) e infame”.

El (des)gobierno kirchnerista quiere echarles la culpa del estruendoso fracaso de su organización del velatorio a @horaciorlarreta y a la familia de Maradona. Algo falso (basta leer su propio comunicado) e infame. pic.twitter.com/fwdUG0H4VA

— Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) November 26, 2020

"Todo lo que es organizar, planificar y llevar adelante mediante procesos y protocolos es 'operativamente un despelote' para el kirchnerismo. ¿Será por eso que no quieren abrir las escuelas?", fue el mensaje del senador del Pro Alfredo De Angeli, en alusión a las declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Todo lo que es organizar, planificar y llevar adelante mediante procesos y protocolos es “operativamente un despelote” para el kirchnerismo. ¿Será por eso que no quieren abrir las escuelas? pic.twitter.com/oROlqEQNPM

— Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) November 26, 2020

Debido al crecimiento que tuvo el uso de la bicicleta como medio de transporte en medio de la pandemia, la Legislatura porteña comenzó a debatir un proyecto impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para seguir fomentando la utilización de las mismas y ampliar la red de ciclovías.

La iniciativa en cuestión fue debatida en una reunión conjunta de la Comisión de Tránsito y Transporte -presidida por Cristina García (VJ)- y la Comisión de Presupuesto –a cargo de Claudio Romero (VJ)-, la cual contó con la presencia del subsecretario de Gestión de la Movilidad del Gobierno porteño, Gastón Galardi.

En ese sentido, el funcionario explicó que el programa propone “la ampliación de la red de ciclovías y bicisendas, la determinación de calles o carriles preferenciales, la integración de esas vías de tránsito en los barrios y la promoción de la intermodalidad con otros medios de transporte, promoviendo el ciclismo urbano y la incorporación de nuevos usuarios a la infraestructura existente”.

Además incluye el desarrollo de infraestructura pública y nuevos sistemas para promover la venta, alquiler o uso de bicicletas, lugares de reparación, disposición de estacionamientos, financiamiento de adquisiciones y mayor oferta de alternativas para el ciclismo urbano.

 “De esta manera se busca acompañar el proceso de crecimiento del uso de la bicicleta que se vio acelerado por la pandemia para que cada vez más vecinos y vecinas la elijan como medio de movilidad seguro, ecológico y económico”, aseguró Galardi.

Cabe destacar que desde hace más de una década el Gobierno local promueve la bcicleta como medio de movilidad, por lo que este año se sumaron las ciclovías en Av. Corrientes y Córdoba. Los viajes se duplicaron, con notorio aumento de la cantidad de mujeres ciclistas. Además, la Cámara Industrial de la Bicicleta aspira a triplicar la venta anual de ciclorodados.

En medio de las negociaciones entre el Gobierno local y nacional por el regreso a clase para los alumnos sin conectividad, el legislador Matías Barroetaveña (FdT) impulsó en la Legislatura de la Ciudad un pedido de informes solicitando explicaciones por la contratación de un servicio de acondicionamiento y mantenimiento de los establecimientos educativos para el retorno a clases por un monto de 684.686.011 pesos.

En el texto presentado, Barroetaveña recordó que el 22 de septiembre el Gobierno de la Ciudad publicó en el Boletín oficial cuatro resoluciones ministeriales en las que da cuenta de la aprobación de la contratación de servicios de “provisión e instalación de dispensadores de jabón líquido y de papel higiénico, reposición mensual de jabón líquido y papel higiénico, y de refuerzo de personal de limpieza integral y desinfección de los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” correspondientes a la totalidad de los Distritos escolares y “por un periodo de cuatro meses”, solicitado por la Subsecretaría de Carrera Docente del Ministerio de Educación e Innovación.

Es así que resultaron adjudicadas de tales procesos de compras, por su parte, de la zona escolar 1 la empresa Bencen Construcciones SRL, por un total de 134.236.240 pesos; de las zonas 2, 3 y 4, la empresa Claryty SRL, por totales de 103.389.845, 83.863.548 y 80.815.504 de pesos respectivamente; de la zona 5 Lessiver SRL, por un total de 100.908.382 pesos; y de las zonas 6 y 7, la empresa Servba SA, por totales de 94.927. 864 y 86.544.628 de pesos respectivamente.

Al respecto de la decisión gubernamental, Barroetaveña consideró que “resulta por demás cuestionable, en un contexto de persistencia de la incertidumbre sanitaria que dificulta la implementación del retorno a las actividades presenciales, y teniendo en cuenta que, en el marco de la emergencia sanitaria el Gobierno de la Ciudad ha decidido, por ejemplo, no dar cumplimiento al último tramo de la oferta salarial docente que se hubiera efectuado en febrero del corriente año”.

Asimismo insistió en que “el Gobierno de Larreta gasta 700 millones en una hipotética y riesgosa vuelta a clases cuando, con ese dinero, podría destinar 100 mil pesos para cada estudiante que hoy no tiene conectividad” y advirtió que “según los datos que aporta públicamente el gobierno de la Ciudad, hay 6500 niños y niñas que han perdido contacto con la escuela durante la cursada virtual”.

“El Gobierno de Larreta destina millones a una contratación de la cual aún no tiene ninguna certeza”, detalló y concluyó señalando que “este dinero podría destinarse a la compra de notebooks o al menos suplir el deficiente reparto de ayuda alimentaria en las escuelas. Evidentemente, están más preocupados en el marketing de la vuelta a clases que en atender las necesidades reales de las y los estudiantes”.

Tal como lo anticipó la semana pasada, y como se lo hizo saber cara a cara este jueves Horacio Rodríguez Larreta a Alberto Fernández, este viernes el Gobierno porteño presentó una demanda ante la Corte Suprema por el "recorte inconstitucional, improvisado e intempestivo de la coparticipación".

A través de una acción de amparo, la Ciudad solicitó que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 735/20, por el cual el Gobierno nacional redujo el 3,5% al 2,32% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

Además, reclamó que "se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el Consenso Fiscal” y "la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad”.

El texto, de casi 100 páginas, está firmado por María Cristina Cuello y Gabriel Astarloa, representantes de la Procuración de la Ciudad.

"En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación", se sostuvo en los argumentos.

También se indicó que "en tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna".

"La Ciudad aporta a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, en tanto que recibe el 3,5%,. Es el distrito que más diferencia presenta entre lo que aporta y lo que recibe", se remarcó.

El legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña cuestionó duramente al Gobierno de la Ciudad por la demora en la publicación de los datos relacionados con la seguridad y aseguró que presentó una serie de pedidos de informes en la Legislatura porteña para solicitar el acceso a las estadísticas criminales, aunque destacó que ninguno de ellos obtuvo respuesta.

Además recordó que el pasado 28 de julio, el diputado junto con otros legisladores del bloque, presentaron un proyecto para que el Ejecutivo publique a mes vencido la cantidad de delitos y contravenciones desagregados según su tipo, aunque aún no ha obtenido tratamiento en comisión.

En ese sentido, Barroetaveña explicó que “en materia de Seguridad, el Gobierno de la Ciudad está totalmente a ciegas o esconde los datos, las dos opciones serían muy graves; las estadísticas se publican con un año de demora y no contemplan todos los delitos” y añadió que “es imposible articular una política de seguridad seria y consistente sin acceso a datos certeros y a tiempo”.

Al mismo tiempo que rememoró que en 2016 la Legislatura sancionó la Ley de Seguridad Pública que estipula una serie de iniciativas para propiciar el control institucional y ciudadano de las políticas de Seguridad. Entre otras acciones, la ley supone la creación de Foros de Seguridad Pública (FOSEP) como ámbito de colaboración y participación entre la sociedad civil y las autoridades. A su vez, estipula herramientas de recolección y publicación de estadísticas criminales como ser el mapa del Delito, el Sistema de Información para la Prevención y la Violencia (SIPREC) y la Encuesta de Victimización.

No obstante, Barroetaveña manifestó que “el Ministerio de Justicia y Seguridad de Larreta no informa desde el año 2016 si ha realizado encuestas de victimización de manera anual ni con qué otra regularidad planea realizarlas” y advirtió que “desde el 2018, no tenemos información oficial sobre el funcionamiento de los FOSEP. No sabemos si están en actividad, si recaban información o si esa información es utilizada para el diseño de políticas públicas”.

Al mismo tiempo que preciso que de acuerdo a un relevamiento de observatorio Gente en Movimiento, coordinado por la periodista y diputada nacional, Gisela Marziotta, el 37% de las personas que afirman haber sufrido un delito en el último año no realizaron la denuncia, y el 44% de los porteños sostienen que “no es útil denunciar los delitos”. Por lo que el legislador consideró que estas conductas podrían explicar la disociación que existe entre las estadísticas oficiales y la preocupación que suscita este tema en la población.

“Mucha de la Inseguridad que sufrimos los y las porteñas se debe a la improvisación. No hay planificación posible en materia de seguridad sin un sistema de registro ágil y temprano”, manifestó el opositor y concluyó señalando que “es un contrasentido hablar de políticas de seguridad de proximidad si no se conoce y no se analiza lo que sucede en el territorio”.

A más de seis meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, la diputada de la UCR-Evolución (UCR-Ev) María Inés Gorbea impulsó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad, mediante el cual buscará fomentar e instrumentar la descentralización y el teletrabajo del empleo público para todos aquellos trabajadores amparados en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública y en los convenios colectivos de trabajo para el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en los cuales el Gobierno porteño interviene como parte empleadora.

De esta manera, el texto plantea que para todos aquellos empleados que puedan desarrollar sus tareas en forma remota, “deberá adaptarse a un protocolo de descentralización, para que los mismos puedan prestar tareas en los Espacios de trabajo compartido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la misma comuna de su residencia”.

Al mismo tiempo que establece que el Gobierno porteño deberá adecuar las Sedes Comunales, oficinas, centros culturales, bibliotecas y toda otra oficina que dependa del mismo, con un espacio remanente mayor a 100 metros cuadrados, a fin de que sean utilizados como espacio de trabajo compartido.

En los fundamentos de la medida, Gorbea explicó que la misma tiene como “motivación principal es la correcta aplicación y el fomento de espacios de trabajos compartidos, conocidos popularmente como ‘co-workings’, bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad” e insistió en que “larealidad nos ha demostrado, que no es necesario estar presente siempre en una oficina, para poder realizar nuestras tareas, sino que hacerlas en forma remota puede ser tan efectiva como el trabajo presencial. Y esto ocurrió en casi todos los ámbitos de los trabajos, tanto públicos como privados”.

Asimismo consideró que “es de vital importancia, que sea el Gobierno de la Ciudad quien administre con el ejemplo, y sea pionero en estas medidas de avanzada, que, si bien ya no son novedad en otras ciudades del mundo, no han alcanzado el total de su potencialidad en nuestro territorio, pero que surgieron como una necesidad a raíz de la cuarentena producto de la pandemia del Covid 19, con grandes resultados”.

“Estamos ante un cambio de paradigma en infinitos sentidos, y es primordial que todos los dirigentes estemos a la altura de las condiciones, para facilitarle la mejor calidad de vida a todos los porteños”, concluyó.

En medio de la pandemia del Covid 19, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual solicitó precisiones acerca del despido de varios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH) y Ecobici.

De esta manera le exigió al Gobierno porteño que informe la cantidad de trabajadores contratados por locación de servicio, obra o asistencia técnica a los cuales se les rescindió o no se les renovó el contrato desde el 20 de marzo a la fecha; la cantidad de años que esos trabajadores estuvieron contratados por el GCBA; el motivo de cada una de las bajas de contratos; la previsión de bajas o no renovación de contratos de acá al 1 de enero de 2021; y la cantidad de trabajadores que permanecen contratados.

En los fundamentos del texto, Solano aseguró que “según algunos trascendidos, estos despidos son el puntapié inicial para la reducción del 20% de los municipales contratados que el GCBA tendría planeado ejecutar, golpeando en particular a los más precarios, como lo son los monotributistas” y destacó que “en la Ciudad hay más de 18 mil trabajadores monotributistas, lo que implica que, de efectuarse un recorte del 20%, se despedirán a 3.600 municipales”.

Además indicó que “esta política de recorte y despidos se enmarca dentro de la Ley de Emergencia Económica aprobada en mayo de este año, la cual habilitó al Poder Ejecutivo a manejar a discreción el presupuesto, congelar la planta de trabajadores y a revisar los contratos de locación de servicio, habilitando el apriete y la extorsión para que quienes se encuentren bajo esa contratación”.

“Las y los monotributistas son el eslabón más débil dentro de los trabajadores municipales, dado que son contratados mediante locación de servicios o asistencias técnicas, precarización laboral de la cual se vale el GCBA para el desarrollo de las tareas más riesgosas, pago de salarios miserables, y despidos sin ningún tipo de causa”, concluyó.

Tras varios meses del anuncio del Gobierno porteño de que avanzaría con el desarrollo de la Línea F, el legislador del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés presentó un pedido de informes a través del cual buscará conocer las razones por las que el Ejecutivo postergó la apertura de sobres para la licitación de estudios para la construcción de ese línea de subterráneos.

A través de este proyecto de resolución, Valdés buscará conocer “el motivo por el que se ha postergado por séptima vez la apertura de sobres para la licitación de estudios para la construcción de la Línea F”, cuales son los planes presupuestarios del Poder Ejecutivo para financiar la obra y el monto estimado para la realización de la misma.

En los fundamentos del texto, Valdés recordó que “en el 2001 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 670 en la cual se establece la creación de tres líneas nuevas de la Red de Subterráneos de la Ciudad: la línea F (Constitución – Plaza Italia), la línea G (Retiro – Cid Campeador) y, la línea I (Plaza Italia – Directorio)” y precisó que “el Poder Ejecutivo había programado la apertura de sobres para el 30 de octubre de 2019, sucediéndose seis postergaciones, hasta llegar a la fecha del 12 de Agosto. Sin embargo,  en esa fecha nuevamente se pospuso la apertura de sobres para el 13 de octubre de este año”.

Asimismo consideró que “esta actitud por parte del Gobierno de la Ciudad pone de manifiesto la falta de voluntad política y de gestión para darle cumplimiento a la Ley 670, ampliando nuestra Red de Subterráneos y generando una mayor integración entre la zona sur y norte de la Ciudad”.

“A su vez, en la apertura de sesiones del corriente año, el jefe de Gobierno de la Ciudad, no hizo ninguna mención sobre la ampliación de dicha red de transporte, abonando a la idea de que el proceso de continuas prórrogas no tendrá fin, al menos, en el presente ejercicio”, indicó y concluyó señalando que “es necesario que el Gobierno de la Ciudad de explicaciones sobre cuál o cuáles han sido las razones por las que ha tomado la determinación de incumplir la Ley 670”.

A tres días de que se realizara la sesión especial en la que el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, informó a la Legislatura porteña acerca del primer semestre de gestión del segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta, los diputados del Frente de Todos (FdT) denunciaron “cortes” en la transmisión que el Canal de la Ciudad realizó de esa sesión y presentaron un pedido de informes en el que buscan conocer lo ocurrido.

En ese sentido, los diputados aseguraron que el canal oficial del Gobierno de la Ciudad “incumplió la ley Nº 2.996 que reglamenta las transmisiones en vivo legislativas, la cual establece en su artículo 1º que las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de la Legislatura porteña, deben ser televisadas en vivo y emitidas sin cortes comerciales ni de otro tipo”.

Por tal motivo, el FdT pidió que se explique los motivos por los cuales hubo segmentos no transmitidos durante varios minutos luego de ambos cuartos intermedios, así como reiterados cortes en la transmisión del canal oficial, “tales como los ocurridos a las 11:49 y 12:15hs, dado que la transmisión se vio cortada por varios minutos en el momento en el que le tocaba repreguntar a la oposición”, sostienen.

El presidente de esa bancada, Claudio Ferreño (FdT), señaló que “justo en el momento en que repreguntábamos sobre los temas que incomodan hubo problemas con la transmisión de la sesión” e hizo referencia a la falta de voluntad política que tiene el oficialismo para con los legisladores de la primera minoría opositora, al señalar que “presentamos 124 pedidos de informes, 109 declaraciones y 138 proyectos de Ley para dar soluciones a los porteños y las porteñas en medio de esta crisis, que no fueron tomados en cuenta ni discutidos. Esperábamos respuestas acerca de los temas que más preocupan frente al contexto de pandemia mundial que estamos atravesando”.

En tanto María Bielli (FdT) expresó que desde ese bloque ven “con preocupación que se incumpla con esta ley dado que el acceso a la información y la transparencia en la rendición de cuentas es una garantía democrática para la ciudadanía” y explicó que además presentó una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo la carátula de “Libertad de expresión y derecho a la información” solicitando que la Secretaría de Medios de la Ciudad explique los hechos y se tomen las medidas correspondientes.

Por último, los legisladores consideraron “imprescindible que las autoridades competentes de la Ciudad investiguen y sancionen lo sucedido a fin de garantizar el acceso a la información y la transparencia a todos ciudadanos sin ningún tipo de discriminación”.

En el marco de la pandemia del Covid 19, el diputado de Vamos Juntos Facundo Del Gaiso presentó en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa de ley, a través del cual buscará establecer un piso nutricional básico al momento de la entrega de alimentos a sectores que lo necesiten, que se respeten las necesidades nutricionales mínimas de una alimentación saludable. 

Asimismo el texto sostiene que los alimentos entregados deberán cumplir con la pirámide nutricional  a fin de promover la alimentación saludable, variada y segura de los beneficiarios, teniendo en cuenta las Pautas de Alimentación Saludable (PAS) y la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables.

Al mismo tiempo que plantea que la cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio; y debe ofrecer al organismo todos los nutrientes, guardando una relación de proporción entre sí.

Sobre esa misma línea, el proyecto plantea que sea un consejo consultivo interdisciplinario, compuesto por nutricionistas y médicos quienes avalen los alimentos que se incluyan en el “bolsón” y se realicen evaluaciones vinculadas con los hábitos alimentarios existentes en los barrios vulnerables para planificar futuras líneas de acción para mejorar la seguridad alimentaria.

Cabe destacar que la importancia de esta normativa radica en que, debido a la delicada situación económica y social originada por la pandemia, el Gobierno de la Ciudad pasó de asistir a 100 mil personas (al 15 de marzo), entre los 471 comedores comunitarios y los centro de primera infancia, a 300 mil personas al día de hoy, además de la asistencia alimentaria que dan los comedores escolares, cuyo menú se rige por la ley de alimentación saludable.

Al respecto de la medida, Del Gaiso explicó que “la alimentación es un derecho humano fundamental.  El Estado tiene que cuidar la salud y nutrición de las familias de sectores vulnerables en momentos como este” y concluyó señalando: “tenemos que asegurarnos que los alimentos que reciben sean nutritivos”. 

Tras la polémica por la compra de barbijos a tres mil pesos la unidad, el diputado de Consenso Federal Eugenio Casielles impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución para obtener información sobre la compra de cinco millones de barbijos mascarilla por un monto total de 340 millones de pesos a la empresa E-ZAY SRL, a razón de un valor de 68 pesos cada uno.

Según explicó, la iniciativa se fundamenta en que en los últimos días se ha dado a conocer por parte de diferentes medios informativos que dicha contratación podría tener incumplimientos en la entrega del producto.

Es por esto que Casielles pidió información sobre el “modelo, características técnicas y precio unitario de los barbijos adquiridos”, “los efectores recibirán los barbijos y detalle cantidad y criterio de asignación para cada uno”, “el criterio de distribución de los cinco millones de barbijos” y “el tiempo que calculan que este suministro va a durar”, entre otras cuestiones.

Al respecto de la iniciativa, el legislador señaló que “en el marco de la presente emergencia sanitaria debido a la pandemia originada por el virus Covid 19 nos induce a solicitar información sobre cómo se realizó la contratación y como se lleva  a cabo la entrega” y consideró que “es deber de este Poder exigir información y respuesta a aquellas acciones por Parte del Poder Ejecutivo que podrían estar agravando la situación económica de la Ciudad y perjudicando a los vecinos sin justificaciones razonables”.

“Es una crisis que afecta principalmente en términos sanitarios pero también en económicos, nos resulta inaceptable una compra fuera de lo conveniente cuando es el Estado quien debe proteger más que nunca los escasos recursos económicos con los que se cuenta”, concluyó.

En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus,  el secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad, Diego Fernández, se reunió con la Comisión de Vivienda -presidida por Paola Michielotto (VJ)- para informar a los diputados acerca de las medidas de prevención que se llevan a cabo en el barrio Padre Mugica (ex villa 31) de Retiro, ya que en los últimos días hubo un fuerte incremento de los casos positivos.

En ese contexto, Fernández consignó -en síntesis- las acciones desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad en el barrio 31, en algunos casos en coordinación con la administración nacional. También informó sobre las campañas de prevención y concienciación desde principios de marzo pasado y la actual instalación de postas sanitarias donde se hacen test de coronavirus a los vecinos.

Además resaltó la importancia de la participación ciudadana, por las características propias de esas barridas donde es muy activa la intervención de los delegados y consejeros elegidos por los vecinos y existe un intenso trabajo social. Al mismo tiempo destacó que más de 8.000 vecinos están interconectados con los referentes barriales y las autoridades de la Ciudad a los efectos de mantenerse informados, resolver los problemas que surjan o demandar asistencia.

Por su parte, los diputados plantearon al funcionario del Ejecutivo sus preocupaciones por los problemas que se manifestaron en el servicio de provisión de agua. Sobre el punto, Fernández indicó que la anomalía duró ocho días y fue resuelta, aunque deben realizarse para el futuro inmediato obras por parte de AySA a los efectos de dar mayor presión a la red de distribución de agua.

A su vez, el funcionario explicó que en la Villa 31 hay infraestructura de 17 kilómetros de desagües cloacales y fluviales nuevos, independientes, por obras realizadas en los últimos cuatro años y conectadas a plantas de tratamiento. A la vez, se construyó un nuevo acueducto de 3 kilómetros de extensión inaugurado a fines del año pasado y se trabaja con AySA para resolver los problemas de baja presión, que requieren reemplazos de cañerías.

En la reunión estuvieron presentes los legisladores Lucía Cámpora, María Bielli, Ofelia Fernánde, Javier Andrade, Juan Valdéz y Santiago Roberto (FdT); Claudio Romero, Gimena Villafruela, Ma. Cecilia Ferrero, Sol Méndez, Gonzalo Straface y Carolina Estebarena (VJ), Diego Weck (UCR), Alejandrina Barry (FI) y Gabriel Solano (PO).

En medio del avance de la pandemia del coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, se reunió con la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social -presidida por Lorena Pokoik- a fin de informar sobre el abordaje especifico del Covid 19 que el Gobierno porteño está llevando a cabo en barrios populares, personas en situación de calle, adultos mayores, mujer y dispositivos de niñez y adolescencia.

En ese sentido, la funcionaria detalló que se están implementando cuatro líneas de trabajo: “el protocolo de entrega de alimentos a más de 260 mil personas que necesitan asistencia en los barrios más vulnerables”; “los operativos de fumigación y desinfección para evitar que esos lugares puedan convertirse en focos de infección”; “el plan de resguardo de adultos mayores dividido en dos líneas: la asistencia con alimentos a adultos que viven en su domicilio y pueden quedarse ahí, y los centros de resguardo comunitario para ellos dentro de los barrios populares”; y “los dispositivos de salud comunitaria: en cada Cesac dispusieron unidades de traslado para cualquier persona que presente síntomas de coronavirus, también continúa la campaña de vacunación antigripal y además están funcionando las postas de salud, donde se hacen controles de temperatura para luego analizar si la persona necesita ser trasladada o no”.

Además detalló que, debido al rápido crecimiento de los casos positivos en los barrios precarizados, están en funcionamiento los operativos que buscan en hogares de manera proactiva a personas que puedan llegar a presentar sintomatología compatible al Covid 19.

Sobre esa misma línea, Migliore indicó que “en todos los barrios populares estamos trabajando articulados con las comunas, los vecinos y el Gobierno. Nos encontramos a disposición para mejorar y afinar lo que sea necesario” e insistió en que “para cada situación hay un protocolo sanitario específico y en el transcurso de la semana convocaremos diferentes reuniones para terminar de darle forma a cada estrategia”.

La ministra también aclaró que planean seguir expandiendo las postas de salud en otros barrios y puntos neurálgicos de la ciudad para continuar controlando, previniendo y concientizando, que los paradores y el protocolo del 108 continúan vigentes para ayudar a personas que se encuentran en situación de calle y que se está evaluando proporcionar un aumento de subsidios a los hogares de niños.

“Actualmente estamos asistiendo a 471 comedores, y el que no esté inscripto en el listado puede sumarse para recibir complementos. Estuvimos en contacto con nuevas organizaciones para que cualquiera que desee sumar voluntarios o ayuda pueda tener su espacio”, afirmó la funcionaria.

En cuanto a la situación del personal de la salud que se encuentra trabajando en los barrios más vulnerables confirmó que se está manteniendo la comunicación constante con otros ministerios y reorganizando el tema para trasladar o sumar personal, en caso de que sea necesario.

En la reunión estuvieron presentes Patricia Vischi (UCR), Cecilia Ferrero, Gimena Villafruela, Lucía Romano, Sol Méndez, María Bielli (VJ), Ofelia Fernández, Facundo Del Gaiso, Juan Manuel Valdés y Lucía Cámpora (FdT).

A pesar del contexto signado por la pandemia del coronavirus, fuentes parlamentarias le confirmaron a parlamentario.com que el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, asistirá el lunes 1 de junio a las 9.30 a la Legislatura porteña para brindar el primer informe de gestión sobre el segundo mandato del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

La presentación del funcionario se llevaría a cabo en el Salón Dorado del edificio ubicado en Perú 160, dado a que el mismo está siendo utilizado -desde hace algunas semanas- como recinto de sesiones ya que la disposición del mismo permite mantener el distanciamiento social y aplicar las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del Covid 19.

Se prevé que durante su exposición, Miguel les informe a los diputados acerca de las medidas que el Ejecutivo viene implementando para combatir al coronavirus y sobre la situación en la que se encuentran los hospitales y centros médicos de la Ciudad. También brindará detalles de cómo se está implementando la educación a distancia, el funcionamiento del transporte público y cómo se articula la asistencia a las áreas más necesitadas, entre otras cuestiones.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma del vicepresidente primero de la Legislatura y diputado de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, y del subsecretario de labor parlamentaria, Pablo Schillagi, y da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 5460, cuya sanción (noviembre de 2007) establece que “el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir a la Legislatura dos veces por año, en junio y noviembre, para informar sobre la marcha del Plan General del Gobierno”.

Cabe destacar que esta es la novena oportunidad en la que Miguel concurre a la Legislatura para brindar el informe de gestión; siendo que su última participación fue el 26 de noviembre del pasado año.

Los diputados porteños aprobaron -durante la sesión ordinaria mixta de este jueves- un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno porteño, a través del cual se autorizó la prórroga por el plazo de 120 días los vencimientos de la Verificación Técnica Vehicular y la licencia de conducir cuyos vencimientos operen dentro del 15 de febrero y 31 de mayo de este año.

No obstante, esta medida solo regirá para los taxis, remises, transportes escolares y vehículos destinados al servicio de mensajería y delivery. El plazo de prórroga se computará a partir del día subsiguiente a la fecha de vencimiento consignada en cada registro.

En los fundamentos de la iniciativa impulsada por el propio jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que “estas medidas deben adoptarse rápida, eficaz y urgentemente, por lo que resulta posible seguir los tramites corrientes” a causa de la pandemia por el coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace algunas semanas.

Al mismo tiempo, indicó que la necesidad de avanzar con medidas de esta índole tienen que ver con evitar “la aglomeración de personas en los lugares en que se realizan” este tipo de tramites y así reducir el riesgo de un posible contagio.

A casi dos meses de que se instalara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los diputados porteños acompañaron –durante la sesión ordinaria de este jueves- un proyecto de resolución impulsado por la diputada de la UCR-Ev Manuela Thourte, a fin de que se evalué la posibilidad de que los menores de 18 años puedan salir a la vía pública con fines de esparcimiento.

De esta manera, la medida busca “analizar la viabilidad de implementar medidas tendientes a mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad durante el período de aislamiento social”  y propone que los chicos puedan realizar breves salidas a no más de 500 metros desde su vivienda, manteniendo la distancia aconsejada de 1.5 metros, y en horarios donde haya luz natural; y, en el caso de que sean menores de 13 años de edad deben ir acompañados de su madre, padre o adulto responsable.

Es por ello que, buscando evitar los conglomerados de personas, propone un posible  cronograma de días de salidas podría ser por la terminación del DNI: los lunes, miércoles y viernes saldrían aquellos cuyo último número de documento sea 1, 2, 3, 4 y 5; mientras que los martes, jueves y sábados lo harían los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. En los hogares con más de un niño podrían salir en grupos de no más de tres niños según el día que le corresponda por la terminación del DNI del de mayor edad.

En los fundamentos de la medida, Thourte explicó que “las necesidades fisiológicas de movimiento y demás características vitales de la infancia se ven alteradas por el encierro, que resulta antinatural para cualquier individuo, más allá de las capacidades de adaptación de los seres humanos en épocas de crisis” y detalló que “la falta de espacio físico afecta la capacidad de deambulación tanto física como emocional (la sensación de libertad de desplazamiento que acompaña la construcción del esquema corporal sano en la infancia)”.

“Además el encierro habilita la posibilidad de que los niños experimenten sensaciones de angustia transmitidas por los adultos y tendencias fóbicas que serán contraproducentes para después de la pandemia”, indicó y recordó que “según los datos actualizados a 2018 del Sistema de Indicadores de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ciudad de Buenos Aires el 22.8% de la población total tiene entre 0 y 17 años”.

De este total, un 4.7% vive en condiciones de hacinamiento crítico, es decir que residen en un cuarto tres  o más personas.  

Debido a la pandemia por el coronavirus, el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, se reunió en la Legislatura porteña con la Comisión de Presupuesto -presidida por el oficialista Claudio Romero (VJ)-, en donde explicó los alcances del proyecto de “emergencia económica” que la Casa buscará aprobar esta semana.

En ese sentido, el funcionario señaló que “la crisis sanitaria mundial nos llevó, hace prácticamente un mes, a que el Gobierno nacional declare el aislamiento social, preventivo y obligatorio” e indicó que esta situación “en la Ciudad nos llevó a decretar la emergencia sanitaria y eso nos puso ante dos desafíos: la necesidad inminente de incrementar y proveer de presupuesto -que no estaba previsto originalmente- a las áreas que están al frente de la pandemia; y a raíz de la cuarentena, tenemos que mitigar la caída de una recaudación muy importante”.

En lo que respecta a la medida, explicó que “la idea es que abarque a los tres poderes, a todo el ámbito de la Ciudad, y que tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Esto se debe a que la emergencia económica no se termina el día que finaliza la emergencia sanitaria, porque el impacto en la recaudación y a que la economía vuelva a su ruta habitual, lleva mucho más tiempo”  y detalló que “el proyecto tiene cuatro ejes centrales: todo lo que tiene que ver con la administración financiera; ingresos tributarios, es decir, algunos incentivos que estamos previendo y algunas suspensiones de ejecuciones; por otro lado, compras y contrataciones; y, la contratación de personal y los recursos humanos”.

“Respecto de la administración financiera, básicamente, estamos solicitando alguna flexibilidad o facultades para poder hacer modificaciones presupuestarias. Estamos viendo que día a día van surgiendo pedidos de las áreas esenciales, para ello tenemos que asignarles un mayor presupuesto y eso no estaba previsto”, manifestó y precisó: “buscamos eliminar, por este año, las afectaciones específicas que están previstas en muchas leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos un porcentaje del ABL o de patentes que van a financiar a parte del gasto en subte”.

Sobre esa misma línea, Mura remarcó que están “planteando la centralización de fondos en una única cuenta, esto es poder transferir el saldo disponible de las distintas afectaciones específicas, con el fin de reforzar acciones inherentes a la emergencia sanitaria” y afirmó que “necesitamos revisar los programas no esenciales, es decir, tener la facultad de suspender y/o postergar la ejecución de aquellos programas no críticos ni indispensables”.

Por otro lado, aseguró que “hay una segunda parte que tiene que ver con los ingresos tributarios” y advirtió que “lo que estamos necesitando es adelantar recaudación, nosotros estamos previendo una caída en la recaudación cercana a los 80 mil millones de pesos para lo que resta del año; de ese monto, el 50% se produce en el segundo trimestre”.

Al mismo tiempo que indicó que “por eso planteamos dos facultades para asignarle a la AGIP: por un lado, queremos hacerle algún tipo de bonificación y descuentos a algunos tributos empadronados, como el ABL y patentes, para incentivar el pago voluntario y por adelantado, sabemos que es difícil pero hay algunos contribuyentes que pueden hacerlo; por el otro, queremos brindar incentivos fiscales para el pago adelantado de ingresos brutos, es decir, facultar a la AGIP a generar mecanismos que incentiven a sectores a adelantar el pago de impuestos futuros”.

También indicó que buscan suspender medidas cautelares y ejecuciones fiscales, es por ello que la AGIP se abstendrá de iniciar estos procesos y otros similares hasta el 30 de junio del 2020.

“En cuanto a la compra y contrataciones, estamos previendo la posibilidad de renegociar y volver a mirar todos los contratos de obras, servicios, insumos, concesiones que hoy están vigentes. Buscamos readecuarlos a un nuevo funcionamiento del Estado, como consecuencia de los cambios económicos y contractuales que provocaran los efectos de la pandemia”, indicó y aseveró que “los incrementos de recursos que resulten de estas revisiones, serán destinados a reforzar acciones de la emergencia sanitaria”.

Finalmente, Mura precisó que “el cuarto punto tiene que ver con la contratación del personal, ahí lo que estamos planteando es el congelamiento de la planta de personal y estructuras de autoridades superiores; la prohibición de firmar nuevos convenios de asistencia técnica; la suspensión de bonificaciones, premios e incentivos salariales; establecer un tope al incremento de remuneraciones de autoridades y facultar al Ejecutivo para escalonar o diferir pagos salariales”.

En la reunión estuvo presente el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ); la vicepresidenta segunda, María Rosa Muiños (FdT); el vicepresidente tercero de esa Casa, Roy Cortina (PS); los diputados Juan Francisco Nosiglia, Diego Weck, Inés Gorbea, Martín Ocampo, Marcelo Guouman (UCR-Ev), Diego García Vilas, Paola Michielotto, Claudio Cingolani, Guillermo Suarez, Cristina García, Matías López, Esteban Garrido, Victoria Roldán Méndez, Facundo Del Gaiso, Lucía Romano, Natalia Fidel (VJ), Sergio Abrevaya (GEN), Eugenio Casielles (CF), Javier Andrade, Cecilia Segura, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Claudia Neira (FdT) y Gabriel Solano (PO).

Pese a que los funcionarios a cargo de la compra de los mismos presentaron su renuncia, el diputado del PO Gabriel Solano impulsó en la Legislatura de la Ciudad un pedido de interpelación al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, por las compras de barbijos -por tres mil pesos la unidad- a la empresa Green Salud y el alquiler del hotel BA Central a través de la empresa administradora Midas Hotel Management.

En ese sentido, el trotskista explicó que “la compra de barbijos y el alquiler del hotel revelaron, no solamente, irregularidades por sobreprecios sino un entramado de relaciones entre empresarios y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad para la adjudicación de compras y contrataciones que deben ser esclarecidas”.

“Las renuncias del subsecretario de Administración de Salud, Nicolás Montovio y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Gonzalo Robredo no subsanan la situación: son hechos graves de los que se debe llegar al fondo de la cuestión”, indicó y reclamó que “el jefe de Gabinete se presente ante la Legislatura para esclarecer los hechos, las posibles responsabilidades de funcionarios en los delitos de cohecho y tráfico de influencias; la oposición debe pronunciarse sobre este punto”.

Por otro lado, Solano cuestionó duramente los últimos anuncios económicos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró -entre otras propuestas- sus funcionarios y legisladores donarán el 25% de su salario para la lucha contra el coronavirus. “Los legisladores del Frente de Izquierda por una cuestión de principios donamos el 70% de nuestra dieta desde siempre”, advirtió.

Al mismo tiempo que señaló que “en el caso de Larreta se trata de una impostura, que en primer lugar busca ocultar los escándalos de corrupción que han estallado en los últimos días por las compras con sobreprecios de barbijos y alquiler de hoteles a familiares y funcionarios amigos” y remarcó que “en segundo lugar busca justificar el congelamiento salarial de los trabajadores de la Ciudad, que perderán poder adquisitivo mes a mes con la alta inflación, sobre todo en alimentos, el congelamiento de la planta y la posibilidad de despidos de trabajadores precarizados. Con una inflación estimada como mínimo en el 50% el congelamiento salarial equivaldrá a la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores”.

Asimismo explicó que “frente a la crisis, los primeros que pierden son los trabajadores mientras los sectores económicos más poderosos permanecen intactos” y consideró que “dentro de estos se destacan los bancos, que obtuvieron ganancias en 2019 por más de 300 mil millones de pesos, casi el equivalente a todo el presupuesto de la Ciudad en ese mismo año, principalmente por la especulación con las Lelics y también por las tasas usurarias que cobran sobre el crédito al consumo”.

“El último informe del Banco Central destaca la liquidez y solvencia del sector mientras desvían los recursos que les asigna el Estado a través de la emisión para atender la crisis hacia la compra de dólares. La gran industria y el comercio instalados en la Ciudad, la construcción de megaproyectos para la especulación inmobiliaria tampoco son afectados”, indicó y precisó que “tampoco tocan a las Iglesias que en la Ciudad gozan de enormes beneficios impositivos, hasta en emprendimientos lucrativos”.

Debido a la crisis económica que azota a la Ciudad a raíz de la pandemia del coronavirus, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció -este miércoles en una conferencia de prensa- aseguró que las cuentas públicas del distrito se encuentran “en emergencia” y explicó una serie de medidas económicas, entre las cuales, se incluye la suspensión del plan de obras públicas y el recorte salarial del 25% para sus funcionarios.

“El Plan de emergencia económica tiene tres ejes: gestión de los recursos presupuestarios, para reasignarlos a las áreas críticas; gestión del financiamiento, para contar con los recursos necesarios pese a la baja en la recaudación y gestión de los recursos humanos, para cuidar a nuestros empleados”, aseguro Larreta.

No obstante, estas medidas fueron sumamente cuestionadas por los legisladores del Frente de Todos y el Partido Obrero. En ese sentido, Leandro Santoro (FdT) manifestó en las redes sociales que “los neoliberales que predican la austeridad fiscal y la emisión cero en plena pandemia, son a la economía, lo que los antivacunas a la medicina”.

Mientras que Santiago Roberto (FdT) aseguró que “desde que comenzó esta crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, enviamos tres proyectos para reasignar recursos que vayan al sistema de Salud y la emergencia económica y social”.

“Estoy convencido  que el proyecto que presentamos para cobrar a Bancos y entidades financieras un impuesto del 1% sobre ingresos brutos declarados en 2019 para quienes declararon ganancias por más de 30 millones de pesos ayudará a lo que anuncio hoy el Jefe de Gobierno porteño en el objetivo de reasignación de los recursos para lograr que los fondos disponibles se utilicen para enfrentar la única gran prioridad, que son los insumos para la salud pública y los alimentos para los sectores más vulnerables para hacer frente al coronavirus”, remarcó.

Por su lado, el trotskista Gabriel Solano (PO) sentenció: “anuncian que se reducen el salario un 25% mientras las empresas de la familia venden al Estado con sobreprecios, si haces el cálculo salen ganando y mucho”.

En medio de la pandemia por el coronavirus, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual pidieron que todos los inmuebles de dominio privado de la Ciudad que se encuentren desocupados y cuyo uso principal sea “habitacional” alberguen a albergar a personas en situación de calle.

Para poder ser utilizados con ese fin, los inmuebles deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Bienes Inmuebles. Además el proyecto contempla la creación de un Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil Voluntarias que pongan sus instalaciones a disposición.

A partir del registro propone un subsidio para las parroquias, iglesias, clubes de barrio, centros culturales, centros de jubilados y toda organización de la sociedad civil que ponga a disposición su espacio para albergar a personas en situación de calle y personas en riesgo de situación de calle durante la emergencia sanitaria.

La iniciativa lleva la firma de Juan Manuel Valdés, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Lucía Cámpora y Ofelia Fernández (FdT), quienes en los fundamentos de la misma explicaron que “en la Ciudad hay 7251 personas en situación de calle o riesgo de estarlo, de acuerdo con el segundo censo popular de personas en situación de calle, llevado adelante por la Defensoría del Pueblo de CABA, la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) y más de 50 organizaciones de la sociedad civil, en julio del 2019”.

Sobre esa misma línea, los legisladores indicaron que “de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Económico de CABA, centralizada en el Registro Único de Bienes Inmuebles (RUBI), el Gobierno de la Ciudad cuenta con al menos cinco inmuebles desocupados cuyo uso principal es habitacional, tres localizados en el barrio de Flores (comuna 7), uno en Almagro (comuna 5) y otro en San Cristóbal (comuna 3)”.

“Dado que la población en situación de calle sufre la violación sistemática del derecho a la integridad de las personas consagrado en el artículo 12 inciso 1, como de la violación del derecho a la vivienda digna y hábitat adecuado consagrado en el artículo 31, ambos de nuestra Constitución de la Ciudad, poner a disposición los espacios físicos ociosos con los que ya cuenta el Gobierno de la Ciudad es una medida razonable que busca atender de manera inmediata la seguridad habitacional y sanitaria de esta población. En simultáneo, es una de las maneras de evitar erogaciones innecesarias”, concluyeron.

Cabe destacar que además Valdés le envió una nota al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, solicitando que se ponga a consideración del Ejecutivo Porteño la propuesta presentada.

Tras varias denuncias de docentes y padres sobre la falta de bolsones de alimentos para estudiantes y de la escasa calidad nutricional de los mismos, la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), participó del el segundo operativo de entrega de la canasta alimenticia escolar.

En ese contexto, la kirchnerista recorrió la escuela infantil Nº 6 y la escuela de educación media Nº 3 -ambas ubicadas en el Bajo Flores-, con el objetivo de garantizar la entrega de los bolsones de comida que realiza el Gobierno de la Ciudad. “Estamos recorriendo las escuelas de los barrios más humildes entendiendo que, en medio de esta gran crisis que profundiza la pobreza en muchos hogares, es cuando el Estado debe hacerse más presente que nunca", manifestó.

Al mismo tiempo señaló que “si bien la Ciudad mejoró varios aspectos del operativo y aumentó un 7 % la cantidad de alimentos que se están distribuyendo, vuelvo a reiterarle al jefe de Gobierno y al ministro de Educación sobre la importancia de cubrir el 100 % de la matrícula escolar con alimentos y elementos de higiene” y aseveró que “no existe excusa presupuestaria, solo es una cuestión de voluntad política”.

“Hace menos de 48 horas nos enteramos que el Gobierno porteño gastó casi 53 millones de pesos para adquirir 150 mil balas de gomas en medio de la pandemia. Se equivocan, las crisis no se reprimen, se evitan y para ello es necesario mayor transferencia de recursos a los sectores populares”, advirtió Pokoik.

Por otro lado, la legisladora destacó que “durante las últimas dos semanas estuvimos en diálogo permanente con las autoridades de la cartera educativa de la Ciudad, para proponer ideas y corregir algunas irregularidades que ocurrieron en el primer operativo”.

No obstante precisó que en este segundo operativo hubieron algunas demoras pero “estuvo mucho mejor organizado que el primero, cumplieron con muchos puntos que planteamos en la última reunión con el ministro de Educación, pero no cumplieron con la matrícula total de los bolsones,  seguimos peleando para universalizar el derecho de la canasta escolar en todos las escuelas y niveles educativos”.

Por último, concluyó precisando que con el objetivo de que cada familia recoja sin inconvenientes los alimentos “desde el bloque del Frente de Todos de la ciudad, seguiremos escuchando a la comunidad educativa para estar atentos y atentas a cualquier irregularidad que surja en la logística, distribución, calidad y cantidad de alimentos que contienen los bolsones”.

Luego de que el Gobierno nacional prorrogara el aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe, Diego Santilli, brindaron precisiones sobre esta medida y anunciaron que los trenes, subtes y colectivos retoman su funcionamiento habitual, a pesar de que se redujo la movilidad en el distrito.

En ese sentido, Rodríguez Larreta explicó que “no vamos a flexibilizar la cuarentena, que hay que quedarse en casa; cuanto más estrictos seamos hoy, más rápido se va a poder salir después. Especialmente con el tema del cuidado de nuestros adultos mayores” y resaltó que  “en la Ciudad no se puede salir a correr o hacer ejercicio físico porque con la densidad que tiene Buenos Aires es imposible controlar que la gente esté alrededor de su casa”.

Además manifestó que a partir del miércoles “va a ser obligatorio el uso de tapabocas para todos los que anden en el transporte público y para todos aquellos que estén en posiciones de atención al público, en las actividades que ya están exceptuadas” y aseguró que “esto parte de la comprobación de que dos de cada tres personas que se contagian el coronavirus no presentan síntomas”.

También explicaron que habrá sanciones económicas que oscilan entre los 10.700 y 79.180 pesos; al mismo tiempo que aclaró que “la venta de barbijos N95, que es el más tradicional para el uso del sistema de salud, va a estar prohibida para los que no formen parte de ese sistema”.

También anunció que a partir de este lunes hay “más frecuencia en el transporte público” y que “el espíritu de esta medida es que la gente que viaja, viaje preservando mejor la distancia social, manteniendo el criterio de que puede entrar en cada vagón tanta gente como quepa sentada”.

Por su parte, Santilli informó que “este fin de semana, salvo el sábado a la mañana, ha sido una semana santa en la que la movilidad ha caído” y resaltó que “estamos en valores del 1% de utilización del subte y 3 o 4% de utilización de trenes”.

Con respecto al decreto que entrará en vigencia el miércoles, reiteró: "las personas que van a usar el transporte público tienen que taparse la boca. El que va a comprar o vender en un comercio tiene que taparse la boca”.

En la reunión también estuvo presente el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez, quien precisó que “lo que estamos haciendo a partir de hoy es dar oferta de día hábil, que es la mayor oferta que puede tener el transporte público para garantizar el distanciamiento social a todos los usuarios y usuarias en estos días”.

Asimismo, informó que “en 500 puntos de la Ciudad, aquellas paradas que en general congregan a la mayor cantidad de pasajeros, hemos demarcado en el piso la distancia social para que sea más fácil interpretarla”.

Tras las reiteradas denuncias por parte de familiares y docentes, la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad a garantizar una alimentación saludable a todos los niños que comen en las escuelas, respetando edades y nutrientes necesarios. La decisión judicial se dio luego de que las legisladoras Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS-FIT) impulsaran un amparo para regular la situación.

Dicho amparo fue presentado en conjunto con cooperadoras escolares de diferentes distritos escolares, familias con niños en escuelas públicas y docentes, y cuenta con el patrocinio de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH). El mismo tramita en el Juzgado Contencioso N°1 a cargo de la jueza Romina Tesone.

El fallo judicial obliga a que se entregue leche o yogurt para todos los días programados, y que se entregue junto con cada Canasta Nutricional Alimentaria -en todas sus modalidades- un jabón o elementos de higiene para la adecuada desinfección y limpieza. Además, se hace eje en los nutrientes (seis grupos de alimentos) que debe recibir cada estudiante tal como se exigió en el amparo.

Al respecto de la medida, Bregman detalló que “presentamos el amparo cuando las familias y docentes nos contaron que el Gobierno de la Ciudad sólo entregaba un sándwich en plena cuarentena, que no tenía ningún nutriente necesario para los niños y niñas” e indicó que “la Justicia nos empezó a dar la razón y fueron decenas las denuncias que se presentaron apoyando el reclamo”.

“Las cooperadoras, familias y docentes solidarios fueron y son muy importantes para esta pelea, están ahí con sus chicos, denunciando y exigiendo que el gobierno cumpla con una alimentación saludable”, concluyó.