A cincuenta años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, el interbloque Unidos de la Cámara de Diputados ratificó su "compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares irrenunciables de la democracia argentina". A medio siglo de aquellos hechos, el espacio —integrado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal— sostuvo que "el país ha logrado consolidar un consenso básico y transversal: el rechazo absoluto al terrorismo de Estado y la convicción de que lo ocurrido entre 1976 y 1983 no puede ni debe repetirse".

Desde esa perspectiva, la bancada planteó la necesidad de "preservar ese acuerdo democrático" frente a dos riesgos que, a su entender, lo debilitan por igual: "el negacionismo y la utilización política de una causa que pertenece al conjunto de la sociedad". Según expresaron en un comunicado, "la memoria, la verdad y la justicia no son patrimonio de ningún sector en particular, sino una construcción colectiva que ha permitido a la Argentina fortalecer sus instituciones y su vida democrática". "Desnaturalizar los acontecimientos del pasado o reducir la memoria a una herramienta de disputa coyuntural -advirtieron- erosiona ese consenso y empobrece el debate público".

El interbloque destacó además "el recorrido que ha realizado el país en materia de derechos humanos, basado en la búsqueda de la verdad, el juzgamiento de los responsables y las políticas de reparación. Ese proceso, sostenido a lo largo del tiempo por distintos gobiernos y con el acompañamiento de amplios sectores de la sociedad, es considerado uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia actual". Para Unidos, se trata de un camino que "no solo debe ser preservado, sino también transmitido a las nuevas generaciones como una responsabilidad común, ajena a lecturas parciales o sectarias".

En ese sentido, el espacio puso el foco en el rol de los jóvenes y en la forma en que se construye la memoria colectiva. Lejos de cargar sobre ellos los desencuentros del pasado, señalaron que el desafío es transmitir las enseñanzas que dejó ese período oscuro de la historia argentina. Hacerlo sin convertir la memoria en un factor de división es, según el interbloque, la manera más genuina de honrar a las víctimas y de cuidar la democracia construida en las últimas décadas.

El documento también reivindicó el sentido profundo del “Nunca Más”, al que definió no como una consigna vacía, sino como un compromiso permanente con la vigencia de los derechos humanos, el respeto por las instituciones y la defensa del Estado de Derecho. Sostener ese compromiso, afirmaron, "implica rechazar tanto la negación de los crímenes cometidos como su banalización o uso oportunista".

En este cincuentenario, Unidos reafirmó su convicción de que la memoria debe ser un punto de encuentro y no de fractura. Para los diputados, solo entendida como un valor compartido puede seguir siendo la base sobre la que se construye, se proyecta y se protege la democracia argentina.

El diputado nacional Jorge Taiana (Unión por la Patria) presentó un proyecto en el que expresa el "más enérgico repudio" por el retiro de la placa conmemorativa en homenaje a las víctimas de la última dictadura militar, que se encontraba emplazada en la Casa Argentina de la Ciudad Internacional Universitaria de París.

En la misma iniciativa le solicitó al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los organismos competentes, "se arbitren de manera urgente las medidas necesarias para la inmediata restitución de la placa en su emplazamiento original, garantizando la preservación de la memoria histórica y el respeto a los derechos humanos".

Días atrás, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) denunció el retiro de la placa, algo que atribuyó a una decisión del actual director libertario de la institución, Santiago Muzio.

En los fundamentos del proyecto, Taiana remarcó que "este hecho no puede ser interpretado como un suceso aislado o administrativo, sino que debe analizarse en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 en nuestro país, el cual representó el periodo más sangriento y oscuro de nuestra historia nacional".

"La remoción de este símbolo de memoria constituye una afrenta no solo a las víctimas y sus familiares, sino al consenso democrático que la República Argentina ha construido y sostenido durante décadas a través de sus políticas de Memoria, Verdad y Justicia, las cuales han sido reconocidas como un ejemplo de reparación y dignidad ante la comunidad internacional", consideró.

El excanciller recordó que "la placa en cuestión fue emplazada en el año 2022 por iniciativa de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, organización que ha denunciado recientemente este acto de arbitrariedad. Dicha pieza cumplía la función vital de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, rindiendo un justo homenaje a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, y visibilizando el compromiso inquebrantable de nuestro pueblo con la consigna del 'Nunca Más' ".

Para el legislador de UP, "esta acción se inscribe en una estrategia constante del actual Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, de fomentar provocaciones bajo la retórica de una supuesta 'batalla cultural'. Es alarmante observar cómo, cada vez que el calendario nacional se aproxima a fechas sensibles para la memoria popular y el sentimiento colectivo de justicia, se impulsan medidas que intentan desmantelar los hitos simbólicos de la lucha por los derechos humanos".

"Esta remoción deliberada de la placa en París debe ser denunciada como un acto de arbitrariedad ideológica que busca reescribir el pasado y socavar los pilares de la identidad democrática argentina en el exterior", completó.

El homenaje al 24 de marzo dividió aguas en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este martes entre oficialistas y opositores quienes expresaron su posición respecto al golpe cívico militar de 1976 del que se cumplieron 47 años.

La primera oradora en referirse al tema fue Victoria Villarruel (La Libertad Avanza): “Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se le niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir a cada argentino y extranjero que fue asesinado, secuestrado, herido, volada su casa con bombas por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo”.

“17.380 víctimas del terrorismo causaron estos grupos armados desde 1969 a 1979, pero no se los recuerda. Porque en Argentina los derechos humanos son selectivos y solo se le reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a algunos mientras a otros se les niega sistemáticamente en democracia estos derechos”, apuntó.

En esa línea, enumeró: “Quiero recordar y homenajear a Juan Barrios un niño de 3 años asesinado por Montoneros. Quiero dar homenaje a Cristina Viola y a su padre Humberto Viola asesinados en democracia por el Ejército Revolucionario del pueblo. Quiero recordar a cada una de estas víctimas a las cuales en nombre del derecho a la memoria y de los derechos humanos se les han violado sus derechos humanos sistemáticamente. Quiero rendir homenaje a José Ignacio Rucci a quien ningún peronista de esta casa recuerda. Quiero rendir homenaje a Arturo Mor Roing a quien ningún radical recuerda”.

“Todos estos asesinatos, heridos, secuestros, bombas, copamientos de pueblos, ataques a unidades militares fueron hechos en nombre de una revolución que el pueblo argentino no les pidió. La mayoría de estos ataques ocurrieron en democracia, es decir, durante la vigencia de gobiernos constitucionales”, fustigó la liberal.

Y reclamó que “se deje de tergiversar la historia de negarles la memoria a los inocentes y reconocer que los derechos humanos son para todos y no solo para amigos o para quienes piensan igual”.

A su turno, el oficialista Eduardo Valdés destacó la iniciativa de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, de proyectar la película “Argentina, 1985” en las escalinatas del Congreso de la Nación este sábado y le propuso pasar la película “El juicio” el próximo fin de semana que “tiene los testimonios más importantes que se obtuvieron en el juicio”.

En el mismo sentido, el radical Miguel Ángel Bazze expresó su “repudio” por lo ocurrido el 24 de marzo de 1976 donde “se producían los hechos más trágicos de la historia de la Argentina porque se ponía en marcha el tiempo más doloroso que vivimos”.

“Se instalaba una dictadura militar que arrasó con las libertades, con los derechos, con la vida de nuestra sociedad. Es cierto que corresponde condenar absolutamente todos los hechos de violencia, corresponde condenar cualquier tipo de agresión a la vida y la violación de los derechos humanos”, remarcó.

A su vez, lamentó que “hemos transcurrido un tiempo en el país de esa naturaleza que preferiríamos no haber pasado. Eso ocurrió y hubo muertos, absolutamente injustificadas. Las muertes por violencia son injustificadas, pero cuando tiene que ver por consecuencias de posiciones políticas es muy grave”.

“La violencia cuando surge del propio Estado, cuando tiene que ver con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado es más grave, porque justamente es el Estado el que tiene que garantizar la justicia y que estas cosas no ocurren al tener el monopolio de la fuerza”, planteó Bazze.

También sostuvo que “todo esto es parte de una historia negra y dolorosa que vivimos los argentinos. Por suerte recuperamos la democracia a partir de la convicción de la gran mayoría de la sociedad de que teníamos que encaminarnos hacia la libertad y hacia el respeto de los derechos humanos”.

“Hubo partidos políticos que tuvieron un rol importante en esa recuperación y que trabajaron decididamente en esa dirección. Uno de esos, no el único, fue la UCR”, cerró.

En un duro discurso, la diputada Myriam Bregman (PTS/FIT-U) apuntó directamente contra el bloque de Javier Milei: “Nos toca hablar después de haber escuchado a un apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes. Nosotros, en cambio, marchamos este 24 de marzo homenajeando a los 30 mil detenidos desaparecidos de la mejor manera que lo podemos hacer peleando contra la impunidad del genocidio y peleando por transformar esta sociedad de raíz”.

“Este debate se da en un contexto muy particular y no podemos seguir hablando como que acá no se ha dicho nada. Lo hicimos en forma independiente y al revés de lo que dijo la diputada Villarruel el genocidio instaurado el 24 de marzo del 76 tuvo una antesala y se llevó adelante durante el Gobierno constitucional de Martínez de Perón”, recordó.

En suma, narró: “2.000 compañeros pasaron en el año 75’ por el centro clandestino en Tucumán. Entre el 75% y el 80% de quienes por allí pasaron por ese centro de exterminio y tortura fueron obreros que venían protagonizando los tucumanazos. Deberían saber o no ocultar que para esa época del 75 las organizaciones armadas estaban sumamente debilitadas, pero no les importa, porque lo que quieren revivir es el negacionismo”.

“Nosotros al revés, queremos recordar la unidad entre las grandes patronales de este país y los genocidas que algunos se alían y los llevan en sus listas electorales. No estamos hablando del pasado cuando hablamos del negacionismo y reivindicar la dictadura”, comparó Bregman.

Además, contó que en la ciudad de La Plata un “grupo de fachitos escrachó un local de nuestros compañeros, que el diputado Milei reivindicó en sus redes de esos personajes”, y preguntó: “¿Saben porque quieren revivir el negacionismo? porque las políticas que quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y se aplican con represión por eso hablan del curro de derechos humanos como Macri porque quieren aplastar a la clase trabajadora”.

A su turno, la jefa del bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, recordó que “los crímenes cometidos por la dictadura necesitaron cerrar y silenciar esta casa del pueblo”, así como a los partidos políticos y “adormecer al pueblo para instalar un modelo de aniquilación de derechos y libertades que rechazamos y repudiamos íntegramente”.

En su discurso, la bonaerense reivindicó el trabajo de la CONADEP, el juicio a las Juntas y “todos los testimonios que con valentía se presentaron” en ese proceso y permitieron llegar a una condena. También valoró “el trabajo de los organismos de derechos humanos; el coraje único que una madre puede poner cuando busca a un hijo”.

La diputada de Juntos por el Cambio rechazó “cualquier posibilidad de que la derecha vuelva a discutir el número de los desaparecidos. Rechazamos que se discuta el valor simbólico que tiene ese número”. Pero además se manifestó en contra de “cualquier intento de utilización, de apropiación de lo que fueron aquellas luchas” y de “cualquier vergonzosa comparación”. En ese tramo, aprovechó para criticar a Cristina Kirchner: “Quiero rechazar la lamentable, vergonzosa, desagradable comparación que días pasados hiciera la vicepresidenta de la Nación cuando intenta, en un autoelogio, ponerse ella en el papel de perseguida en comparación con las víctimas de la dictadura”.

Inmediatamente luego de Stolbizer le tocó el turno a la oficialista María Rosa Martínez, quien sí hizo una comparación entre el pasado y la actual situación de la vicepresidenta. En primer lugar, la legisladora mencionó que desde la dictadura “el terror se utilizó como método de disciplinamiento, no sólo en términos de muerte, desaparición y apropiación, sino también en la economía y cultura”. 

“Gracias a una construcción colectiva y a la decisión política desde el Estado somos un pueblo que lleva grabado a fuego la vocación de nunca más, no sólo al terrorismo de Estado, tampoco al neoliberalismo”, expresó y enfatizó: “Por mucho de que algunos busquen correr el límite, que recreen guillotinas, bolsas mortuorias, que gatillen en la sien de nuestra vicepresidenta; por mucho que algunos insistan en borrarnos somos prueba de que a pesar de las bombas y los fusilamientos, los compañeros muertos y los desaparecidos, no nos han vencido”.

Y agregó: “Cambiar botas por tribunales, cambiar botas por el partido judicial. ‘A la bala que no salió, el fallo que sí saldrá’, decía el diario Clarín al otro día del intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta”.

A días de una nueva conmemoración del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo una reunión en el Senado con referentes de organismos de derechos humanos, en la que se conversó sobre los preparativos para la marcha del próximo 24 de marzo, al cumplirse 46 años del Golpe cívico militar.

Esta marcha será la primera luego de la pandemia de Covid-19, que impidió realizar las convocatorias de 2020 y 2021. Además, los organismos expresaron su repudio por el ataque sufrido el jueves pasado en el despacho de la presidencia del Senado. Todos pidieron que la Justicia actúe pronto y se determinen los culpables detrás de esas acciones.

Participaron Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Giselle Tepper y Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. Capital; Paula Livatchky y Sol Hourcade del CELS; Eduardo Tavani, Guillermo Torremare y Soledad Astudillo de la APDH; Beatriz Capdevilla y Leonor Núñez de la APDH La Matanza; Gabriela Alegre y Ana Barrio de la Asociación Buena Memoria; Graciela Villalba y María Gastón, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Mabel Careaga, Cecilia De Vincenti, Norma Doino, Adolfo Mango y Héctor Francisetti, de Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz; Iris Avellaneda y Pedro Dinani de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; y Natalia Rus de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.