Encabezado por el diputado Santiago Roberto, un proyecto de resolución de Unión por la Patria propone conmemorar el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y exhorta al Poder Ejecutivo a sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara baja conmemore el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La iniciativa es impulsada por el diputado Santiago Roberto y cuenta con el acompañamiento, entre otros, de Nicolás Trotta, Cristian Andino, Jorge Chica, Agustín Rossi y Martín Aveiro.
El texto propone “conmemorar el 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura cívico militar”, y al mismo tiempo exhorta al Poder Ejecutivo Nacional “al sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que han distinguido a nuestra democracia”.
En los fundamentos, el proyecto recuerda que el golpe de 1976 derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauró una dictadura que se extendió hasta diciembre de 1983. Señala que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional fue sostenido por sectores civiles, económicos y mediáticos, y que su accionar represivo se desplegó a través de un aparato sistemático de terrorismo estatal.
De manera textual, el texto afirma que “treinta mil personas fueron detenidas-desaparecidas, la gran mayoría trabajadores y trabajadoras con actividad gremial y militantes políticos”, y que el plan represivo se ejecutó en “los 340 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que funcionaron a lo largo y a lo ancho del país”. Agrega que alrededor de “500.000 personas fueron forzadas al exilio –externo o interno– para preservar sus vidas”.
La iniciativa también aborda el impacto del terrorismo de Estado sobre niños y niñas, al señalar que “cuatrocientos noventa niños y niñas nacieron en cautiverio, fueron apropiados o se les sustrajo su identidad”, y que solo una parte de ellos pudo ser restituida gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El proyecto dedica un tramo relevante a las consecuencias económicas y sociales de la dictadura. En ese sentido, sostiene que durante ese período “la participación de la riqueza de los trabajadores pasó del 48% al 30%”, se perdieron más de 700.000 puestos de trabajo y se impuso un modelo de valorización financiera que destruyó el entramado industrial. También señala que la deuda externa “se quintuplicó” y dejó como legado una economía estructuralmente endeudada y bimonetaria.
En los fundamentos se recuerda, además, que la guerra de Malvinas fue “el último intento por dilatar la caída de un régimen en franca decadencia”, y se menciona tanto la cantidad de soldados caídos en combate como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los propios conscriptos.
El texto pone en valor el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad desarrollado en democracia y afirma que, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y a las políticas impulsadas desde 2003, la Argentina consolidó un camino de Memoria, Verdad y Justicia que la ubicó “en una posición de vanguardia a nivel internacional en materia de Derechos Humanos”. No obstante, advierte que los beneficiarios económicos del terrorismo de Estado, en su mayoría, no han recibido condena judicial ni social acorde a la gravedad de sus actos.
Finalmente, el proyecto expresa una fuerte crítica al actual contexto político y sostiene que el 50° aniversario del golpe encuentra al país con un gobierno nacional que “reivindica a la dictadura”, cuestiona el símbolo de los 30.000 desaparecidos y promueve medidas que benefician a represores condenados. Por ese motivo, los diputados consideran “fundamental” que el Congreso renueve su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y acompañe las movilizaciones del próximo 24 de marzo, “gritando a viva voz ‘Nunca Más’ y ‘Memoria, Verdad y Justicia’”.
Impulsado por el senador Eduardo “Wado” de Pedro, el proyecto de resolución fue aprobado sobre tablas y contó con el acompañamiento de legisladores de todos los bloques, que reafirmaron el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia a medio siglo del 24 de marzo de 1976.
El Senado de la Nación aprobó la semana pasada, sobre tablas y con amplio consenso político, un proyecto de declaración que reafirma el compromiso permanente del Congreso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
La iniciativa fue impulsada por el senador kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro y contó con el acompañamiento de legisladores de todos los partidos, entre ellos Maximiliano Abad, José María Carambia, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner, Martín Soria, Daniel Bensusán, Jesús Rejal, Mariano Recalde, Lucía Corpacci y María Florencia López. También firmaron el proyecto Anabel Fernández Sagasti, José Emilio Neder, Fernando Salino, María Celeste Giménez Navarro, Sandra Mendoza, Ana Marks, Carlos Linares, Guillermo Andrada, Juliana di Tullio, José Mayans, Alejandra Vigo, Carolina Moisés y María Teresa González.
El texto aprobado declara el compromiso del Senado con el consenso democrático construido por la sociedad argentina desde 1983 y lo expresa, de manera textual, en “el principio de Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables para la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia”.
En los fundamentos, los senadores recuerdan que el golpe de 1976 interrumpió el orden constitucional, disolvió el Congreso, prohibió la actividad política, sindical y estudiantil, censuró la prensa y aplicó un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, desaparición forzada y asesinato de miles de argentinos y argentinas. El proyecto señala de manera expresa que el terrorismo de Estado dejó como saldo “treinta mil personas desaparecidas”, además de la apropiación de niños nacidos en cautiverio, miles de personas detenidas por razones políticas y cerca de medio millón de exiliados.
La resolución pone en valor el camino recorrido por la democracia argentina desde 1983, destacando el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP y la posterior reapertura de los procesos judiciales tras la anulación de las leyes de impunidad. En ese marco, se resalta que la Argentina desarrolló una experiencia prácticamente inédita a nivel internacional, al investigar y juzgar los crímenes de la dictadura “a través de la justicia ordinaria y dentro del propio sistema institucional del Estado de Derecho”.
El texto también reivindica el rol de los organismos de derechos humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como de amplios sectores de la sociedad civil, que sostuvieron la lucha por la memoria y la justicia incluso en los años en que prevaleció la impunidad. Ese proceso, señala el proyecto, permitió que la Argentina sea hoy una referencia mundial en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
Asimismo, la declaración subraya la necesidad de transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones y advierte sobre los riesgos de los discursos que relativizan o niegan el terrorismo de Estado. En ese sentido, reafirma un principio central del sistema democrático: “en democracia el adversario político nunca es un enemigo”, y sostiene que los conflictos deben resolverse con más debate y participación, nunca con violencia.
Finalmente, el Senado expresa que conmemorar los cincuenta años del golpe implica sostener la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y renovar el compromiso de que esos hechos no vuelvan a repetirse “Nunca Más”, reafirmando que la Memoria, la Verdad y la Justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos son pilares irrenunciables de la vida democrática argentina.
En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo de diputados presentó un proyecto de declaración para reafirmar el compromiso del Congreso con la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica, y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.
En el marco del cincuentenario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo plural de diputados presentó un proyecto de declaración para reafirmar el compromiso del Congreso con la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica, y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Mónica Frade y cuenta con la firma de su compañero de bancada Maximiliano Ferraro, junto a Esteban Paulón, José Núñez, Andrea Freites, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Yedlin, Sergio Capozzi, Natalia de la Sota, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Jorge Rizzotti y Alejandra Torres, en una señal de amplio respaldo político y transversal.
El proyecto propone que la Cámara de Diputados reafirme, a cincuenta años del golpe cívico-militar y empresarial de 1976, su compromiso irrestricto con la defensa de la democracia, la vigencia plena de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica del pueblo argentino. En ese marco, plantea rendir un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y ratificar la política de Memoria, Verdad y Justicia como uno de los pilares fundamentales del Estado democrático.
En los fundamentos, Frade recuerda que el golpe del 24 de marzo de 1976 instauró un régimen de facto que desplegó un aparato clandestino de represión caracterizado por secuestros, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y apropiación de niños nacidos en cautiverio. Señala que estas prácticas, por su carácter sistemático y planificado, fueron calificadas por la justicia argentina y por tribunales internacionales como crímenes de lesa humanidad.
El texto subraya que la reconstrucción de esos hechos no se apoya únicamente en testimonios o interpretaciones historiográficas, sino en una sólida documentación que incluye el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los juicios a las juntas militares y los centenares de procesos judiciales que se desarrollaron desde la reapertura de las causas, estableciendo responsabilidades individuales por los crímenes cometidos durante la dictadura.
La autora destaca que, desde el retorno de la democracia en 1983, la Argentina fue construyendo un consenso político y social de relevancia internacional en torno a la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo de Estado y a la obligación del Estado de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, sin amnistías ni mecanismos de impunidad. Ese consenso, señala, convirtió al país en una referencia mundial en materia de derechos humanos.
El proyecto también advierte sobre la persistencia y reaparición en el debate público de discursos que relativizan o distorsionan la naturaleza del terrorismo de Estado, en particular aquellos que intentan reinstalar la denominada “teoría de los dos demonios”. Según se sostiene en los fundamentos, esa interpretación desconoce la asimetría entre la violencia ejercida por el Estado y la de actores no estatales, y diluye la responsabilidad específica que le corresponde al aparato estatal cuando utiliza su poder para perseguir y eliminar a sus propios ciudadanos.
En ese sentido, el texto remarca que el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza, controla los recursos públicos y dispone de las fuerzas armadas y de seguridad, por lo que no resulta jurídicamente ni políticamente válido equiparar su accionar represivo con el de organizaciones armadas. La calificación de los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad, sostiene el proyecto, no es retórica ni ideológica, sino una categoría jurídica precisa con consecuencias concretas.
La iniciativa también pone el foco en el carácter permanente de delitos como la desaparición forzada, cuyo daño se prolonga en el tiempo mientras no se conozca el destino final de las víctimas ni se restituyan plenamente sus derechos. En ese marco, se cuestiona el silencio persistente de muchos de los responsables del terrorismo de Estado, que aún hoy se niegan a aportar información clave para el esclarecimiento de los crímenes.
Finalmente, el proyecto sostiene que, a medio siglo del golpe de 1976, reafirmar la política de Memoria, Verdad y Justicia no constituye un ejercicio del pasado, sino una condición necesaria para la vigencia plena de la democracia en el presente. Por ese motivo, Frade solicita el acompañamiento de sus pares para aprobar una declaración que ratifique ese compromiso y rinda homenaje a quienes fueron víctimas del período más trágico de la historia reciente del país.
Referentes de la política y los derechos humanos participarán este martes de un encuentro en el Congreso de la Nación para reflexionar sobre el legado de la última dictadura, el estado de la democracia y los desafíos actuales a medio siglo del quiebre institucional de 1976.
En el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, este martes 17 de marzo a las 17 se realizará en el Congreso de la Nación el primer conversatorio “A 50 años del Golpe Genocida. Memoria, Verdad, Justicia y Democracia”, una actividad destinada a promover la reflexión colectiva sobre el pasado reciente y su proyección en el presente democrático.
El encuentro tendrá lugar en la Sala Auditorio Anexo A, primer piso, del Palacio Legislativo, sobre la avenida Rivadavia 1841. La convocatoria reunirá a dirigentes con trayectoria en la vida institucional y en la defensa de los derechos humanos, entre ellos Ricardo Alfonsín, Pablo Avelluto, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Federico Storani, Jorge Taiana, Eduardo Tavani y Griselda Tessio.
La actividad contará con una introducción a cargo de Eduardo Sigal y un mensaje especial en formato de audio de Taty Almeida, referente histórica de los organismos de derechos humanos. La coordinación estará a cargo de Marcelo Ferreira.
Organizado por el Foro por una Nueva Democracia, el conversatorio se propone no solo recuperar la memoria histórica y reafirmar las banderas de verdad y justicia, sino también abrir un debate plural sobre la calidad democrática, los consensos básicos y las amenazas que enfrentan hoy las instituciones a cinco décadas del golpe.
La entrada es libre y gratuita, y se espera la participación de legisladores, referentes sociales, estudiantes y público en general interesados en mantener viva la memoria y fortalecer la democracia.