Una iniciativa del diputado Gonzalo Del Cerro (UCR – Santa Fe) tiene por objeto establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya una investigación y un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

“Jueces y fiscales tienen que comprender que, para la víctima de violencia de género, su visita a los juzgados o fiscalías es una experiencia única que puede afectar de manera decisiva su bienestar psicológico”, dice el legislador en los fundamentos de su proyecto de ley.

Añade que “muchas mujeres son intimidadas o avergonzadas por la institución judicial, por tener que contar una y otra vez lo ocurrido, o tener que presentarse incesantemente a los tribunales porque no les creen o porque los operadores judiciales no realizan adecuadamente sus labores y desechan las denuncias de las mujeres víctimas”.

Del Cerro explica que “el Estado argentino se encuentra obligado a organizar todo el poder público para prevenir, investigar, juzgar y sancionar hechos de violencia contra las mujeres. El Poder Judicial y el Ministerio Público como componentes de dicha estructura, son fundamentales en el desempeño de la responsabilidad de actuar con la debida diligencia requerida y enviar un mensaje de no tolerancia a la violencia contra la mujer”.

El proyecto faculta al Consejo de la Magistratura, al Procurador General de la Nación o al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a rechazar las renuncias, y a suspender a los jueces o fiscales que posean denuncias o expedientes abiertos por mal desempeño en causas de violencia de género. En caso de un fallo condenatorio no podrán acceder al régimen especial de jubilaciones.

“El Estado argentino tiene que actuar con diligencia, no puede ir a contramano de todo lo prescripto por las leyes nacionales y convenciones internacionales, por lo que congruentemente, al convertir en ley el presente proyecto, se dará muestras claras del respeto de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de mujeres que son víctimas de delitos en el contexto de violencia de género”, concluye Del Cerro.

Acompañan esta iniciativa los diputados José Cano, Aída Ayala, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Carla Carrizo, Carlos Fernández, Facundo Suárez Lastra, Alvaro de Lamadrid, Gerardo Cipolini, Ximena García, Lidia Ascárate, Claudia Najul, Emiliano Yacobitti, Alberto Asseff, Dolores Martínez y Karina Banfi.

El diputado nacional Gonzalo del Cerro (UCR), junto a legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para solicitar la utilización del producto -en investigación- Luarprofeno/Ibuprofeno sódico hipertónico nebulizable, como tratamiento en emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados Covid-19 positivos, bajo los términos metodológicos de uso compasivo, para pacientes graves.

De acuerdo a la iniciativa, dicho tratamiento se deberá realizar con el debido consentimiento y amparado solo en el inciso 37 de la Declaración de Helsinki, tratados en instituciones de salud públicas y privadas habilitados en todo el territorio nacional y que adhieran a la adopción de este plan, cuya versión actualizada deberá ser evaluada y aprobada por el Comité Externo para el uso compasivo ampliado (UCA) y bajo estricto cumplimiento de la Resolución 2020/908 del Ministerio de Salud.

“En situaciones sanitarias emergentes como la actual pandemia, es menester instrumentar recursos normativos diligentes que permitan la utilización de recursos terapéuticos con principios activos aún en vías de registro ante la autoridad sanitaria -ANMAT- sea por tratarse de nuevos principios activos, como es la utilización de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 cuya donación fue regulada oportunamente por la Ley 27.554”, señaló Del Cerro.

Los legisladores explicaron que “la indicación de uso compasivo de medicamentos está dirigida a casos particulares e individuales, por falta de tratamiento de probada eficacia, falta de respuesta a tratamientos aprobados u otras causas; ello aplica en esta grave situación de pandemia, que no tiene tratamiento específico porque los tiempos que requiere la demostración científica de un medicamento apropiado supera ampliamente la diseminación de la enfermedad”.

La iniciativa prevé que la vigencia de lo dispuesto se extenderá mientras dure la emergencia sanitaria y epidemiológica, hasta que el producto se encuentre aprobado y autorizado para uso comercial en el territorio nacional por la ANMAT, o hasta que la evaluación del plan de tratamiento por parte de la autoridad de aplicación lo indique.

El Comité Externo, designado por el Ministerio de Salud, evaluará periódicamente los avances aportados por el grupo de profesionales que conduzca la indicación del mencionado plan.

“Es necesario dar un marco legal a nivel nacional para la aplicación ampliada y transitoria del tratamiento que proponemos, durante la emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados”, remarcó el radical.

Acompañaron el proyecto Mario Negri, Gabriela Lena, Miguel Nanni, José Riccardo, Carmen Polledo, Gerardo Cipolini, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Federico Zamarbide, Aída Ayala, Estela Regidor, Gabriela Burgos, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti y Hernán Berisso.

El diputado nacional Gonzalo del Cerro, junto a legisladores de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley para solicitar la utilización del producto, en investigación, Luarprofeno/Ibuprofeno sódico hipertónico nebulizable, como tratamiento de emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados Covid 19 positivos, bajo los términos metodológicos de “Uso Compasivo”, para pacientes graves. 

Lo antedicho, se realizará con el debido consentimiento y amparado sólo en el inciso 37 de la Declaración de Helsinki, tratados en instituciones de salud públicas y privadas habilitados en todo el territorio nacional y que adhieran a la adopción del “Plan de tratamiento en emergencia sanitaria con Ibuprofeno inhalatorio en pacientes con patología respiratoria aguda, mediado por Covid 19", cuya versión actualizada deberá ser evaluada y aprobada por el Comité Externo para el uso compasivo ampliado (UCA) y bajo estricto cumplimiento de la Resolución 2020/908 del Ministerio de Salud. 

“En situaciones sanitarias emergentes como la actual pandemia, es menester instrumentar recursos normativos diligentes que permitan la utilización de recursos terapéuticos con principios activos aún en vías de registro ante la autoridad sanitaria –ANMAT- sea por tratarse de nuevos principios activos, como es la utilización de plasma de pacientes recuperados de Covid 19 cuya donación fue regulada oportunamente por la Ley 27.554”, señaló Del Cerro. 

Los legisladores explicaron que “la indicación de uso compasivo de medicamentos está dirigida a casos particulares e individuales, por falta de tratamiento de probada eficacia, falta de respuesta a tratamientos aprobados u otras causas, ello aplica en esta grave situación de pandemia, que no tiene tratamiento específico porque los tiempos que requiere la demostración científica de un medicamento apropiado supera ampliamente la diseminación de la enfermedad”. 

La iniciativa prevé que la vigencia de lo dispuesto se extenderá mientras dure la emergencia sanitaria y epidemiológica o hasta que el producto se encuentre aprobado y autorizado para uso comercial en el territorio nacional por la ANMAT, o hasta que la evaluación del plan de tratamiento por parte de la autoridad de aplicación lo indique. 

El Comité Externo, designado por el Ministerio de Salud, evaluará periódicamente los avances aportados por el grupo de profesionales que conduzca la indicación del mencionado plan. 

“Es necesario dar un marco legal a nivel nacional para la aplicación ampliada y transitoria del tratamiento que proponemos, durante la emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados”, remarcó Del Cerro. 

Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri, Gabriela Lena, Miguel Nanni, José Riccardo,  Carmen Polledo, Gerardo Cipolini, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Federico Zamarbide Aída Ayala, Estela Regidor, Gabriela Burgos, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti y Hernán Berisso. 

Sigue dando paso a la polémica el gesto cubano de enviar 200 médicos a la provincia de Buenos Aires y la aceptación del Estado argentino por esa “ayuda humanitaria”.

El que tomó distancia es el diputado nacional Gonzalo del Cerro (UCR-Santa Fe), que pidió al ministro de Salud, Ginés González García, que informe si la llegada de médicos cubanos para colaborar con el control y tratamiento de la pandemia del coronavirus, obedece a una solicitud de su cartera.

En un proyecto de resolución, dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, el legislador preguntó si esta decisión cuenta con el aval del grupo de infectólogos y epidemiólogos que asesora al presidente Alberto Fernández.

Del Cerro, también quiere saber si la Confederación Médica de la República Argentina, dio su aprobación para el ejercicio de la profesión de los cubanos en nuestro país.

“La presencia de los cubanos no respeta los términos de  la Ley 17132 sobre el Ejercicio de la Medicina  que en su Artículo 13,   dice claramente que los títulos de médicos extranjeros, deben ser revalidados por una universidad nacional  y que los profesionales extranjeros reconocidos, en tránsito en el país, podrán ser consultados pero no ejercer profesionalmente”, concluyó Del Cerro.

Más crudo se mostró el diputado Alberto Asseff, que tomó el tema por el lado ideológico. A través de Twitter, señaló que “los 200 médicos cubanos que autorizó Cancillería por pedido de AxelKicillof pueden portar el ‘virus’ ideológico castrista experimentado en más de 60 años de injerencia en toda nuestra América”.

Y advirtió al Gobierno que la medida “desafía el sentido común”.

El diputado nacional Gonzalo del Cerro (UCR – Santa Fe) pidió al Gobierno que exima de las obligaciones establecidas por la cuarentena, a los técnicos dedicados a la reparación de telefonía celular, computación e informática.

“A nadie escapa los momentos de ansiedad e incertidumbre que se viven por esta situación inédita en nuestras vidas, el diálogo sobre este y otros temas ayuda mucho; reflexionar y compartir con otro es valioso”, sostiene Del Cerro.

En épocas de cuarentena, las redes sociales se han convertido en imprescindibles, no solo para comunicarse, sino también para informarse y recibir y compartir las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias. Teléfonos celulares, tablets, ordenadores y computadoras hoy son productos de primera necesidad, pero como todos sabemos la tecnología es falible y los aparatos se descomponen y dejan de funcionar, dice en los fundamentos el proyecto de resolución presentado por Del Cerro.

“Para una persona que vive sola y está aislada esta situación le puede provocar graves trastornos, como angustia, ataques de pánico o depresión si siente que no puede reparar su único medio de comunicación, hasta que se termine la cuarentena, algo que aún es incierto”, señala.

Por eso el legislador radical solicita que observando estrictamente las normas sanitarias, los técnicos que tienen establecimientos de barrio, sobre todo los que funcionan en pequeñas localidades del interior del país, que se dedican al arreglo de teléfonos celulares y computadoras puedan trabajar.

“No estamos promoviendo la venta de aparatos nuevos, ni de accesorios, ni la apertura de las tiendas oficiales de las grandes marcas, esos locales no existen en el interior, solo pedimos una excepción para que profesionales de pequeños negocios puedan ayudar en esta emergencia”, explicó.

El diputado nacional Gonzalo del Cerro presentó un proyecto para que el Gobierno exima de las obligaciones establecidas por la cuarentena a los técnicos dedicados a la reparación de telefonía celular, computación e informática.

“A nadie escapa los momentos de ansiedad e incertidumbre que se viven por esta situación inédita en nuestras vidas, el diálogo sobre este y otros temas ayuda mucho; reflexionar y compartir con otro es valioso”, sostuvo el legislador radical, que consideró que, en épocas de cuarentena, las redes sociales se “han convertido en imprescindibles, no solo para comunicarse, sino también para informarse y recibir y compartir las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias”.

Del Cerro señaló que los teléfonos celulares, tablets, ordenadores y computadoras hoy son productos de primera necesidad, pero “como todos sabemos la tecnología es falible y los aparatos se descomponen y dejan de funcionar”, dice en los fundamentos el proyecto de resolución.

“Para una persona que vive sola y está aislada esta situación le puede provocar graves trastornos, como angustia, ataques de pánico o depresión si siente que no puede reparar su único medio de comunicación, hasta que se termine la cuarentena, algo que aún es incierto”, indicó el diputado santafesino.

Finalmente, aclaró que “no estamos promoviendo la venta de aparatos nuevos, ni de accesorios, ni la apertura de las tiendas oficiales de las grandes marcas, esos locales no existen en el interior, solo pedimos una excepción para que profesionales de pequeños negocios puedan ayudar en esta emergencia”.

Inmediatamente después de que el presidente de la Nación anunciara que al menos por un tiempo no habrá más vuelos de repatriación de pasajeros argentinos que quedaron varados en el exterior, legisladores radicales reclamaron atender la situación de esos compatriotas.

El diputado nacional Luis Petri solicitó a través de un proyecto de declaración que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para repatriar a todos los argentinos en el exterior y garantice durante su estadía asistencia y ayuda económica en atención a las inhumanas condiciones por las que están atravesando.

“Existen miles de argentinos varados en el exterior que necesitan volver al país. Exigimos saber cuál es el Plan de Repatriación y que recursos va a destinar el Gobierno para su auxilio y asistencia. Más que nunca hay que garantizar sus derechos ante la situación de desamparo”, exigió el legislador mendocino.

Además, Petri manifestó que “el Estado argentino que debe ser garante de los derechos de los argentinos en el exterior, les impide el ingreso al país y los coloca en una situación de indefensión y vulnerabilidad extrema ante la pandemia y las medidas adoptadas por otros países por el coronavirus”.

También hizo referencia a que “las crisis ponen a prueba los Tratados Internacionales y su vigencia: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece que ‘toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país’. Tenemos la obligación de repatriarlos”.

En el mismo sentido se expresó el también radical Alvaro de Lamadrid: “Le pedimos al presidente Alberto Fernández que no abandone y dejé sin medios a los miles de argentinos que están en el extranjero”. Y le advirtió al mandatario: “Pueden enfermarse y no ser atendidos. Es un tema de solidaridad. No los castigue”.

“Hay que asegurar el regreso de nuestros compatriotas a salvo y que realicen el protocolo de salud. Ningún país abandona a sus ciudadanos”, remarcó el legislador, quien recordó que ni bien comenzaron los inconvenientes de nuestros compatriotas para regresar al país presentó un proyecto solicitando que todos pudieran regresar de manera gratuita a través de nuestra línea de bandera Aerolíneas Argentinas.

Por su parte, Gonzalo Del Cerro (UCR-Santa Fe) dijo que “el Gobierno decidió frenar el regreso de quienes no pudieron volver antes de la cuarentena, el presidente dijo que los traerán cuando el riesgo sea menor, hay  unos 15.000 compatriotas que están desesperados y que acuden a buscar auxilio a embajadas y consulados, que están desbordados frente a la demanda, por eso es imperioso que las delegaciones cuenten con recursos para  ayudarlos”.

Del Cerro, junto a sus pares de Juntos por el Cambio de Santa Fe Albor Cantard, Ximena García y  Juan Martín,  pidieron  a la Cancillería que “disponga de partidas presupuestarias especiales para  que  los consulados y embajadas puedan atender las necesidades urgentes, mínimas y básicas  de los miles de argentinos que quedaron varados en el exterior por la pandemia del corona virus”.

En el proyecto destacan que “debe existir un compromiso de reembolso por parte de quien recibe la ayuda, cuando se normalice la situación se deberá reintegrar al Estado la totalidad del dinero adelantado o el monto de  las tarifas de alojamiento y comida”.

“Los medios destacan que hay gente tirada en los aeropuertos, en la calle, que no tienen qué comer ni dónde alojarse y que además ya han excedido el límite de gastos de sus tarjetas, por las que deben abonar el recargo “solidario” del 30%”, explicaron.