La iniciativa fue impulsada por los senadores salteños Gonzalo Guzmán Coraita y Emilia Orozco, quienes destacaron el aporte de la Agrupación Gaucha “Juan Carlos Dávalos” que resalta de manera permanente los valores del General Martín Miguel de Güemes.
Los senadores salteños Gonzalo Guzmán Coraita y Emilia Orozco, ambos de La Libertad Avanza, impulsaron una iniciativa para otorgarle el Diploma de Honor del Senado de la Nación al Museo Didáctico de la Gesta Güemesiana y Gaucha, perteneciente a la Agrupación Gaucha "Juan Carlos Dávalos".
El reconocimiento fue recibido por Ernesto Aráoz, presidente de la entidad bajo cuya órbita funciona activamente este destacado espacio cultural y pedagógico en la localidad de San Lorenzo. La entrega del diploma se llevó a cabo en marco del tradicional "Socorrito", la emblemática celebración religiosa y cultural donde el fortín rinde honores a la Virgen Gaucha del Perpetuo Socorro.
Desde la institución destacaron que distinciones de esta magnitud nacional significan un enorme respaldo que fortalece e impulsa la actividad diaria de mantener vivas nuestras tradiciones.
Los legisladores destacaron el invaluable aporte de la Agrupación Gaucha "Juan Carlos Dávalos" a la preservación, difusión y transmisión del patrimonio histórico, resaltando de manera permanente los valores del General Martín Miguel de Güemes y de la gesta independentista sudamericana.
La iniciativa de María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita propone crear un sistema federal para prevenir el consumo y la venta de drogas en las escuelas, establecer zonas protegidas de 200 metros alrededor de los establecimientos educativos y endurecer las penas para quienes comercialicen estupefacientes en entornos escolares.
Los senadores salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita presentaron un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Protección Reforzada de las Escuelas contra la Droga, una iniciativa que busca prevenir, combatir y erradicar el consumo y la comercialización de estupefacientes en establecimientos educativos de nivel primario y secundario de todo el país.
La propuesta establece un esquema de intervención coordinada entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y la Secretaría de Educación, con el objetivo de proteger a estudiantes y reforzar la prevención en los entornos escolares.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de las denominadas “zonas escolares protegidas”, que abarcarán los establecimientos educativos públicos y privados y un radio de hasta 200 metros alrededor de ellos. Dentro de esos espacios se impulsarán acciones específicas de prevención, detección e investigación de delitos vinculados al narcotráfico.
La iniciativa también crea la División Federal de Intervención y Prevención en Entornos Escolares (DIFIPES), integrada por miembros de fuerzas federales y personal técnico de la SEDRONAR. Este organismo tendría competencia para actuar ante denuncias fundadas de comercialización de drogas en zonas escolares protegidas, trabajando en coordinación con autoridades judiciales, educativas y sanitarias.
Los autores aclaran que el proyecto busca distinguir claramente entre los estudiantes que atraviesan situaciones de consumo problemático y quienes participan en actividades de comercialización de estupefacientes. En ese sentido, la iniciativa establece que los alumnos consumidores no podrán ser criminalizados ni estigmatizados por esa sola condición y deberán recibir abordajes sanitarios y educativos especializados.
Para ello, se encomienda a la SEDRONAR el desarrollo de programas de prevención, detección temprana, tratamiento ambulatorio y seguimiento de casos, con participación de equipos interdisciplinarios y articulación con los sistemas de salud y protección de derechos. Además, se garantiza la continuidad educativa de los estudiantes involucrados y se desalientan medidas expulsivas o discriminatorias.
El proyecto invita asimismo a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar protocolos de actuación que diferencien los casos de consumo de aquellos vinculados al narcomenudeo, previendo mecanismos de contención institucional y la intervención de las fuerzas de seguridad únicamente cuando existan conductas delictivas asociadas a la venta o distribución de drogas.
Otra de las modificaciones relevantes planteadas por la iniciativa es la reforma del artículo 11 de la Ley 23.737 de Estupefacientes. El texto incorpora expresamente como agravante que los delitos relacionados con drogas se cometan dentro o en las inmediaciones de establecimientos educativos, definiendo esas inmediaciones como un radio de 200 metros desde los límites físicos de la escuela.
En los fundamentos, Orozco y Guzmán Coraita sostienen que la venta y el consumo de drogas en los entornos escolares se han convertido en un fenómeno creciente y afirman que la legislación vigente resulta “insuficiente, ambigua y desarticulada” para enfrentar el avance del narcotráfico en esos ámbitos. También destacan que la iniciativa apunta a una política de “tolerancia cero” contra vendedores, reclutadores y distribuidores de droga, al tiempo que considera a los estudiantes con problemas de consumo como víctimas que deben ser asistidas.
“La escuela no debe transformarse en un espacio de persecución penal, es el primer lugar de cuidado, detección y contención”, señalan los senadores en el proyecto, que resume su enfoque con una consigna: “Al alumno se lo cuida y al narcotraficante se lo persigue”.
Así lo comunicó en el inicio del plenario de comisiones en la antesala a tratar el Régimen Penal Juvenil. En su lugar fue electo presidente el salteño libertario Gonzalo Guzmán Coraita.
Previo a adentrarse en el debate del proyecto de Reforma Penal Juvenil en el Senado en un plenario de comisiones, el senador Juan Carlos Pagotto comunicó su renuncia como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y los miembros presentes votaron al nuevo titular de la misma.
Al tomar la palabra, Pagotto comunicó su renuncia como presidente tras ser electo para presidir la Comisión de Acuerdos, por lo que explicó: “Estatutariamente no puedo ejercer dos presidencias. Agradezco el acompañamiento durante dos años de un trabajo muy productivo. Corresponda que se elija un nuevo presidente”.
Así, tomó la palabra la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien expresó: “No tuve el gusto de verlo como presidente, pero me han comentado y dado todos los proyectos importantes que salieron de la comisión como la Ley Antimafias, el de ADN, quiero darle las felicitaciones por su trabajo”. Hecho ese cumplido, propuso al salteño Gonzalo Guzmán Coraita como nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Justicia.
“Asumo la presidencia de esta comisión con la íntima convicción de que los debates en materia de justicia y penal deben ser rigurosos, institucionales y profundamente responsables. Quiero destacar el trabajo desarrollado por mi antecesor”, manifestó Guzmán Coraita y agradeció la confianza y el apoyo para cumplir la labor.