Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron este martes para retomar, tras diez meses, el debate por la creación del área marina protegida bentónica “agujero azul” en la plataforma continental argentina. En la zona mencionada, yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

El senador jujeño Ezequiel Atauche (LLA), en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presentó a los expositores y anunció que en las reuniones subsiguientes irán a exponer funcionarios del Poder Ejecutivo provenientes de Cancillería, de la Administración de Parques Nacionales y las secretarías de Energía, y Agricultura, Ganadería y Pesca. La misma será en carácter informativo dentro los próximos diez días.

En el final de la reunión, la titular de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la senadora chubutense Edith Terenzi, reiteró su compromiso con el proyecto en cuestión, el cual tiene media sanción de la Cámara de Diputados: “No dejemos caer una media sanción que es la responsabilidad más grande que tenemos”. Asimismo, reveló que hay un compromiso desde el Poder Ejecutivo que da lugar para que la iniciativa se pueda dictaminar y ser llevada al recinto de la Cámara alta.

Las exposiciones 

La primera expositora fue Valeria Falabella, directora de Conservación Costero-Marina de WCS Argentina, quien presentó una serie de diapositivas de imágenes satelitales que vienen siendo analizadas desde hace diez años. A su vez, llamó a la zona como “una ciudad dentro del mar”, y destacó que “brilla de noche porque tiene riqueza y abundancia de especies en su profundidad”.

“Está en sus manos que esta área excepcional sea protegida”, refirió al señalar que Agujero Azul “es uno de los cinco sitios que se destaca por eventos de pesca oscura e ilegales como trasbordo de carga”. Detalló además que “hay una imposibilidad de saber qué se captura y cuánto” y afirmó que es “reconocido en el mundo como lugar de vulneración de Derechos Humanos”.

Por otro lado, explicó que en la zona existen “trillones de organismos que suben altamar dos veces por día”, y amplió que es provocado por “luces intensas de barcos pesqueros” que navegan la zona con el fin de la explotación ilegal de los recursos del lugar. Compartió una fotografía con un cuadro con cinco barcos de arrastre de fondo.

En perjuicio de la zona marítima en cuestión, mencionó que hay “una intensidad de pesca descomunal” con “más de 200.000 horas de arrastre anual en esa zona y picos de 500 barcos”. “La importancia de un área protegida es la de gestionar biodiversidad y ambientes porque un área protegida es clave y así poder llevar actividades humanas sin afectar la biodiversidad”, reiteró Falabella.

En las imágenes presentadas, se añadió que la zona contempla 148.000 kilómetros cuadrados más allá de las 200 millas marinas dentro de la Plataforma Continental Argentina. “Está siendo explotada por flotas internacionales sin ningún tipo de control”, aseveró.

En otro tema, indicó que Agujero Azul “es atravesado por el Frente del Talud, área clave para la funcionalidad de nuestro mar y para la mitigación de los efectos del cambio climático”. “Esta es una oportunidad de gobernanza en un área estratégica de nuestros espacios marinos con un fondo saludable y frente productivo”, reiteró.

Por último, especificó que los cañones submarinos “son rutas de transporte que utilizados por nutrientes y sedimentos de la plataforma a las zonas más profundas”, y añadió que tienen un “rol valioso en el transporte de materias orgánicas”, pero advirtió: “Están al límite del colapso porque hoy no hay sectores marinos sin presencia de micro plástico”.

Para cerrar, afirmó que la zona “es el 8% de la extensión de la plataforma continental”, pero lamentó que “la flota nacional no pesca en el Agujero Azul porque los últimos números registrados son del 0,04%”.

Complementada con las imágenes de la primera exposición, Silvia Romero, directora de investigaciones del régimen de investigación para la defensa en el Senado, remarcó que “hace más de 20 años que se estudia la región”, y presentó imágenes satelitales sobre “organismos microscópicos que hacen fotosíntesis conocidas como las macro algas que se van al fondo”.

En tal sentido, explicó: “Las algas tienen clorofila para hacer fotosíntesis por la presencia de diatomeas en cantidades industriales, y esas algas son la base de la cadena trófica en el mar, eso es fitoplancton”. También, sostuvo que “necesitan luz, nutrientes y temperatura suficiente”, y remarcó que “en el talud hay nutrientes del fondo que pasan a la zona productiva”. “Son 1500 kilómetros de extensión altamente productivos”, destacó.

Brevemente, el politólogo Mariano Aguas, especialista en materia política antártica y ambiental, afirmó que este proyecto busca “construir algo fundamental que es el bien público”, y remarcó que “Argentina está proyectando poder”. “Cuando se comporta de esta manera está diciendo cosas porque se pone en juego la legitimidad política y este es un acto fundamental de una política pública para sostener un bien público. Estamos intentando construir una vida civilizada”, consideró.

Impulsora del proyecto, la exdiputada nacional Graciela Camaño expuso ante las autoridades del plenario e indicó: “Las dos científicas nos señalaron un jardín, pero el océano profundo es estéril y son muy pocas las zonas donde encontramos este jardín y nosotros lo tenemos”.

Emocionada, recordó a la tripulación del submarino ARA San Juan y remarcó que los restos “están ahí porque estaba protegiendo el Agujero Azul”. También, destacó que “esto viene del proyecto Pampa Azul y es para meterle ciencia a este gran conglomerado”.

A su vez, Camaño reiteró que “la idea es para proteger determinadas áreas para seguir teniendo recursos”, y catalogó como fundamental tener “política en materia de pesca para la administración de los recursos del mar”. “Debemos saber que todo lo que la gobernanza de los océanos se hace con instrumentos internacionales”, explicó.

“Somos uno de los privilegiados países costeros dentro de Naciones Unidas y esta es una herramienta más para reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas”, enfatizó, y añadió que “nos da un resguardo natural de todos nuestros recursos”.

Para terminar la exposición en defensa del proyecto que impulsó cuando era diputada nacional, remarcó que “cuando no protegemos el ambiente, destruimos a la especie humano”, y cerró: “Si alguien tiene que proteger somos nosotros porque no es un tema menor, es  marcar nuestra soberanía”.

La última intervención fue la de la abogada y representante legal de las familias de los Héroes del ARA San Juan, Valeria Carreras, quien llamó al lugar como un “Las Vegas marítimo” y pidió que se apruebe esta ley para preservar la zona de la depredación ambiental.

“Mirar al pasado a esa zona que se abre como proteger y acobijar, y para recordar todo lo que hizo la República Argentina para cuidar todos nuestros recursos porque los recursos son soberanía”, enfatizó, y agregó: “La pesca de arrastre haría mucho daño a la causa del ARA San Juan porque afectaría las huellas del material que quedó del submarino”.

Para cerrar, expresó que “ahora no es momento de bajar al fondo del mar porque no hay fondos, pero preservémoslo para el futuro y así podamos decir que hubo una ley para proteger los recursos y también la historia”.

La primera reunión 

Antes, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual es presidida por la senadora chubutense Edith Terenzi, oficializó el reemplazo de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri en lugar del misionero Martín Goerling Lara.

Y luego, se aprobaron una serie de proyectos de comunicación y declaración entre los que se destacaron la adhesión al Día internacional de la preservación de la capa de ozono; La conmemoración del 18 de septiembre como Día Mundial del Control de la Calidad del Agua; al 2 de octubre como Día Mundial del Hábitat; a l 4 de octubre como Día Mundial de los Animales; al 5 de octubre como día Mundial del Suelo y como Día Nacional de las Aves; y al Día Internacional de Protección de la Naturaleza, entre varios más.

Inmediatamente después de la polémica votación en el Senado de este jueves, en la que los senadores se aumentaron los sueldos, el presidente Javier Milei publicó un tuit en el que aclaraba que “ha habido otros senadores que también han votado en contra dentro del bloque de JxC”, pero le salió al cruce una autoridad en materia de reglamentos, como es la exdiputada nacional Graciela Camaño, quien tras señalarle al mandatario que fue diputado, le sugiere recordar que “cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz, y quien se abstiene pedir autorización al Cuerpo antes de la votación. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta. Solo la verdad nos hará libres”.

Una de las protagonistas de esa votación es la senadora Juliana di Tullio, quien también en la red social X confirmó los dichos de Camaño, señalando que “todos los senadores y senadoras de la Nación de todos los bloques políticos que estuvimos presentes votamos a favor de la actualización de las dietas, incluso los que dicen que no lo hicieron o ahora quieren rechazarlo”.

El reglamento del Senado establece en su artículo 205 que “todo proyecto de ley se vota, tanto en general como en particular, por medios electromecánicos o nominalmente a fin de permitir registrar la forma en que ha votado cada senador. La Cámara puede resolver por mayoría absoluta de sus miembros presentes obviar este procedimiento cuando existe dictamen de comisión unánime o no se han planteado disidencias”.

Esto es, cuando existe acuerdo para evitar ese procedimiento se puede votar a mano alzada, que es lo que sucedió este jueves. Sin que nadie aclarara su posición contraria o pidiera permiso para ausentarse. Sin embargo, hay que precisar dos cosas: ni este era un proyecto de ley, ni deja claro el reglamento qué establece o no una mano que no se alza.

Veamos qué dice el artículo 212: “El voto será por la afirmativa o por la negativa. El senador presente, con autorización del Cuerpo, puede abstenerse de votar. En este caso, el cálculo del quórum y el cómputo de la votación, se hará sobre la cantidad de votos que se emitan. Ningún senador puede protestar contra la resolución de la Cámara, pero tiene derecho a pedir la consignación de su voto en el acta y en el Diario de Sesiones”.

Volvamos al artículo 205, que señala que “los proyectos de decreto, resolución, comunicación o declaración pueden votarse: 1) Por signos, que consisten en ponerse de pie o en levantar la mano”.

No se aclara que no hacer eso signifique lo contrario, pero tampoco que uno esté a favor. En ese sentido, otra autoridad en materia de reglamentos, también exdiputado, Pablo Tonelli, dijo no coincidir con su excolega Graciela Camaño. “No me parece, dijo”.

En su caso, no levantar la mano bien puede ser tomado como un voto en contra. “O una abstención, pero nunca como voto a favor”, cerró el exlegislador.

La exdiputada nacional Graciela Camaño cruzó al presidente de la Nación, Javier Milei, quien a través de una publicación en X, desligó a La Libertad Avanza y al Pro de la votación de este jueves para otorgar un aumento del 100% en las dietas de los senadores nacionales.

Ahora bien, lo que la exlegisladora le aclaró al jefe de Estado fue que “cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz y quien se abstiene pedir autorización al cuerpo antes de la votación”.

Presidente, Ud fue diputado; recordará q cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz y quien se abstiene pedir autorización al cuerpo antes de la votación. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta. Solo la…

— Graciela Camaño (@GracielaCamano) April 18, 2024

También, le recordó que fue diputado nacional durante dos años. “Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta. Solo la VERDAD nos hará libres”, ratificó Camaño.

El presidente había posteado en X, tras la votación en el Senado que “los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza... El 2025 será paliza histórica...”.

La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) entregó una nueva edición de las distinciones “40 años de Democracia” a cuatro reconocidos diputados nacionales de todos los sectores de la política argentina, para en su nombre homenajear a aquellos que cumplen dignamente el papel para el que fueron nombrados.

Así, Margarita Stolbizer, José Luis Gioja, Graciela Camaño y Mario Negri recibieron distinciones en el marco de un acto celebrado en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación. El jefe del bloque radical no pudo estar presente en el acto, pues a esa misma hora se desarrollaba la última audiencia del juicio político a los miembros de la Corte y él tenía que estar allí, como miembro de esa comisión, pero recibió más tarde su distinción.

Luego de unas palabras de bienvenida del presidente de APeRA, Fernando Ramírez, en las que detalló los ejes de esta institución y las razones por las cuales entregaba estos premios conjuntamente con la Unión de Personal Superior de la AFIP (UPSAfip), la primera en recibir su distinción fue Margarita Stolbizer, quien dijo sentirse “honrada” con la misma.

“Tal vez siento que no la merezco, salvo que nosotros ya somos pieza de museo en este lugar, y entonces el reconocimiento viene por ese lado, que son los años que llevamos acumulados en la tarea legislativa”, señaló.

La diputada de Encuentro Federal continuó: “Tengan por seguro que para mí es un gran orgullo compartir esto también con Graciela (Camaño), con quien compartimos muchísimos años en esta casa; con el diputado (José Luis) Gioja también… Llevamos mucho tiempo acá, y la verdad que yo siento que las cosas que he hecho en este lugar responden en gran medida a ese sentido profundo que debe tener la representación. Que es creer que no venimos aquí como individualidades, como personas, a llevar adelante esas ideas por buenas que ellas sean. Nosotros nos sentamos en estos lugares para representar los deseos, los sueños, las expectativas, las demandas de muchísima gente de los territorios a los que nosotros pertenecemos y representamos”.

“No somos aquí individualidades, sobre todos quienes creemos en la democracia de partidos políticos, que es nuestra democracia constitucional, que le da un privilegio enorme a los partidos políticos que son los que  tienen la nominación monopólica de nuestras candidaturas, algo que mucha gente cuestiona y sin embargo nosotros reivindicamos”, agregó.

En otro pasaje precisó que “representamos el lugar y el papel que los militantes políticos cumplen. Nosotros venimos aquí en una función, en un lugar de privilegio, a ser los militantes que ocupan estos lugares. Hay quienes creen que llegan a estos lugares y son importantes. Y yo siempre digo: los importantes son los lugares que nos trascienden a nosotros. Las instituciones nos trascienden a nosotros”.

“Lo que debemos hacer cuando estamos en estos lugares es honrar esas funciones y ese sentido de la representación”, enfatizó.

Sobre el final felicitó la iniciativa de APeRA y UPSAfip en los 40 años de democracia. “También para quienes llevamos muchos años en nuestras espaldas, no deja de ser un motivo de muchísima emoción”, añadió, para evocar a continuación la figura del padre de la democracia: “A mí me tocó acompañar al doctor Alfonsín desde mucho antes del 83, que fue la coronación de todos esos años en los que Alfonsín resultó sin ninguna duda ser el gran líder inspirador de mi generación”.

“Debemos felicitarnos y regocijarnos de vivir en este sistema que nos permite cada 2 años ir votar, elegir, confirmar o castigar, pero siempre volver a elegir. Este es un derecho y una libertad extraordinaria que nuestro país tiene y no debemos dejar de valorar”, concluyó entre aplausos.

A continuación, el sanjuanino José Luis Gioja dijo sentirse “muy orgulloso de recibir esta distinción”. Y agregó: “Debo decir que los que elegimos esta actividad que es la política, cuando estamos acá nos sentimos realmente bien. Apostamos siempre y queremos reivindicar la política, porque yo soy del interior bien profundo; venir acá era todo un desafío, y cuando vine acá me dijeron: ‘cuando veas dos diputados hablando, poné la oreja a ver si te podés traer algo para San Juan’”.

En el marco de la celebración de los 40 años de democracia, pidió “no confundir la politiquería con la política; con la demagogia, la extorsión, las prebendas… Estas cosas que algunos usan de muletilla para decir todos los políticos son malos, y en el fondo lo que están defendiendo es el autoritarismo, que la Argentina ha padecido lamentablemente”.

“Desde el 76 al 83 fueron los peores años de autoritarismo. Porque hay que no tener libertad para saber lo que es la libertad. Para querer la libertad, y creo que la democracia es libertad, posibilidad de diálogo, pero el dialogo no de sordos, sino el diálogo donde hay que poner y sacar para encontrar la solución a los problemas que tiene precisamente nuestro pueblo”, sostuvo.

Agregó Gioja que “en esa tarea hemos tratado de estar siempre; la vida me ha dado oportunidad de estar acá como diputado o senador, y el orgullo más grande que tiene un político provinciano que es poder conducir los destinos políticos de su provincia, que es lo que me ha pasado a mí. Así que muchas gracias por esta distinción, vamos a llevarla en el corazón y es más compromiso para lo poquito o mucho que nos pueda quedar trabajando, siempre haciendo policía. Pensando que eso es trabajar por el bienestar del pueblo argentino”.

Graciela Camaño agradeció “enormemente este reconocimiento”. “Me honra realmente recibirlo; va a formar parte de los reconocimientos que más aprecio, porque forman parte de los años que estuve acá adentro”.

Lo compartió con asesores y la gente que la acompaña en su equipo, y agregó: “Yo me estoy yendo después de 30 años, y la verdad que tomamos esta actividad, por lo menos los que estamos acá y mi colega que falta, al cual quiero entrañablemente, pero veo que está en su actividad parlamentaria, Marito Negri. Nos tomamos el trabajo en serio, yo creo que eso es lo que pude hacer que nos distingan”.

“Y lo voy a decir sin humildad porque realmente ser diputado implica estudiar en mi caso durante 30 años, a veces cosas que no tenía ganas de leer o de estudiar y privarme de otras lecturas más placenteras. Pero ser un buen diputado implica leer mucho, implica estudiar mucho, implica comprometerse en saber de qué se trata cada uno de los temas que se tratan en el recinto. Y esa es  una tarea realmente agotadora”, confesó.

A punto de concluir su mandato como diputada, Camaño señaló que “en los últimos tiempos me estoy criticando muchísimo yo misma; estoy tratando de preguntarme y tratar de entender qué es lo que está pasando, porque es como que me da la impresión de que ese sistema democrático que amamos defendemos y en cada uno de nuestros discursos lo planteamos como lo más importante que tiene la vida en comunidad, al no darle las respuestas a las expectativas que nuestro pueblo tiene, genera esta falta de compromiso de las generaciones más jóvenes”.

“Claro, a nosotros las balas nos chiflaron y sabemos apreciar la democracia, porque peleamos durante una dictadura –advirtió-. Pero claro, los pibes eso no lo vivieron, no lo vieron, y nosotros no podemos pedirles que lo reivindiquen de la misma manera que lo hacemos nosotros, que somos los protagonistas de ese momento”.

Camaño sugirió que “es bueno que nos demos un baño de realidad, que hagamos un poco de introspección, para preguntarnos donde nos equivocamos, donde debemos corregir y qué es lo que debemos hacer para que nuestro sistema democrático cada vez esté más robusto, con hombres y mujeres que sepan autocriticarse, corregir y emprender de nuevo el camino”.

Sobre el final, definió al Congreso como “un lugar increíble, para mí el recinto es el lugar más maravilloso que conozco, y conozco muchos países y muy lindos paisajes; pero cuando pienso los personajes de la historia de nuestro país que se sentaron en esas bancas, en situaciones tan difíciles, distintas, increíbles… Llegar esas primeras camadas de diputados nacionales a lomo de burro, en carretas y desde ahí empezar a construir la patria, digo: bueno, quizá haya otra vez que bajarse, andar en carreta y ver después con fuerzas renovadas y sabiendo que se está representando correctamente”.

“Así que después de 30 años en esta casa decidí que me voy por un par de años por lo menos, sino más, para ver qué es lo que está pasando. Me parece que es muy importante hacerlo. Así que ustedes me dan este regalo que yo nunca me imaginé, y me permitan a través del regalo poder expresar esto en casi los últimos días de mi estadía en la casa, para mí es muy placentero y hermoso. Muchísimas gracias por la distinción, la valoro muchísimo”.

No pudo estar presente por su actividad en la Comisión de Juicio Político, pero Mario Negri envió una carta de agradecimiento en la que expresó: "Estimados trabajadores de prensa. Quiero agradecerles esta distinción en el marco de los 40 años de democracia”.

“En 1983 yo era un joven enamorado de la gesta histórica de la sociedad civil que lideró Raúl Alfonsín. Tuve el honor y la suerte de conocerlo personalmente y cuatro años después comencé mi carrera política nada menos como vicegobernador de mi querida Córdoba.

Desde entonces, fui electo seis veces diputado nacional, en distintos momentos de esta democracia que todavía sigue siendo inmadura. Me tocó ser oposición de Carlos Menem, del kirchnerismo y presidente del interbloque oficialista cuando gobernó Mauricio Macri”.

“El Parlamento ha sabido estar a la altura de la historia en momentos dramáticos como la crisis de 2001 y 2002 y hoy tiene por delante un desafío similar frente a esta colosal crisis que atraviesa la Argentina”, agregó.

Por último, recordó que “Alfonsín nos decía que ‘con la democracia se come, se educa y se sana’ y creo que hoy estas palabras representan el mayor desafío que debe garantizar entre todos, porque la democracia cruje cuando hay necesidades básicas insatisfechas”.

“Les dejo un abrazo enorme y agradezco esta distinción”, concluyó.

El diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, quien abandonó junto a Graciela Camaño el interbloque Federal -que él mismo presidía- y el bloque que integraban ambos junto a Florencio Randazzo, hoy cercano a La Libertad Avanza y dentro de la danza de nombres para presidir la Cámara baja por el nuevo oficialismo, salió al cruce de dos asesores que los cuestionaron.

En la red social X, el bonaerense apuntó al community mannager de Randazzo, Tomás Drohobycki, quien posteó: “El Topo Rodríguez y Graciela Camaño ya no hacen política, sólo odian”.

El mensaje fue avalado y respondido por Agustín Amanquez, secretario parlamentario de Córdoba Federal. “Nos tiene con una preocupación que no te digo!”, contestó otro asesor, según publicó el propio "Topo".

"Serían dos castas no? Porque viven de los castos… en fin para eso les pagan; calma Topo deja la gente ganar el puchero…", le respondió Camaño.

Ambos diputados, que avalaron públicamente la candidatura de Sergio Massa, culminan sus mandatos el próximo 10 de diciembre.

Los diputados nacionales bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño renunciaron este miércoles al interbloque Federal y al bloque Identidad Bonaerense. Ambos diputados nacionales conforman, a partir de ahora, el bloque Consenso Federal, según confirmaron este miércoles.

De esta manera, el Topo Rodríguez deja también la presidencia del interbloque Federal, que nuclea a los bloques Córdoba Federal, Socialista e Identidad Bonaerense.

En la nota a través de la cual informaron a la presidencia de la Cámara baja su decisión, señalan que Camaño será la presidenta del nuevo bloque, donde no estará Florencio Randazzo, el tercer miembro de Identidad Bonaerense, que ahora pasa a ser un bloque unipersonal.

La decisión de estos legisladores tiene relación ineludible con lo sucedido en estas elecciones elecciones. Ambos habían anunciado su voto en favor de Sergio Massa en el balotaje, mientras que sus pares cordobeses, que responden al gobernador Juan Schiaretti, si bien no se habían pronunciado a favor de Javier Milei, mantuvieron sus críticas hacia el candidato de Unión por la Patria.

En el caso de Randazzo, su nombre ha circulado entre los que se barajan para presidir la Cámara baja a partir de la asunción del nuevo gobierno, no descartándoselo tampoco para otras funciones. Al respecto, el exministro del Interior y Transportes se ha mantenido en silencio.

NOTA-RENUNCIA-INTERBLOQUE-FEDERAL

¿Quién fue el mejor presidente del 83 a esta parte?, le preguntó a Graciela Camaño Luis Novaresio. “Para mí fue Alfonsín”, respondió la diputada nacional sin dudar.

Entrevistada en +Entrevistas, por La Nación+, Camaño completó: “Cuando a Alfonsín le tocó ser presidente, la gente no se afiliaba a los partidos políticos, porque tenía miedo de llenar la ficha de afiliación. Y te decían que si llenaban la ficha de afiliación iban a venir los milicos a buscarlos”.

“Y a él le tocó gobernar esa sociedad, con el Ejército que había depredado de todas las maneras la Argentina, pero que además se había auto amnistiado -recordó-. Y él tuvo que empezar a desandar todo ese camino”.

El drama de Alfonsín, y por el cual la gente puede tener un mal recuerdo, continuó, “es que a él le tocó vivir en la década del 80 lo que en materia económica se llama ‘la década perdida’. Porque el mundo era inflacionario; no era la Argentina inflacionaria: había inflación en el mundo. Y a él le tocó eso. Y en Argentina, donde tenemos muy malas costumbres desde siempre… y bueno, fue un proceso la inflación aterrador que quizá pudo dejar un mal recuerdo”.

Sin embargo, Graciela Camaño apuntó que “era tan grande Alfonsín que reconoció la salida institucional. O sea, en medio de todo ese desborde, donde también hay que decirle a la sociedad que tuvo un alzamiento militar muy importante, él venía con toda una carga muy grande de un ejército, potente todavía, que se alzó contra el gobierno constitucional. Y después se alzan contra el gobierno de Carlos Menem. A Menem lo tiroteaban desde un edifici omilitar que estaba enfrente de la Casa Rosada. Le tiraban balas a la Casa Rosada. Ese era el Ejército con el que había que lidiar en ese momento, y por supuesto los intereses que representaba ese ejército”.

Exintegrante del Frente Renovador, pues dejó ese espacio cuando el partido pasó a formar parte del Frente de Todos, la diputada Graciela Camaño confirmó este lunes su apoyo a Sergio Massa en el balotaje. "Yo no tengo ninguna duda, yo voy a acompañar la candidatura de Sergio. Sé de sus defectos y virtudes. Lo voy a acompañar exigiéndole siempre lo que yo creo que debe ser un buen gobierno, pública y privadamente", expresó.

"Yo confío en que él está en capacidad para ponerse al frente", aseguró la legisladora del interbloque Federal, que además pronosticó un próximo gobierno que "va a tener muchas dificultades, porque la grieta no se cierra de un día para el otro ni rifando cargos".

En declaraciones a radio Futurock, la bonaerense diferenció las dos propuestas: "Las personas que vayan a votar el 19 no eligen entre un kirchnerista y un antikirchnerista, lo que eligen es qué agenda quieren que el próximo gobernante lleve adelante. Si la agenda del mundo occidental, donde todos aceptamos que estamos frente a un problema climático importante y que tenemos que profundizar la agenda 2030. Si queremos una agenda que vincule el crecimiento económico. O si queremos una agenda que evidentemente proviene del sector financiero y de una mentalidad terraplanista, de una mentalidad negacionista. Si queremos volver a levantar los cadáveres de antes de los '70 o si preferimos tener memoria, verdad y justicia y seguir para adelante".

"Hay que pensar muy bien el voto y la situación del país", enfatizó y, por otra parte, elogió a Massa, quien "a pesar de su alianza estratégica hace cuatro años ha sostenido su agenda, no la ha tirado. Él sigue reivindicando lo que nosotros habíamos planteado en 2015 como alternativa para el país". "La gestión (como ministro), con sus claroscuros, ha piloteado medianamente bien la falta de una economía en funcionamiento", agregó.

Respecto a Juntos por el Cambio, Camaño observó que "ellos construyeron este llegar terceros, porque en cuatro años, en lugar de ser una buena oposición, se dedicaron a ser un enjambre que nunca pudo ni siquiera resolver la presidencia de su interbloque".

"Ellos son socios de la decadencia que tiene nuestro país en este momento. Los ha movilizado el odio, los moviliza el liderazgo de un líder que no tiene problemas: Mauricio Macri no va a estar acá frente al conflicto, frente a las necesidades, por eso no le importa lo que pase. Lo único que quiere es acomodar el escenario político para tener una chance dentro de cuatro años", lanzó.

Para la diputada, "la situación de nuestro país, y del mundo fundamentalmente, tiene un nivel de extrema delicadeza que amerita que podamos pensar con un poco más de generosidad". "No creo que nos tenga que convocar el odio, el resentimiento, porque esa agenda es la que generó esta historia", insistió.

En ese sentido, opinó que la propuesta de Javier Milei tiene "un discurso agresivo, individualista, de una ruptura total del tejido social", además "repudiando la agenda 2030, que es la agenda más humanista que el mundo haya podido construir en su conjunto".

En autocrítica, la dirigente peronista dijo que Milei "es producto de todo lo que la dirigencia política en su conjunto hizo mal, de las respuestas que no dimos, de la falta de generosidad". Sin embargo, "él mismo y toda la gente que lo rodea es un gran error".

"Es una cosa salvaje y frente a esto me parece que no hay que permanecer en silencio y tener la valentía de expresarse. Estoy en desacuerdo con esto, bajo ninguna medida es la Argentina en que yo quiero vivir", continuó.

En tanto, Camaño sostuvo que al oficialismo este escenario "lo tiene que obligar a que den una vuelta de página y construyan en serio, no en el verso ni en el discurso, junto con la sociedad y con todos los partidos políticos una agenda que nos lleve a resolver los problemas que tenemos y a convivir en paz". "De las crisis también se pueden sacar buenas resoluciones", completó.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Gladys González (Pro), y la de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra (FdT), se reunieron en un plenario este martes para avanzar con el dictamen del proyecto de ley que propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

La iniciativa cuenta con media sanción desde el 6 de julio de 2022 en la Cámara de Diputados, en un debate recordado porque la mayoría de Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum aquella sesión, pero los legisladores del bloque Encuentro Federal -comandados por Margarita Stolbizer– permanecieron en sus bancas.

De tal modo, debe ser llevada al recinto de la Cámara alta antes del 30 de noviembre o perderá estado parlamentario por lo que deberá volver a ser tratada y aprobada en la Cámara baja.

Una de las impulsoras de este proyecto fue la diputada nacional Graciela Camaño, quien estuvo presente en el Salón Illia junto a los senadores que integran ambas comisiones y brindó detalles sobre la iniciativa en cuestión.

También, expusieron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el presidente de Parques Nacionales, Federico Granoto; y la bióloga marina y directora del Observatorio Costero WCS Argentina, Valeria Falabella.

Las exposiciones

La titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, expresó: “Lo que hacemos es crear una Reserva Marina estricta y un Área de máxima protección permanente o temporal y conservar la biodiversidad marina para la investigación científica y monitoreo”.

Además, señaló que “quedan prohibidas según lo establezca el plan de manejo, los deportes y la caza para conservar el valor de la zona y los ecosistemas marinos”.

En su intervención el presidente de Parques Nacionales, Federico Granoto, destacó que en los últimos tiempos hubo una ampliación y creación de áreas protegidas “récord”. Así, indicó que “todos los parques que se han ido creando son terrestres, pero estamos con este proyecto que ya lleva bastante tiempo de discusión y debate y un poco lo que nos pasa es que no terminamos de entender cuál es la duda sobre este proyecto”.

En esa línea, resaltó que es una iniciativa que fue “debatida, trabajado largamente, que ha sido discutido y analizado por todas las instancias técnicas y políticas desde el Poder Ejecutivo”. Asimismo, remarcó que es un proyecto de la diputada opositora Graciela Camaño que “el oficialismo ha acompañado en ambas cámaras”.

“Es un proyecto que no solo es beneficioso desde el punto de vista de conservación ambiental, sino que también nos permite avanzar en el cumplimiento de uno de los compromisos que ha firmado la Argentina con más de 190 países que es poder alcanzar el objetivo del 30% de áreas protegidas para el 2030”, señaló Granoto.

Además, indicó que el proyecto: “Nos permitiría avanzar en el actual 8% del territorio protegido que tenemos de nuestro Mar Argentino y estamos sumando una superficie más importante de más de 148 mil kilómetros cuadrados en un área protegida bentónica que sería la primera de ese tipo. Sería muy importante para nosotros avanzar con este proyecto el día de hoy”.

El titular de Parques Nacionales señaló que la construcción de aparques y áreas protegidas no solo protegen la naturaleza, sino también ayuda a reforzar la soberanía. “Argentina siempre tuvo esa mirada de que conservar la naturaleza siempre es una forma de ejercer soberanía sobre el territorio”, reiteró.

“La historia argentina va en esa sintonía de crear áreas protegidas, de manejos concretos y que integren la mirada de desarrollo que necesita nuestro país. Es un área bentónica por lo cual las restricciones tienen que ver con la pesca de arrastre que es una pesca que produce un impacto muy fuerte en el ambiente y sobre el fondo del mar, pero no se está legislando sobre la columna de agua”, manifestó y aclaró que el proyecto tiene una modificación respecto del que se presentó años anteriores en cuanto al área que abarca para “evitar conflictos”.

En primer lugar, Valeria Falabella, bióloga marina y directora del Observatorio Costero WCS Argentina, señaló que “es un área con características geográficas, biológicas y antrópicas”, y amplió: “Agujero Azul son 148.000 kilómetros cuadrados más allá de las 200 millas náuticas dentro de la plataforma continental en los términos de la Ley 25.557”.

“Dentro de Agujero Azul hay un área con menos de 200 metros de profundidad y esa zona está atravesada por un foco productivo, y es parte de la plataforma continental fuera de una jurisdicción internacional”, agregó. “Es una oportunidad de gobernanza a través de esta área porque la zona frontal más energética es clave para la estructura del Mar Argentino”, indicó.

A su vez, explicó que en la zona en cuestión hay “nutrientes que están en el fondo -del mar- que pueden ascender y en estas zonas se identifican ecosistemas marinos vulnerables, en este caso, son de agua fría y profundidad”.

También, añadió que “son especies que construyen ecosistemas en tres dimensiones”, y advirtió respecto al cambio climático y la emisión de carbono: “Son valiosas las macroalgas -del fondo del mar- porque el carbono queda capturado en zonas de alta concentración y es una urgencia liberar carbono a la atmósfera”.

Con relación a las características antrópicas, sostuvo que la “zona de presión pesquera que captura calamar en la columna de agua es llevada a cabo por la segunda flota en importancia opera en la zona y el esfuerzo pesquero medido supera las 200.000 horas”. “Esa extracción de recursos destruye ecosistemas”, aseveró Falabella.

Por otro lado, afirmó que “Argentina no pesca en esa área”, pero sí “operan la flota china y española”. “Agujero Azul es famosa por la pesca oscura porque los barcos apagan equipos de transmisión (obligatorios) y realizan operaciones ilegales y es una de las cuatro áreas donde sucede a nivel mundial”, dilucidó la bióloga.

El ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandié, destacó la importancia del proyecto porque “Agujero Azul nos permite duplicar la cantidad de áreas marinas protegidas del país”. Además, resaltó la agenda ambiental geopolítica y apuntó contra el espacio de la Libertad Avanza: “Nosotros no creemos en aquellos que minimizan la agenda climática porque la ciencia es la que afirma respecto de la realidad del cambio climático y tampoco somos negacionistas del cambio climático y por suerte solo hay un sector que piensa que no es bueno tener parques nacionales ni áreas protegidas”.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, defendió el proyecto de ley y  explicó que “fortalecerá la presencia argentina en el área; habrá control y vigilancia de la zona para los intereses respecto a la explotación; y está la cuestión simbólica porque yacen los restos del ARA San Juan”.

La titular de la Comisión de Ambiente destacó el “compromiso que hemos asumido en esta comisión, la responsabilidad que tenemos frente a la urgencia porque este proyecto se cae si no lo tratamos rápidamente, aunque el próximo paso es lograr los consensos para que el proyecto entre en la sesión y se apruebe. Es un primer paso de acuerdo”, y propuso pasar a la firma la iniciativa, pese a que la reunión era de carácter informativa.

A continuación, el radical Víctor Zimmermann en su rol de vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hizo hincapié en la pesca ilegal y preguntó si hay información con respecto a la actividad económica de la zona y sobre el artículo 3 que habla de cláusulas transitorias. Por último, consultó por los beneficios económicos hacia adelante que generaría el área protegida.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) agradeció la invitación por ser quien impulsó el proyecto y consideró que “no nos olvidemos que hablamos de una zona más de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)”.

Asimismo, señaló que “lo que sabemos es por la información de la Prefectura o a través de la ciencia sobre el abuso que se hace de la zona”. “Cuando tuvimos la reunión con la Cámara Empresaria de la Pesca, nos dicen que es una zona peligrosa y es una zona salvaje, esa es la realidad”, aseveró.

“Esto está fuera de nuestra zona de ZEE, pero está dentro de nuestra zona de responsabilidad con los organismos. Entonces tenemos responsabilidad, pero no autoridad para poner orden pesquero y Argentina es un país que puede decir que tiene una administración pesquera de excelencia, pero nos sucede que la altamar hay pocos lugares con riqueza biológica”, agregó.

Finalmente, consideró a Agujero Azul como una zona de riqueza biológica, y cerró: “La plataforma tiene una profundidad que permite que el sol entre y tenemos riqueza natural. Lo que estamos protegiendo es lo nuestro, nuestra administración pesquera y nos honra como argentinos esto”.

De forma breve, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) preguntó si la zona fue elegida porque allí yacen los restos del submarino ARA San Juan o es “casualidad” y se tuvo en cuenta que “esta ley sea como un homenaje a las víctimas del ARA San Juan porque no se mencionó el tema”.

“Explícitamente la ley hace mención del tema y yo lo mencioné como uno de los aspectos centrales, sin lugar a dudas”, respondió Filmus. En tanto, Camaño agregó: “Es un proyecto que pensamos para el ARA San Juan y para la zona, nada es casual”.

A su turno, el riojano Ricardo Guerra expresó que es un tema “de mucha relevancia y muy importante y hay aspectos que están fuera de discusión”, pero señaló que “hay breves aspectos que desde nuestro bloque se quiere terminar de dilucidar y es nuestro compromiso a que en el transcurso de la semana se salde esa evacuación de dudas para proceder a la firma del dictamen. Sabemos de la premura porque es un proyecto que tiene poca vida útil, pero hay que saldar las dudas”.

Algunos legisladores con muchos años de mandato y reconocida trayectoria decidieron no presentarse en los comicios de este año y, a partir del próximo 10 de diciembre, ya no serán parte del Congreso. Otros, no compitieron en ninguna lista. Y hubo un tercer grupo, tanto de diputados como senadores, que sí fue a las urnas, pero los resultados no les permitieron renovar sus bancas y también se despedirán con el recambio. 

Entre los históricos que no fueron candidatos y dejarán el Poder Legislativo este año se encuentra el cordobés Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, quien cumplirá en diciembre 24 años como diputado nacional, cargo que desempeñó de 1993 a 2001, de 2003 a 2007 y de 2011 a la actualidad. 

Otra referente que se irá el 10 de diciembre será Graciela Camaño, actualmente diputada por el bloque Identidad Bonaerense, quien ocupa una banca en la Cámara baja de forma ininterrumpida desde hace 20 años, es decir, ha ejercido cinco mandatos desde 2003. En total, fue legisladora por 28 años, ya que antes de 2003 tuvo dos mandatos de 1989 a 1993 y de 1997 a 2001.

Con tres mandatos completos y uno que ejerció por la mitad, una de las bajas será el macrista Pablo Tonelli. Fue diputado de 2005 a 2007 y ocupa una banca desde 2011 hasta ahora.

Por el lado del oficialismo, se retirará el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja. Este año compitió por la gobernación de su provincia, pero perdió. El paso del dirigente peronista por el Congreso fue como diputado nacional de 1991 a 1995; senador nacional de 1995 a 2003 -siendo presidente provisional de la Cámara alta de diciembre de 2002 a mayo de 2003-; y nuevamente diputado nacional desde 2015 a la actualidad. 

Sin chances de ser reelectos

El aluvión de La Libertad Avanza, fuerza que irrumpió en el escenario político cosechando notables resultados en varias provincias del país, dejó sin posibilidad de reelección a varios diputados que compitieron por la renovación de su banca en las últimas elecciones. Sobre todo, afectó a Juntos por el Cambio. 

En Formosa, donde se eligieron tres escaños, se impuso el oficialismo llevándose dos, pero en segundo lugar se colocó LLA, arrebatándole ese lugar a JxC. Así, quedó afuera el radical Ricardo Buryaile. Otro caso fue San Luis, donde se ponían en juego dos bancas: LLA salió primera, obteniendo una, y Unión por la Patria segundo, asegurándose la otra. Relegado al tercer lugar, quedó sin chance de un segundo mandato el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace. 

Respecto a las PASO, UP revirtió su performance en Tierra del Fuego y LLA se ubicó segundo, dejando tercero sin ningún legislador a JxC. Por la lista de este espacio encabezaba el macrista Federico Frigerio. 

En Neuquén, LLA se impuso y UP también mejoró en comparación con las primarias, quedando en el reparto una banca para cada espacio. Descartado resultó JxC, que llevaba como primer candidato al diputado del Pro Francisco Sánchez. 

Ubicada en el 12do. puesto de la lista en la provincia de Buenos Aires, la cívica Mariana Stilman también quedó alejada de la reelección. En este distrito, JxC cosechó nueve bancas. 

En La Rioja, UP cambió los resultados respecto a las PASO, mientras que LLA pasó a segundo lugar. De esta manera, por el oficialismo fueron reelectos Sergio Casas e Hilda Aguirre, mientras que Martín Menem ganó por la fuerza liberal. Al salir tercero JxC, no logró un nuevo mandato Felipe Álvarez.

Las tres bancas que se ponían en juego en Río Negro quedaron una para cada uno entre UP, LLA y JxC, desplazando al cuarto lugar al oficialismo provincial, por el cual quedó afuera el diputado Luis Di Giacomo. En tanto, al llevarse solo una banca UP, la segunda de la lista que encabezó Martín Soria -electo- fue Susana Landriscini, que no consiguió un nuevo período en la Cámara baja. 

Juan Carlos Alderete, del actual Frente de Todos, fue en el puesto 17mo. de la lista de UP en la provincia de Buenos Aires, pero lograron ingresar 16. 

Otros diputados que no fueron candidatos 

De los diputados a los que se les vence el mandato el próximo 10 de diciembre y no fueron candidatos, se encuentran por el oficialismo: el entrerriano Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; el pampeano Hernán Pérez Araujo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el bonaerense massista Carlos Selva; la porteña Mara Brawer; el bonaerense Federico Fagioli, referenciado en Juan Grabois; y los camporistas Cristina Britez, de Misiones, y Marcos Cleri, de Santa Fe, entre otros. 

También la fueguina Rosana Bertone, quien se desempeñó como diputada nacional de 2001 a 2013, como senadora nacional de 2013 a 2015, y nuevamente en la Cámara baja desde 2019. 

Por el lado de JxC también se irán el radical Miguel Bazze, quien juró por primera vez como diputado nacional en 2011 y desde entonces no se movió de ese ámbito; el legislador del Pro Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara baja; María Luján Rey, parte del bloque macrista y quien atravesó una dura enfermedad este año; el porteño Álvaro González; el santafesino Federico Angelini -fue candidato a vicegobernador de Carolina Losada-; y la mendocina Jimena Latorre.

La lista incluye, entre otros, al misionero Diego Sartori, integrante del interbloque Provincias Unidas; y al socialista Enrique Estévez, dentro del interbloque Federal.

Los que se van del Senado

La marcada derrota electoral de JxC le hizo también perder nueve bancas en el Senado. Así como Buryaile se quedó afuera, en Formosa la banca por la minoría para la Cámara alta se la llevó LLA. De esta manera, no pudo lograr la reelección Luis Naidenoff, jefe de la bancada UCR y quien es senador desde el año 2005. Iba por un cuarto período.

Un duro revés en manos de LLA también tuvo JxC en Jujuy, donde se quedaron sin renovación los radicales Mario Fiad y Silvia Giacoppo. En esta provincia, la coalición opositora directamente se quedó sin bancas para la Cámara alta. La de la minoría fue para UP, por lo que el segundo candidato de esa lista, Guillermo Snopek, tampoco consiguió otro mandato. 

Situación similar a la de Formosa, al salir tercer JxC, no lograron la reelección la puntana Gabriela González Riollo, el riojano Julio Martínez y la santacruceña María Belén Tapia. En el caso de ésta última, LLA no compitió en su provincia, pero la fuerza del gobernador electo Claudio Vidal se impuso en primer lugar y UP salió segunda. En las PASO, al competir por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, ya había quedado afuera el radical Eduardo Costa. 

Entre los que no figuraron en ninguna lista este año se encuentra el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que ocupa un lugar en la Cámara alta hace 18 años, desde 2005. Anteriormente había sido diputado de 2003 a 2005. 

Tampoco fueron por otro mandato los bonaerenses del Pro Gladys González y José Torello; la riojana aliada del oficialismo Clara Vega; los misioneros Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana -ambos que habían ingresado en 2017 por el oficialismo provincial, aunque el primero forma parte hoy del FdT- y Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro; los sanjuaninos Cristina López Valverde y Rubén Uñac, y el riojano Ricardo Guerra, todos del oficialismo; la puntana María Eugenia Catalfamo, de Unidad Federal y el sanjuanino Roberto Basualdo, dentro del interbloque JxC. 

Tiene mala suerte en el Congreso el proyecto de trazabilidad de la pesca. Había obtenido dictamen el 16 de noviembre del año pasado, pero no llegó al recinto y perdió estado parlamentario a fines de 2022. Razón por la cual, y ante el consenso que tiene el tema, fue reflotado el 13 de junio precisamente para que se le volviera a dar dictamen en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios a una iniciativa que unifica proyectos impulsados por Carlos Selva (FdT) y Ximena García (UCR).

Pero si bien se especuló con la incorporación del tema en las sesiones posteriores, eso no sucedió, por lo que en la reunión del martes pasado se pidió un apartamiento del reglamento para sumarlo al temario de esa jornada. Lo planteó uno de los autores del proyecto, el oficialista Carlos Selva, quien hizo hincapié en el consenso que había tenido el tema en su tratamiento en comisión, donde fue aprobado por unanimidad, y se preocupó por afirmar dos veces que “este proyecto no va en contra de nadie”.

Si bien el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, se mostró un tanto remiso a incluirlo, terminó accediendo y se aprobó la incorporación del proyecto a la sesión con las ¾ partes de los diputados presentes. Sin embargo, al final de la reunión fue el único tema que quedó sin tratar, porque se cayó el quórum justo cuando tocaba abordarlo. Y de una manera curiosa, según advirtió la diputada Graciela Camaño, que calificó como “una vergüenza” lo que sucedía con el bloque del oficialismo que se estaba retirando sin tratar un proyecto “consensuado” y cuyo uno de sus autores era de esa misma bancada.

Le salió a contestar Leopoldo Moreau, que rechazó las dudas que había expresado su par -se había preguntado qué intereses tocaba el proyecto y si había intereses en que el proyecto no saliera-, aclarando que los diputados oficialistas se habían vuelto a sentar.

En realidad, no había sido así pues inmediatamente después la presidenta de la Cámara dio por concluida la sesión por falta de quórum.

Quedó toda la sensación de que no había intención de tratar la cuestión de la pesca. Primero, porque el último proyecto de ley tratado, cerca de las 6 de la mañana del jueves pasado, fue el Protocolo de Protección y Detección de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, sobre tablas y sin oradores. E inmediatamente después se procedió a autorizar las inserciones solicitadas por los diputados, como si estuviera decidido ya que ese sería el final. Tras ello se votaron a mano alzada un proyecto declaración y otro de resolución, ambos para expresar beneplácitos, y a continuación sucedió lo que ya contamos.

La pesca ilegal

La situación generó una denuncia del secretario general de la Democracia Cristiana porteña y presidente de la Fundación Argentina Azul, Carlos Lionel Traboulsi, quien este viernes se preguntó si el Gobierno nacional le está permitiendo a China pescar ilegalmente en el Mar Argentino a cambio de recibir yuanes.

“¿A eso fue ahora Alberto Fernández a China, para seguir negociando esto?”, insistió el dirigente, que a continuación planteó sus dudas respecto de lo sucedido en la madrugada del miércoles en el recinto de Diputados: “A pesar de haber sido consensuado en comisión de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de creación del sistema argentino de trazabilidad de la pesca y acuicultura, aproximadamente a las 6AM del miércoles 10 de octubre se levantaron unos 30 diputados K y de La Campora dejando sin quórum, procediendo en forma inmediata la presidente de la Cámara a levantar la sesión en vez de invitar a los que se levantaban a permanecer en sus lugares manteniendo el quórum”, expresó Traboulsi.

El dirigente admitió que “si bien se podrá volver a tratar en otra sesión de Diputados, lo cierto es que se mostró que hay intereses chinos e ingleses que son defendidos por cipayos legislativos”.

Y concluyó: “El convertir en ley la creación del sistema argentino de trazabilidad de la pesca y acuicultura permitirá controlar en toda su cadena desde la pesca hasta la mesa de los consumidores su origen y protección del trabajo argentino y la biodiversidad de nuestro mar y cuidado de los recursos naturales frente a la depredación extranjera. Es un paso importante para empezar a dar batalla y defender lo nuestro”.

Como suele suceder, en el transcurso de la extensa sesión de Diputados hubo una serie de apartamientos de reglamento, algunos de los cuales fueron atendidos. Uno de ellos fue el pedido para tratar un proyecto sobre abuso sexual infantil, que terminó siendo aprobado por unanimidad al cierre de la sesión.

Tras ello, el cuerpo se abocó a votar a mano alzada dos proyectos de declaración y resolución. El primero era un beneplácito por el segundo puesto obtenido en el Mundial de Robótica celebrado en Singapur por los alumnos mendocinos de la escuela Thomas Alva Edison. El siguiente, era de resolución y correspondía a un beneplácito por el Nobel de la Paz 2023 otorgado a la activista iraní Narges Mohammadi.

En ambos casos, el diputado Martín Tetaz pidió abstenerse. Pero a continuación, cuando la presidenta del Cuerpo se disponía a avanzar con el siguiente tema, correspondiente al proyecto de trazabilidad de la pesca, advirtió que la mayoría de los legisladores estaba preparándose para irse. “No quórum”, se le escuchó decir a Cecilia Moreau.

Advertida de la situación, pidió la palabra la diputada Graciela Camaño, que denunció que “lo que está haciendo el bloque del oficialismo es una vergüenza, porque el proyecto que vamos a tratar ha sido consensuado, ha sido profundamente tratado en la comisión… Es un proyecto que hasta es de iniciativa del propio bloque del oficialismo, que lo presentó por primera vez”.

A continuación, Camaño lanzó: “¿Qué debemos suponer? ¿Qué intereses toca el proyecto? ¿Debemos suponer que hay gente comprometida y con intereses en que el proyecto no salga?”.

Luego señaló que el proyecto en cuestión busca “asegurarle a la población las posibilidades de tener la pesca debidamente trazaa, controlada. El proyecto dice ‘del mar al plato’”.

Intervino entonces el diputado oficialista Leopoldo Moreau, que comenzó en tono tranquilo diciendo que probablemente a muchos integrantes de su bancada les había pasado lo mismo que a los de la oposición cuando se trataba el Plan de Ciencia 2030, que se levantaron, “al punto tal que el miembro informante (por Facundo Manes) dijo que estaba hablando para los radicales, no le adjudico ninguna intencionalidad… Probablemente se sentían cansados. De este lado hoy ocurrió lo mismo, y nos dimos cuenta y os volvimos a sentar”.

Y a continuación estalló: “Lo que es inadmisible es que usted hable de intereses oscuros que pueden haber dictado nuestra conducta. Así que le pido que retire esa expresión, porque no tiene nada que ver con la realidad, y además forma parte de una pedagogía que siempre quiere imponernos como si fuera una maestra ciruela… Basta de tener esos discursos”.

Lo cierto es que a continuación, su hija y presidenta de la Cámara dictó la sentencia esperada: “No habiendo quórum, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, queda levantada la misma”.

Qué dice el proyecto sobre trazabilidad de la pesca

A través de esta iniciativa se establece “un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada”.

Lo establecido por la ley será de orden público y regirá para todo el territorio de la Nación, alcanzando a la actividad comercial. En tanto, la pesca de supervivencia queda excluida.

Entre los objetivos del sistema, figura el de “garantizar la legalidad, seguridad, inocuidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena”; “asegurar la autenticidad de la información trazada así como su disponibilidad en favor del Estado y de cada actor de la cadena productiva”.

También el de “resguardar el derecho de acceso a la información por parte de los consumidores en relación a la procedencia de los productos comercializados”; “simplificar los procedimientos administrativos” y “promover la eficiencia del sector público y privado mediante la generación de información útil, auténtica y automatizada”.

El sistema único deberá requerir como mínimo información sobre: identificación de cada lote de materia prima; identificación de la embarcación pesquera; la fecha y localización geográfica de la captura o la fecha de producción; entre otros puntos.

A su vez, la reglamentación establecerá la información que deberá incluirse en relación a cada etapa del proceso de trazabilidad.

Los productos importados que ingresen al país cumplirán todas las normas a más tardar dentro de los 3 años de publicada la reglamentación de la ley.

Se instruye al Poder Ejecutivo Nacional para establecer líneas de crédito, a tasas subsidiadas, para el apoyo financiero de los sujetos alcanzados por el sistema.

Además, se establecen sanciones y multas para infractores. La multas irán de los 1.000 UT a los 200.000 UT. La UT es equivalente al precio de un litro de combustible gasoil.

Recientemente tomó estado público la suspensión de la reunión en la que se iban a presentar los datos argentinos del proyecto “SPRINT Transición Sostenible de Protección Vegetal: un enfoque de salud global”, comunicada por las autoridades del INTA. En ese marco, la investigadora especialista del proyecto, Virginia Aparicio, debía presentar los resultados argentinos de su estudio el día 21 de junio de manera virtual; sin embargo, esa reunión virtual no se realizó.

Según pudo saberse, el motivo de la no presentación de datos fue una comunicación del INTA, que instruyó a la investigadora a suspender la difusión de los resultados con fundamentos escuetos y generales.

Iniciado en 2008, el proyecto internacional SPRINT está destinado a evaluar la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina, y está respaldado por la FAO, organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación.

Argentina y otros once países llevan adelante la investigación en un esfuerzo de coordinación internacional que incluye protocolos acordados para todos los países participantes, muestreos y divulgación de datos preliminares y finales entre otros aspectos. El único dato preliminar que se conoce del estudio realizado en el año 2021 indicaba que, en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos, se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) pidió que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informe de manera detallada y pormenorizada qué acciones ha llevado adelante el organismo a los fines de la difusión de los resultados nacionales. También reclamó que, en caso de haberle indicado a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio a suspender la comunicación pública de los resultados, las razones de tal decisión.

Pide Camaño saber si los resultados obtenidos por Aparicio daban cuenta de una alta presencia de plaguicidas no solo en los cultivos, sino también en el agua, aire y cuerpos humanos, lo cual para la diputada “comporta un potencial peligro para la salud”.

También indaga en su proyecto de resolución, habida cuenta de que los datos preliminares de 2021 de dicho estudio surgen la presencia de plaguicidas en el ambiente y en muestras biológicas humanas, apunte qué medidas implementó o postula recomendar a nivel país.

“Cada año se intoxican cerca de 3 millones de personas por la exposición a agrotóxicos y biocidas y/o alguno de sus derivados, varios de estos prohibidos en gran parte del mundo y Europa”, sostiene la diputada Camaño en su proyecto, donde recuerda que “en las últimas dos décadas, se ha intensificado el uso de productos biocidas sintéticos que incrementan el riesgo para la salud de las poblaciones aledañas, y el deterioro del ambiente y de los procesos ecológicos fundamentales para el sostenimiento de la vida”.

Un informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) señaló que “el consumo de plaguicidas aumentó un 858 % en los últimos 22 años, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50 % y el rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30%”. Ante ello, Camaño considera que “la suspensión instruida por el (INTA) nos conmina exigir de las autoridades competentes toda la información acerca de sus motivos y fundamentos para restringir la publicación de los resultados argentinos del proyecto SPRINT”.

Los diputados nacionales Graciela Camaño (identidad Bonaerense), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), y el presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, presentaron un proyecto para impulsar un Régimen Nacional de Promoción del Hidrógeno Verde.

El texto busca promover y fortalecer la producción y el uso del hidrógeno verde como combustible y vector energético, diversificando la matriz energética en pro de un desarrollo sostenible y consciente con el medio ambiente hacia una descarbonización de la economía.

Entre los objetivos plantearon impulsar la descarbonización de la matriz energética y productiva nacional; fomentar la producción de origen renovable con destino al mercado interno y la exportación; promover la participación privada, pública y mixta en la producción; incentivar el desarrollo y la producción de los equipos destinados a la utilización, el almacenamiento y el transporte del hidrógeno; incentivar la producción de hidrógeno a nivel industrial a partir de energías renovables para satisfacer mercados regionales e internacionales.

Respecto de los beneficiarios alcanza a las personas humanas domiciliadas en la República Argentina y/o las personas jurídicas constituidas en ella, o que se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, que sean titulares de proyectos de inversión o de inversiones destinadas a la producción y uso de hidrógeno de origen renovable.

Quedarán excluidos quienes estén declarados en estado de quiebra querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General Impositiva; por la entonces Dirección General Impositiva; denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros; las personas jurídicas en las que sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros; condenados en el marco de causas penales iniciadas por denuncias realizadas por la AFIP.

El proyecto tendrá un plazo de 30 años contados desde la reglamentación de la ley y propone como beneficios lo referente al IVA y al impuesto a las Ganancias; podrán obtener crédito fiscal intransferible hasta el veinte por ciento (20%) de las contribuciones patronales utilizados en 24 meses. También establece que el hidrógeno producido no estará alcanzado por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural; desgravación de los derechos de exportación y un abono de una alícuota del 50% cuando supere el monto anual.

En tanto, propone que la autoridad de aplicación, la cual será designada por el Poder Ejecutivo, emitirá un Certificado de Inclusión al Régimen de Hidrógeno. Además, el Banco Central de la República Argentina será el encargado de promover líneas de crédito a tasa subsidiada que financien proyectos de inversión o inversiones destinadas a la producción y uso de hidrogeno de origen renovables.

En el texto también impulsan la creación de un Consejo Federal del el Hidrógeno el que se integrará con la participación de dos representantes del Ejecutivo, un representante de las provincias y uno de CABA, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, uno del sector de la industria del Hidrógeno y uno del sector de los trabajadores.

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Por el incumplimiento de la norma plantea como sanciones la suspensión en el goce del beneficio por un período de entre dos meses y un año o caducidad parcial o total del tratamiento otorgado; una multa de hasta el 100% del impuesto acreditado o devuelto; pago de los tributos no ingresados, con más sus intereses y accesorios.

“Los titulares de proyectos de producción de hidrógeno de origen renovable beneficiarios del presente régimen tendrán garantizada la libre aplicación de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a los proyectos aprobados hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto, para poder ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales y/o financieros con el exterior. El MINISTERIO DE ECONOMÍA podrá incrementar el monto de libre aplicación en proporción a las exportaciones incrementales de la cadena de proveedores del titular del proyecto, en las formas y condiciones que establezca la normativa complementaria”, propone.

Por último, plantea que el Ejecutivo reglamentará la ley dentro de los 90 días de su publicación y propone la derogación de la Ley 26.123 sancionada en 2006.

 El 29 de mayo de este año desde el Gobierno nacional, con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, enviaron a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción del hidrógeno.

En su intervención durante la sesión de Diputados de este martes, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) respaldó el proyecto de impuesto a las Ganancias y adelantó su voto positivo porque “el salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría, esa es la virtud que tiene esta legislación”.

“Mi análisis no va a ser ni político ni económico, se va a enmarcar estrictamente en lo jurídico porque creo que lo que estamos discutiendo un cambio de paradigma. Yo vengo a apoyar este proyecto con la posibilidad de ver cristalizado un pensamiento nuevo en materia de salarios”, anticipó Camaño.

Así, recordó que “esta iniciativa se sostiene en esos carteles que el movimiento obrero viene blandiendo y que diputados y senadores de diferentes partidos y en diferentes momentos aprovecharon la foto para sacarse que decía ‘el salario no es ganancia’”.

“Esta frase parece ser una frase de campaña se apalanca conceptualmente en el terreno jurídico, responde y adscribe al modo en el que el salario resulta concebido en la propia Constitución Nacional como derecho económico social de segunda generación producto del advenimiento del constitucionalismo no en nuestro país, en el mundo, que atraviesa los tiempos y mantiene arraigos dentro de un Estado social de derecho”, planteó y sumó: “Por lo tanto, a partir de esa premisa, la iniciativa relativiza aspectos económicos, ni pretende reformular en términos amplios ni muchos menos sistémico la política tributaria el proyecto del que se trata”.

Según la diputada miembro del interbloque Federal “el concepto de remuneración que, si bien reviste un carácter oneroso, supone un ingreso que es fruto del esfuerzo del trabajo a favor de otra persona, viene aquí a obtener por poner su fuerza de trabajo, no una ganancia dado que supone el rédito a favor de quien se vale de su prestación laboral para obtener el ingreso”.

“Dada su importancia y el carácter alimenticio que representa la remuneración para el trabajador, la legislación laboral infra constitucional ha ido desarrollando un gran control para resguardar el derecho a que el trabajo la perciba de manera íntegra y oportuna al mismo tiempo que lo proteja frente al empleador, a los acreedores del empleador, frente al propio trabajador, frente a los acreedores del trabajador, y frente al Estado con el objetivo de preservar el principio de intangibilidad de la remuneración y en garantía de que ella sea percibida en forma efectiva por el trabajador, la ley de contratos fija una serie de formalidades que deben respetarse”, planteó Camaño.

En esa línea, señaló que “una de ellas establece las limitaciones a las compensaciones, retenciones y descuentos. La legislación laboral ha prohibido efectuar retenciones o compensaciones sobre los salarios, es evidente que el mismo llegue íntegro al poder del trabajador. Esta prohibición, si bien no es absoluta, la propia ley fija excepciones, pero no está este impuesto que se le ha impuesto a los trabajadores”.

“El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de la ley y nuestra Constitución menciona al salario como una retribución justa, luego lo denomina salario cuando estable el carácter alimentario, lo menciona como remuneración al establecer el principio de igual remuneración por igual tarea”, indicó y resaltó que “los salarios gozan de plena protección constitucional y tiene plenas características alimentarias”.

Así, precisó que “la Organización Internacional del Trabajo desea determinar correctamente qué es el salario más allá de las partes o relación laboral. Determina que en toda relación laboral el empleador debe una contraprestación al trabajador que se llama salario bajo el derecho protectorio”.

“La protección legal del salario abarca todos los momentos del salario. El Régimen Protectorio vigente constitucional, Ley de Contrato de Trabajo, Convenios de la Organización Internacional protegen al salario en todo su devenir. El salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría, esa es la virtud que tiene esta legislación. Al ser una ley le da legalidad que requiere constitucionalmente en materia tributaria”, manifestó.

Sin embargo, Camaño señaló que “es un impuesto coparticipable por lo que incide en la masa de coparticiparon que les corresponde a las provincias por lo que el Ejecutivo tiene la obligación de minimizar el impacto porque el 61% les corresponde a las provincias. Es necesario que se defina y resuelva esta masa de coparticipación que se les retrae a las provincias”.

“No creo que los argentinos sientan su voto influido por una ley así, este tema lo venimos pidiendo hace años. No me voy a perder la oportunidad de mantener la coherencia y he dicho siempre”, cerró.

Fallecido hace pocos días, quien fuera senador y diputado nacional –en ese orden- durante muchos períodos, Oraldo Britos, recibió este martes un homenaje en la Cámara de Diputados. Fue la diputada Graciela Camaño la encargada de rendirlo, y al hacerlo hizo hincapié en el sentido especial que tenía hacerlo en un día como este, “en el contexto de esta sesión”.

“Era un dirigente sindical, fue un puntano mercedino orgulloso de su Mercedes natal, que con mucho esfuerzo y sacrificio, formando parte de lo que fueron las juventudes sindicales ferroviarias en ese entonces, comenzó a marcar una trayectoria en el sindicalismo y la política”, detalló la diputada, que recordó que Britos fue primero dirigente sindical, y más tarde, con el advenimiento de la democracia, en su condición de senador de la Nación, en 1973. Un cargo que tuvo que dejar cuando el golpe del 76. Y al que volvió al recuperarse la democracia en 1983.

“Oraldo estuvo aquí también representando a su San Luis natal –dijo-. En 1995 tuvimos el gusto de tenerlo como colega en esta Cámara”.

Camaño destacó la “profusa producción legislativa en favor de los trabajadores” de Oraldo Britos, y enfatizó luego que “como consecuencia de la pérdida de brújula de algunos dirigentes sindicales, se denuesta muchas veces al movimiento obrero”, y recordó que “Oraldo solía decir siempre que los dirigentes sindicales tenían la obligación de prepararse, la obligación de estudiar, y la obligación de saber, porque los saberes de un sindicalista eran la única herramienta con la que podían contar, además del apoyo de los trabajadores a la hora de sentarse a discutir su salario”, y reiteró que Oraldo Britos “pensó en un sindicalismo que se preparara constantemente”.

Graciela Camaño destacó sobre el final que “aquel que fue diputado lo es toda la vida” y pidió finalmente un minuto de silencio en su memoria.

Al exponer sobre el dictamen de minoría, la diputada Graciela Camaño aludió sin nombrar al discurso que acababa de expresar el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, diciendo que “venimos a este recinto sin tanta petulancia, y a la hora de evaluar el tiempo de duración de la ley, que supuestamente es planteado como un mérito, quiero informar que en ese mismo período en la Argentina hubo un 476% de inflación. Entonces, las leyes… bueno, podemos encenderlas con discursos y todas las cosas que se dicen acá adentro, pero a la hora de la efectividad conducente de la norma, evidentemente algún problema tenemos”.

“Modestamente lo único que nos proponemos con el dictamen de la minoría es intentar mejorar la oferta”, sostuvo la diputada de Identidad Bonaerense.

Camaño dijo que la falta de programas habitacionales “es también un problema del que no se hace cargo nadie”. Y en síntesis, reconoció que “no hay una resolución definitiva de este problema. El que hoy venga a decir que viene a pelear por ‘los derechos de’, que mire la historia para ver todo lo que no hicimos ‘por los derechos de’”.

La diputada nacional aseguró que “venimos a poner un poquito para el problema de la oferta. Hay una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado”.

Camaño recordó que el período de negociación era un problema, por lo cual en el dictamen de minoría retrayeron el período a 2 años. “Fijamos períodos de ajustes que tienen un límite en los 4 meses y también parámetros del valor de ajustes y una serie de incentivos fiscales”.

A continuación, detallamos uno de los cambios hechos al dictamen de minoría:

“En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único  y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”, dice el dictamen de minoría, donde se eliminó la parte donde se establecía una periodicidad de “entre tres (por intervalos de 3) y doce (12) meses”.

Otra modificación: “A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Referentes históricos de sus respectivos bloques, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, culminarán sus mandatos el próximo 10 de diciembre y dejarán el Congreso, dado que no competirán en ninguna de las listas en estas elecciones.

Uno de los casos más salientes es el del cordobés Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, quien cumplirá en diciembre 24 años como diputado nacional, cargo que desempeñó de 1993 a 2001, de 2003 a 2007 y de 2011 a la actualidad.

El radical, que comandó la bancada de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Cambiemos, decidió no presentarse este año en disconformidad con que no haya lista de unidad para legisladores nacionales, producto de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Si bien ambos le ofrecieron ser parte de sus nóminas en el distrito, Negri no aceptó por no sentirse cómodo con la “balcanización” del interbloque.

Otra referente histórica que se irá el 10 de diciembre será Graciela Camaño, actualmente diputada por el bloque Identidad Bonaerense, quien ocupa una banca en la Cámara baja de forma ininterrumpida desde hace 20 años, es decir, ha ejercido cinco mandatos desde 2003. Pero, en total, fue legisladora por 28 años, ya que antes de 2003 tuvo dos mandatos de 1989 a 1993 y de 1997 a 2001.

Con tres mandatos completos y uno que ejerció por la mitad, otra de las bajas significativas de Juntos por el Cambio será el macrista Pablo Tonelli. Fue diputado de 2005 a 2007 y ocupa una banca desde 2011 hasta ahora. Ya en diciembre pasado, cuando decidió no renovar su lugar en el Consejo de la Magistratura, había resuelto que no sería candidato en las elecciones de este año.

Por el lado del Frente de Todos, se retirará el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja. El paso del dirigente peronista por el Congreso fue como diputado nacional de 1991 a 1995; senador nacional de 1995 a 2003 -siendo presidente provisional de la Cámara alta de diciembre de 2002 a mayo de 2003-; y nuevamente diputado nacional desde 2015 a la actualidad.

Más legisladores destacados que no renuevan

En el oficialismo, entre los legisladores a quienes se les vencen sus mandatos y no figuran en las listas aparecen el entrerriano Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; el pampeano Hernán Pérez Araujo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el bonaerense massista Carlos Selva; la porteña Mara Brawer; y el bonaerense Federico Fagioli, uno de los tres diputados referenciados en Juan Grabois -sus otros dos compañeros sí están anotados por la renovación-.

También la fueguina Rosana Bertone, quien se desempeñó como diputada nacional de 2001 a 2013, como senadora nacional de 2013 a 2015, y nuevamente en la Cámara baja desde 2019.

Por el lado de Juntos por el Cambio tampoco irá por un nuevo mandato el radical Miguel Bazze, quien juró por primera vez como diputado nacional en 2011 y desde entonces no se movió de ese ámbito; el legislador del Pro Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara baja que peleará contra Alfredo Cornejo por la gobernación de Mendoza; María Luján Rey, parte del bloque macrista, y quien se encuentra atravesando una dura enfermedad; y Federico Angelini, presidente del partido Pro -en reemplazo de Patricia Bullrich-.

La lista incluye al misionero Diego Sartori, integrante del interbloque Provincias Unidas, que ha actuado como aliado del oficialismo en la Cámara de Diputados; y al socialista Enrique Estévez, dentro del interbloque Federal.

Senado

En lo que respecta al Senado, donde ocho provincias renuevan a sus representantes, hay varios anotados por la reelección o algunos en listas de diputados nacionales, pero entre los que no figuran en ninguna nómina está el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que ocupa un lugar en la Cámara alta hace 18 años, desde 2005. Anteriormente había sido diputado de 2003 a 2005.

Tampoco será candidata su comprovinciana María Eugenia Catalfamo, del riñón de Alberto Rodríguez Saá, una de las senadoras que abandonó el Frente de Todos en febrero de este año.

La tanda se completa con los bonaerenses del Pro Gladys González y José Torello; la riojana aliada del oficialismo Clara Vega; los misioneros Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana -ambos que habían ingresado en 2017 por el oficialismo provincial, aunque el primero forma parte hoy del FdT- y Humberto Schiavoni, del Pro; y la sanjuanina Cristina López Valverde del oficialismo.

Como suele suceder en los años electorales, en el Congreso ha disminuido la actividad legislativa. Más aún este año, en el que por no reunir el oficialismo mayoría en ninguna de las dos cámaras, la labor legislativa ha menguado sustancialmente. Sobre todo en el Senado.

Lo que no disminuye es la presentación de proyectos.

Así lo demuestra un trabajo realizado por parlamentario.com en ambas cámaras, contemplando las iniciativas presentadas en lo que va del período ordinario hasta el 30 de junio pasado.

Según ese análisis, dos diputados opositores comparten el primer lugar en cuanto a proyectos de ley, con 32 proyectos cada uno; en tanto que en el Senado, lidera una senadora rionegrina con 38.

Cámara baja

Veamos los tres rubros de Diputados, donde llevan la delantera los diputados Alberto Asseff y Graciela Camaño, como dijimos con 32  proyectos presentados cada uno, en tanto que completa el podio la oficialista catamarqueña Silvana Ginocchio, con 27 proyectos.

En el caso del diputado que integra el bloque Pro, viene prestándole especial atención a las reformas del Código Penal de la Nación, siendo el último que presentó en esa materia uno del 13 de junio que modifica el artículo 92 bis sobre Protección y Seguridad del Personal Médico, de la Salud y Docentes. También tiene otra reforma del Código Penal, para modificar un artículo prohibiendo ejercer cualquier actividad laboral a personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la  integridad sexual.

Asseff también ha presentado un proyecto de ley para excluir de la posibilidad de amnistía, indulto o conmutación de penas para casos de delitos cometidos contra la administración  pública, la seguridad de la Nación y la libertad nacional.

Veamos el caso de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien presentó todos sus proyectos de ley registrados en el primer cuatrimestre. Siendo el último para modificar la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental.

Camaño tiene también un proyecto que prohíbe la caza con perros; un nuevo régimen de publicidad oficial; y una gratificación anual complementaria para jubilados y pensionados (el haber jubilatorio número 14).

Como dijimos, tercera se ubica Silvana Ginocchio, autora de un proyecto para crear el Plan Nacional para la protección integral para infancias y adolescencias con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También impulsa la capacitación obligatoria en protección de los derechos humanos de las personas mayores  para personas que integren los tres poderes del Estado.

En materia de proyectos de declaración, no han sido tantos hasta ahora este año. La oficialista Eugenia Alianiello lidera en la materia junto con Romina del Plá, ambas con 13 proyectos.

En cuanto a proyectos de resolución, lidera este rubro la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri, con 43, cinco más que Gisela Marziotta (FdT).

El Senado

Decíamos que en materia de proyectos de ley -los más importantes- lideró en la primera mitad del año la rionegrina Silvina García Larraburu, con 38, seguida por la riojana Clara Vega, con 37. En tercer lugar quedó la neuquina Lucila Crexell, con 33 iniciativas.

García Larraburu, ha impulsado un proyecto para prohibir utilizar el síndrome de alienación parental y otros diagnósticos mentales o psiquiátricos no nomenclados. Es autora además de un proyecto para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos; y otro que crea un programa de educación en el uso de redes sociales para niños y adolescentes.

Por su parte, la senadora Clara Vega, entre sus 37 proyectos impulsa uno de financiamiento para la adquisición de maquinaria agrícola. Asimismo ha presentado un proyecto para promover el pago seguro con tarjetas de crédito y/o débito y/o de los datos de las tarjetas mediante el pago seguro para evitar delitos informáticos o el phishing.

Quien quedó en tercer lugar es Lucila Crexell, quien es autora de un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental contra la contaminación acústica; como así también uno para regular la transición de gobierno entre el presidente saliente y el entrante, garantizando que este último pueda recibir de su antecesor los datos e información necesarios sobre el estado general de la administración pública, como así también garantizar un traspaso ordenado de los atributos presidenciales.

En cuanto a proyectos de declaración, va en punta el oficialista chaqueño Antonio Rodas, con 117 proyectos, seguido por un comprovinciano radical, Víctor Zimmermann, con 99 proyectos, seguido de la fueguina María Eugenia Duré  y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, ambas con 60 proyectos.

Hay en el Senado proyectos de comunicación y en esa materia lidera el sanjuanino Roberto Basualdo, con 38, seguido por el salteño Sergio Leavy (23).

Por último, pocos son los proyectos de resolución que se presentan,

Figurando al frente Carolina Losada y Víctor Zimmermann, con 4.

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

Alberto Asseff	32 proyectos
Graciela Camaño	32 proyectos
Silvana Ginocchio	27 proyectos
Soledad Carrizo	24 proyectos
Graciela María Caselles	21 proyectos
Silvia Lospennato	21 proyectos
Ana Carla Carrizo	20 proyectos
Paula Oliveto	20 proyectos
María Lucila Masin	19 proyectos
Marcela Campagnoli	18 proyectos
Gisela Marziotta	18 proyectos
Rossana Chahla	17 proyectos
Graciela Ocaña	17 proyectos
Dina Rezinovsky	17 proyectos
Carlos Raúl Zapata	16 proyectos
Gustavo Bouhid	15 proyectos
Mónica Macha	15 proyectos
Francisco Sánchez	15 proyectos
Karina Banfi	14 proyectos
Hernán Pérez Araujo	14 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Declaración

Eugenia Alianiello	13 proyectos
Romina del Plá	13 proyectos
Mabel Caparrós	12 proyectos
María Lucila Masín	10 proyectos
Eduardo Toniolli	8 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyecto de Resolución

Victoria Morales Gorleri	43 proyectos
Gisela Marziotta	38 proyectos
Karina Bachey	25 proyectos
Diego Sartori	25 proyectos
Micaela Morán	23 proyectos
Silvana Ginocchio	21 proyectos
Silvia Lospennato	18 proyectos
Soledad Carrizo	16 proyectos
Susana Landriscini	16 proyectos
Alberto Asseff	15 proyectos
Graciela Ocaña	15 proyectos
Marcela Passo	15 proyectos
Ricardo López Murphy	14 proyectos
Carlos Ybrhain Ponce	14 proyectos
Carlos Raúl Zapata	13 proyectos
Graciela Camaño	12 proyectos
Enrique Estévez	12 proyectos
Florencia Klipauka Lewtak	12 proyectos
María Victoria Tejeda	12 proyectos
María Sotolano	11 proyectos
Estela Hernández	10 proyectos
Fernando Iglesias	10 proyectos
Hernán Pérez Araujo	10 proyectos
Margarita Stolbizer	10 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

CAMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

Silvina García Larraburu	38 proyectos
Clara Vega	37 proyectos
Lucila Crexell	33 proyectos
Anabel Fernández Sagasti	29 proyectos
Antonio Rodas	27 proyectos
Roberto Basualdo	21 proyectos
Gladys González	19 proyectos
Daniel Bensusán	18 proyectos
Silvia Giacoppo	16 proyectos
Pablo Daniel Blanco	14 proyectos
Sergio Leavy	11 proyectos
Julio César Martínez	10 proyectos
Juan Carlos Romero	10 proyectos
Silvia Sapag	10 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Declaración

Antonio Rodas	117 proyectos
Víctor Zimmermann	99 proyectos
María Eugenia Duré	60 proyectos
María Inés Pilatti Vergara	60 proyectos
Nora del Valle Giménez	54 proyectos
Sergio Leavy	53 proyectos
Silvina García Larraburu	47 proyectos
Clara Vega	37 proyectos
Ana María Ianni	26 proyectos
Juan Carlos Romero	21 proyectos
Cristina López Valverde	19 proyectos
Daniel Bensusán	18 proyectos
Pablo Daniel Blanco	16 proyectos
Adolfo Rodríguez Saá	14 proyectos
Marcelo Lewandowski	13 proyectos
Beatriz Avila	12 proyectos
Sandra Mendoza	12 proyectos
Stella Maris Olalla	12 proyectos
Julio César Martínez	11 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyecto de Comunicación

Roberto Basualdo	38 proyectos
Sergio Leavy	23 proyectos
Pablo Daniel Blanco	11 proyectos
Julio César Martínez	8 proyectos
Luis Alfredo Juez	6 proyectos
Ignacio Torres	6 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Resolución

Carolina Losada	4 proyectos
Víctor Zimmermann	4 proyectos
Lucila Crexell	3 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Referentes históricos de sus respectivos bloques, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, culminarán sus mandatos el próximo 10 de diciembre y dejarán el Congreso, según se desprende del último cierre de listas que los dejó afuera, aunque varios de ellos han asegurado que se trató de una decisión personal. 

Uno de los casos más salientes es el del cordobés Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, quien cumplirá en diciembre 24 años como diputado nacional, cargo que desempeñó de 1993 a 2001, de 2003 a 2007 y de 2011 a la actualidad. 

El radical, que comandó la bancada de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Cambiemos, decidió no presentarse este año en disconformidad con que no haya lista de unidad para legisladores nacionales, producto de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Si bien ambos le ofrecieron ser parte de sus nóminas en el distrito, Negri no aceptó por no sentirse cómodo con la “balcanización” del interbloque. 

Otra referente histórica que se irá el 10 de diciembre será Graciela Camaño, actualmente diputada por el bloque Identidad Bonaerense, quien ocupa una banca en la Cámara baja de forma ininterrumpida desde hace 20 años, es decir, ha ejercido cinco mandatos desde 2003. Este año, tras la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, ratificó: “Yo me voy a ir del Congreso, eso lo tengo decidido”. En total, fue legisladora por 28 años, ya que antes de 2003 tuvo dos mandatos de 1989 a 1993 y de 1997 a 2001.

Con tres mandatos completos y uno que ejerció por la mitad, otra de las bajas significativas de Juntos por el Cambio será el macrista Pablo Tonelli. Fue diputado de 2005 a 2007 y ocupa una banca desde 2011 hasta ahora. Ya en diciembre pasado, cuando decidió no renovar su lugar en el Consejo de la Magistratura, había resuelto que no sería candidato en las elecciones de este año. 

Por el lado del Frente de Todos, se retirará el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, quien está anotado en la pelea por la gobernación en San Juan, cargo que ocupó de 2003 a 2015. El paso del dirigente peronista por el Congreso fue como diputado nacional de 1991 a 1995; senador nacional de 1995 a 2003 -siendo presidente provisional de la Cámara alta de diciembre de 2002 a mayo de 2003-; y nuevamente diputado nacional desde 2015 a la actualidad. 

Más legisladores destacados que no renuevan

En el oficialismo, entre los legisladores a quienes se les vencen sus mandatos y quedaron sin lugar en las listas aparecen el entrerriano Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; el pampeano Hernán Pérez Araujo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el bonaerense massista Carlos Selva; la porteña Mara Brawer; y el bonaerense Federico Fagioli, uno de los tres diputados referenciados en Juan Grabois -sus otros dos compañeros sí están anotados por la renovación-. 

También la fueguina Rosana Bertone, quien se desempeñó como diputada nacional de 2001 a 2013, como senadora nacional de 2013 a 2015, y nuevamente en la Cámara baja desde 2019. 

Por el lado de Juntos por el Cambio tampoco irá por un nuevo mandato el radical Miguel Bazze, quien juró por primera vez como diputado nacional en 2011 y desde entonces no se movió de ese ámbito; el legislador del Pro Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara baja que peleará contra Alfredo Cornejo por la gobernación de Mendoza; María Luján Rey, parte del bloque macrista, y quien se encuentra atravesando una dura enfermedad; y Federico Angelini, presidente del partido Pro -en reemplazo de Patricia Bullrich-, que competirá en Santa Fe como precandidato a vicegobernador de Carolina Losada. 

La lista incluye al misionero Diego Sartori, integrante del interbloque Provincias Unidas, que ha actuado como aliado del oficialismo en la Cámara de Diputados; y al socialista Enrique Estévez, dentro del interbloque Federal, que competirá en las elecciones provinciales como precandidato a intendente de Rosario. 

Senado 

En lo que respecta al Senado, donde ocho provincias renuevan a sus representantes, hay varios anotados por la reelección o algunos en listas de diputados nacionales, pero entre los que no figuran en ninguna nómina está el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que ocupa un lugar en la Cámara alta hace 18 años, desde 2005. Anteriormente había sido diputado de 2003 a 2005. 

Tampoco será candidata su comprovinciana María Eugenia Catalfamo, del riñón de Alberto Rodríguez Saá, una de las senadoras que abandonó el Frente de Todos en febrero de este año. 

La tanda se completa con los bonaerenses del Pro Gladys González y José Torello; la riojana aliada del oficialismo Clara Vega; los misioneros Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana -ambos que habían ingresado en 2017 por el oficialismo provincial, aunque el primero forma parte hoy del FdT- y Humberto Schiavoni, del Pro; y la sanjuanina Cristina López Valverde del oficialismo. 

Ciento treinta son los diputados nacionales cuyos mandatos vencen a fin de año, entre ellos numerosos pesos pesado. Por citar solo dos casos, deberían concluir los mandatos de Graciela Camaño y Mario Negri. De 70 años, la diputada de Identidad Bonaerense cumplirá en diciembre 29 años en la Cámara, veinte de ellos consecutivos. En el caso del radical cordobés, tiene 60 años y va a cumplir este 24 años, la mitad de ellos consecutivos en Diputados.

Atento a que este año se renuevan los diputados electos en 2019, elección que ganó con amplitud el Frente de Todos, ese espacio es el que más pone en juego esta vez: 68 escaños. Derrotado tras una gran remontada con relación a lo que habían sido las PASO, Juntos por el Cambio pone en juego 55 lugares.

Los bloques del medio, un espacio reducido compuesto por 23  escaños, arriesgan solo 7 bancas esta vez. Hagamos primero una radiografía de este sector. De los 7 que tendrían que irse, dos son del interbloque Provincias Unidas: el rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos somos Río Negro) y el misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) son los diputados a los que se les vence el mandato el 10 de diciembre. Esto es, la mitad de los miembros de ese interbloque de 4 se van este año.

También se va la mitad de los 8 integrantes del interbloque Federal. Dos de los tres de Identidad Bonaerense: la ya mencionada Graciela Camaño y el presidente del interbloque, Alejandro “Topo” Rodríguez (solo queda Florencio Randazzo de esa bancada); el socialista Enrique Estévez y uno de los tres schiarettistas, Carlos Gutiérrez.

El séptimo diputado que termina este año y no pertenece al oficialismo ni a la principal oposición es el riojano Felipe Alvarez (SER), que siempre se ha mostrado más afín a Juntos por el Cambio, el espacio por el que ganó su banca.

Los oficialistas que concluyen

De los 118 miembros del Frente de Todos, ya hemos dicho que 68 terminan sus mandatos el 10 de diciembre. Esto es, el 57% de los diputados del oficialismo terminan este año. De ese número, 19 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, donde el FdT cimentó su victoria de hace cuatro años.

De ese distrito son y concluyen este año nada menos que Máximo Kirchner y la actual presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau. También se van diputados clave como el presidente del bloque, Germán Martínez, y Rodolfo Tailhade, espada indispensable del kirchnerismo en materia judicial.

Otros que terminan este año son el diputado del Movimiento evita Leonardo Grosso y los massistas Ramiro Gutiérrez y Carlos Selva.

De los diputados alineados con Juan Grabois, no queda ninguno, pues a los tres de Patria Grande se les vence el mandato: Federico Fagioli, Itai Hagman y Natalia Zaracho. Y de la representación de los movimientos sociales, se va también Juan Carlos Alderete.

Varios presidentes de comisiones oficialistas concluyen sus mandatos, como el entrerriano Marcelo Casaretto, titular de la Comisión de Industria; como así también el salteño Lucas Godoy, titular de la Comisión de Legislación General; Blanca Osuna (Educación); Hernán Pérez Araujo (Asuntos Constitucionales) y Marisa Uceda (Previsión y Seguridad Social).

Vencen los mandatos de Eduardo Valdés y del vicepresidente segundo de la Cámara, el sanjuanino José Luis Gioja, que se postula este año para la gobernación de su provincia.

Además, concluye el mandato de la secretaria Parlamentaria del bloque Frente de Todos, Paula Penacca.

A continuación, todos los diputados oficialistas a los que se les vencen sus mandatos, por orden alfabético:

Hilda Clelia Aguirre (La Rioja); Juan Carlos Alderete (Buenos Aires); Alicia Aparicio (Buenos Aires); Carolina Natalia Arricau (Buenos Aires); Héctor “Cacho” Bárbaro (Misiones); Rosana Andrea Bertone (Tierra del Fuego); Fabián Antonio Borda (Corrientes); Lisandro Bormioli (Buenos Aires); Mara Brawer (CABA); María Cristina Britez (Misiones); Daniel Agustín Brue (Santiago del Estero); Guillermo Oscar Carnaghi (Neuquén); Nilda Mabel Carrizo (Tucumán); Marcelo Pablo Casaretto (Entre Ríos); Sergio Guillermo Casas (La Rioja); Graciela María Caselles (San Juan); Lía Verónica Caliva (Salta); Mabel Luisa Caparrós (Tierra del Fuego); Carlos Aníbal Cisneros (Tucumán); Marcos Cleri (Santa Fe); Anahí Costa (Catamarca); Ricardo Daniel Daives (Santiago del Estero); Nelly Ramona Daldovo (Formosa); Pedro Cristian Dantas (Río Negro); Gabriela Beatriz Estévez (Córdoba); Federico Fagioli (Buenos Aires); Eduardo Fernández (Córdoba); Daniel Julio Ferreyra (Jujuy); José Luis Gioja (San Juan); Lucas Javier Godoy (Salta); Leonardo Grosso (Buenos Aires); Ramiro Gutiérrez (Buenos Aires); Itai Hagman (CABA); Estela Hernández (Chubut); Santiago Nicolás Igón (Chubut); Máximo Carlos Kirchner (Buenos Aires); Florencia Lampreabe (Buenos Aires); Susana Graciela Landriscini (Río Negro); Mario Leito (Tucumán); Aldo Adolfo Leiva (Chaco); Juan Marino (Buenos Aires); María Rosa Martínez (Buenos Aires); Germán Pedro Martínez (Santa Fe); María Lucila Masin (Chaco); Vanesa Laura Massetani (Santa Fe); María Carolina Moisés (Jujuy); Cecilia Moreau (Buenos Aires); Graciela Navarro (Santiago del Estero); Estela Mary Neder (Santiago del Estero); Alejandra del Huerto Obeid (Santa Fe); Claudia Beatriz Ormachea (Buenos Aires); Blanca Inés Osuna (Entre Ríos); María Graciela Parola (Formosa); Paula Andrea Penacca (CABA); Hernán Pérez Araujo (La Pampa); Eber Albano Pérez Plaza (Mendoza); Carlos Ybrhain Ponce (San Luis); Nancy Sand (Corrientes); Carlos Américo Selva (Buenos Aires); Natalia Marcela Souto (Buenos Aires); Rodolfo Tailhade (Buenos Aires); Marisa Lourdes Uceda (Mendoza); Eduardo Félix Valdés (CABA); Jorge Guillermo Verón (Santa Cruz); Paola Vessvessian (Santa Cruz); Liliana Patricia Yambrún (Buenos Aires); Lucio Yapor (Buenos Aires) y Natalia Zaracho (Buenos Aires).

Los de Juntos por el Cambio

Como dijimos, la principal oposición pone en juego las 55 bancas obtenidas en 2019. Entre estos figuran los presidentes de los dos partidos principales de JxC: Cristian Ritondo (Pro) y el ya mencionado Mario Negri (UCR). También tienen fecha de vencimiento los mandatos del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y el hombre fuerte de Evolución Radical Emiliano Yacobitti.

También vencen los mandatos de la secretaria Parlamentaria Silvia Lospennato, de María Luján Rey y el referente jurídico del Pro Pablo Tonelli. Además, se va también el vicepresidente primero de la Cámara, el mendocino Omar De Marchi, y el presidente del Pro Federico Angelini, precandidato a gobernador de Santa Fe.

Por el radicalismo, vencen los mandatos de la vicepresidenta de esa bancada, Karina Banfi, Miguel Bazze, el pampeano Martín Berhongaray y Alejandro Cacace, estos dos últimos de Evolución Radical.

En la Coalición Cívica vencen los mandatos de 6 de sus 11 integrantes. Eran 7, pero la santafesina Laura Carolina Castets dejó esa bancada hace unos meses. Entre los que se van, ya citamos a Maxi Ferraro; también se va la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y portuarios, Mariana Zuvic, y el médico catamarqueño Rubén Manzi.

De los 55 diputados de JxC que se van, 24 son del Pro; 17 de la UCR; 6 de la Coalición Cívica y 5 de Evolución Radical. Los tres restantes son Sebastián García de Luca y Domingo Amaya, ambos de Encuentro Federal, el bloque de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó; Humberto Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo, aspirante a la gobernación de San Juan, y la mencionada Castets.

A continuación detallamos el listado de los diputados de JxC que terminan a fin de año:

Por el Pro, Alberto Asseff (Buenos Aires); Federico Angelini (Santa Fe); Virginia Cornejo (Salta); Camila Crescimbeni (Buenos Aires); Omar De Marchi (Mendoza); Soher El Sukaria (Córdoba); Federico Frigerio (Tierra del Fuego); Álvaro Gustavo González (CABA); Gustavo René Hein (Entre Ríos); Ingrid Jetter (Corrientes); María de las Mercedes Joury (Buenos Aires ); Silvia Gabriela Lospennato (Buenos Aires); Victoria Morales Gorleri (CABA); Gabriel Mraida (Buenos Aires); José Carlos Núñez (Santa Fe); María Luján Rey (Buenos Aires); Dina Rezinovsky (CABA); Cristian Adrián Ritondo (Buenos Aires); Adriana Noemí Ruarte (Córdoba); Francisco Sánchez (Neuquén); Alfredo Oscar Schiavoni (Misiones); Matías Taccetta (Chubut); Pablo Gabriel Tonelli (CABA) y Pablo Torello (Buenos Aires).

Del radicalismo, Lidia Inés Ascarate (Tucumán); Karina Banfi (Buenos Aires); Miguel Ángel Bazze (Buenos Aires); Ricardo Buryaile (Formosa); Marcos Gustavo Carasso (Córdoba); Gerardo Cipolini (Chaco); Ximena García (Santa Fe); Jimena Latorre (Mendoza); Gabriela Lena (Entre Ríos); Juan Martín (Santa Fe); Miguel Nanni (Salta); Mario Raúl Negri (Córdoba); Nieri Lisandro (Mendoza); Jorge Rizzotti (Jujuy); Víctor Hugo Romero (Córdoba); Nicolás Sebastián Salvador (Buenos Aires) y Jorge Vara (Corrientes).

Estos son los 5 de Evolución Radical: Martín Berhongaray (La Pampa); Alejandro Cacace (San Luis); Dolores Martínez (CABA) y Emiliano Yacobitti (CABA).

Los 6 de la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro (CABA); Mónica Edith Frade (Buenos Aires); Rubén Manzi (Catamarca); Leonor Martínez Villada (Córdoba); Mariana Stilman (Buenos Aires) y Mariana Zuvic (CABA).

Por último, se van Domingo Luis Amaya (Tucumán) y Sebastián García de Luca (Buenos Aires), de Encuentro Federal; Laura Carolina Castets (Valores Republicanos) y el sanjuanino, Humberto Marcelo Orrego (Producción y Trabajo).

A lo largo del año legislativo 2022, se presentaron 3.009 proyectos de ley. 2.108 fueron en la Cámara de Diputados y 901 en el Senado, según informó oportunamente el sitio Dequesetrata.com.ar. De todos ellos, la diputada del Frente de Todos Graciela Caselles es la que más proyectos de ley presentó a lo largo de ese año, uno más que Graciela Camaño.

En el Senado, la riojana María Clara del Valle Vega lideró ese ranking, con 58 iniciativas, seguida por la rionegrina Silvina García Larraburu, con 53.

Esos datos surgen de un informe realizado por Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa. El período analizado en el trabajo va del 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, de manera tal de contemplar todo el último período ordinario.

La presentación de proyectos es solo una parte de la actividad legislativa. Como dar discursos en el recinto, o participar en las comisiones. Cada legislador tiene funciones que prioriza en función de las necesidades de su bancada.

Están aquellos cuyas responsabilidades hacen priorizar otras cosas, como los jefes de bancadas. Es así que el jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue uno de los que no presentó proyectos de ningún tipo, al menos el año pasado (este año acaba de impulsar una reforma de las Sociedades de Acciones Simplificadas), o el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, cuyas funciones pasan fundamentalmente por encabezar la comisión más importante de la Cámara.

Los proyectos de ley son los más importantes y, como dijimos, la sanjuanina Graciela Caselles es la que más iniciativas de ese tipo presentó. Su última iniciativa del año pasado es una modificación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, adecuándola a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. También llegó a presentar una modificación del Código Penal de la Nación sobre alcohol cero para conductores. Es autora también de un proyecto para derogar las PASO.

Quien le sigue en la Cámara baja, Graciela Camaño, ha presentado a lo largo de su extensa carrera legislativa nada menos que 566 proyectos de ley. El último que presentó el año pasado data del 18 de octubre, y tiene que ver con la aprobación de disposiciones aplicadas en el Protocolo de Torremolinos de 1993, referido a la seguridad de buques pesqueros.

También es autora de un proyecto para proteger los humedales, y una reforma del Código de Minería, prohibiendo la actividad extractiva en los fondos marinos.

En el Senado, citábamos a la senadora Vega, cuyo último proyecto de ley fue presentado el 22 de febrero pasado y habla de campañas de concientización para niñas, niños y adolescentes denominadas “quereme, respétame, cuidame”.

También ha propuesto una modificación de la Ley sobre Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, creando el Registro Gratuito de directivas anticipadas para Personas Mayores.

El último proyecto de Silvina García Larraburu fue para declarar el estado de emergencia por heladas en el Alto y Medio Valle de la provincia de Río Negro, como así también ha presentado un proyecto para crear el Régimen de Promoción de la Olivicultura Patagónica. Es autora además de un proyecto para penar en el Código Penal la publicación y/o disminución de imágenes no consentidas de desnudez o videos de contenido sexual o erótico de personas.

Otros tipos de proyectos

En el Senado hay cuatro categorías de proyectos: de ley, de declaración, de resolución y de comunicación. En Diputados, no existen los de comunicación. En la Cámara alta, la formoseña Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) es la que más proyectos de declaración suscribió el año pasado: 232, seguida por el radical chaqueño Víctor Zimmermann (202).

El sanjuanino Roberto Basualdo presentó 98 proyectos de comunicación, y lidera ese ránking, a gran distancia del segundo: Juan Carlos Romero (29). En materia de proyectos de resolución, lidera la tucumana Beatriz Avila, con 11.

En Diputados, el santafesino Roberto Mirabella encabezó, con 45 proyectos, catorce más que la salteña Virginia Cornejo.

En proyectos de resolución, lideró Gerardo Milman, con 87 iniciativas de ese tipo, seguido por la catamarqueña Silvana Ginocchio, que presentó 72.

Los que menos presentaron

Solo ocho diputados no presentaron ningún proyecto de ningún tipo a lo largo del anterior período legislativo. Estos fueron Nelly Daldovo, Bernardo José Herrera, Javier Milei, Rodolfo Tailhade, Lucio Yapor, Natalia Zabala Chacur, y los ya citados Germán Martínez y Carlos Heller.

Los que no presentaron proyectos de ley el año pasado fueron Miguel Bazze, María Cristina Britez, Guillermo Carnaghi, Laura Castets, Susana Landriscini, Aldo Leiva, Nilda Moyano y Nancy Sand.

En la Cámara alta, no hubo ningún senador que no presentara ningún tipo de proyectos. No presentaron ni un proyecto de ley Martín Lousteau (presentó uno de declaración) y Humberto Schiavoni (autor de dos de comunicación).

CAMARA DE SENADORES

PROYECTOS DE LEY		PROYECTOS DE DECLARACION
1°) María Clara del Valle Vega	58	1°) Nora del Valle Giménez	232
2°) Silvana G. Larraburu	53	2°) Víctor Zimmermann	202
3°) Lucila Crexell	49	3°) Antonio Rodas	106
4°) Roberto Basualdo	48	4°) María Clara del Valle Vega	89
5°) Sergio Leavy	38	5°) María Eugenia Duré	88
6°) Beatriz Avila	33	6°) María Victoria Huala	62
7°) Antonio Rodas	32	7°) Beatriz Avila	58
8°) Anabel Fernández Sagasti	25	8°) Ana María Ianni	53
Gladys González	25	9°) Marcelo Lewandowski	51
10°) Silvia Sapag	23	10°) María Inés Pilatti Vergara	50
11°) Carlos Alberto Linares	21	11°) Cristina López Valverde	42
12°) Cristina López Valverde	20	12°) Pablo Daniel Blanco	41
Julio César Martínez	20	13°) Sergio Leavy	38
14°) Mario Fiad	18	14°) Silvina García Larraburu	37
15°) Daniel Bensusán	17	15°) Adolfo Rodríguez Saá	33
16°) Nora del Valle Giménez	16	16°) Julio César Martínez	32
		17°) Juan Carlos Romero	29
		18°) Silvia Giacoppo	27
		Carlos Linares	27
		20°) Sandra Mendoza	23
		21°) Lucila Crexell	19
		22°) Stella Maris Olalla	15

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN		PROYECTOS DE RESOLUCION
1°) Roberto Basualdo	98	1°) Beatriz Avila	11
2°) Juan Carlos Romero	29	2°) Víctor Zimmermann	8
3°) Lucila Crexell	28	3°) Dionisio Scarpin	6
4°) Ignacio “Nacho” Torres	27
5°) Pablo Daniel Blanco	24
Sergio Leavy	24
7°) María Clara del Valle Vega	16
Eduardo Vischi	16
Víctor Zimmermann	16
10°) Edith Terenzi	15

CAMARA DE DIPUTADOS

PROYECTOS DE LEY		DE DECLARACION		DE RESOLUCION
1°) Graciela Caselles	46	1°) Roberto Mirabella	45	1°) Gerardo Milman	87
2°) Graciela Camaño	45	2°) Virginia Cornejo	31	2°) Silvana Ginocchio	72
3°) Graciela Ocaña	41	3°) Gerardo Milman	28	3°) Gisela Marziotta	58
4°) Emiliano Estrada	39	Victoria Morales Gorleri	28	4°) Graciela Ocaña	57
5°) Alberto Asseff	37	5°) Estela Hernández	26	5°) Alberto Asseff	49
6°) Carla Carrizo	32	6°) Karina Bachey	24	6°) Carlos Zapata	47
7°) Romina del Plá	30	Romina del Plá	24	7°) Marcelo Orrego	44
8°) Gerardo Milman	27	8°) Diego Sartori	20	8°) Karina Bachey	43
Miguel Nanni	27	9°) Carlos Ponce	19	9°) Victoria M. Gorleri	41
Carlos Selva	27	10°) Eugenia Alianiello	18	10°) María Sotolano	37
11°) Soledad Carrizo	26	11°) Mónica Macha	17	11°) Susana Laciar	36
Marcelo Orrego	26	Alejandra Obeid	17	12°) Soher El Sukaria	35
Hernán Pérez Araujo	26	13°) Mabel Caparrós	16	Juan Carlos Polini	35
14°) Gisela Marziotta	25	Martín Maquieyra	16	14°) Soledad Carrizo	34
Lucila Masín	25	15°) Juan Martín	15	Matías Taccetta	34
16°) Silvana Ginocchio	24	Dina Rezinovsky	15	16°) Hernán Lombardi	33
Ricardo López Murphy	24			Ricardo López Murphy	33
18°) Carolina Gaillard	23			18°) Juan Manuel López	32
Marcela Passo	23			19°) Graciela Caselles	30
20°) Julio Cobos	22			María Victoria Tejeda	30
Gabriela Estévez	22			21°) Waldo Wolff	26
Dina Rezinovsky	22			22°) Ximena García	25
23°) José Luis Gioja	20			23°) Mabel Caparrós	23
Silvia Lospennato	20			Sebastián Salvador	23
Mónica Macha	20			Mariana Zuvic	23
Alejandra Obeid	20			26°) Virginia Cornejo	22
Paula Oliveto	20			27°) Hernán Pérez Araujo	21
Mariana Stilman	20			28°) Karina Banfi	20
Martín Tetaz	20			Alejandra Obeid	20
30°) Héctor Baldassi	19			Cristian Ritondo	20
Marcela Campagnoli	19			Diego Sartori	20
Gabriela Lena	19			32°) Rolando Figueroa	19
Roberto Mirabella	19			33°) Ingrid Jetter	18
34°) Enrique Estévez	18			Susana Landriscini	18
Martín Maquieyra	18			Dolores Martínez	18
36°) Karina Banfi	17			Marcela Passo	18
Mónica Frade	17			Francisco Sánchez	18
Lucas Godoy	17			38°) Mónica Macha	17
Vanesa Massetani	17			Marisa Uceda	17
Sergio Palazzo	17			40°) Victoria Borrego	16
41°) Jorge Rizzotti	16			Graciela Camaño	16
42°) Alicia Aparicio	15			Gabriela Estévez	16
Martín Berhongaray	15			Roxana Reyes	16
Myriam Bregman	15			44°) Héctor Stefani	15
Mónica Fein	15			Danya Tavela	15
Maximiliano Ferraro	15
Estela Hernández	15
Claudia Ormachea	15
Agustina Propato	15
Matías Taccetta	15
Carlos Zapata	15

Durante el debate del proyecto para fortalecer la justicia federal de Santa Fe en la sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) planteó que “tiene que haber vocación política para terminar con el sistema inquisitivo que tenemos en la justicia federal”.

En un fuerte discurso,Camaño cuestionó que “se pretende hacer creer o descreer que lo que estamos tratando puede resolver el problema del narcotráfico en Rosario”, y remarcó que “las responsabilidades son compartidas respecto del no funcionamiento del sistema acusatorio en el país”.

“Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuándo llega la justicia, en qué momento actúan los jueces. Esta pregunta nos la tenemos que hacer responsablemente los dirigentes políticos porque si no es fácil tirar las responsabilidades al Poder Judicial. Los jueces son los últimos que llegan. Llegan cuando el delito ya está cometido. Llegan cuando la política fracasó en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial. Llegan a intentar penalizar al culpable”, planteó.

En ese sentido, recordó que en el 2015 se dictó una norma para que la justicia federal tenga un sistema acusatorio, ante lo que criticó: “Nosotros tenemos en la justicia federal un sistema inquisitivo “.

“¿Qué hacemos con el sistema acusatorio? le quitamos poder a los jueces. Lo que hicimos cuando votamos la ley 27.646 es darles mayor poder a los fiscales, dividir las responsabilidades, los jueces no tiene que investigar sino analizar la culpabilidad e imponer la pena. Los fiscales tienen que investigar. Eso cuesta mucha plata”, planteó y apuntó: “En 2015 tuvimos la ley, pero en 2017 cuando la ley se tenía que poner en marcha otro gobierno, de aquellos que relaman la tardanza, suspendieron la aplicación del código procesal penal acusatorio federal”.

“Tuvimos un decreto que estableció la comisión bicameral… ¡Ay dios mío! cuando se crean las bicamerales o se creen que desde el Congreso salen las soluciones si apenas podemos ponernos de acuerdo para algunas leyes. La mora que tenemos para ponernos de acuerdo”, expresó Camaño y afirmó que “una bicameral es lo menos eficaz que se pudo haber hecho. Lo único que logramos desde el 2017 es poder poner en marcha el sistema acusatorio en dos provincias Jujuy y salta. Dos provincias que llevan poco dinero”.

En ese marco, resumió: “El trámite en el que estamos, es en ponernos de acuerdo los políticos del Congreso para poner en marcha la Comisión Bicameral. Lo que estamos haciendo es el esqueleto”, y pidió que “no le engrupamos a la gente que estamos resolviendo el problema porque el problema se resuelve con plata”.

“Lo que tiene que haber es vocación política para terminar con el sistema vetusto que es el sistema inquisitivo y que todas las provincias lo tienen saldados porque tienen el sistema acusatorio que no es fácil ponerlo en práctica”, exigió la bonaerense.

Por último, lamentó que el Poder Judicial “atraviesa una situación difícil. Tiene carencias en todo el país, tiene carencias edilicias. Tenemos polos judiciales que están embargados. Tenemos una terrible deuda en materia de funcionamiento del Poder Judicial”.

“La responsabilidad de que el Poder Judicial funcione es política, menos juicio político y más aceptación de las responsabilidades políticas que tenemos para que la justicia funcione. Porque no va a funcionar si no entendemos de una vez por toda que somos los responsables de su funcionamiento porque no son elegidos, los elegidos somos nosotros y tenemos la responsabilidad de su funcionamiento. Los jueces que faltan nombrar son porque no hay acuerdos la responsabilidad es política, las ausencias de los jueces tienen que ver con nosotros no con el poder judicial porque el trámite de elección de un juez es complejo donde actúan los tres poderes”, remató.

Los diputados de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño fueron los últimos en sentarse en sus bancas el martes pasado, para tomar parte de la única sesión realizada en este período ordinario en la Cámara baja. La periodista Silvia Mercado publicó en Twitter un video con el momento en que ambos legisladores ingresan al recinto para dar quórum. Solo faltaban dos y desde el oficialismo aplaudieron al llegar al número que se les venía negando desde noviembre del año pasado: 129.

Así logró quórum el Frente de Todos. 👇 pic.twitter.com/7gJRJhX3zG

— Silvia Mercado (@SilMercado) February 28, 2023

Hasta ahí, nada que no se sepa y se haya visto el último día de febrero. Pero las redes sociales suelen ser impiadosas, y proclives a cultivar fake news. Solo hace falta, como en este caso, que alguien con cero conocimiento legislativo -o todo lo contrario- lance una hipótesis, que decenas de tuiteros darán por segura. Sucedió así, porque Topo Rodríguez ingresó llevando en una de sus manos una mochila, que al sentarse dejó en una banca vacía vecina. La supuesta fake era que lo había hecho para que esa banca vacía registrara falsamente la presencia de un diputado más.

“Pone el bolso en la butaca, y marca en el tablero como que hay otro legislador para dar quórum…”, dio por sentado @sultanoreload, en tanto que @lanuevaAmelia tuiteó: “Miren… apoya un bolso pesado en una butaca para que de quórum. Mugrientos tramposos del ort…”.

“Ahí hay dos diputados pero 3 presentes! El presente se da por el peso en las butacas, por eso tira el bolso en el medio y suma un presente para lograr quórum”, afirmó @Guillotewinner.

En rigor de verdad, no alcanza conque la banca sienta algún peso encima para registrar una presencia: el legislador debe loguearse a través de su huella digital. La realidad es que en ese momento había 127 diputados presentes y faltaban dos. Al sentarse Camaño y Rodríguez, el tablero marcó 129. Así quedó registrado en las imágenes que, en tiempo real, emitió Diputados TV. Allí se puede apreciar que, sobre el filo del horario habilitado para obtener el quórum, había 127 diputados sentados; cuando llegaron Graciela Camaño y Topo Rodríguez, sumaron 129. El bolso no fue contabilizado…

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense-IF) cuestionó este jueves que el presidente Alberto Fernández "vino con un discurso en un todo totalmente amañado" al Congreso, en el cual "no habló para la Asamblea, habló para el kirchnerismo".

"Además montó una teatralización ridícula, copiada, de mencionar personas que estaban en las gradas con diferentes profesiones. Y así se ligaba un aplauso, ¿porque quién no va a aplaudir a un excombatiente, a un estudiante, a un científico?", señaló sobre las referencias que el mandatario hizo a varios ciudadanos de a pie.

La legisladora criticó que el mandatario "la emprendió de manera furibunda contra la Corte y Cambiemos" en "esta caza de brujas que han lanzado respecto a la Corte como institución y la Justicia".

En ese sentido, advirtió que "no puede venir a imponer su criterio, él debió callarse respecto al juicio político", ya que el proceso se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. "No llegamos a dimensionar el colapso institucional que significa este juicio político para el Poder Judicial todo", agregó.

En diálogo con Radio La Red, Camaño aseguró que "la Justicia tiene que mejorar", pero "en muchas de las cosas que no la mejora, la responsabilidad es del Congreso", aclaró.

"Si no tenemos Consejo de la Magistratura es porque nosotros no tuvimos la capacidad de tener los consensos para tener una ley", reclamó y cargó contra el oficialismo al decir que "ellos eligieron el camino de la victimización para no tener el número; nunca intentaron lograr consensos con la oposición".

En suma, para la bonaerense la apertura de sesiones fue "un circo, un espectáculo triste para un pueblo que está necesitando que la dirigencia política tenga la estatura para resolverle los problemas".

Por otra parte, ratificó su decisión de no ir por la reelección de su banca. "Yo me voy a ir del Congreso, eso lo tengo decidido. Yo escuché 32 discursos, ninguno fue tal mal discurso como el que hizo este hombre ayer", expresó.

La diputada reflexionó: "Son muchos años y no estoy conforme con el resultado final. Quedan muchas leyes en el camino. Antes había un debate político más honesto, respetuoso, hoy no existe. Existe esto de buscar ver cómo genero adeptos".

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) sostuvo este viernes que el pedido de juicio a la Corte Suprema de Justicia “no tiene ningún sustento”.

Además, la diputada del interbloque federal expresó: “Hay un prejuzgamiento de los dichos del presidente de la Corte de inmiscuirse en otros poderes del Estado, por sostener que para una reforma judicial se necesita un consenso”. Sin embargo, advirtió: “Comparto que necesitamos una reforma judicial y que los tres poderes tengan la capacidad política para llevarlo a cabo”.

En declaraciones a Radio Perfil, Camaño afirmó que desde el Gobierno “hay un cuestionamiento a distintos fallos en donde la Corte se pronunció como instancia superior, O sea que hay un cuestionamiento jurisdiccional”.

“Ahora se sumaron otros argumentos en Diputados. Es el tema de la supuesta conversación entre el letrado de la Corte, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro”, señaló.

En tal sentido, manifestó: “Nuestro bloque se va a reunir a la tarde para definir qué se va a hacer. No busco paralizar el Congreso en el contexto adverso que tenemos en el país”.

Así también, enfatizó: “Todos los que formamos parte del Estado debemos tener algo que rige nuestra conducta al tomar una decisión como examinar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de lo que hacemos”.

Con respecto a la ley del Consejo de la Magistratura, Camaño sostuvo que “hubo una tozudez del oficialismo, porque no tiene el número para votar”, y agregó: “Este tipo de jugadas no se hace. La actitud de las fuerzas políticas más importantes es de obstrucción, por eso el país está parado”.

Por otro lado, la legisladora peronista -disidente- explicó: “Hace mucho milito en el partido Tercera Posición, salgo de los dos grandes esquemas de la Argentina. El problema es que los partidos se juntan para ganar elecciones, pero sin proyecto de país y cuando el otro gana, no lo dejan gobernar”.

“Nosotros vamos a construir una tercera opción e intentaremos que la sociedad se despegue de estos dos grandes conglomerados que sólo se contradicen sin propuestas. Para poder hacerlas hay que pararse en la realidad del país. Seguro competiremos”, añadió.

Consultada por un acercamiento con el ministro de Economía, Sergio Massa, la diputada afirmó: “Él dice que no va a ser candidato hasta el próximo proceso electoral. Hay que ver en qué depara la economía. Está en una acción de gobierno que no es neutra, y es el más observado y medido desde el punto de vista de los resultados concretos de su gestión”.

En final, le pidió a los ciudadanos argentinos que cuando les toque votar en las urnas “lo hagan con la misma sabiduría que tuvieron para festejar en paz la Copa del Mundo”, y cerró: “Eso sólo va a suceder si hay dirigentes políticos que puedan dar fe de que existen otros caminos”.

La diputada de la Nación Graciela Camaño y el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey lanzaron sus candidaturas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y a la presidencia de la Nación, respectivametne, con miras a 2023. Fue en un acto que se realizó en la localidad de San Martín, donde los dirigentes peronistas presentaron el espacio Tercera Posición.

“Hay que saltar la grieta que sólo sirve para que unos pícaros hagan sus propios negocios”, dijo Camaño que mostró su poder de convocatoria exhibiendo una nutrida y popular concurrencia, entre dirigentes y militantes, junto al candidato a intendente del espacio del espacio, Germán Pavone.

"Estamos terminando un año difícil, complicado, pero que no nos van a hacer bajar los brazos. Porque vivimos en un gran país, y nuestra gente es la mejor, señaló Camaño, que destacó el triunfo de la selección argentina de fútbol y utilizó la tercera copa lograda por "La Scaloneta" para compararla con su intención política. “Estos pibes demostraron que se puede saltar la grieta, que se puede trabajar en equipo, que se puede hacer un proyecto y que se puede triunfar”, dijo Camaño.

La diputada nacional aprovechó la ocasión para convocar a sumarse a quienes ella considera “los desencantados con el gobierno del Frente de Todos”, y llamó también a los que “no encontraron una opción en Juntos por el Cambio”.

En ese sentido, remarcó: “Necesitamos más fortaleza y actores involucrados con la política. Gente comprometida que lleva adelante un proyecto de país. La sociedad tiene que advertir que no se puede seguir votando emergentes políticos de las encuestas”.

Por su parte,  Juan Manuel Urtubey lanzado como candidato a presidente de la Nación, subrayó que Tercera Posición plantea la construcción de un espacio “que traiga una agenda diferente a la Argentina desde la sociedad y no desde el poder político. Si queremos un país diferente lo tenemos que hacer con aquellos a los que les duele el dolor ajeno y es por eso que necesitamos una gobernadora que sea de la provincia de Buenos Aires y que la conozca como Graciela Camaño".

“Buscamos una nueva alianza de poder con un modelo desarrollista que se vincule directamente con el complejo agroalimentario, la economía del conocimiento, la generación de energía y la minería sustentable”, expresó el exgobernador salteño.

Agregó: "Algunos nos dicen que no podemos y siguen haciendo negocios con la política. Otros vienen traficando con el sí se puede y siguen haciendo el mismo negocio. Nosotros queremos un gobierno peronista, porque sabemos de dónde venimos".

Finalizó señalando que "algunos nos quieren hacer creer que estamos ganando porque la Inflación no llego al 100%. Pero cuando tenemos un 95% de inflación, un 50% de pobreza, un 60% de nuestra gente bajo la línea de indigencia, no vamos ganando, vamos perdiendo".  

Camaño y Urtubey estuvieron acompañados por el diputado de la Nación Alejandro "Topo" Rodríguez y el candidato a intendente de San Martín Germán Pavone. Rodríguez señaló: "No dejemos que nos quieran arrastrar al lugar marginal de los enfrentamientos y la grieta". En tanto, Pavone afirmó que "estamos viviendo un momento bisagra. Hoy no hay lugar para la duda. Tenemos un proyecto superador y me gustaría que la provincia de Buenos Aires tenga una gobernadora como Graciela Camaño y un presidente de la Nación como Juan Manuel Urtubey".  

Por la zona sur estuvieron presentes, por Almirante Brown el ex titular del gremio de la Marina Mercante, Julio González Insfrán; el referente del peronismo de Lomas de Zamora Antonio Novielli, y acercó su adhesión el candidato a intendente en Lanús por este espacio, Nacho Moroni. Quien participó también de la partida fue el Movimiento Evita, con la presencia en primera fila del precandidato a intendente por San Martín y diputado nacional del Frente de Todos Leonardo Grosso.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) encabezará una reunión del Interbloque Federal el próximo lunes en la inauguración de un local partidario en San Martín para empezar a definir las candidaturas con miras a las elecciones presidenciales del 2023.

El acto de "Tercera Posición" será a las 19 y contará con la presencia del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, los diputados nacionales, Florencio Randazzo, Alejandro "Topo" Rodríguez, Natalia de la Sota, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, Mónica Fein y Enrique Estevez. También el candidato a intendente de San martín, Germán Pavone, además de dirigentes del socialismo santafesino y del peronismo disidente.

Graciela Camaño y Juan Manuel Urtubey presentaron el año pasado el partido "Tercera Posición" en Salta y convocaron a sumarse a los “desencantados” con el gobierno y la oposición. "Necesitamos más fortaleza y actores involucrados con la política. Gente comprometida que lleva adelante un proyecto de país. La sociedad tiene que advertir que no se puede seguir votando emergentes políticos de las encuestas", señaló Camaño.

El partido Tercera Posición, liderado por Camaño, comenzó a organizar su trabajo político en la provincia de Buenos Aires en el año 2020 con dirigentes de la Primera Sección Electoral quienes se convocaron para pensar políticas vinculadas a la Seguridad, el Trabajo, la Educación y la Salud.

A través de una cuestión de privilegio, el diputado radical Ricardo Buryaile le contestó este miércoles a sus pares Leonardo Grosso (FdT) y Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) por las críticas que le hicieron en la última reunión sobre la ley de humedales por no haber convocado a la Comisión de Agricultura y Ganadería que él preside. 

El formoseño defendió sus argumentos reglamentarios para afirmar que el plenario del jueves pasado “fue ilegal”. A continuación hizo referencia a un tuit de Grosso, quien escribió: “Los esperamos para discutir, salvo que quienes les financian la campaña no los dejen venir”. 

“A la única persona a la que alude en ese tuit es a mí. Por lo tanto, voy a contestar que a mí no me financia nadie. Yo soy un productor agropecuario y defiendo la producción, el comercio y los servicios. No me financia absolutamente nadie más que mi trabajo, del que vivo hace muchísimos años”, enfatizó el legislador y disparó contra el dirigente del Movimiento Evita oriundo de San Martín: “No me financia ni la Universidad de San Martín, ni el  2% que se cobran de los planes sociales, absolutamente nada”. 

En su discurso, el diputado también le pegó a Camaño, quien “se pone un vestido largo y cree que se puso una toga, y nos da clases del reglamento, e hizo referencia al artículo 174 y el artículo dice una cosa distinta a lo que la diputada le quiere hacer decir”. Sobre ese artículo, explicó que “la comisión está caída una vez que no se haya reanudado la reunión”. “Tal cuarto intermedio no existía porque se había pasado a un cuarto intermedio que nunca se dio”, dijo, por eso aclaró que correspondía que “citaran a una reunión informativa o a un nuevo plenario”. 

Sobre la calificación que hizo la diputada de que él había actuado como “apropiador” de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Buryaile sostuvo: “La Argentina tiene una historia muy dolorosa con la apropiación. Yo no me apropié de nada. Es grave. Segundo punto, si yo soy patrón de estancia. Yo trabajo en un campo y tengo gente que trabaja conmigo. Quizá la conducta de patrón de estancia se pueda confundir con la de algún secretario general que le traiga reminiscencias, yo no”.  

“Quiero decir simplemente que hago esta cuestión de privilegio porque entiendo que el respeto tiene que primar en esta cámara. Jamás le he faltado el respeto a absolutamente nada. He discrepado ideológicamente; quien discute personas no tiene capacidad para discutir ideas. Nosotros nos ceñimos a la ley, para nosotros la ley es el camino y el límite. Para otros la ley es un obstáculo, y estamos cansados de ver eso”, concluyó y pidió que no le respondan porque “no se contestan las cuestiones de privilegio”. 

Desde el estrado, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, remarcó que Camaño no estaba presente en el recinto y reveló por qué: “Está su señora madre en una situación muy delicada, la están operando en las últimas horas”. 

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) se refirió este martes al tema controversial del Presupuesto 2023 sobre el artículo que exige que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias y sostuvo que “es una movida del oficialismo para fastidiar y atropellar al Poder Judicial”.

En esa línea, la legisladora consideró que la propuesta es “anticonstitucional” y que “ya existe una norma” que establece el pago de ganancias por parte de los jueces. “En 2017 acompañamos el dictamen por minoría de Axel Kicillof, que planteó que los jueces que ingresaran en tiempo posterior a la aprobación de la norma paguen ganancias”, enfatizó.

A su vez, Camaño consideró que el tratamiento del tema “fue inadecuado” y afirmó que “está por fuera de las reglas de la Constitución Nacional”. En tal sentido, llevó a la exposición una frase de la Reforma Constitucional de 1953: “Los jueces no pagaron ganancias durante años porque siempre se buscó que estén lejos de aquellos que tienen el poder de la bolsa”.

Por otro lado, advirtió que “el Gobierno generó una huelga en un sector que estaba siendo prolijo en su discusión salarial”. Asimismo, subrayó que el avance de la cuestión “sería un antecedente nefasto”.  

“No vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, exclamó Camaño, quien concluyó: “El tema está resuelto nosotros. Nos vamos a seguir basando en el artículo 100 de la Constitución”, con relación a que no aceptará la modificación para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias.  

En la sesión de este miércoles de la Cámara baja, los diputados del interbloque Federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y Enrique Estévez (Partido Socialista) pidieron una cuestión de privilegio para reclamar la postergación del tratamiento del tema sobre ley de humedales. Camaño apuntó contra las empresas mineras, mientras que Estévez pidió que se ponga una nueva fecha y hora para retomar el debate.

En el uso de la palabra, Camaño recordó que el pasado 15 de septiembre a instancias del santafesino Enrique Estévez se promocionó una moción de emplazamiento de tres comisiones del Cuerpo que tienen competencia en el tratamiento de la ley de conservación y uso de los humedales.

“El día 22 los tres presidentes de las distintas comisiones Ambiente, Agricultura y Presupuesto, realizamos la primera reunión en torno a la temática. Hay alrededor de 10 proyectos de ley de distintos diputados de diferentes bancadas que reiterativamente vienen levantando los proyectos para que en algún momento en nuestro país podamos tener una ley que establezca presupuestos mínimos como reza el artículo 41 de la Constitución en torno a estos ecosistemas que son vitales para la vida del planeta”, explicó.

Y continuó relatando: “Pasamos ese día por instancia de todas las comisiones a un cuarto intermedio para el día 29. Todos los miembros de las comisiones decidimos porque nosotros vivimos en un Cuerpo colegiado, entonces todas las voluntades son iguales, cada una de los 257 miembros de este Cuerpo tiene las mismas potestades, facultades y las mismas obligaciones. Nuestras decisiones se hacen por la votación y por la mayoría de las voluntades”.

A su vez, destacó que “el día 27 el presidente de la Comisión de Agricultura citó al sector productivo, tuvimos una reunión larga en donde escuchamos las diferentes inquietudes porque es importante el sector productivo porque se trata de una ley de conservación y uso de los humedales y el sector productivo debe entender que esta frente a bienes naturales que nos pertenecen a todos los argentinos, y no solamente a los dueños de las propiedades, y la producción se tiene que desarrollar beneficiando a la mayoría de los argentinos y cuidando el ambiente porque es  el artículo 41 de la C.N y la cuestión ambiental, la única cuestión que nos invita a tener responsabilidades de que legislemos, actuemos y pensemos pensando no solamente en nuestra conveniencia presente, sino en las generaciones por venir”.

“El tema ambiental necesita de dirigencia política que tenga como norte las generaciones por venir. El cuidado de ese ambiente que no nos pertenece, les pertenece a aquellos que están por venir”, señaló Camaño.

En esa línea, disparó: “Grande fue la sorpresa cuando el día 29 nos encontramos con una carta firmada por algunos presidentes de bloque en donde, aparentemente, habían solicitado la postergación del cuarto intermedio”, y reclamó que “debió ser una decisión que se tomara en el contexto de las tres comisiones que funcionaron porque hubo un emplazamiento de todo el Cuerpo, no hubo grandes diferencias. Todos los bloques votamos el emplazamiento de las tres comisiones”.

“A mí me lacera mucho algunas acciones y de alguna manera justifican el fastidio de la gente con nosotros. Nosotros en esta casa somos los representantes del pueblo, por Hipólito Irigoyen están los representantes de los estados provinciales y los estados provinciales en materia ambiental tienen un ámbito concreto que es el COFEMA que existe antes del 94, anterior al artículo 41 de la C.N y vale la pensar saber porque ‘el tema de los humedales’ como algunos lo llaman despectivamente algunos sectores es un tema que no es nuevo en la Argentina”, cuestionó la bonaerense.

Y siguió: “El Ministerio de Ambiente tiene un profuso trabajo en materia de humedales. Esta todo escrito, no hay nada nuevo. El tema humedales es un tema en el cual hay directivas claras por parte de todos los ministerios y secretarías de ambiente y del propio COFEMA en cuanto a los lineamientos de lo que debe ser el tratamiento de humedales. No es nada nuevo porque los representantes de los estados provinciales en dos oportunidades le dieron media sanción año 2013 y 2016 donde se discuten los intereses de los estados provinciales se decidió que era importante que haya una ley respecto a cómo se tiene que producir en los humedales”.

“Esta Cámara nuevamente da la nota ¿qué nos pasa? ¿Somos tan susceptibles a los lobbies empresariales o tenemos que recibir órdenes desde Washington para que nos digan que esperemos porque no podemos pensar solos?”, enfatizó Camaño.

Y apuntó: “Todos los intereses productivos están en juego, pero quiero denunciar que hay un interés de producir que es el de la minoría que tiene la costumbre de llevarse por delante a la Argentina y los argentinos que es absolutamente letal a la hora de hacer el lobby en torno a los temas que les interesa”.

En el mismo sentido se pronunció el socialista Enrique Estévez (Santa Fe) quien destacó que el tema ambiental es “un tema importante que no podemos darle la espalda ni por el presente ni por el futuro”.

“Firmamos compromisos internacionales con objetivos sobre bajar los índices de emisión de gases de efecto invernadero, pero nos cuesta mucho tener políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos y tener un diseño normativo que surge del Congreso para que los poderes ejecutivos puedan llevar adelante”, lamentó.

A su vez, resaltó “la necesidad de construir un consenso en torno a cuidar los ecosistemas que son tan importantes para el ambiente como lo son los humedales”, y remarcó que “no hay un solo bloque que no tenga un proyecto para cuidar los humedales, pero tenemos que ponernos de acuerdo en que los intereses no pueden violar las reglas que nosotros mismos establecimientos y estuvo muy mal con retirar la convocatoria a un plenario para retomar el tema”.

Por último, exigió: “Queremos que se ponga una fecha y hora, que vengan los gobernadores para que digan lo que piensan sobre los humedales y el cuidado del ambiente”.

La gravedad del conflicto que involucra a los trabajadores del gremio del neumático con las empresas ha llegado a tal punto que nadie imagina cuál puede llegar a ser la solución y en qué puede desembocar. Por eso la consulta a la diputada nacional Graciela Camaño, quien fue ministra de Trabajo entre 2002 y 2003, en un tiempo que ella misma define como “el momento de mayor conflicto social”, por salir entonces de la crisis de 2001/2002.

Consultada al respecto por Radio Mitre, la legisladora de Identidad Bonaerense se mostró sorprendida frente a “una falta de compromiso de las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo en la solución del problema”. Lo dijo a partir de lo que a su juicio debería haber sucedido al prolongarse tanto tiempo el conflicto.

“Cuando usted ve que el tema se le pone difícil, una autoridad superior del ministerio tiene que estar presente” en la negociación. “Me da la impresión que eso no está sucediendo”, señaló la legisladora.

Para Graciela Camaño, “el Ministerio de Trabajo tiene que estar con conflictos que vengan con comisiones obreras de todos los partidos políticos y tiene las herramientas para sacar a flote el conflicto”.

Observó también que 35 audiencias como las que ya se han celebrado sin éxito entre las partes “no hablan de lo malos que son los unos y los otros, sino de lo mal tratado que fue el conflicto”.

Camaño explicó que “ya está escrita la opción que el ministerio tiene que hacer cuando fracasa la conciliación: someter a las partes a un arbitraje voluntario. Se les ofrece a las partes los puntos sobre los que se va a trabajar y el árbitro es el que tiene que generar los acuerdos”.

“Si no hay acuerdo, se lauda”, remarcó, recordando que esto es algo que se ha utilizado, no solo con gobiernos militares, sino también con gobiernos democráticos.

En tal sentido puso como ejemplo el famoso “laudo gastronómico”. En esa oportunidad, “el Ministerio de Trabajo nombra como árbitro a Eva Perón, y ella le propone a las partes una metodología de remuneración a porcentaje”.

“Este problema tiene salida en el Ministerio de Trabajo; no puede tener salida por la excepcionalidad de la importación” de neumáticos. A continuación dijo que hay que preguntarse a quién le conviene el conflicto. “A los trabajadores no”, concluyó Graciela Camaño, a quien le da la impresión de que “acá hay que hacer un esfuerzo más grande para tratar de resolver este conflicto en el ámbito que corresponde”.

La diputada bonaerense remarcó en base a su experiencia que “los conflictos siempre tienen solución, no nos comamos el verso de que no les vemos salida. Hay un manual de procedimiento, pero además una capacidad humana para llevar adelante la búsqueda de resolución del conflicto”.

Por último volvió a criticar la alternativa sugerida desde la cartera de Economía respecto de importar cubiertas: “¿Adónde vas a ir con esto? Además, ¿te van a manejar el tipo de cambio los conflictos de la calle? Hay que poner orden, este conflicto lo tiene que ordenar el Ministerio de Trabajo, para eso es autoridad competente”.

Una de las figuras legislativas más activas en relación con el tema humedales ha sido las últimas semanas la diputada nacional Graciela Camaño. Ella trazó en su exposición, cuando se decidió el emplazamiento en plena sesión de la Cámara de Diputados -el pasado 15 de septiembre-, un panorama muy dramático en la materia. En esa oportunidad alertó sobre el problema del cambio climático y “la seria desertificación que está sufriendo la Argentina”, donde casi el 72% del territorio está desertificado, apuntó.

Previsiblemente entonces estuvo muy participativa en el hasta ahora único plenario realizado por las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, pero también asistió a la reunión convocada por Agricultura para escuchar las voces más críticas respecto del proyecto que más probabilidades tiene de avanzar en el tema humedales.

Así las cosas, no podía más que esperarse una reacción airada ante la suspensión del plenario previsto para este jueves, en el que se esperaba dictaminar sobre el tema. Lo hizo a través de un tuit, en el que cuestionó la decisión suscripta fundamentalmente por el oficialismo y la principal oposición para postergar la reunión de este jueves.

“Qué rápido que se pusieron de acuerdo el Frente de Todos y Cambiemos para suspender el tratamiento de la ley. Es una vergüenza que la Cámara que representa al pueblo sea la de la frustración en materia ambiental, en 2013 y 2016 la misma dejó caer dos medias sanciones”, se lamentó la diputada Camaño.

Que rápido se pusieron de acuerdo el Frente de Todos y Cambiemos para suspender el tratamiento de la ley de #Humedales.
Es una vergüenza que la Cámara que representa al pueblo sea la de la frustración en materia ambiental, en
2013 y 2016 la misma dejó caer dos medias sanciones. pic.twitter.com/URITj5fpJ7

— Graciela Camaño (@GracielaCamano) September 28, 2022

En un año en el que, producto de la paridad de fuerzas y otros factores en los que el internismo dentro del propio Gobierno ha hecho su aporte, la actividad en ambas cámaras dista de ser la que podría esperarse de un año no electoral. Pero si bien no hay muchas sesiones -sobre todo en Diputados-, la presentación de proyectos está a la orden del día.

Veamos entonces quiénes son los diputados y senadores que más proyectos han presentado hasta el 30 de junio pasado, según un análisis realizado por parlamentario.com para su Indice de Calidad Legislativa.

La diputada nacional de Identidad Bonaerense Graciela Camaño es la que más proyectos de ley presentó en el primer semestre, seguida por otra Graciela, también de la oposición, la representante de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña. La primera tiene 39 proyectos en su haber, en tanto que Ocaña lleva 33.

También Graciela se llama quien ocupa el tercer lugar, y es la sanjuanina Graciela Caselles, compartido en su caso con su par Carlos Selva, y son los primeros oficialistas en este ranking que no pretende ser valorativo, sino eminentemente informativo.

En el Senado, la neuquina Lucila Crexell (Cambio Federal) y su par rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos), son las que más iniciativas de ley presentaron, ambas con 44. Completa ese podio la riojana Clara del Valle Vega (Hay Futuro Argentina), con 36.

Qué proyectos presentaron

Graciela Camaño presentó en el primer semestre iniciativas tales como Boleta Unica; extinción de dominio y repatriación de bienes; Humedales; y por supuesto la creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”.

Ocaña, en tanto, tiene proyectos tales como una exención transitoria del pago de Ganancias para trabajadores de la salud, fuerzas de seguir, actividad migratoria, aduanera y bomberos; un proyecto sobre transparencia en las contrataciones del Estado; y un proyecto para proteger a los deudores de préstamos hipotecarios UVA y UVI.

En el Senado, Lucila Crexell ha presentado un proyecto para actualizar el seguro de desempleo; una modificación de Bienes Personales; uno sobre Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental; y un proyecto para modificar el Código Electoral Nacional adecuando los mecanismos de sustitución de legisladores titulares en casos de vacancia.

A su vez, la rionegrina Silvina García Larraburu es autora de un Régimen Previsional de excepción para el personal de salud; la creación de la Defensoría del Cliente de Entidades Bancarias y Financieras en el ámbito del Poder Legislativo; un proyecto que prolonga las licencias por maternidad e incorpora las de paternidad; como así también la creación del Programa Nacional de Industrialización Cooperativa.

Otros proyectos

En cuando a proyectos de declaración, la chubutense oficialista Estela Hernández y la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri son las primeras, con 19 iniciativas; mientras que en el Senado van cabeza a cabeza un oficialista y un opositor, ambos chaqueños: Antonio Rodas (71) y el radical Víctor Zimmermann (70).

La diputada catamarqueña del Frente de Todos Silvana Ginocchio va primera en materia de proyectos de resolución, con 55 proyectos, seguida del diputado del Pro Gerardo Milman, con 46.

No se presentan muchos proyectos de resolución en la Cámara alta, y así lo muestran los números. Los que más han presentado de ese tipo son dos senadores de Juntos por el Cambio, la tucumana Beatriz Avila (7) y el santafesino Dionisio Scarpin                                                              (5).

Hay en el Senado un rubro más, proyectos de comunicación, y en esa materia se corta solo en el Senado el sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo),con 49 iniciativas, seguido lejos por Lucila Crexell, con 16.

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de Ley

1°) Graciela Camaño                             39

2°) Graciela Ocaña                               33

3°) Graciela Caselles                             25

  Carlos Selva                                        25

5°) Carla Carizo                                    24

6°) Soledad Carrizo                              23

7°) Ricardo López Murphy                  22

8°) Ana Carolina Gaillard                     21

9°) José Luis Gioja                               19

  Silvia Lospennato                               19

  Lucila Masin                                       19

12°) Mariana Stilman                           18

13°) Héctor Baldasi                              17

   Silvana Ginocchio                              17

  Vanesa Massetani                               17

  Dina Rezinovsky                                 17

17°) Julio Cobos                                   16

  Romina del Plá                                   16

  Marcelo Orrego                                  16

20°) Alicia Aparicio                              15

21°) Alberto Asseff                               15

  Mónica Macha                                    15

  Martín Maquieyra                              15

  Gabriela Lena                                     15

  Gerardo Milman                                 15

  Paula Oliveto                                      15

  Sergio Palazzo                                     15

  Hernán Pérez Araujo                         15

29°) Marcela Campagnoli                    14

30°) Maximiliano Ferraro                   13

31°) Miguel Nanni                                12

32°) Marcela Passo                              12

33°) Enrique Estévez                           11

Gisela Marziotta                                   11

Claudia Ormachea                                11

Carlos Ybrhain Ponce                          11

37°) Mónica Frade                               10

Roberto Mirabella                                10

Claudio Poggi                                        10

Francisco Sánchez                                10

Matías Taccetta                                    10

Martín Tetaz                                         10

Hugo Yasky                                          10

Proyectos de Declaración

1°) Estela Hernández                            19

Victoria Morales Gorleri                      19

3°) Virginia Cornejo                             16

Gerardo Milman                                   16

5°) Carlos Ybrhain Ponce                    15

6°) Mónica Macha                                14

7°) Romina del Plá                               12

Roberto Mirabella                                12

9°) Karina Bachey                                10

María Rosa Martínez                           10

Diego Sartori                                        10

Proyectos de Resolución

1°) Silvana Ginocchio                           55

2°) Gerardo Milman                             46

3°) Victoria Morales Gorleri                22

4°) Alberto Asseff                                 21

Juan Manuel López                              21

Juan Carlos Polini                                21

7°) Graciela Ocaña                               19

8°) María Sotolano                               18

9°) Karina Bachey                                17

Mariana Zuvic                                       17

11°) Matías Taccetta                             16

Waldo Wolff                                          16

13°) Graciela Caselles                           15

14°) Mabel Caparrós                            14

Gisela Marziotta                                   14

16°) Marisa Uceda                                13

Carlos Zapata                                        13

18°) Dolores Martínez                          12

Marcelo Orrego                                    12

20°) Soledad Carrizo                            11

Susana Graciela Landriscini                11

Claudio Vidal                                         11

23°) Ingrid Jetter                                 10

Ricardo López Murphy                        10

Dina Rezinovsky                                   10

María Victoria Tejeda                          10

Fuente: Indice de Calidad Legislativa

CAMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

1°) Carmen Lucila Crexell                    44

Silvina García Larraburu                     44

3°) María Clara del Valle Vega            36

4°) Antonio Rodas                                26

5°) Roberto Basualdo                           23

6°) Gladys González                             20

Carlos Linares                                       20

8°) Sergio Leavy                                   18

Julio César Martínez                            18

10°) Silvia Sapag                                   17

11°) Cristina López Valverde                14

Proyectos de Declaración

1°) Antonio José Rodas                        71

2°) Víctor Zimmermann                      70

3°) Nora del Valle Giménez                 36

4°) Marcelo Lewandowski                   32

5°) Silvina García Larraburu               28

María Inés Pilatti Vergara                   28

7°) María Clara Del Valle Vega            25

8°) Adolfo Rodríguez Saá                     23

9°) María Eugenia duré                       21

10°) Beatriz Avila                                  19

11°) Carlos Alberto Linares                  16

12°) María Eugenia Catalfamo            14

Proyecto de Resolución

1°) Beatriz Avila                                    7

2°) Dionisio Scarpin                             5

3°) Carmen Lucila Crexell                   4

María Eugenia Duré                             4

Ignacio Torres                                      4

María Clara del Valle Vega                   4

Proyectos de Comunicación

1°) Roberto Basualdo                           49

2°) Carmen Lucila Crexell                   16

3°) Pablo Daniel Blanco                       11

María Clara del Valle Vega                   11

5°) Stella Maris Olalla                          9

6°) Flavio Fama                                    7

Sergio Leavy                                         7

Fuente: Indice de Calidad Legislativa

En su intervención en la sesión especial en la Cámara baja de este martes, convocada para aceptar la renuncia de Sergio Massa y designar un sucesor, la diputada Graciela Camaño celebró que, por primera vez en 158 años, una mujer se sentará en la presidencia del cuerpo. 

“Me gustaría entender qué pasa. Llevo algunos años en esta Cámara y honestamente no se alcanza a entender qué queremos hacer o decir con los discursos en un momento, en el que, tan solo deberíamos reunirnos para elegir al presidente”, inició la diputada del Interbloque Federal, en referencia a las pasadas alocuciones. 

Inmediatamente advirtió que “no aplaudan porque va a haber para todos”, y siguió: “No tenemos nada para festejar y vaya que no tenemos nada para festejar. Que estamos frente a una anomalía, ¿alguien tiene alguna duda? Tiene que salir el presidente de la Cámara como un bombero a ver si puede resolver algo del terrible conflicto económico y político que tenemos, pero esta es nuestra institución porque alguien habló de institucionalidad y correspondencia. Esta es nuestra responsabilidad, nuestra institución”. 

“En nuestra institución tenemos que elegir un presidente. Es mentira que se vote al presidente que el oficialismo quiere. La Cámara tuvo a un presidente, Eduardo Camaño, presidente durante el gobierno de De La Rúa, se vota con el número. Acá la oposición es más que el oficialismo”, expresó Camaño, y recriminó: “Si nos hubiéramos puesto de acuerdo muchachos algo absolutamente imposible entre ustedes incluso, quizás estuviéramos eligiendo a otro presidente. Pero acá estamos, con quien el oficialismo, por la teoría Carrió, decidir lo que quieren”. 

“¿De qué le echan la culpa a Moreau?”, preguntó la legisladora a Juntos por el Cambio, y respondió: “Por ahí decían que no ameritaba porque era la hija de… pero por otro lado leí lo de las vacunas. Les quiero decir a los ciudadanos que cuando ella hizo esa moción todos votaron esa moción. Vamos a empezar a decir la verdad en serio porque si no creamos el mito”. 

“Estamos tratando de resolver el problema de que el presidente ha renunciado, tiene que el oficialismo decirnos quién va a ocupar ese cargo. Tengo la conciencia tranquila porque cuando hicimos esta ceremonia propuse a la diputada Bertone y a Vidal porque quiero que ahí haya una mujer para que se entienda la necesidad de que las mujeres ocupen cargos relevantes para darle en serio la paridad en la participación que la mujer se merece”, agregó. 

Por último, explicó los motivos por los cuales no votará a Moreau: “Ella es radical y yo soy peronista, ella defendió y militó por el aborto y yo voté en contra y no me gusta la ley del aborto. Ella se fue con los kirchneristas, yo me quedé afuera en oposición. Y punto: nadie le puede negar la militancia, el trabajo. No la voy a votar porque es mujer, aunque lo haría con mucho gusto porque quiero una mujer ahí arriba, pero hoy estamos decidiendo que ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso 158 años de hombres, una mujer. Y si tenemos que empezar a buscarle el pelo al huevo, el país se incendia saben cuántas veces el país se incendió”. 

“Hoy cuando Cecilia se siente ahí con el voto de la mayoría vamos a tener un poder legislativo femenino. Nosotros y nuestros discursos son meros detalles coyunturales. Vos Cecilia vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la cámara de diputados de la Nación y nuestro país va a ser uno de los pocos que tiene el Poder Legislativo en manos de mujeres”, concluyó. 

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) presentó un proyecto destinado a reformar la Ley de Mercado de Capitales para incorporar un artículo que obligue a las empresas que tengan actividades riesgosas para el medio ambiente a incluir una auditoría ambiental, contratar un seguro y un programa de adecuación para la prevención del daño.

El objetivo es institucionalizar la Resolución General N°559/2009 de la Comisión Nacional de Valores en la Ley N° 26.831 donde se obliga a las sociedades incluidas en el régimen de la oferta pública cuyo objeto social contemple actividades que se consideren riesgosas para el ambiente, la verificación de la realización de auditorías ambientales.

De acuerdo al proyecto redactado por la miembro del interbloque Federal, se incorpora el artículo 99 bis a la Ley de Mercado de Capitales por el cual "las empresas con actividades riesgosas para el medio ambiente deben presentar la realización de auditorías ambientales y los programas de adecuación y su cronograma, y la contratación de un seguro de aplicación ambiental".

En los fundamentos del proyecto, Camaño señala que "la responsabilidad ambiental empresarial es, por un lado, un conjunto de mecanismos de producción que debe aplicar las empresas para minimizar los impactos que producen al medio ambiente, es decir, obtener una producción más limpia".

También advierte que "un financiamiento que genere una oposición social o cause daño al ambiente puede encontrarse con demoras en el pago además de generar una imagen negativa del tomador del financiamiento y el dador de este". Y destaca que " los riesgos relacionados al clima pueden generar pérdidas sustanciales para la economía y el sector financiero".

"Un reporte de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) del año 2018 concluyó que los riesgos relacionados al clima son fuentes de riesgo financiero, y por lo tanto caben dentro de la supervisión y mandatos de estabilidad financiera de los bancos centrales y supervisores financieros. Bancos centrales pueden manejar de mejor manera estos riesgos al evaluar y reflejarlos en la regulación y las políticas operativas monetarias", agrega la iniciativa.

En ese sentido señala que "por ello, el presente proyecto, al proponerse institucionalizar la RG N°559/2009 que plasmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre de la Comisión Nacional de Valores y en aquel momento la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, busca plasmar obligatoriamente la necesidad de que la empresa informe las cuestiones ambientales".

Por último, establece que el órgano regulador "deberá de acuerdo con su debida diligencia, examinar el cumplimiento de las cláusulas protectoras del ambiente por parte de la entidad financiera, además de ocuparse de realizar un seguimiento respecto del cumplimiento de las normas ambientales por parte de la entidad".

En la Cámara de Diputados de la Nación obtuvo media sanción el proyecto de creación de Área Marina Protegida “Agujero Azul” de la diputada Graciela Camaño promovido por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Para que todos podamos entender de que se trata, comenzaré por decir, que este establece un área de protección de 148.000 km² en la plataforma continental, ubicada en su mayoría por fuera de la Zona Económica Exclusiva (200 millas). 

El proyecto presenta graves errores, fundamentos inconsistentes y una estrategia biológica y económica inadecuada, además de una actitud demagógica respecto a una supuesta protección de los restos del Submarino “ARA San Juan”. 

El proyecto erra al darle categoría de Reserva Nacional Marina Estricta “sobre” (encima de) la plataforma y no “en” la plataforma y ello, podría generar restricciones a la pesca nacional en los cursos de agua, pero no a los buques extranjeros, porque Argentina no tiene jurisdicción sobre ellos. Desde el punto de vista geográfico, confunde los puntos cardinales y ubica el espacio en cuestión «al este por el límite de la ZEE Argentina y al oeste por la isobata de 5.000 metros» (sic) y, además, la Convención del Mar (CONVEMAR) en su art. 76º precisa, que la plataforma extendida alcanza hasta las 350 millas desde las líneas de base o de 100 millas desde la isobata de 2.500 metros y, avanza al sur en un área disputada según la Comisión de Límites de la ONU. Todo ello demostraría, que al establecer los límites no se ha consultado a los técnicos. Tampoco se cumplió con los requisitos científicos previos a establecer un Área Marina Protegida (AMP) y se ha desfigurado el objeto de estas, porque las AMP no se instauran para los fines ventilados sino para dar sostenibilidad al medio marino y las especies. Los principales fundamentos del proyecto no prueban sus beneficios sobre la pesca ilegal, el ambiente, la economía y, la señalada reafirmación de la soberanía nacional. Podemos ver al respecto: 

La Ciencia y el INIDEP. Fundamenta la legisladora que el sector del talud «incluye un sistema de cañones submarinos poco conocidos pero que presentarían características de alta biodiversidad y un rol ecológico relevante» (sic). Al respecto, Andrés Loubet-Jambert (FIS, mayo 2 de 2021) describe que «las denominadas características de “alta biodiversidad” deben ser fundamentadas con estudios científicos actuales para asegurar qué rol ecológico relevante tienen, teniendo en cuenta que la FIP y la FIR de la FAO (2012) indican que el establecimiento de zonas marinas protegidas debe hacerse sobre la base de información científica», cuestión que este proyecto carece. Portela et al (2012/15) dice: «El impacto concreto de las pesquerías de arrastre bentónico en el área no ha sido cuantificado». Por su parte, la directora de Investigación Lic. Claudia Carozza del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) precisó: «faltan pruebas científicas suficientes…Aportaremos todos nuestros datos, pero no van más allá de las 200 millas…queda mucho por discutir y definir…no sabemos mucho del área» y respecto a si el INIDEP estaba en condiciones de sobrellevar física y materialmente el trabajo, manifestó: «Tal como estamos no, estamos todos muy sobrecargados…nuestra función fundamental es asesorar sobre el manejo de los recursos» (RevistaPuerto, 17/6/21). La Consultora Ambiental Recilience dictaminó «hasta el presente no se ha demostrado fehacientemente en la propuesta de creación de esta nueva AMP, cuál es el nivel de impacto actual de la actividad entrópica sobre el lecho marino» Y yo agrego, requeríamos, además, una inversión multimillonaria para dotar de buques de investigación que releven en forma sistemática el área, cuando hoy este Instituto tiene que recurrir al aporte privado para relevar áreas y las especies migratorias más relevantes de Argentina.   

Las AMP en Argentina. No es cierto que la Argentina esté incumpliendo «el compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020», salvo que se entienda que los espacios marítimos de alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur no son de jurisdicción argentina y se ignore que en 2011 el Reino Unido determinó una reserva ecológica de 1.070.000 Km² que, junto los territorios marítimos ocupados que impiden la pesca a los buques nacionales, la Argentina tiene restringida una superficie equivalente al 52% de su Zona Económica Exclusiva.  

Los beneficios económicos. El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas escribió (2019): «No existe una sola mención, ni siquiera de modo tangencial, relacionada a posibles beneficios sociales o económicos derivados de la existencia de las AMP». Por su parte la Inter-Cámaras de la Industria Pesquera (agosto/2021) fue contundente respecto a la inconveniencia productiva, económica y sobre la insustentabilidad técnica del proyecto. Y, yo agrego, este proyecto -como refiere- no aporta nada a la “marca país”, ya que la producción pesquera nacional, respecto a su calidad y accede a los mercados más exigentes en el comercio internacional y, a su vez, el Atlántico Sudoccidental es reconocido por la baja contaminación marina en relación con otros caladeros del mundo. Este Proyecto duplica las estructuras oficiales y aumentará los costos del Estado. Hay quienes sugieren que la pesca nacional financie esta iniciativa, mientras que la flota pesquera extranjera subsidiada pesca en alta mar nuestros recursos migratorios. Todo lo contrario, hay que darle a los buques nacionales iguales condiciones para competir con los buques extranjeros. 

El control y la pesca ilegal. Contrario a lo que se ha argumentado en el proyecto, de ninguna manera impedirá los transbordos ni la captura ilegal extranjera, porque no regula sobre los cursos de agua en la alta mar, ya que la CONVEMAR en sus art. 87º y 116º precisan que hay libertad de pesca para todos los Estados en alta mar. Es decir, el argumento jurídico-biológico del proyecto, que evitará la pesca ilegal extranjera, no tiene sustento.  

El relevamiento y la vigilancia. No se pondera el costo de relevamiento y vigilancia, ni los medios para su financiación y, es conocida, la experiencia de las AMP Namuncurá I-II y Yaganes que carecen de control. Las fuerzas navales y de seguridad carecen de medios técnicos adecuados y más aún para controlar las 24 horas los 365 días al año.       

El fortalecimiento internacional. El único fortalecimiento que se avizora con esta AMP es facilitar la captura de los buques extranjeros con licencias otorgadas en Malvinas, con un efecto similar al acordado en 1990 que generó la FOCZ al este de Malvinas. Se completa el anillo de protección de Malvinas. El fortalecimiento en el Atlántico Sur se dará si Argentina formula Acuerdos bilaterales entre Estados o Empresas con control del Estado para capturar las especies migratorias argentinas.  

La soberanía nacional. La Argentina no necesita ratificar su soberanía sobre la plataforma continental. La CONVEMAR en el Art. 77º es clara: «El estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Los derechos son exclusivos, si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado». 

No se requiere un AMP Bentónica de Agujero Azul, ya que 17 artículos de la Ley 24.922 dotan de suficientes herramientas a la Autoridad de Aplicación y al INIDEP, para que administren y hagan sostenible la pesca en todo el territorio marino y su plataforma continental. En todo caso se necesita: 

a) Una Ley que declare Monumento Nacional Marino al lugar de la plataforma continental argentina, donde descansan los restos del Submarino ARA San Juan y los 44 tripulantes de esta embarcación de la Armada Argentina, de conformidad con el artículo 5º inciso b) de la Ley 27.037 para honrar a los tripulantes muertos  

b) Una Resolución del Subsecretario de Pesca con aprobación del Consejo Federal Pesquero que prohíba y/o no autorice la Pesca en el área que se determine con redes arrastre de fondo o de deriva, más allá de las 200 millas y hasta las 350 millas, con jurisdicción y facultades según la CONVEMAR para apresar y sancionar a los buques nacionales y extranjeros que realicen pesca con esas artes de pesca. Dejando en claro que los poteros que pescan calamar, palangreros y arrastreros de media agua no tocan el fondo marino y por lo tanto no tienen efecto negativo alguno sobre la plataforma continental. Diez minutos bastarían para elaborar ambos proyectos. 

“La creación de reservas marinas debe ser un paso hacia la paz, no hacia el conflicto” (Ruth Davis, Chief Policy Advisor de Greenpeace, consejera política de la Organización Ecologista). 

Ya siendo día miércoles, y tras más de diez horas de sesión, Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum la sesión en la Cámara de Diputados con el objetivo de que no se aprobara el proyecto de creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

La iniciativa, de cuatro artículos, establece también que "ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes".

Sin embargo, en la jugada no hubo unanimidad: los diputados de Encuentro Federal -comandados por Margarita Stolbizer- permanecieron en sus bancas mientras sus compañeros se pararon y esperaban el fracaso en el tablero, algo que no ocurrió, pues el proyecto recibió media sanción con 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención, de Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), quien quedó logueado en el sistema y tuvo que aclarar el sentido de su voto.

Entre los votos afirmativos se registraron los de los diputados de Encuentro Federal, Domingo Amaya, Sebastián García de Luca, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, pertenecientes a Juntos por el Cambio.

Los únicos dos votos negativos fueron de Claudio Vidal (SER)y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

El debate estuvo marcado por una enfática defensa de la autora del texto, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), y el fuerte rechazo de Juntos por el Cambio. Desde ese sector de la oposición cuestionaron cómo se dio el debate y también los giros de comisión que tuvo el texto.

En ese sentido, antes de pasar a la votación, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, pidió la vuelta a comisión, algo que fue rechazado por el oficialismo en medio de gritos en el recinto. "No insultes, guardate las malas palabras", reclamó Cecilia Moreau, vicejefa del Frente de Todos a sus pares de JxC que no dejaron hablar a Germán Martínez, el presidente de la bancada oficialista. El rechazo a la moción resultó con 90 votos afirmativos, 125 negativos y 2 abstenciones.

Tras las manifestaciones políticas sobre la situación económica, la sesión transcurrió sobre aguas tranquilas durante la discusión de proyectos de corte productivo, pero el clima se calentó promediando este debate.

La primera en hablar fue Camaño, quien recordó que "el 4 de agosto de 2020 nosotros aprobamos la Ley 27.557" de demarcación del límite de la plataforma argentina, que es "la que resuelve toda la temática en torno al área que estamos proponiendo". "Hace más de 15 años los tribunales internacionales vienen repitiendo que hay una sola plataforma continental" y que "el Estado ribereño tiene derecho de soberanía en la explotación, la exploración y la conservación de los recursos", explicó.

"Dice también la CONVEMAR que estos derechos son exclusivos e independientes de ocupación real o ficticia", continuó y resaltó que "en la plataforma extendida argentina tenemos tres posibilidades sobre el fondo de mar: otorgamos permiso de pesca de arrastre, otorgamos permiso para exploración y explotación hidrocarburífera y minera, o la protegemos creando una zona bentónica".

La bonaerense defendió: "Nosotros elegimos la protección porque tenemos dos motivos para hacerlo, el primer motivo es la presencia del ARA San Juan y sus 44 tripulantes que en el triste episodio del 15 de noviembre de 2017 quedaron en nuestro mar patagónico en eterno patrullaje de nuestra soberanía; y la segunda es la conveniencia de la protección de la biodiversidad de nuestros mares".

"Hoy con la extensión aprobada por CONMEVAR podemos decidir conservar este área de 148 mil kilómetros cuadrados" que "luego de un intenso trabajo con el Poder Ejecutivo", destacó Camaño, "perfeccionamos el proyecto". Por ejemplo, a fin de "evitar litigios futuros y reclamos indemnizatorios dejamos fuera los 19 bloques de exploración hidrocarburífera licitados por el gobierno anterior".
Además, la legisladora mencionó que "será el Sistema Nacional de Áreas Protegidas el que prepare el plan de manejo por cinco años, mediante un proceso consultivo y participativo".

Y rechazó "los argumentos e incluso las amenazas que se nos hicieron de posibles traidores a la patria", porque "son raros, son débiles, son incomprensibles, denotan desconocimiento y reflejan la anacrónica postura de aquellos que todavía suponen que los temas ambientales están reñidos con la producción". "Las áreas protegidas cumplen un rol en la economía y esta no será la excepción", completó.

Para argumentar el por qué del dictamen de minoría, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman criticó el "proceder antireglamentario" que tuvo el trámite de la iniciativa que, en 2020, había sido girada a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional. "Cuando perdió estado parlamentario se volvió a presentar y se le volvió a dar el mismo giro", subrayó, pero señaló que Camaño "solicitó el cambio de giro" y así se envió a Legislación General, y "desconocemos los fundamentos".

También se quejó de que a la reunión para dictaminar "fuimos convocados intempestivamente". "No podemos permitir el abuso y la manipulación de nuestro reglamento", dijo y advirtió que de esta manera "estaríamos incumpliendo" el Acuerdo de Escazú "por el apresurado tratamiento de este proyecto".

Luego fue el turno de otra diputada de la CC-ARI, Mariana Zuvic, quien encabezó las críticas. "Muchos estamos defendiendo los intereses de la Nación y con este proyecto está claro que no todos", arrancó y argumentó que desde su espacio "no solo estamos a favor de las áreas marinas protegidas, sino que hemos promovido áreas marinas protegidas, y las seguiremos promoviendo, pero jamás en contra de los intereses de la Nación".

Según la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, la iniciativa "atenta contra compromisos asumidos por nuestro país" en materia ambiental, y cuestionó que "no hubo la más mínima deliberación, participación y debate" en torno al proyecto. Sobre esto, leyó varios pedidos de acceso a la información pública realizados a distintos organismos, en los que afirman no haber sido consultados.

Para la legisladora, se llegó a la sesión por "la soberbia desmesurada" y "la prepotencia política". "Es un proyecto incoherente, ineficiente y contraproducente", definió y explicó que "toda la columna de agua que cubre la superficie del área marina protegida propuesta es altamar, entonces rigen allí las seis libertades consagradas por la CONVEMAR, entre ellas la libertad de navegación y pesca".

Zuvic remarcó que a la pesca ilegal de buques chinos "no estamos atacando con este proyecto, sino que los estamos beneficiando". También alertó que la propuesta "conlleva consecuencias perjudiciales para los intereses económicos, ambientales y soberanos" y "es contraproducente" en cuanto a la soberanía sobre las Islas Malvinas. En su discurso rechazó además la "utilización infame y oportunista del trágico hundimiento del submarino ARA San Juan".

Victoria Morales Gorleri sostuvo que la discusión de este tema “es una discusión que nos tiene que traer al consenso; nos tiene que unificar en la profundidad de una discusión en un tema tan importante, tan sensible, tan delicado”. Destacó además “la buena fe de la diputada Camaño y su trabajo y compromiso respecto de los temas ambientales, como en otros temas. Pero en este proyecto no dudo de su trabajo y su buena fe”.

“Como también quiero destacar el trabajo de nuestra senadora Gladys González, que también viene trabajando desde el Senado en una ley de estas características como el Agujero Azul”, recordó. No obstante, advirtió sobre algo que no es conocido, como el hecho de que la Cámara se renovó y los miembros de las comisiones que analizaron el tema “no han podido tener la oportunidad de esa discusión”, y ahí fundamentó el no acompañamiento del proyecto. “Ojalá este proyecto tuviera su vuelta a comisión y pudiéramos escuchar a todos los actores involucrados pertinentes. Todos han tenido la oportunidad de hablar, pero no ha sido en el marco de esta Cámara de Diputados, en las comisiones que corresponde por los giros establecidos en el reglamento de esta cámara”.

Por el contrario, Margarita Stolbizer adelantó el voto positivo del bloque Encuentro Federal al tema. También reconoció el trabajo que ha hecho Gladys González en este tema, y asimismo destacó al Gobierno de Cambiemos, tiempos en los cuales se definió la autoridad de aplicación de la ley en la Dirección de Parques Nacionales.

Stolbizer sostuvo que se habían dicho en el debate algunas cosas “equivocadas, inconsistentes”, al tiempo que llamó a “bajar de las proclamas ambientalistas que muchas veces se utilizan como cuestiones de moda, a pesar que los compromisos ambientales deben ser llevados a la práctica en acciones concretas. Y esta es una de esas oportunidades”.

“Lo que no puede la Argentina no cumplir los compromisos asumidos: la creación del Area Marina Protegida implica el compromiso para la Argentina de proteger al menos el 10% de sus zonas marinas y costeras, privilegiando las de mayor diversidad biológica. Son compromisos legales, que nos ponen a nosotros en la obligación de avanzar en este sentido”, enfatizó.

A su turno, desde la izquierda Alejandro Vilca adelantó el apoyo del PTS al proyecto. “¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? No hay excusas de formalidades, ni de reglamento. Lo que hay es lobby, de las pesqueras, las petroleras, las mineras… Quieren que vuelva a comisión porque quieren que pase lo mismo que pasó con la ley de humedales, que a pesar de que tenía dictamen de una comisión, nunca se trató en esta comisión, a pesar de que centenares de organizaciones ambientalistas reclamaron”, se quejó.

Y agregó: “Como será que existe lobby, que el Gobierno en un momento trató de ceder a las offshore en las costas de Mar del Plata. ¿Sabe cómo se respondió? Con la movilización del pueblo. Lo mismo pasó en Chubut, donde el pueblo puso por delante la defensa del medio ambiente. Lo mismo que en Mendoza. Esa es la forma de enfrentar al lobby minero, el lobby de las petroleras”.

Cerró el debate desde el oficialismo la diputada Marcela Passo, que alertó sobre “los cucos que no sé por qué motivo se han querido sembrar sobre este tema”, y sostuvo frente a los cuestionamientos del tratamiento en comisiones, que “está sobradamente tratado este tema en las comisiones”.

“Hoy tenemos nuevamente la oportunidad respecto del mismo y plantear de una manera democrática las opiniones”, señaló, resaltando la “enorme coincidencia que tiene este proyecto”. Passo apuntó además que el proyecto cumple todas sus metas, como la de reglamentar eficazmente la explotación pesquera, poniendo fin a la pesca “ilegal y destructiva”. Al respecto destacó la opinión de la Subsecretaría de Pesca que manifiesta que “no solamente la creación de esta área protegida no generaría conflictividades y problemas, sino que además podría mejorar la situación en la Zona Económicamente Protegida”.

Y cerró afirmando que venía a apoyar el proyecto porque “en el Area Bentónica Agujero Azul protege el área donde yacen los restos del ARA San Juan y sus 44 tripulantes. 43 héroes, una heroína, que están en eterno descanso cuidando nuestro espacio marítimo”.

Pasada la medianoche, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) encabezó la primera cuestión de privilegio planteada durante la jornada en la Cámara baja. Y fue contra una colega, Mariana Zuvic, con la que mantiene una disputa legislativa por el Area Bentónica Agujero Azul, proyecto que la legisladora peronista impulsa y su par de la Coalición Cívica, titular de la Comisión de Intereses Marítimos, rechaza.

“Esta es una historia bastante larga, que no empieza ni conmigo ni con ella”, planteó la legisladora, que consideró que Zuvic “fue harto ofensiva con mi persona. Yo puedo comprender que estemos en desacuerdo con los proyectos, pero las actitudes conspiranoides, con falsa información, no las voy a permitir”, advirtió.

Camaño recordó que ella presentó esa iniciativa en el año 2020, y para entonces la diputada Zuvic publicó una columna de opinión “con una serie de desaciertos”, dijo Camaño, con los que impugnaba el proyecto.

Usando, según Camaño, los mismos argumentos que utilizaba “un personaje menor, que se hacía pasar por exsecretario de Estado”, un exasesor del doctor Carlos Menem, supuestamente experto en pesca y en océanos. “Fueron los mismos argumentos que esgrimieron ante mí las cámaras de pesca cuando las atendí con motivo de este proyecto”, acotó la legisladora, que contó que contestó esa carta de manera mesurada, tratando de rebatir argumentos. Pero advirtió que hubo otra carta más ofensiva que publicó la santacruceña en La Nación, titulada “El Agujero Azul y los sospechosos de siempre”. “Ya habíamos cometido un delito por la presentación de un proyecto”, conjeturó.

Camaño dijo que Zuvic la acusa de “ser alguien que mercadea con el ambiente”. Y repuso: “Todos saben que este proyecto fue durante 2 años tratando en las tres comisiones que habían tomado la competencia primaria. Todos saben y si no lo saben los invito a que vean los videos de la sesión informativa a la que concurrieron todas las áreas de gobierno vinculada con este tema”.

“Todos en ese momento se enteraron por los funcionarios de los pormenores del tema. No solo habla la diputada del tratamiento expedito”, sino que también -dijo Camaño- vertió dudas en torno al accionar del presidente de la Cámara, Sergio Massa. “La señora deduce que hubo una contraprestación por parte de la presidencia de la Cámara en el tratamiento del proyecto por la Comisión de Legislación General” a cambio de favores en el Consejo de la Magistratura.

Graciela Camaño recordó que el proyecto se cayó después del tratamiento dado durante dos años, tras lo cual ella hizo uso del reglamento que le permite solicitar el cambio de giro.

“Donde esta señora ve una suerte de componenda entre usted y yo, deja de ver, porque la ceguera de su ignorancia le impide verlo. Si se hubiese tomado el trabajo de abrir nada más que la página de Cancillería, podría ver que el área candidata no solo figura como área candidata del Estado argentino, sino también por los funcionarios de Cancillería. Del mismo modo que en la página del Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y Areas Marinas. Y el propio presidente de la Nación decidió incluir el tema entre los 18 que mandó a extraordinarias. ¿De qué componenda habla la señora diputada?”, se preguntó indignada.

Tras hacer muchas referencias críticas a las imputaciones de Zuvic, entre ellas una imputación de “traición a la patria”, Camaño aclaró que ella quiere que su cuestión de privilegio pueda ser dilucidada, razón por la cual “quiero además exhortar al presidente de Asuntos Constitucionales, emplazarlo para que este tema sea debidamente dilucidado en la comisión, donde aportaré todas las cuestiones científicas académicas que se corresponden con este tema”.

Y agregó: “Dice que nos estamos metiendo en la zona de conflicto de Malvinas… Para nosotros no hay zona de conflicto de Malvinas. Para nosotros la plataforma es territorio argentino”.

Y cerró señalando que Zuvic “forma parte de una fuerza política que tiene algunos inconvenientes con la Justicia por haber escuchado algunos informantes que pululan en los suburbios de la Argentina. Le aconsejo que cuando quiera rebatir un proyecto de mi autoría, estudie e investigue, porque yo para hacer un proyecto de ley de esta envergadura estudio e investigo. No voy a permitir que nadie en este recinto mancille mi honor”.

A continuación planteó una cuestión de privilegio el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, contra el presidente de la Cámara, precisamente por la cuestión de los giros de los proyectos. Y tras él lo hizo la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien apoyó el planteo de Camaño, haciendo suyo el reclamo porque el tema sea abordado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Cuestionó a la diputada Mariana Zuvic por haber denunciado maniobras en la Cámara y que se dictaminan proyectos como moneda de cambio. “Es un ataque a la convivencia entre los actores de la democracia; alude a contraprestaciones que no existen, pero quien las plantea es porque es capaz de recibirlas”. Y cerró hablando de una doble vara, ante lo cual exhibió una foto de la legisladora junto al diputado del Parlasur “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia en Uruguay. En la foto ambos tenían un cartel con la frase: “Chau privilegios”. Con ironía, Moreau reclamó que el exoperador judicial del Gobierno de Cambiemos “venga a declarar”.

La diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) abrió la lista de cierres del extenso debate sobre la Boleta Unica de Papel. En su mensaje aclaró que apoyaba el cambio por tener “el firme convencimiento de que el sujeto activo del proceso electoral, el eje al que tenemos que mirar y ver si le estamos respondiendo como corresponde, es al ciudadano que vota”.

“Mucho se habló hoy de la militancia política, pero creo que ese es el error: suponer que ese es el sujeto al que tenemos que venerar y facilitarle el proceso electoral. Son cosas distintas”, señaló.

Camaño admitió que el tema puede no importarle al común de la gente. “La verdad que no, estamos hablando de nuestros propios intereses”, aclaró, señalando que “se repiten los argumentos: urgencia, apuro, falta de consenso”, y a continuación detalló los resultados de las votaciones de todos los cambios electorales de los últimos años. “No busquemos consensos, porque lo que estamos hablando es de nuestros intereses”, explicó.

“Pongamos los pies sobre la tierra a la hora de discutir, dejémonos de versear”, sintetizó, argumentando que en el proceso electoral “hay una suerte de dos escenarios”.

Admitió que no hay denuncias concretas, salvo las que se hacen contra los partidos sobre el financiamiento. “Pero hay otro escenario”, aclaró, especificando las cosas que suceden en torno a cada elección, sobre todo con los partidos más chicos. Habló de “la viveza criolla”, y comentó jugarretas que se hacen con las boletas ajenas para que sean impugnadas.

“También ocurre que hay compra, canje de votos. Y esto no habla mal de los ciudadanos; no es un problema de los ciudadanos que sucumben ante el dirigente político corrupto. Esto tiene que ver con nosotros, no con ellos”, sintetizó, recordando luego que desde 1997 la Cámara Nacional Electoral viene llamando la atención sobre el sistema de votación vigente.

Concluyó su discurso mostrando diversos modelos de boletas únicas según las últimas elecciones. Mostró así cómo serían las de distintos distritos, y en todos los casos los tamaños eran módicos. Pero concluyó mostrando cómo estaría representada la boleta de Moreno si se hiciera una pegatina de todas las utilizadas en ese distrito bonaerense en las últimas PASO. “Esto es lo que vamos a votar: que esta cantidad de personas, de boletas y de confusión electoral aporte a que el ciudadano no tenga la posibilidad de elegir”, explicó mientras desenrollaba junto a Emilio Monzó cómo quedaría la pegatina de boletas.

Entre aplausos, exhibió una larguísima pegatina de boletas que cubrió casi toda la bancada de JxC.

La diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), y la diputada nacional Leonor Martínez Villada (CC-ARI – Córdoba) salieron en defensa de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que está pronto a ser destituida después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de la provincia.

“Qué está diciendo ese Jury, en caso de desoír lo que está diciendo la Corte o lo que está diciendo el Procurador, está diciendo ‘no investigues al poder’”, señaló Camaño y agregó: “El grave problema que tenemos es de qué manera se ve hacia abajo el ejemplo que damos aquellos que tenemos alguna responsabilidad y parece que no se entiende”.

Además, la consejera calificó como “muy grave” la acusación contra Goyeneche y precisó: “Se la acusa de no haberse excusado, pero allí, en su caso, se mal utiliza el Instituto de la Excusación porque en realidad ella no se excusa, avanza con la investigación y logra un expediente con culpabilidades hacia las personas que conocía. Totalmente mal utilizado el Instituto de la Excusación porque si para algo sirve es para que vos no hagas connivencia con aquél que conocías. No hizo connivencia, avanzó con la investigación y por eso se la está llevando a un Jury”.

Y agregó que “quienes le están haciendo Jury son pasibles de que después se lo investigue porque en realidad están mal utilizando un instituto tan importante como es el de la Excusación”.

En el mismo sentido, se pronunció la diputada de la Coalición Cívica a través de las redes sociales quien advirtió: “Si la Corte Suprema falla a favor de la fiscal Goyeneche y la Provincia de Entre Ríos no acata el fallo, vamos a pedir la intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno”.

“No queremos un nuevo fiscal Sosa, no queremos una nueva Santa Cruz. La injusticia y la impunidad no se pueden consolidar en la Argentina. Por lo menos no contarán con nuestra complicidad”, adelantó.

Si la Corte Suprema falla a favor de la fiscal Goyeneche y la Provincia de Entre Ríos no acata el fallo, vamos a pedir la intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno.

— Leonor Martinez Villada (@leonormartinezv) May 20, 2022

Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta, pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron involucrados desde dirigentes del peronismo hasta de la oposición. Uno de los casos más resonantes, el de los “Contratos de la Legislatura” provincial, reveló un entramado para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años.

En un tramo del tratamiento del proyecto que crea el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, la diputada nacional e integrante del interbloque federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) destrozó la iniciativa del Ejecutivo y adelantó su voto negativo.

“Esta nueva ley intenta abrir el camino y la producción al nivel industrial, no es una normativa con propósitos de salud, sino que está inspirada con otros fines”, comenzó su intervención y recordó: “Según nos informó el ministro de producción son ‘aspectos económicos’ los que inspiraron la sanción de la ley en función de la comercialización interna y exportación se perdieron demás aspectos involucrados”.

Con un tono más elevado, Camaño señaló: “En primer lugar no se trata de cualquier commodity se habla de materias primas, no es el cannabis medicinal cualquier materia prima. Al momento de informar el ministro de producción señalaba que se iban producir 10 mil nuevos empleos y que el mercado interno alcanzaría 500 millones de dólares, hay 75 mil inscriptos”, y apuntó: “Se supone que con el cannabis medicinal vamos a hacer medicamentos y cremas, vamos a encremar a la Argentina con esto. Hay 50 millones de exportación”.

“Esos datos me llevan a cuestionar las ventajas comerciales que se crean en esa super estructura burocrática de los ministros y funcionarios que no funcionan, sin que sean ponderados los riesgos y peligros de la iniciativa en términos de expansión”, advirtió la diputada bonaerense.

En tanto, criticó que es “un proceso que se genera de un flagelo dentro de la Argentina, el avance de la droga y organizaciones vinculadas con el narcotráfico se han expandido y el Estado argentino, que resulta tan inepto a la hora de resolver esta problemática con enfermos y con el narcotráfico, asumió contratos internacionales sobre la lucha contra el narcotráfico”.

“Es sobre abundante los motivos que me llevan a rechazar esto porque sabemos que estamos frente al peligro más importante que tenemos como sociedad que nos lleva a ver a madres que nos piden que hagamos algo para que los chics puedan ser relvados a un tratamiento”, expresó la legisladora.

En ese sentido, lanzó: “Las madres de los enfermos no nos piden crear la industria de la droga, sino que cambiemos la Ley de salud mental para que las jóvenes puedan ser tratados porque el Estado no lo hace. El Estado nacional no tiene política contra la salud mental ni contra las adiciones ni el narcotráfico”, y cerró: “El commodity bajo el ropaje del cáñamo, es como el gato por liebre, y esto es terrible liebre. Lo que sigue es la legalización de la marihuana y yo estoy en contra de la legalización de las drogas”.

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño consideró que los dichos de su par Mario Negri sobre su lugar en el Consejo de la Magistratura fueron "una chicana berreta de una persona a la que estimo muchísimo".

"(Pablo) Tonelli ingresó de la misma manera que ingresé yo", le recordó la legisladora al jefe de la UCR en la Cámara baja, quien le sugirió a Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista, que en lugar de reclamarle a la oposición por una banca en el Consejo, le pida a Camaño que se sume a su espacio.

En ese sentido, la bonaerense apuntó que en 2015 el gobierno de Cambiemos construyó una mayoría, que incluso "apoyó el bloque de Victoria Donda", para que el diputado del Pro Pablo Tonelli pudiera ser designado en el Consejo.

Y ese esquema fue justamente el que la oposición copió en 2018, y por el cual ingresaron Vanesa Siley y Camaño. En diálogo con radio La Red, la diputada recordó que su postulación la apoyó "el Frente para la Victoria, pero también otros bloques".

"No se trata de que yo pertenezca al bloque del kirchnerismo, nunca pertenecí", agregó.

Por otra parte, la consejera afirmó que se encuentran esperando que "el juez (Horacio) Rosatti nos convoque a todos los miembros". "Ya estamos para funcionar", afirmó, a pesar de que "hay una controversia que está planteada en la Justicia" sobre los nombramientos del senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes. Pero aclaró: "La Corte puede tomarles juramento y la Justicia seguir su análisis respecto al tema".

Al no formar parte de ninguna de las dos grandes coaliciones, y ser consultada por la importancia de su voto en el Consejo, Camaño mencionó el antecedente de su decisión en contra sobre "los 10 jueces que fueron trasladados de manera anticonstitucional -no lo dije solamente yo, lo dijo la Corte-, por el gobierno de Mauricio Macri".

"Yo voy a hacer lo que considero correcto porque no tengo sesgos ni intereses dentro de la Justicia. No me voy a prestar a ningún manipuleo ni maniobra", subrayó la diputada del interbloque Federal.

Integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño aclaró que la legalidad de la jugada del kirchnerismo en la Cámara alta para quedarse con un lugar más en ese organismo la deberá resolver la Justicia, aunque desde el punto de vista ético la consideró “una actitud repudiable”.

Tras reconocer que hay un cuestionamiento vinculado a si la representación del estamento legislativo debe hacerse con la vieja o la nueva ley, observó que “el oficialismo en el Senado ha resuelto de una manera drástica, creo que es éticamente repudiable”.

Con todo, estimó que “se van arreglando los problemas del Consejo de la Magistratura”. Así y todo, reconoció que ella personalmente es crítica respecto del tiempo que la Justicia se tomó para decidir sobre la constitucionalidad de la ley de 2006, cosa que consideró “un problema endémico de la Justicia en Argentina”.

Como ejemplo, recordó que “con esta ley que han declarado inconstitucional se han nombrado 708 magistrados en la Argentina y la Corte puntualmente tuvo este tema durante cinco años. O sea, me parece que debió haber sido mucho más eficiente con los tiempos para el análisis de la constitucionalidad”.

Así y todo, en diálogo con Actualidad Política TV, sostuvo que más allá de todas estas vicisitudes, espera que esta semana el Consejo retome sus tareas habituales con el cumplimiento del fallo.

Con relación a la presencia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente del Consejo, aclaró que “nadie puede manejar el Consejo de la Magistratura porque es un órgano colegiado”. Señaló en ese sentido que “sería muy importante ponernos de acuerdo y poder hacer una ley que no sea el producto de un fallo que declara inconstitucional alguna ley, lo que nos remite a una vieja ley, fundamentalmente por el propio Poder Legislativo. Y en ese sentido digo, esa crítica de ilegalidad por parte de la Corte con su fallo es absolutamente absurda. Primero, el instituto Consejo de la Magistratura, en nuestra Constitución, está en la órbita del Poder Judicial, más allá de que es un instituto nuevo y que es un instituto que tiene una suerte de coparticipación de varios estamentos, en donde también está el estamento de aquellos que somos elegidos, o sea, los que ejercemos la acción política. También está el estamento de los abogados, el estamento de los académicos y también de los jueces. Esto es lo que lo que han querido los constituyentes. O sea, no hay preeminencia de nadie sobre nadie”.

Nunca había pasado lo de este año: que a finales del mes de abril solo tres comisiones estén constituidas. Quien más años lleva en la Cámara baja, la diputada Graciela Camaño, lo confirmó ante parlamentario.com: “No recuerdo nada igual. Las comisiones se constituían inmediatamente después del plenario constitutivo del Cuerpo, o sea en diciembre. No hay ningún motivo para que esto no ocurra. La excepción fue en 2017, que no le dimos la facultad de organización al presidente de la Cámara y distribuimos las comisiones en la sesión preparatoria”, evocó la diputada de Identidad Bonaerense.

La gran paridad existente entre el oficialismo y la principal oposición extendió en extremo las negociaciones entre los dos bloques mayoritarios y así fue que a esta altura del año solo estén constituidas las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, que se formaron en diciembre del año pasado, para el tratamiento del Presupuesto 2022 la primera, y para Bienes Personales la segunda. Y Legislación General, constituida a  principios de este mes para analizar la nueva ley de alquileres.

Hace tres semanas hubo un principio de acuerdo en el reparto de las comisiones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero la falta de convocatoria a conformarlas persistió y se extenderá hasta la próxima semana, cuando finalmente comenzarán a conformarse el resto de las comisiones.

Según el cronograma difundido por las autoridades de la Cámara baja este jueves, once comisiones serán constituidas entre miércoles y jueves de la próxima semana. A saber: 

• Educación (Miércoles 11.00 hs)
• Comunicaciones e Informática (Miércoles 12.00 hs)
• Ciencia, Tecnología e Innovación (Miércoles 15.00 hs)
• Industria (Miércoles 16.00 hs)
• Deportes (Miércoles 17.00 hs)
• Agricultura y Ganadería (Jueves 11.00 hs)
• Población y Desarrollo Humano (Jueves 12.00 hs)
• Recursos Naturales (Jueves 13.00 hs)
• Acción Social y Salud Pública (Jueves 14.00 hs)
• Obras Públicas (Jueves 15.00 hs)

De todas ellas, el oficialismo seguirá manejando las comisiones de Educación, Comunicaciones e Informática, y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, donde serán reelegidos los legisladores que las venían presidiendo con anterioridad: Blanca Osuna, Pablo Carro y Leonardo Grosso, respectivamente. También el Frente de Todos mantendrá el comando de Obras Públicas. Esa comisión será presidida por el diputado santiagueño del oficialismo Daniel Brué.

Juntos por el Cambio presidirá Agricultura y Ganadería, que quedará en manos del formoseño Ricardo Buryaile; Ciencia, Tecnología e Innovación, donde estará Facundo Manes; Población y Desarrollo Humano, que conducirá alguien de la Coalición Cívica que todavía no ha sido confirmado; y Deportes, donde irá el diputado del Pro, Héctor Baldassi.

Acción Social y Salud Pública, que era presidida por el tucumano Pablo Yedlin, será manejada ahora por la oposición y quedará al frente la santafesina Mónica Fein, del interbloque Federal.

En el intercambio de comisiones, JxC entregó Industria al Frente de Todos, que presidía hasta diciembre pasado el porteño Alejandro García (Pro), a cambio de Agricultura y Ganadería. Al frente de Industria estará el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto (Entre Ríos). Según confiaron fuentes de la principal oposición, conservarán las comisiones de Comercio, Transporte y Turismo, y se quedarán con Legislación Penal, que presidirá alguien del Pro. No lograron en cambio presidir las comisiones de Educación, de Ambiente, de Justicia, la de Juicio Político, ni la de Asuntos Constitucionales, que habían puesto en la mira.

Tal cual lo adelantado en su momento por parlamentario.com, de las 45 comisiones, 23 serán presididas por el oficialismo, 22 por el Pro, una por el interbloque Federal y se queda sin nada el interbloque Provincias Unidas, que en el pasado manejaba Prevención de Adicciones (Luis Di Giacomo, Provincias Unidas).

Por José Di Mauro

Nadie debería haberse sorprendido de que la resolución del conflicto en torno a la reforma del Consejo de la Magistratura se empantanara. Así debió preverse a partir de la demora del Senado en iniciar el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre todo las expresiones que durante todo el tiempo que medió hasta el inicio de la discusión se escucharon de parte de referentes judiciales del kirchnerismo más duro.

Hombre clave en ese esquema, Rodolfo Tailhade se mostraba por esos días más cuestionador de la decisión adoptada por la Corte Suprema, que por encontrar caminos superadores que llevaran a una resolución del conflicto.

Ni bien se aprobó el proyecto en el Senado, el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, le apuntó también a la Corte Suprema supuestamente para forzar una extensión de los plazos. Por eso habló de los 1.577 días que el Tribunal Supremo se tomó para emitir el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006, a instancias de la hoy vicepresidenta de la Nación, para contrastarlos con los exiguos 120 que le dio al Congreso de plazo.

Era de prever que el Tribunal Supremo no habilitara dilaciones, a partir de otro hecho: el proyecto del Ejecutivo ingresó al Senado el 7 de diciembre pasado y recién comenzó a ser tratado el 22 de marzo último. Esto es, si bien el plazo de 120 días otorgado por la CSJN para aprobar una nueva ley de reforma para el Consejo de la Magistratura puede considerarse reducido, también es cierto que 106 días demoró el Senado el inicio del tratamiento del proyecto. Dicho en términos porcentuales, el 88% del tiempo otorgado por la Corte Suprema.

El proyecto fue deliberadamente enviado al Senado y no a Diputados, donde podía complicarse su tratamiento. Pero tratándose de la Cámara alta, está claro que los tiempos los impondría el cristinismo, y fue lo que hizo. El área judicial es de especial atención para ese sector del Frente de Todos y allí se iniciaron todos los proyectos que luego se atascaron en la Cámara baja: reforma judicial, reforma del Ministerio Público y ahora el Consejo de la Magistratura. Todos tuvieron media sanción del Senado y no pasaron el filtro de la Cámara baja. Sin contar el pliego de Daniel Rafecas para procurador, todavía sin tratamiento en la Cámara alta.

Dadas las circunstancias, siempre fue más factible que el Consejo de la Magistratura se recompusiera solo hasta llegar a la composición que establecía la ley de 1997, de 20 miembros. Lo que daría lugar -como ha dado- a que el oficialismo echara dudas respecto de la medida adoptada por la Corte, por cuanto se ve al Tribunal Supremo arrogándose facultades legislativas.

Como sea, ahora la vuelta a la composición original se encuentra empantanada a partir de un fallo judicial impulsado por un juez federal de Entre Ríos (Daniel Alonso), a instancias de un diputado oficialista (Marcelo Casaretto), para que los presidentes de ambas cámaras se abstengan de designar a los dos legisladores que deberían conformar el nuevo Consejo, según su vieja composición.

El fallo del juez entrerriano es cuanto menos polémico, porque implica que una instancia inferior pueda modificar la decisión de nada menos que el Máximo Tribunal del país. Por eso es que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de nulidad de esa precautelar, considerando que se trata de “un alzamiento inadmisible” contra un fallo de la Corte. Y le pide el Colegio directamente a la Corte avocarse a ese tratamiento “por la gravedad institucional del caso”.

Seguramente esa discusión se definirá en el transcurso de esta semana, pero lo cierto es que mientras tanto la designación de esos dos legisladores es el punto con el que el oficialismo buscará demorar la vuelta al Consejo anterior.

Un antecedente a tener en cuenta

No es la primera vez que la elección de legisladores para el Consejo genera polémica y hasta la intervención de la Corte. Sucedió en 2015, cuando Cambiemos llegó al poder. Ese Gobierno tenía minoría en ambas cámaras y poca influencia en el Consejo de la Magistratura. Por eso es que mientras atendía la situación imperante en Diputados y el Senado, que terminaría resolviendo en el transcurso del verano, planteó un audaz desafío hacia el kirchnerismo. A las dos semanas de gestión de Mauricio Macri le ganó al Frente para la Victoria una pulseada gracias a un acuerdo parlamentario que le permitió arrebatarle al kirchnerismo un lugar y designar a Pablo Tonelli (Pro).

Para eso reunió una cantidad de diputados superior al kirchnerismo para cubrir un cargo vacante. Para entender la historia completa hay que remontarse a 2014, cuando los diputados designados por el FpV-PJ eran Eduardo “Wado” De Pedro y Rodolfo Tailhade. Al irse el primero al Poder Ejecutivo, para asumir como secretario general de la Presidencia-en tiempos de Cristina Kirchner-, asumió su suplente: la entonces diputada Anabel Fernández Sagasti. Un año después la mendocina sería elegida senadora nacional, por lo que se generó una vacante en el Consejo de la Magistratura, ya que el Frente para la Victoria no había designado suplente cuando la mendocina asumió en lugar de Wado De Pedro. Entonces no lo consideraron necesario, pues no imaginaban lo que les pasaría.

El ideólogo de la movida que le permitió a Cambiemos quedarse con ese lugar en el Consejo fue el entonces presidente del bloque Pro, Nicolás Massot, quien elaboró un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa por el que sumaron 110 diputados con los cuales formaron una nueva mayoría para la ocasión.

Massot había estudiado el tema con su equipo jurídico y vio la debilidad de la estructura de la ley. A su juicio, la norma escrita tiene “muchas lagunas y mucha ambigüedad”. Así las cosas, ellos le dieron a la ley una interpretación que considera “correcta”, sobre todo a partir de que la Corte Suprema terminó avalando lo sucedido al señalar que así como los fueros son de la Cámara, los cargos que representan al Congreso también son de la Cámara y no de los partidos. Por lo tanto, la interpretación de la mayoría debía ser dinámica y la Cámara podía modificar las mayorías que resultaron de una elección.

 “Creo que fue uno de los principales golpes por los cuales entendieron (los kirchneristas) que nosotros veníamos a pisar fuerte acá y no a ser espectadores”, explica Nicolás Massot en el libro Gobernar en Minoría (Ediciones Corregidor, 2019), y allí agrega: “Lo nuestro fue una estrategia para que un gobierno que no tenía mayoría por las urnas, la pudiera conformar, que es lo que en general hacen los oficialismos del mundo. Esta herramienta fue una interpretación para que no fuera el resultado electoral estático el que determinara lugares, sino una mayoría dinámica, que el oficialismo siempre está en condiciones de generar”.

Esa estrategia se le terminaría volviendo en contra. Ya lo veremos.

Para el año 2018, el gobierno de Mauricio Macri se las había arreglado para tener mayoría en el Consejo de la Magistratura, y tras los resultados de las elecciones del año anterior y la nueva composición legislativa se aprestaba a conseguir los dos tercios: el número necesario para imponer y destituir jueces. A esa cantidad esperaba llegar a partir de ser ahora primera minoría en el Senado, dato que había surgido de las elecciones de 2017.

Para impedirlo, el jefe de la principal oposición en el Senado, Miguel Pichetto, venía trabajando silenciosamente desde hacía semanas para sumar miembros a su interbloque, de modo tal de superar a los de Cambiemos y así conservar los dos senadores por la mayoría. No le resultaba posible: habían avanzado las negociaciones con el gobernador santiagueño Gerardo Zamora para incorporar a sus  dos senadores al interbloque Argentina Federal, pero cuando ya lo tenía resuelto, se le volvió a complicar al rionegrino al sufrir en vísperas del debate del Presupuesto 2019 la salida de los dos peronistas tucumanos: José Alperovich y Beatriz Mirkin, lo que lo dejaba en el mismo lugar de antes.

Finalmente, pocas horas después de haberle dado una gran mano al Gobierno de Cambiemos con la aprobación del Presupuesto, Pichetto difundió un comunicado en el que anunciaba haberse adjudicado los dos senadores por la mayoría, por ser el bloque con mayor número de integrantes: 18. Esto es, no tomaron en cuenta a los interbloques. Fin de la historia.

El propio Pichetto se quedó con uno de esos dos lugares para la mayoría y el otro fue para una senadora santiagueña que respondía a Zamora, parte del acuerdo. No hubo protestas de Cambiemos, que siempre priorizó cultivar una buena relación con los aliados indispensables del Senado. Pero no esperaba el baldazo que llegó inmediatamente después desde la otra cámara.

Utilizando en este caso la doctrina a la que había echado manos Cambiemos en 2015 para arrebatarle un lugar al kirchnerismo, la oposición se unió en 2018 para sacarle al oficialismo uno de los dos lugares que reclamaba para sí.

El FpV-PJ negoció con el Frente Renovador para alcanzar una mayoría circunstancial. Sergio Massa pidió entonces que le aportaran nombres, aclarando que el de Rodolfo Tailhade (entonces consejero) no era viable, y le propusieron a Eduardo “Wado” De Pedro. Y el FR podría poner a su jefa de bloque: Graciela Camaño.

La movida contó con la anuencia del bloque Justicialista, que respondía a los gobernadores y cuyo titular, Pablo Kosiner, rechazaba acordar con el kirchnerismo. Sin embargo se impuso en su espacio el criterio de la mayoría del interbloque Federal y la adhesión fue firmada por su vice, Sergio Ziliotto, un hombre del gobernador pampeano Carlos Verna, en pie de guerra con el Gobierno de Cambiemos.

Advertido por Emilio Monzó de lo que venía, el propio presidente Macri llamó a su amigo Juan Schiaretti para pedirle que sus cuatro diputados no se sumaran a la movida, pero el gobernador cordobés ya había arreglado con Massa, quien le había garantizado que su vicegobernador en uso de licencia, Martín Llaryora, sería el suplente de Graciela Camaño, a quien se le vencía el mandato en 2019 y entonces asumiría Llaryora en el Consejo. No fue así porque el cordobés terminó siendo elegido intendente de la capital de su provincia y Camaño al final fue candidata para otro período y hoy sigue en el Consejo.

Como en tantas otras cosas, Cambiemos entonces se confiaba en presunciones y en este caso jugaba su suerte a que el massismo no se arriesgara a quedar expuesto en un acuerdo con los K en un tema tan sensible como el manejo judicial. Pero debió resignarse ante su propia medicina.

Así las cosas, de 9 miembros que esperaba tener en el Consejo, Cambiemos quedó reducido a 7 sobre 13. Siguió teniendo mayoría, podía elegir al presidente, pero debería consensuar para conseguir los votos para remover o designar jueces o fiscales. Y también aquí volvería a depender de Miguel Pichetto.

Consultado sobre si la estrategia elegida se les había vuelto en contra, Nicolás Massot respondió con inusual sinceridad: “Lo que se nos volvió en contra es lo inédito de que haya un oficialismo que pierda mayorías. No es que se nos volvió en contra la herramienta. Y el oficialismo perdió las mayorías no solamente en el Consejo de la Magistratura, las perdimos con los DNU y con las leyes en general. Desde mediados de 2017 ese Gobierno dejó de tener mayorías en el Congreso”.

La controversia actual

Y así llegamos a la composición actual y una nueva polémica que se plantea. Los representantes del Congreso en la Magistratura son tres diputados de distintos sectores: Vanesa Siley (Frente de Todos), Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) y Graciela Camaño (interbloque Federal). Y tres senadores que representan la relación de fuerzas en la Cámara alta: María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos), Mariano Recalde (Frente de Todos) y Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio).

Con la ampliación que se viene a partir de la vuelta al Consejo de 20 miembros, Juntos por el Cambio considera que le corresponden los dos lugares asignados al Poder Legislativo, por ser segunda minoría. Por eso elevó a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, el nombre del cordobés Luis Juez por el Pro, y a Sergio Massa el de la diputada santacruceña Roxana Reyes (UCR).

Pero más allá del freno que un juez entrerriano le puso a la designación de representantes legislativos, el oficialismo opina lo contrario: dice que las segundas minorías no son las actuales, sino las de 2018, cuando se integró el actual Consejo de la Magistratura. Si así fuera, en 2018 el segundo bloque con más miembros del Senado era Unidad Ciudadana, y razonan que en Diputados sería la izquierda.

Si prevaleciera la postura del actual oficialismo, los designados entonces podrían ser el senador nacional Oscar Parrilli y la diputada nacional Myriam Bregman.

Esto se resolverá -o no- en las próximas semanas, si es que el Consejo de la Magistratura puede así reactivarse a partir de la vigencia de la ley de 1997.

En la previa del debate en el Senado de la reforma del Consejo de la Magistratura, y en una carrera contrarreloj de cara al 15 de abril, día en que vence el plazo ordenado por el máximo tribunal del país para sancionar una nueva ley, la diputada Graciela Camaño afirmó que está a favor de que la Corte Suprema integre el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, pero no así de que lo presida y tenga doble voto.

En medio de una compleja discusión, que no reúne consenso, la legisladora del bloque Identidad Bonaerense sostuvo que "no" está "en ninguna de las dos posiciones", al respecto de las propuestas que hay por parte del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

"No creo que tengamos que sacar a la Corte del Consejo. La Constitución establece claramente que todas las instancias de la justicia deben estar en el Consejo", argumentó la diputada, que además integra el Consejo.

En ese sentido, aseguró que debe existir un "equilibrio" en los estamentos, y criticó "cuando la política quiere leer la Constitución del lado que le conviene".

Camaño explicó que el Consejo es "un órgano distinto a la Corte" y "en ese ámbito debe convivir de manera equilibrada el estamento de los jueces, el estamento de los legisladores, el estamento de los abogados y, por fuera de esta selección, habla de que deben participar los académicos, sin mencionar qué tipo de profesión".

"Quiere decir que la Corte tiene que estar", resaltó e interpretó que debe haber "un juez de primera instancia, un juez de cámara y tiene que estar un juez de la Corte". Pero aclaró: "No estoy a favor de que nosotros en la ley a una instancia le demos un doble voto y le demos la presidencia para desequilibrar".

En diálogo con Radio Mitre, la legisladora subrayó que "tampoco" está "a favor del proyecto del kirchnerismo que ya hace 16 años quitó a la Corte", siendo ésta "quien administra el dinero de la Justicia" y "está mejor dotada". Sobre este punto, enfatizó que en los últimos años desde el Consejo "se trabajó siempre en divorcio con la Corte" y "rivalizando en materia de administración".

"Si somos un organismo de equilibrio es mejor dejar que el propio Consejo decida quién va a presidir", expresó y recordó que "un solo año de los años que yo llevo en el Consejo presidió alguien que no fuera juez". "En un cuerpo colegiado lo que tiene que haber son acuerdos", agregó, mientras que consideró que los jueces no deberían "integrar algunas comisiones", como la de acusación, por ejemplo.

Para la diputada del interbloque Federal, "tenemos una carencia de conciliar la Constitución con los intereses propios de las fuerzas políticas, y eso es lo que nos hace caminar constantemente por la marginalidad".

"Esta es una ley en la que no podemos hacernos los tontos. No es como la reforma judicial. Tenemos un mandato de la Corte que nos dio 120 días", enfatizó, y apuntó que a partir del 15 de abril, si no se sanciona una nueva norma, "todos los actos que haga el Consejo de la Magistratura van a ser nulos".

Por eso, "hay que tener responsabilidad republicana, ya que tanto les gusta ese término, todos", manifestó e instó a las mayorías parlamentarias a buscar consenso y "ajustarnos lo más que podamos a la Constitución y tener acuerdos políticos".

En otro tramo, aclaró: "Yo no tengo una iniciativa, tengo una interpretación acabada de la Constitución y precisamente no coincide con el proyecto que el kirchnerismo pretende sacar del Senado, y tampoco coincide con algunas iniciativas de Cambiemos. A raíz de que no pienso como ninguno de los dos extremos es que no he presentado un proyecto".

Consultada sobre el tuit del exministro de Economía y excandidato presidencial Roberto Lavagna, quien se expresó a favor de que la Corte presida el Consejo, Camaño se desmarcó: "Hace mucho tiempo no lo veo a Lavagna. Él no forma parte de mi bloque, no preside mi bloque, no tiene ningún tipo de injerencia".

"Lamento el primer error, Argentina tiene un cuarto poder, es el poder constituyente", cuestionó sobre el mensaje de quien fuera el líder de Consenso Federal, el espacio por el cual en 2019 Camaño resultó reelecta diputada.

Finalmente, la bonaerense añadió: "Es su opinión, que la explique él. No me gustan los tuits de los políticos, yo prefiero dar la cara".

La posición de Camaño -que integra el interbloque Federal con 8 miembros- refuerza las complicaciones que tendrá el oficialismo en la Cámara de Diputados para alcanzar el número de 129 legisladores que necesita para sancionar la ley, que se tratará primero en el Senado, y que no contempla a la Corte Suprema integrando el Consejo.

A partir del acuerdo alcanzando con el senador rionegrino Alberto Weretilneck, el Frente de Todos, con 118 miembros, podría contar con el aval de los 5 diputados del interbloque Provincias Unidas, pero aún así le faltarían 6 votos más.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense – Buenos Aires) remarcó a través de sus redes sociales la importancia de los bosques en el marco de su Día Internacional que se celebra cada 21 de marzo: “Los bosques son esenciales en la naturaleza, cumplen funciones necesarias que ayudan a enfrentar el cambio climático”.

La legisladora que integra el interbloque Federal señaló que una de las principales causas del cambio climático es la deforestación que son “actividades que desarrollamos los seres humanos”, y detalló: “En Argentina miles de hectáreas de bosque nativo se talan o se queman para extraer madera, en algunos casos para convertir las tierras en zonas agrícolas/ganadera ilegal e insostenible”.

“Durante la época de calor, los incendios forestales acaban con nuestros bosques, estos incendios se producen con mayor frecuencia, además de ser más destructivos para el ambiente, los resultados están a la vista”, advirtió Camaño e invitó a reflexionar: “Cuidar nuestros bosques es un compromiso que debemos asumir”.

Por último, subrayó que “la tala indiscriminada de árboles causa daños terribles en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, inundaciones, aridez y erosión del suelo que los convierte en tierras no productivas, contribuye con el cambio climático ya que los bosques son consumidores de (CO2)”.

Además, su posteo estuvo acompañado de un video en que el explica el motivo por el cual se celebra el Día internacional de los Bosques: “El objetivo, es crear conciencia de la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y con ello la supervivencia de todas las especies”.

Asimismo, advirtió que en Argentina en las últimas tres décadas se han perdido 8 millones de hectáreas y el 80% de la deforestación se concentra en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

🗓️21 de Marzo - Día Internacional de los Bosques 🌲🌳🐆

Los bosques son esenciales en la naturaleza, cumplen funciones necesarias que ayudan a enfrentar el cambio climático.#DiaInternacionaldelosbosques pic.twitter.com/CfwyzZFwCl

— Graciela Camaño (@GracielaCamano) March 21, 2022

Durante su discurso en la sesión que se debate el acuerdo con el FMI, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) enfatizó que ante el compromiso de pagar la deuda "quien tendrá que hacer el esfuerzo político o administrativo para cumplir con lo que se está proponiendo es el Poder Ejecutivo del doctor Alberto Fernández. Así que, señor presidente, será comprar menos fiambre, tener menos adiestradores, saber que está gobernando Argentina con casi un 40% de pobreza y que no gobierna Suiza".

"El título de esta película-relato se llama austeridad en el Gobierno. Si lo pueden hacer señores, tienen el compromiso de este Congreso de que le permitimos que lo hagan", remarcó en el final de su intervención.

En tanto, cuando arrancó su exposición, la legisladora del interbloque Federal celebró "que algunos hayan abandonado el relato y la pretensión de que se les votara el relato", en referencia al Frente de Todos, y que "otros hayan abandonado el sentimiento de culpa que los embarga", en alusión a Juntos por el Cambio.

Además, rescató "la coherencia de la Coalición Cívica que ha sostenido una línea respecto a este tema desde el primer momento".

Para Camaño, "no estar aquí hubiera significado un colapso para las finanzas del Estado Nacional, para las finanzas de los Estados provinciales, para las finanzas de los Estados municipales. Y, en cuarto término, como si esto fuera poco, para las finanzas y las posibilidades de tomar créditos de las empresas argentinas, que ya están en serias dificultades por la falta de capacidad de gestionar el Estado que tenemos la dirigencia política desde hace tanto años".

Respecto al proyecto que fue modificado, la diputada señaló que "el relato nos estaba obligando a votar algo que constitucionalmente no se podía votar", ya que la Constitución Nacional "nos atribuye a autorizar el empréstito" pero "no nos atribuye a que venga de rendón el Ejecutivo y nos meta lo que quiere hacer o lo que se compromete a hacer para que esto ocurra. Eso es responsabilidad del que gobierna. Y tengo una novedad, será responsabilidad del que gobierne después".

En esa línea, expresó: "Nosotros somos aves de paso, el Estado tiene continuidad y las responsabilidades del Estados continúan".

"Lo importante que es que abandonemos la locura, los extremos, los discursos fáciles y empecemos a pensar como dirigentes nacionales y cómo es que vamos a resolver los problemas que tienen nuestros argentinos", reflexionó.

En otro tramo, Camaño pidió que en la redacción "quede claro que la operación que avalamos es la del 4 de marzo de 2022", porque si no "queda muy abierto lo que se avala".

El Capítulo Argentina de la Red de Parlamentarios para la Acción Global (PGA en sus siglas en inglés) renovó sus autoridades por el período diciembre/2021 – diciembre/2023.

La reunión, celebrada a través de la plataforma Zoom, contó con representantes de distintas fuerzas políticas, incluyendo a Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, y el interbloque Federal.

La convocatoria y la apertura de la reunión estuvo a cargo de Carla Piccolomini, presidenta por el período 2020/2021, quien además de agradecer la participación de los legisladores y legisladoras presentes hizo referencia a su gestión en el marco de la pandemia del Covid-19, destacando la importancia de revalorizar el contacto inter-personal de cara al futuro. Destacó además a los propios legisladores como el corazón de la red y su insumo principal, vinculándolos con la calidad de los programas y las campañas de la organización. Por último, hizo referencia a la importancia de insistir con la posibilidad de que Argentina se constituya en país anfitrión de la asamblea de PGA Global el año próximo.

Sometida a votación, resultaron electas las siguientes autoridades:

Presidenta: Lucila Crexell, senadora nacional, del bloque Movimiento Neuquino, provincia del Neuquén, del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara alta.

Vicepresidentes:

• Guillermo Snopek, senador nacional, del bloque Frente de Todos del Senado, de la provincia de Jujuy.

• Graciela Camaño, diputada nacional, del bloque Identidad Bonaerense, del Interbloque Federal de la Cámara baja, de la provincia de Buenos Aires.

Secretarios:

• Margarita Stolbizer, diputada nacional, del bloque Encuentro Federal, del Interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara baja, de la provincia de Buenos Aires.

• Fernando Iglesias, diputado nacional, del bloque Pro, del Interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Piccolomini destacó la pluralidad de la nueva comisión directiva, su representación federal, y el respeto por la equidad de género, calificándola de “competitiva” por el nivel de experiencia de sus miembros.

A su turno la senadora Crexell, flamante nueva presidenta y ex secretaria de PGA durante el período 2020/201, agradeció a los presentes por su confianza, felicitando a la presidenta saliente por su gestión. Además, festejó la elección de sus compañeros, refiriéndose en particular a las diputadas Margarita Stolbizer y Graciela Camaño como “tremendamente experimentadas”, citando ejemplificativamente sus actuaciones en asuntos tales como la Corte Penal Internacional y la Campaña de los Océanos respectivamente.

Además, Crexell expresó: “Es una instancia PGA en la cual todos promovemos los derechos humanos y un mundo equitativo, igualitario, transparente y con vigencia del Estado de Derecho, un espacio donde no importa el color político sino la vocación política y el compromiso que asumimos todos nosotros desde el primer día que decidimos hacer política como una militancia por el cambio de aquello que consideramos que está mal”.

Pidió desarrollar una agenda en forma horizontal, proponiendo la creación de un espacio para mantener activos a los exlegisladores que fueron miembros de la red, como forma de capitalizar su experiencia en beneficio común, mencionando entre otras a las ex presidentas de PGA Carla Pitiot (2018/2019) y a la propia Piccolomini. Ratificó, finalmente, el interés de propiciar que Argentina sea sede de la próxima Asamblea Global de la red en 2022.

La diputada Graciela Camaño, a su turno, agradeció la gestión de la presidenta saliente, destacando entre los asuntos de agenda el Convenio de Ciudad del Cabo de 2012 sobre buques pesqueros. Pidió, además, mayor integración de los miembros de la red, así como la integración de nuevos miembros. Puso en valor la vinculación entre parlamentos de todo el mundo y la oportunidad de acceder a una mirada en perspectiva, en especial para el tratamiento de asuntos globales. Propuso también aprovechar las facilidades generadas a través de las nuevas plataformas digitales para la gestión de la red, en especial respecto a referentes del exterior.

La diputada Margarita Stolbizer, ex presidenta del Comité Ejecutivo y del Consejo Internacional de PGA a nivel global, señaló que se trata de una organización “de muchísimo prestigio y reconocimiento a nivel mundial” cuyas causas “valen la pena”, citando a sus tres programas principales: derecho internacional y derechos humanos, que incluye entre otros temas al Estatuto de Roma y la no impunidad para los crímenes de lesa humanidad; la protección de los océanos y la campaña para abolición de la pena de muerte. También mencionó el programa de género, igualdad e inclusión; el programa de paz y seguridad internacional; el tratado de comercio de armas; renovación democrática, entre otros.

Contó además que ingresó en la red en 1998 junto al senador Marcelo López Arias, trabajando en equipo más allá de pertenecer a las dos principales fuerzas políticas en el Congreso, el radicalismo y el peronismo respectivamente, coincidiendo con sus colegas respecto a la importancia de la pluralidad política para la organización.

Por último, propició una gestión proactiva que permita que Argentina vuelva a aspirar a ocupar lugares dentro de la conducción internacional de la organización.

El diputado Fernando Iglesias felicitó a Carla Piccolomini por el mandato cumplido y el trabajo desarrollado, y le deseó suerte a Lucila Crexell en su nueva gestión. Recordó que PGA fue una iniciativa del Movimiento Federalista que integra hace muchos años, resultando actualmente copresidente del mismo junto a un colega japonés. Expresó que además del lobby, la red resulta sumamente importante en su rol de construcción de instituciones, en especial la Corte Penal Internacional. En tal sentido, puso en conocimiento de los presentes sus iniciativas para la creación de una Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas (UNPA en sus siglas en inglés) y una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe para el crimen organizado (COPLA), recomendando el apoyo para el desarrollo en el marco de PGA de campañas en tal sentido.

Por último, el senador Guillermo Snopek, flamante vicepresidente, agradeció su designación; la posibilidad del reencuentro con muchos colegas con quienes transitó su gestión como diputado; y el valor de la red para impulsar una “mejor vida cívica y democrática” en el país, con motivo de las relaciones interparlamentarias.

Durante la reunión Crexell y Stolbizer destacaron la importancia de contar con el apoyo técnico de Juan de Dios Cincunegui, ex director general de diplomacia parlamentaria y cooperación internacional de la presidencia de la Cámara baja y actual director ejecutivo de la diplomatura internacional en diplomacia parlamentaria de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

Entre otros legisladores participaron de la reunión, además de los miembros de la nueva Comisión Directiva; Gladys González, Soher El Sukaria, María Soledad Carrizo, Pablo Torello, Ramiro Gutiérrez y Rogelio Frigerio.

PGA es una red internacional sin fines de lucro y apartidista compuesta aproximadamente por 1.300 legisladores de 145 parlamentos de todo el mundo cuya misión es informar, convocar y movilizar a los parlamentarios para promover la paz, la democracia, el estado de derecho , los derechos humanos, la seguridad, la inclusión y la igualdad de género.

Antes del pedido de cuarto intermedio que hizo el diputado Mario Negri para tratar de revertir el eventual fracaso del tratamiento del Presupuesto, la diputada del Pro Silvia Lospennato presentó una moción para forzar el tratamiento por parte de la Comisión de Presupuesto del proyecto aprobado hace dos meses en el Senado para modificar el mínimo no imponible de bienes personales.

Tras un intercambio de discursos, la moción fue aprobada por el Cuerpo por 130 votos a 116, en lo que representó el primer traspié del Frente de Todos en una votación con la nueva conformación del Cuerpo.

Para fundamentar su pedido, la secretaria Parlamentaria del interbloque Juntos por el Cambio se basó en lo reglado en el artículo 106 del reglamento, que en su antepenúltimo párrafo hace referencia a una interpretación que tuvo lugar el 14 de julio de 2010. A partir de esa experiencia se estableció que la Cámara “hará los requerimientos que juzgue necesario a las comisiones que se hacen en retardo y no siendo esto bastante, podrá emplazarlos para día determinado. Faculta a la Honorable Cámara a requerir y además en el mismo acto emplazarlas para día determinado”.

“Esto es lo que dice nuestro reglamento y en uso de esa facultad, venimos a solicitarle a este cuerpo que emplace a la Comisión de Presupuesto para que ponga en tratamiento el proyecto venido en revisión del Senado, referido al aumento del mínimo no imponible de Bienes Personales”, detalló la diputada del Pro, que explicó luego que procedían de tal manera porque “en uso de las facultades reglamentarias del artículo 109, en tiempo y forma los diputados Tetaz, Cacace, Oliveto, Laspina y Figueroa Casas, solicitaron al presidente de la Comisión de Presupuesto la inclusión en el temario de la sesión para que pudiera tener despacho y solicitar una ampliación del temario para incluirla y tratarla en esta sesión”.

Lospennato explicó que se había agotado la instancia prevista en el reglamento para exigir la inclusión de un tema en el temario de la comisión. “Frente a la negativa, el reglamento le otorga, ya no a los diputados miembros de la comisión, sino a los miembros de la Cámara la posibilidad de emplazar para día determinado a la comisión para abocarse al tratamiento de un proyecto”, continuó la legisladora.

Luego agregó que la premura se debe a que “este proyecto tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre para tener vigencia en las declaraciones de impuestos que se presenten en el año 2022. Por ende, si no logramos el tratamiento de esta sanción que viene del Senado en los próximos días, más de 600 mil contribuyentes, según las estimaciones que hizo el diputado (Carlos) Caserio, que es del Frente de Todos, empezarían a pagar este impuesto inflacionario”.

Por eso pidió a la Cámara emplazar a la Comisión de Presupuesto para que una hora después de finalizada la presente sesión, se reuniera para darle tratamiento a esta sanción que viene del Senado, “y así lograr que miles de contribuyentes de la Argentina y miles de personas de clase media y media baja que van a empezar a pagar injustamente este tributo, no tengan que hacerlo”.

Lospennato cerró recordando que esta iniciativa se aprobó en el Senado por unanimidad el 28 de octubre de este año, y la Comisión de Presupuesto no se abocó nunca a su tratamiento.

La postura oficialista

Desde el oficialismo le contestó el diputado santafesino Germán Martínez, quien hizo hincapié en el debate planteado en torno a la capacidad de la Cámara para emplazar al tratamiento de determinado tema. y se remontó al 14 de julio de 2010 precitado por la diputada Lospennato. Tiempos en que, recordó el diputado santafesino, “la Cámara estaba conducida en la práctica por el denominado Grupo A”.

Recordó que por entonces habían perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires y afirmó que entonces se constituyó una mayoría que había intentado sin éxito desplazar al presidente del Cuerpo, Eduardo Fellner, y con respecto a las comisiones, habían dispuesto que en la mayoría de ellas la oposición tuviera un diputado más que el oficialismo. “Contexto difícil para la tarea parlamentaria”, resumió Martínez.

Así llegaron al 14 de julio de 2010 discutiendo el artículo 106, para que las comisiones pudieran tratar temas en determinadas fechas, recordó, afirmando que ese día y citó planteos del entonces titular del bloque Oscar Aguad, que señaló que estaban “hablando de poder, no del reglamento”. Citó también de los entonces diputados Carrió y Vega, y apuntó que “salió lo que salió… Se emplazó y se hizo lo que se dijo recién de la interpretación”.

Un debate similar se dio en 2017, con la gestión Cambiemos siendo oficialista y a continuación Martínez citó a Elisa Carrió, que decía que “cuando uno tiene un voto más, no tiene que hacer cosas que después le cuesten cuando tenés un voto menos. Y estamos muy cerca de una situación parecida”.

“Reivindico lo que dijo nuestro bloque en 2010: usted presidente, como dice el artículo 106 es quien tiene que realizar las acciones pertinentes en caso de que haya una situación en que una determinada comisión no quiere tratar de exprofeso un determinado tema”, agregó el legislador del Frente de Todos, que puso en duda que la Comisión de Presupuesto pudiera tener la decisión de postergar un tema de esas características, ingresado hace menos de  un mes, y cuando “nosotros sesionamos una sola vez en este tiempo”.

Martínez concluyó sugiriendo tratar de “volver a una tradición razonable de interpretación de nuestro reglamento: dejemos el 106 como está y que podamos avanzar hacia una agenda de comisiones consensuada”.

A continuación intervino la diputada Graciela Camaño, que volvió a definirse como una reglamentarista y que fue protagonista también de los episodios de 2010. Recordó cómo se habían dado esos hechos y afirmó que “de lo que se trata es de si el reglamento habla del no funcionamiento de la Cámara o de generar las normas de convivencia para que se permita que la Cámara funcione”.

“Tenemos que respetar el librito, que está para que la Cámara funcione y que las comisiones no sean apropiadas por los presidentes circunstanciales y pongan en el temario lo que quieran”, explicó, insistiendo luego en que el reglamento pretende que “la comisión no sea apoderada por una minoría o una mayoría circunstancial”.

Camaño afirmó que “la comisión tiene que funcionar con mayoría o con minoría; cuando funciona en minoría, los dictámenes son de minoría. Lo que estuvo en discusión en ese año era si el emplazamiento lo hacía el presidente del cuerpo o el cuerpo. Y esa discusióin está saldada”.

“Este reglamento dice en la hoja 95. Interpretación sobre la facultad para emplazar comisiones. Lo que trae es la interpretación de 2010, lo que hicimos entonces es hacer funcionar la Cámara, y tiene que quedar claro para todos que la circunstancia de ocupar la presidencia de una comisión no es óbice para apoderarse de un cuerpo o una comisión”.

Camaño advirtió finalmente que no se les ocurriera pedir para la votación que se daría a continuación una mayoría especial “Es una moción y sale por mayoría simple, como en 2010”.

La votación, está dicho, terminó con 130 votos a favor y 116 negativos, con lo cual el Cuerpo debería emplazar a la comisión a fijar fecha y hora para el tratamiento del proyecto en cuestión.

En la sesión de la Cámara de Diputados de este jueves, cuya presidencia está a cargo del oficialista Sergio Massa, la diputada Mara Brawer (FdT – CABA) realizó un pedido de apartamiento para presentar un proyecto de resolución con el objetivo de repudiar las agresiones que sufrieron los periodistas Alejandro Bercovich y Tomás Eliaschev del programa “Pasaron cosas” por parte de grupos antivacunas este miércoles. En suma, aceptó el pedido de modificación sugerido por el diputado Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires).

La legisladora expresó: “La respuesta de esta Cámara nos parece que tiene que ser inmediata del repudio ante manifestaciones, negacionistas, antisemitas, violentas, antivacunas que tanto daño le hacen a la sociedad y le han hecho a lo largo de la historia a la humanidad”.

“Estos discursos dañan mucho el tejido social. Los discursos antivacunas agravian a los miles de medios que trabajan día a día para evitar la muerte, tantos científicos que trabajaron en todo el mundo para desarrollar vacunas, para cada ciudadano que estuvieron en sus casas, que perdieron sus trabajos, familiares, que tanto han sufrido en la pandemia y sabemos que las vacunas son la solución”, precisó.

Y continuó: “El tema del antisemitismo esta cuestión de acusarlos y decirles ‘te vamos a colgar por judío, ya te saltó el judío', estas prácticas nefastas, antisemitas, violentas que han generado muertes. Por eso creo que lo tenemos que repudiar hoy, porque nosotros como representantes del pueblo no solamente tenemos que repudiar, sino que tenemos que comprometer en la lucha contra la violencia y la discriminación. Este compromiso se declama en las actividades y nuestros dichos”.

En ese sentido, recordó que la semana pasada cuando se abrieron las sesiones en la Legislatura, Ofelia Fernández habló de la “agresión de un diputado de Libertad Avanza por su condición de ser mujer” y, sin mencionarlo, se refirió a José Luis Espert: “Hay que repudiar los dichos que generan violencia y discriminación porque cuando un ciudadano que deviene en diputado dice que a las personas que comenten delitos hay que convertirlos en queso gruyere, lo que está convocando es al asesinato y el homicidio y que no haya justicia. Esto impulsa conductas y lo vimos en los casos de Lucas González y Luciano Oliveira”.

“Cuando un diputado acusa a un funcionario público de zurdo de mierda, judío de mierda hay que matarlos a todos, nos tenemos que comprometer en repudiar a la violencia y a no ser parte de ella”, concluyó Brawer.

En tanto, la legisladora Silvia Lospennato (Pro- Buenos Aires) adelantó el voto afirmativo en nombre del bloque de Juntos por el Cambio y argumentó: “Nos sumamos al repudio y toda forma de expresión de violencia, agravios antisemitas que tanto escuchamos en el último tiempo. Especialmente por tratarse de periodistas porque, además del agravio y la violencia y de la discriminación que afectan a cualquier persona, afectan también la libertad de expresión que es uno de los derechos mas importantes de la Constitución Nacional”.

“Logremos siempre hacer repudios en conjunto y tratar estos temas”, sostuvo y recordó que “en los últimos años se han acumulado proyectos que violentaban la libertad de expresión y agredían a periodistas en distintas comisiones y no tuvieron los giros correspondientes. Esto debe corregirse porque compartimos el repudio, porque decimos no a la discriminación y decimos no a la violencia, es una regla básica de la democracia. No importa la ideología de la persona agraviada, que siempre tengamos esta actitud de valorizar la Constitución Nacional”.

También acompañó el texto de pronunciamiento la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), pero cuestionó que “bajo el pretexto de una cuestión de privilegios unos y otros se imputan cuestiones que no tienen nada que ver, primero con lo que es una cuestión de privilegio está vinculada a una ofensa grave a nuestros fueros. Entonces si alguien me destrató no puedo estar presentando una cuestión de privilegio, es algo mucho más importante”.

“Deberíamos empezar a trabajar por las cuestiones importantes que suceden en nuestro país”, señaló Camaño y siguió: “Gastamos mucho tiempo de manera endogámica reprochándonos cosas que deberíamos dejar para otro tipo, y deberíamos tratar de que todos los periodistas aun cuando cometieron algún error en su participación como periodistas tengan la protección del Estado. Vamos a apoyar cada vez que un periodista es agredido por lo que dice o lo que siente o piensa”.

A su vez, cuestionó que “la horizontalidad de la comisión nos hace meter el dedo demasiado rápido en los tuits para ver de qué manera chicaneamos”, y cerró: “Si tuviéramos la capacidad de olvidar las chicanas y la capacidad de hacer política de la buena, los ciudadanos tendrían un comportamiento diferente”.

Por último, Asseff se adhirió a la resolución y propuso una modificación: “Esta Cámara asimismo repudia todos y cada uno de los hechos análogos acaecidos en el presente año”, y argumentó: “No es el único hecho y hay parecidos sufridos por distintos periodistas y es importante que el repudio sea completo, absoluto, abarcativo y total”.

El proyecto de resolución establecía: “Expresar el más enérgico repudio y una profunda preocupación por los agravios y las manifestaciones antisemitas que sufrieron los periodistas Alejandro Bercovich y Tomás Eliaschev al salir del estudio de la emisora Radio con Vos por un grupo de manifestantes antivacunas y negacioncitas el día 15 de diciembre del presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Una vez hubieron jurado todos los nuevos diputados, la Cámara de Diputados se abocó a la designación de sus autoridades. Comenzando por Sergio Massa, quien previsiblemente fue confirmado al frente del Cuerpo por un nuevo período. Asimismo fueron confirmados como vicepresidente primero de la Cámara el mendocino Omar De Marchi (Frente Pro) y el vice segundo José Luis Gioja (FdT), como así también fue designado vicepresidente tercero Julio Cobos (UCR).

Encargado de proponer a Massa fue el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, quien pidió la continuidad “del compañero Sergio Massa en el ejercicio de la presidencia”. Valoró el desempeño “más que aceptable” que tuvo durante la pandemia, pero amplió ese reconocimiento a todo el Cuerpo, al señalar que para todos los bloques “fue muy difícil el funcionamiento” por no contar con la presencialidad, pero destacó asimismo la buena disposición de los diputados de todos los bloques para que el funcionamiento de la Cámara fuera el correcto.

“En virtud de cómo llevó adelante todo en el marco de esta situación histórica que esperemos que no se repita”, continuó diciendo Kirchner, que llamó a que “se sigan vacunando”, por cuando “Europa nos muestra a las claras que esa es la única herramienta” existente para enfrentar la pandemia.

Luego reiteró que el desempeño de Massa “ha sido más que correcto, así que lo propongo para que continúe hasta el 10 de diciembre de 2023 al frente de nuestra Cámara”.

A continuación, habló el titular del bloque hoy mayoritario dentro de Juntos por el Cambio, al que oficialmente presentó como “Frente Pro”, Cristian Ritondo. Y compartió que a Massa “le ha tocado ser presidente en una Cámara de Diputados en época de pandemia”, y valoró que pudo cumplir el mandato de “no clausurar la casa de la democracia, dar respuesta a un país que estaba cerrado y este Parlamento debía seguir funcionando”.

Agregó que “esta oposición constructiva que entendió el momento y la necesidad que tenía la Argentina, junto con usted hizo funcionar este Parlamento en forma activa y creo con muchas más sesiones que cuando no había pandemia. El bloque del Frente Pro va a acompañar su designación”.

Sentado como siempre a la derecha de Ritondo, Mario Negri se pronunció “en nombre del bloque de mi partido, la Unión Cívica Radical”, anunciando que acompañaría la designación de Massa. El cordobés expresó el deseo de que “nada nos ponga de nuevo en situaciones de encierro”, e hizo votos porque “tengamos el tiempo necesario en las comisiones para frente a determinados temas poder desarrollarlos en profundidad hasta que se dictamine. En definitiva, va a contar con la colaboración nuestra aunque haya mucha más paridad en el Congreso, para que tengamos más sesiones normales que especiales. Las sesiones especiales son la excepción y la normalidad son las sesiones estables. Tiene renovada nuestra confianza, señor presidente”.

El titular del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, reparó en la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y resaltó haber llevado adelante “el escrutinio y la elección limpia que tuvimos, y eso es un valor que todos compartimos”. Agregó que “el Frente de Todos es la primera minoría de esta casa, la Coalición Cívica, como cada vez que hubo tensión o incertidumbre, dijo que a la primer minoría le corresponde esa presidencia y así lo vamos a acompañar”.

“Espero un año de muy buen trabajo, de tensiones, de diálogo, y un año donde los  hombres y las mujeres de la política estén a la altura de las circunstancias. Si hay grandeza, va a haber grandeza de parte de esta oposición”, concluyó.

Margarita Stolbizer habló en nombre del bloque Encuentro Federal, para acompañar la designación de Massa. “Como bloque nuevo, no se trata de una confianza por lo hecho, sino un voto de confianza sobre la institucionalidad y la convivencia que queremos para esta Cámara en el próximo tiempo”.

A continuación habló Rodrigo De Loredo en nombre del bloque Evolución Radical: “Tiene nuestro voto afirmativo; depositamos nuestra confianza en la buena tarea que pueda llevar adelante”, y como Stolbizer, acompañó todo lo dicho por los otros presidentes de Juntos por el Cambio.

Sentada con Florencio Randazzo a su derecha, la diputada Graciela Camaño abogó por el respeto del reglamento, tras lo cual agregó que coincidían con Máximo Kirchner: “Nosotros también estamos bastante conformes con el trabajo que hicimos en pandemia”. Pero a continuación pidió volver a la normalidad parlamentaria y sesionar con “sesiones ordinarias”.

“Llevo unos años en este Parlamento y habitualmente lo que se hacía era que todos los miércoles las puertas de esta casa se abrían: los miércoles trabajábamos en el recinto, era lo que se decidía. Yo manifestándome favorable a su candidatura quiero exhortarlo a que todos los miércoles tengamos sesiones”.

Reclamo por la falta de mujeres

Luego Graciela Camaño fue más allá de la principal autoridad al advertir que veía “distinguidísimas colegas mujeres, algunas de las cuales fueron cabezas de lista en la última elección, pero estoy casi segura de que nuevamente nos vamos a encontrar ante el espectáculo de todos hombres presidiendo esta casa. O sea que aquello por lo que decimos que venimos bregando, a la hora de cristalizar las autoridades de la casa va a estar absolutamente ausente”. Pidió entonces a sus pares “que reflexionen y pongan a una mujer, no puede ser que los acuerdos políticos no nos contengan”.

El resto de los bloques apoyó la designación de Massa, salvo la izquierda, que se pronunció a través de Miriam Bregman y  Romina del Plá, aclarando que se abstenían no como una valoración personal, sino por una cuestión de principios.

Una vez votado Massa para un nuevo período al frente de la Cámara baja, se procedió a la designación de las otras autoridades del Cuerpo: todos cuyanos, Omar De Marchi, José Luis Gioja y Julio Cobos, pero también todos varones. Lo cual hizo estallar a Graciela Camaño.

Volvió a tomar la palabra para llamar a la reflexión a sus pares y hasta propuso a dos exgobernadoras ahora diputadas, María Eugenia Vidal y Rosana Bertone.

La exmandataria fueguina se manifestó “sorprendida y agradecida” por la propuesta de su colega, pero tras aclarar que creía “profundamente en el género”, dijo que iba a “sujetarme a las disposiciones de este bloque”.

En el mismo sentido, Vidal agradeció a Camaño y abonó “a su propuesta general, pero declino el ofrecimiento en particular. Hemos dado una discusión en el bloque y el espacio que voy a respetar”.

Tras ello, los diputados Waldo Wolff, Graciela Ocaña y Carla Carrizo propusieron modificar el reglamento de la Cámara para que para la próxima composición se estableciera que, como en otros ámbitos, se respete la paridad a la hora de la elección de las autoridades.

Las otras autoridades

Por último, la Cámara de Diputados confirmó a Eduardo Cergnul para continuar como secretario Parlamentario; a Rodrigo Martín Rodríguez como secretario Administrativo; designó a Ana Losano prosecretaria Parlamentaria en reemplazo de Marta Luchetta, quien se jubila; Juan Manuel Cheppi como secretario general; y Luis Samyn como prosecretario Administrativo.

A pedido de Juntos por el Cambio, se pospusieron las designaciones del secretario y el prosecretario de Coordinación Operativa, cuya propuesta le corresponden a ese sector, que tampoco ha resuelto aún quién conducirá el interbloque.

Tal cual se presumía, el exministro y diputado nacional electo Florencio Randazzo se sumará a partir del 10 de diciembre al bloque que integran Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño. De origen lavagnista, esa bancada dejará de llamarse entonces Consenso Federal y pasará a denominarse Identidad Bonaerense.

A su vez, formarán parte del interbloque Federal, como sucede en la actualidad, que tendrá 8 integrantes (dos menos que ahora): los tres miembros de Córdoba Federal y los dos del socialismo santafesino.

Así lo confirmó a parlamentario.com Alejandro “Topo” Rodríguez, quien preside Identidad Bonaerense, que aclaró que las autoridades del interbloque se definirán en los próximos días.

De tal manera el interbloque será el tercero numéricamente hablando de la Cámara baja, detrás del Frente de Todos (118) y Juntos por el Cambio (116). Sus miembros serán entonces “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Florencio Randazzo, más los cordobeses Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez, y los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez.

Según pudo saberse, está abierto el diálogo con los rionegrinos y misioneros, que se sabe conformarán un interbloque de cuatro, con posibilidades de sumar al neuquino del MPN Rolando Figueroa.

El diputado radical Gustavo Menna, quien forma parte de las comisiones de Presupuesto y de Recursos Naturales, rechazó el dictamen de mayoría que diputados oficialistas firmaron el miércoles, al tratar el proyecto de ley para regular la gestión de envases y que incluye la creación de un nuevo gravamen.

“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas y sigue creando impuestos que castigan al consumidor sin que le interese mejorar la gestión ambiental sino formar una caja para repartir prebendas entre organizaciones sociales políticamente afines”, dijo Menna.

Este nuevo tributo, explicó Menna, estará “destinado a formar un fondo fiduciario para distribuir dinero entre municipios, que a su vez deberían sostener a organizaciones sociales de reciclado”. Así, indicó, “se trata de un nuevo impuesto que tendrá un fuerte efecto inflacionario ya que será trasladado por las empresas a los consumidores, encareciendo el costo de los productos”.

En este sentido, el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su oposición en un duro debate en el que se señaló que el sistema que predomina en todos los países de Latinoamérica y Europa es el de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Esta REP, explicó el legislador, “implica que la empresa productora se responsabilice por el ciclo total de la vida útil de los envases post consumo, organizando, financiando y administrando en forma privada la gestión de esos materiales, para su recuperación y reciclaje”.

“El rol del Estado en la REP es definir metas de cumplimiento, aprobar los planes de gestión y fiscalizar posteriormente que se cumplan”, añadió.

Por ello, el bloque de Juntos por el Cambio, acompañado por la diputada Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal, firmaron un dictamen alternativo por el cual sostuvieron ese esquema y rechazaron la tasa que pretende imponer el kirchnerismo.

Esta iniciativa “abreva en proyectos anteriores consensuados, contando con el respaldo del sector empresarial, manifestado por la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Círculo de Políticas Ambientales, que estuvieron en la Comisión de Ambiente”, agregó.

Un incidente se registró en el final del debate de la ley de etiquetado frontal, cuando la diputada Graciela Camaño pronunciaba su discurso, en el que trataba de fundamentar su cuestionamiento a no poder introducir modificaciones al proyecto considerado. “Yo quiero dejar claro en este contexto mi posición respecto de tres temas en conflicto, y lamento que la práctica legislativa de los últimos años no permita que la cámara revisora, por decisión política de la mayoría, cualquiera de las dos mayorías, convengamos, pueda introducir modificaciones que optimizaría los proyectos. Y que permitirían compatibilizar intereses…”, señalaba la legisladora.

Lo cierto es que desde su banca gritaba el diputado Fernando Iglesias, advirtiendo que se había extendido más allá del tiempo asignado. Lo miraban molestos los compañeros de bancada de Camaño, uno de los cuales deslizó -y se escuchó de fondo en el discurso de Camaño- un despectivo “qué pelotudo”.

Camaño seguía imperturbable: “…Y que en definitiva de esto se trata el arte de la política. En nuestro actual ordenamiento jurídico, el etiquetado debe ser acorde a los estándares establecidos en las cláusulas generales…”. Ahí fue que sin levantar la vista de su computadora, la diputada de Consenso Federal replicó: “Creo que hay un diputado que necesita una gorra y un pito”.

Y continuó, pero cuando los gritos por el tiempo excedido recrudecieron, dijo: “Esta resolución entonces, y lo quiero explicar, si me lo permite el diputado que necesita una gorra y un pito… fue incorporada a nuestro ordenamiento interno en virtud de la aplicación del artículo cuarto”.

Ahí intervino el presidente de la Cámara, que aclaró que por tratarse de uno de los discursos de cierre, la diputada contaba con diez minutos. Con ese respaldo, Camaño insistió: “Pito y gorra para el alcahuete”, mientras que desde una banca vecina espetaron: “Pito y gorra para el pelotudo…”. Espíritus crispados durante la larguísima sesión presencial.

Con 140 votos afirmativos, 84 negativos y 3 abstenciones, resultó negativo el pedido de apartamiento por parte de la diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal) para incorporar al temario de la sesión de la Cámara de Diputados de este martes, el proyecto de ley de área protegida mariana “Agujero Azul” donde se encuentran los restos del submarino ARA San Juan.

“El proyecto trata de la posibilidad de incorporar una nueva área de reserva sobre la zona de la plataforma extendida del continente, y que arrojó como resultado una extensión del dominio de la plataforma por parte de la República Argentina en lo que hace al fondo del océano que no es algo que se nos regaló, sino que en realidad la estrategia es que haya una protección ambiental, fundamental en lo que implica el arrastre de pesca que es muy dañina para las especies”, explicó Camaño.

En este sentido, destacó: “Hice un zoom con colegas de Cambiemos y de FdT y participamos junto a científicos para que el proyecto sea realidad dando todas las explicaciones. Encontré una acogida por parte de Daniel Filmus que está muy interesado en el tema”.

“Esto es lo que podemos hacer, declararla de una zona estricta a esa parte de la plataforma extendida”, aseguró la diputada y aclaró que “no venimos a vulnerar intereses de ningún sector, no queremos meter al país en un conflicto y por eso tomamos todos los recaudos”.

A su vez, remarcó que “el proyecto tiene la particularidad de que esta en el medio la ubicación del submarino ARA San Juan. Se hizo eco para declararlo monumento histórico a esa zona, pero no sé por qué no se quiere tomar soberanía sobre el sur y proteger las especies del agujero azul que nos dan el turismo”.

“Hay algunos que dicen que vamos a hacer espejo en la resolución de Malvinas, es mentira. Los ingleses otorgan permisos de pesca en la zona que reclamamos legitimante, a esos viejos funcionarios de relaciones exteriores les digo que lo que dicen es una gran mentira”, enfatizó Camaño y destacó: “Pretendo es que se ponga en tratamiento el tema y estaríamos haciendo algo en función de la soberanía del Atlántico sur y dejar de versear que nos importa el medio ambiente”.

En contraposición, Juan Manuel López (Coalición Cívica) manifestó que “este tema tiene que ser tratado en comisión hay temas que por la complejidad y seriedad debe ser tratado en comisión, trabajémoslo bien en comisión, seguramente plantemos que no protege lo suficiente porque solo se remite al lecho, pido votar en contra porque queremos un debate serio”.

Por otro lado, Germán Martínez (FdT) afirmó su acompañamiento al pedido de la diputada y concluyó: “Tengamos algunas consideraciones sobre el nivel de seriedad porque el proyecto fue muy bien tratado en comisión y tuvimos muchas instancias de encuentro con especialistas”.

Se presentó el libro “Desencuentros en el ADN nacional”, una publicación del exdiputado nacional Oscar Romero y el abogado Sebastián Riglos, que propone un recorrido por la historia argentina bajo la consigna central “¿por qué han predominado siempre los desencuentros sobre las convergencias?”.

La actividad se realizó en la sede del rectorado de la Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires (UNNOBA) y contó con la participación por videoconferencia de dirigentes de distintos espacios políticos.

En su exposición, Romero agradeció a los presentes y al rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, por la posibilidad de publicar “Desencuentros en el ADN nacional”. “Creo que con esfuerzo, voluntad y diálogo, se pueden crear acuerdos para resolver problemas concretos del país”, analizó.

En este sentido, sostuvo que “ante la crisis que afronta la Argentina tenemos la oportunidad de generar acuerdos básicos para crear políticas a largo plazo, pero para eso hay que dejar de pensar que el que opina diferente es un enemigo”.

“La única manera de salir de esta encrucijada es reconocernos como argentinos, mirarnos más allá de que pensemos diferente y que podamos construir un país mejor. Como dice el papa Francisco, hay que 'construir puentes' y la política es una forma de construir puentes, diálogo y, sobre todas las cosas, certezas”, concluyó Romero.

Previamente, la presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, destacó en su mensaje “el valor del diálogo, la mirada estratégica de largo plazo, la posibilidad de encontrarnos para discutir desde la diversidad”.

Por su parte, la diputada nacional Graciela Camaño expresó que esta obra “nos va a convocar a la reflexión y fundamentalmente a la búsqueda de encuentros, porque lo que hace posible que una sociedad prospere y se desarrolle son los encuentros”.

“No solo han hecho una descripción histórica de los momentos más importantes de la construcción de la Argentina sino que hacen un análisis objetivo, pueden mirar con apertura en los distintos periodos”, indicó Alicia Ciciliani, secretaria general del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO).

Por último, la diputada provincial Teresita Madera, vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de La Rioja, señaló la importancia de “una impronta de trabajo en base al diálogo, el respeto, poder construir con la opinión de todos”.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó este lunes a tratar en una reunión informativa la creación de un "Área Marina Protegida Bentónica" en la zona conocida como Agujero Azul, una región de alta productividad primaria del talud continental.

Con la participación del secretario de Malvinas Argentinas, Daniel Filmus, y diferentes funcionarios involucrados en la temática, el oficialismo trató un proyecto de ley presentado por la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, y además se comprometió a continuar haciendo reuniones para tratar este punto.

A pesar del calendario ajustado por el inicio de la campaña electoral, participaron por Zoom del encuentro los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Marítimos; y Defensa Nacional, que conducen el oficialista Eduardo Valdés y los opositores de Juntos por el Cambio Juan Aicega y Carlos Fernández, respectivamente.

La exposición del Ejecutivo

En esta oportunidad, el primero en exponer fue el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, quien destacó “el espíritu plural de esta propuesta para trabajar políticas de Estado, de mediano y largo plazo”.

“Este proyecto no está atados al calendario electoral. Involucra a un conjunto de áreas estratégicas para avanzar la soberanía del país, destacó. 

Filmus, además, destacó que "se trata de una "iniciativa plural y tiene que ver esencialmente con la soberanía y el futuro de nuestro país. Necesitamos políticas de Estado de largo plazo, que no estén atadas a calendarios electorales".
"Queremos una Argentina mirando al Sur, al océano, a las Malvinas, a la Antártida. Como estrategia y perspectiva de desarrollo, es central, dado que los recursos y riquezas del fondo marino son enormes. Las grandes potencias hoy miran el Atlántico Sur, y nosotros tenemos que tener una presencia más fuerte", agregó.

En ese sentido, Filmus dijo que "hemos visto pesca ilegal intentando llevarse recursos que son nuestros. Buscamos defender lo que es nuestro y preservar los recursos para las futuras generaciones".
"Hay una potencia extranjera que mantiene un territorio argentino usurpado desde 1983, y con este tipo de leyes reforzamos nuestra soberanía. No le vamos a pedir permiso a ninguna potencia para legislar sobre nuestro espacio nacional", subrayó.

Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, manifestó: “Proteger a nuestros recursos, no es solo una tarea que tiene que ver con sancionar, sino también con la prevención mar y promocionar una estrategia pesquera, en definitiva tener una mirada soberana”.

A su turno, la directora Nacional de Áreas Marinas Protegidas, Mercedes Santos, señaló: "Apoyamos fuertemente la creación de un área marina protegida en este sector”.

En ese sentido, advirtió: “Creemos que un área con una extensión menor o una implementación en etapas nos permitiría fortalecer el conocimiento y avanzar hacia una zona mayor”.

El Agujero Azul, una región de alta productividad primaria, es área de alimentación de varias especies de gran importancia económica como la merluza, la anchoíta, la vieira patagónica y el calamar, y de muchas especies de aves y mamíferos.

Debido a la abundancia de recursos biológicos, el sector lindero a la Zona Económica Exclusiva registra una intensa actividad pesquera extranjera que se centra en la captura del calamar.

El proyecto de ley impulsado por los diputados de Consenso Federal Graciela Camaño busca la creación de un "Área Marina Protegida Bentónica" en la porción de "plataforma continental bajo jurisdicción argentina" que corresponden al Agujero Azul, pero al ser de carácter "bentónica" involucra solo el lecho marino excluyendo la columna de agua superior.

Asimismo, el funcionario de Cancillería Fausto López Crozet opinó que “más allá de los beneficios de preservación del medio ambiente, este proyecto va a potenciar la visibilidad de los esfuerzos conservacionistas de nuestro país en el Atlántico Sur, con implicancias en lo concerniente a la disputa de soberanía”.

También la bióloga y científica del Conicet, Paulina Martinetto, afirmó: “Quisiera resaltar la importancia científica de la creación de esta área marina protegida”.

Y agregó: “La identificación ha sido posible gracias a un sistema científico con investigadores que han dedicado sus estudios para entender nuestro mar”.

Luego fue el turno de la jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología y coordinadora del proyecto Pampa Azul, Carolina Vera, quien definió: “Pampa Azul es una iniciativa que nuclea siete ministerios, y desde sus inicios en 2014 ha tenido un foco dentro de su agenda en la zona justamente del agujero azul”.

El proyecto de Camaño

Durante el encuentro, la diputada bonaerense Graciela Camaño explicó que “este proyecto aspira en tres artículos, cerrar un círculo virtuoso para la Argentina y para la salud del planeta”.

“Hoy nuestro país tiene derecho soberano y responsabilidad de cuidado sobre el lecho y el subsuelo y toda esta zona”, remarcó la experimentada legisladora.

“La pesca ilegal no declarada constituye uno de los desafíos globales, necesita de un transbordo y los tripulantes se vuelven esclavos en estos barcos porque se pasan mucho tiempo sin controles, pescando", señaló.

Camaño destacó: “Nosotros no estamos yendo a demarcar un área que no esté dentro de lo que nos ha aprobado ahora Naciones Unidas, queda claro que lo que pretendemos es una reserva bentónica en la zona del Fondo".

Debate I

En el inicio del tratamiento, el diputado porteño Eduardo Valdés reconoció y agradeció a Camaño “por qué proyectos de esta envergadura son los que a uno le enorgullecen estar donde estamos”.

Con respecto a los pasos a seguir, adelantó que “a más tardar en 15 días retomaremos la continuidad de esta reunión”.

En tanto, el diputado Juan Aicega sostuvo que “este es un tipo de leyes que trasciende a las personas, a los integrantes de un bloque o partido político”.

“Es una ley que requiere de un detalle que haga a la participación de todos los sectores de la sociedad”, apuntó el legislador de Juntos por el Cambio.

Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados debatirán el próximo lunes, desde las 15, un proyecto de ley que buscar crear el área marina protegida Agujero Azul.

Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, y donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su heroica tripulación.

El proyecto, presentado en noviembre del año pasado por la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), fue acompañado con la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Además, cuenta con apoyo de Cancillería.

Del encuentro participarán Daniel Filmus, secretario de Malvinas; Carolina Vera, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Carlos Liberman, subsecretario de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

También estarán María Mercedes Santos, directora nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Fausto Mariano López Crozet, coordinador de Política Oceánica y Atlántico Sur de la Secretaría de Malvinas; y Oscar Horacio Padín, director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En los fundamentos de la iniciativa, Camaño señaló que "las áreas marinas protegidas son una herramienta indispensable para la investigación, la conservación de la biodiversidad y la protección de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas".

"En la actualidad, el 8,2% de los espacios marinos bajo jurisdicción de la República Argentina se inscriben bajo la figura de áreas marinas protegidas", detalló y afirmó que "incrementar este porcentaje redundaría en beneficios ambientales, económicos, sociales y estratégicos de la República Argentina, reforzando la intención de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de conservación de la biodiversidad marina".

Mientras se espera una definición sobre la postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como de las elecciones generales, el bloque de diputados de Consenso Federal le pidió al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que para el turno electoral de 2023 se implemente la boleta única de papel.

El mensaje fue transmitido al funcionario a través de una nota que lleva las firmas de los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini.

La semana pasada, en una reunión que tuvo lugar en el Congreso, De Pedro aclaró que la puesta en marcha de la boleta única de papel -que es reclamada también desde Juntos por el Cambio- no está en análisis para este año dada la proximidad del calendario electoral.

“Hemos tomado conocimiento del debate respecto de la postergación de las elecciones primarias y generales, y de su afirmación de que no existe el tiempo necesario para la implementación de la boleta única de papel este año”, manifestaron los diputados “lavagnistas”.

Sin embargo, afirmaron que “lo que no puede demorar es una firme decisión del Poder Ejecutivo Nacional de apoyar, sin rodeos ni dilaciones, la aprobación y aplicación de la boleta única de papel para todas las elecciones de cargos nacionales, primarias y generales, desde el año 2023”.

Los legisladores adjuntaron un proyecto de ley presentado en las últimas horas con ese objetivo y solicitaron que sea “debatido y aprobado de inmediato”, junto con una eventual postergación de las elecciones de este año debido al aumento de contagios y muertes por Covid-19.

Tras la reunión de De Pedro con los líderes de Juntos por el Cambio, los restantes bloques de la oposición esperan ser convocados para esta semana o la próxima, con el fin de terminar de allanar el debate en la Cámara baja.

Según el calendario que ya fue aprobado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 10 de mayo para convocar a las PASO, por lo que el Congreso debería sancionar antes el corrimiento de fechas.

El episodio que le dio un toque polémico al cierre de la larga sesión del último fin de semana de marzo, en la que la Cámara de Diputados dio media sanción -entre otros temas- a la reforma del impuesto a las Ganancias, fue la denuncia pública del diputado nacional Fernando Iglesias de que un colega del oficialismo acababa de agredirlo fuera del recinto. El caso motivó la creación de una comisión que tiene dos meses para evaluar eventuales sanciones contra el “imputado”, el neuquino Carlos Alberto Vivero, pero fue además el corolario de una sesión que entre otras cosas se caracterizó precisamente por las acusaciones cruzadas entre diputados, incluso con pedidos de sanciones.

Lo que acabamos de referir se potencia a partir de otro dato no menor: este año que lleva apenas un trimestre se presentaron nada menos que siete proyectos reclamando la exclusión de determinados legisladores, aduciendo las causales que determina la Constitución Nacional para adoptar tales medidas. Algo absolutamente inhabitual.

Esto remite a inferir cierta politización del tema. En un contexto de grieta cada vez más profundizada y que puede percibirse sobre todo en la Cámara baja, no puede descartarse el deseo de sacar usufructo de la exclusión de un adversario, ya sea de manera parcial o definitiva. Además del daño para la parte afectada, una medida de ese tipo puede privar a la bancada opuesta de un miembro por un tiempo determinado.

En rigor, la expulsión de un miembro de la Cámara es una medida extrema que el Congreso solo ha tomado en contadas ocasiones. El episodio más reciente sobre un legislador apartado es el del salteño Juan Ameri, aunque el que más controversia generó fue el del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, cuyos fueros legislativos no lograron protegerlo cuando finalmente se lo suspendió en 2017. Inmediatamente después se produjo su detención preventiva, que se extendió por más de dos años.

Pero nunca lo echaron del Cuerpo. Aunque lo intentaron, en la sesión del 26 de julio de 2016, cuando el bloque Cambiemos impulsó esa medida extrema, pero le faltaron 20 votos para los dos tercios necesarios para echarlo.

Un año más tarde, pasadas las elecciones de medio término, el 25 de octubre de 2017 la Cámara dispuso finalmente su suspensión. Sin la presencia de la mayoría del bloque Frente para la Victoria, hubo 176 votos favorables a la suspensión y una sola abstención. El exministro kirchnerista quedó suspendido y mantuvo esa condición hasta el final de su mandato, privándose el Frente para la Victoria de uno de sus miembros durante dos años.

Una sesión con fuego cruzado

Como hemos dicho, el incidente entre Viveros e Iglesias fue la frutilla del postre de una sesión en la que los cargos de algunos diputados contra otros de sus pares estuvieron a la orden del día. Contribuyó a eso el tiempo dedicado a las cuestiones de privilegio -más de treinta-, que demandaron largas horas de la primera parte de esa sesión.

En ese pasaje -y también durante el resto de la jornada- fue varias veces citado de manera crítica, desde el oficialismo por supuesto, el diputado Fernando Iglesias. Un diputado que no es del oficialismo llegó a decir que lo tenía “harto”, pero además Iglesias fue destinatario de varias cuestiones de privilegio, en una de las cuales la diputada bonaerense Jimena López lo cuestionó por la manera como se había referido recientemente a la dirigente oficialista Victoria Tolosa Paz, reclamándole que “deje de violentarnos en nuestra condición de mujeres”. Terminó su intervención sugiriendo modificar el reglamento de la Cámara “para que cuando alguien se expresa en términos de violencia de género con una compañera que está haciendo política tenga una sanción. Los fueros no están para cualquier cosa”.

Lo cierto es que quiso el destino que en ese transcurso el primero en hablar de la exclusión del Cuerpo de uno de sus pares fuera nada menos que el diputado Carlos Alberto Vivero. Lo hizo al presentar una cuestión de privilegio contra su comprovinciano de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez, a quien acusó de construir junto a  otros “una línea negacionista que bastardea los derechos humanos y la ampliación de los derechos”. Tras detallar ampliamente los cargos contra Sánchez, contó que en los últimos días  había presentado un proyecto de resolución solicitando la suspensión de ese diputado y proponiendo “que esta Cámara constituya una comisión para que de una vez por todas se deje de relativizar los discursos de odio, los discursos violentos y los discursos que, por sobre todas las cosas, banalizan el terrorismo de Estado en la Argentina”.

“Espero que este proyecto se trate pronto en la comisión correspondiente para que en esta casa, en este espacio donde cada uno de nosotros tiene una representatividad democrática, se abra un camino de mayor compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”, puntualizó Vivero sin pensar que en breve tiempo él terminaría siendo juzgado por sus pares.

El uso del artículo 66 de la CN

Como dijimos, en lo que va del año se presentaron siete proyectos para remover diputados por “inhabilidad moral sobreviniente”, amparados en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Ese artículo indica que “cada Cámara (…) podrá, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno”.

La manda constitucional fue materializada en el reglamento de la Cámara baja en su artículo 188, que señala que “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución”.

Si la votación resulta afirmativa, el artículo ordena al presidente del Cuerpo crear “una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”. Fue la que se creó con el caso del salteño Juan Ameri, quien de todos modos renunció a su banca antes de que pudieran expulsarlo por su conducta indecorosa en plena sesión, el pasado 25 de septiembre.

De los siete proyectos presentados para apartar a diputados, tres pertenecen a un miembro del Pro: el porteño Jorge Enríquez. El mismo día que salió a la luz el “vacunatorio VIP” y se conocieron los nombres de los dirigentes que se dieron la vacuna contra el Covid de forma privilegiada, Enríquez presentó una iniciativa para apartar de la Cámara baja al oficialista Eduardo Valdés, quien iba a formar parte de una comitiva oficial a México y con esa excusa se inoculó, igual que el senador Jorge Taiana.

“Resulta inaceptable que algunos políticos que deberían con su conducta dar el ejemplo aprovechen su influencia para el logro de beneficios que los sitúan en un plano de superioridad respecto del resto de los ciudadanos, a los que deberían representar”, argumentó Enríquez en el proyecto, que fue acompañado por 14 integrantes de su bloque.

Con ese mismo argumento se presentaron dos proyectos para remover al santacruceño Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, quien se vacunó el 6 de febrero con la primera dosis de la Sputnik V junto a otros funcionarios provinciales. “Vázquez accedió a ese beneficio no por integrar ningún grupo de riesgo, sino lisa y llanamente por su condición de político de larga trayectoria en esa provincia, en la que ocupó diversos cargos”, advirtió Enríquez, autor de una de las iniciativas.

El otro proyecto contra Vázquez fue impulsado por Mariana Zuvic (Coalición Cívica) junto a sus compañeros de bancada Juan Manuel López, Héctor “Toty” Flores, Alicia Terada y Roxana Reyes, de la UCR. “El kirchnerismo no respeta los límites institucionales, ni siquiera cuando la salud de la población se encuentra en juego”, se quejaron los representantes de la oposición.

Más recientemente, la oficialista Carolina Moisés, acompañada por 14 mujeres del Frente de Todos, presentó otra iniciativa para remover ni más ni menos que a Alfredo Cornejo, diputado y titular de la UCR. ¿El motivo? Un video viral en el que se ve al mendocino, en un acto de la Juventud Radical de Santa Rosa, refiriénose con expresiones degradantes hacia la peronista Flor Destéfanis, actual intendenta de esa localidad.

“La chica es más agradable pero no sabe de administración. No solo eso, se dice feminista como buen ‘Cámpora’ y como buen kirchnerista, dicen una cosa y hacen otra. Se dice feminista pero en realidad la maneja el marido”, lanzó el exgobernador. Si bien luego intentó aclarar luego sus dichos, ya era tarde. En los fundamentos de su proyecto, Moisés sostuvo que “una vez más queda al descubierto la violencia política naturalizada y machista”, la cual “solo merece el peor de los repudios”.

Ese caso fue citado por Luis Petri, comprovinciano de Cornejo, durante la sesión del 27 y 28 de marzo pasado, cuando presentó una cuestión de privilegio contra ese  proyecto alertando que “la gravedad” del mismo radicaba en que “intentan acallar, disciplinar y censurar a la oposición por los dichos que nuestra Constitución garantiza a todos y cada uno de los diputados de la Nación”.

Este año se presentaron proyectos para apartar de la Cámara de Diputados a Ricardo Buryaile, Eduardo Valdés, Juan Benedicto Vázquez, Alfredo Cornejo, Francisco Sánchez y Martín Soria.

El macrista Enríquez presentó otro proyecto para apartar al flamante ministro de Justicia, Martín Soria. Lo hizo a las pocas horas de conocerse que el diputado sería el reemplazante de Marcela Losardo, y a sabiendas de que al poco tiempo el rionegrino presentaría la renuncia a su banca. Así y todo Enríquez advirtió que Soria “se embarcó en un febril torneo de declaraciones que no hacen más que confirmar su falta de idoneidad para ese cargo y su desprecio por las instituciones republicanas”.

Está también el proyecto que ya mencionamos de Carlos Vivero pidiendo “remover por inhabilidad moral” a Francisco Sánchez. Lo acompañaron los oficialistas Carolina Moisés, María Rosa Martínez, Marcelo Koenig, Graciela Landriscini y Guillermo Carnaghi, y fue presentado el 25 de marzo pasado.

Quien también quedó en el ojo de la tormenta, sonando varias veces su nombre durante la primera sesión ordinaria del año en Diputados, fue el radical Ricardo Buryaile. Según denunció la formoseña Graciela Parola, el diputado de Juntos por el Cambio abordó un vuelo de Chaco a Buenos Aires sin esperar el resultado del hisopado que se había realizado, que dio positivo. Parola deslizó que Buryaile incluso podría haber viajado conociendo -y ocultando- que estaba contagiado, algo que el acusado negó fervientemente. Ambos legisladores se cruzaron en plena sesión, y el caso generó un pico de tensión cuando durante la tarde circuló el rumor de que el Frente de Todos pediría la suspensión del radical. El bloque JxC convocó prestamente a sus miembros para prepararse para la eventualidad, pero finalmente la maniobra no se concretó.

Antecedentes de expulsiones

Lo cierto es que la medida extrema de expulsar a un miembro del Cuerpo se adopta en contadísimas ocasiones. El último caso que registra la historia legislativa argentina es el del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), quien fue echado de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en un reportaje, el entonces diputado acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo. El problema no fue semejante acusación -los fueros lo hubieran protegido-, sino la peculiar argumentación de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.

Ese caso fue utilizado como antecedente en 1999, cuando Diputados impidió la asunción de Antonio Domingo Bussi, acusado por su participación en la dictadura y también de haber ocultado una cuenta bancaria en Suiza.

Al que desaforaron de manera contundente los diputados fue al exsubcomisario Luis Patti. Fue el 24 de abril de 2008, cuando tras un debate de más de siete horas se aprobó en Diputados su desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. En rigor, Patti era diputado electo, pero no le habían permitido jurar, por lo que algunos sostenían que para poder desaforarlo debían primero autorizar su juramento. El desafuero fue aprobado por 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.

Tampoco pudo sentarse nunca en su banca el exgobernador Raúl “Tato” Romero Feris, elegido senador nacional por Corrientes, al que directamente la Cámara Nacional Electoral impidió asumir en 2003 por “incompatibilidad ética”, a raíz de causas judiciales pendientes. Romero Feris había sido elegido senador nacional por el Partido Nuevo, pero su pliego no fue aprobado junto a los correspondientes a la mayoría de los nuevos miembros de la Cámara alta por demoras en la comunicación de la justicia electoral correntina. Quien impugnó entonces al “Tato” fue la exdiputada Araceli Méndez de Ferreyra, por considerar que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar una banca.

Romero Feris había sido condenado por presuntos hechos de corrupción administrativa cometidos desde los cargos públicos que ejerció en Corrientes.

En 1995 el diputado justicialista Eduardo Varela Cid no fue desaforado sino suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta” tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos. Durante el lapso que duró la suspensión, perdió fueros, banca y dieta.

Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancarani de Godoy, quien fue denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.

Un caso menos recordado pero contundente fue el del senador puntano Raúl Ochoa, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber votado dos veces en una elección. La Cámara alta, más propensa a proteger a sus miembros, no procedió a su desafuero y lo dejó concluir su mandato, a fines de ese año.

Un recurso muy utilizado en la actualidad

Expresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado del Pro Pablo Tonelli destaca que “una función inherente a los cuerpos colegiados es la de ejercer poder disciplinario sobre sus miembros”. Y reconoce que “últimamente hay muchas denuncias de este tipo, y en algunos casos se utilizan con fines exclusivamente políticos. Por eso hay que ser muy prudente en el tema, hay que diferenciar una situación de otra, y también por eso y por la delicadeza que el asunto implica es que la Constitución exige esa mayoría agravada, lo cual en definitiva conduce a que si no hay una muy amplia mayoría de diputados que estén de acuerdo con la sanción, no puede hacerse efectiva”.

“Yo no creo que todos los casos que se han denunciado últimamente sean iguales; hay algunos que a mi modo de ver tienen claras connotaciones políticas, y otros en los cuales la denuncia parece más justificada, por ejemplo cuando media una agresión física de un diputado a otro”, agrega Tonelli.

Precisamente el caso que ahora deberá investigar una comisión que, a diferencia de lo que marca el reglamento, se constituyó con seis y no cinco miembros. Tres del oficialismo, dos de Juntos por el Cambio y una por el interbloque Federal, Graciela Camaño. En caso de decidir el oficialismo sostener a su diputado definirá la diputada de Consenso Federal, que en su momento protagonizó un episodio muy sonado con otro legislador.

Fue el 17 de noviembre de 2010 y entonces ella presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se estaba discutiendo sobre presuntas presiones para aprobar el Presupuesto 2011 y  en ese marco Camaño llamó a un cuarto intermedio, desatando protestas de parte del oficialismo. Ella se disponía a salir de la concurrida sala, pero antes se acercó al diputado Carlos Kunkel e intercambiaron algunas palabras; el diputado kirchnerista, que venía manteniendo una acalorada discusión, se dirigió a ella en su condición de esposa de Luis Barrionuevo y le refregó: “¿Ahora van a quemar las urnas como en Catamarca? Yo no sol el que dijo que tenemos que parar de robar dos añs para sacar al país adelante”. Ella replicó: “¡No me grites, energúmeno!”, y le dio un cachetazo, para luego retirarse de la sala 1 del Anexo de Diputados.

Kunkel ensayó un aplauso y lanzó una sonrisa irónica. Ella diría luego que se estuvo “aguantando todo el año” y que Kunkel la había cansado.

Años después Graciela Camaño diría que no sabe qué le pasó esa vez. “Yo no soy esa persona, no resuelvo mis conflictos así porque Dios me dotó de una buena lengua para discutir”, confesó. Hoy prefiere no referirse a ese episodio que puede ser parangonado con el de Vivero e Iglesias. Consultada por este medio prefirió no hablar para no meterse “en la locura de Cambiemos y los K”, pero como miembro de la comisión investigadora  tendrá que expedirse.

Ese escándalo no tuvo sanciones. Otros tiempos… Si hasta al día siguiente del hecho ya había en las redes un videojuego que consistía en “pegarle un tortazo a Kunkel para emular a Graciela Camaño”. A diferencia de la situación real, en el juego Kunkel sí podía devolver la piña.

Jefe de Gobierno porteño por entonces, Mauricio Macri diría por esos días que el incidente no era motivo para “cuestionar la legitimidad” de la banca de Camaño. Y ante la pregunta puntual de si debía renunciar Camaño, quien años después se convertiría en presidente respondió: “No, ni siquiera lo noqueó”.

Nada sucedió entonces y para Tonelli contribuyó en eso “la actitud de la propia diputada, que dio por superado el episodio, y del propio afectado, que tampoco impulsó la denuncia, porque me parece que ambos entendieron en su momento que había sido un episodio desafortunado, pero producido al calor y fragor de un debate y que no valía la pena llevar el asunto más allá. Esto depende mucho de la actitud del ofensor y del ofendido”.

“Pero coincido en que efectivamente hay últimamente demasiadas denuncias en esta materia, lo cual requiere ser más prudentes que nunca en el ejercicio de ese poder disciplinario que la cámara efectivamente tiene respecto de sus miembros”, observa el diputado del Pro.

Vale tener en cuenta en este contexto la opinión histórica de la izquierda, siempre remisa a cualquier tipo de exclusión de algún miembro. Por ejemplo el 7 de octubre, cuando se votaron las conclusiones de la comisión que analizó el caso Ameri -quien recordemos que ya había renunciado-, se abstuvieron. El diputado Nicolás Del Caño explicó esa postura señalando que si bien consideraban “repudiable” la conducta de Ameri, “nosotros consideramos que los mandatos de las y los legisladores deben ser revocables por sus propios electores”.  

En ese sentido advirtió sobre el peligro de sentar “un precedente muy grave cuando se habla de inhabilidad moral”, por cuanto ello podría ser utilizado para, en otros casos, “expulsar a diputadas o diputados por una mayoría circunstancial”, y puso el ejemplo de compañeros suyos en Mendoza a los que habían querido desaforar por haber participado en un paro general.

El tema amerita diversas interpretaciones y, como puede observarse, van variando las interpretaciones conforme pasa el tiempo, aunque en muchos casos los protagonistas sigan en el Congreso. En tiempos de grieta y polarización extrema, la búsqueda de la exclusión de miembros es un recurso usado por propios y extraños, que parece haber llegado para quedarse.

En momentos donde la Cámara de Diputados debe renovar el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió funcionar a través de la plataforma virtual durante la pandemia, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) presentó un proyecto de resolución para incorporar las sesiones virtuales al reglamento.

En su propuesta, la legisladora lavagnista propone incorporar un agregado al artículo 14, titulado “Ámbito para sesionar”, que indique que “en los casos de fuerza mayor, cuando hubiere razones fundadas que impidan a los diputados constituir Cámara, se facultará el funcionamiento del Cuerpo fuera de su ámbito para sesionar de manera remota mediante plataformas de videoconferencia y/o videollamadas u otros sistemas competentes apropiados que permitan el desarrollo de las sesiones en línea”.

Se agrega además que en estos casos regirán los artículos vigentes sobre la asistencia de los diputados y el quórum legal.

“Verificada la asistencia de los diputados en la videoconferencia y/o videollamada o sistema técnico utilizado, se los considerará concurrentes a los efectos de todas las disposiciones del reglamento que hagan referencia a su presencia”, dispone el proyecto, y “en igual sentido, se entenderá como voto emitido por esta manera verificado personalmente mediante la plataforma utilizada”.

Por último, la iniciativa indica que las autoridades de la Cámara deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar “el funcionamiento virtual de las oficinas afectadas al desarrollo de la sesión en caso de fuerza mayor”.

La última prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto caducó el 12 de febrero y los jefes de bloque deben suscribir ahora una nueva extensión para poder dictaminar en las comisiones y sesionar en el recinto de manera mixta, es decir, con mayoría de diputados presenciales y el resto conectados de forma virtual.

La diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal – Buenos Aires) consideró que todos los temas puestos a consideración para tratar en extraordinarias “están en línea con las necesidades del Ejecutivo”, pero “excluyendo los temas que hacen a la reforma judicial”.

Respecto de esa referencia, estimó que “Argentina necesita una justicia en la que un vicepresidente condenado no esté cómodamente en su casa y un curso de organización de eventos le permita descontar pena”.

“Sí necesitamos una reforma judicial”, aclaró, pero advirtió que “las reformas judiciales, al ser el Poder Judicial un poder no electivo, requieren de un enorme consenso. Tiene que haber muchas voces que se escuchen, pero el consenso parlamentario no puede ser la cantidad de manos que se consigan”.

Entrevistada en Diputados TV, la diputada opositora comentó que hacia los finales del Gobierno de Cristina Kirchner “se planteó una reforma judicial sumamente ambiciosa, realmente interesante para la discusión política y parlamentaria, pero como el kirchnerismo tenía el número para poder sacarla sin necesidad de los demás partidos políticos, la votó. Y bueno, la Justicia, en algunos casos le falló en contra. Y la inconstitucionalizó (SIC)”.

En ese marco, agregó Camaño que el gobierno siguiente, de Cambiemos, “cometió el tremendo error de paralizar el cambio del sistema inquisitorio al acusatorio”.

“Los consensos que hacen falta son muy amplios”, señaló siempre a cuento de una reforma judicial, y puntualizó que durante el debate reciente “se requirió la opinión de mucha gente valiosa, pero no se les dio cabida a lo que se opinó. Tampoco fueron tenidas en cuenta opiniones de gente relacionada al propio oficialismo. “Hay falsedad cuando se dice que se consulta -expresó en ese sentido-. Los invitaste, pero no los escuchaste”.

Consultada sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal, Camaño aclaró que “no es irregular el nombramiento” del procurador general actua. “Es lo que prevé la propia ley; lo que no hay es un procurador que esté  nombrado, este es el problema. Pero la sucesión en el cargo está prevista ante la ausencia de consensos”.

Con relación a la reforma que cuenta con media sanción del Senado, consideró “correcto que existan controles sobre la acción de los fiscales”, sobre todo en el marco de un sistema acusatorio como es al que se va. “Pero en la medida justa: que no se vulnere el principio constitucional de un órgano independiente”, apuntó.

Lamentó entonces que durante el Gobierno anterior, por lo que atribuyó a “vanidades personales dentro del propio Cambiemos” se perdió “la oportunidad de poner el Ministerio Público Fiscal en equilibrio”.

Recordó que en el Gobierno de Macri se dio “una embestida muy fuerte” contra la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y en ese marco se constituyó la Comisión Bicameral de Control y de Asistencia al Ministerio Público Fiscal, que ella presidió. “La procuradora se fue del cargo, pero antes la revisamos de pie a cabeza en la comisión, determinándose que durante esa gestión se hizo todo ajustado a lo que la ley de Cristina Kirchner había propiciado.

“Sí, es necesaria una reforma a la ley de Ministerio Público, para tener un mejor control, pero tiene que ser muy sano el control, no de comisariato, que la política maneje la procuración”.

Sobre el final del debate, Graciela Camaño dio un fuerte alegato contrario a la legalización del aborto. “Este proyecto que claramente no se aboca a la despenalización del aborto y avanza más allá, lesiona el derecho de la vida por nacer”, sostuvo, para agregar luego que “la ley es la expresión de la voluntad general, pero tiene que estar subordinada a la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, donde el derecho a la vida tiene amplia protección”.

Para Camaño, “si se sanciona esta ley anticipa las causas del futuro problema, porque aunque se quieran atenuar y utilizar eufemismos, lo que se está haciendo es habilitando a descartar la vida de un ser humano. Y eso es lo que la convierte en inconstitucional en su origen”.

“Hoy la realidad es que más allá de algunos discursos, lo que se está haciendo es transformar al feto en lo que los romanos llamaban ‘res’, ‘cosa’, a fin de poder ponerlo en posesión de la gestante, y que ella incluso prescindiendo del otro gestante pueda decidir si vive o no vive”.

Graciela Camaño señaló que “Argentina abandonó ese concepto en la Asamblea de 1813, cuando decidió la libertad de vientres, el hijo acunado en el vientre de una esclava que era considerada una cosa, dejó de ser cosa. Hoy retrocedemos 207 años con esta ley”. Se preguntó a continuación si “creemos en serio que estamos ampliando derechos. En una Argentina agonizante, destrozada, empobrecida, embrutecida, ¿en serio creemos que con esta ley estamos ampliando derechos?”.

“Creo que este debate y esta ley es el certificado y la demostración palmaria de la incapacidad política que tenemos para resolver los problemas  de nuestra sociedad -agregó-. El aborto es el emergente claro de la falta de educación, de oportunidades, de las desigualdades y la violencia contra la mujer… Y en lugar de resolver las causas, la educación, las oportunidades y las violencias, venimos a  proponer que quede en la esfera privada de la mujer la resolución del problema. Ofreciéndole como única solución que pueda disponer de la vida de su  hijo”.

Con un agravante, agregó: “Que el hombre gestante se lava las manos; no tienen nada que opinar, ni a favor ni en contra, es una responsabilidad absoluta de la mujer”.

Con los números asegurados en el Senado, el oficialismo debe estar pensando qué destino tendrá la reforma de la Ley del Ministerio Público cuando llegue a Diputados, donde no cuenta con la amplitud que sí goza en la Cámara alta. Por el contrario, en la Cámara baja están mucho más ajustados y los ojos están puestos en los bloques de la oposición que pueden llegar a sumarse al oficialismo.

Por eso no es una buena noticia la postura que ya comienza a exponer la diputada Graciela Camaño. Integrante del Consejo de la Magistratura, la diputada de Consenso Federal alertó sobre la suerte que puede llegar a correr una reforma que a su juicio es “inconstitucional”. Por lo tanto, advirtió que su eventual aprobación significará para el oficialismo “pan para hoy y hambre para mañana”.

“Los senadores se tienen que dar cuenta que es inconstitucional, es pan para hoy y hambre para mañana”, advirtió Graciela Camaño en declaraciones a radio La Red.

En ese sentido, Camaño sostuvo que la reforma del Ministerio Público, por la cual se pretende modificar la mayoría de 2/3 necesaria para designar al procurador por mayoría simple de los senadores, “no se corresponde con el artículo 120 de la Constitución”.

Y advirtió que así como en el Senado, un ámbito político, “habrá un examen de constitucionalidad”, después “hay otro examen de constitucionalidad que es jurídico”, recordando que “cuando el kirchnerismo quiso hacer reformas judiciales contra la Constitución la Corte le ha dicho que no”.

Por eso alertó al oficialismo que “mucho me temo que si cometen este error tendrán el escándalo político y mediático, y luego tendrán el examen de constitucionalidad ante la Corte””.

“El Ministerio Público Fiscal es un supra poder, por fuera de los tres poderes. Tenemos que bregar por la independencia del Ministerio Público Fiscal”, comentó la diputada que advirtió que “si se le ponen cláusulas que no tienen la lógica de asegurar la independencia es inconstitucional””.

Y recordó que “cuando el kircherismo quiso hacer reformas a la Constitución, la Corte les dijo que no. La dirigencia política está bailando arriba del Titanic. Ni el Gobierno anterior ni éste han tenido diálogo ni coalición. Son un conglomerado de voluntades políticas”.

Con el objeto de dar una vuelta de página al escándalo de la última sesión de la Cámara baja protagonizado por el ahora exdiputado nacional Juan Ameri, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de declaración producto de la tarea de una comisión especial creada a partir de ese lamentable episodio.

El exdiputado por la provincia de Salta renunció hace dos semanas tras haber exhibido una conducta inapropiada frente a la cámara de video en plena sesión.

El texto aprobado es un pronunciamiento ético y fue el fruto de una reunión que mantuvieron el jueves pasado los integrantes de la comisión que se creó para el caso: Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el Frente de Todos; Silvia Lospennato y Miguel Bazze por Juntos por el Cambio; y Graciela Camaño por Consenso Federal.

La encargada de exponer sobre lo resuelto por esa comisión fue la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), quien aclaró que el informe elaborado era demasiado extenso, por lo que se limitó a dar detalles del mismo, en el cual puntualizó que se hace “una pormenorizada descripción de lo que ocurrió”.

“Coincidimos en que lo ocurrido ha sido una afrenta para el funcionamiento legislativo, que revela un proceder indecoroso que no se compadece con lo que se exige de un componente del cuerpo”, señaló la diputada bonaerense, que consideró que el exdiputado “no está habilitado para el cargo”, y al referirse a lo ocurrido señaló que “la descripción es lo que todos sabemos y que ha recorrido el mundo”.

El caso, señaló, despierta “indignación, repudio y condena del cuerpo. También resulta bochornoso a la institucionalidad y también para la población. Se trata de un caso extremo en donde la conducta de un miembro ha comprometido el prestigio y el decoro del cuerpo. Hablamos de inconducta, insolvencia moral, que determina un daño a la gestión de los intereses generales de la Nación”.

Camaño aclaró que “no pretendemos que quede la idea de que se puede separar por cualquier motivo a un miembro del cuerpo. Esto tiene que quedar muy claro; debemos ser estrictos a la hora de la identificación de la inconducta. Hablamos de haber estado en presencia de un acto indigno de un exdiputado”.

Agregó la legisladora que la comisión también encontró necesario mencionar en el dictamen “de qué manera las conductas disvaliosas afectan lo institucional”. Y a continuación, fundamentó la determinación de esa comisión con palabras del recientemente fallecido Gregorio Badeni, quien expresa las condiciones que fundamentan el mal desempeño del exdiputado. En ese sentido resaltó que, en palabras del citado constitucionalista, el mal desempeño “se trata exactamente de lo contrario de lo que se estima como un buen desempeño de parte de un funcionario público”.

Por otro lado, Camaño aclaró que consideraban necesario establecer hasta dónde van los fueros y las jubilaciones de privilegio. Y recordó en ese sentido que “desde 2003 en que se tomó la decisión de derogar las jubilaciones especiales, los legisladores no tienen ningún tipo de privilegio en la materia. Cada uno de nosotros es un trabajador común en materia de seguridad social, y lo queremos dejar bien en claro”.

A continuación leyó los dos artículos de la resolución que ratifican “el repudio absoluto a la conducta del exdiputado” y a su “afrenta” y reafirmó la obligación para la totalidad de los integrantes del cuerpo de la plena observancia del buen proceder de la gestión.

Por su parte, Nicolás del Caño (PTS-FIT) aclaró que desde la izquierda no compartían algunos términos de esa resolución. Se refería puntualmente a las consideraciones referidas a la “inhabilidad moral”, por cuanto ello “puede dejar antecedentes”. Si bien aclaró que lo actuado por Ameri era “repudiable”, y sobre todo destacó “el prontuario” del exlegislador, reiteró que para ese espacio los cargos deben ser “revocables por sus propios electores”. A su juicio, la determinación adoptada “sienta precedentes muy graves que pueden ser utilizados para expulsar diputados por una mayoría circunstancial”.

Del Caño concluyó preguntándose “de qué decoro y moral puede hablar una Cámara que ha votado leyes contra el pueblo”.

Con la abstención adelantada por la izquierda, el resto del cuerpo aprobó finalmente la declaración elaborada por la comisión especial.

La diputada de la Nación Graciela Camaño llamó a terminar “con la grieta y a construir la amplia avenida del medio con todos los argentinos”. Camaño hizo estas declaraciones en una reunión  virtual por Zoom donde presentó la plataforma del pensamiento estratégico para la Argentina 2021-2031 de su partido tercera posición, acompañada por sus compañeros de bancada, Jorge Sarghini y Eduardo “Bali” Bucca.

“Cuando revisamos la historia  nos encontramos con momentos de decadencia donde siempre hubo luchas intestinas. En esta grieta nos encontramos con dirigentes que son relatores de la  política. Es nuestro deber construir un espacio para terminar con esta grieta y por eso necesitamos una militancia política informada. Basta de dirigente políticos ineptos que se miran su propio  ombligo”, dijo Camaño, que agregó: “No vamos a tener futuro mientras tengamos políticos que lo único que buscan es su ascenso social y no el bien común de una sociedad”.

Camaño advirtió “la mala gestión de este gobierno respecto a la pandemia” pero también marcó la pésima gestión de gobierno de “los últimos 10 años”.

“Este Gobierno al igual que el anterior tiene más de 20 ministerios que no se condice con la crisis económica por la que está atravesando argentina. Es inconcebible que la educación de nuestros  chicos esté en manos de un ministro cuya política educativa es la no educación”, dijo.

Camaño también se preguntó: “¿A qué responde la falta de institucionalidad y libertad que el gobierno hace con esta  pandemia” y pidió volver a la normalidad “que tiene que venir de todos nosotros construyendo exigencias a quienes nos gobiernan”.

En otra parte de su intervención, Camaño se mostró preocupada por el mensaje que “se está dando ante la toma de terrenos y propiedades con un gobierno que hace lo posible para que esto suceda.  ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina es estas condiciones?”, dijo.

Camaño llamó finalmente “a terminar con los personalismos y la excusa de la pandemia. Se está vulnerando la Constitución de la Nación argentina”.

Antes, el diputado Jorge Sarghini, hizo un pantallazo general de la situación económica por la que está atravesando la Argentina. “Si se confirman las proyecciones del presupuesto presentado por  el gobierno para el año que viene, nos vamos a encontrar en el 2023, con un ingreso por habitante del 15 % menos. Será es más bajo desde el 2011. Sarghini también se refirió a los últimos anuncios económicos realizados por el ministro Martín Guzmán: “Son insuficientes e inadecuados y no están a la altura de la exigencia de la realidad  argentina”.

“Dos cosas tienen que pasar para que un programa económico funcione. en primer lugar tiene que haber acción política y en segundo lugar es necesario un orden institucional. En este gobierno no  están dadas ninguna de estas dos condiciones”, dijo Sarghini, quien agregó que “sólo la unidad nacional podrá ayudarnos a construir los consensos políticos necesarios para superar la crisis. Debemos  construir futuro y no quedarnos parados en la discusiones del pasado”, afirmó Sarghini.

Al igual que Camaño, el diputado de Consenso Federal llamó a romper con la grieta del pasado que viven echándose culpas, que han fracasado y que han llevado a nuestro país a los números de  desempleo, indigencia y pobreza que hoy lamentablemente tenemos. Hoy no sólo tenemos los problemas de la pandemia sino también lo de los últimos 10 años. Hemos trabajado mucho desde nuestro bloque  presentando distintos proyectos de  ley que podrían ayudar a la recuperación de Argentina pero lamentablemente no están en la agenda del gobierno”.

Por último, Sarghini llamó a romper la grieta y “dar un salto de calidad en la política si queremos tener futuro”.  

A su turno, el diputado Eduardo “Bali” Bucca se manifestó preocupado por la situación de crisis de Argentina y sobre todo de los números de pobreza e indigencia dados a conocer esta semana por el Indec.

“Es inconcebible que en un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, de cada 10 niños viven bajo la línea de pobreza y con falta de nutrición alimentaria”, dijo.

De todas maneras Bucca llamó a “no perder la esperanza que en el algún momento prime el sentido común de una sociedad para romper con la grieta que tanto mal nos hace y que está dejando fuera del sistema no sólo a los pobres sino a la clase media y productiva del país”.

Participaron de la reunión por la plataforma Zoom, dirigentes de los distritos de San Martín, Berisso, Florencio Varela, Ezeiza, General Belgrano, Berazategui, Esteban Echeverría, San Nicolás, Merlo, Morón , Trenque Lauquen, San Miguel, tres de febrero, Partido de la Costa, Magdalena, Vicente López, Mar del Plata, , Capilla del Señor, Bragado, Pinamar, Tandil, 9 de Julio, Baradero, Necochea,  Salto, Junín y Escobar, entre otros.

En vísperas a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia sobre el rechazo por parte del Senado, ratificado por decreto por el presidente Alberto Fernández, sobre los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la Cámara de Diputados aprobó una moción para tratar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El tema fue traído este miércoles por la oficialista Vanesa Siley, quien planteó una cuestión de privilegio contra los magistrados y fustigó que "se intenta confundir en varios medios de comunicación".

La legisladora recordó que los jueces "no han acudido a la audiencia pública del Senado" y "han agraviado no solamente al Congreso de la Nación, sino al procedimiento constitucional claramente establecido en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo".

"La Corte Suprema de Justicia ya ha clarificado cuál es el procedimiento adecuado para que un magistrado de la Nación sea correctamente designado, el cual es un acto federal complejo que involucra a tres poderes del Estado con el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación", explicó.

En ese sentido, la consejera señaló que "los jueces y juezas son funcionarios de alto rango" y "son los únicos que no son electos de manera directa", en tanto "esa función se ejerce a través del involucramiento de los tres poderes del Estado, por eso es un acto complejo".

"Por eso nos agravia a nosotros el hecho de que en esos pasos, el paso donde participa el pueblo, que es la audiencia pública del Senado, estos tres magistrados no hayan concurrido", continuó, para decir luego que el tema "se comenzó a discutir en marzo" en el Consejo "y se hizo un análisis importante de todos los traslados que se habían realizado a lo largo de la historia".

Siley indicó que sobre los "10 traslados mal realizados" se envió una comunicación al Poder Ejecutivo, que fue el que luego envió a la Cámara alta los pliegos de diez magistrados, de los cuales "siete concurren a la audiencia, dan explicaciones, se ponen a conocimiento de la gente, se someten a la interpelación de los senadores" pero "tres no fueron". "Tres jueces que conocen y deben aplicar la Constitución incumplieron la Constitución", enfatizó.

La diputada del Frente de Todos resaltó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli "habían sido trasladados en 2018 a dedo, por decreto, sin pasar por el Senado". Ahora, ante el rechazo "estos tres jueces deben volver a sus tribunales de origen, siguen siendo jueces, no dejar de serlo". Y destacó que la decisión haya sido ratificada por la Cámara Federal y la Cámara de Apelaciones.

En contra de la oposición, la oficialista reclamó que "se escuchó decir 'que la república, que se cargan a tres jueces, que estamos violando la Constitución' y lo que está pasando es todo lo contrario, se está cumpliendo la Constitución, salvo que pretendamos que el presidente continúe con esta práctica y designe jueces a dedo, por decreto. Creo que eso no lo debe querer nadie".

"La república no se la puede enarbolar en las palabras y después pisotearla en los hechos", lanzó y abogó por "la igualdad ante la ley necesaria para que el Estado democrático y el Estado de Derecho estén plenamente vigentes y vivos en nuestro país".

Aunque no estaba anotado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López salió a contestar. Planteó entonces otra cuestión de privilegio, contra el presidente Alberto Fernández "por haberse arrogado facultades judiciales y haber violado la inamovilidad de los magistrados".

El legislador defendió que en los traslados de 2018 "se cumplió con lo previsto por el reglamento de traslados que estaba vigente en ese momento y con la acordada 4 de la Corte Suprema y una acordada posterior" sobre casos análogos.

"Anularon (los traslados) arrogándose facultades jurisdiccionales, cosa que les prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional", insistió y remarcó que los decretos del presidente Mauricio Macri -derogados la semana pasada- habían "generado derechos subjetivos" con lo cual "solo pueden ser revisados en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y el Senado".

Y sobre el Consejo de la Magistratura, López manifestó que "es un órgano contramayoritario y tenemos que cuidarlo". "Ojalá siga funcionando a lo largo de los años y no se termine de tergiversar o violar por el poder de turno político, que creo que de alguna manera intenta subvertir ese régimen y orden de ideas y cosas que prevé nuestra Constitución".

Seguidamente, el radical Gustavo Menna sostuvo que "estamos en presencia de una situación inédita" que solo tiene "precedentes en golpes de Estado". Para el chubutense, este hecho "es un absurdo que nos pone al margen del ordenamiento constitucional" y rechazó que "por un decreto del Poder Ejecutivo se produzca ese desplazamiento".

"Estamos ante un hecho de una gravedad institucional sin precedentes que obliga a que sin más se pronuncie el máximo tribunal", reiteró y dijo que "trasciende el derecho de los afectos" y "afecta a toda la sociedad porque esto implica terminar con un Poder Judicial independiente".

Finalmente, tomó la palabra la diputada Graciela Camaño, titular de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura, donde se avanzó con la revisión. "Lamento muchísimo que quienes se expresan hoy defendiendo la república no hayan advertido las irregularidades que se cometían en el Consejo de la Magistratura en el mientras tanto", cargó contra Juntos por el Cambio.

Y habló de una "necesidad imperiosa de que la cuestión de privilegio planteada correctamente por la diputada Siley sea puesta en consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales", algo que "no ocurre en el Parlamento".

"Hemos tenido durante el pasado, durante los últimos cuatro años concretamente, algunas cuestiones muy interesantes como pedidos de juicios políticos", recordó y mencionó que para la misma fecha del traslado de los magistrados se había pedido el juicio político contra el exministro de Justicia, Germán Garavano, "donde claramente se hablaba de concursos que están mal hechos".

El bloque de Consenso Federal en la Cámara de Diputados adelantó que no votará a favor del proyecto de reforma judicial, enviado por el Gobierno.

Desde la bancada referenciada en el economista Roberto Lavagna consideraron que la iniciativa es "inoportuna" e "inviable" sin un acuerdo político amplio.

Mediante un comunicado, el bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez recordó que su par Graciela Camaño ya había anticipado la posición del bloque en declaraciones públicas.

"La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla", señaló el jefe de la bancada.

En ese sentido, expresó que "sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe". "Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará", afirmó.

El legislador consideró que sin esos consensos "será malo para la Argentina sacar con fórceps una reforma judicial, por más que la mejoren técnicamente, dado que otra vez se correría el riesgo de caer en un conflicto institucional".

"Esa es y será la posición del bloque Consenso Federal en la Cámara de Diputados de la Nación", sentenció.

Además, en el texto se agregó que "la prioridad, en cambio, debe estar puesta en asuntos como el impulso a las PyMEs de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva".

"La Argentina también necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento. Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo", opinaron.

Alejandro "Topo" Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini forman parte del Interbloque Federal, comandado por Eduardo "Bali" Bucca, donde conviven los justicialistas Bucca y Andrés Zottos; los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez -cada uno con su propio monobloque-; y los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. En algunas ocasiones, el espacio suele votar dividido.

Se viralizó este fin de semana un insólito episodio en el que cinco policías detuvieron en Bariloche a una mujer que estaba paseando a su perro, por haber infringido la cuarentena que impide la circulación un día domingo.

El hecho sucedió cerca del INVAP, en una zona despoblada y fue captada por un video luego difundido, que generó tal reacción que se viralizó el hashtag #LiberenASabrina. Allí se ve a la mujer vestida con ropa deportiva interceptada por los policías con el perro al que paseaba atado con una correa. Se produjo un forcejeo y finalmente fue detenida y liberada recién en horas de la noche, cuando el propio intendente tomó participación en los hechos.

Entre quienes reaccionaron estuvo la diputada Graciela Camaño, quien también difundió el video, advirtiendo que eso acababa de pasar en Bariloche, arrobando al presidente Alberto Fernández, al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras. “La policía no puede actuar como las patotas de la dictadura, agrediendo impunemente ciudadanos honestos.  Actúen!!! esto ya está hartando”, clamó la diputada nacional.

Desde la Coalición Cívica también reaccionó la diputada Mónica Frade, quien en el mismo tuit de su colega respondió: “Los mensajes políticos de las máximas autoridades deberían ser otros, para que cambie el actuar de las fuerzas de seguridad. Mucho DNU... les hace sentir libres de actuar así”.

Esto pasó en #Bariloche. Detenida por pasear el perro. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, en #VillaMascardi un grupo de delincuentes incendia casas.@marianoobarrio @edufeiok @vivicanosaok @guadavazquez @gusmura pic.twitter.com/pyH5xfb3cz

— Juan Martin (@jmrionegro) August 16, 2020

El diputado del Pro Juan Martin posteó también el video del episodio y señaló: “Esto pasó en #Bariloche. Detenida por pasear el perro. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, en #VillaMascardi un grupo de delincuentes incendia casas”.

Mientras que el senador Esteban Bullrich se preguntó: “Sola con su perro y va presa. ¿No era que no se estaban restringiendo libertades?”.

La diputada nacional Graciela Camaño quedó en el ojo de la tormenta, luego de que su voto definiera la revisión de diez traslados de jueces federales que supuestamente no cumplieron con el trámite dispuesto en la Constitución. Fue una votación ajustada en el que se enfrentaron el oficialismo y la oposición, al cabo de un prolongado debate en la Comisión de Selección del Consejo, a propuesta del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien presentó un informe sobre todos los traslados realizados desde 1998.

Presidenta de la Comisión de Selección del Consejo, el voto de Camaño fue decisivo, pues el resultado fue 7 a 6. Y le llovieron las críticas por haber definido de esa manera a favor de la propuesta del Gobierno. En declaraciones a Radio Con Vos, Camaño sostuvo que la “destruyeron” por haber hecho “lo correcto”.

En su defensa, recordó que Elisa Carrió en su momento presentó en el Congreso un pedido de juicio político al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. “Entonces no estoy haciendo nada que ya no haya denunciado la propia socia de Macri”, sostuvo la diputada de Consenso Federal.

“Ninguno de los consejeros del macrismo dijeron que estuvieran bien hechos los traslados" y que solo objetaron que el Consejo no tenía autoridad para revisarlo”, expresó la diputada.

Al justificar su voto, Graciela Camaño señaló que el traslado de los diez jueces durante la gestión macrista fue “transgrediendo las acordadas de la Corte Suprema de Justicia y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura”. En ese sentido precisó que a los magistrados “se les dio un cargo superior para el cual habían concursado”.

Durante la reunión celebrada el jueves, la diputada admitió su incomodidad ante la situación. Habló de “la ancha avenida del medio” que ella transita y advirtió, al esbozar su voto, que “los traslados se hicieron sin respetar el reglamento”.

“Nosotros sí tenemos competencia y estamos obligados a convocar a concurso en esos casos”, explicó, asegurando que ella jamás pondría su voto “para poner o sacar a un juez”. Asimismo remarcó que solo se estaba “consultando a la Corte sobre el traslado, su opinión respecto a estos diez casos y dándole vista al Ejecutivo”.

Los traslados objetados son los de Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Skanata, quienes a criterio de la mayoría del Consejo de la Magistratura “no han completado el procedimiento constitucional”.

La diputada nacional Graciela Camaño anticipó reparos hacia un artículo puntual del proyecto amplía el presupuesto 2020.

“Rechazamos la dolarización de la deuda en pesos”, tuiteó este martes la diputada de Consenso Federal con relación al proyecto que se discutirá este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Camaño señaló que “el Gobierno pretende aprobar, a las apuradas, un proyecto de ampliación presupuestaria que contiene una CONVERSIÓN DE DEUDA EN PESOS A DEUDA EN DÓLARES. Rechazamos de plano esa medida”.

“Se trata de una decisión que va en sentido contrario a lo que debería ser, en particular en un contexto de severa restricción de disponibilidad de dólares”, precisó la diputada Graciela Camaño.

RECHAZAMOS LA DOLARIZACIÓN DE LA DEUDA EN PESOS

El Gobierno pretende aprobar, a las apuradas, un proyecto de ampliación presupuestaria que contiene una CONVERSIÓN DE DEUDA EN PESOS A DEUDA EN DÓLARES. Rechazamos de plano esa medida.

— Graciela Camaño (@GracielaCamano) July 27, 2020

Singular expectativa ha despertado la reunión de este jueves del Consejo de la Magistratura, cuya Comisión de Selección analizará un pedido del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, para revisar los traslados de jueces federales. También se analizarán las impugnaciones de organismos de Derechos Humanos a la candidatura de Facundo Maggio como juez federal de Tucumán.

El cónclave tendrá lugar a partir de las 10 y será por videoconferencia. Dicha comisión está presidida por la diputada nacional Graciela Camaño.

El primer tema a tratar será las impugnaciones a Maggio, y luego se abocarán al proyecto de Ustarroz para revisar traslados de jueces durante la gestión de Cambiemos. Según el actual oficialismo, para realizar esos traslados no se cumplieron los pasos previstos en la Constitución. La oposicion resiste esa medida y advierte sobre una maniobra del Poder Ejecutivo para garantizar la “impunidad” de Cristina Kirchner.

El papel de la diputada de Consenso Federal será clave, pues no solo preside esa comisión, sino también podría llegar a tener que desempatar ante un eventual empate.

La diputada nacional Graciela Camaño afirmó que espera que el proyecto de reforma judicial que envíe el Gobierno al Congreso -anunciado por Alberto Fernández este domingo- "no sea con un espíritu a la conveniencia del gobierno de turno" porque "está probado que eso no tiene sustentabilidad".

"Ya cada uno hizo lo suyo. Ya el kirchnerismo hizo lo suyo en su momento, y después fue a parar al tacho de la basura; el macrismo hizo lo suyo, con varios errores, y también fue a parar al tacho de la basura. Hay que hacer algo serio, en serio", sostuvo.

La legisladora de Consenso Federal abogó por trabajar con "seriedad" porque "hay una serie de cosas que están pendientes y hay que resolverlas". "Por ahora hay enunciados de los temas que se tocan (en la iniciativa), pero la verdad que a mí me gusta trabajar sobre el proyecto", señaló.

Sobre esos "títulos" que se conocen, Camaño opinó: "Algo en lo que creo que todos estaríamos de acuerdo es en terminar con el traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires".

Respecto a los cambios en el Consejo de la Magistratura, recordó que "hay muchos proyectos" en el Congreso, mientras que sobre la Corte Suprema resaltó: "Si uno escucha a algunos miembros del Ejecutivo unos dicen una cosa, otros, otra. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos".

Además, en diálogo con radio La Red, la diputada consideró que es necesario "la puesta en marcha del sistema acusatorio. En realidad esa es la gran modificación que hay que hacerle a la Justicia en Argentina".

Por otro lado, la integrante del Consejo de la Magistratura fue consultada sobre el informe que el representante del Poder Ejecutivo en ese órgano judicial, Gerónimo Ustarroz, presentó acerca del traslado de jueces federales durante el macrismo.

"Lo que hizo fue presentar el informe, lo que vamos a hacer es empezar a discutir", dijo Camaño y aclaró: "Los que están tan preocupados y hacen especulaciones, que a veces no son ciertas, deberían quedarse tranquilos y mirar en qué instancia están las causas. No vamos a hacer nada para favorecer a nadie".

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió dictamen unánime este lunes sobre un proyecto para instituir el 15 de noviembre de cada año como “Día nacional de la Inclaudicable Reivindicación y Defensa del Mar Argentino”, en conmemoración del naufragio del submarino ARA San Juan.

La iniciativa fue presentada por Graciela Camaño (Consenso Federal) y, si bien había otros proyectos para que declarar el 15 de noviembre como feriado nacional y día no laborable, finalmente los bloques acordaron que sea un día hábil.

Camaño destacó que el proyecto tiene “un componente de mucha carga emocional” y busca “consolidar y mantener viva la memoria colectiva de la sociedad, reafirmando la importancia de la custodia y la vigilancia de la soberanía de nuestro mar, y honrar la memoria de los 44 tripulantes”.

“El 15 de noviembre de 2017, cuando por la madrugada nos enteramos de la desaparición, en el Atlántico Sur, del ARA San Juan, todos sufrimos una enorme conmoción”, recordó Camaño.

La legisladora resaltó que “en Diputados tuvimos la enorme capacidad de dimensionar la magnitud de la tragedia y prontamente logramos los acuerdos necesarios para conformar una comisión bicameral de investigación y seguimiento de la tragedia de los 44 tripulantes”.

Camaño señaló que la comisión funcionó “de forma increíblemente metodológica y disciplinada” y además asumió un trabajo de “contención” de los familiares, que “encontraron en el ámbito del Congreso un lugar donde pudieron interrogar como pudieron a todos los funcionarios de las Fuerzas y del Ejecutivo”.

La comisión también dictaminó dos proyectos de Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal) para declarar beneplácito por el Día Mundial de la Justicia Social, celebrado el 20 de febrero; y expresar reconocimiento a la trayectoria política de Nélida de Miguel, que el 10 de mayo pasado cumplió cien años.

Por otra parte, avanzó un proyecto de Gabriela Estévez (Frente de Todos) para instituir el 7 de marzo de cada año como “Día de la Visibilidad Lésbica” en conmemoración de la muerte de Natalia “Pepa” Gaitán, quien “fue fusilada por el padrastro de su novia por ser lesbiana”, en el año 2010 en la provincia de Córdoba.

Por último, recibió dictamen una propuesta de Carla Carrizo (UCR-Evolución) para declarar al mes de mayo de cada año como el mes del Síndrome de Williams, un trastorno genético del desarrollo que afecta distintas capacidades.

Según el proyecto, se eligió el mes de mayo para “alinear internacionalmente a la Argentina con entidades y países que han sido pioneros en estos aspectos” y promueven actividades de difusión y concientización sobre el Síndrome de Williams.

La diputada de Consenso Federal Graciela Camaño estalló contra Juntos por el Cambio, luego de que la principal bancada opositora solicitara una reunión exclusiva con el presidente Alberto Fernández, sin la presencia de representantes de otros bloques.

En su cuenta de Twitter, la legisladora recordó cuando, al comienzo de la cuarentena, los referentes de JxC le dijeron al mandatario "presidente, usted es el comandante" en un "mensaje anti grieta de la oposición para respaldar a Alberto Fernández".

"PARECE QUE LOS RECLUTAS SE REBELARON… Y en el camino se olvidaron “Convivencia Política”. NO FALTEN EL RESPETO! @marioraulnegri @cristianritondo", lanzó Camaño, mencionando al jefe del interbloque JxC en la Cámara baja y al presidente del bloque Pro.

Tras el pedido que realizó a Casa Rosada el espacio conformado por el Pro, la UCR y la CC, la diputada escribió: "La buena nueva del día para los argentinos q hace más de 100 días están encerrados perdiendo sus bienes y enajenando sus vidas… estoy convencida que LOS POLÍTICOS NO ESTAMOS A LA ALTURA de semejante sacrificio. Reflexión, respeto, compromiso por la cosa pública común deberían guiar hoy nuestras acciones".

"Las actitudes oportunistas no ayudan a resolver el enorme problema de la Patria. Problema que no solo tiene que ver con la Pandemia. HAY 10 AÑOS de falta de crecimiento!! Hay 10 años de privilegiar la estrategia del 'me salvo solo' mientras empobrecemos cada día más al pueblo", agregó.

Finalmente, la diputada del Interbloque Federal -conducido por Eduardo "Bali" Bucca- dijo que "el camino de salida no es el de la encuesta y las acciones tácticas para la gilada. El camino de salida DEBE SER el del sacrificio común que incluya a TODOS y primeros a los que tenemos responsabilidades. @marioraulnegri @cristianritondo @alferdez @SergioMassa".

“Presidente, usted es el comandante": el mensaje anti grieta de la oposición para respaldar a Alberto Fernández https://t.co/wIIuWy2k5K PARECE Q LOS RECLUTAS SE REBELARON.. Y en el camino se olvidaron “Convivencia Politica” NO FALTEN EL RESPETO !@marioraulnegri @cristianritondo

— Graciela Camaño (@GracielaCamano) July 13, 2020

La buena nueva del día para los argentinos q hace más de 100 días están encerrados perdiendo sus bienes y enajenando sus vidas... estoy convencida q LOS POLÍTICOS NO ESTAMOS A LA ALTURA de semejante sacrificio. Reflexión, respeto, compromiso x la cosa pública común deberían guiar https://t.co/AVhmGBcBLM

— Graciela Camaño (@GracielaCamano) July 13, 2020

La diputada nacional Graciela Camaño cargó contra el Gobierno de Cambiemos por el escándalo del espionaje que está siendo investigado y anticipó que será querellante en la causa que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, por haber sido una de las presuntas víctimas.

“Parece que el Gobierno anterior ha sido bastante afecto a la persecución telefónica de correos electrónicos, de hecho he sido víctima de eso”, señaló, agregando que incluso su secretaria aparece como una de las presuntas espiadas.

“El escándalo del espionaje del Gobierno de Macri parece ser que es un delito menor. Un presidente que asumió procesado por espionaje y que en su despedida, palmariamente nos demuestra que parece ser que (el espionaje) era su hobby… Esto es un delito aberrante: espiar con el aparato del Estado a sus opositores -aunque este señor se tomaba el lujo de espiar a sus propios colegas-, habla de sus inseguridades… Porque habría que hacer un análisis psicológico de esta profusión del ingeniero Macri por andar espiando todo”.

Entrevistada por radio Mitre, Camaño señaló que se presentará como querellante en esa causa “porque este delito del espionaje del Estado hacia los ciudadanos, sean quienes sean los ciudadanos, está terminantemente prohibido por las leyes de seguridad”.

“Yo creo que no se toma dimensión de lo que significa el espionaje”, agregó, enfatizando que también su secretaria aparece en la lista de los correos electrónicos espiados. En ese sentido remarcó que su secretaria “no tiene absolutamente nada que ver con la política”, y riendo agregó que “es una anarquista desde que tenía 18 años y para mí es como si fuera mi hija, y le resulta increíble verse en una lista que es publicada, donde está su nombre y apellido, porque su correo electrónico era leído por el servicio de espionaje del país”.

La diputada Graciela Camaño participó este miércoles de la reunión de la Bicameral de Comunicación Audiovisual, donde reclamó por la participación del Interbloque Federal -como tercera minoría de la Cámara de Diputados- en el reparto de designaciones para el Enacom y RTA S.E.

Conducía el debate la titular de la comisión, la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti, quien le concedió la palabra en más de una oportunidad. "Presidente quiero…", dijo Camaño, a lo que la oficialista reaccionó, cual pedido hiciera la vicepresidenta Cristina Kirchner, "presidenta, diputada".

"No, eso solo para Cristina. Usted no", lanzó la legisladora de Consenso Federal, a lo que Cerruti acató con un "bueno" entre risas.

Puntualmente por la resolución judicial que concedió la prisión domiciliaria a una persona condenada por un abuso sexual cometido contra un niño, que se señala específicamente en el proyecto, la diputada nacional Graciela Camaño acaba de presentar un proyecto de ley que pretende regular las prisiones preventivas para casos de epidemia o pandemia como la que está azotando a la Argentina y el mundo.

La autora expresa su preocupación por ese caso y otros similares que se están dando a conocer, ante lo cual considera que existen alternativas que deberían haberse explorado. “Bajo ningún punto de vista debemos permitir dar paso, en este momento tan delicado, a los oportunistas que aprovechan esta coyuntura para avanzar con medidas que en otro momento no lograrían”, señala la diputada, por lo cual, “para no dejar en manos de la ideología y el arbitrio exclusivo de magistrados”, señala, propone sistematizar y adoptar una serie de medidas tendientes a prohibir determinadas acciones.

En principio, la diputada sugiere adecuar en la medida de lo posible en el medio penitenciario las medidas de aislamiento social obligatorio; esto es, prohibir visitas, limitar el uso de espacios comunes, por ejemplo; y por otra parte garantizar la atención sanitaria en las cárceles, que deben ser provistas de los insumos necesarios para prevenir la propagación. Léase alcohol en gel, barbijos y guantes.

Pero si los riesgos de propagación son muy grandes, cosa que recomienda evaluar con “profundidad y suficiencia” y la única medida posible resulta ser la reducción de la población penitenciaria, Graciela Camaño impulsa una serie de criterios que permitan adoptar una decisión razonable y justificable ante el resto de la sociedad. Esto es, que se tenga en cuenta la gravedad del delito del eventual beneficiario de la prisión domiciliaria, la pertenencia a grupos de extremo riesgo o el tiempo de cumplimiento de la pena.

Considera pasibles de reclusión domiciliaria al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; el interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; el interno discapacitado cuando la privación de la liberad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; el interno mayor de 70 años; la mujer embarazada, o la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo.

En qué casos no puede aplicarse

El proyecto de Camaño modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal, pero en todos los casos establece que la detención domiciliaria no podrá concederse, “en ningún caso”, para aquellas personas condenadas por delitos contra la vida; delitos cometidos con motivo de violencia de género; delitos contra la integridad sexual; robo agravado; secuestro extorsivo, y asociación ilícita, entre otros casos.

Para el caso de que se adopte la detención domiciliaria, la misma deberá ir precedida de un informe del establecimiento carcelario donde conste la necesidad de la reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad con motivo de la epidemia o pandemia; que se establezca que el condenado pertenece a un grupo de riesgo conforme lo disponga el Ministerio de Salud de la Nación; y se establezca el monitoreo electrónico, digital o por cualquier medio informático que se disponga.  

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