Cuánto perdieron este año los jubilados

Según la diputada Graciela Ocaña, entre mil y cuatro mil pesos mensuales fue el rojo que el sector tuvo en 2021, al suspenderse la fórmula de movilidad aprobada en 2017.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña advirtió que “los jubilados están perdiendo entre mil y cuatro mil pesos por mes en sus ingresos y el Gobierno pretende profundizar ese ajuste”.

En declaraciones periodísticas, la legisladora nacional sostuvo que “desde que Alberto Fernández llegó al poder los jubilados que perciben la mínima perdieron mil pesos por mes, mientras que los que ganan 30 mil pierden hasta 4 mil pesos mensuales, si uno lo compara con la fórmula aprobada en 2017, en medio de una situación violenta por parte del hoy oficialismo”.

“El Gobierno está haciendo el ajuste que pide el Fondo Monetario con los jubilados”, expresó Ocaña y agregó que “pretenden achatar la curva jubilatoria, que todos ganen la mínima y dependan de subsidios, pero esta fórmula ya se probó cuando Cristina Kirchner era Presidenta con muy malos resultados y pérdidas en sus ingresos”.

Asimismo, la dirigente de Confianza Pública indicó que “debemos discutir un sistema jubilatorio sostenido en el tiempo, pero no con un ajuste brutal contra los jubilados” y añadió que “en el mundo los salarios y jubilaciones se ajustan por el índice de inflación, por eso no se entiende por qué el Gobierno no quiere hacerlo”.

Vacuna rusa: piden antecedentes del laboratorio que traerá la dosis

Graciela Ocaña quiere conocer datos del laboratorio HLB Pharma, como así también información de la ANMAT.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle los antecedentes del laboratorio HLB Pharma, firma que comenzó el trámite para traer la vacuna rusa, así como también la capacidad técnica de la empresa para el desarrollo de la dosis contra el Covid-19.

A través de un proyecto de resolución, la legisladora nacional reclamó también que la ANMAT informe los requerimientos técnicos y la documentación respaldatoria para otorgar el permiso de registro de la vacuna (trámite que HLB se encuentra realizando en este momento) y si existe algún contrato de suministro realizado entre el Estado Nacional y el laboratorio.

Asimismo, Ocaña pidió conocer si al laboratorio referido se lo exonerará de la responsabilidad penal empresaria y de toda responsabilidad dañosa derivada de la aplicación de la vacuna “Sputnik V”.

“Este laboratorio ha sido muy cuestionado por la propia industria farmacéutica, por no contar con buenos antecedentes en materia empresarial, sobre todo en lo relacionado a la transparencia de sus actos y a la seguridad”, afirmó la diputada. 

Antecedentes

El directorio de “HBL Pharma Group” formalmente está integrado por Ariel García Furfaro (quien estuvo dos años preso) y de hecho por Jorge Salinas, quien fue parte del gerenciamiento del PAMI junto a Rubén Romano, a quien Ocaña señala como “actor principal de la denominada Mafia de los Medicamentos”, y quien fuera procesado en una causa impulsada por Ocaña por haber defraudado al PAMI en 21 millones de pesos. Salinas también supo ser el presidente de “Riegecin Lab”, empresa acusada de utilizar comprobantes apócrifos para evadir el pago de IVA y Ganancias.

Los mismos directivos que actualmente integran “HLB Pharma Group”, formaron parte del Laboratorio “Apolo”, situado en la ciudad de Rosario, encargado de producir suero fisiológico para el Estado Nacional y Provincial, hasta que en junio de 2016 se produjo una explosión en la caldera del laboratorio, dejando como consecuencia varios heridos y el derrumbe del edificio. Este episodio ocurrió dos meses después de que la jueza civil y comercial Elvira Sauan había declarado la quiebra de la empresa.

Según el propio Boletín Oficial de la Nación, “HBL Pharma Group” cambió la composición de su directorio en abril de este año, cuando renunció a su cargo de titular de la empresa, Hugo Suarez Borello, quien fue detenido en el año 2019 acusado de estafa. Borello fue reemplazado por Damián Roberto García, quien estuvo imputado por la explosión del Laboratorio “Apolo”.

García Furfaro y Salinas comparten la propiedad del Laboratorio “Ramallo”, el cual tampoco tiene un buen prontuario ya que debió retirar del mercado tres lotes de sus productos por exigencia técnica del ANMAT, tras detectarse diversas irregularidades en su producción.

ANMAT prohibió uno de los principales medicamentos que produce “HBL Pharma Group”, luego de que se detectara un lote de medicamentos “Omeprasec/Omeprazol” y “Keytruda” falsificados.

El proyecto es acompañado por los diputados Gisela Scaglia, Leonor Martínez Villada, Soher El Sukaria, Hernán Berisso, Rubén Manzi, Dina Rezinovsky, Claudia Najul, Lidia Inés Ascarate, Alberto Emilio Asseff, Pablo Torello, José Cano, Roxana Nahir Reyes, Héctor Antonio Stefani y María Luján Rey.

Además, adhieren al proyecto los diputados Luis Pastori, Gerardo Cipolini, Omar de Marchi, Federico Zamarbide, Alicia Terada, Ximena García, Gonzalo del Cerro, Estela Regidor y Jorge Enríquez.

La oposición pide informes sobre la vacuna rusa

A partir de un proyecto presentado por Graciela Ocaña, se le reclama al Gobierno conocer el costo y si fue aprobada por ANMAT.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña presentó un pedido de informes para que el Gobierno aclare las condiciones para adquirir la vacuna rusa contra el Covid 19, si existe un convenio firmado y el costo, así como también los motivos por los que se mantuvo en secreto el viaje a Rusia y si la vacuna fue aprobada por ANMAT.

Asimismo, pidió convocar a la Comisión de Acción Social y Salud Pública a los miembros del Comité de Ética y Derechos Humanos en pandemia Covid 19; a la titular de la Comisión de Inmunizaciones, Mirta Roses; al titular de ANMAT,  Manuel Limeres, al Grupo Consultivo que asesora al Presidente de la Nación y al Representante de la Organización Panamericana de la Salud, Enrique Pérez Gutiérrez, con el fin de que expongan sobre la seguridad y efectividad de la vacuna rusa.

Al respecto, la legisladora nacional señaló que “teniendo en cuenta que organizaciones del calibre la OMS expresaron sus dudas al respecto, y dada la poca información que ha existido a nivel mundial sobre esta vacuna, a diferencia de lo sucedido con las otras vacunas que se encuentran también en Fase 3 de ensayos clínicos, es necesario que el Poder Ejecutivo pueda dar cabal respuesta a todos y cada uno de los interrogantes que existen al respecto, antes de que se avance en una campaña de vacunación masiva para toda la población”.

La diputada nacional también remarcó en el pedido de informes que se revele si fueron convocados la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid 19, el Grupo Consultivo que asesora al presidente de la Nación y si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido parte de la negociación para la adquisición de la vacuna y cuál fue su rol.

“No debe perderse de vista que la vacuna que se aplique en la Argentina debe ser segura y cumplir acabadamente con todos los estándares de calidad que exigen los especialistas”, enfatizó Ocaña.

Conflicto de interés

En el proyecto de resolución presentado por Ocaña se plantea un posible conflicto de interés que podría existir con la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, por su vínculo con la Fundación Vacunar, organización sin fines de lucro, en la que figura como miembro honorífico.

“Quedan dudas acerca de la posible existencia de incompatibilidades en el ejercicio del rol de Carla Vizzotti como secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, y su participación en la empresa “Vacunar”, que es una institución con amplia trayectoria en materia de vacunación”, subrayó la legisladora nacional y agregó que “justamente teniendo en cuenta el objetivo de dicha empresa, sería interesante que las autoridades expliquen si no existiría un conflicto de interesas, dado que la secretaria es una funcionaria de alto rango en la cartera de salud de la Nación a nivel nacional”.

Acompañan el pedido de informes y la citación los diputados Carmen Polledo, Alejandro García, Diego Mestre, Ingrid Jetter, Omar de Marchi, María Lujan Rey, Adriana Ruarte, Luis Petri, Martin Grande, Soher El Sukaria, Julio Sahad, Alberto Asseff, Gonzalo Del Cerro y Alicia Terada.

Rodríguez Larreta y Ocaña recorrieron el barrio de Palermo

Se trata de una actividad habitual del jefe de Gobierno y la líder de Confianza Pública, que profundizan su alianza.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, recorrió junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el barrio de Palermo durante este fin de semana.

Al respecto, Ocaña señaló que “siempre es bueno estar cerca de los vecinos de la Ciudad para que nos cuenten cómo viven las nuevas aperturas con las distancias correspondientes y mantener los cuidados”.  

“Con Horacio es una tarea habitual recorrer los distintos barrios porteños y dialogar con los vecinos, así como hacemos con nuestro equipo de Confianza Pública en toda la Ciudad”, dijo.

La legisladora nacional subrayó además que los diputados porteños y su equipo del partido Confianza Pública continúan recorriendo los barrios, asistiendo a los vecinos, especialmente a los adultos mayores, con el objetivo de maximizar los cuidados por la pandemia de Covid-19.

Ficha Limpia: Ocaña encabezó encuentro virtual para avanzar con el tratamiento del proyecto

La diputada nacional sostuvo que el proyecto “tiene que ser una causa de todos los argentinos porque tienen derecho a conocer los antecedentes de los candidatos y su situación frente a la ley”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña señaló que el proyecto de Ficha Limpia “tiene que ser una causa de todos los argentinos porque tienen derecho a conocer los antecedentes de los candidatos y su situación frente a la ley”. 

Durante un conversatorio virtual denominado “La Transparencia al Centro” a través de la plataforma Zoom, la legisladora por Confianza Pública advirtió que “estamos convencidos de que si un país no se centra en la transparencia está condenado al atraso y la desigualdad”. 

“El proyecto de Ficha Limpia ha tenido alta aceptación para mejorar la ética pública en el país, ya lo presentamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que esperemos siga los pasos de Mendoza “, indicó Ocaña y agregó que “tengo un compromiso muy importante con la sociedad civil y lo más de 360 mil argentinos que firmaron la petición”. 

Del encuentro en el que participaron más de 200 ciudadanos, expusieron además el ex juez brasileño, Marlon Reis; el constitucionalista Alejandro Fargosi; la doctora Marta Oyhanarte; la periodista Fanny Mandelbaum; los diputados nacionales Gustavo Menna, Brenda Austin; los diputados provinciales María José Sanz (Mendoza), Marcelo Cossar (Córdoba) y el impulsor de Ficha Limpia Gastón Marra. 

Repudian a través de un proyecto que la OA abandone querellas por corrupción

Diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron la decisión de la Oficina Anticorrupción, que enmarcan dentro de “un plan general para lograr la impunidad” de los exfuncionarios K.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña presentó junto a diputados de Juntos por el Cambio un proyecto de declaración para expresar su más enérgico repudio a la decisión del titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, quien dispuso que el organismo dejará de constituirse como querellante en las causas penales donde se investigan hechos de corrupción.

Acompañado por los diputados Pablo Torello, Carmen Polledo, Ignacio Torres, Mónica Frade, Hernán Berisso, Victoria Morales Gorleri, Julio Sahad, María de las Mercedes Joury, Alberto Asseff, Dina Rezinovsky y Marcelo Orrego; el escrito señala que “la Oficina Anticorrupción ha venido restringiendo sus acciones desde hace ya varios meses, dejando al descubierto que las intenciones del gobierno de turno no son precisamente enfrentar a los corruptos sino todo lo contrario, generando que este organismo fuera perdiendo peso institucional desde la asunción del actual Presidente de la Nación”.

En ese sentido, Ocaña recordó que “Félix Crous es uno de los miembros fundadores de la agrupación kirchnerista ‘Justicia Legitima’, con lo cual no hay que indagar demasiado para corroborar que sus intenciones son proteger a la vicepresidenta” y agregó que “ya en mayo he denunciado al titular de la OA por desistir de la querella en las causas Hotesur y Los Sauces, nombres de origen de los proyectos inmobiliarios y hoteleros de la familia de la vicepresidenta”.

“Esta decisión de retirar la querella, siendo que ambos procesos se encontraban en medio de la realización del debate oral donde la expresidenta y actual vicepresidenta se encontraba en el banquillo de los acusados, no solo generó graves sospechas de la vinculación directa entre los imputados y el doctor Crous, sino que dejaron al descubierto la existencia de un plan general para lograr la impunidad de estos funcionarios”, aseveró la legisladora nacional.

Finalmente, Ocaña analizó que “si quitamos la participación en las causas penales como querellante, estamos eliminando una de las principales tareas que lleva a cabo la Oficina Anticorrupción, lo cual desnaturaliza su existencia en el contexto actual”.

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Ocaña alerta sobre una licitación “irregular” con la empresa Abbott

La legisladora de Juntos por el Cambio pide explicaciones al Gobierno por la adquisición de test rápidos a ese laboratorio.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, reclamó que el Gobierno informe sobre la compra de test rápidos para detectar Covid 19 que adquirió al laboratorio Abbott en una irregular licitación con fondos provenientes del Banco Mundial.

Al respecto, Ocaña advirtió que “existen indicios importantes que llevan a concluir que el Estado Nacional podría haber disfrazado una compra directa a través de un proceso licitatorio, incurriendo en un supuesto de corrupción por tratarse de un delito contra la administración pública y en perjuicio de los/as argentinos/as, las cuales llevan a la necesidad de requerir al ministerio que de urgente respuesta a estos interrogantes”.

Asimismo, la legisladora nacional señaló que “resulta altamente sospechosa la rapidez con la cual la ANMAT aprobó el test “Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device” del fabricante Abbot Diagnostics Korea Inc. (Corea) cuyo importador en la República Argentina es la empresa “Alere S.A”” y agregó que “esta aprobación en tiempo récord por parte de la autoridad regulatoria resulta completamente inusual, más aún cuando en otros países el producto no se encuentra aprobado”.

En ese sentido, Ocaña recordó el pasado 23 de septiembre el titular de la cartera de Salud, Ginés González García exhibió el test rápido durante una recorrida por Florencio Varela sin que concluyera el proceso licitatorio.

“Si bien la licitación pública aún no estaba adjudicada, es sugestivo que el propio Ministro de Salud muestre una marca específica del producto que casualmente tiene idénticas características que las requeridas en el pliego de bases y condiciones”, dijo.

Además, la diputada nacional alertó sobre un posible conflicto de interés ya que el actual director de Asuntos Gubernamentales de Abbott Argentina, José Priegue, fue Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud, entre 2002 y 2007, y Coordinador General de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud de la Nación entre 2011 y 2015.

Acompañan el proyecto de resolución los diputados María Luján Rey, Omar de Marchi, Dina Rezinovsky, Diego Mestre, Victoria Morales Gorleri, Pablo Torello, Claudia Najul, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Hernán Berisso, Lidia Ascárate, Rubén Manzi, Carolina Castets y Leonor Martínez Villada.

Ocaña también manifestó su repudio por la creación del observatorio NODIO

La diputada pidió además citar a la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, ante la Comisión de Libertad de Expresión.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña repudió la creación del “Observatorio contra la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales”, denominado NODIO y pidió citar a la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, ante la Comisión de Libertad de Expresión para que responda sobre los objetivos del programa y “el posible avasallamiento sobre la libertad de expresión y libertad de prensa que significaría su implementación”.

Ocaña advirtió que NODIO “tiene como objetivo único controlar de manera enmascarada el contenido que se difunde a través de los medios de comunicación, avasallando la libertad de expresión y la libertad de prensa, vulnerando los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos”.

A través de dos proyectos de resolución y declaración, acompañados por los diputados de Juntos por el Cambio María Luján Rey, Dina Rezinovsky, Julio Sahad, Gisela Scaglia, Carmen Polledo, Adriana Ruarte, Alicia Fregonese, Claudia Najul, José Luis Patiño, Alicia Terada, Alberto Asseff y Lidia Ascárate, entre otros, la legisladora nacional sostuvo que “existen sobradas razones para desconfiar de este tipo de programas creados por el kirchnerismo, partido que ha atacado en incontables oportunidades a los medios de comunicación, avasallando la libertad de expresión y la libertad de prensa. La creación de este programa no es más que una nueva demostración de cuáles son sus objetivos a la hora de gobernar”.

En ese sentido, Ocaña aseveró que “resulta preocupante la poca información brindada acerca de cuáles serán las funciones y objetivos de NODIO, ya que la descripción referida no deja para nada claro el alcance y las limitaciones que debe tener, en cuanto a qué parámetros objetivos serán los que se utilicen para analizar y evaluar la información”.

Asimismo, los escritos presentados indican que “de la lectura de los objetivos de NODIO no puede identificarse verdaderamente el fin último para el que fue implementad, ya que la descripción de sus objetivos carece de sustancialidad, además de ser incompatibles con los estándares internacionales de prohibición de censura previa, contradiciendo el fin principal de la libertad de expresión, que es generar cada vez más voces que enriquezcan el debate democrático de la sociedad”.

Al respecto, Ocaña expresó que la conducción de NODIO “será con una persona designada a propuesta del oficialismo que responde a una visión política determinada” y se preguntó “¿Cómo podrá garantizarse la objetividad en dicha decisión?”

Finalmente, subrayó que “no es necesario realizar un análisis mucho más profundo para darse cuenta de que la decisión resultará completamente sesgada y responderá a los intereses del partido político de turno, algo que resulta completamente inadmisible en una democracia”.

Ocaña reclama que Volnovich asista al Congreso para brindar explicaciones sobre la atención de PAMI

La diputada del Pro solicitó que la titular del organismo asista a la Comisión de Personas Mayores. Cuestionó que “después de tanto tiempo no hayan tomado las medidas imprescindibles y necesarias para poder adecuar los hospitales”, a raíz de la situación en Rosario.

La diputada nacional del Pro Graciela Ocaña reclamó este viernes que la titular del PAMI, Luana Volnovich, asista a la Comisión de Personas Mayores -que ella preside- para brindar explicaciones sobre la atención a los jubilados en el interior del país.

A raíz de la situación en Rosario, donde trabajadores del Policlínico PAMI I denunciaron el desborde la morgue por casos de Covid-19, la legisladora consideró que es necesario conocer “cuál la situación y por qué no se tomaron las medidas” correspondientes.

“Venimos insistiendo en esta temática y la verdad que, en vez de ocuparse del tema, la directora del PAMI se ocupa de perseguir personal y comprar cosas con sobreprecios, y no de la situación de gravedad que los jubilados están pasando en este momento en el interior del país”, aseveró.

En diálogo con LT8 Rosario, la opositora cuestionó que “después de tanto tiempo no hayan tomado las medidas imprescindibles y necesarias para poder adecuar los hospitales de PAMI”.

“No se puede admitir que en este tiempo no se hayan adaptado los servicios”, continuó y señaló que “hay mucha queja de jubilados y fundamentalmente de muchos prestadores”.

Por otra parte, Ocaña opinó que es necesario “revisar la gestión de PAMI” y que pueda ser conducido “no por sectores políticos, sino con la intervención de los trabajadores, los jubilados y el Estado”.

Diputados de la oposición piden citar a Cristina Caamaño

Por la filtración de datos de agentes de inteligencia, Graciela Ocaña solicitó convocar a la Bicameral del Ministerio Público a la titular de la AFI y a los fiscales intervinientes.

La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, pidió que se cite a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.

A través de una nota dirigida al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Martín Doñate, la legisladora nacional, que integra esa comisión, señaló que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.

En ese sentido, Ocaña afirmó que “al tomar conocimiento las partes intervinientes en el proceso de su existencia, pareciera que todos los responsables de mantener ese elemental resguardo han incumplido sus obligaciones funcionales, y por ello es tan importante y vital que esta Comisión tome cartas en el asunto e impulse las citaciones”.

“Revelar la identidad de los agentes que se encuentran protegidos por la Ley de Inteligencia constituye nada menos que un delito contra la seguridad de la Nación (y de las personas cuya identificación se facilitó), por lo cual es urgente y perentorio la concurrencia de los fiscales y la interventora de la AFI para que brinden las explicaciones del caso”, subrayó la diputada en el escrito.

Ocaña consideró que “es vergonzosa la filtración de 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) conteniendo decenas de datos sensibles que se encontraban en el Libro de Protocolo de Resoluciones conteniendo nombres personales, números de documentos, designaciones, viajes, jubilaciones de espías y ex agentes de inteligencia, registro de entradas y salidas entre tantos otros”.

Asimismo, sostuvo que “es escandalosa la filtración de datos personales del expresidente Mauricio Macri, tales como sus claves, direcciones, teléfonos, bienes personales, tarjetas de crédito, mails, entre otros datos, en violación de su derecho de privacidad e intimidad extralimitándose ampliamente el objeto procesal de la causa al publicar esos datos personales”.

Diputados de Juntos por el Cambio le piden al Gobierno que informe sobre la cantidad real de fallecidos

Ante la polémica generada en torno a la cifra de víctimas fatales del Covid-19 que había omitido la Provincia y su no inclusión aún en el listado nacional, presentaron pedido de informes.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio le pidieron al Gobierno que informe la cantidad real de personas fallecidas por Covid 19 y si se han repetido demoras en el registro en otras provincias, tal como ocurrió en la Provincia de Buenos Aires.

A través de un proyecto de resolución presentado por la diputada nacional de Confianza Pública Graciela Ocaña, y acompañado por una veintena de sus pares, pide saber además las razones por las que aún no fueron consignados los datos correctos del total de fallecidos por Covid-19 en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA)

Asimismo, el escrito presentado reclama saber qué medidas de control se tomaron para evitar la demora en la carga de los datos desde los centros de salud, tanto públicos como privados y cuántas sanciones se aplicaron a los efectores de salud por la demora en la carga y notificación de las cifras de fallecimientos.

“Contar con datos erróneos o desactualizados atenta contra toda política sanitaria, tanto es así que el 56 por ciento de los 3.500 fallecidos, los decesos se produjeron en el mes de septiembre y el 30 por ciento en agosto, y según los reportes el mayor valor diario de decesos se encontraba en el día 24 de agosto según el SISA, y por esta “corrección” ahora se ubicó en el 14 de septiembre”, indica el proyecto.

Además, los diputados señalaron que “el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, responsabiliza al sistema privado por las demoras existentes en la carga de datos” y agregaron que “estas afirmaciones no son válidas, dado que la información del DATASET oficial del Ministerio de Salud indica lo contrario: la información de los fallecidos con más de 20 días de retraso en la carga del sistema fue tanto del sistema público como del privado, y el promedio de demora también se incrementó en ambos”.

En ese sentido, advirtieron que “lo más grave e inusual es el sistema de carga que utilizaban hasta el momento, actualizando los ingresos al sistema por quincena y en “tandas” antiguas de fallecidos, sin tomar en cuenta un registro diario para diseñar las políticas que requieren un grado de exactitud de los datos para tomar las decisiones correspondientes en materia sanitaria y epidemiológica”.

Los diputados que acompañan el proyecto de resolución son Karina Banfi, Waldo Wolff, María Luján Rey, Fernando Iglesias, Carmen Polledo, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Claudia Najul, Leonor Martínez Villada, Ignacio Torres, Mercedes Joury, Alicia Terada, Rubén Manzi y Lidia Ascárate. También adhirieron los legisladores nacionales Gonzalo Del Cerro, Dolores Martínez, Ximena García, Héctor Stefani, Julio Sahad, Aída Ayala, Pablo Torello, Luis Pastori, José Luis Riccardo y Estela Regidor.

Para Ocaña, esta fue “la semana de la venganza del Gobierno”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio se refirió así a la decisión del Senado contra tres jueces y al recorte de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña señaló que “ésta ha sido la semana de la venganza del Gobierno; me sorprende el ataque al Poder Judicial con el apartamiento de los tres jueces y que el presidente haya decidido una fuerte quita a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de acuerdo”.

En declaraciones radiales, la legisladora nacional sostuvo además que “es sumamente injusto para la administración porteña, este no es el camino: no es bajando el nivel de calidad de vida de la gente cómo se contribuye al país” y agregó que “Alberto Fernández se empeña en profundizar las diferencias y en imponer una agenda que no refleja las preocupaciones de la sociedad”.

Asimismo, Ocaña recordó que “para cambiar la coparticipación debe haber un acuerdo de todas las provincias y esto no ha sucedido” y ejemplificó que la quita del Gobierno nacional “equivale a diez meses de todo el costo del personal de Salud de la Ciudad o a ocho meses de salario de los docentes porteños”.

En tanto, subrayó que “la Corte Suprema debe actuar con celeridad respecto del apartamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli “ya que fueron corridos por hacer bien su trabajo incluso desconociendo resoluciones de la propia Corte” y aseveró también que “el ataque al procurador Eduardo Casal es otra de las muestras del avasallamiento contra los poderes del Estado”.

Piden que se incluya a adultas mayores en el Programa Acompañar

La iniciativa está dirigida a víctimas de violencia de género. Dos diputadas instaron a las autoridades del Poder Ejecutivo a corregir la omisión.

Las diputadas nacionales de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Roxana Reyes reclamaron que se incluya a las adultas mayores en el Programa Acompañar, dirigido a personas en situación de riesgo por violencia género, el cual prevé el otorgamiento de una prestación económica, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo.

Las diputadas instaron a las autoridades del Poder Ejecutivo a corregir la omisión, garantizado íntegramente los derechos humanos de las mujeres mayores, y en especial el derecho a una vida libre de violencias e indicaron que “la norma ha omitido amparar a un grupo especialmente vulnerable si hablamos de violencia de género, en especial de carácter doméstico, como son las mujeres adultas mayores. Las mujeres mayores son un colectivo que padece una doble vulnerabilidad, por su condición de género y su condición etaria, que las coloca en una posición de gran indefensión y desventaja”.

En ese sentido, señalaron que “entendemos que, de la misma forma que la prestación económica otorgada por el Programa Acompañar es compatible con asignaciones como la AUH, lo debe ser en el caso de las jubilaciones y las pensiones por vejez, ya que basta con observar cuanto es el monto de la jubilación mínima, para darse cuenta que dicho importe no es para nada suficiente, para una mujer que quiera rehacer su vida lejos de la violencia”.

Asimismo, las legisladoras nacionales sostuvieron que “es necesario destacar que gran parte de las mujeres mayores son beneficiarias de una jubilación y/o una pensión, lo cual es evidente que al establecer la incompatibilidad con este tipo de prestaciones deja desamparadas a la mayor parte de las mujeres que integran ese grupo etario”.

Cabe recordar que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que, en el mes de junio de 2020, se registró un aumento de las denuncias en el último año, en comparación con el período anterior, de un 17 %. Del total de las denuncias, un (79%) fueron realizadas por mujeres.

El Programa de Apoyo y Acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género fue creado en el ámbito del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género. La prestación económica será recibida por aquellas personas que se encuentren en situación acreditada de riesgo por violencia por motivos de género, y consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil que se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos.

Recuerdan que Kicillof y Kirchner votaron en contra del Fondo del Conurbano

Graciela Ocaña cuestionó la postura del oficialismo para avanzar sobre la coparticipación porteña, contraponiéndola con la postura que tenían sus referentes desde la oposición.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, recordó este jueves que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner votaron en contra de la actualización del Fondo del Conurbano en 2017, luego de un reclamo de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

A través de un mensaje de Twitter, la legisladora nacional señaló que “los que hoy se desgarran y luchan para que Buenos Aires recupere recursos, robándoselos a la Ciudad, son aquellos que cuando María Eugenia Vidal era gobernadora y mediante el reclamo, conseguía la actualización del Fondo del Conurbano, hoy 113 mil millones de pesos anuales, votaron en contra”, en referencia al actual gobernador Kicillof y al hoy jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner.

 Durante la mañana, Ocaña advirtió que la quita de un punto en la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires “puede terminar en la Corte” y agregó que “la instancia judicial está abierta”.

“Hay un resquemor y venganza en esta decisión porque la Ciudad de Buenos Aires siempre le dio la espalda electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner”, apuntó.

En declaraciones radiales, la legisladora nacional señaló que “esta decisión que no ha sido consultada ni dialogada con la Ciudad de Buenos Aires trae un enorme perjuicio a los vecinos de la Capital” y añadió que “se intenta perjudicar una buena gestión de Horacio Rodríguez Larreta”.

“El reclamo la de la policía es legítimo, pero en democracia no se puede rodear la Quinta de Olivos ni la residencia del Gobernador”, sostuvo Ocaña y manifestó que la provincia de Buenos Aires tiene un Ministro de Seguridad “que parece que está en campaña electoral, está más en los canales de televisión que resolviendo los problemas de seguridad”.

En ese sentido, indicó que “a Berni se le escapó la tortuga, no hay gestión en la provincia” y enfatizó que “Cristina y Alberto nunca se preocuparon por los fondos de la provincia de Buenos Aires”.

La Ciudad entregará subsidios por casi 13 millones de pesos a centros de jubilados

Se trata de subsidios a más de 210 centros de jubilados y pensionados, destinados a está destinado a la atención de gastos provenientes de pequeñas refacciones o compra de equipamiento.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y la diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, anunciaron que se destinarán subsidios por casi 13 millones de pesos a más de 210 centros de jubilados y pensionados

Al respecto, Ocaña señaló que “es muy importante apoyar a los centros de jubilados que están cerrados desde marzo, dado el rol que cumplen en garantizar asistencia, cercanía y el trabajo que vienen haciendo con todos los asociados”. 

El subsidio, que será de hasta 60 mil pesos por centro, está destinado a la atención de gastos provenientes de pequeñas refacciones, erogaciones correspondientes a turismo social, compra de equipamiento, mayor oferta de prestaciones a sus socios, pago de servicios y otros gastos que aseguren su normal funcionamiento. 

A través de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores se otorgarán subsidios por un monto total de 12.800.000 de pesos que será entregado en dos partes, 6.400.000 pesos serán destinados a 107 Centros de Jubilados y la otra mitad en los próximos meses al resto de las instituciones. 

La Ciudad continúa apoyando el trabajo de los Centros de Jubilados en su rol de contención y acompañamiento en un contexto de pandemia en el cual los adultos mayores son los más afectados por los cuidados que deben extremar al evitar las salidas y el impacto en la pérdida de vínculos afectivos. 

Algunos de los centros a los que será destinada está ayuda son: Plaza Constitución, El Resurgir de Barracas, Pavón Pereyra, Villa Crespo Central, Rincón de la Alegría, De los Patricios, Doña Betty, Esperanza Viva, Nueva Argentina, Dar Amor, Los Galancitos, Virgen de Urkupiña, Yo soy luz, Verde Esperanza, Corazones Solidarios, Quinta del Molino, Ruca Malem, Deshojando Margaritas, 14 de mayo, Raúl Matera, Amanecer de Primavera, Felicidad, Sagrado Corazón, René  Favaloro, Nuestra Señora de los Buenos Aires  y Jardín de la Amistad, entre otros. 

Mensajes de apoyo de Juntos por el Cambio a Massa por las amenazas

“La agresión nunca puede ser la manera para procesar el disenso”, fue uno de los mensajes ante los ataques.

Durante la polémica sesión del martes, el presidente de la Cámara de Diputados denunció haber recibido cientos de mensajes críticos en su celular y acusó a la oposición de haber revelado el número. Pero la gota que colmó el vaso fue la difusión de una foto de su familia, lo que motivó el repudio de los diputados presentes.

Desde Juntos por el Cambio expresaron su apoyo a Sergio Massa este miércoles a través de las redes sociales. Amigo personal del titular del cuerpo, el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo expresó su solidaridad hacia él, a su esposa Malena Massa y a toda su familia, “ante las amenazas que sufrieron. La agresión nunca puede ser la manera para procesar el disenso”.

El propio Massa retuiteó el mensaje con este suyo: “Gracias, la democracia es incompatible con la violencia. Entre todos debemos desterrarla”.

La diputada Graciela Ocaña también se solidarizó con Massa y su familia. “Los que hemos vivido una situación de amenaza hacia nosotros y nuestra familia, sabemos los malos momentos que se viven. Ni la amenaza, ni la violencia, son el camino en la democracia”, señaló, en tanto que la diputada del Pro Silvia Lospennato advirtió que “ni la violencia política, las amenazas o la violación a la intimidad deben ser toleradas. Hagamos del respeto la regla básica de la política y la convivencia en nuestra democracia”.

“Me solidarizo con @SergioMassa y con toda su familia. Las amenazas y la violencia deben ser repudiadas por toda la dirigencia política. Los ciudadanos debemos comprometernos con la convivencia política pacífica. Es la mejor forma de defender la democracia”, señaló por su parte el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri.

Otro que salió a respaldar a Massa fue el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli: “Toda mi solidaridad con @SergioMassa, @MalenaMassa y su familia por las amenazas que están sufriendo. Este tipo de hechos son un atropello a la democracia”.

Desde el oficialismo, la legisladora porteña Ofelia Fernández escribió: “No podemos naturalizar la amenaza y la violencia en política. Lo conozco de primera mano. Vamos por debates que respeten los límites de la integridad física y psicológica que merece cualquiera piense lo que piense. Mi abrazo a @MalenaMassa y @SergioMassa, fuerza para su familia”.

Ocaña: “El Gobierno está en un avance para conseguir la impunidad de CFK”

Para la legisladora de JxC el oficialismo busca “una cooptación de la Justicia”.

La diputada nacional de Confianza Pública Graciela Ocaña advirtió este martes que el interbloque de Juntos por el Cambio “está dispuesto a ir a la Justicia en caso de que el presidente de la Cámara de Diputados quiera mantener las sesiones virtuales” y agregó que “estamos presentes en el recinto porque pretendemos que no se vulnere el reglamento de la Cámara”.

La legisladora nacional señaló además que “es evidente que el oficialismo quiere que sigamos con estas discusiones virtuales, pero hay temas muy importantes como la reforma judicial o el ajuste a los jubilados que deben debatirse en forma presencial para que no se avasallen las instituciones como ocurrió en el Senado que votaron a libro cerrado una ley creando cargos”.

“El Gobierno está en un avance para conseguir la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y su grupo político que está procesado en varias causas de corrupción, el avance de la reforma judicial, el intento de aumentar los miembros de la Corte Suprema y el intento de sacar a un funcionario probo como es el Procurador Eduardo Casal, es una cooptación de la Justicia lo que se busca y al no poder lograrlo hay sectores del gobierno que se ponen nerviosos”, expresó.

Asimismo, Ocaña indicó que “le pedimos al presidente de la Cámara que entienda que debe lograr consensos entre todos los bloques, queremos que las sesiones virtuales se hagan en temas donde haya consenso por las limitaciones del propio sistema y las dificultades que hemos tenido en algunas votaciones porque los micrófonos se cierran o las conexiones se caen y eso hace que no se pueda dar una discusión como se da en el Parlamento”.

Ocaña pedirá en la Justicia que se investigue el convenio de compra de vacunas

Ante la difusión de una información sobre la adquisición de millones de dosis, buena parte de las cuales no fueron usadas, la diputada anticipó el inicio de una causa.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, adelantó que realizará una presentación judicial para que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas investigue el convenio de compra de vacunas a laboratorios, ya que el 40 por ciento de las dosis compradas no se habrían aplicado.

Ocaña advirtió que “las cantidades comparadas por el Estado Nacional siempre resultaron superiores a la distribuidas/notificadas, con lo cual en un principio parecería que los estudios epidemiológicos resultaron imprecisos y que se compró de más sin fundamento alguno, lo cual lleva a pensar en una falta de transparencia en la gestión de compra”.

En ese sentido, señaló además que “desde el 2010 hasta el 2018 se compraron aproximadamente 80 millones de dosis de las cuales, efectivamente, se colocaron 48 millones. De estas cifras se desprende que prácticamente un 40% de las dosis adquiridas por el Estado Nacional no llegó a ser aplicada para inmunizar a la población”.

Asimismo, la legisladora nacional realizó un pedido de informes al Gobierno para que indique cuáles son los laboratorios que se encuentran realizando ensayos clínicos de aplicación de la vacuna contra el Covid 19 y si existe algún convenio realizado entre el Estado y los laboratorios AstraZeneca y mAbxience en conjunto con la Fundación Slim y el Grupo Insud donde el Estado se comprometa a comprar las vacunas y, de ser así, se indique el plazo de duración, monto de las vacunas comprometidas y el monto monetario acordado.

El escrito también consulta sobre si se prevé la firma oficial de un convenido con la Federación Rusa o con la República Popular China para adquirir vacunas que se desarrollaron y patentaron en esos países.

Proponen aumentar las penas para quienes comercialicen plasma

En el marco del tratamiento de Covid-19, surge un negocio en ciernes al que la diputada Graciela Ocaña propone enfrentar.

La diputada nacional de Confianza Pública Graciela Ocaña presentó un proyecto de ley para que sea penada la comercialización de plasma, así como también otros componentes y derivados de la sangre, a raíz de las denuncias por venta de plasma para tratamiento de Covid-19.

Al respecto Ocaña señaló que “la denominada ley de Sangre fue sancionada el 28 de noviembre de 1983, es una ley de suma importancia ya que establece el principio de altruismo y gratuidad en el sistema de donación de sangre y sus derivados” y agregó que “no estaba previsto entonces, que con el plasma podrían realizarse tratamiento como se ha descubierto actualmente para el caso del Covid-19 ni tampoco estaba preparada para una pandemia”.

El proyecto establece penas de 3 a 6 años de prisión y una multa de 1 a 5 millones de pesos para el que intermediare comercialmente en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana.

“Es por esto que proponemos el aumento de las penas, poniendo un mínimo que no sea excarcelable, actualizando las multas y subiendo los máximos para que el Estado sancione de manera severa semejantes comportamientos especulativos con la salud de la población”, sostuvo la legisladora nacional.

Asimismo, el escrito indica que serán reprimidos con prisión de 3 a 6 años los responsables de servicios de hemoterapia, bancos de sangre, plantas de hemoderivados, o laboratorios productores de reactivos, elementos de diagnóstico y sueros hemoclasificadores, cuando bajo cualquier denominación o estructura éstos funcionaren sin estar legalmente autorizados y habilitados y que igual sanción recaerá sobre las personas que obtengan y/o procesen sangre, sin estar debidamente autorizados.

Cabe destacar que en el partido bonaerense de Zárate y en la provincia de Chaco fueron denunciados casos en los que pacientes a los que les fue suministrado plasma para tratamiento de Covid-19 se les intentó cobrar por el tratamiento sumas que van desde los 10 mil hasta los 74 mil pesos.

Ocaña fue una de las primeras diputadas que presentó un pedido para que se lleve adelante una campaña para que se lleve impulse un programa de donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19.

Es importante que esto se fortalezca porque sino estaríamos ante una situación en la que solo podrían adquirirlo quienes acceden a un mercado negro o sacarlo del país”, expresó.

Alertan sobre la deuda del PAMI con clínicas del interior

“Es inexplicable que en este contexto de emergencia sanitaria la obra social no garantice los pagos debidos a los centros de salud conveniados”, advirtieron las diputadas Ocaña y Cornejo.

Las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Virginia Cornejo, del Pro, presentaron un pedido de informes para que el PAMI explique la deuda que mantiene con las clínicas, sanatorios y hospitales de las provincias para garantizar la atención de los adultos mayores de todo el país, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

En ese sentido, las diputadas coincidieron en que “es inexplicable que en este contexto de emergencia sanitaria, en la que todos los esfuerzos del Estado deben estar puestos en asegurar el acceso a la salud, la principal obra social de nuestro país en la atención a personas mayores no garantice los pagos debidos a los centros de salud conveniados, que son quienes deben brindar la asistencia médica necesaria”.

Asimismo, indicaron en el escrito que “el PAMI también mantendría deudas con efectores conveniados de otras provincias de nuestro país, siendo que es la obra social que posee más cantidad de afiliados adultos mayores en nuestro país, el sector más vulnerable en relación con el virus”.

El pedido de informes reclama también que el Gobierno especifique la cantidad de cápitas que posee cada uno de los efectores en cada provincia y su monto, y la deuda del instituto con los prestadores por el pago de medicamentos, entre otros temas.

Ocaña y Cornejo aseguraron que “es indispensable que todas las personas afiliadas al instituto puedan acceder a las prestaciones de salud que requieren, en estos tiempos en los que la salud y la vida están en juego, especialmente para los mayores de 65 años”.

Piden que el PAMI pague deuda para garantizar la atención de adultos mayores

Extitular de la obra social de los jubilados, Graciela Ocaña pide que la misma abone la deuda a sus prestadores. Es en el marco de los comentarios del presidente sobre la derivación de pacientes a la provincia.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, reclamó que el PAMI “pague a sus prestadores lo adeudado para que pueda garantizar la atención de sus afiliados” y adelantó que presentará un pedido de informes sobre las deudas que la institución tiene con prestadores y hospitales en todo el país y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, indicó que pedirá conocer el monto que está pagando en la Ciudad y las inversiones, si es que hizo, en el marco de los hospitales del Bicentenario.

“El PAMI tiene un retraso de 4 meses o más y al no pagarle a los prestadores privados que tiene contratados en la ciudad, estaban con problemas de camas, pero no tienen que ver con camas que han contratado en la Ciudad de Buenos Aires”, advirtió la legisladora nacional.

En ese sentido, dijo además que “hay que recordar que la Ciudad de Buenos Aires, por nuestra Constitución y porque somos solidarios atendemos a personas que no viven en la Ciudad. De las camas ocupadas en la Ciudad algo de 1100 camas corresponden a personas que no tienen residencia en la Ciudad”.

Ocaña, presidenta de la Comisión de Personas Mayores de la Cámara baja, señaló también que “cuando la política se mete en la Salud, y en este caso en un tema tan sensible como son los adultos mayores, es malo”.

Ocaña expresó que “el PAMI tiene que estar al día, porque eso es algo central para poder garantizar que las prestaciones se puedan dar. Todo lo que el PAMI demore el pago eso genera problemas en el sector y en el nivel de atención. Por otro lado, me parece que tiene que pedir colaboración a la ciudad, que seguramente puede ayudar a poder dar el servicio que hoy el PAMI no está en condiciones de dar”.

“El presidente está mal informado, tendría que hacer algo para que los jubilados puedan cobrar de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria y no haberla suspendido por 180 días más con un DNU”,  dijo y agregó que “ahora, con la renegociación de la deuda pública nacional tenemos que trabajar también para que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que es el futuro de los jubilados actuales, pero también del nuestro, no se descapitalice porque tiene muchísimos títulos públicos que ahora van a entrar en este marco de pérdida y renegociación de la deuda”.

Ocaña recordó que “cuando me fui de la dirección del PAMI, dejé el dinero para la construcción de 5 hospitales más, que lamentablemente después, la presidente en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, tomó el dinero, tanto del PAMI, de la ANSeS y otros organismos, y en vez de hacer los hospitales, financió el déficit del Estado”.

Impulsan programa contra la violencia contra mujeres mayores

El programa es propuesto por la diputada Graciela Ocaña, con el fin de brindar atención, contención y orientación a quienes enfrenten situaciones de maltrato y/o violencia en razón de su edad y de su género.

La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, impulsa la creación de un Programa Nacional de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Mayores, dentro del ámbito del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tendrá como objetivo principal brindar atención, contención y orientación a las mujeres mayores que enfrenten situaciones de maltrato y/o violencia en razón de su edad y de su género.

A través de un proyecto de ley acompañado por las diputadas Silvia Lospennato, Laura Russo, Mónica Frade, Karina Banfi y Brenda Austin, el escrito propone además que la Línea 144 deberá contar con un servicio de atención específica a mujeres de la tercera edad y que los y las profesionales que lo atiendan deberán estar capacitados/as en gerontología.

Ocaña, presidenta de la Comisión de Personas Mayores, sostuvo que “la problemática de la violencia de género en la tercera edad debería tener un rol de mayor importancia ya que, por sus particularidades, puede ser necesario que su abordaje sea distinto” y agregó que “el programa tendrá tres ejes principales: Atención personalizada a este colectivo, estrategias comunitarias para la superación de las violencias y campañas de concientización y capacitaciones a funcionarios/as y empleados/as del Estado”.

Una de las características principales de esta iniciativa, tiene que ver con el hecho de que la atención sea brindada por profesionales que estén capacitados en gerontología, así como en perspectiva de género, y que puedan comprender y canalizar adecuadamente las necesidades de las víctimas de violencia en la tercera edad, que pueden diferir de las de mujeres de otros rangos etarios.

Asimismo, el Programa deberá articular acciones con el Ministerio de Desarrollo Social y el PAMI que brindarán apoyo económico y/o habitacional para garantizar la asistencia, así como también coordinar acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría General de la Nación para garantizar la asistencia jurídica y patrocinio legal en los casos que fuera necesario y fomentará el acceso a la educación de las mujeres mayores.

El proyecto señala también que “si hablamos de protección de los derechos de las personas mayores y prevención de las violencias y la discriminación que puedan sufrir, debemos mencionar que en el año 2017, a través de la Ley N° 27.630, la Argentina ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo objeto es “Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Cafiero se refirió a PPT como “un programa humorístico de domingo”

Fue ante una consulta de la diputada Ocaña sobre la adquisición de insumos sanitarios. El jefe de Gabinete explicó el funcionamiento de la plataforma Acordar.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió al programa Periodismo Para Todos, que conduce el periodista Jorge Lanata, como “un programa humorístico de domingo”, luego de que la diputada Graciela Ocaña (Confianza Pública) hiciera un cuestionamiento en base a una investigación sobre la adquisición de insumos sanitarios durante la pandemia.

Ocaña preguntó sobre las compras publicadas en la página de Jefatura de Gabinete “solicitando, entre otras cosas, 100 millones de unidades de fundas para cadáveres, de camas hospitalarias, camillas, yerba y chocolate por cada uno de los 24 distritos. Es decir, 2.400 millones de productos de cada área. Queremos que nos explique los abultados números requeridos, ya que somos 45 millones de argentinos”.

Al momento de responder, Cafiero ironizó: “Se hizo una mención a un programa humorístico de domingo respecto al esquema de compras”.

“La plataforma Acordar -explicó- es una góndola virtual. La Oficina Nacional de Compras lo que hizo fue crear esa plataforma para generar mecanismos de transparencia y participación de oferentes”.

Según señaló, luego de que los productos son publicados, “los ministerios, las provincias o los municipios pueden acceder a ese portal y tener una referencia de precios y cantidades”.

Por eso, dijo, se habló de “los 100 millones de bolsas mortuorias”. “Se ponen esos números para poder ir cargando los oferentes, pero no se hace ninguna compra. Es un ámbito de comparación de precios y de transparencia a la hora de generar la transacción. La Oficina no hace ninguna compra”, argumentó.

Para Ocaña, la reforma judicial “está pensada para darle impunidad a Cristina”

La legisladora recordó que tanto el presidente, como su vicepresidenta abogaban en su momento por la reducción del número de integrantes de la Corte.

La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, advirtió que la reforma judicial que anunciará el Gobierno “está pensada para darle impunidad a Cristina Fernández de Kirchner” y agregó que “se parece mucho a la llamada ‘democratización de la Justicia’ de 2013, es un intento de colonización del Poder Judicial”.

En declaraciones televisivas, la legisladora nacional señaló que “rechazamos la reforma, ya que no puede ser encabezada por los abogados de los principales imputados por causas de corrupción en Argentina, es una reforma teñida de una búsqueda de impunidad. Hemos denunciado a muchos funcionarios que ahora buscan este atajo para no dar cuentas a la Justicia”.

En ese sentido, señaló que “claramente la Comisión está pensada para lograr la impunidad de Cristina y los funcionarios judiciales procesados y condenados por distintos tribunales” y añadió que “los que venimos batallando hace tantos años por la independencia del Poder Judicial rechazamos esta reforma” y recordó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta abogaban por la reducción de los miembros de la Corte Suprema.

Asimismo, indicó que “los argentinos no nos merecemos esto porque ni sus votantes buscaron la impunidad del poder” y sumó “ninguna reforma puede darse en unos meses ni en un año y hay muchos de las ideas que han trascendido que implica recursos presupuestarios enormes”.

Ocaña pidió que el Congreso “no dicte una ley a medida de Cristóbal López”

La diputada cuestionó que el titular de Presupuesto y Hacienda no haya respondido las preguntas de Luciano Laspina sobre Oil Combustibles.

La diputada nacional de Confianza Pública Graciela Ocaña cuestionó las repuestas del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, a la nota enviada por su par Luciano Laspina, para que informara sobre la situación de la empresa Oil Combustibles ante el proyecto de moratoria, y aseguró que “es una vergüenza que no haya respondido ninguno de los puntos que se le consultaron de manera debida y solo haya versado en evasivas y sofismas para ocultar información”.

Asimismo, advirtió que “se incluye por primera vez a personas con quiebras decretadas dentro de la posibilidad de ingresar a una moratoria. Es la primera vez que el Congreso lo realiza y evidentemente es un artículo puesto a la medida de Cristóbal López”.

“Bajo la premisa de la búsqueda de consensos y el debate parlamentario, el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ignoró las consultas realizadas con el objetivo de conocer las respuestas de la AFIP sobre Oil Combustibles acerca del pedido de avenimiento efectuado por la empresa de Cristóbal López y las razones para incorporar firmas quebradas sin continuidad de actividades entre los beneficiarios de la moratoria”, señaló Ocaña.

En ese sentido, subrayó que “rechazamos que sea una crítica política ni mediática como señalaron, es un pedido de información porque queremos leyes transparentes, que les digan la verdad a los argentinos y dejen de esconderse en excusas para cubrir corruptos”.

Al respecto, Ocaña, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde detalles sobre la situación de Oil Combustibles ante la AFIP y aseguró que “el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo habilitaría a la firma de López lograr el avenimiento, obligando a renunciar al organismo a cobrar sus acreencias de manera inminente y postergando innecesariamente su cobro a través de un plan de cuotas a diez años. No corresponde que el Congreso dicte una ley a medida de Cristóbal”.

A través de un proyecto de resolución acompañado por los diputados Luciano Laspina, Facundo Suárez Lastra, Paula Oliveto, Pablo Torello y Carmen Polledo, la legisladora nacional del interbloque Juntos por el Cambio dijo que “si bien este proyecto se presentó como una medida positiva, llamativamente se incluyeron ciertas facilidades que estaban excluidas de la moratoria anterior, permitiendo que empresarios endeudados con la AFIP que tienen causas judiciales en trámite, obtengan beneficios fiscales y penales”.

Además, sostuvo que “desde Juntos por el Cambio tenemos proyectos que van en el mismo sentido, nos parece imprescindible porque hay que palear las consecuencias económicas de la cuarentena y todavía no hemos visto todo el resultado de lo que va a sufrir la economía en nuestro país” y añadió que en toda moratoria siempre hay un perjudicado que es aquel que cumplió en tiempo y forma por eso proponemos que haya un premio para el contribuyente cumplidor”.

El escrito presentado advierte también que “resulta preocupante que se premie a aquellos que se apropiaron de fondos que pertenecen al Estado, otorgándoles facilidades de pago y, además, suspensión de las acciones penales” y agrega que “este proyecto permite la suspensión de la acción penal tributaria respecto de quienes estén imputados por delitos en materia tributaria, cuando se acojan al plan de facilidades”.

Quieren saber sobre la efectividad de los tests para detectar Covid-19

Pedido de informes de Graciela Ocaña sobre los elementos de testeo aprobados por ANMAT que anunció Alberto Fernández.

La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, presentó un pedido de informes para que el Gobierno informe sobre la efectividad de los tests y kits de diagnóstico para la detección del Covid-19 que fueron aprobados por ANMAT y anunciados por el presidente Fernández en mayo pasado.

“Hace dos meses que fue presentado por el presidente este test rápido de diagnóstico desarrollado por un grupo de científicos argentinos”, recordó Ocaña, que agregó luego que “desde aquel anuncio, el panorama no resulta alentador. por eso es necesario obtener precisiones acerca de la situación actual con respecto a estos tests”.

En ese sentido, la legisladora nacional advirtió que “las pruebas efectuadas por el Instituto Malbrán arrojaron resultados preocupantes: en una primera evaluación detectaron que el test tenía un 50% de sensibilidad y, en una segunda evaluación, sólo un 35%”, y añadió que “tales porcentajes de fiabilidad no resultan adecuados para poner el test a disposición. Sin embargo, sabemos que el gobierno nacional estaría distribuyéndolos de todas maneras a fin de que sean utilizados”.

El proyecto de resolución pide que se presente un informe técnico en el que se indique el porcentaje de fiabilidad o sensibilidad de cada test, así como también la cantidad de Neokits que posee el Ministerio de Salud, dónde fueron distribuidos, el costo de producción de cada kit y la ganancia estimada por la producción que recibirá el Instituto, además de pedir las pruebas de fiabilidad que realizó el ANMAT para la aprobación del test, entre otros temas.

El test fue desarrollado por científicos del CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein (ICT Milstein, CONICET-Fundación Pablo Cassará), bajo la coordinación del investigador Adrián Vojnov, en asociación con la empresa NEOKIT SAS, formada sobre la base de un Consorcio Público-Privado (CAPP) entre el CONICET y el Laboratorio Pablo Cassará SRL.

El proyecto de resolución es acompañado por los diputados Carmen Polledo, Omar De Marchi, Hernán Berisso, Héctor Stefani, Claudia Najul, Lidia Ascarate, Gonzalo Del Cerro, Sebastián Salvador, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovsky, Soher El Sukaria, y Gisela Scaglia.

Ocaña impulsa la creación de una comisión especial para esclarecer hechos de violencia institucional

La legisladora nacional advirtió que, durante los últimos meses, “hemos sido testigos de graves hechos de violencia institucional perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña impulsa, a través de un proyecto de resolución, la creación de una “Comisión Especial para el Control y Esclarecimiento de los hechos de Violencia Institucional” producidos en el contexto de la pandemia por Covid 19, para esclarecer los actos violentos producidos contra los ciudadanos en los últimos meses. 

En ese sentido, la legisladora advirtió que “en Argentina la pandemia fue la limitación de los derechos individuales y en ese marco, miembros de las fuerzas de seguridad que había separado María Eugenia Vidal fueron reincorporados por Berni y Kicillof”, y agregó que “es muy importante saber qué pasó con Facundo Castro y que se esclarezcan casos como el de Lucas Verón, muerto durante una persecución policial en La Matanza”. 

Asimismo, Ocaña señaló en el proyecto de resolución que “durante los últimos meses, hemos sido testigos de graves hechos de violencia institucional perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos en la provincia de Buenos Aires, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la comunidad QOM en Chaco”. 

La comisión estaría conformada por seis diputados designados a propuesta de cada bloque en proporción a la representación política y por los presidentes de las Comisiones Permanentes de “Derechos Humanos y Garantías”, “Seguridad Interior”, y “Libertad de Expresión”. 

La Comisión tendría por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de los hechos ilegales producidos por las fuerzas de seguridad en todo el ámbito territorial de la República Argentina en el contexto de pandemia y de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)” dispuesto por Decreto 297/2020 y podrá requerir y recibir testimonios de personas, así como elementos probatorios, solicitar expedientes, denunciar judicialmente los hechos delictivos, evaluar el régimen normativo y las políticas públicas de cada jurisdicción para la prevención de dichos sucesos. 

“Estos hechos de violencia y discriminación racial fueron denunciados por organismos de derechos humanos a nivel provincial y nacional y desde el Congreso de la Nación no podemos permanecer callados, ya que las medidas sanitarias y de seguridad implementadas para combatir la pandemia, no pueden justificar que el Estado viole derechos humanos de la población”, sostuvo la dirigente de Confianza Pública. 

Finalmente, Ocaña sostuvo que “vemos con preocupación que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, estén más preocupados en garantizar la libertad de delincuentes por hechos de corrupción, que en defender a estos ciudadanos argentinos cuyos derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad física han sido violados”. 

Piden que la Justicia embargue bienes de Lázaro Báez

Para la diputada Graciela Ocaña, la vicepresidenta de la Nación “va por la demolición de las causas judiciales”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña pidió que la Justicia argentina embargue los bienes de Lázaro Báez, “tal como ya lo viene haciendo la Justicia en Uruguay desde 2016 por la causa de El Entrevero”, y agregó que “la mitad de esos bienes deben volver a Argentina ya que se adquirieron con dinero que se fugó del país, pero nuestra Justicia no avanzó nunca en ese sentido”.

Asimismo, indicó que “tenemos que trabajar en un procedimiento judicial más sencillo para que avancen las causas y terminen en juicios” y añadió que “es un mensaje malo a la sociedad permitir que sigan en libertad personajes como Báez, porque el dinero que se robaron con la corrupción es el que falta en rutas, escuelas, sistema de salud, es el dinero que se le robó a los argentinos”.

Por otra parte, Ocaña aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner “va por la demolición de las causas judiciales” que la implican y agregó que “ya ha conseguido que queden muy pocos procesados presos. Ha logrado imponer su agenda que es terminar con las causas de corrupción durante su presidencia”.

Respecto a la reforma judicial, la legisladora nacional advirtió que “habrá que ver si está reforma no implica poner jueces amigos en los Tribunales, algo que se intentó con la llamada democratización de la Justicia en 2013” y añadió que “si es para aumento de Jueces y tratar de tener una Corte amiga, como lo hizo Menem, es totalmente negativo para la búsqueda de Justicia”.

Proponen una Agencia de Control y Prevención de Epidemias para darle más recursos a laboratorios

El proyecto es de Graciela Ocaña y apunta a “dar un salto de calidad institucional y de políticas de inversión y prevención”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña propuso la creación de una Agencia Nacional de Control y Prevención de Epidemias y Enfermedades Infectocontagiosas con el objetivo de promover una mayor independencia y recursos para los laboratorios nacionales tales como el Malbrán, el Muñiz y el Instituto de Enfermedades Tropicales, entre otros.

A través de un proyecto de ley, Ocaña propone que la Agencia se dedique a coordinar los programas de investigación de los laboratorios; diseñar el Plan Federal Sanitario de Prevención de Epidemias y detección de enfermedades infectocontagiosas con una proyección a diez años; y elaborar un presupuesto plurianual que disponga un aumento del 10% por sobre la inflación para aumentar la inversión en el área científico tecnológica.

Asimismo, plantea la necesidad de establecer los protocolos de los procesos involucrados en la prevención, detección temprana, alerta y emergencia sanitaria; y desarrollar protocolos en casos de epidemia y actividades de riesgo, así como también la responsabilidad de fijar las políticas de bioseguridad en coordinación con las fuerzas de seguridad para crear un programa específico.

Al respecto, Ocaña señaló que “tenemos que aprender de las lecciones recibidas y dar un salto de calidad institucional y de políticas de inversión y prevención. Los programas están subfinanciados, superpuestos o son absorbidos por la burocracia cuando dependen de organismos como Ministerio o Secretarías que tienen que lidiar día a día con la gestión de programas de prevención o asistencia sanitaria, algo lejano a la investigación avanzada que lleva otros tiempos”.

En ese sentido, agregó que “este proyecto propone ordenar esta política, bajo un solo sistema nacional de investigación aplicada de alta sofisticación. Se les otorga, bajo la creación de una agencia, la independencia necesaria para dirigir sus proyectos y la financiación de los mismos a las investigaciones o las líneas de investigación fijados por el sistema.”

El proyecto de ley es acompañado por los diputados Hernán Berisso, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Soledad Carrizo, Sebastián Salvador, Rubén Manzi, Pablo Torello, Héctor Stefani, Carmen Polledo, Estela Regidor, Claudia Najul, Ingrid Jetter, Alberto Asseff y Ezequiel Fernández Langan, todos de Juntos por el Cambio.

Abogan por un subsidio en tarifas de centros de jubilados

Graciela Ocaña pidió que se le cobre el 50 por ciento de las tarifas de servicios esenciales a esos espacios.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó este jueves un proyecto de ley para que los centros de jubilados reciban un subsidio excepcional en el marco de la pandemia por el Covid 19, materializado en la reducción del 50 por ciento del valor de las tarifas de servicios públicos esenciales, tales como electricidad, agua, gas natural, telefonía y provisión de garrafa.

“En nuestro país existen aproximadamente 5 mil centros y el Estado debe apoyarlos para permitir que la crisis económica actual no afecte su desenvolvimiento”, señaló la Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y agregó que la ayuda económica brindada por PAMI “es insuficiente para que los establecimientos puedan superar todas las dificultades que enfrentan para continuar subsistiendo, no solo a causa de la pandemia, sino de la situación económica crítica que ya existía con anterioridad”.

En ese sentido, advirtió que “la misma administración del PAMI reconoció que muchos de los Centros de Jubilados están con riesgos de poder cerrar porque no pueden afrontar los gastos de los servicios públicos y muchas veces del alquiler”.

El proyecto de ley, acompañado por la diputada Soher El Sukaria, pide también que los centros de jubilados registrados reciban un subsidio o asignación de carácter mensual, excepcional, transitorio y retroactivo por el importe equivalente a dos Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM).

Ocaña manifestó que “este aporte será vital para que los Centros puedan continuar con sus puertas abiertas en el futuro, y puedan seguir cumpliendo su importante rol social que cumplen dentro de la sociedad”.

Ocaña reclamó que el Gobierno derogue el decreto que suspende la movilidad jubilatoria

Poco después de que se publicara en el Boletín Oficial, la diputada de Juntos por el Cambio pidió la derogación de ese DNU.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña pidió este jueves que se derogue el decreto 542/2020 que suspende la movilidad jubilatoria y reclamó que se vuelva a la fórmula anterior por la que los jubilados deberían estar cobrando un incremento superior al 23 por ciento en sus haberes previsionales.

A través de un proyecto de ley presentado en la Cámara baja y con el acompañamiento de la diputada Mónica Frade, Ocaña señaló que “los casi 6 millones de jubilados y pensionados nacionales, incluyendo los del haber mínimo, están cobrando desde este mes menos de lo que les hubiera correspondido con los incrementos según la fórmula suspendida”

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores agregó que “los aumentos dictados por decreto fueron de entre el 10,2 y 19,9 por ciento, según los rangos de haberes, mientras que con la fórmula suspendida correspondería un aumento de 23,72 por ciento para todos los jubilados y pensionados del régimen general”.

“La suspensión de la fórmula de la movilidad deja librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la decisión de realizar los aumentos trimestrales que considere oportuno”, subrayó.

“Esta es una medida inconstitucional ya que menoscaban los derechos adquiridos de nuestros jubilados y atentan contra los principios de igualdad ante la ley, irretroactividad y progresividad de los derechos fundamentales”, advirtió Ocaña.

Asimismo, indicó que “la Comisión que debía trabajar en una nueva fórmula jubilatoria, aún no ha tenido avances significativos en su labor y los perjudicados son una vez más lo jubilados y lamentablemente se está utilizando como excusa los efectos económicos del Covid 19 para justificar un perjuicio insoslayable a nuestros jubilados”.

Piden descuentos en los seguros de los autos mientras dure el aislamiento

El proyecto de la diputada Ocaña prevé que la Superintendencia de Seguros y su par de Riesgo del Trabajo establezcan los porcentajes de descuento/bonificación a aplicar sobre las primas que tendrán que restituir las compañías a sus asegurados.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña reclamó que se realicen descuentos y bonificaciones en los seguros de automóviles y en los seguros de riesgos del trabajo desde el inicio del aislamiento hasta su finalización.

Ocaña solicitó al Poder Ejecutivo que instrumente las medidas ya que desde que se estableció el aislamiento por el Covid-19 “es un período en donde hubo una sustantiva disminución de los accidentes de tránsito, de robos y hurtos y de accidentes de trabajo, por eso es necesario que se aplique esta medida hasta la culminación del aislamiento, en donde se autorice nuevamente la circulación de automotores y la actividad laboral”.

El proyecto de ley presentado prevé que en un plazo no mayor a un mes la Superintendencia de Seguros y su par de Riesgo del Trabajo establezcan los porcentajes de descuento/bonificación a aplicar sobre las primas de seguros que tendrán que restituir las compañías aseguradoras a sus asegurados.

En tanto, el escrito acompañado por los diputados Fernando Iglesias, Estela Regidor, Hernán Berisso y Álvaro De Lamadrid propone que los Ministerios de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, actuarán como autoridades de aplicación.

La dirigente de Confianza Pública manifestó que la situación de restricción vehicular y de actividad laboral “ha generado una notable desproporción entre el valor de la cuota/prima que cobran las compañías aseguradoras a sus asegurados, con disminución del riesgo que están afrontando las compañías de seguro” y agregó que “esta desproporción hace que las compañías aseguradoras obtengan utilidades muy por encima de los márgenes de razonabilidad aceptados, desprotegiendo los derechos de los asegurados a tener un valor justo y razonable por la contraprestación del servicio”.

En ese sentido, Ocaña subrayó que “no parece lógico que los reclamos de los clientes queden circunscritos a la libre interpretación de las aseguradoras, anteponiendo una decisión comercial ante la ausencia de una norma, más aún en un escenario en donde claramente se advierten situaciones de inequidad y falta de comunicación a los consumidores”.

Piden al Gobierno aclarar si relanzó el Plan Qunita

Legisladoras de JxC recordaron la polémica generada en 2015 por ese programa finalmente suspendido por la Justicia y quieren saber si está siendo aplicado en Santa Cruz.

Las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Roxana Reyes impulsan un pedido de informes para que el Gobierno aclare si relanzó el polémico Plan Qunita en la provincia de Santa Cruz, tal como trascendió en medios de comunicación locales, y que fue suspendido en el año 2016 por contener elementos peligrosos para la salud.

Ocaña denunció penalmente en 2015 la licitación del Plan Quinita por 900 millones de pesos con grandes repercusiones en el ámbito judicial, tanto por investigaciones concernientes a la peligrosidad de ciertos productos que integraban el kit, como por aquellas que investigaban la existencia de sobreprecios, razón por la cual se imputó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el actual ministro y vice de Salud bonaerense respectivamente, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.

Al respecto, las diputadas coincidieron en que “esos kits, independientemente de si fuesen o no los mismos que se entregaban en el año 2015, ameritan contar con la aprobación de los expertos luego de ser sometidos a rigurosos análisis de calidad y seguridad” y agregaron que “así como para el caso de la pandemia causada por el Covid-19 escuchamos a los expertos en salud y tomamos las medidas que aquellos juzgan pertinentes, en este caso debe ocurrir exactamente lo mismo ya que de no ser así son susceptibles de poner en riesgo la vida de las personas”.

Asimismo, indicaron que “los defectos y deficiencias que presentaban estos productos ponen en riesgo las vidas de las personas a las que pretenden beneficiar por lo que es de suma urgencia que se determine si los mismos han sido subsanados o, por el contrario, si son los mismos kits que, almacenados en depósitos desde la suspensión del plan, fueron recogidos y nuevamente entregados desatendiendo los análisis de seguridad preexistentes”.

Por otro lado, el proyecto de resolución presentado pregunta además si “los kits que actualmente se están distribuyendo fueren los mismos que años atrás habían sido sometidos a análisis debemos conocer si, entre otros, el porta-enfant, que era considerado peligroso, fue extraído y todo lo que pueda ser mercadería vencida como por ejemplo las cremas que integraban el mismo”.

El 14 de septiembre del 2016 el juez que entendía en la causa ordenó destruir 60 mil cunas del plan “Qunita” por considerarlas inseguras, medida que encontró justificada atendiendo al informe elaborado por el INTI y en virtud del cual expresó que “las cunas y sacos de dormir resultan riesgosos para la salud de acuerdo a dictámenes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y a informe de la Sociedad Argentina de Pediatría”.

El Plan Qunita fue lanzado con la intención de evitar muertes de recién nacidos producto del colecho y así brindarles ayudas a las familias que lo necesitan para que los recién nacidos tengan un lugar en su hogar donde puedan descansar.

Sin embargo, los sobreprecios en la compra de los productos y la pésima calidad de los materiales que fueron entregados envolvió de corrupción la licitación.

Ampliaron la denuncia contra el titular de la Oficina Anticorrupción

Para un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, existe un “plan de impunidad” para favorecer a la actual vicepresidenta.

felix crous

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio se presentaron ante la justicia para ampliar la denuncia efectuada contra el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.

La denuncia fue suscripta por los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Álvaro Lamadrid y Fernando Iglesias, quienes solicitaron que la investigación se enfoque sobre lo que definieron como “una trama de encubrimiento y protección sobre los actos de corrupción que involucran la gestión gubernamental de Cristina Fernández de Kirchner y su antecesor Néstor Kirchner”.

El plan se inicia, afirman, con “el desprestigio de las investigaciones”, al considerarlas una persecución política, “Lawfare”, y “se consolida con el nombramiento de funcionarios vinculados a los imputados en cargos claves, con el fin de desbaratar las decisiones judiciales”. Y citan puntualmente los casos de Carlos Zannini, Juan Martín Mena, Santiago Eguren, Horacio Pietragalla y el fiscal Javier De Luca.

“El plan sistemático para lograr la impunidad de la familia Kirchner y sus cómplices es muy claro. Sólo hay que unir las distintas acciones que describimos en la denuncia, las que cuando se las ve en conjunto adquieren el sello inconfundible de una operación destinada a sepultarlas causas de corrupción contra ese grupo político”, señaló el diputado Jorge Enríquez.

Piden explicaciones por supuestas compras irregulares del Malbrán

En base a un informe periodístico, la diputada Graciela Ocaña advirtió que el laboratorio Tecnolab fue beneficiado de forma sospechosa.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó este lunes un pedido de informes para que el Gobierno brinde explicaciones sobre “las polémicas compras del Instituto Malbrán que benefician al laboratorio Tecnolab, aun cuando los precios adjudicados en las compras directas superan hasta diez veces a las de otras empresas”.

Ocaña advirtió que “desde que comenzó la pandemia y hasta la actualidad, la firma Tecnolab es la que más contratos ha celebrado con el Estado por cifras millonarias y sin demasiados antecedentes que justifiquen tal situación” y agregó que “algo llamativo del proceso es que de 17 renglones específicos que solicitaban productos distintos, a la empresa Tecnolab le otorgaron 15”.

Asimismo, la diputada señaló que “para la adquisición de 25 termocicladores para identificación de bacterias y para 25 cabinas de Seguridad Biológica clase II tipo A2, lo que nos alerta son los plazos y los horarios de publicación de los pliegos y llamado a ofertas, ya que, salvo que las empresas tengan un aviso previo de la salida de la convocatoria, es fácticamente imposible que puedan prepararse con todos los requisitos cumplidos en menos de 72 horas”.

En ese sentido, la legisladora indicó que el portal Infobae “publicó la nota titulada ¿Tiene suficientes reactivos para hacer análisis de Covid-19 el Instituto Malbrán? el día 18 de marzo, antes de que la contratación fuera tan siquiera convocada. En ese entonces, casualmente, el sitio web ya tenía conocimiento de la empresa adjudicataria y el monto de la compra referida. Esto podría hacernos entrever que la contratación estuvo definida y asignada con anterioridad a realizar el llamado y que el mismo se realizó por un mero formalismo”.

El informe presentado este domingo en el programa Periodismo Para Todos indica que el titular del Instituto Malbrán, Pascual Fidelio, destinó más de 100 millones de pesos a la firma a través de seis adjudicaciones, todas contrataciones directas sin licitación para la compra de termocicladoras y test para detectar el virus Covid 19.

Uno de los ejemplos más claros es el de la venta de 25 nucleótidos y nucleósidos y sondas Mod-6 Fam que obtuvo Tecnolab para el que presentó una oferta de 839.878 pesos, mientras que otra de las empresas competidoras ofertó por un producto similar la suma de 392.500 pesos.

Más de 200 mil firmas para mantener a la OA querellante

Graciela Ocaña insiste para que la Oficina Anticorrupción continúe la querella contra Cristina Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña advirtió que “no queremos impunidad para nadie”, al conocerse que el fiscal Carlos Stornelli imputó al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, quien se había retirado como querellante en las causas Hotesur y Los Sauces contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A raíz de la decisión de la OA de renunciar a la querella, la dirigente de Confianza Pública impulsa un petitorio en la plataforma Change para que “el presidente Alberto Fernández no consagre la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner”, que ya reúne más de 210 mil firmas y puede consultarse en www.change.org/noalaimpunidad.

Ocaña señaló además que la decisión de la OA “es parte de una serie de operaciones para lograr la impunidad de Cristina Kirchner”, y agregó que “en las últimas semanas ha habido un avance fenomenal para tratar que no haya juicios por corrupción”.

La petición tiene el objetivo de “reclamarle al presidente para que se vuelva atrás en esta decisión de la OA de mirar para otro lado en estas causas”, afirmó la legisladora nacional.

Ocaña había acompañado la denuncia penal contra Crous junto a un grupo de diputados de Juntos por el Cambio por haber “faltado a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados”, según indica el escrito presentado y añade que el titular de la OA “ha perjudicado deliberadamente la causa que le ha sido confiada, incurriendo en el delito de prevaricato”.

Ocaña junta firmas contra la “impunidad

La diputada nacional informó que más de 130 mil personas firmaron petición “para que el presidente no consagre impunidad a Cristina Fernández”.

Más de 130 mil personas ya firmaron la petición en la plataforma Change, impulsada por la diputada Graciela Ocaña, para que el presidente Alberto Fernández “no otorgue impunidad” a Cristina Kirchner, debido a que la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a la querella de la Vicepresidenta por las causas de Hotesur y Los Sauces.

La legisladora nacional de Juntos por el Cambio advirtió que la decisión de la OA “es parte de una serie de operaciones para lograr la impunidad de Cristina Kirchner”, y agregó que “en las últimas semanas ha habido un avance fenomenal para tratar que no haya juicios por corrupción”.

La petición, que sigue sumando adhesiones, puede consultarse en el sitio Change.org, y tiene el objetivo de “reclamarle al presidente para que se vuelva atrás en esta decisión de la OA de mirar para otro lado en estas causas”, sostuvo Ocaña.

En ese sentido, señaló que “en el caso de Los Sauces y Hotesur estamos hablando de enormes sumas de dinero que circularon desde los presupuestos del Estado hacia las empresas de Lázaro Báez y luego a los bolsillos de Cristina Kirchner y de su familia a través de la contratación de sus hoteles”.

Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción depende funcionalmente de Presidencia de la Nación a partir de un decreto de diciembre pasado.

Piden mayor control del Gobierno en los geriátricos

Es por el riesgo que genera la pandemia en esas instituciones. Ocaña pide crear un comité especializado en adultos mayores.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña insistió este miércoles en su reclamo para que el Gobierno informe sobre los controles y medidas de prevención que se realizan en los geriátricos y en la creación de un comité especializado en adultos mayores, ante la gran cantidad de muertes e infectados que están siendo detectados en los últimos días en las residencias.

Asimismo, la legisladora nacional subrayó que “es una situación alarmante para los adultos mayores que viven en estos establecimientos” y agregó que “por eso necesitamos que el Gobierno adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para evitar que el virus siga causando fallecimientos e infectados”.

“Así como se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, desde nuestro interbloque pedimos la creación de un comité que integre a especialistas en geriatría, autoridades de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y miembros de ambas Cámaras, porque vemos que muchos protocolos están muy retrasados respecto a esta etapa de la pandemia”, señaló.

Ocaña recordó que, a un mes de haber presentado un pedido de informes, el Gobierno aún no respondió un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que indique cuántas residencias hay en el país, diferenciando por jurisdicción y si se trata de establecimientos públicos o privados, así como también cuáles son las autoridades regulatorias de estas residencias en cada provincia y si hay una autoridad nacional que nuclee su control. En ese sentido, pidió que se realicen controles sobre los agentes gerontológicos, personal médico y de asistencia para evitar contagios masivos y que se informe las medidas de seguimiento a nivel nacional sobre las residencias para mayores, el plan estratégico para evitar posibles contagios y si hubo auditorías de las autoridades nacionales en los establecimientos entre otros temas. 

Juntos por el Cambio reclamó el retiro del DNU que otorga más facultades al jefe de Gabinete

En una conferencia de prensa brindada en el Salón de Pasos Perdidos, con barbijos y distancia social entre la decena de diputados que participaron en la misma, cuestionaron duramente el decreto 457, expresaron sus reparos por la aplicación CuidAR y hablaron de la polémica desatada por los test chinos.

En el marco de una conferencia de prensa brindada por un grupo de integrantes del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja, los jefes de las bancadas que la integran reclamaron el urgente retiro del Decreto de Necesidad y Urgencia que otorgó mayores facultades para la distribución de partidas presupuestarias al jefe de Gabinete, denunciando que con ello el Poder Ejecutivo está “debilitando definitivamente la democracia”, al dejar “vacío” al Parlamento argentino.

El jefe del interbloque, Mario Negri, expresó de entrada su sorpresa por el DNU 457/20, aplicado “sin ningún tipo de necesidad”, dijo, y con el cual el Gobierno regresa a lo que regía entre 2006 y 2016, y que a su juicio representó “un enorme retraso democrático de las facultades del Congreso”.

En aquella oportunidad, recordó, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó la Ley de Administración Financiera en su artículo 37, dándole al jefe de Gabinete “el poder omnímodo de poder distribuir las partidas discrecionalmente por el cien por ciento del monto del presupuesto”.

“Las consecuencias las vimos con los años, con falta de control y corrupción”, sostuvo, remarcando que en 2016 el Gobierno de Cambiemos decidió autolimitarse, modificando nuevamente la Ley de Administración Financiera, autorizando que solamente el 7,5% de los montos de las partidas pudiesen ser modificados por el jefe de Gabinete, sin pasar el 15% del monto total de esa afectación en cada una de las partidas. “Y nos autolimitamos para 2018 a reducir el gasto y dar más control al Congreso: el 5%”, señaló.

Negri recordó que el año pasado el Gobierno hizo sancionar una ley ómnibus que incluía 9 emergencias, y volvió a modificar la Ley de Administración Financiera, pidiendo nuevamente una prerrogativa para disponer del 7,5% del gasto. Se quejó entonces que luego de la colaboración brindada por la oposición en el marco de la pandemia, “nos encontramos con el DNU 450 que borra ilegal e inconstitucionalmente -porque esa facultad delegada aún no ha vencido-, y vuelve a darle facultad al jefe de Gabinete para que discrecionalmente disponga del 100% de fondos del Congreso”.

“No entendemos cuál es la razón de esa enorme tentación por volver a un pasado absolutamente negativo”, señaló el presidente del interbloque.

Negri recordó la disposición exteriorizada por Juntos por el Cambio para apoyar los DNU firmados por el Poder Ejecutivo en el marco de esta pandemia, al punto tal que “íbamos a acompañar” este miércoles su aprobación este miércoles en el Senado. “No entendemos cuál es la razón de esa enorme tentación por volver a un pasado absolutamente negativo, que restringe la democracia, la división de poderes y que concentra de nuevo el poder en el Ejecutivo”, cuestionó, pidiendo entonces la derogación de los artículos que componen el DNU en cuestión. “Vamos a votar el rechazo, pero quisiéramos que el Gobierno recapacite, que dé marcha atrás”, demandó.

En cuanto a los dichos del jefe de Gabinete, que este miércoles señaló que “necesitan un Estado inteligente y rápido en la pandemia”, Negri dijo que “nos parece absurda esa explicación: un Estado inteligente no presupone anular las instituciones, y menos aún los controles, menos el Congreso y el servicio de Justicia”.

“Podrían tranquilamente venir al Congreso a pedir las ampliaciones que necesitan”, aclaró Negri, que reclamó a continuación por la falta de Presupuesto. “Estamos a ciegas -se quejó-. Es decir que con el cuento de que faltaba saber qué pasaba con la deuda, el Gobierno no mandó ningún presupuesto. No sabemos lo que entra, cómo se gasta, adónde van los subsidios… No le estamos pidiendo un presupuesto certero, que no pueda ser modificado, pero un cálculo mínimo de recursos y gastos”.

“Queremos llamar la atención, porque es cierto que estamos en un estado de excepción, y que la sociedad ha resignado libertades ambulatorias, pero de ninguna manera la emergencia sanitaria justifica la emergencia institucional, menos aún la concentración de poderes”, sostuvo el presidente de JxC, para advertir luego: “Máxime cuando los antecedentes que conocemos de esto son negativos, frustrantes, y recuerden lo que fue durante diez años. Cuando vienen en nombre del estado de necesidad a buscar emergencias que convierten en permanentes, lo que estamos haciendo es debilitar definitivamente la democracia y el libre juego de las instituciones”.

En ese marco, dijo, “le reclamamos al Gobierno que retire ese DNU en forma urgente, que recupere el diálogo institucional, que estamos predispuestos, si la necesidad así lo demanda, a acompañar, previa justificación, y que el jefe de Gabinete venga al Congreso a cumplir con el mandato constitucional a hacer su informe. Máxime con lo que acaba de firmar para tomarse estas atribuciones en nombre del Parlamento argentino, al cual dejan vacío”.

La aplicación CuidAR

A continuación, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, le apuntó a la aplicación CuidAR, señalando que ese tema y el DNU cuestionado representan “avances contra el sistema democrático que la pandemia no justifica”.

“Nosotros entendemos que utilizar el tapa boca es para que no nos contagiemos, pero no para callarnos”, aclaró.

Luego señaló que “no entendemos por qué una aplicación de estas características, que tiene en su composición muchos elementos que cuando yo era ministro, para solicitarlas en un secuestro extorsivo los tenía que pedir a un fiscal… Y hoy esa aplicación no solamente tiene geolocalización, sino también una cantidad de datos personales que no sabemos quién va a controlar, quién la va a tener, para qué la van a utilizar, qué van a hacer con todos esos datos terminada la pandemia…”.

“Utilizar el tapa boca es para que no nos contagiemos, pero no para callarnos”, aclaró Ritondo.

Recordó cuando desde el kirchnerismo cuestionaban lo que el Gobierno de Cambiemos podría llegar a hacer con la base del ANSeS, que es pública, y ahora esta APP plantea respecto de quiénes pueden utilizar esa base, “otros organismos del Estado”. “¿Quién, para qué, qué van a hacer?”, se preguntó, solicitando “un control por parte de auditores externos al Gobierno que permita quedarnos tranquilos que estos datos van a ser utilizados para la pandemia y ningún tema más, y que una vez terminada la pandemia se van a destruir”.

“En este Parlamento, desde el interbloque Juntos por el Cambio, vamos a estar alertas con todos estos temas, porque la pandemia no es menos democracia, menos instituciones”, aclaró.

Luego fue el turno de Maximiliano Ferraro, quien resaltó la actitud “prudente y responsable” expresada por Juntos por el Cambio, y expresó su preocupación por lo que definió como “un DNU peligroso, que avasalla al Poder Legislativo de nuestro país y que de alguna manera es la suma del poder público para el jefe de Gabinete”.

“Los argentinos ya hemos vivido y aprendido de lo que sucedió en nuestro país cuando se otorgaron plenos poderes”, sostuvo.

Fue el turno luego de la titular del partido Confianza Pública, Graciela Ocaña, quien puso la lupa sobre el tema de los materiales comprados a China, a partir de la información que da cuenta de la ineficacia de los test rápidos adquiridos. Recordó que muchos países han encontrado dificultades con los mismos, y por eso reclamó información sobre la fiabilidad de ese material donado por una empresa privada. “Esto no es en contra de nadie”, aclaró, señalando que “es información que creemos que debe ser pública, porque hablamos de la salud de todos los argentinos”.

Pedido de informes sobre la adquisición de test rápidos a China

Es por la partida adquirida al país asiático y traída en los promocionados vuelos de Aerolíneas Agentinas, que se comprobaron defectuosos al no poder detectar el virus.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó un pedido de informes al Gobierno para que brinde detalles sobre los test recibidos desde China y que no funcionarían para detectar el virus del Covid 19.

Al respecto, advirtió que “esta situación nos preocupa sobremanera porque tememos que no sean los únicos test que se usan en Argentina que tienen fiabilidad menor al 80 por ciento”, señaló Ocaña, quien presentó el proyecto que lleva también las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Carmen Polledo, Claudia Najul, José Manuel Cano, Dina Rezinovsky, Soher El Sukaria, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Lidia Ines Ascarate, Rubén Manzi, Fernando Iglesias, Omar Bruno de Marchi, Pablo Torello, Hernán Berisso, Sofia Brambilla, Martin Maquieyra, Jorge Enriquez, Hector Stefani, Alberto Emilio Asseff, Atilio Benedetti, Sebastian Nicolás Salvador, Gustavo Menna y Aída Ayala.

A través de un proyecto de resolución, Ocaña presentó este pedido de informes en el que pide conocer cómo fue el proceso de compra por parte de la empresa Petroquímica Cuyo y si realizó la compra con la aprobación previa por parte del Ministerio de Salud y si la importación generó gastos al Estado Nacional. “Es menester resaltar que los test fueron aprobados por el ANMAT con posterioridad a la donación, situación que también nos sorprende y hace dudar”, indicó la diputada.

“La falla en estos test y su utilización podría hacer subestimar epidemiológicamente la circulación del virus en la población, y produciría una toma de decisiones erróneas por parte del gobierno, que pondría en peligro a la sociedad y hubiera sido en vano todo el esfuerzo realizado”, expresó Ocaña.

Asimismo, la legisladora nacional advirtió que los test recibidos, que fueron aprobados por ANMAT, pertenecen a la empresa Zhuhai Livzon Diagnostics, y que países como India los devolvió y prohibió su uso debido a su baja calidad para detectar el Covid-19.

En ese sentido, Ocaña alertó que “lo que nos ha alarmado aún más es que estos test fueron los que se usaron en las estaciones de Constitución, Retiro y Once, habiéndose utilizado 1200, con solo 8 casos positivos, siendo sumamente esto llamativo en virtud de que la región metropolitana
es el área con mayor circulación viral en el país”.

Asimismo, agregó que “ante esta situación el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos le envió una nota al ministro González García el primer día de testeos en Constitución sin positivos manifestándole que era irracional lo que se estaba consiguiendo porque contradecía el pico de casos positivos por PCR que están detectando los laboratorios de análisis clínicos”.

La dirigente de Confianza Pública dijo que “en un principio vimos con muy buen augurio la donación que realizo la empresa Petroquímica Cuyo S.A, hasta que comenzamos a analizar con más detalle, desilusionándonos de forma automática y alertando que el uso de estas donaciones podría acarrear un fraude a la salud pública por arrojar cualquier evaluación que se realice con estos test un resultado falso”.

Para Ocaña “es necesario conocer precisiones acerca del destino de las donaciones recibidas, y datos certeros acerca de cuáles son los insumos enviados y su calidad, para poder realizar un seguimiento adecuado sobre la disponibilidad de estos elementos en nuestro país, dado que los mismos son indispensables para la atención de la situación de emergencia y el cuidado del personal médico y de los pacientes”.

Fuertes críticas de diputados opositores a la sesión virtual

Ante los inconvenientes registrados, varios reclamaron directamente retomar las sesiones presenciales.

Muy críticos se mostraron algunos diputados de la oposición en las redes sociales, al opinar sobre la primera experiencia de sesión virtual realizada este miércoles, en la que se registraron numerosos inconvenientes.

Fiel a su estilo, Fernando Iglesias fue lapidario al dirigirse a Sergio Massa para señalarle que “le dimos la oportunidad de las sesiones mixtas y fue un caos”, ante lo cual reclamó “sesionar la semana que viene”, advirtiéndole que “o garantiza un sistema técnico digital que funcione, o que sea sesión presencial”.

El radical chubutense Gustavo Menna calificó de “fallido” el primer ensayo de votación en sesión virtual. “El sistema colapsó; primero no permitió el acceso al voto y luego no permitió registrarlo”, enumeró, con imágenes de los errores que marcaba la pantalla.

La de Graciela Ocaña fue otra de las voces críticas ante los inconvenientes técnicos registrados, señalando que “así no se puede votar ni sesionar”, y dirigiéndose al presidente de la Cámara señaló: “Cuando pedimos la palabra usted se retiró. El Congreso no es un show personal”.
A través de su cuenta de Twitter, Ocaña señaló además que “no es un problema de capacitación, es de sistema. Toda la tarde tuvimos problemas”, y agregó que “estábamos presentes escuchado la reunión y sin embargo no figuramos en el recinto”.

Otro radical, Alvaro de Lamadrid, escribió: “Sergio Massa nos termina echando la culpa a los diputados de éste sinsentido. Y si desarma ésto y retomamos las sesiones presenciales? El Parlamento debe sesionar presencialmente y no en estás condiciones como desea @CFKArgentina”, en tanto que María Luján Rey señaló simplemente: “Con todo respeto, no es falta de capacitación de los diputados…”.

“Hoy fracasó la Sesión de Prueba con sistema remoto en el Congreso. Le están dando muchas vueltas al asunto”, señaló el diputado Omar De Marchi, que reclamó entonces “sesión PRESENCIAL YA de la Cámara de Diputados de la Nación. En Argentina deben oírse todas las voces. Nos están cocinando a fuego lento”.

En cambio, el diputado nacional del Frente de Todos Leonardo Grosso se manifestó de manera positiva: “El sistema funcionó y se pudo sesionar bien, ya no hay excusas”, afirmó. “El Congreso tiene que estar a la altura en esta crisis y para eso tenemos que legislar: darle herramientas al presidente y llevarle soluciones a los sectores que hoy se ven golpeados por la pandemia”, opinó Grosso.

El diputado dijo esperar “sesionar lo más rápido posible porque así lo necesita el país, sin dilaciones ni especulaciones políticas, somos un gobierno que escucha a todos los sectores y la pandemia nos exige más unidad y mucha responsabilidad”.

Impulsan campaña de donación de plasma en recuperados de Covid-19

La iniciativa impulsada por la diputada Graciela Ocaña es para ayudar a los infectados. 7 de cada 10 recuperados han desarrollado anticuerpos, argumenta.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña reclamó que el Gobierno impulse campañas de concientización sobre la importancia de la donación de plasma en pacientes recuperados de Covid-19 y destacó su importancia “teniendo en cuenta que se ha demostrado que 7 de cada 10 personas recuperadas han desarrollado anticuerpos que permanecen en el plasma sanguíneo y que su transfusión en pacientes enfermos ha dado muy buenos resultados en otros países del mundo, con una tasa de recuperación del 80 por ciento”.

En ese sentido la legisladora nacional propuso además que el Ministerio de Salud incorpore al Hospital de Clínicas “José de San Martin”, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, en el Plan Estratégico para Regular el Uso de Plasma de Pacientes Recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos, creado por la Resolución MSAL 783/20, “con el objetivo de que se trabaje de forma articulada y aunando esfuerzos entre las instituciones, para lograr avances científicos en la lucha contra la pandemia de coronavirus en nuestro país”, indicó.

A través de dos proyectos de declaración, Ocaña presentó ambas propuestas y manifestó que “necesitamos trabajar de forma articulada, en equipo, así como en la Ciudad de Buenos Aires también se está presentando un proyecto en este sentido, sumando campañas de concientización haciendo foco en la importancia de la donación de plasma en pacientes recuperados de COVID-19 y que se aumente la cantidad de testeos para identificar a las personas que hayan padecido la enfermedad sin haber tenido síntomas”.

“La clave para asegurar la disponibilidad del plasma convaleciente es conseguir que pacientes que se han recuperado del Covid-19 donen plasma”, sostuvo la diputada y agregó que “esta acción voluntaria y solidaria que pueden hacer las personas recuperadas tendría un impacto inmediato al ayudar a otros que están gravemente enfermos. De hecho, una donación tiene la posibilidad de ayudar hasta cuatro pacientes”.

Asimismo, expresó que “el plasma constituye la materia prima irreemplazable para elaborar medicamentos hemoderivados y puede usarse para elaborar un producto biológico conocido como globulina hiperinmunitaria para tratar a pacientes con el Covid-19″ y añadió que “también creemos que en la medida que el Estado aumente la cantidad de testeos, podremos identificar a las personas que hayan padecido la enfermedad sin haber tenido síntomas, y de esta forma solicitarles que puedan también donar su plasma en los centros habilitados, aumentando el número de potenciales donantes”.

Ocaña advirtió sobre una sospechosa compra récord de mercadería en el PAMI

Pidió dejar sin efecto una contratación directa por valor de más de 280 millones de pesos, de más de 500 mil bolsones alimentarios, operación en la que se presentó un solo oferente.

La diputada nacional Graciela Ocaña denunció ayer que el PAMI contrató en tiempo récord y sin publicidad una compra de mercadería por más de 280 millones de pesos, en el marco del programa Pro Bienestar, y pidió que ese dinero sea entregado de forma directa a cada jubilado en sus haberes previsionales a través del ANSeS.

“Esta situación nos pone en situación de alerta: no queremos que se vuelvan a pagar sobreprecios, tal como denunciamos en abril con la compra de alcohol en gel también a una única empresa ofertante. Se pagó en ese entonces 1081 pesos por litro, cuando el mismo producto se podía conseguir a 180 pesos”, advirtió Ocaña.

La legisladora nacional de Juntos por el Cambio, junto a sus pares Alfredo Cornejo, José María Cano y Rubén Manzi, entre otros, pidieron que se deje sin efecto la Contratación Directa N° 438/20 que realizó el PAMI por un valor de $280.800.000, unos 520 mil bolsones alimentarios previstos, en la que se presentó un solo  oferente: la empresa INC S.A., nombre comercial del supermercado Carrefour.

“Creemos que, en esta licitación, llevada adelante a través de mecanismos especiales, existen algunas sorpresas”, señaló Ocaña y ejemplificó que “cuando comparamos los precios del propio supermercado Carrefour y su mayorista, encontramos valores inferiores. Mientras lo ofertado equivale a un valor de $540 por bolsón, la compra de los productos de precios cuidados, con un descuento aplicado del 20%, es de $499.51”.

Asimismo, la diputada nacional manifestó que “por eso pedimos que se deje sin efecto esta contratación y que se distribuya el dinero de forma directa a los jubilados, para que ellos puedan comprar alimentos de acuerdo a sus necesidades y a mejores precios”.

En ese sentido, agregó que “cuando comparamos con otros comercios (mayoristas y supermercados) también advertimos precios inferiores. Incluso, sin considerar los descuentos especiales a los que acceden los jubilados, en ciertos días o con determinadas tarjetas, que oscilan un 10%”.

En el escrito presentado en la Cámara baja, se subraya además los gastos de logística que se sumarán a la entrega de bolsones que se realizará a través del Correo Argentino en una sede del municipio de Malvinas Argentinas.

“Exigimos al PAMI que cumpla las funciones que le corresponde, que es velar por la salud de los adultos mayores”, coincidieron los diputados y agregaron que “necesitamos que el PAMI se aboque de manera exhaustiva al control de sus prestadoras, y deje de concentrar su energía en clientelismos políticos”.

Ocaña pidió información sobre la situación de los geriátricos frente al coronavirus

Luego del desalojo de un establecimiento en el barrio porteño de Belgrano, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores solicitó informes al Poder Ejecutivo.

Tras la evacuación en un geriátrico en la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron 19 casos de coronavirus, la diputada Graciela Ocaña (Pro) pidió informes sobre este tipo de establecimientos en el país, y alertó por la “especial vulnerabilidad de este grupo etario frente al virus” ya que “ocho de cada diez personas fallecidas en nuestro país son mayores de 70 años”.

La presidenta de la Comisión de Personas Mayores presentó una solicitud a través de la cual busca conocer “cuántas residencias hay en el país, diferenciando por jurisdicción y si se trata de establecimientos públicos o privados, así como también cuáles son las autoridades regulatorias de estas residencias en cada provincia y si hay una autoridad nacional que nuclee su control”.

“Está comprobado de la experiencia internacional de países como Italia y España que el 40 por ciento de las muertes en adultos mayores por coronavirus se originan en geriátricos, por eso pedimos un protocolo especial y controles exhaustivos”, señaló la legisladora.

En ese sentido, agregó: “Ya hemos presentado varios pedidos de informes a las autoridades, al PAMI, quien todavía no respondió al pedido presentado el 13 de marzo, porque este fenómeno también se está produciendo en el país, ya que todos controlan, pero no se sabe quién se hace responsable”.

Ocaña sostuvo que “además de las muertes por Covid-19, se originan problemas en su salud y muchas veces también llega a la muerte por otros motivos. Muchos de estos geriátricos están en manos del Estado por eso queremos conocer su situación”.

Asimismo, pidió que “se realicen controles sobre los agentes gerontológicos, personal médico y de asistencia para evitar contagios masivos y casos como en la ciudad de Saldán, en Córdoba, donde el contagio se produjo a raíz de la visita de un médico portador asintomático; o en el geriátrico “La Nona”, en Moreno, donde vivía una mujer de 82 años que falleció el día 5 de abril y que a causa de ello se detectó que el establecimiento estaba funcionando de forma clandestina y se procedió a la clausura”.

En el escrito, la legisladora de Juntos por el Cambio requirió además que “se informe las medidas de seguimiento a nivel nacional sobre las residencias para mayores, el plan estratégico para evitar posibles contagios y si hubo auditorías de las autoridades nacionales en los establecimientos, entre otros temas”.

Ocaña destacó las medidas sobre adultos mayores en la Ciudad

La diputada del Pro dijo que el gobierno porteño apunta a “cuidar al grupo de riesgo más afectado por la pandemia del coronavirus”.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) aseguró este lunes que las nuevas medidas sobre los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires “buscan ampliar los servicios del programa Mayores Cuidados para ayudar a resolver temas como PAMI, Anses o compras en los mercados de cercanía”.

En declaraciones radiales, la legisladora de Juntos por el Cambio señaló que “el gobierno porteño busca que los adultos mayores llamen antes de realizar algún trámite al 147 para que los voluntarios faciliten la accesibilidad de los pedidos”.

“Nadie va a impedir que los adultos mayores salgan de sus casas, simplemente es un servicio más de la Ciudad para cuidar al grupo de riesgo más afectado por la pandemia del coronavirus”, sostuvo.

Asimismo, Ocaña expresó que “es muy importante disminuir el contacto social lo mayor posible porque está demostrado que es la mejor manera de evitar el contagio, sobre todo en la población mayor que es la más afectada a nivel mundial”.

A partir de este lunes, los mayores de 70 años en la Ciudad deberán comunicarse con la línea 147 antes de salir de sus casas. Aunque no necesitarán un permiso, la habiitación durará 48 horas.

Ocaña pidió informes al Gobierno por la adquisición de reactivos

Entre otras cosas, la diputada quiere saber porqué no se publicó la invitación para cotizar en el sitio oficial “COMPRAR”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó este jueves un pedido de informes para que se conozcan los detalles de la nueva adquisición de reactivos que solicitó el Gobierno para la detección del Covid-19.

“La cantidad de reactivos adquirida por el Ministerio de Salud y la cantidad de tests que se realizaron en el país durante el mes de marzo resulta exigua si la comparamos mundialmente. Muchos expertos en epidemiología coinciden en que la cantidad de testeos es clave para la etapa que vienen en nuestro país”, sostuvo la diputada.

En el escrito presentado, Ocaña solicitó conocer la totalidad de las empresas invitadas a oferta; cuál fue el motivo, razón o conveniencia por el cual se otorgó un plazo de cuatro días para recibir las ofertas de los proveedores bajo la modalidad de envío por domicilio especial electrónico, incluso cuando dos de esos cuatro días eran inhábiles.

Asimismo, la legisladora nacional subrayó porqué motivo no se publicó la invitación para cotizar la compra de los quinientos mil test para la detección del coronavirus en el sitio web oficial “COMPRAR” o en su defecto en el sitio web oficial del Ministerio de Salud.

Al respecto, Ocaña señaló que “utilizando la crisis epidemiológica como justificación, el Poder Ejecutivo ha incrementado en forma desmesurada sus facultades discrecionales en materia de compras y contrataciones, violando elementales principios de transparencia y publicidad que deben gozar los actos administrativos”.

La iniciativa fue acompaña por los diputados Pablo Torello, Carmen Polledo, Jorge Enríquez, Dina Rezinovsky, Claudia Najul, Hernán Berisso, Soher El Sukaria, Rubén Manzi y Leonor María Martínez Villada.

Alertan sobre falta de vacunas contra la gripe

Son las que deben recibir los afiliados al PAMI. Lo advirtió la diputada Graciela Ocaña a través de un pedido de informes.

La diputada nacional Graciela Ocaña pidió este martes conocer la cantidad de vacunas contra la gripe que compró el PAMI y de qué tipo (trivalentes o tetravalentes), y conocer las razones por las que las farmacias y centros de vacunación de todo el país denuncian faltantes de las dosis.

“Nos encontramos en la obligación de realizar este pedido de informes en virtud de recibir permanentemente en nuestra línea telefónica de atención para personas mayores, reclamos de beneficiarios del PAMI que recorren y llaman a todas las farmacias de su zona, sin poder conseguir la vacuna antigripal”, manifestó Ocaña.

Mediante un pedido de informes, acompañado por los diputados Soher El Sekuria, Virginia Cornejo, Leonor María Martínez Villada, Claudia Najul, Julio Sahad, María Luján Rey, Sofia Brambilla, Dina Rezinovsky y Hernán Berisso, entre otros, la legisladora nacional reclamó que se informe qué cantidad de vacunas se le entregó a cada provincia, la proyección que estipula el Instituto para la compra de vacunas y dado el faltante de dosis, si se prevé adquirir nuevas lotes de vacunas.

Asimismo, en el escrito interroga a que en caso de haber sido adquiridas mediante cesión del Ministerio de salud de la Nación, indique si ha sido a título oneroso o gratuito y en caso de ser oneroso se especifique la cantidad recibida y el costo.

En esa línea, pidió también conocer “las razones por las cuales en la Provincia de Córdoba el PAMI suspendió el calendario de vacunación establecido a pesar del riesgo que conlleva un retraso de estas características en la colocación de las vacunas”.

Al respecto, la diputada de Juntos por el Cambio señaló que “la vacuna es una herramienta indispensable para cuidar a nuestros adultos mayores de otras enfermedades y en consecuencia mantener la estabilidad del sistema de salud, ya que la vacuna contra la influenza reduce en índice de hospitalizaciones y evita la circulación viral”.

Impulsan la creación de un registro online de compras del Estado

Luego del escándalo que estalló esta semana por una serie de adquisiciones hechas por Desarrollo Social, los diputados Cornejo y Ocaña impulsaron un proyecto para transparentar esas operaciones.

Los diputados Graciela Ocaña y Alfredo Cornejo presentaron un proyecto de ley que impulsa la creación de un portal online de Información al Ciudadano sobre Compras y Contrataciones de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan acceso a los procesos de compra y contrataciones para el suministro de bienes y servicios por parte del Estado.

“Este proyecto pretende garantizar el buen uso de los dineros fiscales, y tener conocimiento público y sin costo de todas las erogaciones del Estado, privilegiando el acceso universal y gratuito a todos los procesos de compras y contrataciones del sector público”, coincidieron.

En el escrito se establece que “la información deberá estar disponible a través de un acceso web,  y la misma deberá ser completa, oportuna, de acceso simple, gratuito e irrestricto a todo el público en general; debiendo utilizarse terminología clara y sencilla, con el objeto de que la sociedad en su conjunto pueda acceder a ella”.

Asimismo, la iniciativa presentada por los diputados indica que “deberá generarse en el portal un “apartado” o “separata” destacado, al inicio del mismo, donde se visualicen los procedimientos de compras y contrataciones vigentes y finalizados que tengan como objeto especial cuestiones vinculadas de modo directo o indirecto, a la situación de emergencia”.

Ocaña y Cornejo subrayaron que “si bien existe en la actualidad el portal COMPR.AR, está destinado a proveedores y otros actores con una especial versación en el tema, pero reviste cierta complejidad para el acceso y comprensión del transcurrir de los procedimientos de compra, a los ojos de ciudadanos que no conozcan la terminología técnica de la materia; por eso proponemos, que éste sea un portal especialmente dedicado a publicitar los procesos de compras y contrataciones, con un acceso simple y una terminología sencilla y clara”.

Ocaña solicitó informes sobre la compra de alcohol en gel por parte del PAMI

La diputada del Pro presentó un proyecto de resolución junto a un grupo de sus pares de Juntos por el Cambio. La titular del organismo, Luana Volnovich, negó irregularidades.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) presentó este miércoles un proyecto de resolución en el que solicita que se informe sobre la contratación directa para la compra de alcohol en gel, a fin de atender la emergencia provocada por el virus Covid 19, que realizó el PAMI.

Luego de conocerse la operación que realizó el organismo, la legisladora pidió que se explique “la razón por la cual el Instituto ha comprado 1.500 sachets de alcohol en gel de 800 ml. a precios más altos que los de mercado”.

Además, busca que se “explique las razones que justifiquen no haber comprado este producto en envases que contengan mayor cantidad, para luego ser fraccionado por la misma farmacia del Centro de Salud al que fueron destinados, a fin de obtener precios más competitivos”.

“Informe cuál era el stock de alcohol en gel que tenía el Hospital Dr. Cesar Milstein previo a la solicitud de compra del Instituto”, expresa la iniciativa y también reclama conocer “las razones por las cuales la compra no fue efectuada con anterioridad, siendo que desde el mes de enero la Organización Mundial de la Salud alertó sobre las características del Covid 19 y las formas de evitar el contagio, entre las cuales se encuentra el uso de alcohol en gel”.

La diputada macrista solicitó asimismo que se informe “si se evaluó la posibilidad de que este insumo sea producido por los propios efectores del Estado Nacional, que se encuentran autorizados para ello. En caso afirmativo, indique cuál era el costo en dicho caso”.

Ocaña requirió que se acompañe “el informe de la comisión evaluadora, pliego de bases y condiciones generales y particulares, análisis de razonabilidad de precios a través de las áreas competentes, niveles de autorización para realizar la contratación directa, montos autorizados para la contratación directa, listado de proveedores a los que se convocó y cuantos se presentaron”.

Finalmente, preguntó por “el motivo por el cual no se realizó una compra consolidada para todos los efectores sanitarios pertenecientes al Instituto”.

El pedido fue acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Luis Petri, Luis Pastori, Fernando Iglesias, María Lujan Rey, Álvaro de La Madrid, Soher El Sukaria, Ingrid Jetter, Gisela Scaglia, Alberto Assef, Roxana Reyes, Mario Arce, Virginia Cornejo, Pablo Torello y Hernán Berisso.

A través de Twitter, la titular del PAMI, Luana Volnovich negó sobreprecios y -en un hilo de tuits- aseguró que “PAMI abrió un proceso de compra urgente en el marco de la emergencia sanitaria, en el que de las 14 empresas habilitadas sólo se presentó una. El proceso se aprobó porque el precio ofrecido es el del mercado: en el exterior este producto cuesta 20 dólares”.

Advierten sobre “incompetencia o retornos” en el sobreprecio por alimentos

El duro diagnóstico de la diputada Graciela Ocaña por el pago de 270 millones de pesos de más en concepto de alimentos.

La diputada nacional Graciela Ocaña advirtió que el Gobierno pagó 270 millones de pesos por demás en la compra de bienes para atender la emergencia provocada por la pandemia del Coronavirus.

En ese sentido, Ocaña advirtió que “ya sea por incompetencia o por los retornos que podrían explicar estos absurdos procesos de compra, el Gobierno actual demuestra tener un manejo dudoso de los procesos administrativos y más preocupante es que esto pase en medio de una pandemia global dejando en ridículo al presidente Fernández”.

La legisladora nacional señaló que “el Gobierno por un lado establece una política de control de precios en los mercados de cercanía, mientras que por el otro, tiene un ministro de Desarrollo Social que compra productos básicos destinados a comedores y merenderos pagando sobreprecios”.

A través de un pedido de informes al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, Ocaña dijo que “el Estado abonó más de 270 millones de pesos que podría haberse ahorrado, en un contexto en el que ese dinero resulta vital para adquirir otros insumos críticos que precisa el sistema sanitario, como es el caso, por ejemplo, de los reactivos”.

“Si sumamos el total de las 7 licitaciones, llegamos a la suma de $737.548.400. Si el ministro Arroyo hubiese exigido a los proveedores que le ofertaran precios enmarcados dentro del acuerdo de Precios Cuidados, se hubiera ahorrado un total de $276.338.400”, indicó en la presentación.

La diputada alertó que “el propio Estado aconseja a la ciudadanía que denuncie el abuso de precios, pero cuando debe realizar compras con el dinero de todos los argentinos permite estos abusos” y agregó que “resulta extraño que el mismo Estado compre a valores significativamente más altos, teniendo una capacidad de compra mayor que cualquier ciudadano”.

Al respecto, apuntó que “esta situación nos hace concluir que si el propio Estado no puede hacer valer sus precios máximos, los ciudadanos comunes están en una situación de completa indefensión y vulnerabilidad”.

En el escrito, la legisladora nacional de Juntos por el Cambio indica que entre las empresas que resultaron adjudicatarias, se encuentran casos llamativos de contratación como es el caso “de la empresa Forain S.A., ya que la misma figura inscripta en la categoría de ‘Actividades de servicios administrativos y de apoyo’ teniendo como actividad principal el ‘Servicio de limpieza general de edificios”.

Ocaña agregó también que “llama la atención cómo esta empresa pueda ser proveedora del Estado en esta crisis sanitaria y social, porque nada tiene que ver su actividad con la solicitada en los procesos de compra por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

Asimismo, sostuvo en la presentación que “hemos verificado que la empresa Sol Ganadera S.R.L., registra impagos sus aportes patronales como empleador. Resulta incomprensible que una entidad que incumple con sus obligaciones con el propio Estado pueda ser favorecida en este caso”.

Además expresó que “hemos verificado que los precios que se pagaron están hasta un 37 por ciento por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría”.

En tanto, añadió a modo de ejemplo que “el kilo de azúcar marca “La muñeca” se ha comprado a 75 pesos cuando el precio máximo fijado es de 56 pesos de la marca “Chango” o “Domino”, existiendo en el mercado precios aún más bajos que el precio máximo como el azúcar marca “Dominó” a 50 pesos”.

“Solo uno de cada tres jubilados usa la tarjeta de débito”

Para Graciela Ocaña, los problemas en los bancos registrados el viernes son responsabilidad de “funcionarios de escritorio”.

La diputada nacional Graciela Ocaña advirtió este sábado que los problemas para cobrar que atravesaron el viernes los adultos mayores se deben a “funcionarios de escritorio que no saben coordinar, pero solo basta escuchar a la gente”, y agregó que las largas filas en las entidades bancarias y el rompimiento de la cuarentena “va a traer consecuencias muy graves para salud de la población que más debe cuidarse de la pandemia”.

“Esto se sabía que podía pasar porque solo uno de cada tres jubilados usa la tarjeta de débito”, señaló en declaraciones a radio Mitre, e insistió en que “los bancos sean declarados actividades esenciales, como sucede en España, porque ayer fue un paso atrás en la cuarentena que ya lleva 15 días”.

Consultada sobre el maltrato que recibieron las personas mayores en la espera para cobrar sus haberes, la legisladora nacional indicó que “ya se los ha castigado con la llamada ley de Solidaridad que considera que un jubilado que gana 20 mil pesos es un hombre rico y se le suspendió la actualización en sus ingresos que lo favorecía contra la inflación”.

“Alguien tiene que hacerse responsable de lo que pasó”, aseguró Ocaña y apuntó contra las autoridades del Banco Central por la deficiente organización. Asimismo, abogó para que “las sucursales continúen entregando las tarjetas de débito y los jubilados puedan compran con los plásticos en los comercios”.

Coronavirus: más de 500 adultos mayores se comunicaron con la diputada Ocaña por consultas previsionales

La legisladora del Pro advirtió que “hay más de un millón de jubilados que no tiene tarjetas de débito para percibir sus haberes”, entre otros temas derivados de la cuarentena.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) recibió más de 500 consultas de adultos mayores en la última semana sobre inconvenientes para cobrar sus haberes, prestaciones de PAMI, medidas de prevención contra el Covid-19 y hábitos saludables durante la cuarentena.

A través de la línea 11 3092 2799, mensajes en sus redes sociales en Facebook e Instagram y correos electrónicos, Ocaña y los diputados porteños Sol Méndez y Gastón Blanchetiere atendieron más de medio millar de inquietudes y realizan un seguimiento constante de los casos con los distintos organismos y entidades.

Al respecto, la legisladora nacional de Juntos por Cambio señaló que “hay más de un millón de jubilados que no tiene tarjetas de débito para percibir sus haberes, necesitan de manera urgente que se resuelva el cobro de manera fácil y rápida, por eso estamos en contacto con bancos y entidades para agilizar las acciones”.

En ese sentido, Ocaña solicitó que a la ANSES “prorrogue el período para el cobro de jubilaciones y pensiones evitando que los bancos devuelvan las recursos”, y pidió además que “los entidades financieras atiendan durante la cuarentena, como se está realizando en España”.

Asimismo, reclamó que “los médicos de cabecera registren su firma electrónica para que los beneficiarios de PAMI puedan tener receta digital” y añadió que “es urgente e importante que el presidente tome estas medidas para cuidar de los adultos mayores que nos necesitan más que nunca”.

Ocaña pidió que se prorrogue el pago de las jubilaciones en los bancos

La diputada del Pro advirtió sobre la situación de los jubilados que no poseen tarjeta de débito habilitada para cobrar en los cajeros.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) pidió este viernes que se prorrogue el pago de las jubilaciones en las entidades bancarias, ya que la mayoría “enfrenta dificultades para poder cobrar sus jubilaciones y/o pensiones, dado que muchos de ellos no cuentan con una tarjeta de débito habilitada para cobrar a través del cajero automático”, dijo.

A través de un proyecto de ley, Ocaña señaló que “debe establecerse que los haberes jubilatorios que no hayan sido cobrados por los beneficiarios en la fecha establecida serán retenidos por las entidades financieras y no devueltos a la ANSES”.

Asimismo, indicó que “esta medida debe cumplirse por 30 días desde el cese del estado de emergencia, según lo establece el decreto” y agregó que “la situación de emergencia nacional que atravesamos por el Covid-19 hace que debamos reordenar diversas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de las personas, más aún teniendo en cuenta el especial grado de vulnerabilidad de las personas mayores, quienes son grupo de riesgo en relación a esta nueva enfermedad”.

Finalmente, la legisladora nacional sostuvo que “hemos tomado conocimiento de esta situación, tras haber recibido numerosos reclamos al respecto, a través del canal de comunicación que he habilitado para conversar con las personas mayores a través de la Línea 11 3092 2799, en la cual recibimos consultas junto a mi equipo todos los días de 17 a 20”.

Piden citar a la titular del PAMI por los despidos

Legisladores de Juntos por el Cambio quieren que Luana Volnovich informe en la Cámara baja sobre la situación planteada en ese organismo en medio de la pandemia.

La diputada nacional Graciela Ocaña pidió que se convoque en forma inmediata a la titular de PAMI, Luana Volnovich, para que explique las razones del reciente despido masivo de centenares de trabajadores del organismo, a través de un proyecto de resolución.

El escrito fue acompañado por los diputados de Juntos por el Cambio  Cristian Ritondo, Carmen Polledo, Omar De Marchi, Álvaro González, Waldo Wolff, Aída Ayala, Roxana Reyes, Estela Regidor, Mónica Frade, Álvaro De Lamadrid, José Luis Ricardo, Alicia Fregonese, Gisela Scaglia, Martín Medina, Hernán Berisso y Soher El Sukaria, entre otros.

La legisladora nacional expresó su preocupación ya que “según ha trascendido se trata, en principio de 100 personas, pero habría una lista que se agrega de otras 600 más” y agregó que “las razones que motivan estos despidos son ideológicas y tienen que ver con su inclinación política”.

Asimismo, Ocaña pidió que se detallen los motivos del acto administrativo por el cual se despidió a más de 100 empleados en medio de la emergencia nacional por la pandemia de Coronavirus, así como también se especifique la antigüedad  y función de cada agente desvinculado y el monto total de las indemnizaciones que deberán percibir los empleados afectados.

En tanto, también reclamó que se informe la composición de la planta de empleados que integra el PAMI y se detalle la cantidad de empleados que han sido incorporados desde el mes de diciembre a la actualidad y los trabajadores afectados a la atención al público en casa Agencia y UGL de todo el país.

Ocaña impulsa campaña para comunicarse con adultos mayores durante la cuarentena

Recomienda una rutina de contacto de parte de los familiares de aquellas personas que se encuentran aisladas en esta emergencia.

La diputada nacional Graciela Ocaña impulsa una iniciativa para que familiares y amigos se comuniquen con los adultos mayores aislados y puedan contenerlos durante la cuarentena por el coronavirus.

A través de las redes sociales, Ocaña y su partido Confianza Pública recomiendan que los familiares de adultos mayores que se encuentran aislados realicen una rutina de contacto transmitiendo ideas positivas, hábitos saludables y de cuidado personal.

Al respecto, la legisladora nacional expresó que “es importante que los adultos mayores sepan que no están solos y que podemos asistirlos a través de videollamadas, mensajes y fotos para que puedan sobrellevar esta cuarentena de la mejor manera posible, teniendo en cuenta los horarios de los medicamentos y alimentación saludable”.

Asimismo, abogó por “extremar las medidas de prevención, es fundamental que cada uno permanezca en su hogar en esta cuarentena preventiva y obligatoria” y sumó su agradecimiento “a todos los profesionales de la salud por su entrega y dedicación en estas horas tan difíciles para todos los argentinos”.

Piden exceptuar de impuestos la compra de respiradores y monitores médicos

Ante la emergencia por el coronavirus, lo planteó la diputada Graciela Ocaña en el que incluye una batería de medidas que incluye transformar hoteles en hospitales de campaña.

La diputada nacional Graciela Ocaña pidió este miércoles al Gobierno que se exceptúen los gravámenes para la adquisición de equipos médicos e insumos esenciales tales como respiradores o monitores de signos vitales y agilizar los trámites de ANMAT para el ingreso de equipamiento esencial para el manejo de la pandemia.

Asimismo, pidió que el Ministerio de Salud cree un registro online de respiradores, en el cual conste su estado de mantenimiento y que se habilite en todos los distritos del país a las instituciones hoteleras como hospitales de campaña.

Mediante un proyecto de resolución, Ocaña presentó estas iniciativas y señaló que “según la OMS y la OPS los adultos mayores y quienes padecen afecciones preexistentes, como hipertensión, enfermedades cardíacas o diabetes, son quienes desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia”.

En ese sentido, añadió que “dada esta particularidad, es necesario contar con la mayor cantidad de respiradores para atender a este grupo de riesgo y poder afrontar esta pandemia, siendo indispensable la reducción de los costos de la compra, la agilización de las aprobaciones por parte de la ANMAT para la inserción de los mismos en el mercado y el registro online de aquellos respiradores que se encuentran en condiciones y disponibles”.

La legisladora nacional dijo además que “teniendo en consideración el operativo para repatriar a los argentinos en el resto del mundo, debemos estar preparados para su contención. Es por ello que solicitamos la disponibilidad de las instituciones hoteleras de todo el país para utilizarlas como hospitales de campaña, ante una eventualidad de mayores contagios para descomprimir el sistema de salud”.

Elevan pedido de informes por la suspensión del programa federal “Incluir Salud”

La legisladora de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña reclamó “conocer las razones por las que no se están pagando a los Centros Privados que brindan la cobertura de diálisis”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña advirtió al Poder Ejecutivo sobre la situación de los pacientes que deben someterse a diálisis y realizó un pedido de informes acerca del Programa Federal Incluir Salud.

En el escrito, la legisladora reclama “conocer las razones por las que no se están pagando a los Centros Privados que brindan la cobertura de diálisis”, el monto de la deuda contraída, cómo se garantizará la prestación a los pacientes del programa Incluir Salud en la provincia de Buenos Aires, y si existen nuevos convenios estipulados para este año.

Cabe señalar que la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD), la cual nuclea a 100 establecimientos privados, informó un corte total de servicios de sus prestadores a partir del 1 de marzo del corriente.

La ARD, que brinda diariamente atención a más de 850 pacientes de Incluir Salud en la provincia de Buenos Aires con Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT), indicó que “la deuda ha aumentado exponencialmente en el último tiempo, tornándose imposible el cumplimiento de las prestaciones”.

Ocaña advirtió que “el tratamiento de diálisis es vital para cualquier paciente que sufre IRCT, privar a estas personas de dichos tratamientos significa condenarlas a daños graves en su salud de carácter irreversible o a la muerte” y agregó que “es primordial que el Estado nacional y provincial arbitren los mecanismos necesarios para continuar con la cobertura de las prestaciones que son indispensables para miles de personas, garantizando el acceso al derecho a la salud y a la vida”.

En provincia de Buenos Aires, el Decreto provincial N° 234/17, dispuso que el Programa dependiera operativamente de la Obra Social IOMA, la cual actualmente no está cubriendo los servicios básicos de salud de sus afiliados, lo que provoca la interrupción de los tratamientos con consecuencias graves sobre los pacientes.

El pedido de informes fue acompañado por las diputadas Silvia Lospennato, María Luján Rey, Karina Banfi y Josefina Mendoza y por los diputados Héctor Flores, Ezequiel Langan, Waldo Wolff y Luis Juez.

Ocaña: el recorte a las jubilaciones judiciales “puede poner en crisis a la Justicia”

Para la diputada de JxC, el Gobierno busca “detonar a la Justicia” provocando un gran número de vacantes en el Poder Judicial.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña advirtió este jueves que el recorte a las jubilaciones judiciales “puede poner en crisis el servicio de la Justicia” y agregó que “esto afecta al 50 por ciento de las vacantes en fiscalías y tribunales”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Ocaña señaló además que con esta iniciativa “el Gobierno quiere detonar a la Justicia” y añadió que “con este avasallamiento, el Gobierno quiere conseguir impunidad para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y funcionarios”.

En ese sentido, sostuvo también que “este atropello tiene el claro objetivo de ir por la Justicia y la reforma judicial que prometió Alberto Fernández cuando llegó al poder. El oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios”.

La legisladora nacional dijo que este proyecto “cambiaría el sistema de subrogancia y elimina el estado judicial para que jueces jubilados puedan ser llamados a cubrir vacantes”.

Exigen dejar sin efectos decretos contra la Ciudad

Graciela Ocaña pidió que se revisen todas las transferencias que realizó la AABE desde 2012.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña exigió al Gobierno Nacional que se revisen todas las transferencias realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) “desde el día de su creación (Decreto 1382/12, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner), e incluso no solamente aquellas que se hubieran realizado en favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en favor de otras jurisdicciones”.

A través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados, Ocaña reclamó además dejar sin efecto los decretos 145 y 149 publicados el lunes en el Boletín Oficial, ya que “afectan la seguridad jurídica y la estabilidad económica de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y agregó que constituyen “una acción de amedrentamiento dirigido contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deben ser analizados en conjunto con otra serie de medidas y manifestaciones expresadas desde el Poder Ejecutivo Nacional en contra los intereses de los vecinos de la Ciudad”.

En ese sentido, la legisladora nacional indicó que “esta conducta busca perjudicar los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta los derechos de sus vecinos y ciudadanos y desconoce el estatus jurídico de la Ciudad asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2019, al declarar que tiene la misma posición que las provincias en el sistema normativo”.

“No resulta casualidad que en momentos que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra encarando una política de ajuste y atravesando una crisis en materia fiscal, a la vista de todos, se elijan estos mecanismos para castigar a aquellas jurisdicciones que no presentan el mismo color político y que han demostrado una eficiente gestión de sus recursos, tal como es el caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo.

Ocaña dijo también que “estos decretos publicados son un ejemplo de la conducta persecutoria en términos políticos de la que es víctima la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su gobierno y sus ciudadanos, sin mayores fundamentos que los caprichos del Poder Ejecutivo Nacional, que adopta actitudes y acciones intimidatorias hacia las jurisdicciones provinciales y mediante las cuales afecta sus recursos presupuestarios y los priva de mecanismos legítimos de financiación de obras”.

Asimismo, la diputada nacional destacó que “la transferencia de bienes ha mejorado la calidad de vida de las personas que transitan la Ciudad de Buenos Aires, ya que ha permitido la realización de obras que benefician a los vecinos de la Ciudad y a los ciudadanos que viajan todos los días desde la Provincia de Buenos Aires”.

Ocaña criticó a Cristina Kirchner por sus dichos sobre los italianos

La diputada del Pro se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta sobre la familia de Macri.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus dichos sobre los italianos, al considerar que “debería aprender de todos los inmigrantes que la fortuna solo se consigue con trabajo honesto, nunca con el robo del patrimonio público ni negocios espurios conseguidos con proveedores del Estado que dependían de ella como testaferros”.

La legisladora salió al cruce de la exmandataria, quien durante la presentación de su libro en Cuba insistió con la teoría del “lawfare” y lo asoció al “componente mafioso de los ancestros de quien fuera presidente”, en referencia al origen italiano de la familia de Mauricio Macri.

“Está claro que quién involucró en maniobras a sus hijos fue la mafia que dirigió ella”, señaló Ocaña y continuó: “Máximo (Kirchner) pretende heredar una fortuna ilegal e ilegítima producto de la corrupción como surge en la declaración de la causa cuadernos”.

Por último, Ocaña dijo: “Mi abuelo piamontés, orgulloso de su origen, honesto y trabajador, me enseñó que lo más importante en la vida era mirar al otro a los ojos, tener orgullo de cumplir con la ley. Fue uno de los millones de inmigrantes que con su trabajo hicieron grande al país”.