El gobierno británico firmó este viernes la extradición del creador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde está acusado por haber difundido documentos confidenciales, razón por la cual podría esperarle una pena de hasta 175 años de prisión.

Los defensores del periodista anunciaron que apelarán esta decisión que marca “un día negro para la libertad de prensa”, afirman.

Ante ello se expresó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien tuiteó este sábado que “la decisión de habilitar la extradición de Julian Assange no solo pone en peligro su vida sino que además marca un precedente alarmante para todos los y las periodistas del mundo que investigan y buscan la verdad: disciplinamiento periodístico para todos y todas”.

No es la primera vez que la exmandataria se pronuncia sobre la situación de Assange. En 2019, antes de ser electa vicepresidenta y luego de que éste fuera detenido en la embajada de Ecuador en Londres donde se encontraba, Cristina se pronunció diciendo: “En el mundo al revés, las noticias falsas circulan libremente y aquellos que revelan la verdad son perseguidos y encarcelados. El derecho ala información de los ciudadanos y ciudadanas, bien gracias”.

De acuerdo con la acusación formal que pesa sobre Assange, en marzo de 2010 habría conspirado con Chelsea Manning, un exanalista de inteligencia del Ejército norteamericano, para ayudarla  a descifrar una contraseña almacenada en las computadoras del Departamento de Defensa conectadas a la llamada SIPRNet, una red de EE.UU. utilizada para documentos clasificados.

El portal WikiLeaks calificó de “día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica” la decisión de Reino Unido.

El senador nacional y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular – San Luis) presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, brinde información sobre el pacto que firmó el exvicecanciller de Mauricio Macri, Carlos Foradori, con Gran Bretaña denominado “Foradori – Duncan” en el 2016.

La presentación de la iniciativa se dio luego de que el exfuncionario británico Alan Duncan, afirmara en la publicación de un libro que el exvicecanciller estaba ebrio al firmar acuerdo: “Estaba tan borracho cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente no podía recordar los detalles del documento”, hecho que es resaltado en los argumentos de la iniciativa.

Por ese motivo, el legislador puntano solicita que se informe:

• Si se encuentra vigente el denominado pacto “Foradori -Duncan” del año 2016.
• Si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto evalúa la nulidad del mencionado acuerdo atento a la gravedad de los hechos relatados.
• Si el exvicecanciller Carlos Foradori se encuentra cumpliendo funciones en la actualidad en algún organismo del Poder Ejecutivo Nacional.
• Habiendo tenido conocimiento de un hecho de extrema gravedad para la política exterior argentina, para la reafirmación de la soberanía nacional y la irrenunciable defensa de la causa Malvinas, informe si ese ministerio ha iniciado o iniciará acciones tendientes a la investigación sobre la actuación del gobierno que representaba el funcionario nombrado en este hecho.

“Sin lugar a dudas lo que establece este acuerdo es la legalización de lo que ya viene ocurriendo de hecho, la extracción de los recursos naturales de la isla en beneficio del Reino Unido. Estamos ante un pacto de entrega de la soberanía y saque de nuestros recursos naturales. Estamos frente a un hecho que deslegitima todo el trabajo por la reafirmación y la defensa de la cuestión Malvinas; eje central de las políticas de Estado que nuestro país a través de los años y los distintos gobiernos”, fundamenta en el proyecto.