La sesión en la que el oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares tuvo prolegómonos de tensión. Horas antes del inicio del debate, un grupo de activistas de Greenpeace irrumpió en la escalinata del Congreso y, tras saltar una de las rejas perimetrales, llevó adelante una intervención simbólica para advertir sobre lo que consideran un retroceso ambiental.

La acción terminó con 12 manifestantes detenidos —nueve de ellos mujeres— y con el arresto de un camarógrafo que estaba registrando el operativo policial.

Los activistas se presentaron vestidos como legisladores y se sentaron sobre inodoros donde habían escrito “Ley de Glaciares”. Luego extendieron un cartel dirigido a los senadores con la leyenda “no se caguen en el agua”, con el que buscaban denunciar que la reforma impulsada por el Gobierno pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país. La intervención, que fue definida por la organización como “directa, pacífica y simbólica”, duró apenas unos minutos antes de que efectivos de la Policía Federal ingresaran al espacio y procedieran a las detenciones.

En medio del forcejeo, los uniformados arrojaron gas pimienta contra Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, quien terminó en el piso y esposado. Testigos captaron imágenes del momento en que los agentes lo empujan. La cronista del mismo canal también resultó afectada por el aerosol irritante.

Desde Greenpeace calificaron el operativo como “preocupante desde el punto de vista democrático”, al considerar que se trataba de una protesta pacífica en el contexto de una discusión legislativa sobre el acceso al agua. “Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o habilitan intervenciones en zonas que la ley vigente resguarda. La reforma es regresiva e inconstitucional”, sostuvo Diego Salas, director de Programas de la ONG, quien advirtió que millones de personas dependen de los ecosistemas que actualmente están bajo protección.

La controversia se centra en la redefinición de los espacios periglaciares. La norma vigente desde 2010 prohíbe actividades industriales, incluida la minería, tanto en glaciares como en su ambiente periglaciar, dado su rol en la regulación hídrica. El proyecto del oficialismo introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable”, lo que, según organizaciones ambientalistas, dejaría grandes áreas sin protección. También plantea que sean las provincias las que determinen qué zonas deben ser consideradas reservas de agua, amparándose en el artículo 124 de la Constitución, que reconoce su dominio sobre los recursos naturales.

El Gobierno argumenta que la reforma permitirá destrabar inversiones, sobre todo en proyectos mineros de cobre, y que el inventario de glaciares seguirá bajo la órbita del Ianigla. Sin embargo, ONG ambientalistas y parte de la comunidad científica afirman que los cambios vaciarían de contenido una ley considerada ejemplar a nivel internacional y generarían un escenario de inestabilidad jurídica.

Con el Senado listo para discutir la iniciativa y el oficialismo dependiendo de un puñado de votos del peronismo cordillerano, la jornada comenzó con un clima de fuerte tensión política y social. La detención de los activistas —y del camarógrafo que cubría la protesta— agregó un capítulo inesperado a un debate que promete extenderse más allá del recinto.

Recientemente hemos visto una campaña que Greenpeace junto con enviados de Infobae realizaron en el Atlántico Sudoccidental mostrando como hay buques que depredan, pero terminaron metiéndose en la política interna de la Argentina reclamando el dictado de la ley de Área Marítima Protegida (AMP) a la zona conocida como agujero azul. 

Una zona delimitada más allá de las 200 millas de la zona económica exclusiva pero dentro de las 350 millas soberanas nacionales, en alta mar y en donde nuestro país hoy carece de logística para ejercer el control de un área marítima protegida, máxime teniendo en cuenta que en esas áreas nada se puede hacer, ni siquiera el ejercicio turístico o educativo.  Son zonas que por ley quedan absolutamente vedadas a la actividad del ser humano. 

Esta actitud de Greenpeace de injerencia en la política nacional escudada en la defensa de la biodiversidad marina, implica que solamente la Argentina sería la perjudicada con la creación del AMP ya que tenemos soberanía sobre la plataforma, suelo, lecho marino y de todas las especies sedentarias, mientras que sobre el resto de los recursos naturales no tenemos posibilidad de impedir que los terceros países piratas sigan depredando.  ¿En consecuencia, a quien le sirve el AMP? Solo a quienes depredan, en este caso entre otros al Reino Unido e Irlanda del Norte quienes podrán seguir su depredación dentro de una pecera. 

Ahora bien, vemos que esta ONG, una de las más grandes del mundo, actúa en forma radical generando sospechas de sus verdaderos intereses por cuanto sus acciones solo benefician a las potencias desarrolladas quienes rechazan el desarrollo económico de los países pobres en cuanto a sus recursos económicos bajo argumentos de cambio climático, depredación de fauna, etc. 

Patrick Moore uno de los fundadores de Greenpeace a principio de los 80 descubrió en una conferencia sobre medio ambiente que la ONU celebró en Nairobi, el concepto de “desarrollo sostenible”. Fue cuando constató las dos posturas que existían dentro de los activistas: los de los países desarrollados que se oponían por principio al desarrollo económico, mientras que los de países pobres eran favorables. “Era complicado rebatir sus argumentos”, decía refiriéndose a estos últimos. Y añadía: “una persona bien alimentada tiene muchas preocupaciones, una persona hambrienta solo tiene una”. 

A partir de esta conferencia Moore se dio cuenta de que el verdadero reto era buscar el modo de hacer que los valores ecológicos que habían ayudado a crear sirvieran para hacer mejor la vida de la gente, y esto tenía que ser realizado de manera que no perjudicara al desarrollo económico: “era claramente una cuestión de equilibrio, de difícil equilibrio; no de adherirse dogmáticamente a un principio”. 

En otras palabras, su nueva misión requería ser moderado y constructivo, dos notas que nunca habían caracterizado la idiosincrasia de Greenpeace: “No habíamos tenido problema con la confrontación -habíamos hecho un arte de ella-, pero no éramos buenos cooperando ni consiguiendo compromisos”, afirmaba Moore. 

Greenpeace si fuera auténtica apoyaría el desarrollo sostenible de los pueblos y actuaría firmemente en la lucha por el desarme y en particular por el uso de la energía nuclear bélica.  Un área como las Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur que están militarizadas con base de la OTAN y armamento militar nuclear británico no es objetivo de esta ONG, pero sí la presión para establecer una AMP en una extensión marítima que responde a intereses nacionales para dejarlo en manos piratas. 

Tengamos cuidado con los zorros disfrazados con piel de cordero.  Tomemos conciencia que los recursos naturales son desarrollo económico, trabajo, educación, alimentos y porvenir.  Solo debemos tener en cuenta que el desarrollo debe ser sustentable, esto es, que el medio ambiente y la biodiversidad sea protegida. Cuidar la naturaleza, la Tierra, porque es nuestra casa, más jamás debemos hacer como la parábola del mal administrador de talentos que guardó el talento recibido para cuando el Señor regrese a solicitarle la devolución.  Los bienes naturales están puestos para el uso y disfrute de todos los seres humanos, solo tenemos que usarlos con racionalidad y cuidado para el bienestar de nuestros pueblos. 

Defender la vida y la naturaleza es correcto, no explotarla para que el ser humano sufra y desaparezca es deplorable y detestable. 

El cambio esta en el mar.