En una nueva fecha patria, el grupo que entre otros referentes tiene a la diputada Fernanda Vallejos abogó por un proyecto de país con “un modelo de capitalismo nacional de salarios altos y trabajo digno”.
Con una fuerte defensa del trabajo, el salario y la producción nacional, el Grupo 25 de Mayo presentó este 9 de Julio su tercera proclama. Allí se pronunció por un “desarrollo autónomo”, con incremento en la capacidad adquisitiva de las mayorías populares, el consumo y la demanda, como base para la reactivación económica y la creación de trabajo. El texto marca un claro contrapunto con “las grandes asociaciones empresarias y rurales”.
El documento está encabezado por el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos; el exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, y el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas.
En ocasión de conmemorarse los 205 años del Día de la Independencia, el Grupo 25 de Mayo se expresó a favor de “la consolidación y ampliación de los derechos laborales y sociales conquistados, promoviendo la efectiva y plena vigencia del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional; el crecimiento de los salarios e ingresos por encima de la inflación; el desacople de los precios internacionales y domésticos y el control de prácticas monopólicas y oligopólicas; la creación de trabajo y el robustecimiento del mercado interno, y el fomento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales”.
La proclama calificó como “ineludible” el debate al respecto de cómo salir de la actual crisis en “una Argentina devastada por los cuatro años de neoliberalismo macrista y los efectos de la pandemia”, el cual sostuvieron “debe darse con valentía, madurez, compromiso y seriedad”, al tiempo que destacaron once “desafíos prioritarios”, a modo de lineamientos de política económica.
“Estas reflexiones sobre la política económica y su dinámica, exhiben la insoslayable necesidad de una inmediata y sustantiva distribución del ingreso y la riqueza, que no sólo es un imperativo de justicia social, sino una condición necesaria del desarrollo económico autónomo”, se lee en el documento de 5 páginas.
Así lo expresaron más de 3 mil referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas que suscribieron la Proclama del 9 de Julio, bajo el lema “Independencia económica es más justicia social, trabajo digno, salarios justos y producción nacional”.
El documento fue dado a conocer en el mismo momento en que sectores de la dirigencia agropecuaria se manifestaban en San Nicolás, a los que el Grupo 25 de Mayo definió como “quienes se benefician por rentas diferenciales ante mayores precios internacionales para aumentar, sin justificación de mayores costos, sus precios locales, como resulta tan evidente en el brutal encarecimiento de los alimentos en nuestra mesa”.
Vallejos fue la primera en hacer pública la proclama, con un posteo en sus redes sociales, donde escribió que “con miles de argentinos y argentinas firmamos la Proclama del 9 de julio, por un país con justicia social, trabajo digno, salarios justos y producción nacional, porque para eso queremos la Independencia Económica”. Minutos después, la siguieron otros dirigentes firmantes de la proclama.
El Grupo 25 de Mayo hace un llamado al protagonismo ciudadano “ante la emergencia”, para salir de la crisis.
La proclama señala que “el empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras -activos y pasivos, formales e informales, ocupados y desocupados-, de las amplias mayorías ciudadanas, y la alianza estratégica con los empresarios con conciencia nacional, resulta políticamente imprescindible” para alcanzar los objetivos de construir un capitalismo nacional. Esto fue refrendado no sólo por un número significativo de sindicalistas, sino por empresarios como, además de Moretti y Salas, Raúl Hutin (directivo de la Fundación ProTejer), Pedro Peretti (productor rural y dirigente de Grito de Alcorta), Francisco Dos Reis (presidente del CEEN), Leo Bilansky (presidente de ENAC y cercano al Instituto Patria), Luis Duarte (directivo de AIERA), entre otros.
Junto con Moyano y Yasky, del gremialismo suscribieron Sonia Alesso, Roberto Baradel, Héctor Amichetti, Pablo Micheli, Daniel Catalano, Walter Correa, Hugo “Cachorro” Godoy, Pedro Wasiejko, Ricardo Peidro, Norberto Di Próspero, Beto Pianelli, Yamile Socolovsky, Raúl Durdos y Daniel Ricci, Daniel Yofra, entre varios otros, además de referentes de organizaciones sociales, como el diputado Juan Carlos Alderete o la organización campesina MOCASE, con varios de sus dirigentes.
La nutrida presencia de gremios y sindicalistas, estuvo en línea con las declaraciones de esta semana de Hugo Moyano, quien sostuvo: “de Cristina critiqué las formas pero no las ideas”, afirmando la pertenencia ideológica al espacio político que lidera la vicepresidenta de la Nación.
El acompañamiento de dirigentes PyMEs lo explicó la ex ministra de Economía Felisa Miceli durante una reunión de trabajo del Grupo 25 de Mayo donde se discutió el contenido del documento: “muchos empresarios nacionales han empezado a entender que pagar altos salarios no es un costo sino algo que les vuelve a ellos en forma de mayor demanda y mayores ventas”.
La proclama tuvo una mención especial para los jóvenes, sosteniendo que se deben “promover las condiciones y oportunidades para la plena incorporación de las y los jóvenes al mercado de trabajo”. También les dio categoría de sujeto político a “los estudiantes” al resaltarlos entre los grupos sociales que estaban llamados a protagonizar el despegue de la Argentina.
Otra mención fue para las mujeres, al señalar entre los objetivos de la política “eliminar las brechas laborales y salariales entre varones y mujeres”. Lo que conquistó la firma de muchas feministas, como las actrices Cecilia Roth y Luisa Kuliok.
Además, suscribieron referentes religiosos, como los curas en la Opción Preferencial por los Pobres Francisco Paco Olveira y Eduardo de la Serna y el pastor evangélico Guillermo Prein, así como el referente del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum.
También sumaron su firma el juez Andrés Gallardo (presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana), el secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, los jueces Juan Ramos Padilla y Alejandro Aníbal Segura; el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, la comisionada nacional para la Prevención de la Tortura, Diana Conti; el director de Nucleoeléctrica Argentina, Gabriel Barceló y un número importante de legisladores nacionales, como la senadora por Tucumán Beatriz Mirkin y los diputados Héctor “Gallego” Fernández, Claudia Ormachea, Marcelo Koenig, Graciela Landriscini, Pablo Carro, Blanca Osuna, Estela Hernández, Mabel Caparrós, María Luisa Montoto y Alcira Figueroa; diputados provinciales como Verónica Mercado, Cecilia Guerrero, Carmen Nebreda, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires José Cruz Campagnoli y su par Lorena Pokoik y las parlamentarias del Parlasur Julia Argentina Perié y Elena Corregido.
El texto asigna una valoración importante al “rol central” del Estado “interviniendo, regulando, supervisando, orientando, planificando, generando incentivos y oportunidades”. En otro apartado del documento se afirma que “es relevante la reconstrucción de la capacidad empresaria del Estado en áreas estratégicas”, en consonancia con la decisión del presidente Alberto Fernández de recuperar el control estatal de la hidrovía, tal como lo había planteado el Grupo 25 de Mayo en su anterior proclama del 20 de Junio.
En este mismo sentido, los firmantes cuestionan la lógica liberal que “postula que el ámbito productivo debe ser reservado a la iniciativa privada” y recuerdan que “los países que lograron mayores niveles de bienestar y desarrollo humano son los que han tenido y tienen Estados inteligentes y robustos, servidores públicos capacitados y bien remunerados, y políticas públicas potentes, que atienden las necesidades de sus ciudadanías, financiados con sistemas impositivos progresivos”.
En el escrito, no se soslaya la gravedad del actual escenario socioeconómico, que encuentra a la Argentina con más del 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, más del 10% en la indigencia y más del 22% de las trabajadoras y los trabajadores activos desempleados o subocupados. Sin embargo, alertan que “la crisis no es igual para todos. Hay claros perdedores y ganadores”. En ese sentido, destacan que “siguen multiplicando sus ventajas los especuladores especializados en maniobras financieras y cambiarias; quienes toman provecho de posiciones dominantes en mercados monopólicos u oligopólicos; quienes se benefician por rentas diferenciales ante mayores precios internacionales…”.
“Una parte de la dirigencia patronal, que se expresa a través de las grandes asociaciones empresarias y rurales, pretende un vínculo prebendario con el Estado, limitado a la obtención de mayores beneficios para sí -aún a costas del conjunto- y a la exclusiva defensa de los intereses de la pequeña minoría privilegiada de la que forman parte”, puntualiza el documento.
La proclama hace un llamado a “las dirigencias -no sólo política sino económica, sindical y de todos los ámbitos de nuestra sociedad-“ a “construir respuestas edificantes para atender la emergencia sanitaria, económica y social” que atraviesa la Argentina.
Del mismo modo, el Grupo 25 de Mayo sostiene que “de la crisis sanitaria se sale sosteniendo la campaña de vacunación y las medidas de cuidado que parte de esas dirigencias adversó y boicoteó. De la crisis económica se sale con Producción y Trabajo. De la crisis social se sale con una justa distribución del ingreso, de la riqueza y de las cargas, en relación con la capacidad contributiva”. “Sin esperar ‘derrames’ que nunca se produjeron ni se producirán”, refuerza el texto, que, al igual que en las proclamas anteriores, recoge una nutrida y heterogénea cantidad de adherentes.
Entre ellos, los economistas heterodoxos Alejandro Rofman, referente del Plan Fénix; Guillermo Wierzba y Claudio Lozano, ambos directores del Banco Nación; Roberto Feletti, secretario Administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires; Felisa Miceli, exministra de Economía; Débora Giorgi, exministra de Industria; Jorge Marchini, Pablo Tigani, Magdalena Rúa, Hernán Arbizu y Víctor Portnoy, entre otros.
También firmaron el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Roberto Bendini, los dirigentes de la Internacional Progresista, Alicia Castro y Juan Pablo Olsson -este último hijo de la ex diputada recientemente fallecida Alcira Argumedo-, el referente de la Tupac Amaru Alejandro “Coco” Garfagnini y la propia Milagro Sala.
Del ámbito del arte, la cultura y el periodismo, aparecen, entre otros, el escritor Marcelo Figueras; los periodistas Víctor Hugo Morales, María Seoane, Daniel Tognetti, Telma Luzzani, Marcos Teruggi, Luisa Valmaggia, Juan Enrique, Héctor Sosa, Marcelo Duhalde y Mariano Beristain; los artistas Juan Falú, Marián Farías Gómez, Liliana Herrero, Jean Pierre Noé, Manuel Callau, Arturo Bonín, Cristina Benegas, Osvaldo Santoro, Luis Ziembrowski, Horacio Roca, Cristina Tejedor, María Ibarreta, Miriam Rellán, Amancay Espíndola y María José Pérez, el historiador Norberto Galasso y el politólogo Atilio Borón.
Proclama-del-9-de-julio-INDEPENDENCIA-ECONOMICA-ES-MAS-JUSTICIA-SOCIAL-TRABAJO-DIGNO-SALARIOS-JUSTOS-Y-PRODUCCION-NACIONAL-1Un eje fuerte del escrito se centra en el rechazo tajante de una idea que circuló en las últimas semanas para modificar el derecho a la indemnización de los trabajadores, impulsada por el empresario textil Teddy Karagozian y compartida por el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), el abogado Daniel Funes de Rioja.
“Repiten ideas antihumanistas de flexibilización de las leyes que protegen a las trabajadoras y trabajadores, que provocarían una merma aún mayor en sus ya castigados salarios y su dañada participación en la riqueza, achicando su capacidad de consumo y su función como destinatarios de la producción”, subraya el Grupo 25 de Mayo.
Como contracara a esas posturas, la Proclama del 9 de Julio propone la plena vigencia del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza al trabajador “condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática”. No por casualidad el documento también fue suscrito por el abogado laboralista Héctor Recalde y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte.
En línea con la recientemente exitosa experiencia de Islandia tras la puesta en marcha de la jornada laboral reducida o el proyecto piloto aprobado en España y liderado por el dirigente y diputado de Más País, Iñigo Errejón, el Grupo 25 de Mayo propone “reducir la jornada laboral conforme con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, el crecimiento de la masa salarial y la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras no vivan para trabajar sino que trabajen para vivir, disponiendo del tiempo y los recursos suficientes para disfrutar de los afectos, el arte, la reflexión, el estudio o la cultura, mejorando la productividad de la sociedad”. Una idea que ya habían hecho pública tanto la diputada Fernanda Vallejos, durante una presentación sobre la economía para la pospandemia en el Instituto Patria, como el titular de la CTA y también diputado Hugo Yasky.
A su vez, en otro tramo del texto, la Proclama coloca el acento en la necesidad de “terminar con el trabajo infantil”, un eje sobre el que ha venido trabajando con fuerza el dirigente camionero Pablo Moyano.
El Grupo 25 de Mayo también hace hincapié en la importancia de poner en marcha un modelo de desarrollo armónico que incluya a los distintos sectores económicos y permita que todos los argentinos resulten beneficiados del desarrollo del país.
“La industria, el comercio, los servicios, las actividades agropecuarias, la pesca y la minería son todas necesarias para la reconstrucción de la Argentina. Afortunadamente, en nuestro país pueden desarrollarse plenamente todas ellas, preservando el ambiente. Pero, esas actividades deben articularse en cadenas productivas aguas arriba y aguas abajo…”, explica la Proclama del 9 de Julio.
En esta misma línea de razonamiento, la Proclama considera que “diversificar la estructura productiva y dar valor a las exportaciones, es una tarea sustantiva”. Y considera que “la inversión, tanto pública como privada, ocupa un lugar central y debe ser impulsada priorizando la competitividad sistémica y la diversificación productiva, de acuerdo con el interés nacional”.
En un guiño al ministro de Economía Martín Guzmán, el Grupo 25 de Mayo también reconoce que “debe atenderse la consistencia macroeconómica y la necesidad de alejar la restricción externa, en tanto limitante para la sostenibilidad del crecimiento”, sobre lo que también señala que debe hacerse “siempre -y simultáneamente- priorizando el objetivo central e ineludible de mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro país y de nuestro pueblo”.
Luego de la publicación del decreto por el cual el Estado se hace cargo del tema, los dirigentes entre los cuales la diputada Fernanda Vallejos es una de sus referentes destacaron la medida enfatizando que “el Paraná vuelve a manos del Estado”.
El decreto 427/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial establece que la Administración General de Puertos (AGP) cobrará los peajes por el uso del río y se hará cargo por el plazo de un año (prorrogable) de la administración y control de la estratégica Vía Navegable Troncal. Son dos de las demandas de la Proclama del 20 de junio que impulsó el Grupo 25 de Mayo para recuperar la soberanía sobre el río Paraná.
Los dirigentes del Grupo 25 de Mayo destacaron el Decreto 427/2021 que publicó hoy el gobierno nacional, que faculta a la Administración General de Puertos (AGP) a asumir la concesión de las obras y la administración y cobrar los peajes a las navieras por el uso de la red fluvial troncal del Río Paraná. Además, la medida le confiere a la AGP “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal”.
Asimismo, mediante una “licitación corta”, la medida establece que la AGP se hará cargo por el plazo de un año, que comienza a correr a partir de la prórroga de 90 días otorgada por el Gobierno Nacional al consorcio Hidrovía SA.
Sin embargo, el decreto también aclara que las potestades de la AGP son pasibles de una prórroga “hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación” definitiva.
La diputada nacional Fernanda Vallejos, una de las referentes del Grupo 25 de Mayo, subrayó que “la decisión de nuestro gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el Río Paraná. Es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”.
En idéntico sentido, la legisladora ponderó “las implicancias, también estratégicas, en relación con la integración y la planificación territorial y del modelo de desarrollo que queremos para la Argentina”.
El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, otorga a la AGP la concesión de la operación para las tareas de dragado y balizamiento y el cobro de peajes a las empresas exportadoras por el uso del río, clave para el comercio exterior argentino.
El dirigente agropecuario y ex titular de la Federación Agraria Argentina Pedro Peretti se mostró entusiasmado con la determinación del Ejecutivo. “Es una decisión muy trascendente del Estado, muy acertada, muy justa. A esto hay que agregarle otros tres hechos muy importantes: la constitución de la Comisión Bicameral de seguimiento de la Hidrovía; la conformación del Consejo Federal, donde hay organizaciones sociales, donde están las provincias; a lo que debemos sumarle la propuesta de volver a dragar el Magdalena, que va a significar una importante reducción de costos para los productores en fletes”, explicó Peretti.
La definición política que tomó el Gobierno Nacional va en línea con dos de los ejes centrales de la Proclama del 20 de junio que impulsó en esa fecha patria el Grupo 25 de Mayo. En ese texto, los dirigentes habían reclamado retomar el control y la administración estatal de la red troncal con una asistencia de la AGP, después de veinticinco años de concesión al consorcio Hidrovía S.A., integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa.
La relevancia estratégica de este corredor fluvial radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.
En esta misma línea de razonamiento, el presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko aplaudió la decisión gubernamental porqué consideró que “favorecerá a los productores locales y a la industria nacional”.
Por este motivo, el Grupo 25 de Mayo había reclamado también en la Proclama del 20 de junio ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, con el objetivo de que el Estado pueda invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.
Destacan los del Grupo 25 de Mayo que con en este decreto, el Gobierno de Alberto Fernández pone fin a la prolongación de un modelo de concesión que rigió en los últimos 25 años, y que –sostienen- “trajo aparejadas prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito”.
Hasta 1992, la AGP se encargaba en forma centralizada de todo lo relativo a la administración de los puertos marítimos y fluviales del país, así como la Dirección Nacional de Vías Navegables se ocupaba del mantenimiento, dragado y balizamiento, de los canales, la red troncal y todos sus accesos.
“Sin embargo, con la sanción de la Ley Nacional de Puertos Nº 24.093, en el marco de las privatizaciones menemistas y la imposición del Consenso de Washington en la Argentina, se produjo la atomización del sistema nacional centralizado, en múltiples organizaciones provinciales, como paso previo para la concesión en 1995 de la tarea de mantenimiento de la red troncal a Hidrovía SA”, expresan quienes promueven la estatización del sistema a través de un comunicado.
La Proclama del 20 de junio advirtió que la concesión a Hidrovía SA significó un “caso piloto ejemplar” de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, inédito a nivel mundial. Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EE.UU., China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el “modelo argentino” de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado; por el contrario, han mantenido la incumbencia pública para garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional en sus vías navegables interiores.
Luego de la recordada proclama del 25 de Mayo, este 20 de Junio emitieron otra, titulada “Nos une la bandera del Paraná soberano”. La firman dirigentes y personalidades, entre las que figuran Fernanda Vallejos y Jorge Taiana, quienes impulsan que el control y la administración del Paraná quede en manos del Estado.
Más de 3.000 referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas suscribieron la Proclama 20 de junio para reclamar el fin de la actual concesión con Hidrovía S.A. A su vez, pidieron “recuperar para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas el imprescindible control y administración de la ruta fluvial” por donde se transportan el 80% de las exportaciones nacionales y el 95% de las importaciones.
Cuando restan cuarenta días para el vencimiento de la concesión por peajes de las tareas de dragado y balizamiento del río Paraná, hoy en manos del consorcio Hidrovía S.A., referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, académicos, artistas y periodistas reclamaron que el Estado asuma el control y la administración de la ruta fluvial más importante del país, ejerza el cobro del peaje y avance en la contrucción del Canal Magdalena.
“Hoy nos encontramos ante la oportunidad de retomar el control del Paraná -un canal crucial para el comercio exterior argentino por el que circula la mayor parte de nuestras exportaciones e importaciones- elevando bien alto la bandera de nuestra soberanía”, destaca la Proclama 20 de junio ideada por el Grupo 25 de mayo.
La diputada Fernanda Vallejos, el senador Jorge Taiana, el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el titular de la CTA y también diputado nacional, Hugo Yasky y el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, y encabezaron la iniciativa, a la que adhirieron dirigentes de peso como el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti; Juan Carlos Schmid, secretario general de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), el dirigente social y sindical Pablo Micheli y los dirigentes sociales Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y actual diputado nacional, y Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Se trata del Grupo 25 de mayo, que en aquella otra fecha patria de este año se había manifestado a favor de priorizar la salud de los argentinos antes que el pago de la deuda externa.
“El fin de esta concesión en nuestro Paraná abre la posibilidad de que el Estado, y con él, el pueblo argentino, recupere el control y la administración en un ámbito estratégico, desandando el camino de las riquezas de la década del 90”, puntualizó Vallejos.
La Proclama del 20 de junio se inscribe en el debate sobre qué sistema aplicar para la explotación comercial del río Paraná. El 30 de abril el gobierno prorrogó la actual concesión por un plazo de noventa días, para luego llamar a una licitación de fondo.
“El próximo 30 de julio se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país”, subraya el Grupo 25 mayo.
Taiana, uno de los principales referentes en la lucha por modificar el actual sistema de explotación, destacó la unidad que consiguió la Proclama. “Nos unimos porque entendemos que tanto la concesión de la vía troncal como el proyecto de construcción del Canal Magdalena nos han permitido debatir cuestiones estratégicas relacionadas con nuestra soberanía, como la actividad portuaria, la preservación de nuestros recursos naturales y su industrialización, y la preservación del ambiente”, aseguró.
El mensaje de garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional sobre el estratégico río es el eje de la Proclama 20 de junio. “Apoyo esta reivindicación defendiendo nuestra independencia, Patria y bandera, y fundamentalmente nuestra dignidad contra aquellos intereses a los que solo les importa ganar dinero y llevarlo al exterior explotando a los trabajadores”, remarcó Pablo Moyano.
Sumaron su firma también Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, promovido por el Papa Francisco; el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen; el titular de la Sociedad Rural (SRA) de Córdoba, Pedro Salas y el también referente rural Pedro Peretti. Acompañaron a su vez el histórico dirigente peronista Carlos Kunkel y una docena de legisladores, entre ellos el diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja y la senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnún, además del diputado del Parlasur Gastón Harispe. También adhirieron el juez Juan Ramos Padilla y los constitucionalistas Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat, los artistas Cecilia Roth, Liliana Herrero, Luisa Kuliok, Katja Alemann, Ignacio Coppani, Marian Farias Gómez, entre otros, además de intelectuales como Mempo Giardinelli, activo defensor de la causa “del Paraná”, el ex canciller Rafael Bielsa, el psicólogo Jorge Alemán, el historiador Norberto Galasso y los sociólogos Atilio Borón y Mónica Peralta Ramos; y el General retirado Roberto Bendini, recordado por ser quien bajó el cuadro de Videla de la ex ESMA, por orden del ex presidente Néstor Kirchner.
Entre la nutrida presencia de economistas heterodoxos se destacan las rúbricas de la ex ministra de economía Felisa Miceli, el actual director del Banco Nación Guillermo Wierzba y el economista Jorge Marchini, impulsores de la proclama junto con Vallejos, Moyano y Yasky, entre otros. También suscriben el secretario parlamentario del Senado de la provincia de Buenos Aires, Roberto Feletti, el exvicepresidente Amado Boudou, el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, la ex ministra de Industria, Débora Giorgi, la referente política, sindical y diplomática, Alicia Castro y el también director del Banco Nación, Claudio Lozano. Entre los dirigentes gremiales empresarios, aparecen, entre otros, Raúl Hutin (Directivo de la Fundación ProTejer), Juan Carlos Lascurain (expresidente de la UIA), Juan Ciolli, vicepresidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y Leo Bilanski (presidente ENAC).
“La soberanía del país hoy está en juego, unámonos en defensa propia, que es la defensa de todos”, pidió Raúl Hutin. En tanto, Pedro Wasiejko, presidente del Astillero Río Santiago, subrayó la importancia de recuperar y desarrollar la industria naval, otro de los ejes de la Proclama. Recalcó que, “en la medida en que se pueda recuperar y avanzar” en fortalecer la soberanía sobre el río Paraná, “la reconstrucción de una flota naval lleva implícito el desarrollo de una industria naval eficiente, competente y mirando el Siglo XXI”.
Dentro de los sindicatos, organizaciones sociales y referentes de la Iglesia, suscribieron la Proclama del 20 de junio Roberto Baradel (Suteba), Raúl Durdos (SOMU), Eduardo López (UTE), Cachorro Godoy (CTAA), los curas en la Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna y Paco Olveira; el dirigente del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum; el pastor y dirigente evangélico Guillermo Prein; la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA), y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA). Esta última integra a los sindicatos de trabajadores electricistas y electronicistas navales; empleados de la marina mercante; guincheros y maquinistas de grúas móviles; capataces y estibadores portuarios; encargados apuntadores marítimos; dragado y balizamiento; serenos; obreros navales; conductores navales; patrones y oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimo; trabajadores de la industria del hielo; capitanes y baqueanos fluviales; flota petrolera e hidrocarburíferos; y jefes y oficiales maquinistas navales; y portuarios.
“Es momento de empezar a dar vuelta esta historia. Es posible una administración estatal, federal y soberana de la Hidrovía y nuestros puertos, como así también tener en manos nacionales el dragado de nuestro río”, afirmó Alderete.
A la Proclama por la soberanía del río Paraná la respaldaron a su vez periodistas como Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Sandra Russo, Daniel Tognetti, Liliana López Foresi, Néstor Piccone, Horacio Embón, Diego Brancatelli y Mariano Beristain.
En esta nueva oportunidad, el Grupo 25 de mayo pidió retomar el control y la administración estatal de la red troncal, que el menemismo dejó en manos del consorcio Hidrovía S.A., integrada por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa.
Para esto, plantearon la asistencia de la Administración General de Puertos (AGP), con intervención del recientemente creado Consejo Federal de la Hidrovía y de la Comisión Bicameral de seguimiento, control de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal con jurisdicción en la República Argentina, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.
Asimismo, considerando la brevedad de los plazos, pidieron diseñar una estrategia por etapas, que contemple acciones, por un lado, para el corto plazo, y, por el otro, para el mediano y largo.
Bajo el lema “nos une la bandera del Paraná soberano”, a su vez abogaron por la revisión y optimización de la operatoria del sistema en su conjunto. En particular, “optimizar los mecanismos de fiscalización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial”, para combatir prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito.
Además, buscan impulsar “la creación de un organismo de control y una base federal de información centralizada que provea todos los elementos necesarios para un efectivo monitoreo y control de las tareas de dragado y balizamiento, y del tráfico fluvial”.
La relevancia estratégica de este corredor radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.
Por este motivo, la Proclama del 20 de junio reclama también ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, a partir de lo cual el Estado podrá invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.
Otros ejes de la Proclama apuntan a concretar la puesta en marcha del canal Magdalena, y revisar integralmente la Ley Nacional de Puertos y las Leyes de Promoción de la Industria Naval Argentina y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional e Integración Fluvial Regional.
La importancia de la vía troncal para el desarrollo económico y social del país se refleja en que durante el período 1989-2010, el transporte de mercaderías pasó de 700.000 a casi 17,4 millones de toneladas por año, para continuar creciendo en forma exponencial, hasta superar, en la actualidad, las 100 millones de toneladas anuales. Así lo precisó un informe de Proyecto Económico y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).
“Como en 1812, cuando el general Manuel Belgrano por primera vez izó la bandera nacional a orillas del río, hoy el Paraná sigue siendo ámbito de debate y acción imprescindible para afirmar, con la fuerza y la dignidad histórica del pueblo argentino, la soberanía nacional”, concluye la Proclama del 20 de junio, concebida e impulsada por el Grupo 25 de Mayo.
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