A tal punto se nacionalizó la campaña de las elecciones porteñas de este domingo que varios de los candidatos de las listas con más chances son actuales legisladores que, con más o menos protagonismo, hoy se desempeñan en el Congreso.

Mudada de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad, la diputada del Pro Silvia Lospennato, indiscutida referente de su bloque, fue la elegida para encabezar la boleta del oficialismo local, en lo que representará uno de los comicios más complicados para el partido amarillo desde que gobierna el territorio porteño.

De ser elogiada desde el Gobierno nacional, a raíz de su trabajo parlamentario en ayuda de La Libertad Avanza, la legisladora macrista cerró su campaña enfrentada con el propio presidente Javier Milei, entre declaraciones y reproches cruzados, a raíz de la caída de la ley de ficha limpia, que la tiene como una de sus principales impulsoras hace una década.

Lospennato renovó su banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2023, luego de dos mandatos consecutivos desde 2015. Su tercer período no culminará este año, sino en 2027, con lo cual en caso de ser electa legisladora porteña deberá ser reemplazada por quien ocupó el décimo lugar de la lista de Juntos por el Cambio hace dos años.

Se trata de María Lorena Petrovich, periodista, oriunda de Quilmes y exsenadora provincial durante dos mandatos. Del riñón de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había competido como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en cuarto lugar de la nómina La Fuerza del Cambio, que encabezó Bullrich en la interna con Horacio Rodríguez Larreta en agosto de 2023. Su incorporación a la Cámara baja sería un punto de ganancia para LLA.

Más allá de haber abandonado el color celeste como referencia durante la campaña y haber optado por el verde, el diputado nacional Leandro Santoro es el candidato de Unión por la Patria en la Ciudad, donde en esta ocasión competirá bajo el frente bautizado Es Ahora Buenos Aires.

Además del Partido Justicialista, otros espacios que conformaron UP en 2023 son los que en esta ocasión también acompañan al radical K, quien hace dos atrás fue candidato a jefe de Gobierno porteño. En las elecciones generales de octubre de ese año, Jorge Macri sacó el 49,61% de los votos y quedó a 0,39 puntos de ser consagrado en primera vuelta, mientras que Santoro cosechó el 32,2%. Por ello, Santoro se bajó del balotaje.

El primer candidato de Es Ahora Buenos Aires llega con una expectativa alta a las urnas, debido al no cierre de una alianza entre el Pro y LLA. Su mandato culmina el próximo 10 de diciembre, pues ingresó a la Cámara baja en 2021, luego de haber sido cuatro años legislador de la Ciudad, cargo al que volvería.

Por fuera de un acuerdo con el Pro, al igual que la UCR porteña -que han sido socios de Juntos por el Cambio-, la Coalición Cívica presentó su propia lista encabezada por Paula Oliveto, quien este año termina su segundo mandato como diputada nacional. Antes de su llegada al Congreso, fue también legisladora porteña entre 2013 y 2017.

En tanto, por el Frente de Izquierda encabeza la boleta la diputada nacional Vanina Biasi, quien ingresó al Congreso en junio de 2024 en reemplazo de Myriam Bregman, por el acuerdo de rotación de bancas dentro del FIT-U. Ese mandato vence en diciembre, momento en que Biasi pasaría a la Legislatura en caso de resultar electa.

Tras seis años como senadora nacional, después de haber sido ministra de Desarrollo Humano y Hábitat en la Ciudad, Guadalupe Tagliaferri secunda en esta oportunidad al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que rompió con el Pro y se presentó como candidato con la lista Volvamos Buenos Aires. La actual presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta culmina su mandato en diciembre.

Como tantos otros senadores que conocieron a Jorge Bergoglio, la senadora Guadalupe Tagliaferri habló de su experiencia al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, cuando en 2007 iniciaba el  trabajo social. “Y ya él caminaba todos los barrios, las villas, acompañando a los curas villeros, que habían decidido que la Iglesia tenía que abrir sus puertas, tenía que estar ahí”.

“Y lo hacía de una manera genuina, silenciosa, sin cámaras, sin ruido -recordó-. Fui testigo de lo que nos pregonaba en los barrios pobres; nos pedía escuelas, nos pedía obras, nos pedía hábitat, el cuidado de la casa común, el acompañamiento de cada mamá de chicos con adicciones”.

Tagliaferri sostuvo que el Santo Padre llamaba a “luchar contra la globalización de la indiferencia. No juzgaba, acompañaba, entendía”, dijo, y aseguró que “a través de estos curas villeros y los vecinos,

Les puedo asegurar que es en estos curas villeros y los vecinos que visitaba casi a diario, ahí hay una sensación más grande de pérdida, porque su legado ahí es explicar que la fe no es resignación, es compromiso. Eso enseñó Bergoglio, Francisco, en cada uno de los rincones en mi ciudad. Se animó a lo que había que decir en todos los lugares. Entendió que el poder es servicio, no es nada más que eso”.

Llamó a recordar el legado de Francisco y “mantener vivo lo que dejó con su prédica, su palabra, pero sobre todo su acción”.

“El evangelio no es un libro a repetir, es una vida para encarnar, y Francisco encarnó ese evangelio y lo encarnan todos los días cada uno de los testigos de su obra, que para mí fundamentalmente son los curas villeros”, concluyó la senadora Tagliaferri.

En el rol de miembro informante estuvo la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri, quien además de tener un papel importante en el tema por ser la presidenta de la Comisión de Acuerdos, rápidamente debió explicar por qué no asistió a dar quórum en la sesión: Tratando de minimizar la cuestión, pidió disculpas y aceptó que “debía llegar a las 14.01”.

Trascendió que su llegada tarde el recinto (se sentó en su banca cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional) fue por una demora en la redacción de su discurso. En ese punto, cargó contra sus pares y recordó que “muchos senadores hoy presentes hace una semana no decía si darían quórum y recién hoy se decidieron”.

Las críticas a la senadora larretista llegaron desde todos los flancos: En X, el diputado nacional Juan Manuel López (jefe de bancada de la Coalición Cívica) le salió al cruce cuando planteó que "no quiso dar quórum". "Lamento que mienta", fue la respuesta de la senadora.

Lamento que mienta. Desde hace semanas trabajo para obtener el quórum y poder llevar adelante esta sesión. Siempre manifesté, sin especular, que los pliegos para los jueces de la Corte deben debatirse en el Senado y que jamás voy a aceptar que sean nombrados por decreto. https://t.co/5YSIbhL78a

— Guadalupe Tagliaferri (@LupeTagliaferri) April 3, 2025

En primera instancia, senadora del Pro hizo un repaso por la labor llevada a cabo en Acuerdos desde que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla arribaron a la Cámara alta y destacó que fue “un honor y orgullo de llevar esas audiencias en clima de respeto y libertad de expresión”. En ese momento, dio paso a las explicaciones por la distancia temporal entre las audiencias y la firma de los despachos: “No se conseguían por falta de consensos y firmas, ni yo ni el Senado escondíamos los dictámenes”.

Dirigida al oficialismo en el Senado y al Gobierno nacional, aclaró que “hubo una cortesía de dar tiempo” para llegar a los consensos porque “a todos nos preocupaba el tema”, pero en ese momento de su intervención, la que duró 27 minutos, Tagliaferri confesó que “no creía en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres”.

“Decidí callarme la boca para honrar el proceso, pero Argentina es el único país de América Latina sin mujeres en la Corte y fueron solo tres de 114 jueces en 163 años”, explicó la titular de la Comisión de Acuerdos. Además, cuestionó que es “una realidad que dista mucho de los países que miramos para imitar políticas públicas porque Estados Unidos tiene 4 mujeres sobre 9 jueces”.

En ese sentido, afirmó que “mujeres hay, no hay voluntad política” y desenfundó las primeras críticas conta el Poder Ejecutivo Nacional: “Un gobierno que elige varones desconoce el compromiso de millones de mujeres”. “Estaba claro que no iba a acompañar una Corte sin mujeres e invito a la reflexión a los senadores que les encantan celebrar efemérides de las mujeres en redes que acompañen mi postura porque las convicciones se demuestran en estos momentos”, agregó.

La senadora cercana a Horacio Rodríguez Larreta -lo acompaña en la boleta para ser legislador porteño- habló del presidente Javier Milei y aseveró que “El Poder Ejecutivo decidió burlarse de todos los que estamos acá sentados cuando los postulados fueron designados por decreto y encima, aceptaron”. Añadió, además, que “el presidente fue por la banquina”.

No emitió valoración sobre la candidatura de Ariel Lijo, pues reiteró en varias ocasiones que no iba a acompañarlo. Sin embargo, sobre García – Mansilla fue profunda: “Nos mintió en la cara”, enfatizó al recordar que el catedrático expresó en la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos que “no aceptaría ser designado por decreto”. Cabe recordar que Tagliaferri acompañó el dictamen de rechazo del pliego de García - Mansilla.

Tagliaferri avizoró que la exposición de García – Mansilla “va a quedar en los anales de la historia” y planteó: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? en ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”. Para terminar, reiteró que es “inadmisible una Corte sin mujeres y avalar a dos jueces que aceptaron ser designados por decreto”.

Cercana a Horacio Rodríguez Larreta, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri fue confirmada como candidata a legislador porteña para las próximas elecciones del 18 de mayo. Su nombre será el segundo en la boleta que encabeza el exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Emmanuel Ferrario será el tercero en la lista.

La confirmación llegó a través de X, donde el titular de Volvamos Buenos Aires expresó: “Guada es una mujer de convicciones fuertes. Fue ministra de Desarrollo Humano y Hábitat en la ciudad. Conoce y siente como nadie las realidades más difíciles de muchos porteños y dedicó buena parte de su labor a los más vulnerables. Luchadora desde siempre por las mujeres y las instituciones, ha dejado su marca como senadora nacional en su actual mandato”.

Volvamos Buenos Aires

Ya me conocés. Soy Larreta. Me llena de entusiasmo volver con una lista de personas valiosas y comprometidas con la ciudad que nos merecemos.

Hoy les presento a la candidata número dos y al candidato número tres. Dos grandes amigos, a quienes quiero y… pic.twitter.com/GbWt3Iq1Qx

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 28, 2025

Tagliaferri tiene mandato hasta diciembre de este año como senadora nacional. Ingresó en el 2019 por la boleta de la alianza Juntos por el Cambio junto al radical Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que actualmente integra el bloque del Pro -aliado a La Libertad Avanza- en los últimos debates se mostró más opositora al Gobierno nacional.

La candidatura de Tagliaferri a legisladora porteña, se suma a la de los diputados nacionales Leandro Santoro (UP), Paula Oliveto Lago (CC) y Vanina Biasi (FIT) quienes dejarán sus bancas en el Congreso de la Nación para encabezar boletas en las elecciones porteñas del próximo 18 de mayo. Resta saber aún que ocurrirá con el Pro, aunque todo parece indicar que Silvia Lospennato optará por el mismo camino y encabezará la boleta amarilla.

Ante la controversia generada en torno a las designaciones por decreto de dos jueces en la Corte Suprema y la potestad que tiene el Senado para decidir el destino de los mismos, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, aclaró este viernes que el decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla “no tiene que ser tratado en el Congreso”.

“Es un decreto administrativo, no es un DNU”, que sí va al Parlamento. Y precisó que “lo que tiene que ser tratado en el Senado, como dice la Constitución, son los dos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que tiene que suceder, para darle robustez, institucionalidad y certeza al andamiaje jurídico de la Argentina: que los jueces de la Corte Suprema sean tratados en el recinto del Senado y que sean los senadores quienes digan si los jueces están o no están”.

La senadora del Pro estimó que “hay una enorme mayoría de senadores que consideran que (el tema) lo tiene que resolver el Senado. El decreto no se somete a consideración de los senadores; solamente los candidatos”.

Ante la posibilidad de que los dos pliegos sean tratados en el pleno, por Radio Mitre le plantearon las diferencias entre ambos casos, dado que el de García-Mansilla no tiene dictamen todavía. Igual se puede tratar en el recinto, aclaró la senadora Tagliaferri. “No es condición sine qua non, habilitarlo sobre tablas lo hace más dificultoso, pero no es que está inhabilitado de ser tratado en el recinto”, enfatizó.

¿Las dos designaciones podrían ser reconsideradas allí? “La Constitución es muy clara: la facultad de designar a los jueces de la Corte la tiene que dar la aprobación del Senado”, remarcó la senadora del Pro. Y agregó que “lo que dice la reglamentación es que duran hasta el (final del) período legislativo. No es que significa que es obligatorio que sigan hasta esa fecha”. Recordó Tagliaferri que la única jurisprudencia que existe es con un juez que estaba desde la dictadura. “El Senado estaba cerrado; cuando enviaron el pliego de la Corte al Senado, el Cuerpo lo rechazó e inmediatamente se fue a su casa”.

“Pero que estemos discutiendo de todo esto es lo que da incertidumbre jurídica -observó Tagliaferri-. La lectura que nosotros hacemos es que el Senado no pierde una facultad constitucional. La facultad constitucional de elegir o no dar aprobación a los jueces es del Senado”.

Admitió que el presidente tiene un margen en situación del Senado cerrado, lo cual hace que sea constitucional que haya firmado el reciente decreto. Pero cuando abre el Senado, esa cámara tiene la obligación de tratarlos. “Y si son aprobados, tienen la robustez de que son vitalicios; y si no son aprobados, dejan de ser jueces por decreto”, resumió.

Tagliaferri insistió en que “la Constitución es clara: ¿de quién es la potestad de dar acuerdo, del Poder Ejecutivo o del Senado? Del Senado. El Senado no da acuerdo, no son más jueces. También puede pasar que vayan al Senado y tengan acuerdo, con lo cual es mejor resolver esto que estamos hace diez días discutiendo si vale, si no vale, si dura, si se caen… que es la demostración de que el decreto lastima la certidumbre jurídica”.

Ante la pregunta sobre el destino de los jueces nombrados en comisión si el Senado trata sus pliegos y los rechaza. “En mi interpretación y la de muchos constitucionalistas, es que inmediatamente deja de ser juez de la Corte”, respondió Tagliaferri.

“Vayamos al espíritu de la ley: un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución. Yo entiendo la buena voluntad, pero todo esto lastima, primero a la Corte Suprema, lastima a la seguridad jurídica, lastima al propio presidente”.

Por último la presidenta de la Comisión de Acuerdos apuntó que en el caso de que el presidente los mantuviera en el cargo ante un rechazo del pliego por parte del Senado, el mandatario “gana la discusión, (el juez) dura hasta noviembre. ¿Qué hace el presidente? Vuelve a mandar el pliego en octubre… ¿Qué va a hacer el Senado? Se lo rechaza nuevamente. Entonces va a estar un año entero con una Corte Suprema que está provisoria y que todo el mundo sabe que en noviembre lo va a rechazar. Eso lastima la institución”.

Luego de tres meses de formación y encuentros virtuales, este viernes y sábado los participantes de 100 Audaces se reunieron en forma presencial para dar cierre formal a la etapa de formación del programa y compartir sus experiencias. Se trata de la primera vez que los 100 participantes, provenientes de toda la Argentina, se encuentran cara a cara.

El evento inició con las palabras del legislador porteño Emmanuel Ferrario, impulsor del proyecto dentro de MAD, y contó con la participación y el cierre del ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Se desarrolló en dos jornadas: el viernes por la noche, en la que los 100 Audaces compartieron un brindis de bienvenida a la Ciudad, y el sábado, en un encuentro con paneles temáticos, espacios de networking y exposiciones de los participantes.

Entre los expositores estuvieron también la senadora Guadalupe Tagliaferri, presidenta de MAD; Juan Maquieyra, de TECHO, además de los propios protagonistas del programa. Más allá de las presentaciones de los proyectos de cada participante, se organizó una mesa de trabajo para compartir herramientas de emprendedurismo, a tono con la capacitación académica que formó parte de 100 Audaces.

¿Qué es 100 Audaces?

100 Audaces es una iniciativa propuesta por Emmanuel Ferrario dentro de MAD para potenciar el desarrollo de líderes ciudadanos en todo el país. De acuerdo a la mirada de Ferrario, “frente a la desconfianza y falta de resultados de parte del sistema político, es clave dar lugar a nuevas ideas y nuevas personas que ya están solucionando problemas en sus comunidades”. Con esa impronta le presentó la idea a Horacio Rodríguez Larreta, quien apoyó y promovió la iniciativa para llevarla adelante a nivel nacional.

En esa línea, el programa se propone acompañar e impulsar proyectos ciudadanos con impacto social. “Hay miles de personas que hoy mismo ponen su tiempo y sus recursos al servicio de un propósito, haciendo de sus causas su vida. Desde sus lugares dejan una huella clave, a pesar de un sistema político en el que pocos confían, que tantas veces no resuelve, ni genera ganas de creer que las cosas pueden cambiar” expresó Ferrario en relación a la visión del proyecto.

Por su parte, Horacio Rodriguez Larreta, sostuvo que “finalmente lo que verdaderamente importa son los resultados, como logramos que la vida de los argentinos mejore, se transforme para bien”. Asimismo, señaló “es un orgullo para todos nosotros poder aunar las voluntades de cambio, trascendiendo los límites del preconcepto ideológico, sosteniendo proyectos efectivos, concretos y duraderos”. “Tenemos que seguir creciendo en todo el país, generando impacto y llevando soluciones concretas a los problemas de la gente. Ese es el desafío”, sentenció.

En agosto pasado lanzaron una convocatoria para personas que ya tuvieran proyectos de impacto en marcha en cada una de las provincias argentinas. En base a esa convocatoria, se seleccionaron los 100 proyectos de mayor potencial para ser parte del programa.

Entre los 100 Audaces se encuentran proyectos como la ONG de concientización sobre el hostigamiento “Hablemos de Bullying”, fundada por Pablo Mainer en la provincia de Santa Fe; start-up tecnológicas como Sembrala, que brinda servicios digitales a los productores del agro en Chaco; y proyectos vinculados al cuidado ambiental, como Modesta, que desde la Ciudad de Buenos Aires recicla polietileno y, con el material obtenido, crea objetos de moda consciente y diseño sustentable.

En estos meses, todos ellos participaron de encuentros de formación en liderazgo y de un programa académico co-creado con el IAE, de la Universidad Austral, para incorporar herramientas de emprendedurismo y negocios. Cada paso del programa apunta al objetivo de generar más y mejores herramientas para escalar sus proyectos.

Ahora inicia la última etapa del programa, que es la creación de la red federal de audaces. A partir de las experiencias de cada uno de los participantes, buscan llegar a más personas, aumentando el alcance de sus proyectos y movilizando a nuevos líderes a llevar adelante sus ideas.

En su intervención, la diputada del Pro Guadalupe Tagliaferri anunció que iría por la expulsión de Edgardo Kueider. Pero precisó que si eso fracasaba, se quedaría a votar la suspensión, cosa que le pidió al kirchnerismo imitar. Y con su discurso pareció marcar el camino que después seguirían otros compañeros de su bancada. Más tarde, su par Alfredo De Angeli anunció la misma estrategia, y el presidente del bloque, Luis Juez, hizo lo propio.

La senadora porteña aclaró en su alocución que no celebraba estar ahí para tratar “un hecho lamentable, bochornoso, impúdico”, y cargó contra el cruce de acusaciones entre el Gobierno y UP atribuyéndole al otro la pertenencia de Kueider.

“El kirchnerismo aparece ahora como un paladín de la moral, de las buenas conductas. Parece que las cosas no están cambiando tanto en la Argentina, porque la corrupción se va condenando dependiendo cómo vota la persona. Es como esas personas que critican la violencia física de las mujeres dependiendo de quién sea el golpeador o qué vote”, dijo la diputada del Pro, recordando de paso que el entrerriano llegó con “la boleta de Cristina”. “Los dos sectores lo que están haciendo es viendo cómo especulan políticamente sobre esta situación”, remarcó.

Promediando su discurso, advirtió que no respaldaba la suspensión que se estaba proponiendo frente a un pedido de desafuero y que respaldaba su propio bloque. Así las cosas, dijo: “Yo voy a votar por la expulsión del senador; si no prospera la expulsión, me voy a quedar y voy a votar también por la expulsión. Le pidió al kircherismo quedarse, porque sino el mensaje a la gente va ser que ‘da lo mismo’”.

Le pidió al kirchnerismo no ser “contorsionistas morales, paladines de la justicia”. “Fingen demencia frente a todo lo que pasó estos años –agregó-. Les pido que tengan coherencia y se queden al menos para suspenderlo, si realmente les preocupa tanto, no hagamos que no pasa nada, que nos vamos de vacaciones y todo sigue igual”.

Y del Gobierno nacional dijo que “es el mejor alumno de las prácticas corruptas del kirchnerismo. Son igual de relato pero no hacen nada para que las cosas pasen”.

En medio de la incertidumbre sobre el desenlace de la cuestión, el senador entrerriano Alfredo De Ángeli confirmó su postura para la votación: “Estoy completamente convencido de que es el acto de corrupción mas grande y voy a votar por la expulsión del senador Kueider”. Sin embargo, no dejó de mencionar a los hechos por los que se acusa a Alberto Fernández y la condena a Cristina Kirchner.

Respecto de la expulsión de Kueider, De Ángeli había mencionado que “el Pro puso el debate acá, voy a ir por a cada uno que la justicia le indique y vamos a limpiar el Congreso de la Nación de los corruptos”. Asimismo, remarcó: “Que a Kueider le caiga todo el peso de la ley, pero que les caiga a todos”.

Para terminar, señaló: “Acá hay que limpiar el Congreso de todos los chorros, de todos los corruptos”
“y la ficha limpia tenemos que tratarla”, y apuntó contra el interbloque kirchnerista: “Ustedes están acá porque quieren una banca”, en alusión a que la posible salida de Kueider le daría un integrante más a Unión por la Patria

Sobre el final de la audiencia con Manuel García-Mansilla, la presidenta de la Comisión de Acuerdos le cedió la palabra antes del cierre al senador oficialista Bartolomé Abdala. “Gracias presidente, o presidenta, por la comisión…”, arrancó el titular provisional del Senado, desatando la reacción de Guadalupe Tagliaferri, que se ve que tenía ganas de dejar sentada su postura sobre el tema.

“Permítame una aclaración, porque hace dos jornadas que venimos hablando de la importancia de tener mujeres en la Corte Suprema… Entonces, hablemos de la importancia también de mencionar a las cosas por su nombre, porque cuando decimos servidumbre, el sirviente, el doméstico, no le decimos doméstica, no le decimos domestique, le decimos doméstica… Entonces, yo soy presidenta. Porque si nos importa la cuestión de género y las mujeres en la Corte Suprema, hagamos de eso una discusión siempre, no cuando nos conviene. Soy presidenta”.

Divertido, aunque sorprendido, el senador puntano replicó: “Me encanta el tema de la discusión, me parece que el cargo es presidente, por eso la llamé presidente… Si a usted le gusta presidenta, la llamo presidenta”.

Entre risas, la senadora del Pro concedió: “Dígame como usted quiera, yo me autopercibo presidenta”. Caballero al fin, Abdala insistió: “Si a usted le gusta presidenta, la llamo presidenta”.

Se lleva a cabo la audiencia pública a la que el juez Ariel Lijo es sometido a preguntas hechas por los integrantes de la Cámara alta para defender su postulación como miembro de la Corte Suprema de Justicia, y la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, tuvo un áspero cruce con la senadora radical Carolina Losada.

Con insistencia en la cuestión de género dentro del máximo tribunal de justicia ya que Lijo fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, la legisladora radical le presentó al magistrado un abanico de inquietudes que no fueron respondidas.

Allí Tagliaferri, primero le llamó la atención al senador oficialista Francisco Paoltroni, quien se opone rotundamente a la postulación de Lijo, y le remarcó que “no se olvide que estamos en el Senado de la Nación”, y luego le advirtió a Losada: “En la Argentina, cualquier persona puede contestar o no contestar. Será una decisión del señor si lo hace”.

En un tono irónico y desafiante, la senadora Losada cargó: “Realmente (usted) parece la abogada defensora del juez”. “En futbol diríamos que está enfriando el partido”, siguió la santafesina. “Le hice una pregunta larga, y me parece fuera de lugar que usted diga que no debe contestar todas las preguntas. Me sorprende de usted”, cerró.

La respuesta de Tagliaferri no tardó en llegar: “Puede contestar las veces que quiera, así como usted puede preguntar”, y le devolvió la chicana: “No soy la defensora de nadie, no voy a permitir que usted me diga eso en este ámbito de la audiencia pública”. “Tenga recaudo con lo que usted me dice a mí”, aseveró la senadora porteña.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri, analizó este jueves los pliegos de ascenso de funcionarios diplomáticos de carrera y personal militar, correspondientes a los pasados tres años.

Entre los ascensos solicitados se encuentran los actuales jefes de las tres Fuerzas Armadas para ser promovidos al grado inmediato superior: general de brigada Carlos Alberto Presti (Ejército), contraalmirante Carlos María Allievi (Armada) y brigadier mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea).

En el encuentro celebrado en horas de la mañana en el Salón Arturo Illia se evaluaron seis expedientes solicitando ascensos para 120 miembros del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de otros 13 expedientes para ser promovidos al cargo superior a 309 integrantes de las tres Fuerzas Armadas, dependientes del ministerio de Defensa.

Luego de darse lectura a la nómina propuesta para que personal de Cancillería pueda ascender una categoría (embajadores extraordinarios y plenipotenciarios y consejeros de embajadas y cónsul general), la senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó dejar en suspenso el pliego de uno de los postulantes. Se trata de Mariano Vergara, a fin de investigar su situación judicial por una denuncia sobre la cual, el senador oficialista Ezequiel Atauche aclaró: "Estoy viendo un escrito en el que se desestimó esa denuncia al señor Vergara y propongo que se dictamine, y en caso de que haya algún problema, en la sesión se lo pueda tratar".

En cuanto a la lista de ascensos de militares, la presidente de la comisión Guadalupe Tagliaferri aclaró que se retiró de la nómina al comandante de Brigada Pablo Francisco De Palo por estar incluido en el proceso abierto en la justicia para investigar lo ocurrido en mayo pasado en el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército Córdoba, a raíz de un "bautismo" con cal viva sufrido por 35 paracaidistas.

Luego de leerse los nombres de los militares impulsados para ascender se suscitó un debate en torno a la situación del vicecomodoro Daniel Algieri, quien según indicó Fernández Sagasti "fue impugnado por acoso sexual y laboral", mientras que Tagliaferri aseguró que "no se procedió a la impugnación y sigue estando el mensaje para su ascenso".

La senadora nacional del Pro Guadalupe Tagliaferri se refirió a la jornada en la que el oficialismo reunió finalmente las firmas para los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal -aún no oficializados- y señaló: "Algunos creían que los senadores nos íbamos a callar y votar a libro cerrado, y la verdad que teníamos muchas inquietudes para plantear y creíamos que podíamos mejorar la ley".

En diálogo con CNN Radio, la porteña sostuvo que el acuerdo se encontraba trabado "un poco por impericia", pero la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la que vio como "algo positivo", terminó de "destrabar las firmas que estaban faltando".

Sobre el funcionario, destacó: "Se vio a un jefe de Gabinete con vocación de escuchar, de respetar, de acercarse y sentarse en una mesa a conversar. No habíamos tenido, más allá de las segundas líneas, esa actitud".

Tagliaferri aclaró que ella es la única integrante de su bloque que tenía disidencias, ya que "el resto de los senadores del Pro no tienen ninguna objeción".

Sobre las diferencias, apuntó la de que en el paquete fiscal "puedan blanquear extranjeros y testaferros, estas cosas no han sido modificadas"; mientras que en la ley de Bases "la duración del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones sea de muchos años, pero poco plazo para incorporarse. Yo planteaba no tenerlo abierto solamente dos años, sino que pueda trascender los gobiernos".

"Yo desde el primer día planteé que era una senadora de la oposición, no soy parte del Gobierno, no estoy peleando para ingresar el Gobierno, no voy al acto (de Javier Milei) en el Luna Park, y no creo que ser una senadora de la oposición sea callarme todo porque lo anterior era malo", subrayó al ser consultada por la relación del macrismo con La Libertad Avanza.

La senadora admitió que su partido hoy está "un poco desteñido". Sin embargo, aclaró: "Yo tengo la mismas posiciones de siempre; tengo el mismo ADN de siempre del Pro".

 

 

En la séptima hora de exposiciones, el empresario industrial José Tamborenea en representación de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), quien fue invitado por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA), arrancó su intervención tenazmente al señalar que “sería ideal que nos llamen antes de escribir la ley, no después”.

Asimismo, aseveró que “somos los que la vivimos y la peleamos y no puedo entender como estoy acá explicando estas cosas”. Con relación al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la ley Bases, sostuvo que “si se aprueba tal como está, pone en riesgo de desaparecer a todo nuestro sector”.

Sin esconder su malestar con el articulado en cuestión, le envio un duro mensaje a los diputados nacional que dieron aval al capítulo: “Me llamó la atención que no nos llamaron para hablar del tema cuando se trató en Diputados. En cambio, los senadores se tomaron el tiempo de analizarlo”.

Con un detallado repaso sobre su trayectoria en el sector, Tamborenea remarcó los inicios de su empresa y explicó que “nosotros armamos un plan de negocios porque el país es viable”, pero advirtió: “Si se aprueba el RIGI las provincias dejan de percibir ingresos brutos y las provincias resignan 10% de coparticipación. Claramente no es para el desarrollo industrial argentino”.

Así las cosas, sostuvo que “queremos grandes inversiones en Argentina, pero no este régimen que es condenatorio para nuestro sector”, y enfatizó que el RIGI “así como está, nos pone en grave riesgo”.

En datos numéricos, el empresario metalúrgico comparó los beneficios a las empresas del exterior respecto a los perjuicios de las locales si se aprobase el RIGI: “Pagarían 25% de Impuesto a las Ganancias y nosotros 35, 0% de Iva y nosotros 21%, 0 de ingresos brutos y nosotros 6%, tasa estadística 0 y nosotros 3%, nada de Impuesto PAIS y nosotros 17,5%, derechos de exportación e importación 0 y nosotros de 13 a 16%, y tendrían alícuotas que van de 7% a 0 y nosotros pagamos no menos de 16%”.

“Esto no es justicia. Nosotros queremos una cancha equilibrada para poder competir”, aseveró. También señaló que “nosotros pagamos mucho más caros los insumos y vamos a perder todos incluidos los puestos de trabajo porque no vamos a poder competir”.

En tal sentido, añadió que “El Estado va a perder recaudación desde todo tipo de vista”. Además, planteó que dar beneficios a 30 años “es regalar la patria innecesariamente”. “Esto es más perjudicial que beneficioso”, remarcó.

En el final, el empresario Tamborenea volvió a apuntar contra la Cámara baja: “No lo puedo creer que haya pasado (avanzado) por Diputados y espero que aca se vote bien porque si no voy a invertir cada peso que me quede en mi vida para crucificar a los diputados que votaron el RIGI porque no tienen ni idea de lo que es”. “Esto es un desastre. Tienen la obligación de escuchar a la industria porque la estan rompiendo toda”, concluyó.

 

En el comienzo del debate del proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes en la Cámara alta, los senadores Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) apuntaron fuerte contra ciertos aspectos que plantea el capítulo de blanqueo de capitales, haciendo énfasis en la figura de los testaferros y la falta de prohibición de que puedan acogerse al beneficio hermanos de funcionarios.

Al tomar la palabra para hacer consultas al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, Tagliaferri sostuvo: "Estamos frente al blanqueo número cien en Argentina, es lamentable, es triste, es preocupante que no logremos mejorar esta situación. Es un blanqueo excesivamente generoso, se blanquea gratis, se blanquea sin tope y no tiene penalidad".

La macrista recordó que durante la gestión de Cambiemos se llevó a cabo un blanqueo que "fue exitoso, concreto y tuvo muchas más condicionalidades" que éste; y también "en la pandemia se aprobó un blanqueo para la construcción". Ahora, "se permite que todas esas personas que blanquearon hace 6 y 3 años puedan volver a hacerlo; es la alegría de los evasores que dañan la economía argentina", advirtió.

Además, la porteña alertó que "el GAFI envió un documento informal planteando su preocupación sobre la imposibilidad de tener una trazabilidad legítima de estos fondos", teniendo en cuenta también el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que plantea la ley de Bases.

Tagliaferri apuntó contra el artículo 35 del proyecto fiscal, que establece la regularización de bienes inmuebles a nombre de terceros. "Esto se llama testaferros. No terminó de entender cuál es el objetivo, la garantía de trazabilidad y cuál es el país que quieren construir ustedes, donde están permitiendo que testaferros blanqueen. Este es el sueño de Daniel Muñoz, Marcelo Ramos, Lázaro Báez".

"En el artículo 39 exigen que se haga la transferencia de dominio, pero dice que si en dos años no se pudo hacer y la persona presenta documentación, bueno, la autoridad de aplicación evaluará si es posible que la persona no la haga", agregó.

Guberman le respondió que están "completamente de acuerdo con lo negativa que es la política de blanqueo sistemático; claramente no es la solución. Tiene que ver con la falta de control y supervisión histórica de la AFIP y la ANSeS, órganos que deberían controlar lo que no controlan".

Sobre lo resaltado por la senadora macrista, el funcionario dijo que "en la reglamentación se va a detallar qué tipo de información, documentación, debería contener; es la regla habitual. Se van a tener en cuenta las normas antilavado".

"El testaferro ya tiene declarado los bienes, así que no es una cuestión impositiva. No apuntamos a esos casos, sino a los casos de personas que han adquirido inmuebles a través de vehículos no del todo regularizados, como fideicomisos", explicó e insistió que "en la reglamentación se van a tomar las precauciones para cuál es el origen de los fondos, cómo los pudieron haber adquirido".

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Lousteau afirmó que "lo que habilitan, a pesar que digan que no, es la intención, es que alguien blanquee inmuebles, edificios, propiedades o campos que tienen a nombre de otros". "Eso de que la reglamentación lo va a subsanar a nosotros no nos deja muy tranquilos; primero, por la posición pública del presidente, y segundo porque en otra parte del proyecto están haciendo absolutamente lo contrario. Están limitando el poder de las entidades financiaeras para decir qué requisitos adicionales le pueden exigir a aquellos que vienen a exteriorizar bienes".

"En el texto está explicitado que se van a cumplir las normas contra el lavado de activos. Contra la desconfianza no hay mucha acción ni texto que lo pueda salvar", contestó Guberman y lanzó: "Se quedan con la parte del presidente diciendo 'no me importa de dónde vienen los fondos', pero nunca hacen el comentario que el presidente lo que todo el tiempo dice es que hay que cumplir la ley".

Carlos Guberman (Foto: Comunicación Senado)

En una nueva intervención, Lousteau reiteró que "una persona puede blanquear algo que está a nombre de otro" y "los requisitos que se van a pedir son los mínimos". "No es un tema de confianza o desconfianza, es lo que está escrito en una ley", señaló y cuestionó que "este paquete tiene un régimen muy generoso para aquel que no pagó impuestos; yo me animo a describirlo como el más generoso de la historia de los blanqueos, de hecho permite blanquear a tasa cero".

Y fue más allá, al graficar que la iniciativa prevé "una rebaja impositiva para los sectores con mejor condición patrimonial", es decir que "los más ricos de la Argentina van a pagar menos". "Tenemos un aumento del impuesto a las Ganancias para la clase media. Es un paquete que baja la presión tributaria a los más ricos y le carga presión tributaria a la clase media", sumó.

Pero además subrayó que "permite, igual que en el blanqueo del gobierno de (Mauricio) Macri, que los hermanos de los funcionarios blanqueen. Tu suegro o suegra no pueden blanquear, pero tu hermano o hermana sí. Y esto es grave, porque es el vínculo más cercano".

"Hay un montón de cosas de esta ley que son malas y se pueden corregir si trabajamos como corresponde. Y no hay chicanas en esto. Hoy a la mañana había un diario que tituló que yo pregunté '¿los hermanos pueden blanquear?'. No es por el presidente y la secretaria General (Karina Milei), porque son funcionarios y no pueden blanquear. Yo pregunté porque seguramente en el pasado hay funcionarios de hoy que los hermanos sí pueden blanquear; y funcionarios del pasado que también van a poder blanquear", expresó.

A continuación, el radical aseguró que pedirá que "se excluyan a los hermanos" y que el plazo de 5 años se extienda a 10 para que abarque no solamente a una gestión para atrás. También manifestó: "Voy a pelear para que la tasa sea más alta, no del 0% o 5%".

Al responder en otro tramo, el secretario de Hacienda leyó el artículo 35 (cuestionado por la figura de testaferros) y aseveró que "explícitamente solo se puede usar la figura del tercero si el que tenía en su propiedad el bien era una sociedad". "Los Sauces es una empresa", tiró Tagliaferri fuera del micrófono.

En tanto, sobre la prohibición de que hermanos de funcionarios blanqueen, Guberman expresó: "Podemos aclarar el tema, habíamos puesto ascendentes y descendentes. Nos faltó movernos para el costado también".

En otro momento de las consultas, el senador Víctor Zimmermann (UCR) preguntó al funcionario "si tienen previsto prestarles (de los fondos que se recauden), a través de algún mecanismo, ya sea tipo bonos o créditos, a los gobiernos provinciales y que tengan una fuente de financiamiento".

"En cuanto al destino de los fondos la norma plantea que se puedan dar determinados fines a los depósitos que estén en las cuentas especiales. En el momento de reglamentar se podrá establecer a dónde destinar, podemos tomar en cuenta el pedido de que haya una parte de esos fondos que esté habilitado para operaciones de crédito de las provincias proyectos de inversión de obra pública. Lo anotamos y lo dejamos como una cuestión a evaluar", respondió Guberman.

 

La Coalición Cívica expresó de entrada su oposición férrea contra la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y allí el diputado nacional Juan Manuel López fue una de las voces que se alzaron contra el magistrado propuesto por el presidente Milei, y que insiste casi diariamente en expresar sus reparos hacia el mismo.

Este domingo volvió a hacerlo luego de conocerse el panorama político del periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, donde se expresan las diferencias de criterio que hay en el Pro respecto del juez Lijo frente a la votación que se dará en la Cámara alta próximamente.

Allí Morales Solá hace referencia al “silencio absoluto del kirchnerismo y del radicalismo”. Entre los dos, alcanzan los dos tercios necesarios para aprobar el pliego del candidato propuesto para la Corte. Pero respecto del Pro, Morales Solá cuenta que en las últimas horas el expresidente Mauricio Macri expresó su desacuerdo con la nominación de Lijo para el Tribunal Superior. Pero la senadora Guadalupe Tagliaferri, titular de la Comisión de Acuerdos, nada menos, y también del Pro, habría dicho estar dispuesta a votar a Lijo, según cuenta el periodista.

Morales Solá aclara que Tagliaferri no responde a Macri, sino a Horacio Rodríguez Larreta, pero recuerda que el exmandatario es quien fundó el Pro y el que hoy preside ese partido.

Ante ello, Juan Manuel López expresó su deseo de que “el Pro tome una decisión pública, institucional y clara en contra de la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema”. Y concluye: “Estos transcendidos que publica Morales Solá deberían ser aclarados”.

El oficialismo puso en marcha este miércoles una de las comisiones más importantes y clave del Senado, la de Acuerdos con el objetivo de avanzar con los más que demorados pliegos de embajadores políticos y de jueces, puntualmente, con el del magistrado Carlos Grecco relacionado con el mega DNU que será tratado este jueves en el recinto.

Durante la breve reunión que se llevó a cabo en el Salón Illia, fue designada al frente de la comisión la macrista Guadalupe Tagliaferri a propuesta del radical Martín Lousteau, argumentando que “sin menoscabar a ningún otro, es una de las senadoras que más trabaja. Tiene convicciones muy firmes, pero también muy ecuánime y tiene muy buen diálogo con todos en el recinto”.

Al ocupar su puesto, Tagliaferri agradeció la responsabilidad que le han conferido y bregó para trabajar “de la forma más prudente, democrática y más rápida que necesita la justicia argentina y los ciudadanos para poder recibir justicia”.

Así, en ocasión de darle ingreso a los mensajes del Poder Ejecutivo que “hay un montón que tienen que ver con acuerdos” la porteña convocó a una próxima reunión para el jueves 21 a fin de “tratar los pliegos de embajadores porque urge luego de 3 meses de que están ingresados los mensajes poder dar la discusión en el ámbito del Senado circulando la invitación a los candidatos a diplomáticos y embajadores”.

Al pedir la palabra, el jefe de UP, José Mayans, objetó la conformación de las comisiones y volvió a reclamar que “es el espacio que nos corresponde que nos dio la ciudadanía”. “Siendo esta la Casa de las leyes, no se puede vulnerar la representación que ha hecho el pueblo argentino en la proporcionalidad que ha hecho el Congreso. Le faltan el respeto al pueblo”, argumentó el formoseño.

Así, agregó que “si hablamos de un Estado democrático, respetuoso, de las libertades fundamentales y, sobre todo, del sistema de división de poderes, de la Constitución y del reglamento del Cuerpo, entendemos que cuando se vulnera esto obviamente que eso después afecta el funcionamiento de las comisiones”.

“Hay 45 comisiones y si las cosas no se hacen en forma proporcional se vulnera el reglamento porque hay una capacidad de acción que puede tener un senador que no puede exceder cinco comisiones, esto se ve en la distribución. Estamos siendo vulnerados en nuestra representación”, cerró su crítica y, a continuación, propuso en nombre de su espacio a la mendocina Anabel Fernández Sagasti como vicepresidenta porque “es una persona que ha trabajado mucho en esta comisión porque fue presidenta”. En tanto, el cargo de secretaría quedó reservado.

Fernández Sagasti extendió el agradecimiento por renovar la dupla y afirmó que “el compromiso siempre trabajar para que podamos cumplir con la Constitución y con el reglamento de la Cámara”, y explicó: “Es una comisión que nos diferencia de Diputados porque le damos acuerdo a jueces, fiscales defensores, diplomáticos, embajadores y al ascenso de Fuerzas Armadas. La Constitución es sabia de que somos los senadores los representantes de las provincias que tenemos que brindar el acuerdo federal para cada una de las categorías. Es una comisión que tiene un largo trabajo interno por todo lo que se hace para tomar audiencias”.

Por último, Tagliaferri explicó que “hay ascensos de militares que están con estado parlamentario que no tienen dictamen en la comisión, se ha pedido el retiro de todos los mensajes aún con dictamen del Poder Judicial a excepción de un candidato que fue retirado y el presidente ha vuelto a enviar el mensaje -el magistrado Grecco- y embajadores”.

Desde Casa Rosada mantienen el ojo en el juez Greco de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. ¿El motivo? Semanas atrás rechazó junto a otro colega los amparos relacionados con el mega DNU.

El juez ya tuvo una extensión de su mandato por cinco años -a los 75- en 2018, durante la gestión macrista. En el último trimestre de 2023, el gobierno kirchnerista solicitó una nueva prórroga por el mismo plazo, que ni siquiera tomó estado parlamentario. Después Javier Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reclamaron su retiro para, luego renovar la solicitud.

Grecco cumple 80 años a fin del corriente mes y no podrá renovar su cargo por cinco años más. Para que pueda continuar por cinco años más, el trámite en el Senado -audiencia, dictamen de comisión, aprobación en recinto y publicación en el Boletín Oficial- debe llegar un día antes del cumpleaños del postulante. Así lo fijó la Corte Suprema el año pasado en el caso de Ana María Figueroa, la expresidenta de la Cámara de Casación Penal, que cumplió 75 años el 9 de agosto del 2023 y tuvo que dejar su cargo semanas más tarde, pese a la resistencia del kirchnerismo.

En la previa de la discusión en comisiones del Senado de la media sanción de reforma de la Ley de Alquileres, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri dijo que el oficialismo busca "hacerle modificaciones para que vuelva a Diputados" y "dilatar el tiempo de resolución de una sanción que, todos coincidimos, no es ideal, pero es mucho mejor que lo que está ahora".

"Nuestra voluntad es darle dictamen favorable para que en siete días pueda ir al recinto", aseguró sobre el proyecto aprobado la semana pasada en la Cámara baja que, entre sus cambios principales, vuelve a dos años el plazo de los contratos, establece ajustes cuatrimestrales y fija tres índices que las partes pueden acordar para la actualización.

La macrista acusó al Frente de Todos de "querer condicionar la ley al pliego de la jueza Ana María Figueroa". "Están tratando de negociar algo necesario para los argentinos y la agenda judicial de la vicepresidenta y de ninguna manera nosotros vamos a negociar eso", aseveró.

Respecto de la incertidumbre en el sector, la opositora observó que "producto de la ley y la inflación, la madre de todos los problemas, si había alguien que estaba con una operación inmobiliaria, eso se paró por completo" a la espera de una nueva ley.

Además, en diálogo con Radio Milenium, Tagliaferri señaló que "hay tres proyectos presentados por senadores del oficialismo y los tres van en la misma línea de la sanción que viene (de Diputados), donde le modifican los dos artículos centrales".

Para la senadora, hay que sancionar "una ley que intente, en lo mejor posible, ser buena para el propietario y para el inquilino". Sin embargo, admitió que los ajustes cuatrimestrales "con la inflación y devaluación que tenes van a seguir siendo un golpe".

Tras siete meses con dictamen, y ante la atención que suscita la situación por el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, el Senado avaló este jueves, en su primera sesión del año, tres pliegos de jueces para Rosario. La votación fue unánime, por 63 votos afirmativos.

Concretamente, se trata de las designaciones de Gastón Alberto Salmain (Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario), Elena Beatriz Dilario y Eduardo Daniel Rodrigues da Cruz (ambos para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario), cuyos nombramientos habían tenido aval en la Comisión de Acuerdos el pasado 15 de septiembre.

Además, se aprobó un conjunto de pliegos para cubrir cargos en la provincia de Córdoba: Pablo Gustavo Montesi (Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco); Ernesto José Cano (conjuez en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba); y Mariano Longarini (Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba).

También se votó la designación de Ana María Blanco como defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Defensoría N°2.

Miembro informante como presidenta de la Comisión de Acuerdos, la vicepresidenta del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, destacó el proceso que se dio en el tratamiento de los pliegos de los candidatos y planteó que hay "decenas" de nombramientos que esperan poder aprobarse en el recinto, lo que despertó reproches cruzados con la vicepresidenta de la comisión, la macrista Guadalupe Tagliaferri.

"Este bloque tiene la voluntad de seguir trabajando para llegar a un consenso y acuerdo para traer al recinto a las decenas de pliegos que quedan con dictamen en la Comisión de Acuerdos desde hace bastante tiempo para cubrir vacantes del Poder Judicial, y de los Ministerios Públicos Fiscales y Defensorías de varias provincias, entre las que se encuentran Salta, Chubut, Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos y otras", señaló.

La mendocina consideró: "Creo que debemos abogar por la equidad, la solidaridad y la igualdad que tenemos todos los ciudadanos al derecho a una justicia ágil, en tiempo y forma, ecuánime y es este Congreso el que tiene la responsabilidad de emitir acuerdos o no".

Entonces, detalló a continuación que hay designaciones que "se están paralizando en esta cámara con la negativa de dos bloques a tratar estos pliegos", entre los que hay defnsores para Tartagal, Concepción del Uruguay, Lomas de Zamora y fiscales para Comodoro Rivadavia, por ejemplo.

Tras la breve intervención del jefe de Unidad Federal, Guillermo Snopek, que reivindicó la reforma judicial que había tenido media sanción pero cayó en Diputados, tomó la palabra Tagliaferri. "Sí, al fin por suerte estamos hoy acá tratando algunos pliegos", arrancó la opositora, que reclamó que los pliegos en el temario llevaban "216 días sin traerlos el Frente de Todos a este recinto".

"Distinta suerte cobraron los jueces de la Cámara de Piedrabuena (Santa Cruz)", apuntó y mencionó que allí estaban "un familiar de Máximo Kirchner, un exabogado de la vicepresidenta", para cuestionar que "rápidamente, en menos de 70 días, se los aprobó en la sesión de noviembre", la última que se había realizado -hasta hoy- para tratar temas.

La legisladora del Pro recordó además que el presidente incluyó los pliegos en extraordinarias "pero no abrieron el Senado, sí la Cámara de Diputados para hacer un juicio político a la Corte Suprema". "Lo que pasó, claramente, es que les explotó el tema en la cara", enfatizó.

Al mencionar todos los reclamos que presentaron para que se traten los pliegos, aseguró que desde Juntos por el Cambio estuvieron "a disposición", pero al oficialismo "lo único que les ha importado desde el día uno es controlar a la justicia simplemente para beneficio personal de sus agendas de poder y no para lo que le interesa a la gente".

Fernández Sagasti recogió el guante y dijo que iba a responder "las falacias y los ataques" de Tagliaferri, al "contar con hechos lo que sucedió sesión por sesión". "La voluntad del Frente de Todos estuvo siempre en que tratemos todos los pliegos", expresó y recordó que tras el dictamen que tuvieron los mismos, el 15 de septiembre, solo hubo dos sesiones en adelante.

Al referirse a la del 27 de octubre, la camporista remarcó que en ese momento no contaban con el jefe de bloque, José Mayans, afectado en su salud, y no tenían quórum, por eso "hicimos un acuerdo en tratar temas estrictamente ligados a lo social, donde Juntos por el Cambio pidió exclusivamente que no se trataran temas de justicia y acuerdos", reveló.

"El 16 de noviembre se trató Presupuesto y el decreto de las designaciones del Consejo de la Magistratura. Juntos por el Cambio se ausentó del recinto y fueron a dar una conferencia de prensa", reprochó, para luego decir que intentaron sin éxito convocar a sesión el 22 de diciembre y el 23 de febrero (extraordinaria).

"Ustedes tenían decidido no sesionar ningún tema hasta que no se sacara el juicio político de la Cámara de Diputados. Al fin reflexionaron y acotaron tratar los pliegos solamente de la provincia de Santa Fe y, por una cuestión de arreglo con el otro bloque que se escindió del nuestro, incluyeron los pliegos de Córdoba", explicó.

Finalmente, cerró: "Yo lo que les pido es que tengan la sensibilidad de pensar que las demás provincias necesitan también una justicia accesible y rápida, como por supuesto la necesita con urgencia la provincia de Santa Fe".

La senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro-CABA) se manifestó satisfecha con la decisión del jefe de Gobierno porteño de desdoblar las elecciones primarias en ese distrito y realizarlas con boleta única. “Nosotros estamos contentos y convencidos porque la boleta única siempre fue una bandera a defender tanto para el Pro como para Juntos por el Cambio”, planteó.

Además, sostuvo que “en la historia de las elecciones en la Ciudad siempre la regla fue votar de manera separada. Y ya hemos votado con boleta única electrónica, así que lo que está haciendo el jefe de Gobierno de la Ciudad es respetar y garantizar las reglas de la Ciudad y para nosotros así debería ser también a nivel nacional”.

Entrevistada en Edición Calificada, por Radio Zónica, la senadora recordó que “Mauricio Macri ha sido un gran impulsor de la boleta única”, y apuntó que “la ley le da la competencia al jefe de Gobierno para decidir sobre las fecha de las elecciones. Estamos cumpliendo con la ley, con la tradición y con el mejor mecanismo para la ciudadanía”.

Por otro lado, con respecto a la labor parlamentaria, la senadora nacional dijo que los proyectos que espera la sociedad, tales como la Ley Lucio, la Lengua de Señas Argentinas y el Certificado Unico de Discapacidad, serán aprobados en la próxima sesión del Senado de la Nación. Sin embargo, mantuvo dudas sobre la aprobación del proyecto de ley de alcohol cero al volante.

De cara a una posible sesión en el Senado que lo saque del letargo de cuatro meses, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA) afirmó que están conversando con el nuevo bloque Unidad Federal en un temario consensuado cuyos principales proyectos son los pliegos de los jueces de Santa Fe y la Ley Lucio.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la porteña aseguró: “Se está trabajando efectivamente, tanto el bloque de los cinco senadores que hace poco cuatro rompieron con el Frente de Todos más la senadora de Córdoba y nosotros que somos 33, hemos presentado notas para tratar temas importantes específicamente hoy son los pliegos de los jueces de Rosario, estamos en conversaciones para acordar los temas”.

“El kirchnerismo podría haber tratado los pliegos. En noviembre que se sesionó con el FdT que no había perdido a sus senadores y en esa instancia aprobaron tres pliegos de jueces de Santa Cruz que son por la cámara de la causa de la expresidenta. No aprobó los de Rosario y ellos dicen que nosotros no queremos tratarlo y claramente sí”, apuntó y remarcó: “Por eso estamos trabajando con el resto de los opositores para trabajar en un Congreso de cara a la gente y no como hace tres años con la agenda judicial de Cristina”.

En ese sentido, consideró que “la fecha para sesionar es lo menos problemático, hay que trabajar en el temario. Nosotros queremos los jueces de Rosario y Córdoba, debemos trabajar la Ley Lucio que tiene que ver con poder capacitar a todos en todo nivel respecto de los derechos de los niños para que no vuelva a suceder lo que pasó con Lucio en La Pampa y ellos tienen un temario similar y suman algunas cuestiones como el senador Kueider que tiene que con subsidios”.

“Lo que tiene es un planteo respecto de que hay zonas frías, zonas calientes y todas tienen tarifas distintas y Entre Ríos quedó en un vacío respecto a eso”, explicó sobre el proyecto del entrerriano Edgardo Kueider.

En tanto, explicó: “Gracias a Dios el Congreso es un ámbito democrático donde hay la cantidad necesaria de senadores sentados para sesionar esté o no esté Cristina o cualquiera de los senadores del FdT se sesiona y lo que se vote debe ser convertido en ley. Basta con que cinco senadores convoquen a sesión especial y asistan los 37 necesarios para iniciar el quórum por lo que se puede hacer, es muy relevante poder demostrar que lo que la gente vota, además, tiene su impacto real en frenar las locuras del kirchnerismo en el Congreso”.

“Estoy muy esperanzada y me gustaría ver a esos cuatro senadores caminar, porque en noviembre votaron los jueces de la Cámara de Santa Cruz, y es un momento que demuestren que realmente rompieron con el FdT y no es una cuestión meramente electoral”, bregó.

Continuaron este miércoles las audiencias públicas para designaciones en cargos judiciales durante la reunión de la Comisión de Acuerdos presidida por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana). 

Los candidatos a ocupar distintos cargos realizaron su exposición respecto de las características del lugar para el cual han sido propuestos por el Ejecutivo Nacional y de su posición respecto a la tributación del impuesto a las ganancias, además de responder las consultas realizadas por legisladores nacionales. 

Tras la exposición del postulante Maximiliano Alberto Leandro Callizo al cargo de Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 17 de la Capital Federal, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri advirtió que “no está permitido seleccionar a dos jueces o a dos candidatos de la misma terna para dos juzgados distintos”; y se refirió a un planteo de la senadora Beatriz Ávila: “En cuanto a las listas complementarias que planteaba Ávila, era entender por qué se elegía el número diez de una complementaria y no los anteriores. En el caso de este pliego tiene que ver específicamente que está en el Mensaje de hoy y en el de mañana y que tanto usted como otro han sido parte de una misma terna: salieron primero y segundo, no hay ningún inconveniente en su idoneidad”, manifestó. 

Al respecto, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti informó que “todo el procedimiento que se hace en el Poder Ejecutivo está en la Página y en la información correspondiente; todos los senadores y senadoras tienen en sus carpetas digitales la información de los concursos”. Asimismo, sostuvo que “respecto de la decisión constitucional del Ejecutivo de mandar las ternas y mandar al postulante tanto para este Juzgado como el día de mañana para Conjuez, bueno es una decisión del Senado de la Nación discutir respecto de esa propuesta y aprobar o no los pliegos como hacemos con cada uno de los postulantes”. 

La Comisión de Acuerdos del Senado escuchó este martes las exposiciones de quince candidatos a ocupar distintos cargos judiciales, propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, durante la primera de las tres jornadas de audiencias públicas.

La presidenta de la comisión, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), informó que todos los postulantes "han cumplimentado todas las exigencias" para poder defender sus pliegos en el Senado.

En la primera de las audiencias públicas, que continuarán este miércoles y jueves en el Salón Arturo Illia, durante casi cinco horas expusieron 12 hombres y 3 mujeres propuestos para acceder a cargos en el Poder Judicial en siete provincias.

Los postulantes explicaron detalles de cada uno de los cargos para los que fueron propuestos y brindaron su opinión favorable al pago del impuesto a las ganancias por parte de los magistrados, a la vez que algunos tuvieron que responder preguntas formuladas por legisladores.

Poco después del mediodía, luego de escuchar a los primeros expositores, Fernández Sagasti informó que la oposición estaba en condiciones de proponer a uno de sus integrantes para ocupar la vicepresidencia de la comisión, que se encontraba vacante.

El senador del Pro Humberto Schiavoni, propuso a su par de CABA de Juntos por el Cambio Guadalupe Tagliaferri para convertirse en vicepresidenta, en una designación que fue aprobada por los miembros de la comisión.

Con este nombramiento "completamos la terna femenina en la conducción de esta comisión, por primera vez", informó Fernández Sagasti, ya que la secretaría es ocupada por la senadora misionera Magdalena Solari Quintana.

Tras completarse las autoridades le tocó el turno de exponer a Marcelo Bersanelli, propuesto para ser vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Luis Piedra Buena, en Santa Cruz, y a su finalización, tras un intercambio de opiniones entre senadores, la flamante vicepresidenta Tagliaferri adelantó que su interbloque "no va a brindar acuerdo" para su postulación. Objetan que el candidato propuesto tiene un parentesco con Máximo Kirchner: es concuñado.

La senadora porteña expresó que “haber sido asistente legal de la vicepresidenta, funcionario del Gobierno de Santa cruz y haber tenido vínculos familiares con la vicepresidenta y la actual gobernadora de Santa Cruz atenta contra la imparcialidad que requiere el cargo para el que está propuesto”, le anunció Tagliaferri. Le salió al cruce el kirchnerista Oscar Parrilli, quien habló de “actitud persecutoria” y de una “política de amedrantamiento”, mientras que Bersanelli aclaró que no había trabajado para Cristina Kirchner. “Simplemente la acompañé como asesor legal”, afirmó.

Los candidatos que concurrieron este martes y sus respectivos cargos que ocuparán en la Justicia, en caso de aprobarse sus pliegos, son los siguientes:

- José Manuel Díaz Vélez para juez del Juzgado Federal de primera instancia n° 3 de Tucumán.

- Jorge Gamal Abdel Chamia para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

- Patricia Marcela Moltini para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

- Martín Galliano para defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tucumán.

- Federico Aníbal Zurueta para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy

- Marcelo Hugo Bersanelli para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.

- Carlos Augusto Borges para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.

- Nelson Andrés Sánchez para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.

- Carlos Fabián Cuesta juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires.

- Jésica Yael Sircovich para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires.

- Pablo Ezequiel Wilk para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires.

- Silvina María Andalaf Casiello para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, Sala B.

- Fabián Gustavo Cardozo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones.

- Mario Osvaldo Boldú para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones.

- Jorge Horacio Campitelli para fiscal ante el Juzgado Federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, provincia de Misiones.

El debate por la Ley de Oncopediatría fue muy rápido, luego de que los legisladores acordaran bajar a la mitad los tiempos de sus discursos. Y el desarrollo de los mismos tuvo el marco emotivo que ameritaba la ocasión. Pero sobre el final, la armonía trocó por tensión.

Fue luego de que en el discurso de cierre, la catamarqueña oficialista Lucía Corpacci saliera al cruce de la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, que antes había reprochado que esa ley hubiera estado 247 días “dormida en las oficinas de este Senado”, para más adelante reivindicar el papel del Hospital Garraham. “El 40% de los chicos con cáncer se atienden en el Garrahan y eso es porque no tenemos federalismo", había dicho antes la senadora porteña. Y agregó: "Es el único hospital nacional con tecnología, con capacidad, con profesionales, que está en la Ciudad de Buenos Aires y no es de la Ciudad (...) ¿Por qué no tenemos en cada provincia un hospital donde puedan ser atendidos, diagnosticados y acompañados?".

Así fue que en su discurso, la oficialista Lucía Corpacci le contestó sin nombrarla, recordando que durante la gestión de Cambiemos había “desaparecido” el Ministerio de Salud. Destacó además el “orgullo” de tener “hospitales públicos capaces de atender una situación delicada como la oncopediatría”, y aclaró que los chicos “vienen al Garrahan porque es un hospital de alta complejidad que les garantiza un diagnóstico que luego la mayoría desarrolla en su provincia”.

“Es verdad que la Ciudad de Buenos Aires aporta (para mantener el Garrahan), pero también y en gran medida aporta el Gobierno nacional, porque es un hospital que debe atender a los chicos de todo el país… Así que nadie crea que solamente tienen que venir acá los de Buenos Aires, porque los de todo el país tienen derecho a venir acá al hospital”.

“No es bueno aprovecharse de circunstancias -continuó en tono crítico-. Acá se dijo que esta ley durmió 240 días; quiero decirle a los papás que la comisión era presidida por la oposición”, y apuntó que “entre 2019 y 2021 la Comisión de Salud estuvo presidida por el senador Mario Fiad, y cuando se quiso constituir la comisión faltaron miembros de la oposición en dos oportunidades, lo que demoró la constitución de Salud”.

Por el contrario, destacó que “apenas se hizo cargo de la comisión el senador Pablo Yedlin, el proyecto se trató, tuvo despacho y la estamos resolviendo hoy. Pero además nunca hubo pedido de ponerlo en el temario. Así que quiero pedirles, por respeto a los papás, que por favor no politicen esto, porque acá  nos pusimos de acuerdo todos. Es una ley importante para todos nuestros niños y realmente se logró por el esfuerzo de los padres”.

Por sentirse aludido, antes de pasar a la votación pidió hablar el radical jujeño Mario Fiad, quien muy molesto quiso aclarar que la responsabilidad de conformar las comisiones “es vocación y voluntad política de parte de ellos”, dijo en referencia al oficialismo. Luego remarcó que su mandato había concluido el 10 de diciembre pasado, con lo cual muy enojado exigió “una reivindicación por parte del Cuerpo con respecto a las declaraciones que hizo la senadora preopinante”.

Le contestó el presidente del interbloque oficialista, José Mayans: “La verdad que no deberíamos opacar esto, pero la verdad que las expresiones de la senadora de la Capital Federal, donde ella se lleva todo, despreciando el trabajo de todos los senadores, como que ella es la salvadora de comisiones a las que no asisten… Hemos votado la constitución de las comisiones con (solo) dos miembros (de la oposición)… Y después, sesión por sesión, buscando cómo se debe hacer el quórum… Y acá viene la Tagliaferri a reivindicar que es la héroe de la jornada, hablando mal de todos nosotros… ¡Es una vergüenza!”.

“Ojalá que salga así y se termine acá; porque sino voy a decir otras cosas que no le van a gustar”, cerró el formoseño. Y en ese marco tenso, totalmente ajeno a lo que había sido el tratamiento del tema, se pasó a la votación.

Luego de que oficialismo avanzara en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta con el dictamen de mayoría del proyecto sobre Bienes Personales y que tiene intenciones de sancionarlo el próximo miércoles 29, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri cuestionó la composición de la Comisión y advirtió que “es algo típico que nos van a hacer en todas las comisiones”. A su vez, habló sobre lo que se prevé en la próxima sesión de la Cámara de Senadores.

“La constitución de la Comisión de Presupuesto y Hacienda empezamos no respetando la proporción de los senadores como cualquier lugar las comisiones se conforman de acuerdo a la cantidad de senadores que tiene cada espacio político. La presidencia del Senado convocó respetando la conformación y la cantidad de senadores del anterior Senado, por lo cual hicieron una ley de redondeo como a ellos les gusta, redondean para arriba ellos y para abajo nosotros”, denunció en declaraciones a CNN Radio la legisladora y advirtió: “Creemos que es algo típico que nos van a hacer en todas las comisiones y violenta lo que la gente eligió”.

En relación al proyecto que proviene de la Cámara de Diputados con modificaciones, explicó: “Es un proyecto que se debatió en el Senado a instancias de un senador del oficialismo que salió aprobado por unanimidad y que surgió entre las PASO y las generales que no tuvo ninguna voluntad de tratarlo la Cámara baja”.

“Se trabajó en conjunto entre los dos espacios, también con el ministro de Economía Martín Guzmán y así salió, pero nunca lo trataron”, señaló y criticó: “Ahora viene con modificaciones que, no es que estamos en contra, sino que no estamos de acuerdo en que incorpora artículos del Presupuesto rechazado, aumenta por sobre todo los bienes gravados en el exterior pero les da la potestad y las competencias de forma indefinida al Poder Ejecutivo para que siga modificando con impuesto y violenta la Constitución Nacional”.

En ese sentido, ratificó que “le da la potestad al Ejecutivo de seguir modificando las alícuotas de acuerdo Índice de Precios”, y reiteró: “Acompañamos el proyecto, pero no en las formas y sobre todo en darle al Ejecutivo la potestad que no le corresponde. Además, los mínimos no imponibles tienen que aumentar porque aumenta la inflación”.

En cuanto a la votación que se prevé en el Senado Tagliaferri opinó: “Creo que el oficialismo va a poder construir el quórum. Tengo la sensación de que no todos los senadores incluso los que están más referenciados con gobernadores dentro del oficialismo van a votar cualquier locura que se les ocurra”.

“En nuestro interbloque hemos logrado sumar más fuerzas que trabajamos en equipo que es más fácil llegar a consenso entre 33 personas”, remarcó y concluyó: “Vamos a seguir reclamando por la composición de la Comisión para hacer respetar lo que los argentinos eligieron. No es raro que a Cristina (Kirchner) no le importe el reglamento ni la Constitución, será una discusión intensa. Están obligados a dialogar porque es bueno para la democracia”.

Promediando la sesión del Senado llegó el momento de votar sin debate series de proyectos incluidos en paquetes. La primera tanda incluyó 19 iniciativas, pero antes de votarlas el presidente del interbloque JxC pidió apartar de ellos cuatro, pues algunos planeaban votar de manera diferente.

Pasada la votación del paquete que quedó con 15 proyectos y se aprobó de manera unánime, se inició la votación diferenciada, comenzando por el proyecto que dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado que revistaban al momento de su desaparición como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa.

Y la votación terminó… 54 votos a favor, 0 en contra. “¿Y para qué lo hicieron sacar?”, preguntó la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora con una sonrisa.

Se ve que fue un error, pues la estrategia de la oposición quedaría clara a partir de los proyectos siguientes. Cuando llegó el referido a la creación de la línea telefónica gratuita para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente, impulsado por el senador Daniel Lovera, la senadora Guadalupe Tagliaferri pidió la palabra para fundamentar su postura. Dijo que se trataba de un tema elaborado en la Comisión de Trabajo y no del Ejecutivo, que para el cual no habían sido consultados la defensora del Niño Marisa Graham, ni el secretario nacional del área Gabriel Lerner. “Estos dos organismos vienen haciendo un trabajo enorme para que cada provincia tenga la línea 102 para infancia”, advirtió la senadora del Pro, que consideró entonces que el proyecto no había pasado por las áreas específicas de la niñez, que no habían sido consultadas, concluyendo entonces que “el proyecto es malo y por eso lo voy a votar en contra”.

Se aprobaron las abstenciones y al abstenerse casi todo el bloque JxC, no alcanzaba el quórum, por lo que el propio José Mayans sugirió que volviera a comisión “porque sino no avanzamos”. La senadora Beatriz Mirkin planteó la posibilidad de volver a votar reconsiderando las abstenciones, cosa que obviamente Juntos por el Cambio se resistía a hacer. “Creo que han sido un poco picaronos”, disparó la senadora tucumana.

“Se saca (el proyecto) con el compromiso de tratarlo cuando tengamos el número”, concedió el presidente del bloque oficialista.

A continuación venía el proyecto sobre trabajadores rurales, que actualiza los montos de las multas por incumplimiento de obligaciones por parte del empleador. También del senador Lovera, y previendo lo que sucedería el oficialismo especuló con no aceptar las abstenciones. “Si se abstienen no hay quórum”, advirtieron, pero un paciente Mayans cortó por lo sano, cuestión de no complicar el avance de la sesión. “Vuelven a la comisión los proyectos que están cuestionados”, dijo.

El cuarto de los proyectos tenía que ver con la declaración de interés de la Carta de Intención – Acuerdo de Interés Regional Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA. Ante la certeza de que el proyecto correría el mismo destino que los otros, al formoseño Mayans se le acabó la paciencia: “A partir de ahora vamos a hacer lo mismo que ustedes, vamos a abstenernos en lo que no nos gusta. Quedamos en Labor Parlamentaria que esto se votaba… Ustedes se abstienen y nosotros les estamos votando los proyectos que quieren”.

Ante la insistencia del jefe del bloque FdT respecto de que no se estaba cumpliendo con lo pactado en Labor, Luis Naidenoff aclaró que si bien se había acordado los temas que se iban a tratar ellos no habían dicho cómo lo harían. “Este es un tema del NOA, que hay algunos del NEA que no lo quieren tratar, y se resolvió en algunos casos abstenernos”, explicó, a lo que Mayans insistió en que se había hablado en Labor Parlamentaria del tratamiento de esos temas, cuestionando el recurso de “matar” el proyecto con la falta de quórum.

Intervino entonces el titular del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien reconoció que habían tratado el tema en Labor, pero “nosotros aclaramos que había algunos temas que había que poner a consideración del interbloque. No dispusimos del tiempo para el análisis y consideración del interbloque. Prueba nuestra buena fe que la mayoría de los temas los aprobamos y hasta aceptamos tratar temas sobre tablas. Nosotros no dijimos cuál iba a ser el sentido del voto. Quiero que se descuente que no hubo mala fe”.

“Cuando hay abstención, se advierte la acción negativa”, concluyó Mayans. Habrá que ver en próximas sesiones si hay una acción recíproca.

En el comienzo de la sesión de este jueves, Gabriela González Riollo juró en reemplazo de Claudio Poggi, quien ya juró como diputado nacional, y de esta manera completará su mandato hasta 2023.

González Riollo, quien es presidenta del Pro en la provincia de San Luis, había integrado la lista del exgobernador puntano en las elecciones legislativas de 2017, en las que quedaron por debajo del binomio compuesto por los actuales integrantes del Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo.

Además, la dirigente fue también secretaria de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, aunque desempeñaba su labor desde Casa de Gobierno y no en el Palacio Legislativo.

Por otra parte, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri juró como vicepresidenta segunda, en reemplazo de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien también comenzará este viernes su mandato en la Cámara de Diputados.

La vicepresidencia segunda está en manos del Pro, mientras que la vicepresidencia le corresponde a la UCR. Pese a que circuló que Carolina Losada entraría en reemplazo de Martín Lousteau, la elección de autoridades del cuerpo no se realizó este jueves.

En la primera sesión presencial de la Cámara alta en 19 meses, Mariano Recalde (FdT – Ciudad de Buenos Aires) pidió una moción de preferencia para denunciar la ley que dictó la Legislatura de la Ciudad, porque “avasalla las competencias y facultades que son propias del Congreso”, ya que introdujo “artículos que le dan atribuciones y facultades al Tribunal Superior” de la Ciudad y calificó esa acción como un “mamarracho jurídico”. Ante esto, Guadalupe Tagliaferri (Pro – Ciudad de Buenos Aires) le salió al cruce.

En primer lugar, Recalde afirmó: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una ley por mayoría que avasalla competencias y facultades que son propias del Congreso de la Nación según el artículo 75 de la Constitución Nacional”.

“El jueves nos enteramos de que la Legislatura, en medio de una discusión, introdujo repentinamente dos artículos que le darían competencias, atribuciones y facultades al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para entender y modificar o tratar causas y sentencias dictadas por Tribunales Nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires”, cuestionó el senador oficialista y advirtió que “esto es grave porque corresponde al Congreso Nacional trasferir competencias o regular el procedimiento ante la justicia nacional, comercial, civil, del trabajo o la que fuera o con competencia federal.

En esta línea, agregó: “Hay una Ley Cafiero que no se ha modificado y hasta que no se discuta en el Congreso la transferencia de competencias o tribunales, esa competencia se rige por el procedimiento nacional. Eso que hizo la Legislatura es querer legalizar algo que venia haciendo el Tribunal Superior de Justicia que es abocar al entendimiento de causas en las cuales no tenía competencias e incluso el procurar interino le dijo que no tenía”.

“No podemos dejar de ver esa grosera intromisión a facultades que le son ajenas de querer poner un Tribunal por encima tiene una sola causa, está pensada para tratar de resolver un solo expediente que es el del Correo Argentino”, señaló Recalde y acusó: “Ha hecho un mamarracho jurídico en post de defender a una sola persona, Mauricio Macri”.

A continuación pidió la palabra la senadora también de la Ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri, quien planteó una cuestión de privilegio contra Recalde, señalando que "la Legislatura es un organismo elegido democráticamente por la ciudadanía, con lo cual considerar que los legisladores hacen mamarracho jurídico es faltarles el respeto”.

Por otro lado, aclaró que “dentro de la Ley Cafiero hay un montón de convenios que permitieron traspasar competencias del ámbito nacional al de la Ciudad de Buenos Aires”, y detalló: “Dentro de ese ámbito esta la transferencia paulatina de cuestiones de índole penal, y dentro de esas competencias se votó legítima y democráticamente en un espacio que, a diferencia de este Senado, existe la labor parlamentaria , existe discusión, consenso, donde desde el mes cuatro hubo sesiones presenciales en donde se votó lo que el senador rechazó que es le juicio por jurados que fueron trasferidas a la Ciudad de Buenos Aires”.

A continuación, desde el oficialismo reaccionaron los senadores José Mayans y Guillermo Snopek a criticar a Tagliaferri al aclarar que "las cuestiones de privilegio no se responden".

La diputada nacional Alicia Fregonese (Pro) se refirió a la publicación en el Boletín Oficial de la prórroga hasta el 31 de octubre del 50% del cepo a las exportaciones de carne vacuna. “La pésima gestión de la política ganadera no denota ignorancia, sino que hay intencionalidad”, consideró.

“El Gobierno persiste en el error, está empeñado en atacar a una de las pocas actividades que seguía funcionando a pesar de la cuarentena eterna que nos impusieron", sostuvo la legisladora entrerriana.

Además, la macrista remarcó: “Desde hace meses venimos diciendo que con esta medida se pierden puestos de trabajo, se pierden mercados internacionales, se pierde nuestra credibilidad, se va a perder stock ganadero y todo esto se traslada al consumo”.

“Según el decreto, se observa cierta retracción en la cadena. Es la retracción que va a frenar la producción y el empleo, que va a contraer aún más el bolsillo de los argentinos, que ya está dañado por la inflación y por más de 180 impuestos vigentes a la fecha", enfatizó Fregonese y afirmó que "el daño a la producción ganadera que no logró el Covid lo va a imponer el Gobierno".

Por su parte, a través de Twitter, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro) opinó que "el cepo a las exportaciones de carne significa un freno a la producción y, como consecuencia, a la generación de empleo y al ingreso de divisas, además de ser una medida que no contribuye a detener la inflación".

"Con estas políticas, el Gobierno no hace más que agravar la crisis, solo para mantener un relato en el que la culpa siempre es de los otros y nunca de las malas decisiones que ellos mismos toman", agregó.

Muy crítica también, la diputada nacional Lucila Lehmann (CC-ARI) escribió: "Cerraron las exportaciones de carne con la excusa que el precio iba a bajar, lo cual nunca sucedió, ni va a suceder".

"Hoy volvieron a extender la medida, absurda e inconstitucional, que castiga principalmente a Santa Fe, al país y a los consumidores", fustigó la santafesina.

La reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado realizada este martes se alteró cuando legisladoras del Pro interrogaron al fiscal Gabriel De Vedia sobre la supuesta reunión que había mantenido en 2017 con el entonces operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón, en cuyo marco él le habría adelantado la intención de ese Gobierno de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara. Así lo denunció en marzo pasado en medios relacionados con el kirchnerismo, y sobre eso le preguntaron Guadalupe Tagliaferri y Laura Rodríguez Machado.

Ahora propuesto para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala 5, De Vedia realizó su exposición sobre el final de la audiencia. Fue el decimotercer pliego analizado, de quince previstos para este martes. A continuación de su exposición la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri lo interrogó sobre su nivel de independencia. Le preguntó respecto de su reunión con Rodríguez Simón, el 26 de octubre de 2017; si lo unía con él algún parentesco, y si hubo en ese marco una amenaza hacia Gils Carbó. Y si se había propuesto como reemplazante de Alejandra Gils Carbó.

Entre otras cosas la senadora del Pro le preguntó las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.

“La reunión existió, la impulsé yo”, admitió De Vedia, precisando sobre su grado de parentesco que Simón había sido esposo de una prima hermana suya. No habían tenido mucho vínculo, aclaró, y no lo había visto nunca mientras estuvo casado con su prima.

“Yo era un fiscal que veía con muy buenos ojos el trabajo que se estaba haciendo en la Procuración”, admitió, precisando que “veía que esa persecución le generaba (a Gils Carbó) tristeza y preocupación para llevar adelante su tarea. Y en un momento dado apareció el tema de los celulares de una de las hijas (publicados) en un medio periodístico. Entonces empecé a pensar, sin haberlo hablado con ella: ‘Algo tengo que colaborar para terminar con esto’”.

Admitió conocer al entonces ministro Germán Garavano de la Universidad Austral, pero aclaró que no lo había ido a ver. Consiguió el teléfono de Rodríguez Simón y se contactó con él por whatsapp, combinando una reunión que se realizó en la Casa Rosada. En la que estuvieron los dos solos. “El me planteó lo que dije, que es público, y en ningún momento me propuse como procurador”, sostuvo, contando que había entonces un pliego suyo en el Senado que el Gobierno de Cambiemos había bajado. Descartó además que pudiese ser nombrado procurador, habiendo impulsado él varias denuncias contra funcionarios por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Según relató ante la Comisión de Acuerdos, ante la consulta de cómo podía concluir la presión sobre Gils Carbó “Pepín” Rodríguez Simón le dijo que “si me traés la renuncia de la procuradora, esto se acaba acá”. El le dijo que ella no iba a renunciar, porque tenía una responsabilidad institucional, ante lo cual el operador judicial le habría respondido: “Entonces meteremos presas a las hijas y a ella”.

“Es como que ahí se corta un poco la conversación”, señaló De Vedia, que le preguntó si pondrían a otro fiscal en el cargo y Simón le dijo que el nuevo procurador no sería un fiscal.

De Vedia rechazó que ese episodio tuviera que ver con “una posible independencia mía”, y se preguntó: “¿Cuál es la falta de independencia que le parece que puede haber? (La reunión) salió de mí, fue una forma de colaborar”.

Según dijo, no lo había denunciado ante la Justicia porque la destinataria del mensaje era la procuradora. “Si alguien tenía que denunciarlo era ella”, enfatizó. Y respecto de su decisión de ir a los medios en marzo pasado, De Vedia tomó la decisión cuando leyó en Infobae que Gils Carbó iría a juicio oral. “En ese momento me cae una ficha y dije: ‘Yo tengo algo que puede ayudar a la Justicia, porque tengo un elemento que es importante que la comunidad lo sepa, y también el Poder Judicial'”.

Intervino entonces la senadora Laura Rodríguez Machado, que insistió sobre su denuncia “tardía”. Y le recordó que como personal judicial tenía la obligación de que ante el conocimiento de un posible hecho ilícito presentarse ante la Justicia y manifesarlo. “Sino son meras manifestaciones políticas en programas que tienen un fuerte sesgo político. Eso demuestra que no hay imparcialidad en sus opiniones”, advirtió.

Agregó la legisladora cordobesa que esos dichos le dieron a Gils Carbó la posibilidad de impulsar una recusación. “Claramente ha dicho recién que le quiso dar una mano. Eso es ser absolutamente parcial”, observó la senadora del Pro, que adelantó que para el interbloque de Juntos por el Cambio él había sido “absolutamente parcial por dos motivos: por no denunciar, como hombre de derecho, ante un hecho ilícito, y sí hacerlo de manera política ante un programa; y en segundo lugar decirle que usted con esa declaración logró un avance que beneficia a Gils Carbó, para que su recusación fuera motivo dentro del expediente”.

Agregó Rodríguez Machado que el propuesto para juez había hablado de “persecución” contra la exprocuradora, con lo cual estaba acusando al bloque opositor de perseguir. Esa es una manifestación de corte político. Con eso nuestro bloque considera que usted no es imparcial”.

De Vedia insistió en que él había querido “darle una mano a la procuradora”, y que ese cargo no era político, sino institucional. “Si analizan mis denuncias, van a ver que siempre le doy importancia a la verdad jurídica objetiva. Yo tenía una circunstancia que podía esclarecer, aportar un elemento para que el Poder Judicial diga que la procuradora fue víctima de determinada circunstancia”, sostuvo. Y agregó: “Cuando planteo el hecho de la persecución, no es un hecho político, es judicial. Ella era la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Había una persecución mediática tremenda contra ella”.

“No vi persecución, pero sí veía que había algo que venía del Gobierno nacional y hubo declaraciones públicas del presidente de aquel momento pidiendo a la procuradora que renuncie”, agregó, para insistir luego en que no lo denunció en su momento “porque no fui el destinatario de ninguna expresión del doctor Fabián Rodríguez Simón; es ella la que tenía que haberlo denunciado”.

Intervino entonces el jefe del bloque oficialista del Senado, José Mayans, quien cargó contra “la mesa judicial” del Gobierno de Cambiemos a la que siempre le apunta esta administración. Y trajo a colación “dos causas armadas”, dijo, en referencia a la del dólar futuro y a la del Memorándum con Irán, que atribuyó a “una persecución abierta a quien fue presidenta y hoy es vicepresidenta de la Nación, para buscar dañarla como figura política, atacar a su familia, y la misma acción desarrollaron contra la fiscal Gils Carbó para poder sacarla del puesto y tener personas que representen sus intereses”.

En ese marco, el formoseño adelantó que el bloque mayoritario acompañaría los pliegos presentados.

No podía faltar la participación de Oscar Parrilli, siempre presente cuando de temas judiciales se trata, y arremetió contra Juntos por el Cambio señalando que “a veces llama la atención que levanten la bandera de la República y la defensa de las instituciones, cuando cometieron todos los atropellos, persecuciones, barbaridades que se hicieron contra el Poder Judicial de la Argentina”.

“Nosotros hemos escuchado hoy a postulantes y a ninguno le preguntamos a qué partido estaba afiliado, o si pertenecía a algún estudio jurídico… Evaluamos sus méritos y antecedentes”, afirmó, y volvió a cargar contra JxC, diciendo que “hablan como si hubiera caído de la estratósfera, llegaron con la pandemia”.

Y concluyó: “Quiero decirles a los postulantes que vamos a evaluar sus habilidades, competencias, y no vamos a tener en cuenta si formaban parte de algún estudio jurídico o si tuvieron algún compromiso político, cosa que sí hizo la anterior gestión”.

El tema se dio por concluido con la última pregunta de Tagliaferri, que quiso saber en qué circunstancias De Vedia le informó a Gils Carbó sobre lo que había escuchado. El fiscal contestó que al salir de la reunión la procuradora estaba siendo homenajeada en la Universidad de Lanús, y ahí había varias personas de la Procuración con la que él tenía confianza. “Los llamé por teléfono y en ese marco a uno que le tenía mucha confianza le pregunté si le decía a ella”, contó. “Mirá, tenés que hablar vos”, contó que fue la respuesta que escuchó, ante lo cua llamó a Gils Carbó y se reunió con ella. “La vi sorprendida, como que le termina de caer una ficha. De hecho, al lunes siguiente renunció”, concluyó De Vedia.

La situación en Cuba estuvo muy presente en la sesión de este jueves en el Senado, donde la oposición reclamó una y otra vez la presencia del canciller Felipe Solá para analizar la reacción de nuestro Gobierno respecto de la crisis en la isla.

La primera en sacar el tema fue la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA), quien presentó una cuestión de privilegio contra Solá, advirtiendo que “no se puede comprender el silencio que está manifestando el canciller respecto de la situación social del pueblo cubano”. Reclamó una actitud distinta de parte de nuestro país con el “pueblo cubano”, enfatizando que “los que somos hermanos somos los pueblos, no los gobiernos”.

“Vemos que el mundo entero está manifestando su preocupación frente a que hay cubanos manifestándose en la calle, sea el reclamo que sea el que estén pidiendo, no es que hay reclamos y derechos que manifestamos que estén bien que se hagan cuando son los que nos interesan a nosotros. El derecho humano a reclamar es un derecho que se defiende siempre, aun cuando no estemos de acuerdo con el planteo”, remarcó la senadora porteña.

En otro pasaje recordó que en ese mismo Congreso, el presidente Alberto Fernández les dijo a los legisladores que “si en algunas de las cuestiones que él se había comprometido en su campaña se estaba equivocando, le pidió al pueblo argentino que salga a manifestarse y se lo recuerde”. En ese sentido destacó que “el mundo entero está mirando como nosotros como país, con nuestra historia, guardamos silencio frente a la violación del derecho humano básico de manifestarse. Vemos cómo se llevan a cubanos que no se saben dónde están. Vemos a periodistas que están detenidos por haber informado”, y lamentó que “por cuestiones políticas nos estemos callando ante la violación de derechos humanos de un pueblo. Porque lo hacemos en algunos casos sí y en algunos casos no".

Tagliaferri concluyó advirtiendo que “pareciera que para el Gobierno nacional lo que son hermanos no son los pueblos, sino los gobiernos políticos afines. Y lamento que en Argentina, con nuestra historia sobre esta opinión, estemos callándonos viendo en la televisión como hay personas que están siendo detenidas y nadie sabe dónde están”.

En el mismo sentido fue que el radical fueguino Pablo Daniel Blanco pidió una moción de preferencia solicitando la comparencia del canciller en el Senado. “Que venga a explicar la política internacional en razón de que vemos con mucha preocupación el tratamiento, o no tratamiento, que se le está dando a la situación que está viviendo el pueblo de Cuba”. Ante ese reclamo, destacó el senador de JxC, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel “lo único que hizo fue reprimir”.

Luego señaló que en el transcurso del último año “nuestro Gobierno ha tenido una política muy zigzagueante en política de derechos humanos, advirtiendo que “un criterio tiene cuando algo sucede en Chile, o Colombia, y una actitud completamente distinta cuando pasa en Venezuela, Nicaragua, o ahora Cuba”.

Blanco se manifestó preocupado porque “nuestro presidente de la Nación diga que no tiene información suficiente sobre el tema, pero que el bloqueo se tiene que terminar. Y yo me pregunto cuál es la función que cumple el canciller que no le explica al presidente lo que está sucediendo en Cuba”.

Más adelante, el senador fueguino agregó: “No escucho a las Madres de Plaza de Mayo, al Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, no escucho al CELS, manifestarse sobre esta violación a los derechos humanos”.

“Vergüenza ajena”

Desde el oficialismo, la senadora tucumana Beatriz Mirkin ironizó respecto de los senadores de Juntos por el Cambio diciendo que “no se equivocan nunca”. A su juicio, ellos “siempre van por la equivocada, siempre plantean lo que no hay que plantear”.

“Hace 40 años que no los escucho decir que Cuba vive un bloqueo y que ese bloqueo los está destruyendo”, dijo. Y agregó: “No les permite comer, no les permite  vivir, y a pesar de eso Cuba vive. Y entonces, cuando los escucho tan desesperadamente luchar por los derechos humanos, la verdad que yo siento vergüenza ajena”.

Ya durante el tratamiento de los pliegos de Marcela Losardo y Guillermo Nielsen, habló Julio Cobos en su condición de vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, para insistir con el pedido de una visita de Felipe Solá. “Me parece que es imprescindible la presencia del canciller, porque hay muchas cosas que nos gustaría escuchar de su propia persona: qué es lo que está pasando en el Mercosur; que está pasando con el tratado Mercosur – Unión Europea; qué pasa con la política argentina que tiene la visión de los derechos humanos en el caso de Venezuela, Nicaragua y ahora Cuba. Son muchos temas, por eso me parece que es oportuno, si tiene que defender la política exterior del Gobierno, es la oportunidad: esta es la casa de las leyes”.

El proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayan - Lohana Berkins" recibió dictamen favorable este jueves en un plenario remoto de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado. 

La presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la senadora Norma Durango (Frente de Todos-La Pampa), abrió el plenario al resumir la conquista que representaría la ley de cupo travesti, transexual y transgénero  y consideró: “Debemos sentirnos orgullosos de este país y de esta etapa del Congreso de la Nación”. 

Por su lado, la senadora Nancy González (Frente de Todos-Chubut) se mostró “agradecida que haya puesto el proyecto a la vista y la verdad que es un derecho que lo tenemos que otorgar, y estamos en deuda y creo que estamos llegando tarde, así que muchas gracias”.

Inés Blas (Frente de Todos-Catamarca) coincidió con sus colegas: “En lo personal estoy de acuerdo con que se dé tratamiento a la media sanción de Diputados sin modificaciones”. También agregó que “el trabajo dignifica y mejora las vidas de las personas” y que con esta proyecto se está “reconociendo ese derecho”. 

La senadora Silvia Sapag se refirió a las mujeres trans. “Para comer tienen que dedicarse al trabajo sexual”, sentenció, y agregó que “tenemos este número trágico de que su vida promedio no pasa más de los 40 años”.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) también celebró el proyecto. “El acceso al trabajo tiene mucho que ver con la inclusión, tiene mucho que ver con las oportunidades, no es una casualidad que estudios en su conjunto, muchísimos, demuestran que la expectativa de vida de las personas trans va desde los 35 hasta los 41 años, esto tiene que ver con las oportunidades que se les niegan”.

María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) agregó: “Hay algo fundamental que quería mencionar también que tiene que ver con lo que estamos generando, que no es ni más ni menos que devolverles u otorgarles dignidad al colectivo travesti trans y transgénero de nuestro país. Devolverles la dignidad y otorgarles y garantizarles el acceso a los derechos en la igualdad también del acceso al empleo formal”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza) aclaró: “Para mi, el espíritu de la ley, y esto lo quiero decir de manera individual, está más que claro, esto que digo de que son entidades estatales, pero por si hay algunos que, como nos han planteado, que no estaría del todo cabalmente aclarada la ley, la Secretaría legal y Técnica toma el compromiso de en la reglamentación dejarlo taxativamente estipulado”.

Desde la oposición, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio-CABA) pidió que “se pueda lograr una mejor redacción del artículo 7. No que se elimine o se exija un nivel de cero antecedentes contravencionales y penales, porque sabemos que este colectivo está sometido por la discriminación y la expulsión a tener este tipo de situaciones y no podemos ser un condicionante, pero sí hay mejores redacciones”.

A lo que Sacnun le contestó: “No debemos olvidarnos que nosotros constitucionalmente tenemos un principio que es el de la resocialización de aquellos que también han tenido antecedentes penales, que han sido condenados… tengamos en cuenta que debemos ir hacia la armonización de derechos”. 

“Vamos a pasar el dictamen. Quiero decirles que estamos realmente muy conformes, yo también estoy recibiendo muchísimos mensajes del colectivo trans”, concluyó la senadora Durango.

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se reunió este lunes de forma virtual por segunda vez en lo que va del año. En esta ocasión se eligieron autoridades y se planificó la visita de la  Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, para el 22 de junio próximo. Guadalupe Tagliaferri (Pro-CABA) es la flamante vicepresidenta de la bicameral.

La presidenta de la comisión, la diputada Paola Vessvessian (Frente de Todos-Santa Cruz), abrió el encuentro al resumir: “Mi idea de trabajo es que podamos generar un proceso junto, con agenda activa y positiva. Poder aportar a la construcción de la política de la infancia desde la mirada legislativa”. 

Al momento de la elección de autoridades, la diputada Carmen Polledo (Pro-CABA) propuso a la senadora Guadalupe Tagliaferri para la vicepresidencia, quien fue designada por decisión unánime. “Creo que es una persona más que idónea y que ha entregado su compromiso fuertísimo en el trabajo de la defensa de los niños, de las cuestiones de género, de las mujeres”, argumentó la legisladora porteña, que luego la tildó de “la candidata ideal”.

Para la secretaría, la senadora Inés Blas (Frente de Todos-Catamarca) propuso a Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) por su “amplia trayectoria de militancia y trabajo en su territorio por los derechos de los niños y jóvenes, con una basta experiencia y formación”. Desde Diputados, Carla Carrizo (UCR-CABA) presentó a Carmen Polledo para la posición. “Tiene mucha experiencia en cómo construir consensos en políticas que no tienen que estar partidizadas porque no tienen partidos sino derechos”, consideró. Ambas fueron aprobadas por unanimidad.

Tras la conformación de la comisión, la presidenta de la bicameral sostuvo: “Estamos constituyendo todas las autoridades, así que con lo cual solo resta ponernos en acción, tener una agenda activa, positiva y que esté pensando en las infancias”. A continuación, Vessvessian propuso citar a la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, el 22 de junio para que dé su Informe Anual y responda preguntas.

También se aprobó el proyecto de resolución sobre la estructura orgánica y funcional de los derechos del niño y adolescente. La diputada Claudia Bernazza (Frente de Todos-Buenos Aires) pidió avalar la estructura “tal como la presentó la defensora”, idea secundada por la oposición a través de la voz de Guadalupe Tagliaferri, que expuso: “No tenemos una objeción con la estructura”.

Por su lado, la senadora Eugenia Duré aprovechó la ocasión para conmemorar el Día del Periodista. “Quería saludar a los periodistas en su día, teniendo en cuenta que desde la comunicación se deben garantizar los derechos de las y los niños, niñas y adolescentes”, consideró.

En la reunión también se aprobó la Declaración “La protección de la salud integral de las infancias y adolescencias es prioridad”.

La senadora Beatriz Mirkin (Frente de Todos-Tucumán), por su parte, debió ausentarse por una reprogramación de su vuelo de regreso a Tucumán, por lo que envió un escrito en donde expuso su posición acerca de los temas pertinentes a la reunión: “Adhiero a los temas propuestos, en especial lo referido a aprobar el proyecto de resolución sobre la estructura orgánica y funcional de la Defensoría”.

Por 38 votos a favor y 26 en contra, el oficialismo logró imponer su mayoría en el Senado para aprobar el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional que reglamenta diferentes medidas sanitarias para mitigar la segunda ola de contagios.

Fue en el marco de un breve debate que fue abierto desde la oposición por el senador salteño Juan Carlos Romero, quien cuestionó y rechazó el DNU puesto en debate al considerar “una exageración esta prórroga”, recordando que el decreto con restricciones “se emitió 24 veces, para prorrogar las medidas de encierro”, algo que consideró “absolutamente exagerado”.

Para el senador del Peronismo Federal, “no se cumple con los requisitos y las limitaciones que la Constitución establece”, advirtiendo que con esta disposición “el Poder Ejecutivo Nacional avanza sobre la educación y se violan absolutamente los principios de autonomía de las provincias”.

El plato fuerte del debate correspondió al representante del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, quien dedicó su exposición a fustigar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo al señalar que frente a un decreto impulsado en el marco de las “medidas urgentes que hay que tomar sin demora” en plena pandemia, “hay un jefe de Gobierno que lanzó su campaña a presidente y entendió que era parte de su campaña quedar bien con los anticuarentenas, los antivacunas, con los libertarios, y empezó a hacerse el más flexibilizador, creyendo -en mi opinión equivocadamente- que con esto le iba a rendir mejor electoralmente”.

“No tengo la menor duda de que esto fue lo que empujó al jefe de Gobierno de la Ciudad a ir separándose de la estrategia común que llevaba adelante la mayoría de las jurisdicciones”, apuntó.

Para Recalde, esta diferenciación de parte de Rodríguez Larreta con el Gobierno nacional comenzó a darse a principios de año, con lo que definió como “el anuncio marketinero y ventajero sin tener ninguna condición preparada, sin tener medidas establecidas, sin inversión en infraestructura escolar, para llegar primero con el anuncio de las clases, que por supuesto no pudieron hacerse como se habían anunciado”.

Recalde sostuvo que el jefe de Gobierno “después se fue diferenciando con más medidas”, y citó en ese sentido que justo cuando en la Casa de Gobierno se desarrollaba una reunión de los jefes de Gabinete de la Nación, provincia de Buenos Aires y de CABA, él firmaba con los dirigentes de Juntos por el Cambio “una carta abierta que decía que no iba a aceptar ninguna medida sanitaria, rompiendo el diálogo”.

“Y ahí vino después un decreto para el que no se lo consultó, porque ya habían dicho que no lo iban a cumplir”, agregó el senador kirchnerista, que hizo referencia luego a la apelación por parte de la Ciudad a la Corte Suprema de Justicia.

Recalde afirmó a continuación que “la Ciudad de Buenos Aires evidenció el más rotundo fracaso en la política de atención y combate a la pandemia; es el distrito que tiene los peores indicadores, al que peor le fue. Tiene 402 personas fallecidas cada cien mil habitantes; el que la sigue tiene casi la mitad, y abajo Misiones, con 23 fallecidos cada cien mil. 402 contra 23, y nos quieren dar clases de cómo atender la pandemia… La verdad que les fue muy mal”, remarcó, asegurando que la Ciudad “está en una situación catastrófica; el sistema sanitario está al borde del colapso”.

“¿Qué pasó entonces para que Horacio Rodríguez Larreta, cuando había muchos menos casos aceptó estar un año sin presencialidad en las escuelas, y de golpe empezó a confrontar con el presidente y la desobediencia a una medida muy concreta y puntual: la suspensión de la presencialidad escolar 15 días”, se preguntó.

Recalde leyó después una investigación del Conicet que concluyó que un contexto de alta circulación viral contribuye significativamente a disminuir los contagios y por ende a las internaciones y fallecimientos. Luego citó documentos de revistas internacionales como Nature y The Lancet, que sostuvo afirman que “los cierres de las escuelas son eficaces” en tiempos de pandemia.

Por el contrario, disparó que a Juntos por el Cambio “les agarró el ataque por defender la educación; un ataque repentino que no tuvieron mientras fueron gobierno y que no tienen mientras son gobierno (en la Ciudad) hace 14 años”, afirmando que allí “baja año tras año el presupuesto destinado a la educación, hoy tiene el presupuesto más bajo de toda su historia, y es el distrito que menos porcentaje destina a la educación”.

E insistió: “Les agarró un ataque repentino por defender la presencialidad, cuando Macri se hizo famoso por decir que en la educación pública se cae, es un lugar residual adonde va quien no tiene recursos”.

Recalde concluyó reprochándole al Gobierno porteño haber suspendido las clases presenciales y virtuales los tres días alcanzados por el último decreto del PEN, y no haber mandato tampoco comida a las escuelas esos días.

La réplica opositora

Tras su intervención y antes de pasar a la votación, pidió intervenir la senadora Guadalupe Tagliaferri, por haberse sentido aludida como senadora de la Ciudad. Al planteársele que su intervención solo podía justificarse a través de una cuestión de privilegio, la dirigió al senador Recalde, por considerar que había sido aludida cuando dijo que una senadora había calificado el documento del Conicet como “un panfleto”.

“No se pueden usar este tipo de artimañas; hay que tener disciplina”, se quejó el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, que advirtió que se estaba alterando lo acordado en Labor Parlamentaria, y que Recalde no había sido irrespetuoso. “Es una deslealtad parlamentaria”, concluyó.

Tagliaferri aclaró que sería muy breve, y tras afirmar que nunca había calificado de “panfleto” el documento del Conicet, se manifestó “orgullosa de haber dicho que para nosotros la educación cada día cuenta. Lamento mucho que para todos los senadores sea lo mismo un día más o un día menos”.

Afirmó luego que el presupuesto educativo en la Ciudad había vuelto a aumentar y afirmó que “hay un montón de documentación que manifiesta el daño psicológico y pedagógico que genera no ir a la escuela”.

Concluyó asegurando que en la Ciudad se habían construido 54 escuelas nuevas, y habilitado 10 mil vacantes más, cosa que rechazó a continuación Recalde con otra cuestión de privilegio, en la que sostuvo que muchas de esas direcciones asentadas por el oficialismo porteño como nuevas escuelas “son baldíos”.

En un nuevo debate en el Senado sobre el proyecto de ley para quitar recursos a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, la porteña Guadalupe Tagliaferri advirtió que lo que sucede con el distrito porteño puede en un futuro ocurrir con otras provincias.

La senadora del Pro se quejó de que "nos quieren hacer creer que este proyecto (con modificaciones de Diputados) es mejor, que es distinto", pero en realidad "no cambia nada" y "va sobre el atropello de la autonomía de una jurisdicción federal".

Además, la opositora señaló que "los cálculos realizados han sido discrecionalmente" porque "han elegido el año 2016 y no el año 2015, cuando la totalidad de los gastos y la competencia estaba en manos del gobierno anterior", en referencia a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

También, la macrista criticó que los cambios se hayan hecho a instancia de diputados de Córdoba y "no fue consensuado con los diputados y diputadas de la Ciudad".

Tagliaferri precisó que con la iniciativa se rebajan "65 mil millones de pesos para hacer frente a la transferencia hecha en materia de seguridad", que se suman "a los 12 mil millones de pesos que ya se vienen recortando". Lo cual representa "el 88% del total de los sueldos de la Policía de la Ciudad para el año que viene".

"Nos invitan a negociar pero la quita de fondos, tanto del decreto original de estos 150 millones de pesos diarios, más esto, sigue estando vigente. Entonces, nos invitan a negociar pero la plata sigue siendo quitada de la Ciudad de Buenos Aires", remarcó.

En ese sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio enfatizó que "nos dicen cuánto es el valor, cuándo se va a actualizar y con qué fórmula se va a actualizar", además de "poner como árbitro a la CFI", que ya expresó "su apoyo a la quita de fondos a la Ciudad", indicó.

"Es un simulacro de negociación, no cambió nada", dijo, para insistir: "Este proyecto en revisión sigue siendo exactamente igual al anterior y nos quieren hacer creer que quieren negociar. Es un simulacro de debate, de consenso, de federalismo".

Para la senadora del Pro, el proyecto tiene que ver con "la intencionalidad política que tiene el Gobierno nacional en un distrito que no le es afín políticamente".

También, en su discurso, rechazó el cuestionamiento desde el oficialismo "sobre la autonomía de una jurisdicción de la Argentina" y "el nivel de adjetivación, de agresión, que tienen con los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires".

"Es tristísimo para la Argentina que, en lugar de tener representantes de una jurisdicción que estén peleando por los intereses de sus votantes, estén haciendo especulación política-electoral, estén trabajando con revanchismo, estén con intereses personales y no les importe honrar el voto de los porteños y las porteñas. A ese senador (en referencia a Mariano Recalde) y a esos diputados y diputadas realmente invito a llamar a la reflexión", lanzó.

Finalmente, alertó: "Hoy es la Ciudad de Buenos Aires, mañana alguno de sus gobernadores va a querer pensar distinto al Gobierno nacional, va a querer decir en voz alta que no está de acuerdo con algo, y yo les aseguro que van a verse sometidos los gobernadores, sus legisladores y, lo más lamentable, el pueblo de cada una de las provincias, a ser blanco de ataque sistemático, de extorsión y de sometimiento para volver a ser afines políticamente".

Dos días después de haberse aprobado en Diputados el proyecto que reduce los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunió este jueves bien temprano un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para tratar las modificaciones que en la Cámara baja se hicieron.

El debate de este jueves fue más allá de la cuestión puntual de las modificaciones planteadas por Diputados, sino que evolucionó incluso hacia planteos sobre si CABA puede o no ser considerada una provincia. Como sea, más allá de la discusión que se extendió por más de dos horas, a la postre se pasó a la firma el dictamen para dejar el proyecto listo para ser debatido en el Senado la próxima semana. Aceptando el mayoritario oficialismo las modificaciones propuestas, para dejar el proyecto en condiciones de convertirlo en ley la próxima semana, habida cuenta del número que ostenta el Frente de Todos.

Está en discusión puntualmente el proyecto de ley que aprueba el Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016. La reunión arrancó a las 8.07, con el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, anunció el regreso a ese seno de la senadora tucumana Beatriz Mirkin, quien por cuestiones personales había sido reemplazada brevemente por la senadora Ana Almirón, en tanto que la presidenta de Asuntos Constitucionales habilitando el ingreso de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri por Luis Naidenoff.

La propia Sacnun detalló a continuación las modificaciones planteadas en el seno de la Cámara baja, con un artículo 2° donde se incorpora un período de tiempo de 60 días para que entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional puedan iniciar un proceso de diálogo mediante el cual puedan acordar la emisión de la opinión técnica en cuanto a los montos requeridos, como también se establecen las facultades de la CFI para que intervenga en el proceso de acuerdos. “La Comisión Federal de Impuestos tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”, detalló, puntualizando que “hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de $24.500 millones, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.

El artículo 4° dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso 2 5to párrafo de la Constitución nacional”.

A su turno, el senador Caserio aclaró que la comisión que él preside no tenía nada que analizar en tanto no surgieran de las negociaciones qué iban a hacer en cuanto a los fondos. “Lo único que queda es esperar los 60 días y ahí se verá o no si existe un cambio de presupuesto”, señaló.

Intervino entonces el senador Martín Lousteau, quien recordó que el fondo de la cuestión ya había sido debatido en profundidad oportunamente, con expositores que “dejaron muy claras algunas cosas”, tales como que “esto que se hace con la Ciudad no afecta la distribución secundaria, pero sí la coparticipación. De la misma manera que el mecanismo que se usa para detraer fondos es inconstitucional”, razón por la cual la Ciudad fue a la Justicia.

“Llama la atención que se abra ahora un proceso de negociación, que se debería haber abierto antes y no se abrió. ¿Por qué se abre ahora un proceso que involucra al CFI? Porque la unilateralidad del Gobierno nacional con la Ciudad solo tuvo un freno a la hora de conseguir quórum y votos, que hizo que otros actores exigieran esto”, señaló el senador porteño, recordando a continuación lo que dijeron los miembros de la Comisión Federal de Impuestos cuando pasaron por ese ámbito: el presidente del CFI, recordó, que ese organismo solo se limita a controlar la efectiva distribución de la recaudación de los montos fijados por los decretos; el vicepresidente dijo que no les correspondía emitir opinión, y su director ejecutivo aclaró que la facultad y competencia del CFI es para “controlar, pero una sola jurisdicción no les puede dar esa competencia, porque son un órgano supraestatal y suprafederal.  “Todas las decisiones son de los 25 integrantes y no de uno solo”, aclaró.

Así las cosas, Lousteau concluyó que se llegó a esta situación “no por espíritu de negociación, sino que se hace porque un grupo de diputados exigió que exigiera una mímica de negociación, por eso se incluyó al CFI”. Y agregó: “No entiendo cómo ahora el CFI va a decidir estas cuestiones o va a tener una posición diferente”.

Para el senador de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta mostró esa “falta de negociación”, como así también “cómo se le siguen detrayendo recursos a la Ciudad en medio de la pandemia, cuando perdió el 20% del presupuesto por la pandemia… No solamente no existió esa voluntad de dialogar desde el principio, sino que además, mientras se invita a negociar, se siguen descontando 150 millones de pesos por día. Mientras se trata que la Ciudad de Buenos Aires firme un consenso fiscal en el cual retira sus demandas presentes y futuras, cuando le acaban de sacar la plata en el medio de la pandemia. Así que esto que viene de Diputados, que altera la media sanción increíble que se dio en nuestro seno, no tiene variaciones reales”.

Recordó a continuación que este conflicto se inició con un conflicto en la provincia de Buenos Aires con su policía, que se hubiera solucionado si por ejemplo “coparticiparan el impuesto PAIS, si coparticiparan la emisión, el impuesto inflacionario… Y ni siquiera tendrían que reclamar nada si entre 2003 y 2015 se hubieran dignado a actualizar el Fondo del Conurbano Bonaerense, que a valores de hoy equivaldrían a 52 mil millones de pesos”.

“Esa plata que la Provincia no tiene equivale a un presupuesto y dos meses de la provincia de Buenos Aires”, agregó, puntualizando luego que “la provincia de Buenos Aires estuvo ampliamente gobernada por peronistas, en ciclos de gobiernos peronistas, y en el 94 les transfirieron la salud y la educación a las provincias sin transferirles los fondos. Es evidente que cuando hay gobiernos que dicen que son federales, en el fondo terminan concentrando los recursos en el Gobierno nacional para poder someter a las jurisdicciones”.

“Lo que tiene que haber es una verdadera negociación, y eso no estuvo en el ánimo del Gobierno, sino que hay que debilitar a una jurisdicción y a un gobernador que no es afín a ustedes y de hecho tiene una alta popularidad”.

A continuación, su compañera de bancada Guadalupe Tagliaferri ratificó que a juicio de la oposición no había “ninguna modificación”. Y comparó lo sucedido en el ámbito de las deliberaciones que hubo sobre ese tema con lo que sucedió con las modificaciones al Ministerio Público: lo expuesto en las audiencias, “no se incorpora, no se considera. Si hubiera sido una negociación, la podríamos haber hecho acá. Se hizo con el espíritu de conseguir los votos que no tenían… Hacen como que se modifica algo, pero no se modifica nada. Nos invitan a negociar mientras la quita sigue diariamente”.

“A la única provincia que le quitan fondos en lugar de ayudarla en pandemia es a la Ciudad de Buenos Aires”, agregó la senadora porteña, que consideró “erróneo” el cálculo sobre el que se estimó la suma que se le dará a la Ciudad. Y además, dijo, “nos ponen un árbitro que no es imparcial, porque ya se han manifestado, porque además conforman parte de las provincias que también están en dificultades económicas (…) Ponen a la Ciudad de Buenos Aires en situación de ir a negociar la voluntad política del funcionario político para negociar el dinero. Así tuvo que hacer (Daniel) Scioli con (el ministro de Economía Axel) Kicillof, que no le giraban los fondos, que era la forma de extorsionarlo, de ponerlo de rodillas”.

Y en ese marco alertó que hay diputados que han planteado que “la autonomía es reversible. ¿Hasta tanto se puede llegar? La verdad, en el medio de la pandemia hemos ofrecido trabajo conjunto, gestión, planificación, y la devolución es asalto a mano armada y que la autonomía es reversible. No entiendo cómo en el Senado podemos considerar que ese es un comentario menor y no estamos indignados”.

María de los Angeles Sacnun respondió la acusación de Lousteau, que habló de “una especie de extorsión”, señalando que los cambios hubieran sucedido porque de lo contrario no se hubiera votado el proyecto en Diputados. “Ese es el trámite parlamentario, forma parte del proceso de elaboración y formación de las leyes para lograr las mayorías requeridas, no veo qué es lo negativo”, repuso la senadora santafesina.

En cuanto a la cuestión de “inconstitucionalidad”, dijo que la misma “la podemos advertir en el decreto del expresidente Mauricio Macri que de un plumazo aumentó del 1,40 a 3,75%, sin ningún tipo de razonabilidad jurídica. Debiera haber fundado en todo caso eso, no lo hizo. Se celebró un convenio que nunca fue ratificado por el Parlamento de la Nación, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución. Esto se subsana con la media sanción que le dimos a esta norma”.

En otro pasaje Sacnun fue enfática en la cuestión de no asimilar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las provincias. “Encuadremos correctamente, no estamos hablando de convencionalidad, sino de aprobación del Congreso en cuanto a que este convenio que han celebrado las partes nunca había sido sometido al Congreso”, apuntó, como así también que el artículo 2 establece que el CFI va a tomar intervención a los efectos de emitir “solamente opinión técnica en cuanto a la determinación de monto anual por la transferencia de la seguridad”.

En ese sentido aseguró que Mauricio Macri le transfirió a la Ciudad 86 mil millones de pesos adicionales por decreto. “Entonces cuando hablan de federalismo, tengamos en cuenta esas cuestiones. Además, tengamos en cuenta que no es lo mismo discutir coparticipación, que discutir tranferencia: hoy estamos discutiendo transferencia”, remarcó.

La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez sostuvo por su parte que “todos deberíamos ponernos con luces de alerta y no permitir meter la mano en el bolsillo de una provincia, sea la que sea: mañana te toca a la tuya. Recordó que “cuando Macri le dio más fondos a la Ciudad, le transfirió competencias, y transfirió fondos nacionales, no coparticipables. Y luego por el Consenso Fiscal aprobamos ese decreto”.

“Quedó claro que lo que están mostrando es un simulacro de negociación, para tratar que la cara sea menos horrenda, que parezca realmente negociación. Acá se negocia con la espada de Damócles, detrayendo fondos”, sostuvo. “Por un lado aprietan con un consenso fiscal y por otro lado dicen abrir una negociación… Estoy en contra de que a los gobernadores se los arrodille, se los someta. Me parece tremendo hablar de autonomías reversibles; me da envidia a mí cuando veo provincias tan bien administradas como la Ciudad de Buenos Aires y eso también molesta y duele cuando además son gobernadores que se destacan”, concluyó.

Fue el turno del senador del Frente de Todos Jorge Taiana, que usó una imagen que él mismo aclaró que no tenía que ver, pero que era “bastante común”. La de la violencia de género: “transformar al victimario en víctima”. Y fue el término que usó para ejemplificar la situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos que recibió de manera que consideró ilegal por parte de Mauricio Macri. Se viene en cambio ahora a “reparar una arbitrariedad manifiesta insolente, amiguista, con los que menos tienen, que realizó Macri, como todas sus obras de gobierno, que ha tenido cómplices. Para gastar y hacer política con eso y sabiendo que despojaban al Gobierno nacional de recursos que eran mucho más imprescindibles en otras partes”.

Para Taiana, Rod´riguez Larreta aceptó 2dineros que no le correspondían, y en una cifra que no le correspondía”.

“Se quejaban de que no había negociación… Por favor, menos hipocresía y dejen de robarse Costa Salguero”, disparó sobre el final.

Su compañero de bancada Dalmacio Mera dijo que a él la situación lo hacía acordar ya no a la violencia de género, sino a alguna novela: “Los ricos no piden permiso”. Y explicó: “Lo que hizo Macri con Larreta, no le pidieron permiso a ninguna provincia argentina; se juntaron, establecieron un fondo y se pasaron los fondos como si fuera el dinero de ellos”.

El senador Esteban Bullrich rechazó la utilización del término “violencia de género” para este caso. Y apuntó que “hablar de negocios estando en el Gobierno más corrupto de la historia es perverso”. Por el contrario, consideró que “acá hay una realidad que quedó muy expuesta en el debate en Diputados: quieren dominar al opositor que más los preocupa. Hablan de debido proceso y a la par hablan de hipocresía: están haciendo que una provincia cada año tenga que negociar su política de seguridad con el Gobierno nacional que es de signo opositor”.

Volvió a intervenir el senador Lousteau para recordar que Santa Cruz recibió durante los gobiernos kirchneristas “transferencias discrecionales por 287 mil millones de pesos”, en tanto que Guadalupe Tagliaferri señaló que “cuando el senador (Taiana) plantea que los recursos fueron sacados a las provincias para su amigo de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que no saben o mienten. La Policía Federal la pagaba el Gobierno nacional, no se le sacó un centavo a ninguna provincia”.

Luego enfatizó que “si la Ciudad de Buenos Aires es provincia o no, es algo que debe estar saldado. Lo dijo la Corte, es lamentable y preocupante que en este ámbito nos importe poco el federalismo y empecemos a discutir la Constitución y el carácter jurídico de la Ciudad como provincia”.

La senadora Beatriz Mirkin (Frente de Todos) sostuvo que “todos los senadores que plantearon el tema y son de la oposición, de Juntos por el –Cambio, que es el gobierno que está en la Ciudad, plantean que nosotros somos delincuentes, que no tenemos en cuenta con seriedad a la Ciudad de Buenos Aires. Que les sacamos los fondos que son para los argentinos que pasan por la Ciudad y que le sacamos a Larreta los fondos en medio de la pandemia…”. Y señaló en cambio que “esos son fondos que “le entregó bajo la manda delincuencialmente” el expresidente Macri, citando que son “tres veces más que lo que se necesitaba para la policía, pudiéndole haber entregado esos fondos de Nación a otras provincias, o quedándoselos para políticas públicas para la totalidad del país”.

“No hay ninguna duda de que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. En cada artículo de la Constitución está bien diferenciado”, aclaró Dalmacio Mera, y agregó: “Que la Corte en alguna discusión en particular le dé estatus de provincia no le da las veces de tal. Y tampoco olvidemos que los primeros intérpretes de la Constitución somos el Congreso de la Nación”.

Para Julio Cobos, “estamos abordando la coyuntura permanentemente; hemos perdido la planificación a largo plazo. No sabemos salir de la coyuntura, es como el juego de la oca”, a lo que la senadora kirchnerista Nancy González respondió diciendo que planificación era lo que se proponía el Gobierno actual, pero no pudieron hacerlo “primero porque nos agarró la pandemia, y después porque encontramos un país endeudado como nunca en la historia del país nos había sucedido. ¿Entonces cómo podemos ordenarnos”.

Y se quejó luego porque el Gobierno anterior dejó “fundir”  su provincia (Chubut) durante cuatro años, “mientras le pasaban recursos irrisorios a la Ciudad de Buenos Aires, pero no fueron para nada federales”.

Intervino entonces Adolfo Rodríguez Saá, que aclaró que no quería plantear “la vieja lucha entre provincianos y porteños”, pero aclaró que estos últimos “siempre nos despreciaron”. “No quiero entrar en ese debate”, insistió, pero apuntó en referencia a los porteños: “Siempre primero ellos y después nosotros; las necesidades elementales que tienen las provincias del interior son muy dolorosas… Mientras ustedes discuten la abundancia, nosotros discutimos la pobreza”.

Pero a lo que quería referirse puntualmente, aclaró, era a una cuestión de “vocabulario”. “Reiteradamente dicen jurisdicción en vez de llamar a las provincias. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, no es una provincia; las provincias tenemos que respetar un régimen municipal, todas las provincias tenemos municipios, la CABA no es una provincia, no tiene municipios”.

La senadora jujeña Silvia Giacoppo negó que se estaba buscando atacar la autonomía de CABA, a la cual la Corte reconoció que “tiene un estatus de provincia” en un fallo que representa un precedente claro.

Carlos Caserio se quejó a continuación por la insistencia en hablar de varios senadores, poniendo el ejemplo de Guadalupe Tagliaferro. Y usó esa custión para referirse al estilo de los porteños: “Siempre hablan ellos, siempre tienen razón. Siempre creyeron que eran los primeros en todo, hasta para hablar. Ojalá tengamos la suerte algún día de que la administración central se vaya de Buenos Aires, para que el país sea más federal, para que nos dejen hablar”.

“Si yo no puedo debatir sobre mi jurisdicción, no sé cuándo tendría que hablar… No estoy opinando de Jujuy, Salta o Tucumán, y lo hago con mucho respeto”, aclaró Taglaferri, quien negó a continuación que los vecinos de la Ciudad no discutieran sus temas vecinales. Tenemos 15 comunas elegidas por los vecinos, en la 4 y en la 5 gobierna el Frente de Todos”.

Por último, la senadora Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “falta de respeto y no federalismo es exactamente lo que ocurrió con el decreto de Macri dándole más fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Esta discusión la deberíamos haber tenido cuando se transfirió la policía, en 2016, y no un DNU entre gallos y medianoches, a espaldas de las provincias”.

“Cuando hablamos d etransferencia, tiene que ser con recursos, pero con los recursos que se necesiten para esa transferencia”, señaló, y luego puso como ejemplo que su mamá le había enseñado a que cuando iba a comprar el pan, y como vuelto le devolvían de más, ella tenía que devolverlo. “El jefe de Gobierno sabe que a través de un DNU el expresidente le dio dinero de más”, concluyó.

Cerró la reunión María de los Angeles Sacnun, cuando el dictamen ya estaba circulando entre los senadores. Y apuntó que “de ninguna manera podemos admitir que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia y que quede asentado en una taquigráfica. Que se la trate en alguna cuestión concreta en pie de igualdad con algunas provincias, no los instituye con estatus jurídico de provincia. Para eso habría que pasar a una constituyente… Por ejemplo ‘la provincia de la Victoria’, recordando la plaza de la victoria y las epopeyas federales que han habido en esa plaza de la victoria, y elevarla al estatus de provincia”.

Muy crítica contra el Gobierno nacional, la senadora porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri sostuvo que "la Ciudad de Buenos Aires les esquiva electoralmente, esa es la razón para quitarle el presupuesto", y aseguró que el proyecto para bajar la coparticipación al distrito porteño se trata de "un ataque directo y decidido por estrategias electorales y revanchismo político".

La legisladora cuestionó que "se ha escuchado a lo largo de toda la tarde una larga cantidad de mentiras" y apuntó contra "mentiras" del Gobierno nacional en campaña, como "cuando nos dijeron que iban a construir una Argentina sin revanchismo político".

La macrista se quejó de que la Ciudad se enteró "por televisión" de la quita de un punto de coparticipación para resolver el conflicto policial bonaerense, y que esa rebaja se da "en el medio de una pandemia y de una crisis económica y social como hace años Argentina no vive".

También expresó que la medida fue "sin diálogo, unilateralmente, sin consenso, lastimando y agrediendo a aquellas gestiones que son eficientes". Al tiempo que con este proyecto de ley "se sigue intentando socavar la autonomía de Buenos Aires".

"Digan lo que digan este proyecto de ley es inconstitucional", aseguró Tagliaferri, al indicar que "viola el artículo 75". Además, acusó al oficialismo de que "tenían en claro qué número querían quitarle a la Ciudad y en función de eso armaron el cuadro".

La senadora de Juntos por el Cambio subrayó que "cuando el Gobierno nacional transfiere una competencia debe hacerlo con los recursos" y recordó que entre 2007 y 2015 -durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner- la Nación "le pasó cero peso a la Ciudad" por el traspaso de la competencia de la justicia.

En su discurso, la porteña se quejó del "ataque" a "un gobernador, un jefe de Gobierno, que se sentó desde el día uno cuando empezó la pandemia, que buscó el diálogo, el consenso, que acató y defendió medidas que se han tomado y no necesariamente eran las que estábamos de acuerdo". "Eso no merecía ningún tipo de revancha", consideró y enrostró que la Ciudad hizo una "reserva de camas de terapia intensiva para los bonaerenses, pero no les importó".

Sobre la rebaja de fondos, la legisladora del Pro detalló que "significa no pagarle el sueldo a 20 mil de los policías de la Ciudad de Buenos Aires".

La senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro) enfatizó que el proyecto de ley que estima bajar a 1,4% la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires "vulnera un montón de derechos básicos y del federalismo", porque "se está revirtiendo algo que ya está otorgado a una jurisdicción; se está tratando a la Ciudad como si no fuera una jurisdicción más; y se está perdiendo autonomía".

Además, la porteña reclamó que la iniciativa se plantea "en la mitad de un Presupuesto funcionando, en la mitad de una pandemia, en la mitad de una crisis económica mundial". "Si la plata la tiene el Estado Nacional, la competencia de la seguridad no fue traspasada con su presupuesto", señaló, en referencia a que las transferencias de competencias deben ser con los recursos correspondientes.

La macrista se preguntó si los fondos para la seguridad "¿es plata para el gobierno de turno? No, es plata para el funcionamiento de una jurisdicción". "Es plata para prestarle atención y servicios a más de seis millones de argentinos que viven, transitan, se educan y vienen a la Ciudad de Buenos Aires", enfatizó.

Además, la legisladora expresó que el dinero que se pierde "se paga con los impuestos de la gente o en imposibilidad de seguir mejorando el sistema de seguridad". "No estamos hablando solo de policías y de patrulleros, es la competencia de la seguridad", agregó.

Asimismo, en declaraciones a radio Milenium, criticó que en esta decisión "no hay un acuerdo, no hay un convenio firmado", sino que "es algo unilateral, un solo lugar decidió", en referencia al Gobierno nacional.

En el transcurso de la reunión de la Comisión Banca de la Mujer, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri reveló que la exsenadora y actual intendenta de la capital riojana Inés Brizuela y Doria había recibido graves amenazas.

Fue al intervenir durante la presentación de la directora de la directora nacional de Economía Igualdad y Géneros del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro, y en ese marco habló de la necesidad de solidarizarse con quien hasta el año pasado era una integrante más de esa comisión.

Contó entonces que había recibido amenazas telefónicas de parte de “grupos sociales” y aclaró que no analizaba las políticas que llevaba adelante sino que consideraba que no se podía admitir ese tipo de actitudes.

“Ustedes la conocieron más que yo”, reconoció la senadora del Pro, que nunca compartió el cuerpo con la exsenadora riojana, pues asumió el 10 de diciembre pasado, cuando Brizuela y Doria ya no estaba por haber sido elegida intendenta.

Quiero agradecer profundamente los mensajes de apoyo y solidaridad ante hechos de público conocimiento. La Justicia ya tiene en sus manos la denuncia correspondiente y la Fiscal promovió una acción contra autores a determinar.

— Inés Brizuela y Doria (@ines_byd) June 20, 2020

La titular de la comisión, Norma Durango, contó que no sabía nada de lo que había ocurrido y tras pedir detalles se solidarizó.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical expresó este viernes su preocupación ante la denuncia realizada por la intendenta de la ciudad de La Rioja, Inés Brizuela y Doria contra Barrios de Pie.

Sucede que integrantes de esta organización amenazaron con tomar el edificio municipal y con secuestrar a la hija de Inés.

“Estamos en estado de alerta ante las repetidas conductas antidemocráticas de estas organizaciones, que pretenden pasar por arriba a las autoridades elegidas por los vecinos. Esperamos que la Justicia actúe con agilidad e independencia y que garantice la seguridad de todos los funcionarios municipales”, señala el comunicado conocido este viernes por la noche, en el que reclaman que el Gobierno nacional condene “estos actos inmediatamente y transparentar la distribución de la ayuda social en este contexto tan delicado”.

“Acompañamos a Inés y a todas las personas víctimas de los atropellos de quienes privilegian el clientelismo y el poder antes que la promoción social de los más vulnerables”, concluye un comunicado de la UCR.