La Cámara de Diputados bonaerense salió al cruce de la denuncia formulada por el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, quien acusó de presunto encubrimiento a legisladores que votaron el archivo de actuaciones relacionadas con información requerida por la Justicia en el marco de la investigación por el caso de Julio Rigau, conocido como "Chocolate" Rigau.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la Cámara, Enrique Dichiara, las autoridades del cuerpo y los titulares de todos los bloques políticos defendieron la legalidad de lo actuado y aseguraron que la decisión cuestionada fue adoptada con anterioridad al pedido judicial. Según señalaron, la resolución de archivo estaba prevista en el reglamento interno desde 2002 y fue aprobada por más de dos tercios de los diputados el 28 de mayo de 2026, mientras que el requerimiento judicial ingresó recién el 19 de agosto de ese año. Por esa razón, sostuvieron que resulta imposible hablar de ocultamiento o destrucción de evidencia.

La controversia se originó a partir de un pedido de la Justicia para conocer quiénes habían designado a personas que figuraban como empleados de la Cámara de Diputados y cuyos contratos, según la investigación, eran utilizados por Rigau para retirar dinero en efectivo de cajeros automáticos. Tras la decisión legislativa de archivar las actuaciones, Atencio promovió una denuncia penal contra los diputados que respaldaron esa medida.

En su respuesta institucional, la Cámara también sostuvo que existe una confusión respecto de los expedientes involucrados. Según explicó, las actuaciones archivadas no se referían a la causa principal contra Rigau sino a otra investigación identificada como causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto. Además, destacó que en la causa Rigau sí se aportó información requerida por la Justicia, que la investigación avanzó hasta su elevación a juicio y que existen personas detenidas, circunstancias que, a su juicio, desmienten cualquier intento institucional de obstaculizar el proceso judicial.

Otro de los puntos centrales del comunicado apunta a la protección constitucional de los legisladores. La Cámara consideró "inadmisible" que se pretenda impulsar acciones penales por los votos emitidos durante una sesión y recordó que el artículo 96 de la Constitución bonaerense garantiza la inmunidad de opiniones y votos de los integrantes de ambas cámaras legislativas en el ejercicio de sus cargos. Por ello, sostuvo que cualquier análisis sobre lo ocurrido debe realizarse dentro de ese marco constitucional.

Asimismo, el cuerpo remarcó que la Legislatura respondió formalmente al requerimiento judicial, informando que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión fue posteriormente convalidada por una votación legislativa. Según argumentó, no se trató de una medida aislada sino de una resolución respaldada por el propio cuerpo conforme a la normativa vigente.

En el documento también se reivindica el principio de división de poderes. Los legisladores advirtieron que las facultades de control entre los distintos poderes del Estado no pueden utilizarse para "condicionar, limitar o inhibir" el funcionamiento de otro poder y plantearon que el equilibrio institucional exige preservar simultáneamente la independencia judicial y la autonomía del Poder Legislativo.

Finalmente, la Cámara recordó que a lo largo de su historia distintas investigaciones judiciales vinculadas con hechos ocurridos en el ámbito legislativo avanzaron hasta llegar a sentencia, por lo que consideró que no existen antecedentes que permitan sostener que la Legislatura haya impedido el accionar de la Justicia. El comunicado lleva la firma de autoridades de todos los espacios con representación en la Cámara baja bonaerense, desde UP y La Libertad Avanza hasta el Pro, la UCR, la Coalición Cívica y otros bloques.