La provincia es pionera en este tipo de iniciativas. Los chubutenses deberán ratificarla en un plebiscito abierto durante las elecciones de medio término.
La Legislatura de Chubut aprobó uno de los principales proyectos del gobernador Ignacio Torres para fortalecer la representación popular: la eliminación de los fueros de inmunidad para los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado y para los sindicalistas.
La iniciativa, que plantea una enmienda constitucional, será rubricada en un plebiscito abierto durante las elecciones de medio término, marca un hito en la provincia y la posiciona como pionera en esta iniciativa, ya que los funcionarios y los sindicalistas no podrán utilizar los fueros para protegerse de la Justicia ante delitos de distinta índole.
A través de sus redes sociales, Torres señaló que esta medida “era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción”.
“No sólo tomamos la decisión de elevar una enmienda constitucional para ser la primera provincia de la Argentina sin fueros, sino que también ampliamos la Ficha Limpia a todos los estamentos del Estado con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”, expresó el gobernador.
En ese sentido, afirmó que la eliminación de fueros implica “eliminar todo tipo de privilegios que no tienen razón de ser”, y que quienes se oponen a la medida “son los mismos que no quieren que la provincia avance”.
“Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”, agregó.
Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los principales impulsores de la medida, precisó que “el paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.
Al respecto, concluyó: “Ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.
En las redes sociales fue unánime la algarabía en el espacio de la principal oposición tras los resultados registrados en la provincia de Chubut.
Diputados y senadores de Juntos por el Cambio celebraron en las redes la victoria de ese espacio alcanzada en la provincia de Chubut, donde la dupla integrada por el senador nacional Ignacio “Nacho” Torres y el diputado nacional (MC) Gustavo Menna se alzó con la gobernación.
Figura principalísima hace algunas semanas por haber dado el campanazo en su provincia, San Juan, donde se alzó con la gobernación, el diputado nacional Marcelo Orrego tuiteó: “Más provincias del país se suman al cambio que necesitamos en toda la Argentina. Felicitaciones a Nacho Torres, gobernador electo de Chubut, y a todos los chubutenses. Sin dudas, el 13 de agosto vamos a seguir despertando el país, y San Juan con Emilio Achem y Nancy Picón”.
Los jefes de Juntos por el Cambio en el Senado saludaron por supuesto la victoria de su compañero de bancada. El titular del bloque radical, Luis Naidenoff, expresó: “Cada vez son más los argentinos que apuestan por el cambio. Felicitaciones @NachoTorresCH, nuevo gobernador y @gustamenna vicegobernador. ¡Un gran cambio para todos los chubutenses!”.
En tanto que el titular del interbloque del Senado, Alfredo Cornejo, escribió: “¡Cambió Chubut! Felicito a Nacho Torres, Gustavo Menna y a todo Juntos por el Cambio por este triunfo que nos inspira para las primarias nacionales del 13 de agosto”.
Desde el Frente de Todos, la diputada nacional Estela Hernández no saludó el resultado, pero sí destacó la jornada electoral: “La de ayer fue una larga y hermosa jornada donde celebramos la fiesta de la Democracia. Felicito a toda la comunidad de Chubut por la participación, a quienes desde todos los rincones de la provincia fueron parte de estas elecciones”. Y agregó: “En particular a la enorme militancia que siempre deja todo por sus convicciones. A seguir trabajando, voto a voto en la Legislatura y siempre militando por nuestra Patria. Este 13 de agosto volvemos a las urnas con los mismos ideales de seguir construyendo una Argentina para todes y en defensa de los derechos obtenidos”.
Pero la algarabía siguió en la vereda de enfrente. Allí el jefe del bloque radical de Diputados, Mario Negri, felicitó a Torres y Menna, gobernador y vice electos en Chubut, y destacó: “Otra victoria de
Juntos por el Cambio, otra señal inequívoca de que hay un cambio de era en todo el país. ¡Bravo Chubut!”.
La vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, señaló por su parte: “Somos distintos. Somos el cambio frente a una cultura del atropello y la trampa. Se termina la impunidad en Chubut. El país los mira. Vamos Nacho Torres y Gustavo Menna!! Siempre con ustedes hasta el final. Felicitaciones a ambos y a todos los chubutenses”.
El diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro de la Cámara baja, celebró exclamando: “¡Chubut despertó! Felicitaciones Nacho Torres y Gustavo Menna por este triunfo. Estoy seguro de que van a hacer historia en su querida provincia. Queda demostrado que el cambio continúa sumando fuerzas en todo el país. ¡Vamos Chubut!”.
Pero también saludó la victoria de otro integrante de la bancada Pro de la Cámara, Matías Taccetta: “Serás un excelente intendente para tu querida ciudad de Esquel. Mis saludos para vos y tu equipo, que va a continuar con el cambio en la ciudad. Juntos por el Cambio sigue sumando fuerzas en muchos lugares del país”.
También celebró la diputada Victoria Morales Gorleri quien destacó a Nacho Torres como el “primer gobernador del PRO y de Juntos por el Cambio de la Patagonia!!”.
En el mismo sentido, el diputado Alvaro González habló de “un cambio que se viene gestando desde hace años y que hoy llega para siempre. Se les terminó la joda. Este es el gran impulso que nos lleva al 13 de agosto. Vamos Juntos por el Cambio”, y añadió: “Es con @horaciorlarreta”.
Desde el Senado, el radical fueguino Pablo Daniel Blanco calificó de “histórico” el triunfo de JxC en Chubut. “De la mano de Nacho Torres, Gustavo Menna y equipo. Junto a los chubutenses rescataron a la provincia de 20 años de populismo kirchnerista. Nada es para siempre.
Sigamos juntos que en octubre cambiamos de gobierno para que cambie el país”.
El diputado radical misionero Martín Arjol felicitó a Torres y Menna por las elecciones en Chubut: “#DespiertaChubut y aires de cambio recorren la #Argentina”, en tanto que la entrerriana de Evolución Marcela Antola resaltó que “el triunfo de JxC en Chubut es un gran ejemplo para Entre Ríos. Los chubutenses lograron cambiar el rumbo de la provincia después de dos décadas. Este 13 de agosto vamos por el cambio los entrerrianos. Es ahora”.
Desde la Legislatura porteña Natalia Fidel felicitó a Nacho Torres y le dijo: “No tengo dudas de que serás un excelente gobernador y que Chubut despertó para resolver los problemas que tiene hace décadas, empezando por la educación. Te deseo todos lo mejor para esta etapa!”.
A su vez, la pampeana Marcela Coli sostuvo que “Chubut despertó y cambió la historia. ¡Felicitaciones Nacho Torres y a todo Juntos por el Cambio! El cambio se está sintiendo cada vez con más fuerza en Argentina. ¡Vamos!”, al tiempo que desde el Pro Aníbal Tortoriello felicitó y le dijo a Torres que “Chubut se merece un verdadero cambio como el que vas a llevar adelante. Los argentinos tenemos que creer que se puede cambiar el rumbo de nuestra historia”.
A su vez, la santacruceña Roxana Reyes afirmó que “los chubutenses hablaron en las urnas, dijeron #Basta a un modelo que no permitía oportunidades y desarrollo. Felicitaciones Nacho Torres y Gustavo Menna, este es el camino del cambio. En #SantaCruz estamos listos para empezar una nueva realidad”.
Por su parte, la precandidata a senadora nacional bonaerense María Eugenia Talerico lanzó un “vamos Argentina”, acompañado por un mapa de la Argentina donde se destacan los triunfos alcanzados en varias provincias por la principal oposición.
El senador nacional chubutense estará acompañado en la fórmula por un reconocido exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical.
El senador nacional Ignacio “Nacho” Torres confirmó este martes su candidatura a gobernador de Chubut, al tiempo que anunció que su compañero de fórmula será el exdiputado nacional radical Gustavo Menna.
“Firmamos la alianza de JxC con la que junto a Gustavo Menna como candidato a vicegobernador competiremos en las próximas elecciones provinciales. Juntos vamos a despertar Chubut y transformar el futuro de nuestra provincia”, anunció el senador de Juntos por el Cambio en sus redes sociales y al encabezar un acto de la coalición en un hotel de Comodoro Rivadavia.
“Luego de varios encuentros nos da mucho gusto anunciar que nuestros representantes a nivel provincial serán ‘Nacho’ Torres y Gustavo Menna”, expresó el presidente de la UCR chubutense e intendente de Rawson, Damián Biss, convertido en una suerte de maestro de ceremonia del evento, que confió que las jornadas previas “fueron de mucho trabajo tras conocerse el adelantamiento de las elecciones para el 30 de julio”.
Nacho Torres sostuvo al dirigir la palabra que “la única alternativa a la desidia de esta gestión que, más allá de los nombres y estrategias para despegarse, hoy el candidato a la gobernación del Frente de Todos es la continuidad del gobierno actual”.
Alertó además sobre “la bomba de tiempo que nos deja esta gestión, pero nuestro equipo está preparado para desactivarla”.
El recurso lo encabezó el diputado radical Gustavo Menna, quien acusó al Gobierno de gobernar por decreto.
Ante el decreto emitido por el presidente Alberto Fernández que prorrogó la ley de propiedad comunitaria indígena en el mismo momento en que se debatían modificaciones a la misma en el Congreso, diputados nacionales de Juntos por el Cambio -encabezados por Gustavo Menna (UCR – Chubut)- decidieron acudir al recurso de amparo para plantear la inconstitucionalidad de la acción.
En la demanda que se emitió a la justicia federal, Menna afirmó que “mediante el DNU 805/2021 el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto prorrogar la Ley 26.160 (de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras por parte de comunidades indígenas), en clara violación a la prohibición de ejercer facultades legislativas contenidas en los artículos 1, 75, 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”, y continuó: “El DNU fue emitido a los pocos días de que el Senado de la Nación diera media sanción al proyecto de ley que disponía tal prórroga y encontrándose en pleno trámite el proyecto que dispone similar prórroga en la Cámara de Diputados de la Nación”.
En este sentido, el legislador radical acusó al ejecutivo nacional de "no respetar ni la Constitución, ni al órgano legislativo" argumentando que los Decretos de Necesidad y Urgencia sólo están comprendidos en ocasiones particulares. “Es un Gobierno que lleva dictados 172 decretos en forma contraria a la Constitución. Normalizando una situación que sólo es admisible como excepcional. Por esa razón hemos interpuesto un amparo ante la Justicia Federal planteando la inconstitucionalidad del DNU 805”, denunció Menna.
Por otro lado, el radical chubutense se refirió a la problemática actual que enfrenta la región patagónica en materia de la tensión que se viene gestando desde hace un tiempo con las comunidades aborígenes de la zona, algo de lo que también responsabilizó al gobierno en funciones.
“La Patagonia enfrenta una situación de violencia generada por grupos que reniegan de la soberanía argentina, amenazan a los pobladores, usurpan propiedad privada y pública, atacan a los guardaparques, incendian instituciones de la sociedad civil, muchas veces alentados por la omisión cómplice de un Gobierno Nacional que llegó a decir en palabras del presidente que no era su función dar seguridad a la zona”, sentenció para luego fundamentarlo con un ejemplo concreto: “Esa omisión muchas veces se tradujo en complicidad activa, como cuando el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, abogó por la liberación de Facundo Jones Huala, y cuando la Administración de Parques Nacionales desistió de la querella por la toma de Mascardi”, en Río Negro, agregó, y consideró que “la sensación es de desprotección y abandono”.
El amparo, que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 5, a cargo de Alejandra Biotti, fue acompañado por los diputados Mario Negri (UCR – Córdoba), Lorena Matzen (UCR – Río Negro), Fabio Quetglas (UCR – Buenos Aires), Ignacio Torres (Pro – Chubut), David Schlereth (Pro – Neuquén), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires), Francisco Sánchez (Pro – Neuquén), Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires), Rubén Manzi (Coalición Cívica – Catamarca) y Pablo Torello (Pro – Buenos Aires).
Rechazó el dictamen de mayoría firmado la última semana en un plenario, por cuanto establece un impuesto, y detalló el dictamen propio que firmó con Graciela Camaño.
El diputado radical Gustavo Menna, quien forma parte de las comisiones de Presupuesto y de Recursos Naturales, rechazó el dictamen de mayoría que diputados oficialistas firmaron el miércoles, al tratar el proyecto de ley para regular la gestión de envases y que incluye la creación de un nuevo gravamen.
“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas y sigue creando impuestos que castigan al consumidor sin que le interese mejorar la gestión ambiental sino formar una caja para repartir prebendas entre organizaciones sociales políticamente afines”, dijo Menna.
Este nuevo tributo, explicó Menna, estará “destinado a formar un fondo fiduciario para distribuir dinero entre municipios, que a su vez deberían sostener a organizaciones sociales de reciclado”. Así, indicó, “se trata de un nuevo impuesto que tendrá un fuerte efecto inflacionario ya que será trasladado por las empresas a los consumidores, encareciendo el costo de los productos”.
En este sentido, el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su oposición en un duro debate en el que se señaló que el sistema que predomina en todos los países de Latinoamérica y Europa es el de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Esta REP, explicó el legislador, “implica que la empresa productora se responsabilice por el ciclo total de la vida útil de los envases post consumo, organizando, financiando y administrando en forma privada la gestión de esos materiales, para su recuperación y reciclaje”.
“El rol del Estado en la REP es definir metas de cumplimiento, aprobar los planes de gestión y fiscalizar posteriormente que se cumplan”, añadió.
Por ello, el bloque de Juntos por el Cambio, acompañado por la diputada Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal, firmaron un dictamen alternativo por el cual sostuvieron ese esquema y rechazaron la tasa que pretende imponer el kirchnerismo.
Esta iniciativa “abreva en proyectos anteriores consensuados, contando con el respaldo del sector empresarial, manifestado por la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Círculo de Políticas Ambientales, que estuvieron en la Comisión de Ambiente”, agregó.
Eso expresó el legislador Menna tras rechazar el dictamen de mayoría del proyecto de ley de gestión de envases, cuya crítica principal está puesto sobre la tasa ambiental que establece.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR - Chubut), quien forma parte de las comisiones de Presupuesto y de Recursos Naturales, rechazó el dictamen de mayoría que legisladores oficialistas firmaron este miércoles al tratar el proyecto de ley para regular la gestión de envases y que incluye la creación de un nuevo gravamen.
“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas y sigue creando impuestos que castigan al consumidor sin que le interese mejorar la gestión ambiental sino formar una caja para repartir prebendas entre organizaciones sociales políticamente afines”, criticó Menna.
Este nuevo tributo, explicó el radical, estará “destinado a formar un fondo fiduciario para distribuir dinero entre municipios, que a su vez deberían sostener a organizaciones sociales de reciclado”. Así, indicó, “se trata de un nuevo impuesto que tendrá un fuerte efecto inflacionario ya que será trasladado por las empresas a los consumidores, encareciendo el costo de los productos”.
En este sentido, el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su oposición en un duro debate en el que se señaló que el sistema que predomina en todos los países de Latinoamérica y Europa es el de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Esta REP, explicó el diputado chubutense, “implica que la empresa productora se responsabilice por el ciclo total de la vida útil de los envases post consumo, organizando, financiando y administrando en forma privada la gestión de esos materiales, para su recuperación y reciclaje”.
“El rol del Estado en la REP es definir metas de cumplimiento, aprobar los planes de gestión y fiscalizar posteriormente que se cumplan”, añadió.
Por ello, el bloque opositor acompañado por la diputada Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal, firmaron un dictamen alternativo por el cual sostuvieron ese esquema y rechazaron la tasa que pretende imponer el kirchnerismo.
Esta iniciativa “abreva en proyectos anteriores consensuados, contando con el respaldo del sector empresarial, manifestado por la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Círculo de Políticas Ambientales, que estuvieron en la Comisión de Ambiente”, finalizó Menna.
Con mayoría en la Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialismo aprobó la validez de las medidas tomadas por el Gobierno. La oposición estuvo en el comienzo, pero luego se retiró.
Antes del recambio parlamentario, el Frente de Todos en la Bicameral de Trámite Legislativo aprobó este jueves la validez de 116 decretos -de los cuales 70 son de necesidad y urgencia- firmados por el presidente Alberto Fernández durante 2019, 2020 y 2021, y que estaban pendientes de discusión.
Ahora, el paquete quedó en condiciones de ser tratado por una de las dos cámaras, y se prevé que vayan a ser sometidos a votación en el Senado, como sucedió en estos casi dos años, y donde el oficialismo ostenta ser mayoría hasta el próximo 10 de diciembre.
Con superioridad numérica en la comisión, presidida por el diputado Marcos Cleri, los legisladores del Frente de Todos defendieron cada una de las medidas durante la reunión que se desarrolló por dos horas.
En el arranque, los diputados opositores Pablo Tonelli y Gustavo Menna dejaron sentado el rechazo de Juntos por el Cambio, y luego se retiraron del encuentro. Anteriormente, los referentes de la oposición habían brindado una conferencia de prensa.
Luego que Cleri abriera la reunión, Tonelli señaló que "no vamos a tratar todos" los decretos, porque justamente este jueves se publicó en el Boletín Oficial "un DNU particularmente trascendente" como es la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas (26.160).
"No estamos de acuerdo con la metodología propuesta", aseveró, y explicó que este tratamiento en paquete de los decretos "no se ajusta a la legislación vigente". "Lo que los constituyentes han querido es que el tratamiento que la comisión y el Congreso deban hacer de esos decretos sea inmediato, sea rápido", remarcó.
Además, el legislador de Juntos por el Cambio indicó que en la Ley 26.122 se establece que cuando "la comisión no se expida dentro del plazo de 10 días, las Cámaras quedan habilitadas y deben considerar de manera inmediata y expresa los decretos" de modo de darle "seguridad jurídica y certeza a la vigencia de esas normas".
"Este tratamiento demorado, y para peor conjunto, está muy lejos de respetar las normas de la Constitución y de la ley", resumió, y dejó en claro que desde la oposición impugnaron la convocatoria y el tratamiento en conjunto de los 116 decretos.
Después fue el turno del radical Gustavo Menna, el segundo y último legislador de la oposición que hizo uso de la palabra en el comienzo de la reunión. Para el diputado, lo que está en discusión es "si la atribución de dictar leyes sigue perteneciendo al Congreso o lo vamos a trasladar al Ejecutivo".
"El hecho de que sean 116 los decretos de contenido legislativo en consideración es una desmesura, de una exorbitancia tal, que habla a las claras que en estos casi dos años de Alberto Fernández se ha legislado por decreto. El Poder Legislativo se ha trasladado a la Casa Rosada", cuestionó sobre el uso de esta herramienta.
En esa línea, el chubutense consideró que "se está tergiversando esta práctica de los DNU" y subrayó que "el artículo 99 de Constitución, inciso 3, no es una habilitación a dictar DNU festivamente", sino solamente cuando "no es posible por circunstancias excepcionales seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes".
"No hay precedente desde 1983 que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos dos años, y esto es como consecuencia directa de los decretos, muchos de los cuales se van a buscar convalidar", enfatizó.
Menna mencionó datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que revelan que desde marzo hasta agosto de 2020 hubo "531 denuncias de abusos policiales" y "25 muertes" por casos de violencia institucional, 10 de ellos ocurridos en comisarías, además de "dos medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la provincia de Formosa, y una de ellas sigue vigente". Entonces, vinculó que esta "violencia institucional fue generada con motivo de la normatividad que provocaron estos DNU".
"Estamos asistiendo a una suerte de operación de blanqueo. Como ustedes han perdido a partir del 10 de diciembre la mayoría en el Senado, lo que se pretende es apurar la convalidación, la ratificación de estos decretos, que no les importó tratarlos en todo este tiempo en esta comisión", completó.
Tras ello, los diputados Tonelli, Menna, Luis Petri (UCR) y Leonor Martínez Villada (CC-ARI) se levantaron para salir del Salón Eva Perón, donde se desarrolló la reunión, pero la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti les pidió que se quedaran para escucharla.
La vicejefa del Frente de Todos resaltó que los 116 decretos "son muy importantes para la institucionalidad de la Argentina" y defendió que "esta comisión ha trabajado arduamente durante la pandemia", etapa que fue "un contexto excepcional, de necesidad y urgencia, que nos obligaba a abocarnos a los decretos".
"La oposición tiende a tener una memoria selectiva", los cruzó y recordó el DNU 27 firmado por el expresidente Mauricio Macri durante el verano del 2018, que "en un solo decreto se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 leyes, con la excusa de desburocratizar el Estado".
Entonces, la mendocina les reprochó a los opositores "la pretendida institucionalidad y argumento de las formas" y "venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación que está viviendo la Argentina es excepcional". "En pandemia, como nunca antes han estado los DNU más justificados en cuanto a su necesidad y urgencia", continuó.
También, la senadora sostuvo: "No vamos a permitir que una vez más se nos señale desde la oposición al oficialismo como que nosotros somos los que cotidianamente estamos afrentando a la institucionalidad. No es así, e incluso cuando ustedes gobernaron la Argentina, y no había pandemia, en un solo decreto se cargaron 19 leyes y modificaron otras 150".
Sin responder, los legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron del salón y, acto seguido, contestó sobre los dichos de Formosa la senadora Teresa González.
"La provincia de Formosa durante toda la pandemia ha mantenido una política sanitaria excelente, ponderada por sanitaristas nacionales y también internacionales", dijo, y acusó a la oposición de haber convocado "actos masivos tanto en Clorinda como en la ciudad de Formosa", tras lo que "hubo un repunte impresionante de contagios y fallecidos". "Seguimos soportando y enfrentando la terrible ofensa y el terrible vandalismo que viene cometiendo la oposición desde 2020 contra la provincia de Formosa", añadió.
Cuando la oposición se retiró, todos los miembros del oficialismo se encargaron de argumentar a favor de la validez de las medidas. Previamente, Cleri destacó que la comisión realizó "12 sesiones de manera remota" y "tratamos 54 DNU". "Con los que vamos a tratar ahora van a ser el 100% de los emitidos en 2019, 2020 y este año".
Y detalló que se tratarían por bloque, separados de acuerdo a los temas "ASPO, DISPO y medidas generales de prevención; trabajo y producción; beneficios sociales; transformaciones institucionales; economía; y promulgación parcial de leyes, que son 7".
En defensa de los decretos que dispusieron medidas restrictivas durante la pandemia, el diputado Pablo Yedlin subrayó la "enorme excepcionalidad que Argentina y el mundo han vivido en estos dos años tan terribles", en lo que "5.300.000 argentinos se han contagiado de esta enfermedad y 116.222 argentinos y argentinas han fallecido por esta enfermedad".
"Si en algún momento un profesor de derecho constitucional tuviera que elegir un período más justificado para dictar decretos de necesidad y urgencia, no tengo dudas que tomará la pandemia como un ejemplo", expresó el senador electo.
Otro de los que tomó la palabra fue el senador Mariano Recalde, quien afirmó que "el trámite constitucional y parlamentario de los decretos están cumplidos", pero "tal vez lo que les molesta (a la oposición) y por lo que se oponen a estos DNU es por el fondo. No les gusta lo que se decidió".
"Lo que se hizo con estos DNU en medio de una pandemia fue proteger el trabajo y la producción", señaló el porteño y fustigó: "Claro que les molesta la doble indemnización, si quieren eliminar la simple". "Lo que les espanta es la prohibición de despidos o los aumentos salariales", sumó.
Dentro del paquete de decretos -entre los de necesidad y urgencia, los de facultades delegadas y los de promulgación parcial de leyes- se encontraban las medidas referidas a la cuarentena, la doble indemnización, aumento de salarios, ampliaciones presupuestarias, prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Cambiemos, y prohibición de despidos, entre otros temas.
Diputados y senadores de Juntos por el Cambio brindaron una conferencia de prensa para rechazar la decisión del oficialismo de aprobar de forma exprés 116 decretos en la Bicameral de Trámite Legislativo. Denunciaron irregularidad del procedimiento, al que tildaron como “inconstitucional”, y un “atropello institucional”.
En una conferencia de prensa celebrada antes del inicio de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, convocada para tratar más de un centenar de decretos, los presidentes de los interbloques de ambas cámaras de Juntos por el Cambio e integrantes de dicha comisión fijaron su posición contraria frente a lo que definieron como una noticia que “irrumpió en el medio de lo que el Gobierno consideró que era un triunfo”.
“De pronto hay 112 decretos de distinta naturaleza que se van a tratar y aprobar hoy en la Comisión Bicameral”, advirtió el diputado Mario Negri, para quien “procuran hacerlo rápido porque quieren sacarle jugo a la mayoría automática del Senado que han tenido en el último tiempo, antes que cambie la composición de las cámaras el 10 de diciembre”.
A su lado, el titular del interbloque del Senado, Luis Naidenoff, aseguró que “en ninguna oportunidad hemos asistido a una situación tan escandalosa, bochornosa, como la que se va a dar en el día de la fecha”.
Agregó: “Esta situación es escandalosa porque se acumularon durante 8 meses estos 116 decretos por decisión del oficialismo de tener paralizada la Bicameral, a pesar de que el Congreso funcionó y hasta sancionó más de 70 leyes. Están apretando el acelerador porque perdieron las elecciones y ya no tendrán quórum en el Senado”.
El formoseño sostuvo que “en reiteradas oportunidades hemos insistido en el tratamiento de más de 100 decretos que estaban pendientes en la comisión, que fueron dictados en el 2019, 2020 y 2021. Entonces la pregunta es por qué lo hacen ahora, por qué de prepo, sin metodología, sin orden y sin debate. Bueno, es muy simple: porque a partir del resultado (electoral) perdieron el quórum”.
Consultado respecto de la movilización del miércoles y el discurso presidencial, Naidenoff agregó que “el presidente está totalmente desorientado: llevar a cabo un acto para celebrar un triunfo que no ha existido y con el único propósito de tratar de saldar las diferencias internas en el marco de la coalición, nos marca a las claras que la Argentina no tiene rumbo, que el Gobierno ha hecho una pésima lectura de la realidad y que es un presidente aislado y totalmente devaluado”.
Integrante de la bicameral, Pablo Tonelli (Pro-CABA) pidió a continuación “tener en cuenta que la Constitución nacional si bien autoriza a dictar este tipo de decretos, dispone que en el plazo de diez días posteriores los tiene que enviar a la comisión bicameral, que tiene 10 días desde que los recibe para tratarlos. Y en este caso nos están haciendo tratar algunos decretos que datan de diciembre de 2019, otros de todo el año 2020 y muchos de 2021. Todos los plazos están absolutamente vencidos, por eso es que en más de una oportunidad hemos planteado por escrito la necesidad de que la comisión se reuniera para tratar los decretos en tiempo y forma. Porque no es posible pensar un tratamiento de ciento y pico de decretos en una sola sesión y cuando han pasado dos años desde que fueron dictados”.
“Por lo tanto rechazamos la convocatoria y en la obligación de tener que dictaminar, nos vemos obligados a dictaminar la invalidez de todos esos decretos”, concluyó.
A su turno, el diputado radical chubutense Gustavo Menna consideró que “ha habido acá una concentración de poder”, advirtiendo que “los decretos de necesidad y urgencia son una excepción y este presidente ha batido todos los récords: entre DNU, decretos delegados y de promulgación parcial, lleva al día de hoy, con el que dictó anoche, 171 decretos de contenido legislativo”.
Para comparar, señaló que “Carlos Menem en diez años dictó poco más de 500. 50 por año. Acá tenemos prácticamente 80 por año. Dictados incluso antes de la pandemia, y con la ley de las 9 emergencias, que fue la delegación de competencias del Congreso más amplia de toda la historia constitucional argentina, que implicó también el dictado de todos los decretos delegados. Ha habido una hiperconcentración de poder en el Poder Ejecutivo, que ha pasado todos los límites, sin control, sin que funcione la bicameral”.
El titular del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, señaló que “la aprobación exprés, de más de cien decretos de necesidad y urgencia, sin debate parlamentario, es una pésima respuesta del Gobierno al mensaje de las urnas. Si creen que, pisoteando institucionalidad, llevándose por delante al Congreso, van a dar una señal de fortaleza política, se equivocan, porque con salidas autoritarias profundizarán la actual crisis económica y social repudiada por 2 de cada 3 argentinos hace menos de una semana”.
Juan Manuel López, jefe del bloque de la CC agregó que “con la poca fuerza que le queda vienen a cubrirse en el Congreso de muchas cosas, desde cómo fue que por decreto suspendieron la movilidad provisional un año o derogaron una agencia de testigos protegido independiente creada por Cambiemos”.
A su turno, el titular del bloque Pro del Senado, Humberto Schiavoni, exprsó: “La falsedad del diálogo institucional al que llaman desde el Gobierno está a la vista porque hoy meten, de prepo, 116 decretos de necesidad y urgencia”.
Los cinco diputados de esa provincia se manifestaron este martes durante el comienzo de la sesión en la Cámara baja. Todo arrancó con el planteo de un macrista para debatir un proyecto de una oficialista.
En el arranque de la sesión de este martes en la Cámara baja, durante el tramo de los apartamientos de reglamento, la caliente campaña electoral de la provincia de Chubut se trasladó al recinto, donde todos los legisladores de esa provincia se cruzaron con reproches y chicanas.
Todo arrancó cuando el macrista Ignacio Torres pidió incorporar al temario un proyecto presentado por la oficialista Rosa Muñoz, que propone recomponer el índice de coparticipación para la provincia. Sin embargo, la votación de la moción fracasó, con 77 votos afirmativos y 86 negativos.
"Nos urge el tratamiento de este proyecto", comenzó el diputado, candidato a senador en las próximas elecciones. "Tenemos una deuda pendiente con todos los argentinos, que es el tratamiento de una nueva ley de coparticipación federal", sostuvo y señaló que "hay provincias que han ido muy perjudicadas por la última Ley de Coparticipación Federal, y claramente Chubut está entre esas provincias".
El opositor apuntó que esta ley contempla "la reparación económica" y "el recupero de todos estos años en lo que la provincia ha sido perjudicada". "Hoy Chubut es la provincia que peor está en materia económica, financiera e institucional", resaltó y aseguró que ello "es producto de la demagogia, de la corrupción, de la toma de malas decisiones" y de "especular sistemáticamente en la gestión con el oportunismo político del momento".
"Toda la dirigencia de mi provincia, estamos todos hermanados en un pedido legítimo para la provincia", completó.
Respondió entonces la autora de la iniciativa, la oficialista Rosa Muñoz, que aclaró: "Por supuesto que voy a acompañar el apartado del reglamento porque es un proyecto que yo presenté y que realmente interesa a mi provincia y a los chubutenses".
"Pero también quiero dejar en claro de que me alegra que los diputados de mi provincia le hayan encontrado el costado positivo a este proyecto, porque realmente con sus declaraciones lo denostaron impresionantemente, porque decían que era un proyecto de campaña", enfatizó.
La diputada expresó que el proyecto es para que "sea tratado en el seno de la comisión, para que todos los diputados de esta Cámara puedan opinar" y no para que "se utilice como elemento de campaña".
"Cada gobierno de mi provincia se tiene que hacer cargo de las decisiones que tomó, y las decisiones de ceder el 20% la tomó el gobierno que en ese momento era del signo del diputado Torres y (Gustavo) Menna", cargó.
Luego, levantó la temperatura del debate Estela Hernández. "Defiendo los intereses de mi provincia, de los y las chubutenses, por supuesto estoy de acuerdo con este proyecto. Los habitantes de nuestra provincia necesitamos de esta reparación, pero las cosas hay que hacerlas donde y como corresponde", arrancó.
Y coincidió con su par en que la propuesta de Torres "es un tema meramente electoralista". Entonces, reprochó: "Con menos del 1% de la deuda que contrajeron con el Fondo, ¡la pucha si no hubiera venido bien a la provincia de Chubut! ¡La pucha si no hubiera venido bien a todos los chubutenses y chubutensas!".
"¿Dónde estuvieron metidos cuatro años cuando le sacaron la plata a los jubilados? ¿Dónde estaban? No tenían este amor que tienen ahora. Porque ser bueno o hacerse el bueno es fácil, lo difícil es ser justo, y no son justos", disparó, lo que provocó los gritos de la bancada opositora.
Y añadió: "¿Qué pasó con el Consenso Fiscal que perjudicó a todos los chubutenses, y el Fondo Sojero, y los puertos patagónicos? Ustedes cuatro años con un gobierno macrista no hicieron nada, nos perjudicaron como provincia".
En alusión a las palabras de Muñoz, el radical Gustavo Menna recordó que la "cesión de coparticipación ocurrió en 1984 y esta es una prédica que se ha venido repitiendo, incluso por parte del gobierno provincial, enrostrándole a un gran gobernador, como fue Atilio Oscar Viglione, que gobernó con escasez de recursos, con austeridad, con decencia, no fue un gobierno como los que vinieron de 2003 para acá, que registran la vergüenza de tener exministros condenados por corrupción".
En ese sentido, aseguró que la adhesión de la provincia a la ley actual de coparticipación "ocurrió en 1988" y "en esa época no gobernaba Viglione, gobernaba el justicialismo, la Legislatura era de mayoría justicialista, el gobernador que promulgó esa ley, que resignó los puntos de coparticipación, era justicialista".
"Hay que hacerse cargo que han gobernado desde 2005 con los precios de barril de crudo más altos de la historia", fustigó, y exclamó: "¡Tenemos los chicos sin clases hace cuatro años! ¡Tenemos los pueblos del interior sin energía eléctrica, y gobiernan ustedes desde 2003!".
Finalmente, habló el oficialista Santiago Igon, quien dijo que "toda la dirigencia de Chubut, de cualquier color político, está de acuerdo con esto", por eso lamentó que "se lo plantee de esta manera".
"Coincidimos en que nos están faltando recursos, en que hay muchos recursos que fueron mal administrados", reconoció, pero manifestó que "en lo que no vamos a coincidir nunca es en la especulación política, en que vengan a hacer este show unos días antes de la elección".
Y también cargó contra la gestión anterior: "No les importa ni les importó nunca ningún vecino y vecina de la provincia de Chubut. Cuatro años gobernaron, una sola política pública en la provincia de Chubut no la pudieron realizar". "Son mentirosos, son falsos y no les importa la gente de Chubut", concluyó.
Varios legisladores de Juntos por el Cambio propusieron tratar una serie de apartamientos de reglamento para reclamar explicaciones o el accionar de funcionarios frente a los sucesos que se viven en el sur.
Previsiblemente el conflicto que se vive en la Patagonia con representantes mapuches impactó en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados. Fue a la hora del apartamiento de los reglamentos, que previsiblemente no prosperaron para su abordaje posterior en el recinto.
El primer diputado en tratar de abordar el tema fue el diputado radical Gustavo Menna, quien pidió tratar la situación que se vive en la zona cordillerana patagónica, Río Negro, Chubut y Neuquén, “por la actuación de grupos violentos que están intimidando a la población, atacando y usurpando propiedad pública, propiedad privada, Parques nacionales”, con hechos violentos como ataques incendiarios y amenazas a la autoridad pública.
“Y vemos la pasividad, la indiferencia, de las autoridades nacionales, que ha llegado al extremo del embajador argentino en Chile que ha comparecido ante la justicia chilena para abogar por la liberación de un condenado vinculado a este grupo, Facundo Jones Huala”, como así también lo que calificó como “la insólita e inaceptable la respuesta al pedido que hizo con mucha valentía la gobernadora de Río Negro Arabela Carrera, pidiendo el envío de fuerzas federales”.
Pero Menna fue más lejos al cuestionar la respuesta que el presidente Alberto Fernández le dio a la gobernadora, al afirmar que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales, ni brindar mayor seguridad a la región… Parece una broma de mal gusto que el Gobierno nacional decline su obligación, su deber de brindar ayuda en la zona”. Menna cuestionó la “desprotección, abandono, y cuando no complicidad, porque además han participado funcionarios nacionales dando apoyo a estos grupos”.
Además, el legislador radical sostuvo que la Ley de Seguridad Interior obliga a la intervención de las fuerzas federales en estos casos”. Y agregó: “Para casos como este la ley contempla en su artículo 13 que debe ser convocado el Comité de crisis, por eso estamos exhortando a que el ministro de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad, convoque al comité de crisis y cumplan con la ley. Dejen de mirar para un costado, abandonando a la Patagonia, cumplan con la ley, defiendan a los productores, a los vecinos de la Patagonia, a nuestro país. Y cumplan con lo que manda la ley”.
En el mismo sentido se expresó a continuación el radical mendocino Luis Petri, quien alertó sobre el carácter “dramático” de la situación en la Patagonia argentina, aunque a continuación aclaró que no lo es menos que la que se vive en el Conurbano bonaerense o en Rosario, respecto de la violencia que se vive allí. Advirtió entonces que “la negativa a desplazar fuerzas federales no es nueva, ya la sufrió el gobernador (Omar) Perotti cuando asediado por el narcotráfico y el incremento de los homicidios, reclamó a la exministra Sabina Frederic el envío de fuerzas federales, y hoy lo vuelve a vivir la gobernadora de Río Negro ante los actos de terrorismo de comunidades seudomapuches”.
“Aquí tenemos que ser claros: no solamente en la Patagonia se viven actos de terrorismo que están condenados en nuestro Código Penal”, agregó, remarcando que “la Ley de Seguridad Interior es clara y el Gobierno nacional y el presidente pareciera que la desconoce, porque establece que cuando existe un peligro colectivo y ante el pedido expreso de un gobernador, las fuerzas federales se tienen que hacer presentes”.
Así las cosas, Petri consideró “imprescindible” que se constituya el comité de crisis y que el Gobierno nacional “declare la emergencia en seguridad”.
A continuación, su comprovinciana Jimena Latorre pidió tratar un pedido de informe suyo y de su correligionario Alfredo Cornejo para que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, informe acerca de las causas e instrucciones a los funcionarios de Parques Nacionales para intervenir en la causa de la usurpación de tierras en Lago Mascardi.
Latorre consideró de “gravedad institucional” la actitud de Zannini, como así también las instrucciones dadas a otros funcionarios públicos “para que también omitan las obligaciones que les caben”.
Sobre el tema también se pronunció el diputado del Pro Jorge Enríquez, quien pidió un apartamiento del reglamento para que concurra al recinto el canciller Santiago Cafiero “para dar explicaciones acerca de la intervención malhadada que tuvo el embajador en Chile, Rafael Bielsa”, en defensa de Facundo Jones Huala. El legislador recordó que el embajador bien podía haber enviado a otra persona en su lugar, pero lo hizo personalmente como “un claro ejemplo de manifestar el apoyo de la República Argentina hacia quienes están asolando la zona de la cordillera, Río Negro y Chubut”.
“Es muy grave la situación que está sucediendo, son realmente severos los hechos y requieren que el ministro concurra a este recinto, porque ya estamos cansados de recurrir a la vía judicial”, agregó.
Como tantas veces se hizo referencia a la situación rionegrina sin que él interviniera, en un momento dado se le dio la palabra a Luis Di Giácomo, representante de Juntos Somos Río Negro, el partido gobernante en esa provincia. Y el legislador la emprendió contra el oficialismo y la principal oposición.
A ambos sectores les atribuyó estar “utilizando electoral y vergonzosamente este tema que nos aflige” y por eso justificó su decisión de mantenerse al margen de esa discusión. “Llamamos a las partes y esperemos que después del 15 (de noviembre) se pueda empezar a discutir con seriedad este tema”.
Cuando concluyeron los apartamientos de reglamento, y si bien se había establecido por votación dejar las cuestiones de privilegio para el final, la radical rionegrina Lorena Matzen intervino para pedir una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación por lo que consideró un “agravio” al contestarle de la manera que lo hizo a la gobernadora de su provincia. “Está incumpliendo con la Ley de Seguridad Interior y la verdad que está incumpliendo con sus deberes de funcionario público”, agregó.
Matzen recordó que ya varias veces ella había alertado sobre lo que estaba sucediendo en Río Negro, Chubut y Neuquén no había sido escuchada. Y aclaró que no estaba de acuerdo con su comprovinciano Di Giacomo en cuanto a esperar a que pasaran las elecciones para analizar el tema, pues “está en vilo la seguridad e integridad de los rionegrinos y sus propiedades”.
Advirtió que “gendarmes no es lo único que necesitamos”, y reclamó “un gobierno condenatorio contra las seudocomunidades mapuches que se arrogan derechos supuestamente ancestrales”.
Y tras remarcar que “los vecinos de mi provincia y la Patagonia están en riesgo, en peligro, y creo que este Congreso debe tomar cartas en el asunto”, reclamó al presidente tomar cartas en el asunto y pedirle la renuncia a su ministro de Seguridad, a la titular del INAI.
El diputado chubutense Gustavo Menna presentó una iniciativa que busca liberar de impuestos por dos años a quienes renueven los transportes.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Gustavo Menna, presentaron un proyecto de ley que propone eximir de cargas tributarias a la compra y venta de unidades de transporte para servicios turísticos durante dos años. Se trata de una iniciativa producto del diálogo con las cámaras del sector.
El proyecto se fundamenta en la necesidad de recuperación de los servicios turísticos que, hasta antes del inicio de la cuarentena, empleaba a más de un millón de personas y generaba divisas por más de 5.000 millones de dólares.
Al respecto, Menna explicó que “los automotores afectados a ese servicio tienen que ajustarse a las prescripciones de la Ley Nacional de Tránsito”, que en su artículo 53 “prescribe que la antigüedad de los vehículos empleados para el transporte de personas no puede exceder los 10 años de antigüedad”.
“Ello obliga a los prestadores que tienen vehículos con una antigüedad cercana a ese límite, o que ya la han alcanzado o superado, a afrontar una inversión elevada, con el agravante de que debe ser llevada a cabo cuando todavía la actividad no ha alcanzado los niveles anteriores a la pandemia ni se han podido recuperar de las consecuencias de las políticas restrictivas que mermaron la actividad”, remarcó el legislador.
Además, el chubutense precisó que “los tributos que imponen los tres niveles del Estado explican buena parte del costo que debe pagar quien adquiere un vehículo”, y que “esos impuestos no sólo gravan la estructura del costo final en sí, sino que además implican una carga que recae sobre la operación de la compraventa en sí misma”.
Por ello, consideró que “si lo que se pretende es recomponer al sector y lograr una capitalización de los prestadores de modo que estén en pie para dar los servicios que implicarán una mayor demanda cuando la apertura sea total, corresponde hacer este aporte desde el Estado”.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados Alfredo Cornejo, Roxana Reyes, Claudia Najul, Ximena García, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Diego Mestre, Gonzalo del Cerro e Ignacio Torres.
Legisladores radicales hicieron una presentación para que la secretaría que encabeza Darío Martínez detalle cuánto es lo que se importará y a qué precio.
Ante la crítica situación energética del país y la disminución en la producción de gas natural, la diputada Jimena Latorre, junto a los diputados Alfredo Cornejo y Gustavo Menna, solicitaron este miércoles a la Secretaría de Energía, de la cual depende la empresa estatal IEASA (Integración Energética Argentina S.A), brinde datos certeros sobre la Balanza comercial Energética, el aumento de las importaciones de gas y el declino en la producción de nuestro principal proveedor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Para la diputada Latorre, “esta crisis pone en riesgo la satisfacción de la demanda interna e impide cualquier proyección vinculada a la producción y reactivación económica argentina, en escenarios en los que no existe previsibilidad respecto al abastecimiento de la principal fuente energética de la que depende la demanda residencial, el transporte, la generación eléctrica y la industria de nuestro país”.
El informe destaca la ausencia de datos oficiales en relación a las contrataciones de importación de gas natural y sus previsiones futuras con nuestro principal proveedor YPFB. Tampoco se conocieron las condiciones del precio negociado hasta la finalización del contrato en 2026. Hoy el gas natural importado de Bolivia tiene un precio de 6.09 USD/MMBTU. Este precio es 75% más alto que el precio del gas local, advierte la presentación.
Además señala que el crecimiento de la producción de no convencional no es suficiente para revertir el déficit energético. “Las inversiones que permitan un crecimiento acelerado y constante en la producción de no convencional se ven cada vez más lejanas en un escenario macroeconómico marcado por la descontrolada inflación, el atraso cambiario, las restricciones al mercado único de libre cambio y la inseguridad jurídica, entre otros factores. Muestra de ello es el derrotero de críticas que despierta el proyecto ingresado recientemente en el Senado de ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas, que no gana adeptos ni defensores dentro ni fuera del oficialismo, en el sector público, ni en el privado y mucho menos promete las certezas que requieren aquellas inversiones que permitan sustituir las importaciones, a las que me refiero”, señala la diputada Latorre.
Para la legisladora mendocina, “la falta de planificación económica y energética de este Gobierno se ve reflejada en las sucesivas medidas contradictorias y descoordinadas de los organismos con competencia en la materia y en la administración y gestión de las empresas del Sector Público Energético, que lejos de ser formadoras de precios terminan por distorsionarlos”. La balanza comercial energética de agosto de 2021 arrojó un déficit de 204 millones de USD. El acumulado de 2021 suma 887 millones de USD; las exportaciones crecen 25.6% pero las importaciones crecen también un 94.4%. Todo ello en el marco de una propuesta económica de ajuste del gasto y reducción del déficit, con un fuerte recorte en la cuenta de subsidios energéticos plasmada por el Ministro de Economía de la Nación y ratificada por el presidente de la Nación en el envío al Congreso del Presupuesto para 2022, lo que para los diputados resulta de “dudoso o de imposible cumplimiento”.
El proyecto sigue siendo omitido al momento de elaborar los temarios de las sesiones en la Cámara baja.
Una de las objeciones de la principal oposición hacia el oficialismo en Diputados para la sesión de este martes es que se hayan omitido temas de interés en el temario. Uno de esos es la Ley Ovina, proyeto no incluido en el temario de la sesión pedida por el Frente de Todos.
Al respecto el diputado radical chubutense Gustavo Menna expresó su cuestionamiento y a través de las redes sociales anticipó que junto a sus pares patagónicos Ignacio Torres (Pro – Chubut), Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) y Lorena Matzen (UCR – Río Negro) “vamos a insistir en el tratamiento y aprobación de la prórroga de la Ley Ovina”.
Asimismo consideraron “inaceptable” que no haya sido incluido en el temario de la sesión de este martes.
La iniciativa fue presentada por la oposición en Chubut, la cual abarca a todo el personal expuesto a radiaciones ionizantes y busca “restituir la vigencia de la ley sancionada por el Gobierno de Arturo Illia”.
Los diputados nacionales Gustavo Menna (UCR) e Ignacio Torres (Pro) de la provincia de Chubut, presentaron un proyecto de ley ante la Cámara baja cuyo objetivo es restablecer la vigencia de la Ley 16.611 que fue sancionada durante la presidencia de Arturo Illia para que el personal que trabaja con radiaciones de forma permanente sea “incorporado al régimen de jubilación especial por insalubridad” y abarca tanto al sector público como el privado.
En su cuenta de Twitter, el legislador radical expresó: “Junto a Ignacio Torres y otros diputados presentamos un proyecto de ley que restablece la jubilación especial con 20 años de servicio a los radiólogos y demás trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes”.
“Un derecho que se venía reclamando por el riesgo que implica la actividad para la salud y que restablece la vigencia de una ley sancionada en el Gobierno del presidente Arturo Illia”, agregó Menna en otro tuit.
El texto del proyecto afirma que “las personas comprendidas en el artículo 1 que llevan adelante actividades por las que quedan expuestas a radiaciones ionizantes provenientes de rayos X, fuentes de emisión continua o de actividades nucleares o radioactivas tendrán derecho a obtener su jubilación ordinaria a los veinte años de servicios efectivos o a jubilación extraordinaria por invalidez”.
Legisladores de la UCR presentaron un proyecto de ley que establece un crédito fiscal para los contribuyentes no deudores. Aseguran que “el alivio fiscal del oficialismo sólo beneficia a los morosos”.
Diputados del bloque de la UCR, liderados por Gustavo Menna, Mario Negri y Alfredo Cornejo, presentaron este jueves un proyecto de ley que busca equilibrar beneficios entre contribuyentes morosos y cumplidores.
La iniciativa pretende premiar a quienes están al día con el fisco otorgándoles un crédito fiscal de hasta 100 mil pesos, el mismo monto que establece el proyecto del oficialismo –firmado por el presidente del cuerpo Sergio Massa- para condonar deudas a pequeños contribuyentes.
“El oficialismo presentó un proyecto denominado de ‘alivio fiscal’ por el cual propone condonar deudas de contribuyentes, personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes hasta 100.000 pesos”, relató el diputado Menna.
En ese sentido, advirtió: “Nosotros creemos que es hora de dar alivio fiscal también a los que han venido cumpliendo con mucho sacrificio con sus obligaciones tributarias, porque ellos también tienen problemas en el marco de la pandemia, de la caída de la actividad económica y del desastre que hizo el Gobierno con el manejo de la economía”.
Y agregó: “Con lo cual, por un principio de igualdad ante la ley, corresponde también reconocerles esa misma suma de hasta 100.000 pesos a los cumplidores. En este caso, como ellos no tienen deudas con el fisco, el proyecto lo que hace es proponer un crédito fiscal. Esto es: reconocerles 100.000 pesos, el mismo monto que en el proyecto del oficialismo le perdona a los incumplidores, pero en nuestro caso reconocemos un crédito fiscal para compensar con obligaciones futuras en materia tributaria, aduanera y de la seguridad social”, precisó.
¿Qué dice el proyecto?
Artículo 1°. -Otórgase un crédito fiscal por $ 100.000 a las MiPYMES, personas humanas y sucesiones indivisas que sean considerados pequeños contribuyentes en los términos que determine la reglamentación con efecto exclusivo para los contribuyentes que no registren deudas en mora con el Fisco al 31 de agosto de 2021.
Artículo 2°. - El crédito fiscal que se reconoce podrá ser aplicado en forma automática por el contribuyente para compensar obligaciones que se devenguen en lo sucesivo con el Fisco en materia tributaria, aduanera y de la seguridad social hasta agotar la suma de $ 100.000.
Artículo 3°.- No podrán acceder al beneficio que establece esta ley los siguientes contribuyentes:
a) Los que hubiesen adherido a la moratoria aprobada por la ley 27.541 y ampliada por la ley 27.562.
b) Los que hubiesen sido ejecutados fiscalmente o condenados, con condena firme, por multas por defraudación fiscal en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2020.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, reglamentará la presente ley dentro de los quince (15) días corridos de su sanción y dictará la normativa complementaria e interpretativa necesaria para garantizar el beneficio que reconoce a los contribuyentes cumplidores.
Artículo 5°.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a este régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones similares medidas de reconocimiento a los contribuyentes cumplidores.
Artículo 6°.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Acompañaron a Menna, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Pastori, Alejandro Cacace, José Luis Riccardo, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Sebastián Salvador, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Jimena Latorre, Hugo Romero, María Soledad Carrizo (UCR), e Ignacio Torres (Pro).
El legislador chubutense habló sobre la reunión “reflexiva” que la coalición mantuvo en donde hicieron un “análisis de las PASO”. Además, señaló al gobernador de la provincia como “cínico, mentiroso e irrespetuoso”.
El candidato a senador y diputado nacional Ignacio Torres (Pro – Chubut) se refirió a la charla que la coalición de Juntos por el Cambio mantuvo con todos los representantes de las provincias de la cual destacó que fue “interesante, positivo y que se pudieron limar asperezas”. Por otro lado, le respondió al gobernador Mariano Arcioni al que etiquetó como “mentiroso” porque “hipotecó el futuro de todos los chubutenses”.
A través de Radio 3, Torres desmintió que el encuentro que JxC mantuvo haya sido “con clima triunfalista como algunos medios calificaron”, por el contrario, aseguró que “fue una reunión de reflexión de lo que fueron las distintas internas, después de mucho tiempo pudimos vernos las caras entre quienes conformamos el Frente con la Mesa Nacional y pudo haber un ida y vuelta”.
Además, continuó: “La participación más federal la tuvo Cornejo de Mendoza, pero la realidad de cada provincia es muy distinta y haber podido tener un ida y vuelta con quienes son los primeros representantes del Frente fue interesante pudimos hacer un análisis de lo que fueron las PASO y cómo seguir”. En este sentido, destacó que fue acompañado por “Gustavo Menna y pudimos honrar ese compromiso de estar todos juntos y poner en agenda Chubut que muchas veces no se lo tenía en cuenta, sobre todo por su volumen electoral y hoy está entre las primeras de lo que son las perspectivas electorales”.
“Nos quedamos con dos bancas del Senado, pero resignamos una de Diputados, para poder entrar en Diputados deberíamos duplicar al segundo lo cual es muy difícil, pero no imposible”, aseguró el candidato de JxC.
En esta línea, Torres resaltó: “Tenemos que tener la humildad suficiente para entender que el voto de confianza hay que honrarlo con la misma responsabilidad y compromiso que en la primera etapa. Hasta noviembre vamos a tener tiempo de debatir, es otra elección todavía no se ganó nada”, y ratificó: “Nosotros tenemos que ganar en noviembre y no hay que relajarse, al contrario, hay que estar todos juntos tirando para el mismo lado. La reunión fue más que positiva y pudimos limar asperezas de lo que fueron las elecciones y priorizar lo importante”.
Respecto a la relación con Mario Cimadevilla aseguró: “La situación está bien, la integración no se dio, pero todos los que conformamos el Frente y competimos estamos a disposición en esta segunda etapa. Él quiere cambiar la realidad de la provincia al igual que nosotros y es un actor importante, le tengo mucho respeto nos conocemos y hemos podido hablar. Estoy convencido que hará un aporte importante en esta segunda etapa”.
Por otro lado, el diputado chubutense cuestionó: “Estuve mirando el presupuesto y la batería de medidas tiene un trasfondo que nadie habla y es cómo se financia, nos preocupa caer en una mega inflación en corto plazo, nos preocupa la profunda presión fiscal a la clase media y creo que no es bueno seguir profundizando una matriz fiscal regresiva y contradice el mismo discurso del Gobierno que habla de justicia social y en el presupuesto termina agravando a la producción y el trabajo que al capital y asfixiando a la clase media, vamos a plantear los cambios en esta semana”.
De vuelta en tema sobre las elecciones generales, expresó: “Creo que llevar a Chubut con un protagonismo en la agenda parlamentaria es importante, en la ley de leyes es donde todos nos tenemos que parar y defender los intereses de la provincia independientemente de los colores. Hay mucho por hacer y me parece que después de muchos años Chubut esta en la agenda nacional tanto en Diputados como en el Senado. Si bien con Gustavo competimos en las PASO, nos juntamos y analizamos los números”.
“Esta elección nos permite, además del mensaje contundente que se le dio al Gobierno, como chubutenses mostrar que vale tanto el voto del grupo mas poderoso como del mas humilde y podemos tener voces en el Congreso que defienda los intereses de la provincia y no los de un empresario de turno. Priorizar a Chubut sobre cualquier bandera partidaria es lo que necesitamos, ese dialogo hay que tenerlos con otros sectores incluso con el FdT”, resaltó Torres.
En relación a la manifestación que el gobernador Mariano Arcioni hizo en alusión a él, opinó entre risas de forma irónica: “Estaban dirigidos a mi persona, habla más de él que de mi y de hecho es muy gracioso. Habló de la mentira y en la misma nota dijo que va a haber un aumento extraordinario a los empleados públicos, habla de mentira el tipo que le dijo a los trabajadores de la salud, a los docentes y jubilados que iban a cobrar como corresponde y los destrato por tres aso y los quiere comprar por un voto electoral, habla de mentira el tipo que un contexto tanto difícil que vive la provincia lo único que le interesa es la minería, un tipo que nos dice que somos Disney cuando hay familias que están sufriendo”, y lo calificó de “cínico e irrespetuoso para todos los chubutenses”.
Por último, el candidato a senador aseguró que “para Juntos por el Cambio la interna nos fortaleció y nos dio una madurez dentro del Frente de que no solo somos una coalición electoral sino también un frente de Gobierno donde el resultado es más que positivo”.
Así lo aseguró el diputado radical tras reunirse con la madre de un joven que fue atropellado en la provincia de Chubut. "Argentina tiene uno de los índices de muertes por accidentes viales más altos del mundo", afirmó.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) recibió en el Congreso a Liliana Guerra, madre de Ronald Guerra, quien murió el 18 de enero en un siniestro vial ocurrido en el Puerto de Rawson, provincia de Chubut. El radical manifestó su respaldo al pedido de justicia de la familia, que busca juntar más de 175.000 firmas para pedir penas más altas con carátula de dolo en homicidio vial.
Por la muerte de Ronald Guerra está detenido e imputado el médico Nicolás Suganuma, que el 18 de enero a la madrugada atropelló con su auto al joven, de 24 años. Suganuma conducía con 1,60 de alcohol en sangre y a una velocidad mayor al límite de 40 kilómetros por hora, según las pericias.
El legislador de Juntos por el Cambio señaló que el reclamo de la familia Guerra “tienen un acompañamiento social muy importante, y además hay una petición en la plataforma Change.org que tiene más de 175.000 firmas de respaldo”, con lo que “es una de las más importantes de las que hay publicadas en la Argentina”.
“Hemos trabajado en proyectos de ley que hoy tienen estado parlamentario”, uno de los cuales crea “figuras penales viales específicas que debe prosperar porque hay hechos que no pueden seguir siendo tratados solo como infracciones sino que tienen que ser delitos penales”, resaltó Menna.
En ese sentido, también recordó que “hay un proyecto de Código Penal, que hizo la Comisión Borinsky, al que lamentablemente el Senado no le ha dado tratamiento hasta ahora. Entre otros aspectos tiene un capítulo de delitos viales”.
Por último, repasó que “Argentina tiene uno de los índices de muertes por accidentes viales más altos del mundo. Son casi 7.000 casos por año, además de los hechos donde quedan personas afectadas en su integridad física”, por lo cual “vamos a trabajar con Liliana para avanzar en la propuesta de proyectos de ley”.
Gustavo Menna apuntó contra el proyecto presupuestario ya que “es más una promesa que no se cumple”. Además, criticó al Gobierno porque “estuvo 4 días cerrado entretenidos en una interna entre distintos sectores del kirchnerismo”.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR -Chubut) cuestionó fuertemente el proyecto presupuestario del 2022 que fue presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque para la provincia del sur es “escaso” por lo que consideró que “más que un presupuesto es una promesa que no se cumple”. Además, acusó el aporte extraordinario hacia La Rioja, debido a que “se lo dan todos los años”, y también arremetió contra el Gobierno Nacional.
En diálogo con Radio 3, el dirigente radical aseguró que “el presupuesto es complejo analizarlo, pero en el capítulo de inversión en infraestructura es escaso. Ya de movida el monto nominal son 6.100 millones de pesos es insignificante y es más bajo que este año y si pensamos que la inflación anual va a estar por encima del 50 porciento estamos hablando de un presupuesto que es la mitad de lo que se había previsto para este año”, e ironizó: “En realidad, más que un presupuesto es una promesa que no se cumple”.
“El año pasado ocurrió lo mismo, había obras que eran de 3 mil millones de pesos y salieron a inventar planillas anexas para conformar a los gobernadores para obtener el voto favorable en las cámaras, pero después es un dibujo porque no se llevan a cabo”, apuntó Menna y continuó: “Se agregaron obras de transporte eléctrico que ni se llamaron a licitación. En este caso ni siquiera hubo ese esfuerzo de dibujar algo”. Además, acusó que “una obra eléctrica fundamental para la zona sur de la provincia para tener un acceso ya directamente despareció del presupuesto, esa obra estaba en licitación se suspendió sin explicación y ahora directamente ni esta”.
En esta misma línea, sostuvo que “en lo que es infraestructura son necesarias y abre puestos de trabajo, para que la economía y el sector privado se puedan desenvolver, es tarea del Estado”. Sin embargo, el radical cuestionó que “hay una baja en el aporte al sistema de bomberos voluntarios, el programa de la Ley de Bosques tiene el mismo monto que el año pasado, vuelve a aparecer el aporte extraordinario a la provincia de la Rioja que ya no ex extraordinario porque se lo dan todos los años”.
“Los candidatos oficialistas van a tener que explicar si van a votar esto porque no solo hay reparación histórica para Chubut, sino que también le ponen 12.500 millones de pesos a La Rioja. Ellos que votaron en contra de una asistencia que proponíamos en Chubut cuando adeudábamos salarios”, manifestó el diputado que integra el interbloque de JxC.
Por último, remarcó que “el Congreso tiene la potestad de retocar eso, pero en un escenario donde el oficialismo sigue teniendo mayoría, nosotros lo vamos a plantear”, y enfatizó: “Es difícil pensar cuál es la estrategia de un Gobierno que no está gobernado porque estuvo 4 días cerrado entretenidos en una interna entre distintos sectores del kirchnerismo, nadie dio la cara. El ministro de economía no fue a la cámara de diputados a explicar el proyecto como se hace normalmente, es difícil”.
Encabezados por el chubutense Gustavo Menna, legisladores de JxC presentaron un proyecto que busca reinstalar una medida que Macri dictó antes de terminar su mandato y luego Fernández derogó.
Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Gustavo Menna (Chubut), presentaron un proyecto de ley para proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción, con el fin de garantizar confidencialidad y reserva de identidad; asimismo establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que no cumplan con las medidas de protección.
“Debemos diseñar herramientas legales efectivas que apunten a prevenir y, en su caso, esclarecer y sancionar los hechos de corrupción”, indicó Menna sobre la iniciativa que recoge recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y está orientado a cumplir con el artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara a los actos de corrupción a los atentados contra la democracia.
En la propuesta se busca que la autoridad competente para recibir y otorgar medidas de protección sea el Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal pública. Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
“Atentará igualmente contra el sistema democrático quien incurriere en delito grave doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, reza el texto.
Menna enfatizó que "la corrupción provoca que recursos públicos que funcionan para la prestación de servicios públicos de calidad, infraestructura y promoción del bienestar general terminan en los bolsillos de funcionarios y empresarios que se aprovechan del esfuerzo de las personas que trabajan y aportan sus tributos al conjunto".
Entre otras previsiones contenidas a lo largo de 64 artículos, el proyecto crea la Agencia Nacional de Protección a Denunciantes, Testigos e Imputados, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se trata de un organismo con autonomía y autarquía funcional, cuyo director, nombrado mediante concurso público de antecedentes, tendrá una duración de seis años en sus funciones.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Lorena Matzen, Roxana Reyes, Claudia Najul, Albor Cantard, Juan Martín, Sebastián Salvador, Mario Arce, Gerardo Cipollini, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze, Gabriela Burgos y Jorge Vara.
Cabe recordar que, poco después de asumir, el presidente Alberto Fernández derogó por decreto la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente impulsado por la administración de Mauricio Macri 11 días antes de terminar su mandato.
A través de esa medida, el Gobierno actual dispuso que el programa de testigos tendría el diseño institucional original “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”, y continuaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Desde el radicalismo se fundamentó el pedido en "la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina".
El diputado chubutense Gustavo Menna (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto por el que pidió incluir a la pesca en el decreto presidencial emitió el 30 de diciembre de 2020, para disminuir y eximir de derechos de exportación a producciones regionales. Fundamentó el pedido en la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina.
El proyecto indica que el decreto 1060/2020 "omite a la actividad pesquera, que en la Patagonia concentra la mayor proporción de capturas y embarques de especies como langostino, merluza hubbsi y calamar illex a través de los puertos ubicados en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego".
El decreto nacional dispuso una reducción sustancial de derechos de exportación para diversos productos de distintas economías regionales y, en algunos casos, “la medida significó establecer aranceles cero, es decir, la desgravación total de las exportaciones de esos productos”, indicó el diputado.
Teniendo en cuenta la necesidad de la Argentina de obtener divisas para generar producción y empleo, Menna calificó de “auspicioso” el sentido del decreto, aunque “una vez más, ¨no ha tenido en cuenta a la Patagonia como una de las economías regionales que aporta de modo relevante a las exportaciones”.
"El decreto hace foco en los productos agroindustriales pero omite a la actividad pesquera, estrechamente ligada a la región que, pese a las condiciones adversas que atraviesa, exporta productos por más de u$s 2.100 millones anuales, se trata del octavo complejo exportador argentino y emplea a más de 23.000 personas en forma directa", apuntó el legislador chubutense.
Asimismo, explicó que “el eje de la actividad pesquera se ha desplazado hacia la Patagonia, tanto en lo que respecta al ámbito marítimo de capturas, como a los puertos en que se llevan a cabo los desembarques”.
“Lamentablemente se ha convertido en una constante propia de una visión marcadamente centralista del país, el postergar y relegar a la región, tal como aconteció hace pocos días, cuando se excluyó al Ferrocarril Transpatagónico de las obras ferroviarias anunciadas por el Ministerio de Transporte”, concluyó Menna.
Acompañaron a Menna en esta iniciativa sus pares patagónicas del bloque radical Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).
Tras el "Olivosgate", el diputado radical presentó un proyecto en este sentido, aunque aclaró que exceptúa a funcionarios públicos, a quienes rompieron aislamientos u organizaron fiestas clandestinas.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) presentó este martes un proyecto de ley de amnistía para las personas a las que, durante el ASPO, se les abrieron causas judiciales por el hecho de circular.
Tras el escándalo por el "Olivosgate", motivo por el cual Juntos por el Cambio impulsa un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, el radical aseguró que "objetivamente están las causales, habría que ver cómo se desenvuelve un juicio".
"La Cámara de Diputados es la acusadora, el rol de juzgar le corresponde al Senado", explicó el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien agregó que "el hecho tiene gravedad" porque "se trata de reglas que remiten a sanciones penales".
En diálogo con radio Futurock, el chubutense recordó que durante la cuarentena estricta "hubo gente que la pasó muy mal, le secuestraron el auto" y "se fueron abriendo miles de causas penales", mientras que "el mismo funcionario que escribía las reglas, no las cumplía".
Menna consideró que un pedido de juicio político "no es temerario", sino "un mecanismo previsto por la Constitución", que "será discutible". Al reconocer que la oposición no cuenta con los votos para que prospere, dijo que se trata de "poner en agenda la discusión".
A continuación, el legislador anunció "un proyecto de ley de amnistía" porque "hoy la Justicia Federal está sobrecargada con decenas de miles de causas por si una persona circulaba bien o mal, con autos que se están deteriorando secuestrados".
En ese sentido, apuntó que sería para "los casos vinculados a la circulación, quien iba a trabajar, quien iba a visitar a un pariente enfermo".
En declaraciones a Radio 3 de Trelew, el diputado ahondó que "la amnistía que proponemos no abarca a los delitos contra el ASPO cometidos por funcionarios públicos, ni las fiestas clandestinas, ni a quienes incumplieron cuarentenas por infección, contacto estrecho o viajes".
El proyecto del legislador chubutense otorga una amnistía a todas las personas con causas penales abiertas por quebrar el aislamiento y el distanciamiento social decretados durante la pandemia.
Las excepciones a la amnistía son los casos en los cuales los imputados sean funcionarios públicos; las reuniones o fiestas clandestinas, y las personas que quebrantaron la cuarentena por estar contagiadas, haber sido contactos estrechos de un infectado de Covid-19 o por un viaje del exterior o de otra zona del país.
La iniciativa busca la igualdad ante la ley frente a la transgresión del presidente Alberto Fernández, tras conocerse por fotos su participación en un cumpleaños en Olivos cuando estaban vigentes las medidas de prevención que el propio mandatario había decretado.
La propuesta “permitirá restablecer un sentido de justicia e igualdad ante la ley y evitará incurrir en la incongruencia de sancionar penalmente a los particulares por reglas que las autoridades incumplen, a sabiendas de lo que están haciendo”, explicó Menna.
“Tras el dictado de las medidas de prevención hubo en todo el país controles férreos que afectaron las libertades personales previstas en la Constitución. La persecución penal no discriminó entre los hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto, de otras más graves como reuniones o fiestas clandestinas o el no cumplimiento de cuarentenas dispuestas para quienes estaban infectados, contactos estrechos o personas que arribaban de un viaje”, consideró Menna.
Señaló que “las normas dieron lugar a situaciones de violencia institucional muy graves, que en algunos casos implicaron la pérdida de vidas en circunstancias no esclarecidas como las de Facundo Astudillo Castro, Nahuel Gómez, Federico Rey, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Ezequiel Corbalán, Ulises Rial, Augusto Oscar Iturralde, Lucas Nahuel Verón y Raúl Dávila, en provincia de Buenos Aires; Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán; Mauro Coronel y Franco Isorni en Santiago del Estero; Florencia Magalí Morales y un adolescente de nombre Franco en San Luis; Facundo Scalzo en CABA y Valentino Blas Correas en Córdoba”.
Destacó que “el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por DNU fue el primero en incumplirlas”, y que esta situación “se contrapone con el principio de igualdad ante la ley”.
Las causas abiertas “generan una sobrecarga al atraso que afecta a la Justicia Federal, y la desenfoca de las causas más relevantes que demandan rapidez como las vinculadas al narcotráfico, corrupción, trata de personas, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros”, concluyó Menna.
Acompañan esta iniciativa los diputados Mario Negri, Alfredo Cornejo, Ricardo Buryaile, Juan Martín, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Claudia Najul, Atilio Benedetti, Alejandro Cacace, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Karina Banfi, Ximena García y Brenda Austin.
proyecto-de-ley-amnistia-delitos-ASPO-y-DISPOLa integran el actual diputado nacional Ignacio Torres y la concejal Ana Clara Romero.
El Pro oficializó la lista que presentará en las próximas PASO en la provincia de Chubut, en la que postulará a la actual concejal Ana Clara Romero como primer precandidata a diputada nacional, y el actual diputado nacional Ignacio Torres para el Senado. Así lo confirmaron en las redes sociales, mientras que el resto de las nóminas se confirmará en el tiempo que resta hasta la medianoche de este sábado, cuando cierre el tiempo para la presentación de listas.
El diputado Torres tiene mandato como diputado nacional hasta 2023, y en caso de ser electo senador nacional completaría su mandato Matías Federico Taccetta, actual secretario Coordinador de Gestión y Finanzas de Esquel.
Pero esto deberá definirse en las PASO, que del lado del radicalismo tendrá interna pues a priori una lista estará encabezada para el Senado por Sergio Ongarato, intendente de Esquel, mientras que para la Cámara baja buscará ir por un nuevo período el actual diputado nacional del radicalismo Gustavo Menna.
Asimismo habría una segunda lista radical que propondría al exsenador Mario Cimadevilla para volver a la Cámara alta.
El radical chubutense Gustavo Menna aseguró que la respuesta de las funcionarias Ibarra y Vizzotti fue insuficiente y es necesario "subsanar la omisión en la que incurrió el Poder Ejecutivo".
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Gustavo Menna, presentaron un proyecto de ley para garantizar que las regalías petroleras de las provincias productoras estén protegidas de posibles embargos y ejecuciones judiciales por la aplicación de la Ley de Vacunas contra el Covid-19.
Acompañaron la presentación legisladores pertenecientes a provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
La iniciativa incorpora a la Ley de Vacunas un artículo por el cual se protege a las “regalías de cualquier especie que perciban, tengan derecho a percibir, las provincias en función de concesiones de explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios, de los que, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, ejercen el dominio originario”.
Además, prevé que los futuros contratos del Poder Ejecutivo Nacional en relación con lalLey “deberán contener una reserva expresa que deje a salvo a las regalías provinciales”.
La presentación contó con las firmas de Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Claudia Najul, Luis Petri, Federico Zamarbide, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Ricardo Buryaile, Mario Arce, Ignacio Torres, Jorge Rizzotti, Francisco Sánchez y Héctor Stefani.
La elaboración del proyecto es consecuencia del planteo público que hizo Menna hace pocos días en relación con la falta de resguardo de las regalías frente a los tribunales extranjeros a raíz de la modificación que el DNU 431/21 del Gobierno le hizo a la Ley de Vacunas.
La cuestión fue consultada por el propio Menna a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, en la última reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que el chubutense integra.
Allí, Ibarra negó que se trate de regalías de las provincias, y aclaró: "Se elimina la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina” pero “estas regalías de ninguna manera incluye a las de las provincias”.
“Este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional, mal podría ir un acreedor a cobrarle a un Estado distinto. Responde el Estado Nacional y al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional, de ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales”, agregó la funcionaria.
Sin embargo, Menna consideró a la respuesta insuficiente, "ya que no alejó la duda sobre la situación de las regalías de las provincias productoras de hidrocarburos frente a posibles litigios por incumplimiento de contratos", expresó el opositor.
“La cuestión no es menor, habida cuenta que las regalías hidrocarburíferas representan para las provincias productoras al menos un tercio de sus ingresos totales”, planteó y advirtió: “Comprometer las regalías equivale a poner en riesgo ante una eventualidad judicial, el pago de salarios de agentes públicos, obra pública y la propia prestación de servicios esenciales”.
Por ello, el radical indicó que “la cuestión debió haber sido abordada con mayor profundidad y cuidado, y si realmente la intención del DNU 431/21 fue comprometer como garantía exclusivamente las regalías del Estado Nacional, correspondía dejar expresamente efectuada la reserva del caso”.
Así, concluyó, el proyecto de ley propicia “subsanar la omisión en la que incurrió el Poder Ejecutivo y dejar expresamente sentado que en ningún caso las regalías provinciales podrán ser objeto de eventuales medidas de embargo o ejecución”.
Al anunciarla, diputados de Juntos por el Cambio la presentan como una deuda de medio siglo en la Argentina.
Diputados de Juntos por el Cambio impulsan en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer presupuestos mínimos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), una herramienta esencial de la política ambiental, que permite valorar los impactos de proyectos de obras y actividades antes de su ejecución y que constituye una deuda de medio siglo en la Argentina.
La iniciativa es de autoría del diputado Gustavo Menna (UCR – Chubut) y toma como antecedentes proyectos de similares características que datan desde 2013. Tiene el acompañamiento de diputados de JxC que integran la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano: Brenda Austin, Mario Arce, Gabriel Frizza, Sofía Brambilla, Virginia Cornejo, Alicia Fregonese, Fernando Iglesias, Federico Frigerio, Josefina Mendoza y Federico Zamarbide. Cuenta con estado parlamentario desde inicios de 2020, por lo que está en condiciones de ser tratada.
A lo largo del mundo, este instrumento ha sido regulado desde la década del 70. Si bien en la Argentina las provincias fueron pioneras en incluir esta herramienta protectoria en sus legislaciones desde los 80 en adelante y han actualizado esas normas desde el 2000, nuestro país es hoy el único de América latina y el Caribe que no cuenta con una norma nacional específica.
Por eso, esta propuesta busca establecer un piso uniforme para todo el país y especialmente regular a aquellos proyectos públicos o privados que excedan a las jurisdicciones provinciales, con el fin de hacer cumplir lo normado en el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto a “la utilización racional de los recursos naturales”. De hecho, mediante la EIA se pone en práctica el principio preventivo de protección ambiental anticipándose a la producción de daños y conflictos que podrían evitarse o minimizarse.
En el derecho internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Convención Ramsar (humedales), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre Cambio Climático y el Acuerdo sobre Ambiente del Mercosur, de los cuales Argentina es parte contratante, prevén la EIA.
A nivel nacional, la EIA se encuentra prevista como un instrumento de la política y gestión ambiental en la Ley General del Ambiente 25.675 que prevé que “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Se trata, además, de una deuda que se renueva con la vigencia del Acuerdo de Escazú, donde la información y la participación pública en los procedimientos de EIA son un compromiso internacional más que la Argentina debe cumplir.
La EIA es una de las herramientas ineludibles para que el Estado pueda tomar decisiones públicas transparentes y fundadas, que respeten al ambiente y a la sociedad, que garanticen la calidad ambiental y de vida, y especialmente tiendan a concretar en la práctica la noción de desarrollo sustentable incorporada a la Constitución en 1994, que requiere del equilibrio entre las dimensiones económico, social y ambiental.
Entre los cofirmantes del proyecto de ley figuran Brenda Austin (Córdoba), Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Luis Pastori (Misiones), Álvaro de Lamadrid (CABA), Ignacio Torres (Chubut), Marcela Campagnoli (Buenos Aires), Alejandro Cacace (San Luis), Gonzalo del Cerro (Santa Fe), Ximena García (Santa Fe), Mario Arce (Formosa), Claudia Najul (Mendoza), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Maximiliano Ferraro y Carlos Fernández (Buenos Aires).
Diputados patagónicos repudian las tarifas abusivas y discriminatorias de Aerolíneas Argentinas que afectan a nuestra región.
Un proyecto presentado por los diputados radicales Gustavo Menna (Chubut) y Roxana Reyes (Santa Cruz) denuncian tarifas que salen hasta un 600% más caras en relación a destinos con distancias similares.
“Esta situación perjudica mucho a los vecinos de la zona norte de Santa Cruz que tienen conexión al país a través de esos vuelos para poder llegar al norte de la argentina”, sostuvo Reyes.
Asimismo, la legisladora aseguró que el proyecto lo que contempla es un pedido de revisión de las tarifas que presentan hoy entre un 300 y un 600% más de valor: “Aerolíneas Argentinas perjudica así a los habitantes del sur de Chubut y norte de Santa Cruz que utilizan habitualmente esa ruta para desplazarse. Se trata de tarifas exorbitantes, desproporcionadas y muy por encima de las que cobra para otros destinos la misma compañía”.
Los legisladores lamentaron la política tarifaria que aplica la empresa aerocomercial de bandera propiedad del Estado Nacional, porque deja de manifiesto un abuso hacia los usuarios y lesionan derechos elementales de los consumidores.
“No existe una justificación. Si bien las tarifas varían según los días, en todos los casos se verifica ese mismo rango de diferencia que de ninguna manera se explica en la diferencia de distancia o de tiempo de vuelo”, sostuvo el diputado Menna por su parte.
Fue en el marco de un plenario que analizó el proyecto que prevé otorgarles al presidente y los gobernadores facultades especiales para tomar medidas de acuerdo con la situación sanitaria en tiempos de pandemia. No fue incluido en el temario de la sesión que sucedía a la reunión.
Por José Angel Di Mauro
Durante una prolongada reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción y Salud Pública que se extendió más de cuatro horas, los diputados avanzaron este jueves con el proyecto de ley sobre marco normativo destinado a la protección de la Salud Pública estableciendo las medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de los casos por Covid-19. La iniciativa otorga facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de Covid-19.
Durante la reunión se firmó un dictamen de mayoría que cosechó 36 rúbricas, correspondientes al Frente de Todos y al diputado Eduardo “Bali” Bucca, que firmó en disidencia parcial. El dictamen de minoría tuvo 32 firmas, de Juntos por el Cambio y Beatriz Avila, en tanto que Graciela Camaño anticipó la presentación de otro dictamen.
El encuentro, que originalmente se iba a desarrollar en el mismísimo recinto, tuvo lugar finalmente en el Anexo de Diputado, con un arranque bastante tardío respecto de la hora acordada. En efecto, con 40 minutos de atraso el diputado pampeano Hernán Pérez Araujo -titular de Asuntos Constitucionales- dio inicio a la reunión, pidiendo -sin mayor éxito- moderación en el uso de la palabra.
A continuación, el titular de Salud, Pablo Yedlin, defendió el proyecto, recordando el inicio de la pandemia, con “un sistema de salud que se encontraba debilitado” y destacó la aprobación legislativa de todos los DNU admitidos hasta el presente. Apuntó además que desde la oposición se pedía siempre una norma que permitiera tratar el tema de las restricciones en forma de ley. Atendiendo a ello, y a la judicialización de uno de los últimos decretos, destacó la intención oficial de apelar ahora a una ley.
“Básicamente el proyecto define un semáforo epidemiológico de gravedad creciente, para que las restricciones a la población tengan una lógica sanitaria”, reiteró Yedlin, puntualizando a continuación las características de la norma. “No hay en la delegación de facultades un intento de saltear la autoridad real, sino todo lo contrario: poner en blanco sobre negro cuales son los indicadores en donde las provincias” definen qué hacer, aclaró el tucumano, que a la hora de dar ejemplos, sostuvo que indicadores de distritos opositores como CABA y Mendoza vienen “dando en descenso”.
“Lo que tenemos que intentar hacer entre todos es tener la menor cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad; el objetivo de esta ley va en ese sentido”, precisó Yedlin, admitiendo que el índice de mortalidad en nuestro país “lamentablemente es alto”. Y en ese sentido advirtió que “la peor provincia argentina en mortalidad es CABA. Tiene 302 muertos por cada 100 mil habitantes, muy por arriba de las siguientes”, precisó sobre el final de su exposición en la que buscó dejar claro que esta ley “no delega superpoderes en nadie”.
Más que una delegación es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, donde bajo la invocación de la protección de la vida y de la salud pública en el marco de la pandemia el Poder Ejecutivo quede facultado a adoptar cualquier tipo de medida, la que se le ocurra”.
Desde la oposición, tomó la palabra el chubutense Gustavo Menna, quien hizo referencia de entrada al cierre de escuelas que “priva el derecho a la educación de niños y niñas de nuestro país”, quejándose de que las autoridades del plenario no hubiesen considerado el pedido de un colectivo de padres de estudiantes no participar de esa reunión. “La nota fue recibida el día lunes de la semana pasada”, reconoció Pérez Araujo, que aclaró que las reuniones legislativas se habían hecho en la Cámara de Senadores, y en el caso de Diputados esa reunión había sido convocada a los efectos de dictaminar y no tenía carácter informativo.
“Es un criterio extrañísimo que los debates que se den en el Senado no se den en Diputados”, replicó la diputada Silvia Lospennato (Pro-Buenos Aires), que consideró que esa situación era inédita, y recordó que en el Senado tampoco habían sido invitados a participar los Padres Organizados. Leyó entonces una carta que le habían mandado desde ese colectivo, en la que cuestionaban la respuesta oficial a la pandemia, que “se llevó puestos los derechos de los chicos”.
“Niños y adolescentes no tienen voz en esta discusión, tan solo la voz de sus padres”, comentaba la nota que hablaba del daño causado por las restricciones a la presencialidad en la educación.
A continuación, el diputado Menna negó que el proyecto puesto en consideración fuera “virtuoso”, como se había dicho. “Esta es una ley delegativa”, cuestionó, precisando que el artículo 4to “más que una delegación es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, donde bajo la invocación de la protección de la vida y de la salud pública en el marco de la pandemia el Poder Ejecutivo quede facultado a adoptar cualquier tipo de medida, la que se le ocurra”.
Negó además que todos los decretos emitidos en el marco de la pandemia hubieran sido tratados en la bicameral correspondiente. “Apenas un tercio de toda esta exorbitancia de ‘gobierno por decreto’ ha pasado por ese tamiz”, aclaró. “Aquí estamos concentrando todo el poder en el presidente de la Nación, generando un cesarismo, como se decía en los debates de la reforma constitucional del 94, que es lo que justamente quería prevenir esa Constitución”, apuntó.
Reconoció que con esta ley ya no van a haber DNUs, y comentó que “para qué van a haber DNUs si esta ley le pone en manos al Poder Ejecutivo una habilitación para que haga lo que quiera, con la sola invocación del objetivo de proteger la salud pública”. Observó además definiciones del proyecto de ley que “son llamativas, groseras, como esa disposición que calificaba a los gobernadores como delegados del gobierno federal, como si no fueran funcionarios resultantes del voto popular. Esa es una suerte de lapsus, una confesión de cuál es el propósito de este proyecto de ley”. Aclaró que eso fue subsanado por el Senado, pero dejando claro que más allá de esa corrección el proyecto “sigue dándole directivas a los gobernadores”.
Para la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos – Entre Ríos) “este proyecto es muy necesario y muy urgente”, remarcando que el Congreso le está dando con este proyecto las facultades de legislar al Poder Ejecutivo, cosa que hasta ahora hizo a través de los DNU que la propia oposición, dijo, avaló en la Bicameral de Trámite Legislativo. Señaló “incoherencias” en el seno de la oposición, “que no quiere más DNU y hoy se están oponiendo a las medidas que quiere el PEN para llevar adelante las medidas necesarias” en esta pandemia. “Nosotros estamos legislando, pero no puede el Congreso juntarse todos los días para tomar medidas diferentes en función del riesgo epidemiológico o de la situación de cada lugar: necesitamos previsibilidad. En el medio de una pandemia no puede un gobernador tomar una medida y otro (gobernador) otra con la misma situación epidemiológica. Necesitamos un órgano nacional que sea rector de las medidas que se van adoptando en la pandemia”, enfatizó la diputada entrerriana.
“Ustedes no quieren DNU, pero tampoco delegación legislativa”, observó Gaillard, quien remarcó que eso está autorizado por la Constitución. “La población argentina necesita que los cuidemos; no necesita que estemos preocupados en el republicanismo. ¿Dónde queda el republicanismo si la gente se está muriendo?”, se preguntó la diputada oficialista, que pidió al final de su exposición a la oposición que “dejen de mentir con las clases presenciales; nosotros estamos a favor de la educación siempre, salvo cuando esté en riesgo la vida de la población, ahí es la última ratio en que vamos a suspender las clases. Acá no se suspenden las clases salvo en ocasión de ‘alarma’”.
Desde la oposición, la diputada Carmen Polledo se quejó del “tono de barricada” utilizado por la diputada que la había antecedido, tras lo cual aclaró que a su juicio el proyecto puesto en debate no era “un tema de salud; es un tema de poder. Y tampoco es un proyecto virtuoso; es una nueva escalada del gobierno nacional en su puja de poder con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como respuesta al fallo de la Corte que reconoció la autonomía de la Ciudad increíblemente desconocida por el Gobierno nacional que tanto dice defender el federalismo, aunque no lo practica”.
Habló de la intención oficial de “avasallar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires otorgándose el derecho a resolver desde la Casa Rosada sobre toda clase de cuestiones que no son competencia del Estado nacional, tratando de vaciar de poder al jefe de Gobierno porteño”.
“Lamento que el presidente haya elegido el camino de la confrontación”, se quejó Polledo.
Nosotros estamos legislando, pero no puede el Congreso juntarse todos los días para tomar medidas diferentes en función del riesgo epidemiológico o de la situación de cada lugar: necesitamos previsibilidad”.
A su turno, Graciela Camaño (Consenso Federal – Buenos Aires) planteó una postura intermedia a “los dos discursos de la grieta en la que está inmersa la política argentina”. Lamentó inicialmente que no se le hubiera dado la palabra a los padres que piden por la educación de sus hijos. “¿Cuál era el problema de otorgarle 10 minutos para que digan qué piensan?”, se preguntó.
Luego señaló que el proyecto de ley que tenía originalmente “un rumbo constitucional nefasto, de alguna manera fue arreglado en el Senado”, aunque aclaró que no totalmente. Por ejemplo el artículo 4to, que consideraba a los gobernadores “delegados” del Poder Ejecutivo. En otro pasaje, y tras reconocer otros elementos reparatorios del proyecto operados en el Senado, Camaño consideró que no se había leído con precisión el fallo de la Corte Suprema. A su juicio, queda claro que no se estaba actuando “conforme a derecho”, porque “el proyecto original tiene el error de base de ser una suerte de ser una reacción destemplada e ilegítima a lo que la Corte decidió en el fallo Gobierno de la Ciudad – Gobierno nacional”. A su juicio, “claramente este fallo es directriz” y del mismo “surge claramente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto 241, por entender que se estaba invadiendo una competencia local”. Pidió entonces leer detenidamente el fallo para evitar “reeditar ahora bajo formato de ley lo que antes se intentó por DNU”, porque “queda claro que no puede el nivel nacional de ningún modo trasgredir la autonomía provincial aun en situación de pandemia”.
“Esta ley no sería una ley dictada en consecuencia de la Constitución; sería, en los aspectos que no salvó el Senado, una ley contraria a la Constitución. Los gobernadores no están obligados a cumplirla, y esta idea el fallo la ratifica en el considerando 16, que dice: ‘Si se usurparan las funciones que corresponden a los gobiernos locales, sin duda se subvertiría el carácter representativo del sistema, pues se disocia a los gobiernos locales de las políticas que rigen en sus respectivos territorios liberándolos de la responsabilidad que les cabe en ellas. Nunca es sobreabundante recordar que nuestra Constitución es nuestra carta de navegación, y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos llevar por la punción de decidir al margen de lo que ella exige. De esta manera la democracia saldrá fortalecida por su eficacia para gobernar la emergencia, y no debilitada por el uso de un régimen excepcional ajeno a nuestra Constitución’”.
Camaño señaló que “esto es lo que hace muy pocos días nos ha dicho a Corte Suprema de Justicia, ¿por qué razón pensamos que no nos lo va a volver a repetir?”. Con la diferencia ahora, advirtió, que lo que entra en conflicto si esa ley se aprueba es el Poder Legislativo y la Corte Suprema, por lo que se preguntó “adónde queremos llevar este barco en medio de la pandemia”. Así las cosas, la diputada adelantó la presentación de un dictamen propio.
Luego fue el turno del diputado del Pro Pablo Tonelli, quien categorizó los artículos en aquellos que son “inconstitucionales” y los que son “innecesarios”. “Ahí se acaba el proyecto”, sintetizó. “Los gobernadores no necesitan que ninguna ley los autorice a tomar medidas en materia sanitaria en el ámbito de sus provincias”, destacó el legislador quien piensa que no hay ley que deba precisar esas atribuciones.
“Ya desde el vamos se advierte que el proyecto no tiene un fin útil, un verdadero propósito que ayude a combatir la pandemia”, enfatizó, precisando que “no hace falta una ley que los autorice a hacer lo que sus constituciones lo autorizan”. La aprobación de este proyecto representaría a su juicio “una suerte de alzamiento a ese fallo de la Corte Suprema de hace pocas semanas. Pretendemos hacer lo contrario de lo que la Corte Suprema nos dijo que podíamos hacer”.
Ninguna interpretación se necesita para saber que esta es una ley para cerrar escuelas”.
Desde la Coalición Cívica, el catamarqueño Rubén Manzi rechazó que el plan de vacunación puesto en marcha por el Gobierno nacional haya sido exitoso. “Exitoso en términos epidemiológico hubiese sido un plan que avance más rápido que la segunda ola. Y desgraciadamente la segunda ola nos ganó”, consideró, criticando luego el nivel de testeos. El tercer pilar, el de las restricciones, consideró que debería ser considerado como de “cuidados personales”.
Para el diputado Manzi, “este proyecto tiene un sesgo de concentración de poder que atropella la Constitución, y yo le llamaría autoritario”.
Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires) puso énfasis en las dificultades de la educación virtual. “Hay muchos chicos sufriendo en la Argentina por no ir a la escuela”, remarcó la legisladora en el mismo sentido de lo expresado al inicio de la reunión, recordando que en la provincia de Buenos Aires “hace un año y medio que estos chicos están en esa situación”.
Con relación a la ley debatida, aclaró que “no da muchas certezas”, siendo la única que a su juicio daba es que el artículo que dice que a partir de la sanción de esta ley, los pocos chicos que hoy asisten en algunas jurisdicciones a las clases presenciales, se van a quedar sin ellas. Hay una certeza para los chicos de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente para los de otros distritos del país de que si se sanciona esta ley se van a quedar sin clases presenciales. Eso sí es cierto y está escrito en esta ley. Ninguna interpretación se necesita para saber que esta es una ley para cerrar escuelas”.
Consideró además con “dolor” que “la gran ausente en este debate es la defensora de los Derechos de los Niñas Niños y Adolescentes”.
La diputada María Luisa Montoto (Frente de Todos – Santiago del Estero) señaló que “este es un Gobierno de consenso al cual me enorgullezco de pertenecer”, y se preguntó “¿a quién se le ocurre que el Gobierno quiera cerrar las escuelas?”, llamando por el contrario a “buscar el aporte positivo” en este debate.
La radical Soledad Carrizo (Córdoba) consideró “nefasta la decisión de no tener clases”, por lo cual “siento que hay una sensación de importancia, de utilizar este micrófono para decirles a los argentinos que esta ley que se intenta plantear con buenas intenciones no puede ir en contra de las reglas constitucionales”. “Está evidenciado que esta ley lo que busca es generar un maquillaje para seguir otorgándole superpoderes al Poder Ejecutivo Nacional, y de este lado no van a encontrar acompañamiento”, garantizó.
Ya había adelantado a la hora de la firma a viva voz del dictamen su postura contraria al proyecto la tucumana Beatriz Avila, que ponderó no obstante el tratamiento de ese tema. Con todo, se quejó del tratamiento “exprés de una ley central para todos los argentinos”. “Me gustaría que el bloque oficialista hubiera tenido otra actitud de escuchar a la oposición, a distintas voces”, señaló, recalcando que “este tema debería tener muchas más horas de análisis, de trabajo, de escuchar a todos. No un tratamiento a libro cerrado”.
“Ningún criterio sanitario en emergencia está por encima de la Constitución nacional”, remarcó la diputada tucumana, considerando que “el oficialismo lo que quiere hacer es darle un ropaje de legalidad supuesta a una decisión soberana de un poder para estar por encima de otro”.
La diputada Jimena López (Frente de Todos – Buenos Aires) recordó el número de muertos por Covid y consideró que la oposición elige siempre temas para ver dónde golpear. “No me interesa que utilicemos a las infancias para hacer política”, advirtió, criticando su gestión de “cuando fueron gobierno”, y les endilgó el rebrote de sarampión generado durante su gestión.
“Se han comportado, y perdonen si ofendo a alguien, pero como los visitadores médicos de Pfizer -disparó-. Hemos estado escuchando todo el tiempo de las cuestiones de la vacunación, y de la angustia de la segunda dosis… Yo no sé de dónde sacan los criterios científicos que dicen, pero son dos vacunas diferentes la primera y la segunda dosis, y sin embargo acá hemos escuchado barbaridades con el tema de la segunda dosis”.
“Yo no quiero faltarle el respeto a nadie, pero cuando sancionamos leyes como la Ley Yolanda y la Ley Micaela, también deberíamos formar a los funcionarios públicos en perspectivas de los derechos constitucionales. Entender lo que la Corte es el máximo intérprete de la Constitución, y que cuando la Corte dijo en su fallo con mucha claridad, que ni siquiera a través de una ley del Congreso es posible socavar las autonomías, los derechos, las competencias, las facultades que le corresponden a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, comentó a su turno la radical cordobesa Brenda Austin.
La oficialista mendocina Marisa Uceda consideróque la ley “encuadra” dentro de los marcos constitucionales. “La Constitución dice que sea materias administrativas o emergencia pública”, puntualizó la diputada para quien esta “es la primera vez que vamos a tener la posibilidad de conceptualizar desde lo jurídico lo que es emergencia pública. Porque si no hay desde este concepto emergencia pública, ya no sé cuándo vamos a poder graficarlo tan concretamente”, señaló.
“Yo sé que a ustedes les gusta mucho la Corte, pero la Corte no solo tiene el fallo de CABA; porque les quiero contar que la Argentina es mucho más grande que CABA. También hay un montón de fallos de la Corte que reconocen la doctrina de la emergencia y que establecen los mismos parámetros: que sea una situación que atente contra el orden público, y que sea limitada y razonable. Lo es el proyecto”, remarcó Uceda, que le endilgó a la oposición el cargo de mentir: “¿Por qué dicen que es una ley para cerrar escuelas? El artículo 12 dice que se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país salvo las excepciones dispuestas en la presente ley, que es el artículo 21, que se aplica cuando hay alarma epidemiológica en un conglomerado, un partido, un municipio, de más de 300 mil habitantes. ¿Por qué no lo dicen? Porque es CABA, y ustedes parece que están legislando todes para un solo distrito”.
El jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró al oficialismo “una máquina de proponer conflictos”, aunque le concedió al Frente de Todos que “es difícil elegir el modo de regular esto”. Pero aclaró que “con el conflicto no lo van a poder regular”. Y remarcó que “el principio, la regla, es la libertad; incluso en el estado de excepción”.
“Siempre se caracteriza el kirchnerismo por, en envases edulcorados, perfumados, mostrarnos su peor rostro -arrancó diciendo el diputado Jorge Enríquez (Pro – CABA)-. Hablaron, cuando estaba vivo Néstor Kirchner, de ‘Concertación Plural’, y lo que querían era ‘concentración singular’; hablaron de ‘democratización de la justicia’, y lo que querían era ‘cooptación de la justicia’; hablaron de ‘sintonía fina’, era ‘ajuste salvaje’. Y hoy bajo este edulcorado nombre: ‘Parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19’, la pucha… superpoderes, la suma del poder público”.
El radical Fabio Quetglas pidió reflexionar sobre cómo se gestionó la pandemia, e hizo comparaciones por ejemplo con Australia, que tuvo “40 veces menos de muertos”. “Salimos con la bandera de decir ‘el Estado te salva’ y sabemos que es hipócrita porque sabemos que los ministros y los secretarios bajan las palancas y el Estado no funciona”, comentó.
Otro radical, Alejandro Cacace (San Luis) se quejó de la dispersión en materia de testeos entre las provincias argentinas, señalando que ese error se extiende a la letalidad, porque la capacidad para detectar los casos e informarlos desde las provincias es muy dispar. Y esto lleva a que aquella provincia que tiene menor capacidad para detectar los casos, testear y reportar, termina teniendo -no deliberadamente, claro, pero a partir de esta falencia- una subdeclaración en esos casos informados y a partir de eso no es consignada en las zonas de mayor riesgo epidemiológico y por ende tiene menos restricciones”. Dio ese ejemplo para exponer sus reparos a la norma, al remarcar que aquellas provincias con menos capacidad de detección y de reporte de los casos quedarían fuera del foco de riesgo epidemiológico “porque simplemente no fueron capaces de confirmar sus casos.
Fue el último discurso de un prolongado plenario de comisiones que precedió a la sesión de la Cámara. Pero los dictámenes de mayoría y minoría ya se habían firmado hacía rato.
En un pedido de informes dirigido al jefe de Gabinete, diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Gustavo Menna pusieron en duda la legalidad de la decisión.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Gustavo Menna presentaron un pedido de informes al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero para que explique por qué el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) exceptuó a las distribuidoras de realizar inversiones. Opinaron que “el abandono de los planes de inversión compromete el presente y, sobre todo, el futuro” del país.
“Enargas acordó con las 9 empresas concesionarias del servicio de distribución un aumento tarifario del 6% en el gas residencial, pero además exceptuó a las firmas de su obligación contractual de realizar planes de inversión”, explicó el diputado nacional Gustavo Menna, al fundamentar el pedido de explicaciones al Jefe de Gabinete sobre tal decisión.
Los legisladores solicitaron que Cafiero explique si existe un dictamen legal que avale eximir a las concesionarias de su obligación de cumplir con los planes de inversiones comprometidos contractualmente. Además pidieron un informe técnico que garantice que la suspensión de los planes de inversiones no impactará en la regularidad, continuidad y calidad del servicio que debe garantizarse a los usuarios y las razones por las cuales la autoridad de aplicación dispuso dispensar a las concesionarias de su obligación de llevar adelante los planes de inversión.
“Los planes de inversión resultan esenciales para sostener la regularidad, continuidad y calidad del servicio, como así también para responder a los requerimientos de expansión en todas aquellas ciudades que van ampliando su planta urbana”, consideraron los diputados de la oposición.
Los legisladores recordaron además que “nuestro país vivió entre 2003 y 2015 una etapa de desinversión aguda en esta materia, que provocó el resentimiento del servicio y privar a amplios sectores de la población el acceso al gas de red. El abandono de los planes de inversión compromete el presente y, sobre todo, el futuro, y atenta contra el derecho de miles de usuarios actuales o potenciales”.
“Por otra parte, los planes de inversión están comprometidos en el marco de una concesión regida por pautas de derecho público y están contemplados en la tarifa que paga el usuario. Con dicha tarifa no solo se remunera la provisión de gas sino también las inversiones para sostener e incluso expandir el servicio”, ampliaron.
El pedido de informes lleva también la firma de los diputados Jimena Latorre, Omar Demarchi, Roxana Reyes, Facundo Suárez Lastra, Héctor Stefani, Jorge Rizzotti y Francisco Sánchez.
Con Gustavo Menna a la cabeza, legisladores radicales presentaron un proyecto para que el Gobierno justifique la tardanza para la puesta en práctica de la ley que se sancionó el 8 de abril.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) presentó un proyecto para que el Gobierno explique la razón de la demora en la reglamentación y puesta en práctica de la Ley 27.617 por la que se modificó el impuesto a las Ganancias, que se sancionó el 8 de abril.
El chubutense indicó que “la falta de aplicación de la ley perjudica a más de 1,2 millón de trabajadores en relación de dependencia, que percibirían más dinero como consecuencia de dejar de tributar el impuesto a las Ganancias por el aumento de las deducciones y, además, como se trata de un impuesto de ejercicio anual, les serían reintegradas las sumas que les vinieron descontando de sus salarios desde el mes de enero”.
“Avanzado mayo sigue sin dictarse la reglamentación, en un contexto de severo deterioro del poder adquisitivo del salario como consecuencia de una inflación que el Gobierno no puede bajar del 4% mensual”, advirtió el diputado.
“El jefe de Gabinete, como responsable constitucional de la administración general del país, debe informar las razones de esta demora que supera el mes y medio si se computa la fecha de sanción de la ley y precisar cuándo estará emitida la reglamentación a los fines de que pueda tener impacto al momento de pagar los sueldos de mayo en los primeros días de junio”, destacó Menna.
Acompañan con sus firmas esta iniciativa los diputados Lorena Matzen (Río Negro), José Cano (Tucumán), Gabriela Lena (Entre Ríos), Karina Banfi (Buenos Aires), Mario Arce (Formosa), Jorge Vara (Corrientes), Claudia Najul (Mendoza), Federico Zamarbide (Mendoza), Josefina Mendoza (Buenos Aires) y Roxana Reyes (Santa Cruz).
La iniciativa propone incorporar dos artículos al Código Penal y fue presentada por el diputado nacional Gustavo Menna.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut), presentó un proyecto de ley para incorporar dos artículos al Código Penal y establecer penas e inhabilitaciones para quienes pongan en peligro la seguridad vial y la integridad física de las personas.
A diferencia de otras legislaciones actuales, el legislador chubutense dejó en claro que las modificaciones propuestas al Código Penal “se centran en actitudes que ponen en riesgo la seguridad vial y que generan accidentes y muertes”.
Menna, a quien acompañan las diputadas radicales Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz), prevé en su iniciativa: “Incorporar el artículo 193 ter para reprimir con pena de prisión de un mes a dos años, o de multa de 100 mil a 500 mil pesos, e inhabilitación especial para conducir, de 6 meses a 3 años, al conductor de un vehículo que condujere bajo efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos”.
“Además, si requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y condujere a velocidad superior en 60 kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente, en este último caso, si la velocidad fuese superior en 100 kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente, la inhabilitación especial será de 5 a 10 años”, propone el proyecto.
Otra modificación busca incorporar el artículo 281 ter al Código Penal, para “reprimir con pena de prisión de 6 meses a 3 años a la persona que condujere cualquier tipo de vehículo automotor estando inhabilitado para hacerlo por condena penal anterior recaída por aplicación de los artículos 84 bis, 94 bis o 193 bis del Código Penal”.
El diputado radical explicó que “en Argentina se efectuaron reformas en materia penal; sin embargo, debido a que consideramos que las mismas fueron incompletas, se elaboraron las propuestas del presente proyecto de ley”.
Destacó, además, que “en el presente proyecto no se interpreta la creación de nuevas figuras penales con énfasis en las conductas de los conductores como una solución inmediata, definitiva o exclusiva, sino que estimamos que contribuirán a la disminución de los siniestros viales como se advierte en otros lugares del mundo”.
Es por imágenes donde se observa la proliferación de embarcaciones de distintas banderas extranjeras sin autorización. El pedido es encabezado por el diputado Menna.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) pidió junto a sus pares patagónicas Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz) que el Poder Ejecutivo Nacional tome medidas urgentes e intensifique los patrullajes con todos los medios a su disposición para desalentar la presencia de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva argentina sin permisos de pesca, de manera de proteger los recursos y garantizar la soberanía en el mar.
El reclamo, realizado a través de un proyecto de resolución, tuvo como disparador la reciente difusión de imágenes -a través de redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional- en las cuales se observa, a partir de sobrevuelos realizados por particulares, la proliferación de embarcaciones de distintas banderas extranjeras sin autorización en la Zona Económica Exclusiva.
Menna, Matzen y Reyes solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional “la adopción de medidas de defensa efectivas del Mar Argentino y sus recursos pesqueros ante la incursión en la Zona Económica Exclusiva de buques pesqueros extranjeros sin permisos de pesca otorgados por la República Argentina”.
En particular, pidieron desplegar y emplear “a ese fin defensivo todos los medios navales, aéreos, electrónicos y satelitales disponibles de patrullaje, disuasión, persecución y captura para garantizar la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales existentes en nuestro mar”.
“Una flota de casi 400 buques pesqueros de matrícula extranjera que carecen de permisos de pesca otorgados por la República Argentina se encuentra operando en el Mar Argentino a la altura del Golfo San Jorge”, observaron.
Indicaron los legisladores que aunque la flota opera más allá de la milla 200, “ha sido detectada incursionando en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, con lo que dicha actividad es ilegal”.
“Esta modalidad de situarse en el límite externo de la Zona Económica Exclusiva y efectuar incursiones furtivas y sin permiso en el caladero argentino demanda el mayor esfuerzo de vigilancia y defensa de esos recursos. No solo está en juego una cuestión de preservación del recurso y de lo que ello implica en términos económicos, sino también de soberanía nacional”, manifestaron.
La Cámara de Diputados aprobó, en un trámite exprés y por unanimidad, el proyecto avalado en el Senado este mismo jueves. Beneficia al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, en Río Negro.
En un trámite exprés, la Cámara de Diputados convirtió en ley este sábado el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.
La iniciativa, que había sido avalada en el Senado este mismo jueves, fue incorporada al temario de Diputados sobre tablas y finalmente recibió aprobación unánime, con la presencia en el recinto del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostentable, Juan Cabandié.
El proyecto fue impulsado por el senador oficialista Alfredo Luenzo y acompañado por sus pares de Chubut y Río Negro, y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo.
Paralelamente, los diputados Ignacio Torres (Pro) y Gustavo Menna (UCR) solicitaron tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes, pero en esos casos el Frente de Todos no acompañó.
“Los argentinos perdimos miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”, lamentó Torres, y destacó que “en estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”.
El legislador pidió: “Tomemos la responsabilidad institucional de, de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo. La política es más que solidarizarse por Twitter, es estar cerca de la gente”.
Torres agregó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.
A su vez, Menna relató que “el 8 de marzo se desató un incendio en la zona de El Maitén, en Chubut; al día siguiente se desató otro en Cholila, y por la tarde en la zona de Las Golondrinas, en Lago Puelo, que rápidamente se propagó por Cerro Radal y también involucró a El Hoyo”.
Menna contó que recorrió la zona junto a su par de bloque Brenda Austin, y se notificaron de que “las autoridades municipales de Lago Puelo tenían relevadas 421 viviendas totalmente destruidas, arrasadas por el fuego, y más de 20 en El Hoyo”.
El diputado advirtió que además de los daños materiales y las familias damnificadas, “este incendio se ha cobrado tres vidas humanas “.
De paso, aprovechó para criticar la respuesta del Gobierno nacional: “Estas 17.000 hectáreas afectadas y los incendios que el año pasado se cobraron un millón de hectáreas también revelan una gestión deficiente del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Hubo una subejecución del 30% de las partidas el año pasado, e increíblemente se bajaron las partidas para el Plan en el Presupuesto 2021”.
Por su parte, Austin destacó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.
“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, dijo la cordobesa.
La iniciativa sancionada faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
El legislador nacional radical Gustavo Menna advirtió que se trata de un proyecto “fundamental” para sostener a los productores ganaderos de Chubut y de toda la Patagonia.
El diputado nacional radical Gustavo Menna manifestó preocupación por que aún no se prorrogó la Ley Ovina, que vencerá el 5 de abril, y señaló que es “fundamental” para sostener a los productores ganaderos de Chubut y de toda la Patagonia.
En julio de 2020, el diputado presentó el proyecto de ley para prorrogar por 10 años al Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, Ley Ovina, y pidió incrementar en 1.600 millones de pesos el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) que se distribuye todos los años entre las provincias.
“La ley es clave para apoyar a los productores ganaderos de todo el país, pero en especial de la Patagonia y particularmente de Chubut, que es la provincia con mayor cantidad de cabezas de ganado ovino, en su mayoría minifundistas que necesitan los fondos que distribuye la ley para sostener su producción”, dijo al respecto el legislador chubutense.
“El Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina se creó hace 20 años por ley 25.422 y en 2011 fue prorrogado por otros 10 años mediante la ley 26.680, apunta a recuperar el stock ganadero, una actividad clave para la ocupación territorial, sostenimiento de la ruralidad y el arraigo de la población”, explicó el legislador.
“La Comisión de Agricultura y Ganadería no ha sido convocada para darle tratamiento a la prórroga y tampoco el Ministerio de Agricultura de la Nación ha promovido un proyecto propio ni instado el tratamiento del de mi autoría”, concluyó Menna.
La iniciativa propone a la electricidad en base a hidrógeno como alternativa a los combustibles fósiles convencionales con el fin de mitigar el cambio climático.
El chubutense Gustavo Menna presentó el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable que declara “de interés nacional y como objetivo de la República Argentina, la política de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, provenientes del sector del transporte automotor terrestre”.
El proyecto establece como prioridad “la utilización de alternativas de movilidad sustentable en el transporte público, sean automóviles, ómnibus, camiones, trenes, bicicletas o cualquier otro sistema de movilidad pública, preferentemente producidos en el territorio nacional”.
Menna explicó que “el objetivo es fomentar la transición de la movilidad convencional, demandante de combustibles fósiles, hacia la movilidad sustentable, atendiendo a los compromisos de Argentina en materia de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las obligaciones y derechos contenidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.
“Tenemos un compromiso en la lucha contra el cambio climático. El sector transporte es clave en el proceso de descarbonización que debemos encarar. Nuestra responsabilidad es asegurar un marco legal atractivo, estable y equitativo en el salto tecnológico y cultural que implica la movilidad sustentable”, aseguró el diputado radical y agregó: “las alternativas buscan incentivar la incorporación de movilidad eléctrica en base a baterías o celdas de combustible en base a hidrógeno”.
En 2019 el proyecto fue elaborado por el presidente de Globe Argentina y ex diputado Juan Carlos Villalonga e impulsado por el diputado Héctor Olivares, fallecido en mayo de ese año, que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Transporte.
La prueba correspondía a Gustavo Menna, quien ya había sido dado de alta de coronavirus, por lo que numerosos integrantes de su bancada debieron aislarse en sus despachos. Más tarde su situación sanitaria se aclaró y se autorizó a todos a regresar al recinto.
Un imprevisto acorde a los tiempos que corren alteró este jueves la normalidad de la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados: la confirmación de un testeo positivo a uno de los diputados presentes en la reunión.
Comenzó a percibirse que algo sucedía cuando al inicio de la sesión, luego de que Mario Negri hiciera un discurso en homenaje a Raúl Baglini -el radical mendocino fallecido recientemente-, el presidente del cuerpo convocó a “un minuto” de cuarto intermedio y le pidió al titular del interbloque JxC acercarse. Ahí le informó de la situación y minutos después entonces Negri se encargó de hacer el anuncio.
“Quiero decirle a los colegas, sin que incurra en ningún tipo de pánico, sino con el interés de traer tranquilidad, que un colega nuestro, de nuestro bloque, que fue dado de alta hace diez días porque tuvo Covid”, dio positivo en el testeo de saliva. Se refería al diputado Gustavo Menna, y Negri advirtió que mientras se aclarara su situación sanitaria, él y otros colegas que habían participado de una reunión este miércoles en la que participó menna, se trasladarían a sus despachos “por precaución”.
“No sé los otros contactos estrechos que puede haber tenido -aclaró-. Nuestra actividad parlamentaria fue ayer a la tardecita, habrán sido 20 minutos”.
Se refería a una reunión que la mesa de conducción del interbloque de JxC mantuvo con organizaciones de la sociedad civil que proponen la implementación de la Boleta Unica de Papel en los comicios nacionales. Además de Negri, estuvieron en esa reunión los diputados Cristian Ritondo. Juan Manuel López, Alfredo Cornejo, Silvia Lospenatto, Carla Carrizo, Miguel Bazze y Mariana Stilman.
El presidente de la Cámara, Sergio Massa, anunció que deberían autorizar entonces a los diputados que por secretaría le notificarían, que dejarían de estar en sus bancas y continuarían conectados por el sistema webex.
Fue entonces cuando la discusión devino previsiblemente en una discusión sobre la presencialidad en las sesiones. Tomó esa posta el diputado riojano Sergio Casas, quien señaló que se había saludado el día anterior con Menna, y que esa situación ponía “en riesgo” a todos. Por eso advirtió que “sería bueno que hasta tanto pase esta situación ver de lograr una autorización para que se pueda funcionar de manera remota. Lo dejo planteado para que no incurramos en estas cuestiones que pueden tener sus consecuencias”.
Luego de que Massa solicitara que quienes habían tenido contacto con Menna le notificaran al director médico de la Cámara, Marcelo Halac, para ver los pasos a seguir, tomó la palabra otro diputado oficialista, Aldo Leiva, quien se quejó porque esa situación complicaba a “quienes vivimos en el interior”, y señaló que por tener que asistir a esa sesión de manera presencial, por una cuestión de los vuelos no había podido participar de una reunión de comisión el día anterior.
El radical José Cano sugirió a continuación que el equipo médico de la Cámara se ocupara del tema, mientras los legisladores se abocaban a continuar con la sesión. Tras él, el diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi aclaró la situación. Señaló que Gustavo Menna había sido dado de alta ya y tenía un PCR positivo porque “es un fenómeno que puede ocurrir en la convalecencia del Covid positivo, o sea que no quiere decir que tenga contagiosidad. Creo que por prudencia, los diputados que han estado en contacto estrecho está bien que se retiren, pero contacto estrecho quiere decir haber estado conversando al menos 10 minutos sin barbijo y con menos de un metro y medio de distancia. No por haberse saludado pasa uno a ser contacto estrecho. No tenemos que exacerbarnos con los temores”.
Enfático, el diputado Fernando Iglesias llamó a continuar con las sesiones presenciales. “¿No hubo contagio entre los camioneros, las cajeras de los supermercados? Estoy cansado… Me da un poco de vergüenza que si el avioncito… Todos tenemos que enfrentar esto. Si la cuestión fuera sanitaria, la Cámara de Senadores sesionaría acá, vayan a presguntarle a la vicepresidenta por qué no convoca”, planteó.
Y luego señaló que “no podemos ser una casta privilegiada, están trabajando los docentes y las cajeras de supermercados… Muchachos, organícense y dejen de instrumentalizar eso para volver a las sesiones remotas”.
El diputado Carlos Heller le solicitó al presidente de la Cámara iniciar las gestiones “para que seamos incluidos entre los trabajadores esenciales y podamos acceder a las vacunas lo más pronto posible. Si todos nos vacunáramos, y nos damos las dos dosis que corresponden, en el término de 40 días estaríamos con el problema resuelto y la virtualidad dejaría de ser una necesidad”.
Le respondió el diputado Waldo Wolff para rechazar el planteo de Heller, señalando que “los políticos que no estamos en el grupo de riesgo no tenemos que tener ventaja".
Pasadas algunas horas, al concluir las cuestiones de privilegio el presidente de la Cámara de Diputados solicitó la presencia del director Médico Marcelo Halac, quien puso a los legisladores al tanto de las novedades. Describió cómo se había dado la situación con el diputado Menna y quiso “llevarles tranquilidad” a todos al aclarar que el chubutense ya había tenido Covid y seguramente la prueba positiva lo que había hecho era “reflejar fragmentos residuales del virus, que no lo transforman en una persona que esté contagiando ni transmitiendo la enfermedad”.
A propósito de lo sucedido con la reunión que varios legisladores habían mantenido el día anterior y que había motivado estas medidas de aislamiento, recomendó “sostener” la distancia social en las reuniones, tras lo cual informó que habían hecho las consultas pertinentes a Nación como a la Ciudad de Buenos Aires y tanto Carla Vizzotti como el ministro Fernán Quirós habían coincidido en la postura de que lo observado en Menna “es una imagen, una fotografía residual”. Con todo, se le hizo también al legislador un test rápido en su domicilio y el mismo había dado negativo, como así también se le realizó otro hisopado. “Con todos estos antecedentes no es necesario que se sostenga el aislamiento profiláctico”, aclaró Halac, invitando a aquellos diputados que se habían aislado y tenían el deseo de regresar al recinto, hacerlo, pues las causales que generaron alarma se habían levantado.
Los radicales Jimena Latorre y Gustavo Menna presentaron un pedido de informes y alertaron que la empresa está "rumbo a un posible default corporativo" que podría afectar no solo al sector energético sino a "la totalidad del aparato productivo nacional".
Los diputados de la UCR Jimena Latorre y Gustavo Menna presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional y al directorio de YPF para que brinden "respuestas concretas y detalladas" sobre la situación financiera que atraviesa la empresa.
Según los autores, la solicitud se fundamenta "en lo trascendental que resulta la empresa YPF no sólo para el sector energético nacional, sino por las implicancias que el tema puede asumir en todo el sistema financiero nacional, además de su incidencia directa en la imagen y credibilidad de la Argentina en el plano internacional".
Los legisladores radicales señalaron que "la empresa se encuentra atravesando una crisis financiera de larga data consecuencia de una deuda originada en el período 2012-2015 que alcanzó los 8.207 millones de dólares en el tercer trimestre del 2020. El 93% de dicha deuda se encuentra nominada en dólares a una tasa promedio del 7,5% y representa el 108% del patrimonio neto de la empresa, según informa el último balance trimestral".
"En la actualidad, la deuda de YPF es objeto de una nueva renegociación, que intenta modificar el perfil de vencimientos de capital e intereses. En ese contexto, YPF ha lanzado una agresiva oferta al mercado que, en primera instancia, ha sido rechazada y pone a YPF camino a un default que, de concretarse, tendría importantes consecuencias no sólo para el sector energético sino para el financiamiento del resto de los sectores económicos", alertaron.
En esa línea, los diputados cuestionaron que "en medio de la negociación, el Gobierno anuncia el cambio del presidente de la empresa, lo cual incorpora amplios márgenes de incertidumbre adicional al resultado de la renegociación".
"Guillermo Nielsen, economista y especialista en finanzas, quien formó parte del equipo que renegoció la deuda con el FMI en 2005, será reemplazado por el diputado santacruceño Pablo González que ocupó varios cargos en la función pública pero no tiene experiencia en la materia", remarcaron.
Latorre observó que "en este complejo contexto, la puja de poder que muestra el Frente de Todos está muy lejos de mostrar una solución que defienda el futuro de la empresa y los fondos actuales y futuros de los argentinos. Esa puja parece ganarla una Cámpora cuya única ambición son los cargos, la caja y el aparato dirigido a las próximas elecciones. Muestra de ello es la salida de Nielsen y la conquista de la presidencia no conformes con la gerencia de YPF".
"La carencia de estrategia y planificación y la debilidad de liderazgo de un presidente que cede un sector estratégico a los designios de la vicepresidente, amenaza con una nueva edición del desmanejo que afecto a YPF entre el 2012-2015 y augura un panorama de endeudamiento para los argentinos del que deben rendir cuentas ante el Congreso de la Nación”, agregó la legisladora.
Por su parte, Menna señaló: “Una vez más el kirchnerismo está destruyendo YPF. Kiciloff pagó 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de la compañía (10.000 millones de dólares si se computa el costo financiero de los títulos de deuda que emitió para pagarle a Repsol). Ahora toda la empresa vale 1.500 millones de dólares y tiene deudas por más de 8.207 millones de dólares”.
"Todo indica que YPF se encuentra en una encrucijada donde la combinación de precios administrados a la baja, decadencia productiva solo reversible a partir de inversión en explotación y exploración, la consecuente caída de ingresos y de flujo de fondos propio y la pesada carga de una deuda que no generó capacidad de repago, ponen a YPF rumbo a un posible default corporativo con efectos tanto al interior del sector energético como en la totalidad del aparato productivo nacional y con afectación directa del patrimonio del Estado argentino como principal accionista de la empresa", completaron.
El pedido fue acompañado por los diputados Alfredo Cornejo, Mario Negri, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Lorena Matzen y Facundo Suárez Lastra. La iniciativa fue realizada con el aporte de Jorge Lapeña, Alejandro Einstoss y Julián Rojo, representantes del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y de Daniel Montamat, expresidente y director de YPF.
Para el diputado Gustavo Menna, esas operaciones que calificó como “irregulares” encarecen la revisión vehicular en el transporte.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) presentó un pedido de informes al jefe de Gabinete de la Nación para que explique por qué el Ministerio de Transporte realizó autorizaciones que encarecen el servicio de verificación técnica del transporte de pasajeros y de carga y, además, otorgó a una organización privada la facultad de emitir la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) en unidades nuevas y usadas.
La LCM, explicó Menna, debería estar cargo de los talleres habilitados para efectuar la Revisión Técnica Obligatoria, aunque se llevan adelante por parte de una asociación civil denominada “Comisión de Ingenieros Certificadores”, cuyos integrantes residen todos en Buenos Aires y con la cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial firmó un convenio.
Estos ingenieros, advirtió el legislador, “perciben un arancel por esa tarea que llevan adelante en forma remota, sin tomar contacto con las unidades y sobre la base de una fotografía que le remite el taller de Revisión Técnica Obligatoria”.
El proyecto de resolución fue presentado con el acompañamiento de las legisladoras Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).
En los fundamentos del pedido de informes, Menna repasó que “la Ley Nacional de Tránsito (24.449) y su reglamentación (decreto 779/95), imponen la Revisión Técnica Obligatoria periódica del parque automotor”, y que “en el caso de las unidades de transporte de pasajeros y carga que realizan servicios interjurisdiccionales sujetos a la órbita federal, esas verificaciones se llevan a cabo en talleres habilitados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT)”.
Esos talleres, agregó, deben contar en forma obligatoria con un director técnico con título de ingeniero. Pese a ello, “los trámites de LCM vinculados a la expedición de certificados de aquellos vehículos cero kilómetro o usados que se han reconfigurado en función del uso que les va a asignar su propietario (por ejemplo, cuando se instala una hidrogrúa en la caja), si bien son llevados a cabo en esos talleres”, quedan a cargo de la Comisión de Ingenieros Certificadores, a la que “por un convenio celebrado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial le asignó esa potestad en forma monopólica”.
Sin constatación
Menna mencionó como agravante que “la certificación que realizan los ingenieros habilitados por la ‘Comisión de Ingenieros Certificadores’ es llevada a cabo sin constatar personalmente los vehículos, ya que todos ellos están radicados en la Ciudad de Buenos Aires y no se desplazan para hacer constataciones de los vehículos”.
“Esto último demuestra que, en rigor, no existe ninguna fiscalización”, manifestó el diputado nacional. Y añadió que “se ha conferido una función estatal a una entidad privada, que distribuye las habilitaciones de certificadores entre un grupo de ingenieros que no realiza labor alguna en forma efectiva, duplica innecesariamente los trámites que debe llevar a cabo el empresario transportista que modificó un vehículo de transporte, y percibe por ello un arancel que no encuentra contraprestación alguna, contribuyendo a incrementar los costos”.
“Los certificadores designados por la Comisión de Ingenieros Certificadores residen todos ellos en Buenos Aires”, insistió Menna, “y cobran por un servicio que no prestan, ya que se limitan a recibir fotografías que les envían desde los talleres en donde se hace el trabajo”, ante lo cual “esa Comisión se arroga la potestad estatal de habilitar o no nuevos ingenieros para ‘dar el servicio’ por el que en realidad cobran pero no brindan”.
De manera complementaria, Menna observó que “en fecha reciente, la Gerencia de Fiscalización Técnica Automotor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ha impuesto a los talleres de Revisión Técnica Obligatoria el pago de un servicio que no se presta de ninguna forma, a una empresa de reciente creación denominada Soluciones Digitales a Medida Sociedad Anónima Simplificada”.
Ello, dijo, “también se aprecia como un negocio armado a medida para obtener una ventaja irregular”.
“La gravedad y trascendencia de ambas disposiciones, las cuales podrían tener una derivación penal, obligan a una pronta evacuación de la solicitud de informes”, cerró Menna.
“Se agrava mes a mes”, advirtió el diputado radical Gustavo Menna, que afirmó que el gobernador Arcioni “no tiene ni plan ni una sola idea para salir de esta situación”.
El diputado nacional chubutense Gustavo Menna afirmó este domingo que la situación de su provincia es “calamitosa” y “se agrava mes a mes” desde mediados del año pasado.
En el programa CNN Aire de mañana, el legislador del interbloque UCR-Juntos por el Cambio señaló que “se está registrando algo inédito en Chubut. Se adeudan tres meses de sueldo y aguinaldo a empleados públicos. La mitad de ellos no cobró julio”. Y amplió: “Hay deuda con el personal de salud, que es el que le hace frente a una pandemia que se está disparando en ciudades como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn”.
Menna sumó que “a esto se agregan los chicos sin clases, los cortes de energía eléctrica en pueblos del interior y el funcionamiento interrumpido de la Justicia. Además, la Legislatura no pudo sesionar la semana pasada”.
El diputado recalcó que “pese a las altas regalías petroleras” el panorama es cada vez más difícil. Y consultado sobre si existen posibilidades de acuerdo con el gobernador Mariano Arcioni, replicó: “Las hay porque la oposición siempre ha sido prudente. Pero el gobernador no tiene ni plan ni una sola idea para salir de esta situación”.
“La otra pata que falta es la del Gobierno nacional, que no es responsable de lo que pasa en la provincia pero debería prestar ayuda como lo hace con La Rioja o con la provincia de Buenos Aires”, acotó.
“La obra pública es escueta y no se prioriza a Chubut en el Presupuesto”, dijo. En esta línea, resaltó que a Santa Cruz se le asignan “cuatro veces más” recursos que a Chubut.
Menna indicó que la deuda salarial alcanza los 12 mil millones de pesos y evaluó que “a nadie le gusta la idea de una intervención a la provincia. El foco es exigir un plan y una ayuda importante del Gobierno nacional”.
Por último, el legislador opinó sobre el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por parte del kirchnerismo: “No tiene ninguna chance de prosperar. Hay una cuestión manifiesta de venganza y un mensaje de amedrentamiento al resto de la Corte”.
La oficialista Vanesa Siley presentó una cuestión de privilegio en la sesión de este miércoles, que luego Graciela Camaño pidió se le dé "tratamiento efectivo" en Asuntos Constitucionales. Juan Manuel López y Gustavo Menna cuestionaron al presidente y al oficialismo del Senado.
En vísperas a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia sobre el rechazo por parte del Senado, ratificado por decreto por el presidente Alberto Fernández, sobre los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la Cámara de Diputados aprobó una moción para tratar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El tema fue traído este miércoles por la oficialista Vanesa Siley, quien planteó una cuestión de privilegio contra los magistrados y fustigó que "se intenta confundir en varios medios de comunicación".
La legisladora recordó que los jueces "no han acudido a la audiencia pública del Senado" y "han agraviado no solamente al Congreso de la Nación, sino al procedimiento constitucional claramente establecido en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo".
"La Corte Suprema de Justicia ya ha clarificado cuál es el procedimiento adecuado para que un magistrado de la Nación sea correctamente designado, el cual es un acto federal complejo que involucra a tres poderes del Estado con el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación", explicó.
En ese sentido, la consejera señaló que "los jueces y juezas son funcionarios de alto rango" y "son los únicos que no son electos de manera directa", en tanto "esa función se ejerce a través del involucramiento de los tres poderes del Estado, por eso es un acto complejo".
"Por eso nos agravia a nosotros el hecho de que en esos pasos, el paso donde participa el pueblo, que es la audiencia pública del Senado, estos tres magistrados no hayan concurrido", continuó, para decir luego que el tema "se comenzó a discutir en marzo" en el Consejo "y se hizo un análisis importante de todos los traslados que se habían realizado a lo largo de la historia".
Siley indicó que sobre los "10 traslados mal realizados" se envió una comunicación al Poder Ejecutivo, que fue el que luego envió a la Cámara alta los pliegos de diez magistrados, de los cuales "siete concurren a la audiencia, dan explicaciones, se ponen a conocimiento de la gente, se someten a la interpelación de los senadores" pero "tres no fueron". "Tres jueces que conocen y deben aplicar la Constitución incumplieron la Constitución", enfatizó.
La diputada del Frente de Todos resaltó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli "habían sido trasladados en 2018 a dedo, por decreto, sin pasar por el Senado". Ahora, ante el rechazo "estos tres jueces deben volver a sus tribunales de origen, siguen siendo jueces, no dejar de serlo". Y destacó que la decisión haya sido ratificada por la Cámara Federal y la Cámara de Apelaciones.
En contra de la oposición, la oficialista reclamó que "se escuchó decir 'que la república, que se cargan a tres jueces, que estamos violando la Constitución' y lo que está pasando es todo lo contrario, se está cumpliendo la Constitución, salvo que pretendamos que el presidente continúe con esta práctica y designe jueces a dedo, por decreto. Creo que eso no lo debe querer nadie".
"La república no se la puede enarbolar en las palabras y después pisotearla en los hechos", lanzó y abogó por "la igualdad ante la ley necesaria para que el Estado democrático y el Estado de Derecho estén plenamente vigentes y vivos en nuestro país".
Aunque no estaba anotado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López salió a contestar. Planteó entonces otra cuestión de privilegio, contra el presidente Alberto Fernández "por haberse arrogado facultades judiciales y haber violado la inamovilidad de los magistrados".
El legislador defendió que en los traslados de 2018 "se cumplió con lo previsto por el reglamento de traslados que estaba vigente en ese momento y con la acordada 4 de la Corte Suprema y una acordada posterior" sobre casos análogos.
"Anularon (los traslados) arrogándose facultades jurisdiccionales, cosa que les prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional", insistió y remarcó que los decretos del presidente Mauricio Macri -derogados la semana pasada- habían "generado derechos subjetivos" con lo cual "solo pueden ser revisados en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y el Senado".
Y sobre el Consejo de la Magistratura, López manifestó que "es un órgano contramayoritario y tenemos que cuidarlo". "Ojalá siga funcionando a lo largo de los años y no se termine de tergiversar o violar por el poder de turno político, que creo que de alguna manera intenta subvertir ese régimen y orden de ideas y cosas que prevé nuestra Constitución".
Seguidamente, el radical Gustavo Menna sostuvo que "estamos en presencia de una situación inédita" que solo tiene "precedentes en golpes de Estado". Para el chubutense, este hecho "es un absurdo que nos pone al margen del ordenamiento constitucional" y rechazó que "por un decreto del Poder Ejecutivo se produzca ese desplazamiento".
"Estamos ante un hecho de una gravedad institucional sin precedentes que obliga a que sin más se pronuncie el máximo tribunal", reiteró y dijo que "trasciende el derecho de los afectos" y "afecta a toda la sociedad porque esto implica terminar con un Poder Judicial independiente".
Finalmente, tomó la palabra la diputada Graciela Camaño, titular de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura, donde se avanzó con la revisión. "Lamento muchísimo que quienes se expresan hoy defendiendo la república no hayan advertido las irregularidades que se cometían en el Consejo de la Magistratura en el mientras tanto", cargó contra Juntos por el Cambio.
Y habló de una "necesidad imperiosa de que la cuestión de privilegio planteada correctamente por la diputada Siley sea puesta en consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales", algo que "no ocurre en el Parlamento".
"Hemos tenido durante el pasado, durante los últimos cuatro años concretamente, algunas cuestiones muy interesantes como pedidos de juicios políticos", recordó y mencionó que para la misma fecha del traslado de los magistrados se había pedido el juicio político contra el exministro de Justicia, Germán Garavano, "donde claramente se hablaba de concursos que están mal hechos".
Un grupo de legisladores del radicalismo impulsa esta iniciativa con la certeza de que la misma “corta todo tipo de fraude”. Detalles de su presentación pública.
La Mesa Nacional de la Red Ser Fiscal, junto a los diputados nacionales del radicalismo Lorena Matzen (Río Negro), Roxana Reyes (Santa Cruz), Gustavo Menna (Chubut) y Martín Berhongaray (La Pampa) presentaron, ante más de 300 asistentes, el proyecto de Boleta Única de Papel.
Estuvieron presentes durante el encuentro virtual Lars-Andre Richtner, director Ejecutivo de la Fundación Nauman, quien destacó que “Ser Fiscal es una contraparte muy importante de la Fundación y que es de vital importancia el trabajo que hace Ser Fiscal en Argentina”.
También estuvieron presentes el diputado nacional Alejandro Cacace, de la UCR San Luis; Gastón Ignacio Marra, impulsor del proyecto Ficha Limpia; el secretario de la Cámara Nacional Electoral Sebastián Schimmel; María José Sanz, diputada provincial (UCR-Mendoza); el fiscal federal Alejandro Moldes; el diputado nacional Rubén Manzi, de la Coalición Cívica de Catamarca; Luciano Bugallo, diputado provincial de Buenos Aires de la Coalición Cívica; Carlos Cardozo, concejal de Juntos por el Cambio de Rosario; Iván Fhur, concejal del Frepam de Alpachiri, La Pampa; Albana Rotela, diputada provincial del Partido Popular de Corrientes; Juan Martín, diputado provincial de Juntos por el Cambio de Río Negro, y Roxana Blanco y Sergio Santana, concejales de Juntos por el Cambio del Partido de la Costa
“Trabajamos en políticas públicas que tienen que ver con la Transparencia Electoral, por eso hemos hecho una serie de propuestas sobre la reforma que debe regir las acciones para cómo se va a votar y como se va a organizar la elección el año próximo”, señaló Claudio Bargach, de la Mesa Nacional de Ser Fiscal. Por otra parte, la doctora Claudia García, también de la Mesa Nacional de Ser Fiscal, sostuvo que “el sistema de sufragio adolece de un problema central para el elector que cuando ingresa al cuarto oscuro puede encontrarse con una oferta electoral que no es completa. La propuesta de la Boleta Única de Papel sería una manera de resolver las dificultades para el elector”.
“Estamos proponiendo superar este modelo de boleta partidaria que es un modelo obsoleto. Tenemos un sistema que prácticamente el mundo ha abandonado y no asegura la competitividad igualitaria entre las fuerzas políticas, no asegura que este toda la oferta electoral para el elector. Estamos proponiendo el sistema de boleta única por categoría y de papel, que tiene que ver con respetar la soberanía del elector”, señaló Gustavo Menna.
“La Boleta Única de Papel corta todo tipo de fraude porque este sistema elimina el voto en cadena”, afirmó Lorena Matzen, y agregó que “en Bariloche ya vamos dos elecciones con Boleta Única de Papel, reduce los costos de la política, evita el robo de boletas y facilita la participación para los candidatos”.
“Un sistema electoral que no cuida la transparencia genera consecuencias nefastas”, afirmó Roxana Reyes y añadió que “tenemos, en Santa Cruz, desde 1998, la Ley de Lemas para la elección de gobernador; dentro de los lemas se distinguen distintos sublemas: todos los votos de los sublemas se suman y llevan a que un candidato que no haya sido el más votado sea el ganador. En el 2015 el candidato más votado fue Eduardo Costa, con cerca de 11.500 votos, pero como el lema de Alicia Kirchner con el exgobernador Daniel Peralta sumaban más votos, el triunfo se le atribuyó a la actual gobernadora, sin ser la candidata más votada. Este sistema de Lemas lleva una interna a la elección general”.
“Antes de ser diputado nacional, fui legislador provincial en La Pampa y presenté un proyecto, junto con el diputado socialista Solanas, que pretendía implementar el sistema de boleta única de papel para todos los procesos electorales de alcance provincial, municipal y comunal”, contó Martín Berhongaray y agregó que “la boleta única papel favorece los que es el derecho democrático de elegir y ser elegido y termina con muchas de las practicas que pueden afectar la transparencia del comicio”.
La propuesta será presentada de manera virtual este martes por la red Ser Fiscal y los diputados Gustavo Menna, Roxana Reyes, Lorena Matzen, y Martín Berhongaray, autores de la iniciativa.
Legisladores nacionales junto a la organización Ser Fiscal, que trabaja para fomentar y promover políticas de transparencia electoral, presentarán un proyecto para implementar la boleta única en las próximas elecciones nacionales.
La propuesta será presentada de manera virtual este martes a las 18 Participarán los diputados Gustavo Menna, Roxana Reyes, Lorena Matzen, y Martín Berhongaray, autores de la iniciativa.
El proyecto impulsa la implementación de la boleta única para las categorías nacionales, presidente y vice, senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. El objetivo es lograr una mejora cualitativa del sistema político a partir de conseguir dotarlo de transparencia e igualdad.
El sistema de boleta única evita maniobras ilegales a la hora de las elecciones, facilita el recuento, el control de los comicios y la selección de los candidatos para los electores.
El encuentro será encabezado por el titular de la Red Ser Fiscal, Claudio Bargach, a través del sitio SerFiscal.org.
Desde la Red Ser Fiscal, que viene insistiendo con esta iniciativa, remarcaron que "con la situación del país, una situación económica complicada y con una nueva normalidad por la pandemia, la boleta única de papel es una solución importante en este esquema para las elecciones, porque ataca el principal elemento en las escuelas que es la falta o robo de boletas. El 70% de las denuncias que recibimos son por robo de boletas".
Ser Fiscal tiene once años de existencia y está compuesta por varias ONGs y ciudadanos independientes que buscan mejorar el sistema electoral, con presencia en casi todas las provincias. Realizan acciones y medidas para fomentar la participación y el control de las elecciones en todo el país.
Para la diputada Roxana Reyes la implementación de la BOLETA ÚNICA será un salto muy importante para garantizar el funcionamiento del sistema electoral y mejorar las prácticas a la hora de la emisión del voto.
"La boleta única garantiza una oferta electoral completa, le da igualdad y transparencia al sistema, elimina las prácticas clientelares y asegura la autonomía de los votantes. Por eso es un gran avance que está siendo impulsado por muchas Organizaciones que trabajan para hacer mejor nuestro sistema de Gobierno”, sostuvo.
Los diputados que impulsan la Boleta Única dejaron en claro que hay urgencias que deben ser atendidas en nuestro país, como las consecuencias y efectos de la pandemia tanto en la educación como en la economía, pero también comentaron que Argentina debe atacar este tipo de cuestiones que requieren cambios para mejorar el sistema democrático.
Según mencionaron, entre los beneficios de la boleta única se encuentra el de eliminar el efecto arrastre que se da entre un candidato de una categoría y el resto de su lista, puesto que al tener boletas por cargo no se genera esa tracción. El efecto arrastre se produce cuando los electores votan por la lista completa de cargos de un partido porque tiene a un candidato conocido. Al presentarse boletas únicas por cargo, el votante elige a su candidato a cada puesto de manera independiente, sin tener la lista con los otros candidatos del partido. Esto hace que las elecciones tengan mayor legitimidad.
El legislador nacional Gustavo Menna presentó un proyecto para exceptuar a las entidades y federaciones de bomberos voluntarios de las contribuciones y aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.
Como respuesta a inquietudes de asociaciones de bomberos voluntarios de distintos lugares del país, el diputado nacional radical Gustavo Menna presentó un proyecto de ley para exceptuar a las entidades, federaciones y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la Argentina, y a quienes trabajen allí en relación de dependencia, de las contribuciones y aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.
La iniciativa establece que estas exenciones no afectarán el derecho de quienes se desempeñen en las asociaciones, federaciones y Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios “a ser beneficiarias de pleno derecho de las prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la Ley 24.241, ni a que se consideren como años de servicios computables para dichos beneficios a los prestados para esas entidades”.
En los fundamentos del proyecto, Menna mencionó que, si bien la Ley de Bomberos Voluntarios (número 25.054) reconoce a las entidades exenciones impositivas, “además del voluntariado, muchos cuerpos de Bomberos Voluntarios se ven en la necesidad de contratar personal en relación de dependencia para, de esa forma, cumplir con guardias permanentes de cuartel o bien para las labores administrativas”.
Así, esas relaciones laborales se enmarcan la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual quedan sujetas a las contribuciones y aportes del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
“Ello -dijo Menna- supone una pesada carga para estas entidades, que disponen de recursos escasos consistentes en el aporte de sus propias comunidades, el subsidio de la ley nacional que, en general, se destina a la adquisición de equipamiento y, en algunos casos, a los subsidios que otorgan los respectivos Estados provinciales”.
El diputado chubutense sostuvo que “debe tenerse presente que estas entidades deben invertir sumas millonarias en vehículos, indumentaria especial que tiene fecha de vencimiento, correr con el mantenimiento de sus cuarteles, sostener los gastos corrientes y, en muchos casos, el pago de los salarios del personal necesario para las guardias y los servicios administrativos”.
“Ante esa realidad acuciante, resulta de toda justicia ampliar la exención vigente a las cargas vinculadas al sistema previsional”, aseguró Menna, y agregó que “el universo de entidades y personas alcanzadas por esta exención no habrá de generar mella alguna en el funcionamiento del sistema previsional y, por otro lado, dará lugar a un importante alivio financiero a todas estas entidades que cumplen un rol indispensable en materia de seguridad ciudadana, y de preservación de la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas”.
“La exención que prevé el proyecto es un reconocimiento a todos aquellos que entregan su tiempo y su dedicación a la comunidad sin esperar nada a cambio y que, además, permitirá que esos recursos se destinen a optimizar el servicio”, concluyó Menna.
Acompañan esta iniciativa Roxana Reyes, Lorena Matzen, Estela Regidor, Juan Martín, Ximena García, Gabriela Lena, Claudia Najul, Josefina Mendoza, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti, Gonzalo Del Cerro, Brenda Austin, Federico Zamarbide, Hugo Romero y Soledad Carrizo.
El diputado de Juntos por el Cambio busca proteger y fortalecer el recurso pesquero nacional, a partir de modificaciones de artículos del Régimen Federal de la Pesca.
El diputado nacional radical Gustavo Menna presentó dos proyectos de ley que tienen el objetivo de proteger y fortalecer el recurso pesquero en la Argentina, a partir de modificaciones de artículos del Régimen Federal de la Pesca.
Uno de los proyectos está orientado a aplicar multas diferenciadas y más agravadas para barcos extranjeros que pescan sin permiso; y el otro busca que los recursos del Fondo Nacional Pesquero vayan en un 25% a financiar al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
El proyecto relacionado con el INIDEP, ingresado bajo el expediente 4279-D-2020, establece una modificación en el artículo 45 del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) para que el Fondo Nacional Pesquero se destine a “financiar tareas de investigación del INIDEP, a cuyo fin deberá transferirse a su orden y en forma automática, el 25% del total del fondo”.
En este marco, Menna explicó que actualmente “el artículo 45 del Régimen Federal de Pesca deja en manos de la autoridad de aplicación con intervención del Consejo Federal Pesquero la determinación” de la asignación de los recursos del Fondo Nacional Pesquero (FONPAE) para el organismo de investigación, clave para el manejo sustentable de los recursos del mar.
El proyecto presentado propone la modificación de ese artículo “a los fines de establecer con carácter taxativo que el 25% de los recursos del FONAPE deben ser destinados en forma directa y automática al INIDEP, para que de este modo puedan garantizarse las labores de investigación y desarrollo” que la Ley 21.673, de su creación, “encomienda a ese organismo”.
“La pesca sustentable, las políticas orientadas a esa finalidad y la labor de las autoridades de aplicación pesquera a nivel federal y local requieren de información fidedigna, actual y precisa, la que debe ser generada y provista por el INIDEP”, agregó Menna.
En tanto, bajo el expediente 4.276-D-2020, Menna presentó otro proyecto que también modifica artículos del Régimen Federal de Pesca. En este caso, para incrementar el valor de las multas por infracciones de buques de pabellón extranjero a raíz de la pesca ilegal.
En este sentido prevé que “la cotización del Peso Argentino Oro será la establecida por el Banco Central de la República Argentina al momento del pago o, en su caso, ejecución judicial de la sanción”.
El legislador chubutense argumentó que las multas actuales, de como máximo 10 millones de pesos (unos 100.000 dólares), son “montos irrisorios que no guardan ninguna relación con el daño que provocan estos barcos en el caladero, y que por tal motivo no resultan idóneos para disuadir la comisión de infracciones por parte de una flota que, por esa misma, razón opera clandestinamente en el espacio marítimo argentino”.
“Hoy opera una flota de cientos de barcos extranjeros que no tienen licencias de pesca argentina, y que depredan nuestro caladero orillando la milla 200, en el límite exterior de nuestra zona económica exclusiva”, manifestó Menna.
Y agregó que “combatir esa actividad, proteger nuestra soberanía y cuidar el recurso ictícola requiere una importante inversión en medios marítimos, aéreos y de vigilancia electrónica y satelital, pero también de un marco legal eficaz que sancione con rigor tales infracciones, ya que de otra forma todo ese esfuerzo de patrulla se vería malogrado si luego la sanción económica equivale, en el más gravoso de los casos, a menos de 100.000 dólares”.
Por ello, agregó, “a los fines de evitar la desactualización del valor de las multas por efecto de la depreciación monetaria, el proyecto acude al Peso Argentino Oro como unidad de medida y propone sancionar estas infracciones con una escala que va de mil a 5 mil Pesos Argentino Oro”.
Explicó que “el Peso Argentino Oro (a$o) fue creado por la Ley 1.130 de 1.881 y es el valor asignado a las monedas de oro acuñadas por la República Argentina en cumplimiento de la ley citada. Cuentan con una cotización oficial que publica trimestralmente el Banco Central de la República Argentina. En la actualidad, el Peso Argentino Oro cotiza a razón de $ 29.068,27”.
“Por tal razón, constituye un patrón válido para establecer el valor de una multa y de ese modo asegurar su constante actualización sin necesidad de tener que acudir a la modificación periódica de la Ley”, agregó.
Y explicitó que “la Ley de Navegación (20.094) y el Código Aeronáutico (Ley 17.285) utilizan el Peso Argentino Oro como unidad de medida”.
En ambos proyectos, Menna contó con el acompañamiento de los legisladores Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Atilio Benedetti (Entre Ríos), Lidia Ascárate (Tucumán), Gabriela Lena (Entre Ríos), Claudia Najul (Mendoza), Gonzalo Del Cerro (Santa Fe), Alejandro Cacace (San Luis), Federico Zamarbide (Mendoza), Álvaro de Lamadrid (CABA), Diego Mestre (Córdoba), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Aída Ayala (Chaco), Mario Arce (Formosa), José Cano (Tucumán), Fabio Quetglas (Buenos Aires), Ximena García (Santa Fe) y Jorge Vara (Corrientes).
A través de un proyecto de ley, el radical Gustavo Menna impulsa una medida para que las provincias productoras de hidrocarburos no vean perjudicadas sus regalías.
El diputado Gustavo Menna (UCR-Chubut) presentó un proyecto de resolución en el que solicitó al Gobierno que tome medidas para evitar la caída de regalías en las provincias productoras de hidrocarburos por efecto del final de la vigencia del “barril criollo”, que ocurrirá el 31 de diciembre, según el decreto por el cual se implementó.
Al respecto, Menna explicó que “si el precio del Brent se llegara a sostener por arriba de los 45 dólares por el plazo que indica el DNU 488, se dará la paradoja de que las regalías van a caer porque no va a haber precio sostén. Y con la penalización de los crudos de las distintas cuencas el neto va a ser muy por debajo de 45 dólares a los fines de la liquidación de las regalías”.
En el proyecto, el legislador chubutense recordó que el artículo 1° del DNU 488, emitido el 18 de mayo de 2020, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, y que el instrumento legal determinó “un precio sostén para el petróleo crudo doméstico estableciendo como referencia para el crudo tipo Medanito un precio de 45 dólares por barril, a ajustarse por calidad y por puerto de carga, siendo estos precios los de liquidación de las regalías hidrocarburíferas por ventas al mercado doméstico”.
Agregó Menna que la “cláusula de salida” para la fijación “establece que, si el precio promedio móvil de 5 días del Brent supera durante 10 días consecutivos los 45 dólares por barril, el artículo mencionado quedará sin efecto”.
“Si bien resulta extremadamente difícil predecir los precios para un mercado volátil como el del crudo, las diferencias con el valor de referencia, que se han ido acotando durante las últimas semanas, permiten pensar que es probable que antes de la finalización del plazo establecido en el DNU 488 -es decir, 31 de diciembre de 2020-, los valores internacionales superen dicho valor”.
De esta manera, se dispararía, dijo Menna, la cláusula de salida del Artículo 1 y comenzarían, además, a ser aplicables alícuotas de derechos de exportación mayores que 0%.
“En un entorno de precios cercanos al umbral de 45 dólares por barril -explicó- esto implica una caída instantánea en el precio a los efectos del pago de regalías de entre 2 y 8 dólares por barril, o de entre alrededor del 4% y el 17%, y operará en función de la velocidad con la que el precio del Brent atraviese dicho umbral y con la que se ubique eventualmente en valores superiores”.
De esta manera, “para equiparar el valor recibido durante la vigencia del barril criollo, el precio corriente debería rápidamente superar el umbral de los 45 dólares en un monto por barril igual al descuento”.
“Esta discontinuidad -concluyó- implicaría un impacto directo en los ingresos de las provincias petroleras y de las compañías no integradas del upstream, generándose algunas dificultades y potencialmente suscitando reclamos sobre la salida del régimen establecido por el DNU, imponiéndose la necesidad de establecer una salida más gradual y que tenga menos impacto en las finanzas provinciales”.
La iniciativa, presentada bajo el expediente 4.280-D-2020, contó con acompañamiento en su presentación de los legisladores Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Jimena Latorre (Mendoza), Omar de Marchi (Mendoza), Héctor Stefani (Tierra del Fuego), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Facundo Suárez Lastra (CABA).
La deducción se hará por préstamos que los distritos habían recibido del Fondo de Garantía de la ANSeS.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) expresó su “preocupación y su oposición, al descuento por más de 25.000 millones de pesos que Nación les realizará sin aviso a las provincias, por préstamos del Fondo de Garantía de ANSeS”.
Advirtió que “la medida contraría el pedido del interbloque Juntos por el Cambio de considerar las deudas de las provincias con Nación en el marco de la reestructuración de la deuda pública aprobada por el Congreso este año”.
“El Gobierno nacional les va a descontar a las provincias 25.000 millones de pesos de coparticipación por préstamos que habían recibido del Fondo de Garantía de la ANSeS”, indicó Menna.
Recordó en este contexto que “cuando acompañamos la ley que autorizó las gestiones de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera, nuestro bloque pidió considerar la situación de las deudas que las provincias mantenían con el sector público nacional”.
El diputado consideró que “lamentablemente no hay una concepción federal en un Gobierno cada vez más centralista que trata a las provincias como si la Nación fuera un acreedor financiero y como si no tuviera que involucrarse y comprometerse en aliviar situaciones como las que se viven en Chubut”.
Menna cuantificó que la determinación implica, en el caso particular de Chubut, que atraviesa una grave crisis económica e institucional, un descuento de unos 500 millones de pesos. La provincia adeuda los sueldos de junio y julio, además del medio aguinaldo a algo más de la mitad de sus empleados públicos.
“También nos preocupa que el Gobierno del Chubut no reclame con más firmeza ya que, a falta de un plan propio para salir de esta crisis, como mínimo debería gestionar para evitar este tipo de descuentos que agravan la situación”, remarcó Menna.
Sería para utilizar en las elecciones legislativas de 2021. Es un proyecto del diputado Gustavo Menna. En 2016 fracasó la boleta única electrónica que impulsaba el Gobierno de Cambiemos.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) presentó un proyecto de ley para implementar el sistema de Boleta Única de Papel, a partir de una modificación del Código Nacional Electoral, y con el objetivo de mejorar la representación democrática a partir de una optimización del proceso eleccionario. La modificación prevé del uso de la Boleta Única de Papel en las elecciones de las categorías nacionales.
El proyecto de ley incluye una serie de modificaciones en varios artículos y vinculadas con la confección de la boleta, su validación por parte de la Cámara Nacional Electoral, el procedimiento de emisión del voto, las prohibiciones durante el proceso eleccionario, la confección de los padrones, las impugnaciones, la apertura de las urnas luego de cerrada la votación, así como la forma de llevar adelante el escrutinio, y aspectos logísticos, entre otros.
“El sistema de votación con la Boleta Única de Papel promueve una mejora cualitativa del sistema político argentino y representa de manera más fidedigna la elección de los votantes, evitando distorsiones mediante prácticas conocidas como el ‘voto cadena’ o la adulteración de boletas”, explicó Menna.
“A través del pasaje de la responsabilidad de la impresión y distribución de las boletas al Estado, garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación”, agregó el legislador.
“El método de votación utilizado hoy, en el que la responsabilidad de diseñar, imprimir, distribuir y fiscalizar las boletas está en manos de las agrupaciones políticas, es una práctica arraigada y parcialmente normada por el Código Nacional Electoral que provoca una competencia disímil entre las fuerzas políticas”, relacionada con las posibilidades de fiscalización que tiene cada partido”.
En este contexto mencionó que las boletas actualmente “son diseñadas por cada partido político, verificadas y aprobadas por las Juntas Electorales y, si bien el Estado se hace cargo del costo de una cantidad mínima y suficiente de boletas para cada agrupación, son estas las que imprimen un número indeterminado de boletas con el objetivo de distribuirlas entre los votantes durante la campaña”.
Acompañan la iniciativa los diputados Lorena Matzen (Río Negro), Roxana Reyes (Santa Cruz) y Martín Berhongaray (La Pampa).
Recordaron el antedente de 2013, criticaron la oportunidad de la reforma judicial y alertaron contra un intento de buscar “impunidad”.
La oposición salió a sentar su postura en las redes sociales, poco después de concluido el discurso del presidente sobre la reforma judicial.
En ese marco, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, anticipó que su bancada analizará “con máximo rigor la reforma judicial, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la 'democratización de la Justicia', al que definió como “aquel intento burdo de politización de la misma”.
“Ese antecedente nos exige ser sumamente firmes en la defensa de la independencia de la Justicia”, concluyó.
El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, se refirió a la reforma judicial anunciada señalando que “vivimos un momento de preocupación por la pandemia, la sociedad ya padece numerosos problemas como para abrumarla con temas que no son prioritarios. Creo que la prioridad pasa por superar los efectos nocivos de la cuarentena en el plano laboral, comercial, empresarial y financiero”.
Y afirmó: “Nosotros consideramos que la reforma judicial puede tratarse en otro momento, pero la economía y la seguridad no pueden esperar. Muchos menos pueden esperar los miles de trabajadores registrados que quedaron en la calle, las miles de empresas que quebraron, los miles de comerciantes que bajaron la cortina, no pueden esperar”.
Por último Ritondo sostuvo que “nosotros vamos a dar todos los debates y alcanzar todos los consensos que sean necesarios para mejorar el servicio de Justicia y de cualquier otra institución, pero siempre respetando los tiempos de la sociedad, y ocupándonos en cuestiones que merecen un tratamiento prudente porque debemos legislar para las próximas generaciones”.
A su vez, el radical Gustavo Menna consideró que “al presentarse la reforma judicial faltó autocrítica. La Justicia Federal actual la moldeó el peronismo, desde las leyes que del '90 al '92 ampliaron la Corte y, como se busca ahora, crearon juzgados. Comodoro Py es creación de esa reforma. Ahí comenzó la politización de nombramientos”.
“Muchos funcionarios de este Gobierno lo eran entonces. Arslanian era ministro de Justicia. La Justicia nacional tiene 999 jueces en todas las instancias. 741 están cubiertos. 502 fueron nombrados por presidentes del PJ, casi el 70%. En el Ministerio Público, sobre 235 nombraron 204, el 86%”, detalló el diputado radical chubutense. Y concluyó: “No hubo autocrítica por el resultado que generaron moldeando este sistema judicial. Tampoco genera confianza que los artífices de este esquema puedan ser los que lo mejoren. Menos si la receta parece ser la misma de los ’90: generar vacantes para cubrir los cargos”.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo opinó desde otro plano: “Justo hoy cuando se anuncia una reforma del Poder Judicial sin la oposición es el natalicio de Ricardo Balbín y el mensaje de la Hora del Pueblo junto a Perón. ¿Qué parte de esa historia no aprendió la dirigencia de hoy? Repitámoslo: la democracia es mayoría; no imposición”.
A su vez, el mendocino Luis Petri consideró que “la reforma judicial busca consagrar la impunidad de la vicepresidenta, controlar y administrar la justicia a demanda de las necesidades del gobierno. 23 tribunales son 23 nuevos jueces. Adivinen quiénes los designan? El Senado. ¿Y quiénes tienen mayoría? Justicia ilegítima al palo”.
Por su parte, Graciela Ocaña consideró que “la reforma judicial apunta a conseguir que no llegue a juicio ninguna de las causas que acosa a la vicepresidenta. Nada puede empezar bien si quienes integran la comisión de notables son los abogados de principales imputados”.
Por su lado, el diputado Facundo Suárez Lastra señaló que “el problema de la reforma judicial es la intención de modificar la corte, es un claro paso hacia la degradación de la democracia. En lugar de construir puentes y abrir el debate, avanzan hacia la impunidad”.
Alvaro de Lamadrid estimó por su parte que “la reforma de la Justicia es la destrucción de la Justicia, nada tiene que ver con mejorarla, hacerla más transparente o brindarle más eficiencia, se busca aniquilar todo vestigio de independencia judicial, cooptarla y hacerla servil y domesticada. Ir al modelo de Santa Cruz”.
Desde la Legislatura bonaerense, la diputada provincial Alejandra Lordén señaló que “deberíamos estar todos juntos defendiendo la sustentabilidad de las cuentaspúblicas y el futuro de la Argentina. ¿La realidad? El Gobierno presenta una reforma judicial que divide, agudiza tensiones y busca impunidad. Se llevan prudencia y visión de país a marzo”.
Por último, el diputado Jorge Vara aseguró que “no vamos a avalar ningún proyecto de reforma que implique impunidad. Sabemos que el país debe mejorar su servicio de justicia, pero no a expensas de favorecer a quienes buscan sacar réditos personales con la reforma. Esto implicaría empeorar el servicio”.
Así se expresó la diputada nacional Lorena Matzen, al acompañar el proyecto de ley de autoría de su par patagónico Gustavo Menna, para prorrogar por 10 años el Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina.
La diputada nacional Lorena Matzen se refirió al proyecto de su par patagónico Gustavo Menna, para prorrogar por 10 años el Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina, y advirtió la necesidad de dar “más previsibilidad”, y de que el Estado nacional “de señales claras en ese sentido”.
Los parlamentarios patagónicos expresan en los fundamentos que el régimen aprobado por la Ley 25.422, cuya vigencia proponen prorrogar, logró una estabilización e incluso cierta recomposición del stock ovino nacional, que alcanza hoy casi 15 millones de animales, en más de 130 mil establecimientos.
Señalan que, el contexto actual, de baja de precios internacionales, alta presión tributaria, costos elevados influidos por las distancias, la falta de infraestructura y las dificultades generadas por el despoblamiento tales como la acción de los predadores y el aumento de casos de abigeato, “demuestra que esta economía regional requiere de la continuidad del programa de promoción establecido por la norma”.
La iniciativa también actualiza el monto del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) creado por la Ley 25.422, ampliándolo a 1.500 millones de pesos y como punto clave, dispone que la distribución de estos recursos deberá hacerse teniendo en cuenta, de forma prioritaria, el stock ovino de cada provincia, implementando de este modo un criterio objetivo que operará garantizando equidad y justicia en la asignación, sobre todo en los montos destinados a la Patagonia.
“En tiempos en los que la humanidad se replantea su vida, de altos grados de concentración en los centros urbanos hacia un repoblamiento en zonas rurales, las caídas del precio de la lana y los cambios en las tendencias globales de consumo, deben ser contrarrestados con regímenes como el que pretendemos sostener”, dijo Matzen.
La iniciativa del oficialismo recibió dictamen de mayoría en la Comisión de Defensa del Consumidor. Juntos por el Cambio y representantes del sector volvieron a reclamar la emergencia. El trámite culminará en Presupuesto y Hacienda.
A pesar de las críticas provenientes de Juntos por el Cambio y de representantes del sector que volvieron a reclamar una ley de emergencia, el proyecto del Frente de Todos que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del turismo recibió este martes dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
La iniciativa avanzó en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Diego Mestre (UCR), donde el oficialismo reunió 17 firmas contra las 13 del dictamen de minoría, gracias al apoyo de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Claudia Márquez (Córdoba Federal).
Ahora, el proyecto seguirá su trámite en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque su autor, Ramiro Fernández Patri, aclaró que se analizan algunas modificaciones y que además esperan conocer la redacción final de la ley de moratoria, que también se trata en la Cámara baja y que alcanzaría al sector turístico.
Sin embargo, sigue sin haber acuerdo en la discusión principal, que tiene que ver con la declaración de la emergencia: a pesar de que Juntos por el Cambio insistió en avanzar en ese sentido para poder aplicar exenciones impositivas a la actividad, el oficialismo no dio el brazo a torcer y avisó que se sancionará “la ley posible”.
Al iniciar la reunión, Mestre explicó que el turismo es “el cuarto sector exportador de servicios” y “una gran fuente de ingreso de divisas”, además de generar “más de 1.000.000 de puestos de trabajo en el país”. “Desde el 20 de marzo, el sector no ha podido facturar prácticamente ni un peso”, advirtió.
El radical opinó que el proyecto del oficialismo contiene “ayudas que el sector puede llegar a necesitar más adelante”, y por el contrario “no tiene las herramientas que pide el sector y que están incluidas en el dictamen de minoría”, entre ellas beneficios financieros (créditos a tasa cero) y tributarios (exención del impuesto al cheque y otros tributos).
Asimismo, pidió que se mantenga el equilibro con respecto a los derechos de los consumidores, al indicar que el dictamen de mayoría “solamente tiene dos artículos” al respecto, mientras que el de minoría contiene “un detalle pormenorizado de cada situación”.
Al defender el dictamen del oficialismo, Fernández Patri destacó que el tema tiene “prioridad” en la agenda oficial y que por eso “4.000 personas van a recibir el APTur (Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos), que consiste en subsidios de 50.000 pesos, además de los trabajadores que fueron asistidos por el IFE (Ingreso Federal de Emergencia).
“Entendemos perfectamente los planteos y compartimos la preocupación. Vengo trabajando en el sector y tengo la camiseta puesta, pero también soy parte de un equipo de gobierno al que le tocó una situación coyuntural complicada donde el bosque es mucho más que el árbol”, justificó, y agregó: “El Gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vida por encima de la economía”.
El formoseño reconoció: “Sin dudas al ministro (Matías) Lammens le encantaría darle al sector todas las herramientas que pide y más, pero necesitamos que todos podamos llegar: que quienes compran y consumen también puedan llegar vivos y con recursos. Estamos atendiendo el conjunto de los 44 millones de argentinos”.
Fernández Patri admitió que el proyecto “probablemente pueda ser enriquecido” para lograr “la mejor ley posible”. “Probablemente todavía no llegamos al mejor consenso”, dijo, y añadió que el Frente de Todos está a la espera de la redacción final de la ley de moratoria para ver qué aspectos deja sin resolver.
El diputado explicó que el plan de auxilio, capacitación e infraestructura tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, período prorrogable por 180 días, aunque se está “analizando la posibilidad de extenderlo aun más”, como así también se evalúa la posibilidad de continuar con la entrega de los ATP, que “están garantizados por decreto hasta octubre”.
En tanto, resaltó que el proyecto otorga a quienes adquieran un paquete turístico a ejecutar en 2021 dentro de la Argentina un bono por el 50% de ese valor para utilizarlo a futuro en otro servicio. “Eso sin dudas es un esfuerzo fiscal y hubo consenso mayoritario sobre esta herramienta”, ponderó el legislador.
También mencionó que se promueve la reprogramación de viajes en un lapso de 18 meses desde el fin de la cuarentena, con la opción de la devolución del dinero en tres cuotas.
Para reafirmar la voluntad del oficialismo, Carolina Gaillard, exministra de Turismo de Entre Ríos, ratificó: “Tenemos ordenes de nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner; del presidente de la Cámara, Sergio Massa; y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de sacar esta ley cuanto antes”.
Sin embargo, Juntos por el Cambio insistió en defender su proyecto alternativo de declaración de la emergencia, que es “lo que todo el sector necesita, los (prestadores) grandes y los chicos”, según afirmó Alfredo Cornejo (UCR), titular de la Comisión de Turismo.
“Argentina entró a esta cuarentena sin ahorro, sin financiamiento y sin moneda, y para el sector privado entrar sin ahorro es un gran punto. No era algo gratuito entrar a la cuarentena”, consideró el mendocino, y enfatizó que “esta actividad no puede recuperarse ni sostenerse si no es con incentivos fiscales” ya que “tardará muchísimo en reactivarse”.
Además, Cornejo se preguntó “por qué no se declara la emergencia después de haberse declarado en diciembre nueve emergencias” con la Ley de Solidaridad Social.
Otro radical, Gustavo Menna –quien encabeza el proyecto de Juntos por el Cambio- consideró que ambos proyectos son “complementarios” y que “no hay una cuestión ‘partidocrática’”. Reconoció que la propuesta del oficialismo contiene “herramientas interesantes que apuntan a incentivar el consumo, pero están orientadas a la post-pandemia”.
“Declarar la emergencia no es un capricho, le da un fundamento constitucional a lo más importante: las herramientas para mitigar esta situación”, sostuvo Menna, y aseguró que el dictamen de mayoría “deja insatisfecho a todo el mundo”. “Si llegamos hasta acá fue porque el Ministerio de Turismo no presentó ningún plan”, cuestionó.
Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, lamentó que no se haya convocado a la reunión a sindicatos y asociaciones de consumidores, y pidió “lograr el consenso necesario para que el pato de esta boda no recaiga en los trabajadores o en los consumidores”.
Mestre le respondió a Ramón que “dada la urgencia del tema” se decidió avanzar con los representantes del sector que pidieron ser escuchados en la comisión (Ver abajo), y aprovechó para señalar que “la voluntad política del oficialismo” para avanzar en un dictamen común “no existe”.
Representantes de distintas cámaras y asociaciones turísticas imploraron tanto al oficialismo como a la oposición que busquen consensos para sancionar una ley de emergencia. Con datos numéricos, los invitados a la reunión virtual graficaron la crisis que padece el turismo.
Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, pidió “un gesto de grandeza por parte de los legisladores” ante “los 1.300.000 puestos de trabajo que están en riesgo”, dado que la actividad no solo fue la primera en ser suspendida, sino que también será “la que más tarde va a volver a recuperar su ritmo normal”.
Al enumerar una serie de propuestas puntuales, Elías solicitó que la ley “tenga por lo menos un año de vigencia” con posibilidad de ser prorrogada; que se extienda en el tiempo el Programa ATP; y que se contemplen beneficios fiscales e impositivos, como así también las reprogramaciones y devoluciones de paquetes turísticos.
A su turno, Alejandra Barzani, de AVAECE (Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentina), se preguntó: “Después de cuatro meses con facturación cero, ¿dónde nos integramos las agencias de viaje pymes en este plan de auxilio que pretende reemplazar a una ley de emergencia turística?”.
Barzani también preguntó “cómo vender viajes a futuro cuando no existe un horizonte de cuando se abrirán las fronteras de las provincias y en qué condiciones”, y en ese contexto consideró que el proyecto del oficialismo es “incompleto, insuficiente y poco resolutivo”, por lo que reclamó “encontrar puntos de encuentro” con la oposición.
Graciela Fresno, presidenta de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), consideró que el sector “va a normalizarse no antes de 2022” y advirtió sobre la facturación casi nula y las dificultades para pagar sueldos, aguinaldos y servicios públicos.
Fresno informó que se prevé “una pérdida de alrededor de 120.000 puestos de trabajo registrados”. “El sector necesita de medidas específicas y adecuadas a sus necesidades”, sostuvo, y en ese sentido pidió no solo sancionar la ley de emergencia, sino también mantener el Programa ATP.
El jefe de Gabinete y el vocero presidencial azuzaron los ánimos y legisladores de Juntos por el Cambio reaccionaron con dureza.
Luego de que el presidente de la Nación llamara en el acto del 9 de Julio a terminar con “los odiadores”, y los hechos registrados en el marco de las marchas organizadas ese mismo día, por la tarde, el clima político pareció enrarecerse, con fuertes cruces entre oficialismo y oposición, y hasta denuncias por “incitación a la violencia” contra dos miembros del “ala dura” de la coalición opositora.
En ese marco, el jefe de Gabinete advirtió este viernes que “si se empieza a instalar un discurso de odio, hay que rápidamente ir desarmándolo”, aunque al mismo tiempo acusó a la oposición de “tratar de generar un clima de odio, de zozobra”.
También salió el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, a tildar de “inútil” al expresidente Mauricio Macri.
En ese contexto el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, salió a replicarle al oficialismo a través de declaraciones radiales. “El Gobierno tiene que abrirse y escuchar. La palabra ‘odiadores’ no puede estar en la boca del presidente. Tampoco pueden invalidar las motivaciones de la gente para expresarse”.
“Lo que le digo al Gobierno es que la convocatoria al diálogo no puede ser una foto que se rompe al otro día, porque la gente volverá a enojarse con la política. Hay que tener mucho cuidado”, agregó el diputado radical. En otro aclaró que “no hay internas en Juntos por el Cambio”, sino “pensamientos diversos porque somos una coalición muy grande. El secreto es saber administrar bien las diferencias, porque las coaliciones rígidas se parten. Y, además, el Gobierno trata de dividir hablando de buenos y malos”.
Más tarde, a través de Twitter, Negri le apuntó al vocero presidencial: “Es kafiano este país. El presidente volvió al discurso de la unidad después de días de confrontación, pero tiene a su vocero Biondi diciendo que con Macri se estarían contando muertos. Para tener voceros así, mejor que siga hablando solamente el presidente”.
Sobre el tema opinó también el diputado radical Gustavo Menna: “La democracia según Cafiero (el que todavía no fue a dar el informe a Diputados) y Biondi: si opinás distinto te tenés que callar para no ser profeta del odio. Si perdés una elección tenés que guardar silencio. Mirá vos”.
“Nos prefieren mudos y encerrados”, señaló por su parte la exsenadora del Pro Marta Varela.
“Yo vi a la intendenta Mayra Mendoza intentar que no sesionara el Congreso, patotear a los que estábamos en las bancas y promover la manifestación con piedras al Congreso. La violencia se condena siempre. Siempre”, tuiteó por su parte la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, en tanto que Fernando Iglesias, irónico, tuiteó: “Acá tiene otro odiador serial, presidente Alberto Fernández. Su propio vocero y secretario de Comunicación”.
Juntos por el Cambio pretendía declarar la emergencia en el sector. Sin embargo, el Frente de Todos logró el despacho de mayoría con ayuda de un misionero y una cordobesa. Hubo coincidencia en el diagnóstico, pero diferencias en las medidas de asistencia.
Por Carolina Ramos
“Emergencia” o “plan de auxilio”: esa fue la disyuntiva que se expuso este martes en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, donde se impuso la segunda opción. El proyecto del oficialismo para atender la crisis del sector por la pandemia del Covid-19 recibió dictamen de mayoría tras una extensa reunión virtual que contó con la participación de los actores involucrados.
Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en el diagnóstico de la crisis que atraviesa la actividad, pero a la hora de la votación triunfó la propuesta del oficialismo, encabezada por el formoseño Ramiro Fernández Patri y acordada con el ministro Matías Lammens.
La clave estuvo en la definición de Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal), quienes se inclinaron por el dictamen del oficialismo e hicieron la diferencia: el bloque mayoritario reunió 17 firmas contra 14 de la oposición.
Cornejo manifestó que “ambos despachos reconocen la situación de emergencia del sector y dicen que se requiere un Estado presente, pero no pudieron ser conciliados” a pesar de sucesivas reuniones con el ministro Lammens e incluso con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.
Ahora, el debate seguirá en otras dos comisiones, las de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -que preside el radical Diego Mestre- y de Presupuesto y Hacienda -a cargo del oficialista Carlos Heller-.
Fernández Patri destacó que algunas de las medidas económicas tomadas por el Gobierno alcanzan al sector, como el programa ATP, que benefició al “77% de los prestadores turísticos y el 73% de los establecimientos gastronómicos”. Además, garantizó que el sector seguirá recibiendo esta asistencia hasta tanto dure la cuarentena.
El proyecto, explicó el formoseño, crea “un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo”, que estaría vigente desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de ser prorrogado por 180 días.
El diputado señaló que el texto contempla a todos los prestadores incluidos en la Ley Nacional de Turismo y agregó que “la parte impositiva va a quedar plasmada dentro de la moratoria” que propuso el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley que fue enviado este martes al Congreso.
Asimismo, el proyecto contempla “fondos adicionales a los ATP para la infraestructura turística”, y crea un plan para que las personas que en este 2020 compren paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.
“Estamos garantizando las preventas, que hoy ya se empiecen a generar transacciones económicas y que se empiece a facturar”, destacó Fernández Patri, y además dijo que se plantea un “régimen de devoluciones en un plazo de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de aislamiento”.
Pero desde Juntos por el Cambio, Cornejo advirtió que en el proyecto del oficialismo “hay dos formas de ayudar al sector: una que propone apoyarlos para infraestructura sin un monto específico, y la promoción del consumo, que es un mecanismo absolutamente errado, porque el motor de la economía es la inversión, no el consumo”.
Además, el mendocino opinó que la moratoria propuesta por el Ejecutivo “no tiene nada que ver con lo que estamos hablando” y “no resuelve en lo más mínimo el problema del sector”.
El radical Gustavo Menna fue el encargado de detallar el dictamen de Juntos por el Cambio, que según resaltó, “recogió observaciones del sector”. El chubutense precisó en primer lugar que la actividad turística “emplea a más de 650.000 personas y constituye un complejo exportador importante, que aporta divisas por más de 5.400 millones de dólares”.
“Esta no es una ley de promoción: es una ley que tiene que apuntar a salvar a todos estos prestadores, porque sin empresas no vamos a poder salvar el empleo ni la actividad”, dijo, y explicó que el proyecto declara la emergencia por el término de un año contado desde el aislamiento social, prorrogable por seis meses más.
“No es lo mismo declarar la emergencia que no declararla: es la base constitucional para justificar las medidas excepcionales, sobre todo en el orden tributario”, consideró, y además indicó que la iniciativa no distingue en cuanto a la escala del prestador e incluye a todas las personas humanas y jurídicas contempladas en la Ley de Turismo. El proyecto opositor propone la emergencia retroactiva al mes de marzo.
Al repasar los aspectos principales, Menna mencionó la exención del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; la exención del impuesto al cheque; la promoción del turismo nacional a través de un crédito fiscal imputable al pago de Ganancias; y un programa de asistencia al pago de salarios similar al actual programa ATP.
También se establece la suspensión de juicios de ejecución fiscal y se promueven acuerdos entre las partes para la reprogramación de viajes ya contratados, porque “necesitamos que los prestadores sobrevivan”.
La reunión virtual inició con la exposición de representantes del sector y el primero fue Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, quien planteó que reclaman esta ley “desde el 13 de marzo, cuando ya teníamos clara la situación que iba a atravesar nuestra actividad”.
Elías sostuvo que “el turismo es uno de los cuatros pilares sobre los cuales se tiene que asentar la recuperación de la Argentina” junto con la agricultura, la ganadería y la minería, y por esa razón llamó a “poner al turismo como política de Estado”.
El funcionario detalló que el turismo representa el cuarto complejo exportador de la Argentina, con entre 5.200 y 5.400 millones de dólares ingresados en 2019. Estimamos que de eso, van a ingresar solamente de 900 a 1.000 millones de dólares. Con esto podemos graficar la dimensión de las pérdidas”, explicó.
Al referirse al proyecto en cuestión, consideró que “el sector necesita una ley que tenga una vigencia nunca menor a un año”, y que además contemple a todos los sujetos comprendidos porque la actividad “está parada por completo”.
“No podemos avalar un proyecto que no contemple la totalidad de las empresas”, dijo, y en ese sentido pidió “no juzgar por su tamaño o cantidad de empleados”.
Gustavo Hani, de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) sostuvo que desde el año pasado el sector ya venía afectado por una caída en el empleo y en la facturación, a lo que se sumó luego el Impuesto PAIS y finalmente, la pandemia.
Según Hani, en enero de 2020 se registró “un desplome en la venta de pasajes internacionales en un 52%”, y “en abril por primera vez en la historia la venta de pasajes arrojó números negativos” en Argentina, una caída que “a nivel mundial fue del 94%”.
“No podremos cumplir con nuestras obligaciones impositivas por lo menos por un año. La mayoría de las empresas se han endeudado para pagar salarios y gastos operativos. Está en sus manos poder salvar a las más de 5.600 agencias -de las cuales el 95% son pymes- y a las casi 25.000 familias que viven de la actividad de forma directa y las miles de personas que se benefician del turismo en cada pueblo o ciudad de nuestro país”, expresó.
Desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales coincidió en que “tenemos que salir cuando antes con una ley que pueda solucionar este problema inédito que estamos pasando” y propuso que en una futura moratoria, los primeros pagos sean de aquí a un año.
También expusieron Gabriela Fresno, de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina); Marcela López Ghitta, de la Cámara de Esquí y Montaña en Argentina; Carlos Pelli, de AAETAV (Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura) y Marcelo García, de la Asociación de Centros de Idioma (SEA), entre otros.
En consonancia con otras iniciativas en ese sentido, un grupo de diputados encabezados por Luis Petri pidieron explicaciones por la norma que permite la compra de dólares a argentinos residentes en el exterior.
El diputado nacional Luis Petri (UCR Mendoza), acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio, solicitó que “el Banco Central de la República Argentina dicte una norma aclaratoria de la comunicación “A” 7052 atento a los confusos términos en los que se encuentra redactada, precisando los conceptos y/o rubros alcanzados por el beneficio otorgado en la misma. En caso que las transferencias no estén asociadas a los montos de los beneficios, solicitan la derogación de la comunicación”.
En ese sentido, el diputado nacional Gustavo Menna (UCR Chubut) solicitó esta semana, que el jefe de Gabinete de explicaciones sobre la determinación del BCRA de exceptuar a argentinos no residentes en el país, de los límites para la compra de moneda extranjera que rigen para los que sí son residentes. “El BCRA no tiene potestad para dictar normas tributarias”, afirmó Menna.
Por su parte Petri explicó que la disposición establece que el acceso al mercado de cambios por parte de clientes no residentes para la compra de moneda extranjera, requerirá la conformidad previa del BCRA, excepto por las siguientes operaciones: “3.12.6. transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordantes”.
Por eso, el diputado mendocino alertó que “existe una diferente redacción, que puede dar lugar a distintas interpretaciones respecto de la posibilidad de acceder al mercado de cambios sin autorización del BCRA, sin encontrarse limitado al monto del beneficio, lo que rompe el principio de igualdad y lo transformaría en un privilegio arbitrario”.
“La comunicación A 7052, no establece si aquellos que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional -en el marco de las leyes 24043, 24.411 y 25.914 y concordantes-, pueden realizar compras de divisas ‘por hasta el monto abonado por dicho organismo en el mes calendario y en la medida que la transferencia se efectúe a una cuenta bancaria de titularidad del beneficiario en su país de residencia registrado’, como así lo exceptúa para aquellas transferencias al exterior a nombre de personas humanas que sean beneficiarias de jubilaciones y/o pensiones abonadas por la ANSES; o bien si la compra de divisas a dólar oficial es ilimitada cuando se trata de una persona alcanzada por las mencionadas leyes”, destacó Petri.
Así consideró “fundamental que el BCRA dicte una norma aclaratoria, precisando los límites y alcances como lo hace en el caso de jubilados no residentes. De no ser así, no encontrándose asociadas exclusivamente a los montos de los beneficios acordados a personas no residentes en el país por las mencionadas leyes, solicitamos la Derogación de la comunicación efectuada por el BCRA, por ser violatoria del principio de igualdad ante la ley consagrado en el Artículo 16 de la Constitución Nacional”.
Acompañan con sus firmas esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Gonzalo del Cerro, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Vara, Diego Mestre, Ximena Garcia, Juan Martín y Carlos Fernández.
Lo presentó el diputado radical Gustavo Menna en torno a una disposición de la entidad sobre la adquisición de moneda extranjera.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR Chubut) presentó un proyecto para que el jefe de Gabinete de explicaciones sobre la determinación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de exceptuar a argentinos no residentes en el país de los límites para la compra de moneda extranjera que rigen para los que sí son residentes. “El BCRA no tiene potestad para dictar normas tributarias”, afirmó Menna.
Remarcó que “sorprende y alarma tomar conocimiento que un ente sin atribución constitucional para disponer excepciones a reglas de alcance general, como el BCRA, y sobre todo sin competencia para establecer excepciones a las contribuciones aprobadas por el Congreso de la Nación, haya emitido una disposición”.
El pedido de informes refiere a la comunicación que el BCRA emitió el último viernes, por la cual se establecen excepciones a los límites y autorizaciones para la compra de moneda extranjera a los no residentes que perciban fondos provenientes de las leyes 24043, 24411 y 25.914, es decir, quienes hayan sido detenidos durante la última dictadura, quienes hayan sido desaparecidos de manera forzada y quienes hayan nacido bajo privación de la libertad de sus padres.
Menna indicó que esta comunicación del BCRA “exceptúa a los beneficiarios de las restricciones y límites que rigen para el común de las personas residentes en este país, para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios para adquirir moneda extranjera, que padece restricciones tanto para la cantidad que puede adquirirse como para realizar transferencias al exterior”.
“Es decir que las personas que perciben beneficios dispuestos por las mencionadas leyes, podrían convertir la totalidad de esos beneficios en moneda extranjera, sin el límite de u$s 200; transferirlos a cuentas bancarias en el exterior y, según se interpreta en la norma, eximirse de tributar el 30% del impuesto PAIS aprobado en la ley de emergencia económica de fin del año pasado”, explicó el legislador radical.
“Más allá de nuestra posición contraria a la creación del impuesto PAIS, cuya aprobación fue posible merced al voto de los legisladores del oficialismo en el Congreso de la Nación, lo cierto es que una de las características de las cargas públicas y, especialmente, de la tributación, es la igualdad ante la ley”, destacó Menna.
Agregó que “otro de los principios esenciales de la tributación es el de legalidad, por lo cual la potestad tributaria solo puede ser ejercitada por ley, incluso ni siquiera puede ser ejercida por el Poder Ejecutivo mediante la herramienta excepcional de los decretos de necesidad y urgencia, por ser ella una de las materias prohibidas previstas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución”.
El diputado dijo que “cuando hablamos de ejercicio de potestad tributaria nos referimos a todos los aspectos que le dan forma a un tributo, lo cual incluye la aprobación de eventuales exenciones”.
Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Fernando Iglesias (CABA), Ximena García (Santa Fe), Gerardo Cipolini (Chaco), Omar de Marchi (Mendoza), Waldo Wolff (Buenos Aires), Aída Ayala (Chaco), Federico Angelini (Santa Fe), Hernán Berisso (Buenos Aires), Tito Stefani (Tierra del Fuego), Lidia Ascárate (Tucumán), Estela Regidor (Corrientes) y Carolina Castets (Santa Fe); mientras que como adherentes se sumaron Ingrid Jetter (Corrientes), Jorge Enriquez (CABA), Gabriela Lena (Entre Ríos), Juan Aicega (Buenos Aires), Luis Pastori (Misiones), Alberto Asseff (Buenos Aires), Luis Petri (Mendoza), Álvaro de Lamadrid (CABA) y Alicia Fregonese (Entre Ríos).
El diputado radical Gustavo Menna presentó un pedido de informes, en el cual solicita conocer si hubo trabajadores despedidos.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) pidió que el Gobierno nacional informe si la obra del aeropuerto de Esquel, adjudicada e iniciada el año pasado, se encuentra paralizada y si, en ese caso, fue el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) el que ordenó la paralización, con el consecuente despido de trabajadores.
El radical explicó que la solicitud “se sustenta en la falta de avance de la obra y en los despidos de trabajadores contratados para la ejecución”.
El chubutense señaló que “si la obra mantuviera el ritmo planificado, debería contar con unos 150 trabajadores en actividad". "Sin embargo, solo quedarían 8 realizando tareas -el resto de los obreros habrían sido despedidos o suspendidos-, luego de que el ORSNA hubiese comunicado a la contratista la suspensión de la obra el 26 de mayo del corriente año”, advirtió.
En la iniciativa, el legislador pidió que se detallen porcentajes de avance, certificados abonados y pendientes de cancelación especificando montos y fechas, redeterminaciones de precios aprobadas y en estudio y la cantidad total de personal contratado para la obra, indicando trabajadores activos (nómina actual), suspendidos y despedidos a lo largo de toda la ejecución concretada hasta el momento. También solicitó que se informen los plazos previstos de ejecución para cada etapa de la obra y el plazo previsto para su terminación y entrega definitiva.
El pedido de informes fue acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Ignacio Torres (Chubut), Brenda Austin (Córdoba), Lorena Matzen (Río Negro), Roxana Reyes (Santa Cruz), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Lidia Ascárate (Tucumán), Claudia Najul (Mendoza) y Gonzalo del Cerro (Santa Fe).
La iniciativa alude a un decreto de 2017, por el cual se establecieron las alícuotas reducidas del Derecho de Importación Extrazona de ese tipo de vehículos.
Con el fin de incentivar la diversificación de la industria automotriz y aportar a la calidad ambiental, el diputado nacional Gustavo Menna (UCR - Chubut) presentó un proyecto en el cual pide al Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue las alícuotas reducidas para la importación de vehículos híbridos, eléctricos y a celda de combustible.
La iniciativa alude al decreto 331 de 2017, por el cual se establecieron las alícuotas reducidas del Derecho de Importación Extrazona de ese tipo de vehículos. Además, en el proyecto se pide una ampliación en el número de unidades alcanzadas por ese beneficio.
En los fundamentos de la iniciativa, el diputado chubutense apuntó que “el esquema de alícuotas establecidas” por el decreto 331/17 “decrece para las unidades con tecnologías de motorización más amigables y que requieren ser terminadas en el país”.
“Esta medida -recordó- obedecía a la necesaria transición que debe darse hacia la descarbonización de la economía en general, y del transporte en particular, cooperando no sólo con la difusión de las tecnologías, sino con un instrumento muy concreto como es la reducción del arancel de importación”.
Mencionó además que el decreto “previó una cantidad específica de 6.000 unidades, y un lapso de 36 meses para ejercer ese derecho de importación, el cual se cuenta desde la fecha de publicación de la norma, es decir, desde el 12 de mayo de 2017”.
Por ello, remarcó, “estamos a un mes de haberse vencido el plazo previsto en el decreto sin que el mismo haya sido renovado y sin que se haya utilizado la totalidad del cupo de 6.000 unidades”, y sostuvo que existe “el interés del sector automotor de hacer uso de este derecho de importación, como asimismo de contar con una ampliación del cupo original, lo cual debería preverse en la nueva prórroga”.
Y enfatizó que “la prórroga del plazo del decreto debe ser urgente, si lo que se pretende es dar una señal inequívoca del rumbo que el país pretende seguir en este aspecto, otorgando certeza y previsibilidad para el sector industrial y para los consumidores, en el marco de la política climática que Argentina debe planificar y ejecutar”.
“El decreto -agregó- promueve el uso de vehículos cuya motorización ya no es la convencional de combustión interna, sino opciones más sustentables en las cuales el uso de combustibles fósiles queda limitado o eliminado”.
Hizo hincapié en que “al reducir los aranceles de importación de vehículos cuya propulsión se realiza con motores menos contaminantes -porque producen menor cantidad de Gases de Efecto Invernadero y, a la vez, menor contaminación del aire- se da una señal desde el Estado hacia el sector industrial y hacia los consumidores respecto del camino que se quiere emprender”.
El proyecto lleva también la firma de los diputados Lorena Matzen, Roxana Reyes, Brenda Austin, Josefina Mendoza, Sofía Brambilla, Mario Arce, Virginia Cornejo, Federico Zamarbide, Fernando Iglesias, Mariana Zuvic y Alicia Fregonese.
Rige para aquellas que han sido asistidas para pagar salarios. El proyecto fue presentado por el diputado radical Gustavo Menna, quien habló de “un peligroso precedente en materia de respeto por el derecho de propiedad”.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto las restricciones y prohibiciones que el Gobierno nacional impuso a la distribución de utilidades por parte de personas, comercios y empresas beneficiarias del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado en el marco de la pandemia del coronavirus.
El legislador opositor cuestionó “la exorbitante concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo y sus funcionarios”, entre las que mencionó “los superpoderes para disponer del 100% de las partidas presupuestarias sin pasar por la autorización correspondiente del Congreso, la suspensión de actividades de ese Poder del Estado, la falta de aprobación de la nueva Ley de Presupuesto y la sanción de la Ley de las 'nueve emergencias'“, en diciembre pasado.
La iniciativa alude a las decisiones administrativas que, en un primer momento, prohibieron la distribución de “utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019 a las empresas que cuenten con más de 800 trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020, que luego se amplió a todas las empresas restantes”.
“Esto significa que los dueños de almacenes de barrio, pequeños comercios, PyMEs en general, que tienen cuatro o cinco empleados, no podrán hacerse del fruto de su trabajo por el solo hecho de recibir un ATP, originado en las dificultades que tienen para pagar sueldos sin poder trabajar”, sostuvo el chubutense.
Y agregó: “Privar a una persona del derecho de usufructuar el resultado de su trabajo por el solo hecho de recibir un ATP constituye una decisión que no puede convalidarse y sienta un peligroso precedente en materia de respeto por el derecho de propiedad”.
“Tampoco puede aceptarse que constituya una compensación por un beneficio, ya que en rigor el ATP es una herramienta que viene a atemperar las consecuencias de una determinación estatal que, al prohibir el desarrollo de actividades, priva a las empresas de hacerse de los recursos para cumplir con sus obligaciones, entre ellas las de orden salarial”, consideró Menna.
Acompañaron la iniciativa los legisladores Ximena García, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Albor Cantard, Hernán Berisso, Juan Aicega, Alicia Terada, Héctor Stefani, Pablo Torello, Sofía Brambilla, Claudia Najul, Luis Pastori, Osmar Monaldi, Lidia Ascarate, Sebastián Salvador, Julio Sahad, Estela Regidor, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Aída Ayala, Dolores Martínez, Fabio Quetglas, José Cano, Ricardo Buryaile, Karina Banfi, Jimena Latorre, Carolina Castets, Atilio Benedetti, Carlos Fernández, Mario Arce y Gonzalo del Cerro.
El legislador nacional radical Gustavo Menna presentó un proyecto que busca incentivar la economía circular para la reutilización de los envases, con su potencial para generar empleo.
El diputado nacional radical Gustavo Menna presentó un proyecto de ley para establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases. Prevé el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), cuya aplicación permite aliviar los presupuestos que los municipios de todo el país destinan a la disposición final de los envases. Además, busca incentivar la economía circular para la reutilización de los envases, con su potencial para generar empleo.
En cuanto al principio REP, Menna explicó que “el simple hecho de que en nuestro sistema normativo ambiental no haya sido establecido para la gestión de envases hace que las autoridades municipales, y los ciudadanos a través de los impuestos y tasas que pagan, deban hacerse cargo del costo de la gestión de los envases post consumo que, en gran parte de los casos, terminan en basurales a cielo abierto”.
Agregó: “La economía circular presenta innumerables beneficios ambientales, económicos y sociales, ya que cada vez que enterramos materiales que tienen valor como ocurre con el plástico, vidrio o cartón, se entierra la posibilidad de crear puestos de trabajo y se perjudica el ambiente”.
“La implementación de esta ley contribuirá a disminuir la contaminación de suelos y ríos y a reducir la contaminación del ambiente marino por plásticos. La REP apunta a la prevención en la generación de residuos al generar menos y, aquello que se genera sea más fácil y menos costoso de reciclar”, concluyó el legislador chubutense.
Acompañan esta iniciativa los diputados Roxana Reyes, Lorena Matzen, Ignacio Torres, Alejandro Cacace, Álvaro De Lamadrid, Gonzalo Del Cerro, Sebastián Salvador, Mario Arce, Brenda Austin, Ximena García y Aída Ayala.
El diputado Gustavo Menna, de la UCR, pidió que el DNU 457/20 fuera incorporado al temario de la sesión, pero la moción no reunió la mayoría necesaria.
Por Carolina Ramos
El Frente de Todos logró bloquear este jueves en la Cámara de Diputados, con ayuda de dos bloques de la oposición, un pedido de Juntos por el Cambio para incorporar al temario de la sesión el DNU 457/20, que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas presupuestarias sin aval parlamentario.
El diputado radical Gustavo Menna, integrante de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, pidió un apartamiento del reglamento para poder tratar sobre tablas el polémico decreto, que en la comisión recibió dictamen a favor.
Menna pidió que la moción fuera votada de manera nominal -no a mano alzada-, pero el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, aclaró que la moción necesitaba tres cuartos de los votos y que el Frente de Todos estaba en condiciones numéricas de bloquear el pedido.
En ese contexto, Massa propuso, “para ahorrar el procedimiento de logueo y VPN de cada diputado”, que fueran los jefes de bloque quienes anunciaran el voto de sus diputados, pero ante un pedido de Eduardo “Bali” Bucca, y para evitar dudas, aceptó realizar la votación nominal, que demoró varios minutos.
El resultado fue el esperado: no se logró la mayoría necesaria, ya que hubo 118 votos afirmativos -de Juntos por el Cambio- y 127 negativos, provenientes del oficialismo y de los interbloques liderados por Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
La postura de Ramón llamó la atención, pues en la sesión de la semana pasada fue uno de los diputados que rechazó el DNU de los “superpoderes”. Lo mismo hizo en aquella oportunidad Graciela Camaño, que esta vez se diferenció de Bucca y votó a favor de tratar el decreto.
El DNU 457/20 eliminó el tope del 5% que establecía la Ley de Administración Financiera en su artículo 37 para transferir recursos presupuestarios de una partida a otra sin aval del Congreso.
Menna planteó que “este DNU avasalla las competencias de este Parlamento” porque “se reimplantan los denominados ‘superpoderes’ poniendo en cuestión una atribución del Congreso, tal vez la más importante, que es aprobar la ‘ley de leyes’”.
“Este decreto le delega al jefe de Gabinete, un funcionario que ni siquiera es electo, la función de trastocar el destino de las partidas y la asignación de recursos públicos”, advirtió el chubutense.
Para el radical, esta decisión “nos retrotrae a un pasado que habíamos dejado de lado en 2016”, y además “en un escenario agravado” porque la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre ya había delegado competencias propias del Congreso al jefe de Gabinete.
“No podemos permitir que el 100% del Presupuesto pueda ser alterado por la decisión de un funcionario que además no ha rendido cuentas” ante el Congreso, señaló Menna en alusión a la ausencia de Santiago Cafiero en el recinto para brindar su informe de gestión.
Presentaron un proyecto para crear un “Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura”, que busca asegurar las condiciones durante todo el proceso productivo, desde la captura hasta la llegada al consumidor final.
El diputado nacional radical Gustavo Menna presentó un proyecto de ley para crear un “Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura”. El legislador explicó que el objetivo es “garantizar el control del cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero, desde la captura hasta el consumidor final”.
La iniciativa busca garantizar la sostenibilidad de la industria, las condiciones de salubridad de todo el proceso productivo y el cumplimiento de normas internacionales para llegar sin trabas a los mercados exteriores.
El diputado chubutense consideró que en el futuro próximo “los productos que no cumplan con las condiciones de trazabilidad se encontrarán con serias dificultades para ser comercializados”, y en particular indicó que la Argentina “cuenta con una de las pesquerías más importantes a nivel global, constituyendo un pilar fundamental del desarrollo regional, especialmente en Patagonia”.
“En las actuales circunstancias -dijo Menna- ha quedado evidenciada la trascendencia que tiene para la salud todo lo vinculado a la seguridad alimentaria. No solo eso, seguramente ello también marcará un diferencial para acceder a los mercados internacionales y con el mejor precio”.
Acompañan la iniciativa los diputados Roxana Reyes, Lorena Matzen, Ignacio Torres, Mariana Zuvic, Gustavo Hein, Juan Aicega, Alberto Asseff, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Jorge Vara, Miguel Bazze, Héctor Stefani y Ezequiel Fernández Langan.
El diputado radical señaló que es fundamental para determinar el temario de las sesiones que se puedan llegar a hacer.
El diputado radical Gustavo Menna enfatizó sobre la importancia de activar el trabajo en comisiones, donde puedan debatirse y trabajarse los proyectos sobre distintos temas que finalmente se incorporen o no a las sesiones que vayan a realizarse.
"Sesionar no es solo el acto de la sesión propiamente dicha, es muy importante que la Cámara de Diputados pueda llevar adelante las reuniones de comisión", sostuvo el legislador este viernes, y agregó: "No se trata de hacer una sesión para dejar a todos contentos".
Para el chubutense, "el Congreso tiene que retomar un rol central, discutir las cuestiones que nos han planteado a cada uno de nosotros en nuestros lugares, donde hay situaciones muy complicadas y dramáticas con comercios, industrias,conomías regionales. En mi caso, en la Patagonia, con la pesca, con la lana, con los hidrocarburos".
En declaraciones a radio CNN, el opositor recordó que en el simulacro de sesión virtual del miércoles pasado "fue muy difícil entrar a la VPN famosa, que es la que permite validar la identidad" ya que "colapsaba" con el ingreso de los legisladores.
También sostuvo que "durante el desarrollo fue muy inestable" y "hubo dificultades para pedir la palabra; fue imposible votar, no tomaba el voto", por eso desde el interbloque de Juntos por el Cambio insistieron con volver a reclamar una sesión presencial.
Y reiteró: "El debate tiene que pasar por el temario y eso demanda activar el trabajo de comisión".
El legislador nacional Gustavo Menna presentó un proyecto para que los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos, puedan volver a adherir sin tener que aguardar el plazo previsto por ley.
El diputado nacional radical Gustavo Menna presentó un proyecto de ley por el que busca facilitar la reinscripción de monotributistas dados de baja por decisión propia o por razones previstas en la Ley del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
“Es una ayuda para mucha gente que frustró su iniciativa, tuvo que cerrar su negocio o actividad y necesita tener monotributo para poder trabajar”, advirtió Menna.
En legislador explicó que los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos podrán volver a adherir sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19 del Anexo de la Ley 24.977, en la medida en que reúnan los requisitos exigidos por el mencionado Anexo, que indica que esta opción podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2020.
En este sentido, destacó: “La inédita caída de la actividad económica generada a partir de marzo de este año que no registra antecedentes en la historia de nuestro país, provocó que muchas personas pierdan su empleo o vean frustrada la continuidad de sus emprendimientos”.
“En estas circunstancias excepcionales y de emergencia que le toca vivir a nuestra economía, el Estado debe facilitar a las personas las herramientas para reencauzar sus actividades, posibilitando que todo aquel que en los últimos tres años fue dado de baja o renunció voluntariamente a su condición de monotributista, pueda hacerlo sin restricciones”, dijo el diputado chubutense.
“Ello generará alivio para todas aquellas personas que necesitan en este momento regularizar tal inscripción para poder procurarse un sustento para sí y para su familia”, concluyó Menna.
El proyecto fue acompañado por los diputados Roxana Reyes, Lorena Matzen, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Ximena García, Karina Banfi, Diego Mestre, Fabio Quetglas, Luis Petri, Lidia Ascárate, José Cano, Estela Regidor, Juan Martín, Mario Arce, Hugo Romero, Álvaro De Lamadrid, Miguel Bazze, Jimena Latorre, Atilio Benedetti, Gonzalo del Cerro, Sebastián Salvador, Gabriela Lena, Gabriela Burgos y Emiliano Yacobitti.
El diputado nacional radical advirtió la importancia de sostener el entramado del aparato productivo.
Con el objetivo de aliviar la grave situación de sectores económicos fundamentales para las provincias de la Patagonia, el diputado nacional por Chubut Gustavo Menna presentó un proyecto de ley para exceptuar de derechos de exportación a las lanas, la carne ovina, los productos pesqueros y las frutas.
El legislador radical repasó los efectos negativos para el comercio internacional de las medidas tomadas en el mundo para mitigar la propagación de la pandemia del coronavirus y en este sentido, indicó que según las proyecciones del Banco Mundial la caída del PBI de la Argentina en 2020 será del 5,2%, solamente superado por México, con 6%, a nivel regional.
Indicó que “ante la constatación de que al término de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio deberá reconstituirse el entramado del aparato productivo y lograr que queden en pie las empresas como única forma real de garantizar el empleo, diversos países han dispuesto ayudas de escala que en el caso de los países centrales alcanzan a entre el 10% y el 15% de sus PBI, mientras que en otros rondan el 5%”. En tanto, “en el caso argentino, los distintos programas y paquetes que ha dispuesto hasta aquí el Gobierno Nacional apenas representan el 1% del PBI”.
“Al tratarse de commodities -agregó- los derechos de exportación afectan en este caso a todos los productores, se exporte o no su producción, ya que el precio termina quedando fijado detrayendo el valor de esas retenciones en todos los casos”.
Además “el mantenimiento de estos gravámenes no solamente no resulta razonable y equitativo, sino que provoca la profundización de una situación de crisis muy grave”.
“Estamos convencidos de que el Estado debe anticiparse a cierres de establecimientos y situaciones de quebranto, como así también a lo que ello conlleva en sostenimiento de miles de puestos de trabajo, y hacer su contribución por la vía de eximir a estas exportaciones de las retenciones generales”, concluyó Menna.
Acompañan esta iniciativa las diputadas UCR Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).
Diputados radicales impulsan un proyecto que extendería esa condición hasta fin de año.
Los diputados nacionales Gustavo Menna (UCR-Chubut) y Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen de emergencia laboral, tributaria y financiera para las empresas del sector hotelero, gastronómico y turístico hasta el 31 de diciembre de 2020. La propuesta se fundamenta en el rol clave que la actividad tiene para el país, al emplear a unas 650 mil personas en toda la Argentina.
La iniciativa da lugar “a mecanismos excepcionales en materia laboral, tributaria y de asistencia crediticia a todos aquellas personas humanas o jurídicas que sean titulares de establecimientos hoteleros, gastronómicos y de agencias de viajes y turismo, y que revistan el carácter de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)”.
En los fundamentos, los legisladores nacionales tuvieron en cuenta que existen unos 17.000 hoteles y 5.000 agencias de turismo en el país que, sumados a los locales gastronómicos, suman unos 50.000 establecimientos, y consideraron que “uno de los sectores más severamente afectados por las medidas adoptadas en orden a prevenir y evitar la propagación del coronavirus COVID-19 es sin dudas el vinculado al turismo”, ya que “la restricción a la circulación de personas y bienes se han traducido en una parálisis total de la actividad”.
Tras mencionar que el turismo “es el cuarto sector de la economía más intensivo en mano de obra, responsable de dar empleo a más de 650 mil personas a lo largo y ancho de la Argentina”, agregaron que “los hoteles se encuentran absolutamente cerrados, sin poder recibir huéspedes y los servicios de gastronomía otro tanto, a excepción de aquellos que pueden llevar adelante el servicio de delivery, que por supuesto es solo un paliativo y que además afronta dificultades para su desenvolvimiento en razón de las restricciones adicionales al derecho de circulación que han dispuesto muchas autoridades provinciales e incluso municipales”.
“Esto provoca -añadieron- que la mayor parte de los establecimientos deban hacer frente a sus obligaciones tributarias, salariales y con proveedores, sin tener ningún tipo de facturación y mucho menos ingresos”.
Por la importancia del sector “llama poderosamente la atención -explicaron- que las autoridades públicas nacionales con competencia en la materia no hayan acertado a diseñar una sola medida orientada a amortiguar el impacto de la crisis en un sector vital para el desarrollo del país y la generación de empleo”.
El proyecto de ley cuenta con la coautoría de los legisladores Ximena García (Santa Fe), Federico Zamarbide (Mendoza), Carlos Fernández (Buenos Aires), Roxana Reyes (Santa Cruz), Claudia Najul (Mendoza), Juan Martín (Santa Fe), Gerardo Cipolini (Chaco), ), Lorena Matzen (Río Negro), Natalia Villa (Buenos Aires) y Francisco Sánchez (Neuquén).
El legislador nacional Gustavo Menna presentó un pedido para realizar una reunión virtual, y conocer sobre la implementación de un esquema de retenciones móviles a la exportación de hidrocarburos.
Con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto que presentó para suspender las retenciones petroleras cuando el precio internacional del barril caiga, como en la actualidad, a menos de 45 dólares, el diputado nacional radical Gustavo Menna presentó un pedido para realizar una reunión virtual y citar al secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.
La nota fue elevada al presidente de la Comisión de Energía, el diputado Darío Martínez (PJ Neuquén), y lleva las firmas de Menna, y de los legisladores de la UCR integrantes de la Comisión de Energía, Jimena Latorre (Mendoza), Facundo Suárez Lastra (CABA) y Roxana Reyes (Santa Cruz).
Solicitan la realización de una reunión mediante teleconferencia, para respetar protocolos de prevención de la pandemia como lo han hecho otras comisiones, con el fin de que Lanziani exponga “lo que tiene previsto desarrollar en materia de política energética”.
La intención es conocer sobre la implementación de un esquema de retenciones móviles a la exportación de hidrocarburos, como plantea el proyecto presentado por Menna, “que contemple la afectación generada por la caída del precio del barril de petróleo a las finanzas de las provincias productoras por menor ingreso de regalías hidrocarburíferas y a las economías regionales de las cuencas productoras por la caída de inversión en perforación”.
Además conocer si el Gobierno nacional “tiene previsto estructurar un precio sostén para la producción nacional de petróleo análogo al denominado ‘barril criollo’ según la denominación adoptada cuando tuvo vigencia”.
Los diputados radicales de la Comisión de Energía también quieren obtener explicaciones sobre “las razones por las cuales, pese a la abrupta caída del precio del barril de petróleo crudo, que pasó de u$s 68 a principios de año a menos de u$s 26 en la actualidad, dicha caída no se ha visto reflejada en los precios que pagan los consumidores por los combustibles”.
“Creemos que la trascendencia e importancia que reviste el sector productor de hidrocarburos, la preocupación que existe en trabajadores y PYMES vinculadas a la industria petrolera ante la caída del precio internacional del petróleo, como así también el hecho de que dicho descenso del precio no haya repercutido en el bolsillo del consumidor amerita que la Cámara de Diputados asuma su rol fiscalizador de la labor de los funcionarios públicos”, dijeron los legisladores.
Para ello, se busca que se “convoque con urgencia a un funcionario que pese a la demanda de definiciones que solicitan autoridades provinciales, empresas y sindicatos del sector, y la comunidad de las cuencas productoras, no ha tenido hasta el presente una voz clara ni el protagonismo que la situación demanda”.
La iniciativa del legislador nacional radical Gustavo Menna busca evitar mayor caída de ingresos en las provincias productoras.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR -Chubut) presentó un proyecto de ley para suspender las retenciones al petróleo cuando el precio internacional del barril esté por debajo de los 45 dólares, como ocurre actualmente.
La iniciativa tiene como objetivos evitar que los ingresos de las provincias productoras caigan, sostener la inversión en el sector, y defender el empleo en las PyMEs regionales y el empleo de miles de trabajadores petroleros.
En la fundamentación del proyecto, el legislador radical repasó que, a raíz del inicio de la pandemia del coronavirus y de las disputas geopolíticas y comerciales en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), “el precio del petróleo ha experimentado un brusco descenso, pasando de u$s 68,44 el barril del Brent a fines del año pasado, a u$s 26 en la actualidad”.
En este contexto, de tendencia del precio a la baja, el legislador cubutense advirtió que “las restricciones impuestas por los gobiernos a la circulación de personas y bienes para evitar una diseminación aún mayor del virus, ha provocado una caída en la demanda de hidrocarburos y sus derivados”.
“Esta situación plantea a su vez serias dificultades para la producción nacional de hidrocarburos, habida cuenta que el precio del barril es determinante para las decisiones de inversión en las distintas cuencas de la Argentina”, agregó Menna.
Asimismo, el legislador afirmó que “esto conlleva un riesgo cierto para la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector, y para cientos de pequeñas y medianas empresas de carácter regional que desarrollan sus labores como contratistas de las compañías operadoras y concesionarias de los yacimientos”.
Además, consideró que afecta a la producción, debido a que “la menor inversión en perforación dará lugar en el mediano plazo a una declinación en la producción”, como consecuencia de que “muchas cuencas son maduras y demandan un constante aporte de nuevos pozos productores para sostener los mismos niveles de producción”.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de los legisladores Lorena Matzen (Río Negro); Roxana Reyes (Santa Cruz); Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Federico Zamarbide (Mendoza). También acompañaron con la firma Francisco Sánchez y David Schlereth (Neuquén); Héctor Stefani (Tierra del Fuego); Omar de Marchi (Mendoza); e Ignacio Torres (Chubut).
A través de un proyecto, el radical Gustavo Menna pide ese beneficio para los argentinos que esperan para regresar al país.
Como parte de las iniciativas que ha impulsado para mitigar los efectos económicos de las medidas de prevención por coronavirus en la Argentina, el diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que ordene a las entidades bancarias el aumento de los límites de tarjetas de crédito, y elimine los de extracción de efectivo para aquellos residentes argentinos que aguardan regresar del exterior.
Menna indicó que “la circulación de personas se encuentra restringida en prácticamente todos los países debido a la pandemia, por lo que se ha generado la dificultad para el retorno de residentes en el país, lo que implica que deberán afrontar gastos en alojamiento y alimentación que no tenían previstos al tener que permanecer fuera por más tiempo”.
Añadió que “además de insistir en la necesidad de eximirlos del impuesto que grava las compras en moneda extranjera -conforme fuera propuesto en el proyecto de ley presentado el 13 de marzo- resulta urgente se ordene la ampliación de los límites de compra y adelanto de dinero en efectivo con tarjetas de crédito y la supresión de todo límite de extracción de dinero de sus propias cuentas bancarias con depósitos a la vista y de compra con las tarjetas de débito asociadas a esas mismas cuentas, y que el PEN o, en su caso, el Banco Central de la República Argentina, dicten los actos administrativos necesarios para tales fines”.
Acompañan a Menna en esta iniciativa los diputados José Luis Riccardo (UCR, San Luis), Diego Mestre (UCR, Córdoba), Juan Aicega (PRO, Buenos Aires) y Mónica Frade (CC, Buenos Aires).
El legislador nacional de Juntos por el Cambio Gustavo Menna presentó un proyecto para prorrogar las fechas de inscripción a estas becas dirigidas a la inclusión social y laboral de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El diputado nacional radical Gustavo Menna presentó un proyecto para solicitarle al Gobierno nacional que prorrogue la fecha de inscripción a las Becas Progresar, dirigidas a la inclusión social y laboral de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Indicó que el plazo de inscripción y reinscripción previsto es el 31 de marzo, día hasta el cual estarán vigentes las medidas tomadas por la pandemia, y observó de manera especial la situación de Chubut como “caso extremo”.
“Entre las condiciones exigidas para acceder al programa está la necesidad de certificar la asistencia a una institución educativa, un certificado de alumno regular o, en el caso de estudiantes avanzados, confirmando que aprobaron más del 50% de las materias del año anterior previstas en el plan de estudios, lo cual incluye la presencia a exámenes pendientes de 2019”, dijo Menna y agregó que “estas actividades se verán interrumpidas o impedidas en razón de las medidas de aislamiento y contención decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional para impedir la propagación de casos del nuevo coronavirus”.
“Son claras las dificultades que enfrentarán los estudiantes de los distintos niveles que deseen obtener las certificaciones requeridas a fin de cumplir en tiempo y forma con lo exigido legalmente para la obtención de las becas Progresar”, afirmó.
Acompañan a Menna con sus firmas en este proyecto sus pares del bloque UCR, José Riccardo (San Luis), Gabriela Lena (Entre Ríos), Roxana Reyes (Santa Cruz), Estela Regidor (Cor rientes) y Lidia Ascárate (Tucumán).
Es para quienes se encuentren en los países más afectados por la pandemia del coronavirus. La iniciativa la encabeza el radical Gustavo Menna.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) presentó un proyecto de ley para eximir del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) a quienes estén de viaje en los países afectados por el coronavirus.
La iniciativa se refiere a aquellos argentinos que se encuentren temporalmente en los lugares mencionados por el DNU 260/20 del Gobierno, y que no puedan volver por la suspensión de los vuelos.
El impuesto PAIS, implementado a través de la Ley de Solidaridad Social, recarga con un 30% las compras con tarjetas y extracciones en efectivo que se realizan en el exterior.
En el proyecto, el legislador chubutense propuso que “la exención tendrá vigencia desde el viernes 13 de marzo de 2020, y continuará hasta que cese la suspensión temporaria de vuelos dispuesta por el artículo 9 del decreto 260/2020”.
Menna indicó que la suspensión temporaria de los vuelos “no solo afectará a residentes en tales países que tenían programado viajar a la Argentina por motivos turísticos, laborales o familiares, sino también a residentes argentinos que se encuentran de visita en los países afectados por la pandemia, y que tenían programado retornar a nuestro país antes de los treinta días de duración de la suspensión de vuelos”.
Acompañaron la iniciativa los diputados de la UCR Alfredo Cornejo, Luis Petri, Federico Zamarbide, Claudia Najul (Mendoza); Facundo Suárez Lastra (CABA); Alejandro Cacace y José Riccardo (San Luis); Lidia Ascarate (Tucumán); Estela Regidor (Corrientes), Luis Pastori (Misiones), Diego Mestre, Víctor Hugo Romero (Córdoba); Gonzalo del Cerro, Albor Cantard (Santa Fe); Fabio Quetglas (Buenos Aires); Gabriela Lena (Entre Ríos); Gerardo Cipolini (Chaco); Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).
Es el conocido este jueves con modificaciones a la Ley de Inteligencia. Gustavo Menna advirtió también que debió haberse tratado a través de un proyecto de ley.
“El DNU 214/2020 sobre modificaciones a la Ley de Inteligencia se presenta como la prohibición de que los organismos de inteligencia realicen tareas represivas, posean facultades compulsivas y cumplan funciones policiales y de investigación criminal. Esas actividades ya estaban prohibidas en la ley 25.520, en el mismo art. 4 inc. a) que modifica el DNU, salvo orden judicial librada en una causa concreta y con sujeción a las reglas procesales”, explicó el diputado nacional Gustavo Menna (UCR – Chubut).
Para Menna, “la novedad es que de aquí en más los jueces no podrán contar con estos organismos como auxiliares. Las investigaciones judiciales serán menos eficaces. El DNU no trata las actividades ilegales, hechas sin orden judicial en una causa concreta. Pero llamativamente, el DNU deja vigente el art. 15 bis de la ley, que permite que las autoridades judiciales tengan relación con la AFI, lo cual contradice la prohibición”.
“Una cuestión tan trascendente de una ley central para el sistema democrático junto a la ley de Defensa y a la de Seguridad Interior, debió ser tratada mediante un proyecto de ley y no a través de un DNU”, concluyó el legislador.
El radical Gustavo Menna presentó un proyecto que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la medida que atiende la importación, distribución y comercialización.
Con el objetivo de que el Poder Ejecutivo Nacional efectivice una prohibición que se encuentra vigente, el diputado nacional chubutense Gustavo Menna presentó un proyecto de resolución para que se “arbitren las medidas necesarias” para evitar la comercialización de cigarrillos electrónicos, dados los daños comprobados que sus sustancias generan en la salud.
El proyecto fue presentado y contó con el acompañamiento de los diputados Roxana Reyes (Santa Cruz), Álvaro de Lamadrid (CABA), Gonzalo Del Cerro (Santa Fe), Aída Ayala (Chaco), Claudia Najul (Mendoza), Diego Mestre (Córdoba), Lorena Matzen (Río Negro) y Sebastián Salvador (Buenos Aires) e Ignacio Torres (Chubut).
En la iniciativa se insta al Poder Ejecutivo “a disponer con urgencia las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la prohibición de importación, distribución, comercialización y publicidad del sistema electrónico de administración de nicotina denominado ‘Cigarrillo Electrónico’ y sus accesorios, establecida por Disposición 3.226/2011 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”.
En sus fundamentos, Menna recordó que “los cigarrillos electrónicos se presentan en el mercado como una alternativa para dejar de fumar, sin que exista evidencia científica para atribuir a este dispositivo esa cualidad. Además, diversos estudios realizados indican que el uso de los mismos puede resultar altamente dañoso, habiéndose atribuido incluso casos de muerte, en su mayor en parte, en personas menores de 35 años”.
“Estos cigarrillos -explicó el legislador- producen vapor que se inhala emulando el acto de fumar. El vapor se genera mediante el calentamiento de líquidos que contienen nicotina, pero no se inhala solamente vapor de agua, sino numerosas sustancias cuya dosis individual se desconoce”.
Precisó que “en efecto, los estudios que se han realizado indican que el vapor generado contiene cuatro grupos de tóxicos y compuestos cancerígenos: carbonilos, compuestos orgánicos volátiles, nitrosaminas y metales pesados”.
Menna expuso que “tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como otras agencias internacionales desaconsejan o prohíben el uso de estos dispositivos, y en ese sentido, la ANMAT emitió la Disposición 3.226/2011 por la cual se prohíbe la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de promoción en todo el territorio nacional del sistema electrónico de administración de nicotina denominado ‘Cigarrillo Electrónico’, sus accesorios y los cartuchos que contengan nicotina”.
Por ello, dijo el diputado nacional, “es preciso que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas a su alcance para hacer efectiva una prohibición que está vigente y se vulnera ampliamente, no solo mediante la comercialización en locales a la calle sino también por Internet, siendo evidente que estos dispositivos y sus accesorios están franqueando la frontera nacional sin ningún tipo de control por parte de las autoridades aduaneras”.
Menna reconoció, de este modo, que el pedido contenido en el proyecto de resolución tiene antecedentes en la Cámara de Diputados, pero aclaró que “es preciso continuar haciendo hincapié en cuestiones que resultan fundamentales para garantizar derechos constitucionales, como lo son el derecho a la salud y el derecho del consumidor”.
La norma busca dar cuenta de los siniestros producidos recurrentemente con micros de esas características.
El diputado nacional chubutense Gustavo Menna presentó un proyecto para prohibir la habilitación de ómnibus y unidades de transporte de pasajeros de doble piso en traslados interurbanos.
La norma busca dar cuenta de los siniestros producidos recurrentemente con micros de esas características, cuyo caso más reciente fue el accidente ocurrido en Brandsen, provincia de Buenos Aires, en el que dos personas perdieron la vida y una decena resultó con heridas de diversa consideración.
El legislador radical remarcó que “al igual que ocurre en otros países, se exceptúan de la prohibición los ómnibus de pasajeros destinados a servicios regulares de transporte urbano y servicios turísticos urbanos, puesto que los mismos conllevan otras medidas de seguridad, y la velocidad y los trayectos definidos que se establecen para las ciudades, acotan los riesgos de vuelco”.
La propuesta fue acompañada con las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Roxana Reyes, Claudia Najul, Ximena García, Luis Pastori, Jorge Vara, Fabio Quetglas, Lorena Matzen, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Carmen Polledo.
El legislador detalló que “un informe de la Universidad Tecnológica Nacional reveló que en base a estimaciones realizadas a partir de la composición de las flotas de líneas regulares, número de asientos disponibles de cada tipo de ómnibus, la relación pasajeros transportados/km totales recorridos y las cantidades de ocupantes fallecidos por cada clase de vehículo (convencional, piso y medio y doble piso), pudo establecerse que el índice de peligrosidad de los ómnibus de Doble Piso es de 0,30 muertos cada 100 millones de pasajero-km, indicador que es casi el doble del obtenido en los ómnibus Convencionales (0,16)”.
La novedad en este caso es que el proyecto se presenta a través del portal Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados de la Nación (https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/), una plataforma de participación ciudadana en la cual los ciudadanos que así lo deseen podrán efectuar los comentarios, críticas, propuestas de enmiendas, supresiones o agregados a su texto. La propuesta en cuestión estará disponible por treinta días en el portal mencionado, luego de los cual se realizará la presentación formal ante la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.
Consultado respecto de qué pasaría con los micros que están hoy en actividad, y el impacto que la medida tendría sobre las flotas y la industria del transporte interurbano, Menna aclaró que “lo que se pretende es contribuir a una transición racional, que sin afectar a las unidades actualmente habilitadas, las cuales serán válidas durante una década desde la fecha en que fueron autorizadas, logre paulatinamente el reemplazo de aquellas que deben ser retiradas del servicio”. En efecto, la norma en su artículo 2 prevé que los ómnibus de doble piso actualmente habilitados para el transporte de pasajeros de larga distancia podrán circular hasta la fecha de vencimiento de su habilitación, la que será improrrogable.
Finalmente, el proyecto prevé la inclusión de una partida específica en las leyes de presupuesto anual de tres ejercicios, afectada a las adecuaciones que eventualmente deba realizar la industria carrocera argentina, teniendo en cuenta que el reemplazo de las unidades de larga distancia que se vayan retirando del servicio tendrán que serlo por unidades de un solo piso, y probablemente ello dé lugar a la necesidad de efectuar una reconversión en esa industria.