Las primeras especulaciones surgieron tras las elecciones general y en la previa de la segundo vuelta del sistema de balotaje, despejada esa incógnita, y ante la derrota nacional, en la provincia los movimientos son frenéticos. 

Los movimientos que comenzaron a desplegarse en la legislatura de la provincia de Buenos Aires tienen varias dimensiones; el primero, por supuesto es político, el reposicionamiento de las fuerzas y los nuevos liderazgos que están emergiendo en los diferentes espacios políticos y bajo que conceptos emergerán.

El gobernador Axel Kicillof siempre guardó una prudente distancia con la casa de las leyes, nunca encontró la sintonía ni tampoco se mostró preocupado por ello; hubo dos ministerios, desde el principio, que lo apuntalaron para establecer puentes con de la legislatura, un territorio que quedó en manos de jefes territoriales del conurbano provincial, básicamente.

La presidencia de la Cámara de Diputados es el principal sillón de la negociación, en virtud que la titularidad del Senado será ejercida por la flamante reelecta vicegobernadora Verónica Magario.

La definición del presidente de Diputado empieza por compensar esa situación dentro del oficiales, las compensaciones siguen con las demás autoridades de Cámara, entre todos los espacios, y del bloque político, en el caso del oficialismo.

Es decir, La Matanza se cobró con Magario, queda la primera sección pidiendo pista y los sectores, el massismo, la Campora, el denominado pejostismo territorial, del conurbano primero y luego del interior y los incondicionales del gobernador, “los musiqueros”, por aquellos de las nuevas canciones.

Además, elegir un presidente de Diputados es, en alguna medida, elegir un representante político, de todos los espacios que tiene representación parlamentaria, ante el ejecutivo provincial, pero efectivamente también, en ocasiones, puede suceder que se imponga un representante del Ejecutivo ante los diputados. Recordemos que los diputados eligen “su” presidente por mayoría, es “un primus inter pares”, que está en orden de sucesión del primer mandatario del Ejecutivo.

Además, la definición de la presidencia de Diputados, como así también de las demás autoridades, tienen en esta coyuntura histórica un contexto particular que decididamente estaría incidiendo de formar significativa: el Caso “Chocolate” Rigau.

De todas formas, surgieron las especulaciones y los primeros nombres propios que se tiraron a los leones como posibles presidentes de la Cámara joven aparecieron ligados a los dos sectores emergentes del armado político electoral de la provincia.

Por un lado, los nombres que podrían estar emparentados con el gobernador y/o algún aliado directo incondicional del mismo. En ese sentido, el nombre de la diputada Lucia Iañez, una platense que tiene dos años de gestión de muy buena sintonía fina con el Ejecutivo.

Iañez acredita buena relación con el electo intendente Julio Alak, pero también con el actual vicepresidente el diputado Carlos “Cuto” Moreno, ambos padrinos políticos de la diputada. Ella por su parte supo ingresar al círculo de mayor confianza del gobernador Kicillof.

Por el otro lado, el avezado legislador provincial de relación directa con el ex candidato presidencial de UP Sergio Massa, Rubén Eslaiman, también actual vicepresidente de la Cámara y un hombre que hizo un largo recorrido dentro de la casa, es un nombre que naturalmente se impone, por su perfil componedor y de consenso, algo que también hay que tener en cuenta en una Cámara que puede estallar en varios bloques.

Entre una candidata que algunos ven con falta de experiencia, mientras que otros ven el desgaste que erosiona al experimentado, aparece un tercero en discordia que tiene un recorrido político con característica necesarias para el cargo en cuestión.

El rereelector intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares, que a su vez fue electo diputados en 2021, y pidió licencia como intendente pero que volvió a ser candidato en 2023 y se impuso, genera cierta tranquilidad en los jefes territoriales del conurbano y buena impresión en la oposición.

Pero claro, el detalle de la doble condición, intendente y diputado, y todas esas cosas, es algo que resulta difícil de explicar. De hecho, como la Cámara no sesionó desde abril, Cascallares aún no obtuvo su licencia como diputado, tal como expresó que haría para ser candidato.

La licencia debe ser aprobar por el Cuerpo con mayoría agravada, dos tercios del mismo, un trámite que parece sencillo, pero no tanto si se lo mira desde el punto de vista del consenso que requiere. 

Otro nombre que aparece en el horizonte oficialista para comandar Diputados es el de Facundo Tignanelli, un diputado camporista que quedó en el banco de suplente entre el 2021 y 2023, pero que ahora ingresaría en reemplazo del elector intendente de Lomas de Zamora y actual presidente de la casa, Federico Otermín.

En su primera estadía Tignanelli supo conducir la bancada del oficialismo con algún oficio, y es un hombre de confianza del jefe del PJ bonaerense Máximo Kirchner, lo que no es poca cosa. Atenta su postulación porque sería Matanza-Matanza el legislativo.      

Así las cosas, todo parece indicar que seguirán apareciendo nombres para cubrir el máximo cargo que un legislador puede aspirar dentro del Poder Legislativo provincial, de hecho, ni siquiera está clara la posición del gobernador respecto de su interés de poner un referente que le responda o dejar que los diputados lo definan, de la mismo forma que los propios diputados tampoco saben fehacientemente que hacer ante semejante panorama.

Por último, solo a título de mención y como tarea pendiente de cronistas, diremos que habrá mucha conversación con la oposición sobre como cubrir el resto de los cargos y sobre la tradición de la doble firma instituida en la casa, a los efectos administrativos, una de las cuales le correspondería a la principal bancada opositora que acompañe al oficialismo.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó los avances de las políticas agropecuarias provinciales ante la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense y respondió consultas de las legisladoras y legisladores presentes.

Durante su presentación, el ministro Rodríguez contó que los principales ejes de la gestión están vinculados al fortalecimiento de los medianos y pequeños productores, a la mejora de la infraestructura rural, al financiamiento de la producción, al impulso de la industrialización, la diversificación de las exportaciones, el aumento la productividad, el cuidado del medio ambiente, la generación de nuevas estrategias de comercialización y logística, la realización de capacitaciones, y el fomento al desarrollo local a través de políticas y acciones concretas de vinculación directa con las y los productores, trabajadores y cada uno de los municipios.

“Cuando hablamos del sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires, hablamos de un tercio de la producción del país en términos generales. Y desde el gobierno provincial estamos convencidos de que necesitamos de todas las actividades productivas y para ello, desarrollamos políticas específicas y diferenciadas para cada región, sector y escala de productor con el objetivo último de lograr un crecimiento más igualitario en la provincia”, expresó el ministro Javier Rodríguez.

En relación a la mejora de la infraestructura rural, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinó, a través del Plan Integral de Mejora de Caminos Rurales, $15.323.604.798 para llevar adelante un total de 270 obras, que significaron la refacción de 3.260 km en más de 100 municipios mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Infraestructura.

“Los caminos rurales son fundamentales para la producción y para la vida cotidiana en la ruralidad. Por eso, además de los fondos de coparticipación que la Provincia otorga a los municipios, el gobernador Axel Kicllof lanzó el Plan de Mejora de Caminos Rurales para comenzar a saldar una deuda histórica y estructural, en articulación con cada una de las comunas y los productores y productoras locales”, expresó el ministro.

En cuanto al financiamiento, el titular del MDA detalló que se asistió a más de mil productoras, productores, entidades, cooperativas y municipios mediante el Banco de Insumos Agropecuarios, cuyo objetivo es entregar recursos veterinarios, semillas y otras herramientas a productores de pequeña escala, además de asistir a productores afectados por eventos climáticos excepcionalmente adversos.

“A veces los pequeños productores no pueden acceder a créditos bancarios tradicionales. Por eso creamos este Banco de Insumos que brinda asistencia financiera a estos productores con una tasa del cero por ciento a valor insumo”, indicó el jefe de la cartera agraria.

A su vez, a través del Fondo Fiduciario Provincia en Marcha se ofrecen líneas de crédito con tasas de interés subsidiadas a tamberos, a la producción frutícola, porcina, bovina, ovina, floricultores y viveristas, a Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos, a productores certificados agroecológicos, a proveedores bonaerenses, y otros destinados a la incorporación de sistemas de riego, por afectación de eventos climáticos y para la instalación de biodigestores.

Asimismo, en 2021, desde el Banco Provincia de Buenos Aires se destinaron 180.095 millones de pesos al sector agroindustrial, además de otorgar 325.474 millones en colaciones al segmento empresas.

“Para nosotros es clave el financiamiento al sector productivo y por eso hemos generado diversas líneas, teniendo en cuenta las diferentes escalas productivas y las necesidades y posibilidades de cada producción, cada productor y productora”, señaló el ministro Rodríguez.

“Cabe señalar que ocho de cada diez pesos otorgados al sector agroindustrial por parte del BAPRO fueron mediante líneas con tasas especiales”, añadió.

“También es clave el impulso a la innovación y entendemos que el Estado provincial debe promover la investigación y desarrollo científico-tecnológico. Por eso, fortalecimos, equipamos y pusimos en valor las Chacras Experimentales del Ministerio con una inversión de más de 300 millones de pesos”, expresó.

En relación a las políticas de impulso a la industrialización, el jefe de la cartera agraria detalló que se financió la construcción de 17 frigoríficos municipales y que se está avanzando en otros 7 proyectos. “Estamos construyendo salas de faena y frigoríficos municipales para mejorar no solo la producción ganadera sino también el acceso al consumo de carne a nivel local”, explicó.

Por otro lado, el titular del MDA describió los avances del programa de Mercados Bonaerenses, cuyo objetivo es fortalecer el consumo local de alimentos producidos en la Provincia de Buenos Aires.

“Actualmente se llevan a cabo más de 560 ferias al mes con más de 1.350 productoras y productores que venden su producción de forma directa en 85 municipios, llegando a los consumidores con alimentos de calidad y a un precio realmente competitivo, un 25% por debajo de los valores que se encuentran en los canales tradicionales”, señaló Javier Rodríguez.

En tanto, a través del Plan de Provincia en Marcha, se financió la construcción de dos mercados concentradores frutihortícolas; uno en Coronel Suárez y otro en Pehuajó. Asimismo, para continuar potenciando los circuitos cortos de comercialización y el desarrollo regional, se decidió construir un tercer mercado en la zona centro.

Del informe del ministro participaron, además de Abarca y el vicepresidente de la Comisión el diputado de la CC en Juntos Luciano Bugallo. También estuvieron el resto de los integrantes: Carlos Mignaquy, Valeria Arata, Naldo Brunelli, Alberto Conocchiari, Natalia Sánchez Jauregui y Carlos Puglelli por el lado del FdT; y en representación Juntos María Bustos, Martín Domínguez Yelpo, Lorenzo Natalí, Julio Pasqualín y Vanesa Zuccari.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata dispuso la correcta aplicación de la legislación vigente y los tratados internacionales de DD. HH, para lograr la integración igualitaria, y teniendo en cuenta la ley de Paridad de Género, en la Cámara de Diputados bonaerense.

La historia nos remita a que el Partido GEN integró la Alianza 1País en el año 2017 habiendo logrado dos escaños por la tercera sección electoral, correspondiendo a Jorge D´Onofrio y a Blanca Cantero.

Ante la licencia de Cantero, que asumió como intendenta municipal en Presidente Perón, la correspondía que su reemplazo fuera cubierto por la siguiente mujer en la lista.

Sin embargo, los integrantes de la alianza electoral, ahora oficialista, y la propia mayoría en la Cámara baja, atento a la aplicación del reglamento interno y la ley de Paridad, consideraron que la banca ante la licencia de Cantero correspondía ser ocupada por Nicolás Russo, desoyendo incluso lo que la primera instancia Judicial había indicado.

Frente a esta circunstancia el Partido GEN y la propio María Ángela La Rosa reclamaron judicialmente por la vigencia de la paridad de género.

La sentencia, ahora confirmada, resolvió, en consonancia con los argumentos de la parte actora que “disponer el reemplazo de la diputada Cantero por simple orden de corrimiento y no de corrimiento con aplicación de ley de paridad, iría en menoscabo de la efectiva participación igualitaria y sin discriminaciones entre varones y mujeres en la conformación de listas y composición de los órganos legislativos pues, no debe soslayarse que la composición actual de la Cámara de Diputados muestra que aún, con la ley de paridad vigente en la provincia de Buenos Aires, las mujeres no lograron la igualdad en el acceso a la representación”.

“Es más, la exigencia a los partidos o agrupaciones políticas de elaborar sus listas siguiendo un criterio de paridad, sería letra muerta, si luego, ya en el seno de la Cámara, por alguna razón o circunstancia, en la oportunidad de tener que reemplazar una banca al suceder el siguiente en el orden de lista, ya no se respeta”, se consideró.

El fallo unánime de los jueces integrantes de la Cámara de Apelaciones contiene argumentos firmes y sostenidos, tales como que “el sistema electoral y de constitución de cuerpos colegiados debe responder a un criterio de armonía que supere todo vacío preceptivo y que derive del juego de principios que le dan forma institucional en su totalidad; el resultado de ese entendimiento no puede ser otro que el que determine que en caso de vacancia de un diputado/a provincial su sustitución se provea con los candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como reemplazantes, según el orden establecido”.

No obstante, el diputado Russo, que habría ocupado en forma irregular una banca durante unos 18 meses, adelantó que “no coincidimos con la decisión y vamos apelar a la Corte provincial”.

El referente massista, grupo político que apoyó e incluso en su momento reclamó la autoría de la normativa que establece la paridad, agregó que independientemente de su caso, “a la semana de mi juramento en la Cámara, asumieron cuatro o cinco mujeres en reemplazo de varones”, agregó. 

Según explicó el legislador lanusense, en el reglamento de la Cámara de Diputados no está estipulado el corrimiento de listas para que asuman los suplentes por paridad de género. Si se aplica la norma en la conformación de lista, como establece la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

En rigor, vale aclarar que el caso de Russo/Cantero fue el primer caso que se presentó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para un reemplazo en ocasión de licencia y/o renuncia, y luego el mismo criterio se hizo extensivo a los otros casos que se presentaron.    

La Cámara de Diputados bonaerense sesionará este jueves 17 de junio para darle el visto bueno a un proyecto del Ejecutivo para construir cárceles en Morón y Lanús.

La iniciativa, viene a complementar la ley N° 14.806 promovida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, que fue sancionada en noviembre del año pasado y estableció la expropiación de terrenos del conurbano para construir alcaidías.

En principio, los primeros beneficiados fueron las comunas de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre, a las que ahora se le sumará Morón y Lanús para cumplir con el Plan de Infraestructura Penitenciaria. También estarían en carpeta los distritos de Ezeiza y Tres de Febrero.

Esto es, por ahora, el temario estrictamente legislativo, pero como viene sucediendo en las últimas sesiones en la Cámara de Diputados también se despliega un apartado político, con proyectos solicitados para su consideración, pero no llegan a tratarse por el plenario.

En ese sentido, el pedido realizado por la oposición para que la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, explique los criterios utilizados por el Gobierno provincial para abrir las escuelas sólo en algunos distritos.

Otros proyectos similares que pueden llegar a plantearse necesitan de los dos tercios para ser considerados sobre tablas y, por lo tanto, no solo la oposición se ve bloqueada por el oficialismo en intentonas, sino que también el oficialismo es bloqueado por la oposición en sus pretensiones.

El gobernador Axel Kicillof busca que la Legislatura lo autorice para comprar vacunas contra el Covid-19. Por eso ingresó en la Cámara baja bonaerense una iniciativa que podría tratarse en la sesión convocada para este jueves, en la que se faculta “al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete de Ministros, durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado, a adoptar” una serie de medidas que se indican en el mismo texto de la normativa propuesta.

 Como primera medida se autoriza a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos -incluso en moneda extranjera- previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, pudiéndose omitir la exigencia de garantías, fianzas y/o cauciones, conforme el procedimiento previsto por la Ley N° 13.981 y su decreto reglamentario, en los términos y condiciones previstos por la Ley Nacional N° 27.573”.

También se abala al Poder Ejecutivo “disponer que, en el ejercicio de las funciones encomendadas, con el objeto de efectuar la adquisición de las vacunas, podrán incluirse en los contratos respectivos cláusulas o acuerdos de confidencialidad y prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

Los contratos respectivos también podrán incluir “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aceptación de ley extranjera aplicable e incluir otras cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna para la prevención de la enfermedad COVID-19, debiendo contar con la opinión favorable de los organismos de asesoramiento y control”.

La normativa estable que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.

También se consigna en el articulado que “los contratos de adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, como así también la documentación complementaria y contratos vinculados a su eventual financiamiento, deberán contar con la intervención previa de Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado”.

Los acuerdos aprobados o alanzado en el marco de la normativa en cuestión “deberán ser informados” a la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia que en el ámbito de la Legislatura funciona, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse”.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, se reunió con el ministro provincial de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, para conversar sobre el paquete de leyes de impulso productivo anunciado por el gobernador Axel Kicillof en la apertura de la Asamblea Legislativa y que incluye la ley de Fortalecimiento Productivo y la ley de Monotributo Unificado. “La producción bonaerense es clave porque genera empleo y dinamiza el consumo”, resaltó Otermín.

Antes, el titular de la Cámara baja de la Provincia había recibido en su despacho a empresarios industriales bonaerenses. Participaron el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Alberto Kahale; el titular de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), Silvio Zurzolo; el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini; y, representando a la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro.

“El objetivo que nos planteó Axel (Kicillof) en el inicio del año legislativo es consolidar la reconstrucción de la Provincia, que ya está en marcha. Vamos a acompañar a los pequeños y medianos empresarios y empresarias que son trabajadores que generan empleo y oportunidades”, destacó Otermín, y agregó: “La reactivación nos presenta un desafío central: fortalecer el entramado productivo bonaerense con una mayor equidad territorial. Para eso es clave atender todo el circuito. La cuestión logística, por ejemplo, tendrá un rol clave”.

Durante el encuentro, se hizo un diagnóstico sobre la actualidad del sector y se repasaron las principales iniciativas impulsadas desde el gobierno bonaerense durante el 2020 con el objetivo de darles continuidad y seguir articulando de manera conjunta entre las cámaras empresarias, poder ejecutivo y el legislativo.

“Con los empresarios bonaerenses conversamos acerca de la importancia de impulsar las economías regionales y distritales. Es fundamental la articulación con el gobernador, Axel Kicillof; con el ministro de Producción, Augusto Costa y con las y los intendentes para poner a Provincia en marcha y de pie”, concluyó Federico Otermín.

Sin los temas claves que justificaron la autoconvocatoria de los legisladores para realizar sesiones en período extraordinario los diputados bonaerenses realizaron una sesión para tratar otros expedientes del Ejecutivo y una modificación a la denominada ley de Víctimas.

Los diputados de la provincia de Buenos Aires realizaron una sesión esta tarde pero el Senado dejó caer la citación realizada. Los senadores se convocaron para el martes próximo al igual que harán los diputados donde se intentará nuevamente trata los dos expedientes claves que reclama el Ejecutivo, el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2021 y la ley Impositiva con el aumento general de las valuaciones de un 32 %.

No obstante, los diputados, de todos modos, prefirieron sesionar con otros temas que tienen en tratamiento en ese ámbito.

El proyecto de ley que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y violación a los derechos humanos y que modifica los artículos de la ley 11922, código procesal penal, ley 12256 ejecución penal y la ley 14422, fue uno de los temas sobresaliente de la sesión, pero sólo fue aprobado con modificaciones y tendrá que volver a la Cámara de origen, el Senado, para eventualmente concluir su trámite parlamentario.

También se aprobó y giró al Senado un proyecto de ley del Ejecutivo que pretende modificar la orgánica del registro provincial de las personas, incorporando el servicio online para la inscripción de los nacimientos.

Además, los diputados entre otras cuestiones, estarían tratando y aprobando un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a implementar la constitución de un sistema de domicilio electrónico y de audiencias virtuales en los procedimientos administrativos.

Por último, se aprobó un proyecto de ley de la diputada del FdT Susana González, a través del cual se plantea una modificación a la ley 12950, y su texto ordenado por ley 13547, estableciendo el anticipo jubilatorio para todo el personal afiliado del Instituto de Previsión Social (IPS).

Así, la legislatura provincial se prepara para una jornada completa para el próximo martes 22, con la incertidumbre apoderándose de la escena legislativa respecto del desenlace final en torno al Presupuesto General 2021.

La Cámara Diputados sancionó la adhesión a la Ley de Góndolas para la provincia de Buenos Aires y desde el FdT remarcó la importancia de “pensar un modelo económico integral para discutir la cadena de comercialización de los alimentos desde un apoyo real a la producción”.

Además, remarcó el rol del Ministerio de Producción a cargo Augusto Costa y del Banco Provincia que recuperó una mirada productiva en apoyo a las PyMEs bonaerenses. 

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley de Góndolas, que obliga a las cadenas de supermercados a informar de forma más clara los precios, y a brindarle un espacio a productos regionales o artesanales de microemprendimientos y PyMes bonaerenses.

La iniciativa, que fue aprobada y ahora fue girada al Senado bonaerense, busca limitar los espacios de comercialización de las grandes marcas, en busca de brindar mejores oportunidades a los productos regionales.

La norma no obliga al consumidor a optar por otras marcas, sino que busca garantizar un lugar para los productos locales en las góndolas de los supermercados e hipermercado de la provincia.

En ese sentido, el diputado provincial del FdT César Valicenti remarcó que “si queremos analizar el último eslabón de la cadena económica que es el consumo tenemos que tener una mirada integral de la Economía” y aseguró que “la Ley de Góndolas debe enmarcarse en un modelo económico para pensar la producción y discutir la cadena de comercialización de los alimentos”.

Al mismo tiempo, el diputado Valicenti consideró que “tenemos que valorar que en esta Legislatura se aprueban iniciativas de la oposición, porque lamentablemente durante la gestión anterior esto no era habitual, lo digo por experiencia porque fui impulsor de una Ley de Emergencia PyME cuando la provincia de Buenos Aires estuvo por más de ocho meses sin ministro de Producción en la gestión de María Eugenia Vidal y no se daba respuesta al entramado productivo bonaerense”.

“Durante cuatro años las pymes que producen alimentos cerraban porque sufrían tarifazos que superaron el 2000 por ciento de aumento, además de la apertura indiscriminada de importaciones donde la producción local no era cuidada por el Estado”, aseguró el legislador provincial.

En relación a la adhesión al proyecto de adhesión, Valicenti remarcó que “podemos analizar las góndolas, los supermercados y las marcas, pero debemos pensar un modelo económico integral para discutir esa cadena de comercialización desde el apoyo real a la producción”.

Del mismo modo, el diputado provincial expresó que “hoy vivimos un cambio institucional que tiene a un ministro de Producción como Augusto Costa que plantea una gestión con una impronta territorial y de aliado con los pequeños y medianos productores”.

En el mismo sentido, el diputado Valicenti puso en valor el rol de la banca pública y remarcó que “se recuperó el Banco Provincia con una mirada productiva que ofrece créditos a tasas razonables a diferencia de lo que sucedía durante la anterior gestión que planteaba créditos a un 80% de interés, algo imposible para pensar la producción apuntada a los pequeños productores”.

Cabe remarcar que el proyecto tuvo modificaciones en su presentación y se incluyó la idea de “favorecer, estimular, promocionar productos de origen local, y ampliar la oferta de productos alimenticios artesanales y regionales en las grandes superficies comerciales”.

Desde el Cuerpo legislativo, la intención es lograr un balance en las relaciones comerciales entre las cadenas de supermercados y los proveedores, y abrir una puerta a las microempresas y pequeñas empresas de la Provincia, a quienes les costaba acceder a los grandes espacios de comercialización.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de la diputada del FdT, Luciana Padulo, que busca implementar una estrategia de abordaje para la concientización, prevención y erradicación del Grooming, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

“Proponemos visibilizar en todos los ámbitos de la provincia y concientizar preventivamente acerca del tema del Grooming y llevar una campaña en medios digitales y en otros medios permanente para toda la provincia de buenos aires”, expresó Padulo.

En ese sentido, enfatizó en que “la importancia de avanzar en esta ley se intensifica con el aumento exponencial de denuncias respecto al Grooming, al abuso sexual infantil de niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales y de internet, de un 135 por ciento en estos últimos meses, según datos de la línea 137 que es la única fiscalía especializada que hay en Grooming en Argentina”, explicó la diputada del Frente Todos.

La iniciativa propone el diseño y difusión de contenidos por todos los medios, en especial digitales y la creación de una página web, aplicación para dispositivos smart, y perfiles de redes sociales específicas en materia de grooming, para brindar información y asesoramiento; Instancias de capacitación gratuitas para toda la comunidad educativa, impulsando la realización de jornadas, talleres, conferencias, mesas redondas, charlas y/o cualquier otra actividad que propicie la prevención del grooming y el acompañamiento digital de niños, niñas y adolescentes y la construcción responsable de la identidad digital.

Cabe destacar que la norma parlamentaria fue aprobada por unanimidad y fue girada al Senado para que sea considerada en ese ámbito.

La denomina Ley de Góndolas bonaerense tiene como finalidad la adhesión a la Ley Nacional 27545 y al mismo tiempo persigue la idea de poder abrir un espacio de comercialización a las producciones locales y regionales.

La iniciativa legislativa, que tuvo un marcado recorrido en la Cámara baja provincial, pero no encontraba el hueco para llegar al recinto, propone limitar el espacio de góndola que, en cada categoría de producto, puede tener una empresa o grupo económico.

Los diputados buscaron limitar “los espacios” espacios de comercialización de los grandes espacios, lo cual, según se remarca “no quiere decir que se obligue” al consumidor a optar por otras marcas, sino a que el consumidor pueda optar libremente.

Se trata de un proyecto de ley que reconoce su origen en la fuerza opositora de JxC, su autor es el diputado bahiense Santiago Nardelli, pero supo ganarse un pronunciado consenso político; ahora deberá ser considerado en el Senado.

También en la redacción final se avanzó en la idea de favorecer, estimular, promocionar productos de origen local, y ampliar la oferta de productos alimenticios artesanales y regionales en las grandes superficies comerciales.

Se prevé que los sujetos alcanzados por la ley establezcan acuerdos comerciales en el marco de Código de Buenas Prácticas, que se plantea en el ordenamiento que se propone.

La iniciativa tiene como objeto evitar el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los grandes supermercados y sus proveedores. Entendiendo principalmente las dificultades que tienen las micro y pequeñas empresas bonaerenses acceder a los grandes espacios de comercialización existentes en el territorio.

“La finalidad es favorecer, estimular, promocionar productos de origen local, y ampliar la oferta de productos alimenticios de artesanales y/o regionales, producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas provinciales”, sostuvo el diputado Nardelli.

“Se trata de mantener el equilibrio entre los operadores económicos alcanzado por la ley, con la finalidad de evitar realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia”, completó el legislador sureño.

El proyecto aprobado que ahora deberá seguir su trámite parlamentario en el Senado bonaerense reconoce antecedentes en la ley nacional 27545 pero también, según se apuntó, a un proyecto remitido por la ex gobernadora Vidal, en 2018, donde se establecía ciertas necesidades en los acuerdos comerciales entre partes.

El proyecto de ley que denominan de “Asociaciones Civiles con beneficios económicos y legales para Clubes de Barrio, Sociedades de Fomento, Centros Culturales, Jardines Comunitarios y Centros de Jubilados”, fue sancionado, luego de que los senadores le introdujeran modificaciones, por unanimidad.

En el articulado de la norma se otorgan bonificaciones impositivas para asociaciones civiles de primer grado, al tiempo que establece un “sistema de protección” de sus inmuebles y la “gratuidad de los servicios bancarios y jurídicos”.

Entre otras cuestiones exceptúa del pago del Impuesto Inmobiliario a las asociaciones civiles de hasta 100 socios o con ingresos anuales totales mayores a la categoría G del monotributo.

Además, se establece la condonación de deudas de documentación anual obligatoria que las asociaciones civiles poseen con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y

busca que los clubes de barrio, centro de Jubilados, centros culturales y sociedad de fomento reciban las exenciones sobre los impuestos nacionales resueltos por AFIP y provinciales dispuestos por ARBA en el marco de la pandemia de coronavirus.

Otras de las cuestiones que plantea la iniciativa es que “todo inmueble ubicado en la provincia de una Asociación Civil, que se encuentre poseyendo, de manera pacífica e ininterrumpida por el plazo de al menos 20 años, es inembargable e inejecutable”.

También crea dos organismos, la Oficina Municipal de Entidades de Bien Público en los 135 distritos bonaerense y el Registro de Bienes con función social, en el ámbito de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Las modificaciones propuestas por JxC en el Senado surgen de diferentes iniciativas presentadas por el espacio y establecen que una vez concluida la Emergencia, el Poder Ejecutivo pueda prorrogar el beneficio de Tarifa Cero de Servicios Públicos para las Asociaciones Civiles.

Por otra parte, se faculta al Poder Ejecutivo a crear un Fondo Extraordinario de Emergencia para el otorgamiento de subsidios y dispone que los subsidios sean destinados a adecuar instalaciones de acuerdo a los nuevos protocolos, para solventar gastos, que los mismos puedan tramitarse en los municipios y ante las demás autoridades y/o reparticiones públicas que determine la reglamentación de la Ley.

El bloque oficialista del FdT empujó el tratamiento de la prórroga de la ley 15172, que suspende, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hasta el 31 de marzo de 2021 las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”.

No sin algunas sobreactuaciones, el proyecto de ley logró ingresar en el temario e inició su trámite parlamentario a paso firme, pues ahora deberá ser considerado por el Senado, pero en un marco de acuerdo.

Sucede que el proyecto fue apuntado como un soporte para que la Justicia no actuara en las usurpaciones que se suceden en la provincia. Y ambos espacios políticos tienen sus intereses en el tema y el tironeó no deja de ser un simulacro de posiciones concretas.

La letra chica del articulado tal vez sea materia de discordia, pero en principio el proyecto de Ley ingresado fuera de hora por el Poder Ejecutivo que se limita a prorrogar la ley 15172 fue aprobado con las modificaciones propuestas por la oposición de JxC, que busca evitar la persistencia de la confusión que invadió a algunos magistrados reticentes a impedir “tomas de terrenos” en la provincia, por lo que se agregó un ítem específico.  

En la normativa se dispuso la suspensión de determinados desalojos y lanzamientos, en vista de proteger el derecho a la vivienda digna y adecuada en el marco de la pandemia.

En el texto de la ley se sostiene que la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, en las que el derecho real de garantía recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal.

También se suspende la ejecución de parte indivisa prevista el artículo 2207 del Código Civil y Comercial de la Nación siempre que la parte deudora integre el condominio, o quienes la sucedan a título universal, sean ocupantes de la vivienda; y los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA); planes de ahorro para adquisición de vehículos automotores; también son suspendidas.

Además, toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales.

Toda ejecución o lanzamiento, sea en sede civil o penal, en que la demandada sea una unidad de producción cuya gestión se encuentre en manos de sus trabajadores y trabajadoras (Fábricas Recuperadas), que hayan resultado expropiadas; quedarán suspendidas.

De todas formas, en el marco de la oleada de tomas de terreno en la provincia, se incorporó un artículo donde precisa que quedan excluidas de la suspensión todas las usurpaciones y también las tomas colectivas de terrenos, para “dejar en claro que los jueces tienen las herramientas necesarias para producir los desalojos ante la una situación de usurpación ilegal”.

“Creemos que con las modificaciones que propuso nuestro bloque, la ley ha quedado más precisa, y que de ninguna manera no podrá ser invocada ante la justicia para querer pretender dilatar el proceso de desalojo de las tomas y usurpaciones”, dijo el diputado de JxC Daniel Lipovetzky.

También en la sesión de hoy los dirigidos por Federico Otermín acordaron la designación de los representantes de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

La ratificación por ley del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la provincia de Buenos Aires (PREIMBA), que dejará el programa en manos del Ministerio de Obras Públicas del gobierno nacional, con el objeto de garantizar el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura municipal en ámbitos urbanos, suburbanos y/o rurales; aparece con el tema más importante que aprobarían los diputados.

También habrá participación del Ministerio del Interior nacional que será el encargado de acordar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios el plan de obras a desarrollarse en el marco del Programa que se crea, cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

A su vez el Poder Ejecutivo nacional se reserva para sí según la normativa que ratificarán los bonaerenses, a través del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior, dictar la reglamentación necesaria para la instrumentación y funcionamiento del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA), a la que se le asigna la suma de $ 5.000.000.000.

Además, en la adhesión que realizará la legislatura provincial se abala el criterio de distribución que tendrán el PREIMBA que estimaron oportuno detallar los funcionarios nacionales sin participación alguna de organismos o pares provinciales.

En la normativa nacional se estableció que los fondos serán transferidos a la provincia, que realizará la distribución entre los 135 municipios de los recursos –los 5 mil millones de pesos-, por Coeficiente Único de Distribución (CUD) en un 50 % y, el otro 50 %, en función del índice de ingresos del año 2019; los legisladores provinciales, en uso de sus atribuciones indelegables, le darán fuerza de ley provincial a esta metodología.

Por otra parte, luego de mucho traqueteo, los diputados llegaron a un acuerdo para designar a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara baja. Serán consejeros titulares los diputados oficialistas Jorge D’Onofrio y Susana González; que tendrán como suplentes a Alberto Conocchiari y Carlos Moreno, respectivamente. Por la oposición, los diputados integrantes del bloque de JxC Sandra París y Daniel Lipoveztky serían los consejeros designados.

Este miércoles se llevó a cabo la reunión conjunta de las comisiones de Niñez, Adolescencia y Familia y de Políticas Sociales de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, presentó su informe de gestión.

El encuentro, que se desarrolló en modalidad virtual, contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Federico Otermín, quien realizó la apertura.

En el marco de la actividad, Andrés Larroque detalló los ejes de trabajo en materia de Desarrollo Social que viene realizando desde hace dos meses, cuando asumió como titular de la cartera.

“Tenemos que trabajar en conjunto las áreas del Ejecutivo con el poder legislativa para intercambiar miradas e ideas. Me tocó asumir y ponerme a trabajar en temas urgentes referidos a la pandemia. Cuando arrancamos, se dio la explosión de los brotes en los barrios populares que gracias a varias acciones que desarrollamos, logramos contener”, aseguró el ministro

Además, detalló que “hoy tenemos un nivel de asistencia en materia social muy fuerte que arrancó el 10 de diciembre porque previo a la pandemia en nuestro país y en nuestra provincia, en particular, atravesaban una situación compleja, que con de la pandemia se acentuó”.

El ministro, específicamente, destacó que se reforzó el SAE de mil millones de pesos a dos mil millones y medio mensuales, llegando a 1.722.218 beneficiarios y que durante la pandemia con el Plan Detectar se relevaron 193 barrios, 104 mil casas y más de 400 mil personas.

Por parte de los diputados, participaron desde la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, María Valeria Arata (presidenta), María Elena Torresi (vicepresidenta), Gabriela Besana (secretaria) y como vocales Verónica Barbieri, Debora Galán, Mariana Larroque y Noelia Ruiz.

Desde la comisión de Políticas Sociales estuvieron Mariana Larroque (presidenta), Verónica Barbieri (vicepresidenta), Nora Salbitano (secretaria), y como vocales Laura Aprile, Luciana Padulo, Johanna Panebianco y María Laura Ramírez.

“En el contexto de la pandemia cobra aún más valor el trabajo del Cuervo y de todo el equipo del gobierno de la Provincia junto a los y las bonaerenses más humildes”, destacó Federico Otermín y añadió: “La prioridad de Axel es tenderle una mano a quienes más nos necesitan para poder proyectar el futuro con mayor igualdad”.

Larroque cumplió así con su presentación al igual que lo hicieron Augusto Costa (ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) ante las comisiones de Producción y Comercio Interior y de Ciencia y Técnica; y Pablo López (ministro de Hacienda), junto a los diputados y diputadas de la comisión de Presupuesto e Impuesto.  Ya lo habían hecho Julio Alak (ministro de Justicia y Derechos Humanos) con las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Seguridad y Asuntos Penitenciarios; Mara Ruiz Malec (ministra de Trabajo), con la comisión de Trabajo; Estela Díaz (ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual), con las comisiones de la Mujer y la Salud; Juan Brardinelli (Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) con la comisión de Ecología y Medio Ambiente, y Agustina Vila (ministra de Educación) con la comisión de Educación.

Además, Carlos Bianco (jefe de gabinete) y Daniel Gollán (ministro de Salud) participaron de una reunión informativa sobre la situación sanitaria con presidentes de bloque.

En el marco del creciente número de casos de coronavirus, y tras la confirmación de un caso positivo, las autoridades de la Cámara de Diputados establecieron un cronograma de trabajo en modalidad remota al 100 %.

A partir del tratamiento de diversos proyectos de Ley vinculados a la pandemia, se busca avanzar con el debate en comisiones para que las iniciativas lleguen con dictamen a la próxima sesión. El cronograma se inició con la reunión virtual de la comisión de Salud.

Por otra parte, también hubo una exposición del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Agustín Simone. Además, de acuerdo a la planificación, este jueves será el turno del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la semana próxima disertará la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

La decisión de circunscribir el trabajo de comisiones 100% a la modalidad virtual fue tomada luego de que el diputado de Juntos por el Cambio Alex Campbell diera positivo al testeo de coronavirus.

“Atravesamos un momento crucial porque se acerca el pico de contagios y nos parece fundamental desde la Cámara de Diputados de la provincia tomar los recaudos para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras y minimizar el riesgo de transmisión”, destacó el diputado Federico Otermín, presidente del Cuerpo.

Y, para concluir, añadió que “es muy importante que podamos continuar con la actividad desde nuestras casas, utilizando las herramientas tecnológicas para estar coordinados y conectados en este contexto inédito a nivel mundial”.