La reunión de Juicio Político no tuvo testigos este miércoles

Había cuatro convocados para participar de la audiencia de este martes, pero todos anticiparon que no podían concurrir. Por qué estaba citado cada uno.

La vigésimocuarta reunión de la Comisión de Juicio Político prevista para este miércoles no contó con testigos, pues todos los convocados anunciaron que no podían concurrir esta vez, aunque mostraron disposición para hacerlo en otra oportunidad. Así, por segunda vez desde que se convoca a testigos, la agenda prevista quedó desierta en esa materia.

En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anunció la ausencia de todos los testigos, aunque se refirió puntualmente a tres, cuando en realidad este martes se había sumado a otro testigo convocado.

De acuerdo con lo informado, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, no concurrió este miércoles debido al paro judicial. Gustavo Francisco Tita tampoco lo hizo, pero mandó un escrito justificando su ausencia; en tanto que Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, llamó por teléfono para avisar que no podía asistir, aunque se aclaró que ya había concurrido en dos oportunidades.

Nada se dijo del cuarto testigo, Adrián Walter Miretti, quien había sido sumado el martes al listado por la Coalición Cívica, ya que en esta oportunidad la reunión iba a estar dedicada a analizar la causal sobre “abuso de poder” del juez Ricardo Lorenzetti, para quien el partido fundado por Elisa Carrió pidió varias veces el juicio político.

Los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto se encargaron de explicar las razones por las cuales habían convocado a los testigos ausentes y pusieron en duda la posibilidad de que se los fuera a citar nuevamente. En el caso de Adrián Walter Miretti, se trata del abogado de una mutual llamada PyME Rural, y a la Coalición Cívica le llamó la atención que entre 2016 y 2017 cambiaban cheques de distintos clubes de la AFA. En la causa Fútbol para Todos esa mutual apareció también cambiando cheques. Ricardo Lorenzetti y familiares suyos eran socios de esa mutual, contó Juan Manuel López, que precisó que “todos se habían asociado el mismo día” a la misma.

“Es raro que esta mutual cambie cheques y realice actividades financieras en general encubiertas. Para nosotros fue muy sospechoso. La causa abierta la tuvo la jueza María Servini, a quien finalmente le quitaron el expediente y nunca más supimos de PyME Rural”, detalló López.

Tita fue socio de Lorenzetti, contó luego Paula Oliveto, quien agregó que en su momento afirmó que “el titular de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo, Pablo, miembro del Poder Judicial”.

A Marchi la CC-ARI siempre le apuntó por su relación con Lorenzetti. “No quiere venir a dar la cara frente a las preguntas incómodas de nosotros”, sostuvo López.

Marchi llevó las denuncias que hizo en la Comisión de Juicio Político ante la CIDH

El exadministrador de la Corte Suprema solicitó por “un tribunal imparcial” y una “tutela judicial efectiva”.

El exadministrador general de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, desplazado por una resolución de tres de los cuatro ministros a fines de abril, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “resguardar” lo que considera su derecho a “un tribunal imparcial” y a una “tutela judicial efectiva”.

Marchi apeló al tribunal supranacional después de una serie de denuncias que realizó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados -en dos oportunidades- y ante el juez federal Ariel Lijo, por presuntos manejos irregulares en la Obra Social del Poder Judicial.

Así lo explicó en una entrevista que mantuvo con la agencia Télam, en la que reitera la explicación sobre los desmanejos dentro del funcionamiento de la Corte y la obra social, que ya brindó en el Congreso y la Justicia.

“Hay varios hechos. El primero es la recusación que yo presenté de los ministros por la demanda civil contra la (ex)diputada (Elisa) Carrió, que está en la Corte hace más de cuatro años y medio y no se ha resuelto. Todos los ministros se han declarado irrecusables más allá de la vigencia de un juicio político, creando una nueva doctrina. Me parece entonces que no hay imparcialidad y no me parece un hecho que deba ser validado. Se han declarado irrecusables también en los aspectos administrativos que yo he planteado, con lo cual veo que la Justicia, en este aspecto y en este lugar, no me da ningún tipo de garantías, con lo cual debo acudir a un organismo externo”, precisó Marchi.

El exadministrador del máximo tribunal recordó que asistió “como testigo en dos ocasiones a la Comisión de Juicio Político” y “luego, de manera voluntaria, me presenté como testigo en el juzgado del doctor Lijo para aportar documentación, solicitar que se agregue otra documentación que debía requerirse a instituciones y pedir que me citen nuevamente para poder seguir aportando pruebas. En realidad, más que ‘denuncias’, fue contar un poco el estado de situación respecto a lo que yo llamo dos grandes ejes: la obra social y las informalidades en el funcionamiento de la Corte Suprema que venía advirtiendo en la presidencia del doctor (Horacio) Rosatti”.

“Lo que hice es contar mi trabajo. Objetivo, profesional, que vengo realizando hace 16 años. Respecto a la obra social, fue un trabajo que me encargaron los ministros de la Corte, en donde debía hacer una evaluación del estado de situación y proporcionar recomendaciones. Eso fue a partir de septiembre del año 2021. Presenté cuatro informes y ofrecí treinta recomendaciones para que la obra social funcione como una de primer nivel. Esos informes, que ya estaban hechos cuando comenzó a reunirse la Comisión de Juicio Político, llevaron a que se hagan distintos tipos de interpretaciones. Yo lo que planteé es que había un problema estructural y funcional en la obra social. Eso derivó en una persecución personal hacia mí dentro del tribunal que terminó con un traslado el 20 de abril injustificadamente”, explicó.

En referencia a ese informe, reveló que cuando se lo encargaron “fue cuando explotó la obra social después de la pandemia. Ellos (los ministros de la Corte) me dijeron que era el único que tenía espaldas para solucionar el tema y poner orden. No solamente hice ese trabajo, sino que me ocupé de que se formara un nuevo directorio para que la obra social no explote. Yo advertí esas irregularidades a partir del informe número uno, que es el único que está publicado, y reclamé en reiteradas ocasiones que se publicaran todos los informes y recomendaciones porque quedaría claro cuál fue el trabajo realizado. No sé por qué se siguió un camino distinto”.

Para Marchi, su traslado tuvo que ver “con que el día anterior la Comisión de Juicio Político había solicitado que se envíen todos los informes que había realizado la Secretaría General de Administración. Yo los suministré y al día siguiente se tomó esta decisión”. “Primero, desguazaron toda la Secretaría General a través de una acordada. La Secretaría venía desarrollando un trabajo muy bueno, en el sentido financiero, que todos conocen. Muy buenas reservas, sin deudas, con transparencia total y todo publicado. La Secretaría General de Administración, además, fue pionera en la incorporación de tecnología a la Corte Suprema”, destacó.

“Me parece que fue una sanción encubierta al trabajo realizado, pero también debían saber, cuando me encargaron este trabajo, que lo iba a realizar de una manera totalmente objetiva y profesional. Es tan así que la Comisión de Auditoría que se formó luego de mi informe número uno, convalidó todo mi trabajo. Yo creo que los funcionarios públicos deben servir a las instituciones para el bienestar de los ciudadanos, con lo cual las realidades hay que saberlas entender, hay que saberlas diagnosticar, hay que cambiar lo que hay que cambiar y solucionar los problemas”, agregó.

Y cuestionó que “parte de la mala imagen del Poder Judicial está en la cabeza del Poder Judicial. Todo este nuevo mecanismo de funcionamiento de la Corte comenzó hace un año con la nueva presidencia. Yo me inicié con una Corte de siete ministros, con los cuales la formalidad era la forma de trabajo. Cada uno hablaba personalmente, no tenían emisarios. Se tomó una nueva forma de trabajar, en donde un vocero habla por los tres ministros pero la particularidad que tiene este vocero es que se maneja informalmente”. “Yo denuncié esas informalidades, por ejemplo, la eliminación de un mail oficial del presidente de la Corte a través de un WhatsApp. La verdad que es un hecho muy particular. Luego, he visto esconder los informes de supervisión de la obra social que no llegaron a todos los ministros”, apuntó.

Por último, Marchi ratificó que “hubo algún tipo de persecución a funcionarios que estaban a mi cargo. Eso no existió nunca en la Corte Suprema, siempre se manejó todo con un respeto enorme. Todo muy cooperativo en el trabajo. Ahora hace un año que se tomó otro tipo de otra forma de trabajo en donde el vocero habla por los ministros. No me parece adecuado. Creo que le hace muy mal a la institución”. “Acá hay personas que han decidido sostener ese tipo de conductas dentro del Palacio y de los resultados deben hacerse cargo aquellos que están sosteniendo a este tipo de personajes”, aseveró.

Tras su desplazamiento, Marchi reivindicó su tarea en la Corte

“Mi gestión como administrador generó una base sólida para el cuidado de la Independencia del Poder Judicial. Dejé la Corte con 150 mil millones de pesos de fondos y cero deuda”, afirmó el exadministrador general de la CSJN.

A días de su desplazamiento, el ahora ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contador Héctor Daniel Marchi, defendió su gestión de 15 años al frente de un lugar estratégico para el funcionamiento del Poder Judicial.

Luego de haber cobrado gran protagonismo en sus dos presentaciones durante el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, donde efectuó serias imputaciones contra el presidente del Tribunal Supremo, Marchi mantiene esa pulseada.

En este sentido, Marchi destacó que los principios rectores de su desempeño como titular de la Secretaría de Administración de la Corte Suprema fueron la responsabilidad, la rigurosidad y la transparencia. Señaló el contador que “fueron esos principios los que garantizaron la sustentabilidad administrativa y financiera del máximo Tribunal de Justicia, durante más de una década y media de gestión”.

“Gracias al principio de responsabilidad fiscal, mi gestión como administrador generó una base sólida para el cuidado de la independiencia del Poder Judicial de la Nación y, por ende, para vigencia de la República y el Estado de Derecho”, dijo Marchi.

A continuación, señaló: “Dejé la Corte con 150 mil millones de pesos de fondos y cero deuda. Toda la secuencia administrativa, económica y financiera de mi gestión se encuentra publicada, en detalle, en la página web del Alto Tribunal”.

Para Marchi es importante destacar también que “la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, es la última garantía en el cumplimiento de los derechos de nuestros ciudadanos”. Y, en este sentido, concluyó: “El equilibrio de mi gestión, sumado al Fondo Anticíclico creado, aseguran sustentabilidad económica y financiera por muchos años lo que, decisión política mediante, permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas políticas públicas para el Poder Judicial de la Nación”.

Tailhade: “La Corte sabía que Marchi venía con artillería pesada e hicieron una operación con lo de San Juan y Tucumán”

El integrante de la Comisión de Juicio Político sostuvo que la CC- ARI “retrocedió sobre sus pasos”, luego de acusar durante 10 años al juez Lorenzetti como “el máximo corrupto de la Argentina”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) habló este miércoles respecto del fallo del máximo tribunal de justicia y lo relacionó con lo ocurrido en la Comisión de Juicio Político: “La Corte sabía que (Héctor) Marchi venía con artillería pesada e hicieron una operación de prensa con lo de San Juan y Tucumán”.

Además, Tailhade advirtió que existe la posibilidad de que sea agregado como causal del enjuiciamiento a la Corte. “Lo vamos a analizar con detenimiento porque también hay dos o tres hechos más para agregar”.

En declaraciones a FM La Patriada, el diputado kirchnerista expresó: “Ricardo Lorenzetti habló de extorsión y presiones para que Marchi no se presente en la comisión”, y agregó: “También dijo que Carlos Rosenkrantz armó una estructura que le cuesta al Estado 150 millones por año y no se le conoce un papel ni lo que han producido. Son todos ñoquis, según Lorenzetti”.

“Tenemos que considerar estas cosas sobre todo cuando vienen de un juez de la Corte”, indicó el integrante de la Comisión de Juicio Político. Del mismo modo apuntó contra la Coalición Cívica – ARI y su jefe de bancada Juan Manuel López: “Vienen de 10 años de acusaciones para la pavada que dijo ayer”.

En esa línea, amplió: “Hace 10 años que Elisa Carrió dice que Lorenzetti es el más corrupto del país y que Marchi es cómplice y millonario”. Así también, añadió: “La oposición lo único que hace es defender a Horacio Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda”. “Decidieron retroceder sobre sus pasos y tirar la toalla sobre Lorenzetti”, siguió.

En relación a lo ocurrido en la reunión del martes, el integrante del Consejo de la Magistratura relató: “el interés se lo llevó Marchi, pero también declararon la jueza Martina Forns y el contador Nicolás Serafini”. “Ella fue víctima del manejo de la obra social por el fallecimiento de su esposo en pandemia porque se cagaban en todo”, apuntó.

A su vez, afirmó que “la jueza dio cuenta de su situación y mencionó a jueces que están en condiciones de declarar”, en alusión a próximos testigos citados a la comisión. “Serafini ratificó todas las cuestiones que veníamos denunciando”, aseveró.

En el final, explicó que “lo que dijo Marchi fue explosivo”, y enfatizó: “Marchi formalmente denunció que Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, a cambio de contratos y personal sacaron el sobreseimiento del titular del máximo tribunal cuando fue intendente de Rosario”.

“Como buen culpable en vez de dar explicaciones, empezó a recusar a los jueces”, expresó Tailhade, y concluyó: “Lo dijo quien manejo los fondos de la Corte, por es un testimonio absolutamente revelador”.

Marchi denunció que Rosatti otorgó contratos, a pedido de Robles, para “negociar fallos”

El exfuncionario de la Corte se presentó por segunda vez ante la Comisión de Juicio Político y denunció que el titular del máximo tribunal lo amenazó y aseguró que “maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”.

Tras una declaración de más de tres horas, el exfuncionario de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se presentó por segunda vez a testificar ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, para continuar su denuncia por las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, volvió a denunciar que sufre “presiones” y que lo empezaron a “perseguir” tras sus declaraciones.

Además, volvió a apuntar con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. También se despachó contra Mariano Althabe -preside la OSPJN- y Silvio Robles.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

El documento de Marchi y el reclamo de los diputados

Previo a la ronda de preguntas, el contador público hizo una exposición de la “situación” luego de haber testificado ante la comisión. Allí, contó que le interesa “la seguridad jurídica de la mujer y del hombre que por quienes se empiezan a respetar los derechos y se demuestra a través de los hechos de las formalidades de quienes la tienen que garantizar”.

Aclaró que no se presenta ante Diputados por “la bronca de un traslado” sino porque “me citaron como testigo de informes que hice hace bastante tiempo totalmente técnicos y profesionales y están ratificados por la Comisión de Auditoría que formó el Tribunal y para defender al Poder Judicial de la Nación”.

“Tercera vez que digo presente”, destacó Marchi y precisó que fueron dos en la Comisión de Juicio Político y una en el juzgado federal. “Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia”, disparó el funcionario y sumó: “Dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”, y expresó su “mayor respeto” a los compañeros que ya han testificado “o la ausencia de quienes tenían que hacerlo asumiendo sus responsabilidades de funcionarios públicos”.

Al respecto, remarcó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad. Sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir al doctor (Mariano) Althabe y a Silvio Robles, pero dejé en claro que como funcionario público iba a poner en claro la situación”.

“El informe número 4 de supervisión relativo a la gestión de Althabe, el ocultamiento por parte de Robles y el silencio de Rosatti a por lo menos un ministro es suficiente muestra. Después de ese informe Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo de Althabe donde Rosatti lo proponía”, relató Marchi.

Así, comentó que se negó “rotundamente” a los pedidos de Rosatti y le advirtió que “no me asustaban sus amenazas”, e informó que “por eso solicité la semana pasada en sede judicial incorporar copia de los legajos para corroborar la situación”.

“Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que el pueblo si, y por eso estoy con ustedes que son los representantes del pueblo. Que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades”, denunció y solicitó permiso para leer otro documento

En ese momento, el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que “el testigo viene a declarar. Yo no sé quién le escribió lo que está leyendo. En todo caso que tenga un apunte de las referencias, pero tener que leer cosas y dilatar así el interrogatorio, a mí no me parece”.

De la vereda de enfrente, le salió a responder el kirchnerista Rodolfo Tailhade quien explicó que el testigo “está haciendo una introducción a su declaración. No hay nada que impida que lo haga. El pidió autorización, lo autorizamos, no hay preguntas entonces tiene que seguir”.

Lejos de quedarse en silencio, López le retrucó con una pregunta hacia Marchi respecto a quién escribió lo que leyó y que deje copia firmada.

Sin ser miembro de la comisión, pidió la palabra la radical Roxana Reyes para denunciar que “hay vulneración de formas”. “Estoy asombrada que la presidenta conteste preguntas del testigo y asombrada que una de las diputadas -por Vanesa Siley- indique cómo hay que preguntar sobre las generales de la ley. Estoy nuevamente asombrada porque el testigo solamente puede consultar apuntes para cuestiones técnicas, pero no puede venir a relatar una declaración porque tiene que responder a las preguntas y en función de eso consultar los testigos”, denunció al santacruceña.

“Tengo que hacer esas aclaraciones porque si este proceso se va a manejar con esta arbitrariedad, realmente es pasible de todas las nulidades”, advirtió Reyes.

En tono enojada, la titular de la comisión le contestó: “Con todo respeto, pero sus colegas han venido presenciando cada una de las reuniones que realizamos. Sus colegas han venido presenciando y todo ha sido derecho y el único objetivo de la comisión el logar determinar si hay o no mal desempeño y si los hechos que han sido denunciados se cometieron o no”.

“Usted es la primera vez que viene así que le pido por favor que respete el trabajo que se viene realizando”, remató Gaillard.

A su turno, y de forma pacífica Mónica Frade (CC-ARI) le preguntó si se puede poner a consideración para votar “cosas que son ilegales” porque “acá recién se puso a consideración que un testigo venga con un panfleto y lo lea. ¿Eso se puede poner a consideración?”. En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dejaron que leyera un documento, pero Frade le siguió reprochando que “hicieron una vergüenza con Estela De Carlotto”.

El oficialista Leopoldo Moreau aclaró que “no hay ningún obstáculo para que el testigo, firmando y reconociendo la autoría del documento que lee, puede hacer una introducción y luego se le hacen las preguntas”. En ese contexto, Gaillard procedió a leer el artículo 12 del reglamento que establece que el testigo puede basarse en documentos en tanto y en cuento lo autorice la comisión.

Al retomar su testimonio tras el cruce de palabras entre los diputados, Marchi solicitó respeto hacia su persona y apuntó: “Me parece bastante imprudente las consideraciones del diputado López, pero no es mi intención entrar en discusión porque solo quiero hacerles saber a ustedes el estado de situación de cosas importantes que seguramente no están en su conocimiento”.

El exfuncionario judicial se remitió a su exposición de la reunión pasada en donde “quedó claro que bajo la supervisión en el email que Juan Carlos Maqueda le envió a sus ministros que la responsabilidad total sobre la supervisión desde el 2008 hasta el 31 de agosto de 2021 corrió por su cuenta y que, a partir de esa fecha y hasta noviembre de 2022 que se decidió que la supervisión esté a cargo de la Secretaría General de la Administración se realizaron los informes, recomendaciones, acta final de cierres. Posteriormente la responsabilidad de la gestión es de Althabe con su proponente al Dr. Rosatti”.

En esa línea, continuó denunciando las irregularidades en la Corte Suprema: “Con relación al periodo que Maqueda tuvo el control de la obra, todo lo que he declarado es exactamente lo mismo que dice la Comisión de Auditoría ordenada por la propia Corte que describió una gran cantidad de irregularidades, negligencia grave y que no se corresponden con los deberes de un funcionario público. Por otro lado, la OSPJN perdió por lo menos más de 2.700. millones de pesos en la gestión de Althabe propuesto por Rosatti”.

“Cumplí en informarlo al presidente de la Corte en dos veces. La primera en acuerdo donde estaban tres ministros y Althabe haciéndolos saber que ya llevaban perdido más de 1.500.000 millones de pesos por dejar el dinero en las cuentas corrientes. A pesar de mis recomendaciones, este hecho no se corrigió y al final de la gestión de supervisión de la Secretaría General de Administración esta perdida superó los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, Rosatti que propuso a Althabe no hizo nada con él, y Althabe ante esa cifra perdida monumental de dinero sigue como si nada”, relató el contador.

Al respecto, consideró que es una “negligencia grave” producto de “los incumplimientos de los deberes públicos”, y aclaró: “Yo no voy a encubrir esta situación, aunque Rosatti no haya hecho nada. Hay pruebas de que los hechos están denunciados ante mis superiores en tiempo oportuno y que lo ocultó”.

“Hice esta denuncia y fue una de las causas a partir de las cuales me empezaron a perseguir. No puedo hacer ninguna otra declaración porque está bajo investigación de Lijo donde aporté pruebas y pedí que se incorporaran otras”, informó.

Por otro lado, manifestó que la falta de contabilidad general “no genera certezas a las transacciones económicas y financieras, sin presupuesto y balances ciertos. Con información que se puede cambiar o perder. No se pueden controlar ingresos ni egresos con certezas. No existe una organización sin contabilidad integrada. Es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción. Es una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y Rosatti y no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Así, hizo alusión a los “hechos de informalidad” que se generaron “antes y después de mi visita a esta comisión”.  “En primer lugar denuncié la eliminación del email oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo. Una situación gravísima sin mi consentimiento y con funcionarios bajo mi responsabilidad”.

“Segundo denuncié la recepción de Robles del informe 4 de Supervisión de la Secretaría General el 26 de agosto de 2022 y la falta de comunicación a ministros. Otra situación gravísima de ocultamiento. La falta de publicación de informes que mencioné antes”, sumó.

Y agregó: “La denuncia a funcionarios a mi cargo por parte de Robles. Después de esos actos, entiendo que la presencia de Robles como vocero de los tres ministros es de una gravedad extrema y el posible acto de encubrimiento por quienes lo protegen”.

Asimismo, Marchi también denunció que, tras su primera presentación en la comisión, “sufrí hechos de presión”, y detalló: “Primero con un comunicado de la comisión interna de los judiciales que tenía relación directa con la reunión de los tres ministros con algunos pocos empleados en el Palacio de Justicia”.

“En tercer lugar, el comunicado propio de la OSPJN”, enumeró y afirmó que aportará todas las pruebas que busquen desacreditar “mi gestión y atacar a mi persona”, pero resaltó que “es muy importante destacar que los comunicados no tienen firma, una forma utilizada por el vocero de los ministros para transmitir sus órdenes”, disparó el funcionario.

Además, cuestionó que plantean una política financiera “opuesta a la de responsabilidad fiscal que fue llevada hasta hace pocos días. Este tipo de políticas terminan en déficit, inflación, mayores impuestos. Pasaremos de la formalidad a la informalidad como transita el tribunal. De la responsabilidad fiscal a la liberación del gasto sin límites. Reservas de 150 mil millones en la Corte y de 80 mil en la Obra Social son atractivos para cualquier grupo. La independencia presupuestaria del Poder Judicial estará cada vez más lejos”.

Hico un breve comentario respecto al comunicado de la obra social: “Fue hecho por alguien poco inteligente porque decir que lo que hice fue ir en contra de trabajador es mentira. Los sueldos del personal del Poder Judicial se encuentran en el 2% de los más importantes de los trabajadores. El ahorro que tanto me cuestionan no se hizo por ajustar el personal, es para lograr una planta óptima”.

Rosatti, además de no cuidar los ingresos de la Obra Social que fueron perdidos por Althabe que eran para atender la salud de 100 mil afiliados, maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”, planteó.

Marchi también contó que Rosatti “no solicitó informes en el fallo por Coparticipación, siendo que el Poder Judicial perdería por su aplicación más de 10 mil millones anuales a valores actuales y generaría complicaciones. No consultó a la Secretaría General de Administración respecto de las consecuencias de su llegada a la presidencia del Consejo de la Magistratura”.

Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos por parte de Silvio Robles por orden de Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, señaló.

Sobre esto, recomendó: “Esta causa tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti, dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, para dejar en claro esta situación”.

Por último, se refirió al juicio político presentado por la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti: “Es falso la cooptación de las estructuras del Consejo para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia. La transferencia fue solicitada por los consejeros y aceptada por la Corte. Los recursos se transfirieron un par de meses y nunca más se hicieron, quedando una deuda enorme. El personal de dichas dependencias se redujo en más del 40%”.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción y le anticipó que le iniciará juicio por la falsa denuncia que le hizo.

Las preguntas y el testimonio

El primero en consultar fue el titular del bloque CC-ARI, sobre la relación que mantiene Marchi con Lorenzetti: “El vínculo es laboral. Con ninguno tuve problemas personales”. Además, contó que los expedientes de la Obra Social que pasan por la Corte, pero durante la gestión de Maqueda “nada se hacía sin el ‘ok’ de él”.

López, también le preguntó si recordaba quién firmó las resoluciones que designaron a Aldo Tonón al cargo de la OSPJN, a lo que Marchi afirmó: “No recuerdo, pero si eran resoluciones fue Maqueda porque Tonón era el médico personal”.

“Yo ingresé con una Corte de siete ministros y había un respeto de forma y de palabra. Habíamos manifestado que Maqueda asumió que estaba a cargo de la obra social sin haber un acto específico. No se hacía ninguna resolución sin su autorización”, explicó.

Al responderle a la diputada Graciela Ocaña, Marchi contó que post pandemia hubo una “eclosión en la obra social. Hubo una diferencia entre Maqueda y Tonón y se dejaron de hablar. Ahí vino el gran problema y vino la explosión. No sé qué pasó. Tonón no podía hacer nada sin la autorización de Maqueda”.

Juicio político: Convocaron a los testigos para este martes

Tres son reprogramados de otras audiencias. La cuarta es una jueza federal cuyo nombre surgió en la reunión de este miércoles. Seguirán con las supuestas irregularidades en la OSPJN.

Ya se conocen los nombres de los testigos convocados para la próxima audiencia de la Comisión de Juicio Político, prevista para este martes a las 13.

Según la nota a la que accedió parlamentario.com, son cuatro los testigos previstos, y la convocatoria se aviene a lo expresado en el inicio de la audiencia de este miércoles.

El primero de la nómina es Héctor Daniel Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Ya declaró en la reunión del 25 de abril y quedó en regresar en la siguiente, para responder preguntas sobre lo que se conoce como el “informe Marchi”, elaborado en torno a la investigación de las irregularidades en la OSPJN. Debía presentarse este miércoles, pero fue reprogramado para la semana siguiente porque este miércoles fue convocado para declarar por la misma causa ante el juez Ariel Lijo.

También han sido citados Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar.

También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó esta semana y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que él mismo suscribió.

Por último, ha sido citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según se ha denunciado.

Picante cruce entre López y Tailhade por la ausencia de Héctor Marchi a la comisión

El exadministrador de la Corte pidió reprogramar la citación para la próxima semana, debido a que este miércoles lo citó a declarar el juez Ariel Lijo por la causa de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.

Picante fue el arranque en la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados de este miércoles, luego de que el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade se cruzaran por la ausencia del exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.

Marchi pidió reprogramar su citación para la próxima semana, ya que fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social. Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no).

Al respecto, López pidió el uso de la palabra y, antes de fundamentar su postura, comentó: “Nos tendríamos que estar dedicando a otra cosa”.

“Usted dice que el contador Marchi no va a venir hoy. Más allá de que lamentamos que no venga porque es un testigo clave que, para trabajar de una manera más correcta, la reunión pasada dijimos ‘cortamos a tal hora y el testigo viene a la reunión siguiente’, cosa que no está ocurriendo”, arrancó su interrupción el lilito y sumó: “Nosotros pospusimos nuestras preguntas y tendríamos más preguntas para hacerle después de la particular declaración del testigo”.

Con tono elevado, disparó: “Esta particular declaración que hizo acá, ahora entiendo que la está llevando justo que se reúne la Comisión como si esta semana no tuviera cuatro días, la que viene no tuviera cinco días hábiles y parece que existiera sólo el miércoles a la tarde por fuera del horario de Tribunales, justo Marchi no puede venir hoy. Le tocó la suerte de que el juez Lijo, que lo tendría que estar investigando a Marchi, le toma declaración testimonial”.

“La conducta de Marchi que vino acá, yo creo que a decir alguna cosa que lo incriminan o incriminan al expresidente de la Corte al doctor Lorenzetti. En algún punto a cometer falso testimonio y tiene la suerte de que un juez federal le toma una declaración a medida el día que se reúne la comisión”, lanzó López.

En esa línea, denunció: “Yo sé que ustedes no se van a escandalizar por esto… yo entiendo que estemos todos mal, que el país la esté pasando mal, pero déjenme lo decir lo que pasa acá. Yo vi a muchos diputados muy entusiasmados la reunión pasada con la declaración de Marchi…. Marchi vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no autoincriminación o incriminación de su jefe político y ahora tiene la suerte que el juez Lijo, gran amigo del FdT le hace estas declaraciones…espero que el doctor Marchi no tenga todos los días una declaración testimonial para no venir acá”.

Yo sé que este Juicio Político se está muriendo, pero antes de que se muera preferiría tratar de tomarle testimonial a Marchi”, manifestó y sugirió: “Veremos qué se merece la actitud del juez Lijo, un pedido de Jury o un apercibimiento porque cierra la causa, reabre la causa. Tiene con Lorenzetti un vínculo bastante raro y le viene bien a Lorenzetti y a los amigos de ustedes”.

Por otro lado, planteó: “Son 8 los magistrados a los que se les está haciendo tareas de inteligencia ilegal. Sigamos en este proceso que es bastante patético que ni ustedes lo sostienen. Agradezcan que venimos a defender la legalidad porque si no esto estaría muerto”.

“Quiero hacer algunas apreciaciones respecto de la presentación en altavoz que hizo el diputado López”, arrancó su respuesta el kirchnerista Rodolfo Tailhade. “Ninguno de estos diputados tiene absolutamente nada que ver con la citación dispuesta por el juez Lijo respecto del contador Marchi. Nos hubiese encantando tenerlo hoy no solo para preguntar de la obra social sino de varias cosas”, expresó el oficialista.

Además, aseguró no conocer personalmente a Lijo: “Nunca lo vi. Creo que el 90% de los diputados que integran el bloque oficialista en la comisión no lo conocen y nunca lo vieron. No sé de dónde saca el diputado López que es amigo del FdT, un juez que está casado con la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad puesta por Horacio Rodríguez Larreta”.

“No sé de dónde saca que es amigo del FdT un juez que metió preso a nuestro vicepresidente sacándolo en pantuflas”, volvió a preguntar y lanzó: “Si sé que, así como nosotros no conocemos a Lijo, el diputado López fue al despacho del juez Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi porque lo dijo el otro día el contador. No sé a título de qué y yo creo que también fue a pedir otra cosa más”.

Lejos de quedarse callado, el diputado de la CC-ARI le contestó: “Lamento que su inteligencia legal o ilegal le de mal los resultados. Habló de un matrimonio que, hasta donde sé, no existe, además de meterse en la vida privada de dos personas”.

“Tailhade cree que nos intimida ventilando cosas”, retrucó y afirmó: “Desde que soy diputado fui a la Corte dos veces y se lo relaté a una periodista que vino a declarar acá. No tengo ningún problema en decir que fui a la Corte, no oculto nada”.

En tanto, le dijo a Tailhade: “Usted está haciendo suyas las palabras del contador Marchi que me inicio dos mediaciones porque dije que para mí la Corte tenía que tener otro administrador general porque para mí era un mal administrador”.

Y le enrostró: “Usted ensucia a todo el mundo. Se cree demasiado vivo, pero es demasiado tonto para entender el derecho y para ejercer esa tarea de inteligencia que no le da miedo a nadie. Nos carpetea todos los días. ¿Cómo hay que contestarte?”.

Juicio Político: los testigos previstos para este miércoles

A diferencia de lo que estaba anunciado, no estarán Héctor Marchi ni Aldo Tonón, previstos originalmente para asistir esta semana. La reunión arranca a las 15.

comision juicio politico 21 marzo 2023

Finalmente se conoció la lista de los testigos convocados para este miércoles, que es bien distinta de la prevista originalmente. Es que el jueves pasado, cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación: en lugar del jueves, sería el miércoles 3.

En la última reunión se había anunciado que la siguiente no sería este martes, por el feriado del 1° de mayo, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.

No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.

No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.

Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, exdirector de la obra social, se lo mantenía en la grilla de convocados. Iba a ser la tercera vez, pero finalmente en la nómina conocida este martes ya no apareció su nombre. Según pudo saber este medio, es porque anticipó que mantenía su tesitura de no declarar ante la comisión, argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político ya rechazó en las dos oportunidades en que faltó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. En ese caso, parlamentario.com pudo saber que votarían este miércoles su citación por la fuerza pública.

Los testigos citados entonces son el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

Juicio Político: cambiaron la grilla de testigos para esta semana

A diferencia de lo que estaba anunciado, no estará este miércoles Héctor Marchi. Las razones de su ausencia y los convocados que deberán presentarse.

Llamó la atención el jueves pasado cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, en la que figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación por el miércoles 3.

Es que el martes pasado se anunció que la reunión venidera no se haría esta vez este martes, por el feriado del lunes, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.

No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.

No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.

Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, extitular de la obra social, es la tercera vez que lo convocan. ¿Será la vencida? Tonón hasta ahora se ha resistido a asistir argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político rechazó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. No está confirmado que venga ahora, y si no lo hace, se le cursará oficio a un juez para que ordene llevarlo por la fuerza pública.

Además de Tonón, ahora han sido citados otros testigos que fueron postergados. El secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte Suprema y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

Habrá que ver si, en virtud de la cantidad de citados, se resuelve adelantar el inicio de la reunión. En principio, no está previsto.

Convocaron a la Comisión de Juicio Político para el miércoles, con solo dos testigos

Si bien en principio habían previsto volver a reunirse el jueves a partir de las 11, se conoció cambio de fecha con novedades.

El martes pasado en la reunión de la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard se debatió brevemente si el próximo encuentro sería el miércoles o jueves próximo. De entrada habían aclarado que no se reunirían el martes, como acostumbran, pero finalmente se estableció que fuera el jueves a partir de las 11.

Sin embargo este jueves por la noche se conoció la convocatoria dispuesta por Carolina Gaillard para reunirse el miércoles a partir de las 15, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A, de la Cámara baja, a fin de recibir la declaración de solo dos testigos.

Los convocados son Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, que ya en dos oportunidades pidió no asistir, argumentando que hay una causa en curso en la que él está involucrado y quiere evitar que cualquier declaración ahora pueda resultarle en contra.

El otro testigo convocado es el exadministrador general de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Daniel Marchi, quien sí declaró el martes pasado, pero en esa oportunidad se acordó que volviera a ser convocado la próxima semana para hablar del informe de 20 mil fojas que él elaboró en torno al estado de la Obra Social del Poder Judicial.

En principio esos serían entonces los únicos dos convocados para la próxima semana en el marco del  juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

Tailhade: “Los miembros de la Corte son cuatro barrabravas”

El diputado del FdT aseveró que Silvio Robles amenaza a Marchi y a los trabajadores de la obra social del poder Judicial. Además, denunció que Juan Manuel López le dijo que si avanzan con el juicio “el dólar se irá a 800 pesos”.

Tras la denuncia del contado Héctor Marchi en la última reunión de Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) arremetió con el máximo tribunal de justicia y expresó: “Los miembros de la Corte son cuatro barrabravas”.

Además, el legislador ultrakirchnerista denunció que el presidente de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, le gritó -entre risas e ironías- que si solicitaba la inspección ocular para revisar lo que decía Marchi “el dólar se iría a 800 pesos”.

En diálogo por Radio 10, el diputado se refirió a la denuncia de Marchi y anunció que falta aún más porque vuelve a declarar el jueves que viene”. Del mismo modo, remarcó: “No olvidemos que el contador Marchi es el principal testigo del juicio de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti”.

“Lo que declaró el martes fue lapidario sobre lo que pasa en la Corte porque ratificó todas las irregularidades de la obra social y dio precisiones sobre faltante de dinero. Habló de una pérdida de 3.000 millones de pesos en 2022 por no tener control, y dijo que si hacemos cuentas para atrás nos vamos a encontrar con cifras siderales”, recordó Tailhade.

A su vez, el diputado le atribuyó las irregularidades de la obra social a un miembro de la Corte: “Juan Carlos Maqueda fue responsable desde 2008 a 2018 de la obra social”, y añadió que “Marchi dijo que Silvio Robles lo amenaza a él para que no venga a declarar. Lo de la mafia judicial está cada vez más claro”.

En tal sentido, manifestó: “Uno pretende declarar y como buenos mafiosos lo amenazan, lo extorsionan, lo sancionan y los desplazan”, y agregó: “Cada vez aparecen más argumentos que nos dan la razón”, en alusión sobre el pedido de Juicio Político.

Por otro lado, sostuvo que “la Corte argentina son cuatro barrabravas que no usan el derecho sino el poder y que están buscando conseguir poder político, y encima le dan la espalada al sistema político y a la ciudadanía”. “Hay una connivencia pornográfica entre los acusados y los sectores políticos que salen en su defensa”, aseveró.

Del mismo modo, recodó cuando Marchi dijo que los desplazaron y que hubo ocupación policial en el cuarto piso: “Pedí la palabra y le digo a la presidenta de pedir la inspección ocular para revisar todo lo que dice Marchi y fue allí que el diputado López me dice si vas al cuarto piso con la inspección ocular de la Corte, el dólar se va a 800”.

Así también, agregó que Marchi señaló que López “había ido a una vocalía de Horacio Rosatti a pedir que lo echaran (a Marchi)”. “La Corte responsabiliza a Marchi, pero la Corte miente y nosotros tenemos los documentos que dicen que Maqueda manejó la obra social”, indicó.

Por último, afirmó que “las amenazas de Robles a Marchi y el espionaje ilegal sobre los trabajadores no pueden ser desconocidas por Horacio Rosatti”. “Es un elemento más para el juicio político y vamos a ir por ese camino”, finalizó.

“Siempre fue Maqueda quien estuvo a cargo de la obra social de la Corte”

Eso afirmó el exadministrador de la Corte Suprema Héctor Marchi al testificar ante la Comisión de Juicio Político y denunció que “todos los directores los eligió Maqueda y nunca hubo concurso”.

El reciente desplazado administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, afirmó en la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, que lleva a cabo las investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que “siempre fue Juan Carlos Maqueda quien estuvo a cargo de la obra social”, y denunció que “todos los directos los eligió él y nunca hubo concurso”.

Previo a la ronda de preguntas, el contador pidió autorización para dar contexto a la situación de la Obra Social en la última década: “El período donde estaba Nicolás Reyes como administrador, estaban unidos el Consejo, la Corte y todo dependía de la Administración, esa es la razón de la acordada 31 del 2005 que se cita en la nota que envió la Corte durante la presidencia de Petracchi”.

“Luego se separó la Corte del Consejo. Cambió la presidencia y Reyes se retiró”, sumó y contó que al asumir “hubo que reorganizar todo. La nueva composición bajo la presidencia de Lorenzetti llegó a un acuerdo muy claro: desconcentrar las áreas y que no todo dependiera de la presidencia o de la administración como en el periodo anterior”.

Y precisó que eso dice la acordada 9/2008 “desconcentrar actividades ajenas a la administración”, y remarcó que por ese motivo se distribuyeron las áreas. “La doctora Highton de Nolasco con oficina de violencia doméstica, el doctor Maqueda con la Obra Social, Zaffaroni y Lorenzetti con el centro de información judicial. Cada ministro dirigía esa área y mandaba los proyectos de decisiones que el presidente firmaba, pero cada área era independiente”.

 Al respecto, subrayó que cuando se asignaron las tareas por acordada “Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso. Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró, es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”.

“Pero en este caso, nuevamente, se lo designó sin concurso y el doctor Altave a propuesta de Rosatti. Considero que es un error, lo expresé en el informe 1. Maqueda designó al directorio con Tonón. Me pidió que designara a un representante de la administración, luego me pidió que lo sacara. Por eso hay cierta confusión porque se dice que la obra estaba bajo la dependencia directa de la Administración y seguidamente se señala que tiene una autonomía funcional y financiera con la responsabilidad de un directorio. Algo contradictorio”, explayó.

Y continuó leyendo: “El directorio unipersonal decía todo. Con consulta permanente con el doctor Maqueda y luego a través de un mail dice que fue un error sacar a la administración de la obra, refiriéndose a la del doctor Reyes y dice que la única manera que funcione es bajo la supervisión de la administración. Por eso volví y comencé con los dictámenes de supervisión recién con la acordada 19/2021 que me coloca en la órbita de la obra social y con informes mensuales de supervisión”.

“Esos dictámenes fueron muy críticos. Si yo hubiese estado a cargo de la obra, no me hubiese autocriticado. Tampoco me hubiese sancionado con el traslado. Es absurdo que se diga que yo estaba a cargo de la obra”, se defendió el funcionario y cuestionó que “en el nuevo período tampoco cambiaron las cosas. El directorio lo propuso el doctor Rosatti. Los empleados se designaron a propuesta del doctor Altave, los auditores para controlar los designó la Corte. Yo me opuse a eso porque la apariencia bajo la transparencia hay un control de hecho. Eso le hace mal a la Corte y a todo el Poder Judicial de la Nación”.

Héctor Marchi denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano están siendo “víctimas de seguimientos y amenazas”

El reciente desplazado administrador de la Corte testificó ante la Comisión de Juicio Político sobre la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Confirmó su asistencia a la próxima reunión.

Con gran expectativa, la Comisión de Juicio Político de Diputados recibió en la reunión de este martes a Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, ante la cual denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano están siendo “víctimas de seguimientos y amenazas”.

Además, se despachó con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, dejando expuesta la fuerte grieta que existe en el seno de la Corte entre Lorenzetti y los restantes tres miembros del máximo tribunal. Asimismo, asoció al juez Juan Carlos Maqueda con la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la cual recaen denuncias sobre presuntas irregularidades.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

En el arranque de la reunión, Gaillard recordó que “en la Acordada 11/23 de reestructuración funcional hay una disidencia del doctor Lorenzetti donde menciona que el contador Marchi habría elevado un informe sobre la obra social y que eso podría estar vinculado a su desplazamiento”. Por eso, “se entendió que era lógico” convocarlo a la comisión, argumentó. 

A continuación, informó que “afortunadamente, en el día de ayer, la Corte se expidió y ha contestado el oficio que esta comisión le requirió enviando toda la información”. Sin embargo, “teniendo en cuenta que esta información llegó anoche y no va a ser posible poder estudiarla con detenimiento, se lo va a volver a citar (a Marchi) para que venga a otra reunión”, que se realizará el próximo jueves 4 de mayo (atento que el martes 2 no habrá reunión por el feriado del día anterior).

Antes de pasar a la ronda de preguntas, Gaillard le aclaró: “Lo hemos citado para el día de hoy porque a raíz de la acordada 11/23 esta comisión se notificó a partir de la disidencia del doctor Lorenzetti que usted había elevado un información que la comisión había requerido a la Corte y pedimos que sea enviada con 24 horas y fue recibida anoche a última hora”, por lo que le solicitó a Marchi su presencia la próxima semana porque “mucha de esa información no la hemos podido verla en detalle y con precisión y profundidad que queremos”.

El funcionario confirmó su presencia manifestando: “No tengo ningún problema, me parece totalmente lógico porque son 20 mil fojas, cuatro informes, un acta final, 30 recomendaciones y me parece muy prudente y beneficioso que todos ustedes lo puedan leer en profundidad y se puedan discutir adecuadamente”.

Previo a las preguntas, pidió hacer algunas salvedades: “Quiero dejar en claro que la situación en la que vengo a declarar es en el marco de una demanda civil que yo tengo con la diputada (Elisa) Carrió. La causa se encuentra en trámite. Públicamente ustedes saben que yo he pedido dos recusaciones por el tiempo transcurrido porque me parecía un tiempo totalmente prolongado cuatro años y medio paradas las causas cuando, en realidad, en instancias anteriores se demoró menor tiempo, una de ellas fue rechazada en menos de 24 horas y la otra fue rechaza cambiando la jurisprudencia”.

“Si bien son cuestiones que acepto como los fallos como debe ser, como este juicio lo voy a seguir en tribunales internacionales y con el mayor respeto a la exdiputada Carrió, me voy a tomar reserva de algunas cuestiones porque tiene que ver también con el Juicio Político hacia el juez Lorenzetti que me incluye en donde las denuncias formuladas tienen que ver, en su mayor parte, con esta demanda que está en trámite con el agregado del tema de la obra social en donde estoy señalado puntualmente y en donde me gustaría dar las respuestas que correspondan”, planteó.

Marchi denunció que “en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver mi persona. No me refiero solo a haber dividido una Secretaría General de Administración, que está en toda su facultad la Corte de hacerlo, pero si en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta en donde la secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluyen a todas las personas que hemos trabajado en la Auditoría de la Obra Social.

“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como es el tema de la Obra Social y que genera mucha presión en mí, pero no me impide en venir y contar la verdad y ayudarlos a avanzar con este tema tan importante”, afirmó.

El testimonio

Fue el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau el encargado de abrir el interrogatorio preguntándole respecto a su llegada a la Corte, a lo que Marchi contestó que fue por su trayectoria y aclaró: “No soy kirchnerista ni de cambiemos porque en las distintas etapas de los gobiernos he sufrido pintadas de que era de uno o de otro y tuve bravas discusiones con todos judicialmente, pero siempre defendiendo los intereses del Poder Judicial”.

“Recibí un llamado de Lorenzetti cuando yo estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda de mi provincia. A partir de mi gestión en Santa Fe me propuso la idea de charlar con todos los ministros de la Corte de venir a trabajar en temas presupuestarios y económicos que estaban totalmente olvidados en la Corte Suprema”, contó e indicó que fue director en el 2007, en el 2008 estuvo como subadministrador acompañando un mes a Nicolás Reyes.

En esa línea, recordó que al llegar la Corte Suprema tenía un estado muy “difícil. No estaban ni los foquitos de la entrada. Lo primero que hice fue poner iluminación para que haya transparencia. Había fondos de presupuestarios, no había un circuito administrativo armado y no había una estrategia financiera armada”.

“Todos los ministros me pidieron algo, pero especialmente el doctor Carlos Fayt me dijo si tenía la suficiente fuerza para defender al Poder Judicial fuera del Poder, pero por sobre todo dentro para arriba y para abajo. Yo me comprometí con el doctor en hacerlo y me dijo que si no lo hacía no podía seguir estando en el Poder Judicial y menos en la Corte. Esa fue mi llegada”, relató Marchi y aclaró que durante 16 años trabajó los miembros de Reyes y lo acompañaron con el manejo del dinero “todas mujeres, no tengo hombres dentro de la administración que manejen el presupuesto. Estoy honrado de que mujeres hayan hecho tan hermoso solamente con la estrategia que fijé, me duele cuando se duda del trabajo realizado”.

Y volvió a denunciar que “la administración que realizamos ha sido desguazada y he sido trasladado, en lo cual los funcionarios están siendo amenazados”.

El funcionario precisó que en 2015 se suprimió la Secretaría General de Gestión y las áreas se unieron a las de la Secretaría General de Administración. “Se hizo para buscar mayor eficiencia y evitar menores costos”, explicó y criticó que “tenemos menos personal a pesar de las áreas creadas. La planta de personal habilitada es de 4.700 empleados, y la ocupada es de 2.500 o sea que está prácticamente en la mitad, la mitad de los cargos están vacantes y parte de la política de responsabilidad fiscal obedece a eso”.

Por otro lado, informó que las acordadas antes de su resolución tenían que pasar por todas las áreas competentes dependiendo del tema que se trataba. “Esa era la costumbre por solemnidad se tenía que hacer”, remarcó y alertó que “esa formalidad hoy en día no se respeta totalmente”.

“Hay muchos cambios que a mi me generan dudas como por ejemplo que la mesa de entrada de la Secretaría General de Administración pase a la Secretaría General de Asuntos Jurídicos. Se destruyeron todas las auditorías vigentes”, planteó el santafecino comentó que “nadie” habló con él respecto a su desplazamiento.

Al ser consultado por Moreau sobre la Supervisión en la Obra Social explicó que el sistema “venía de un deterioro que hizo explosión en pandemia. En ese momento Maqueda, que estaba a cargo, me llamó y me preguntó cuáles eran los principales problemas que podría haber ahí. Para mi el problema era con los prestadores que tenían aranceles muy bajos y por otro lado que había un grave problema al no tener un sistema informático. Ahí se creó la Comisión de Informatización Judicial de la Nación de la cual fui presidente. A los cuatro meses entregamos un proyecto para licitar un software de gestión general para que la Obra Social le agregue sus especificaciones, pero no pasó nada y los problemas aumentaron. Ahí me designaron y se hizo un diagnóstico de donde salió la acordada y di las recomendaciones de lo que se podía hacer. Ese fue el primer informe”.

Al respecto, indicó que en dicho informe destacó los tres problemas que detectó: de tipo orgánico donde había un directorio unipersonal que tomaba las decisiones y delegaciones a personas para tomar actos importantes; había cargos vacantes de mucha importancia y las locaciones de servicio. “Aconsejé que se incorporara a un contador y a un abogado del Poder Judicial porque son los que más conocimientos tienen de lo que es la Obra Social”, contó.

La Obra Social cuando yo ingresé estaba fundida, no tenían ni para pagar los sueldos”, lanzó Marchi y destacó que la Secretaría General de Administración logró salvar la Obra Social.

Además, sostuvo que hubo tres meses de 2021 donde “se produjeron los tres primeros informes. El primero era un diagnóstico, el segundo avanzaba con el primero y el torcer informe marca una serie de deficiencias en la obra social. El informe cuarto fue entregado a la presidencia y recibido por Silvio Robles”.

“Robles era el vocero de Rosatti dentro de la Corte, él hablaba con los directores y era una cuestión con la que yo no estaba muy conforme. La manera de manejarse de esta persona llevaba indicaciones a los directores de parte de Rosatti o de parte de los tres ministros, cosa que no me consta y por lo que algún ministro me ha reclamado no le entregó el informe cuatro”, describió.

Por otro lado, explicó que el Fondo Anticíclico de la Obra Social firmada por los siete ministros de la Corte se creó a partir de los excedentes que se generaron a partir de la política de salarios altos. “Los ministros determinaron que parte de ese dinero pase a la Corte Suprema y fue el directorio de la Obra Social el que fijó el montó para transferir. Eso no implica manejar la Obra Social porque queda con su dinero para manejarse”, precisó y opinó que la Obra Social en materia de gestión financiera “es un desastre” porque “hay remanentes de 10 mil millones en cuentas corrientes porque no hacen los plazos fijos y eso remunerado en 8 meses implica perder 3 mil millones de pesos para la obra social”.

“Esta Auditoría que estuvo unos años, lo que hicimos fue detectar todas las falencias de una Obra Social en todos los sentidos para mejorarla para 100 mil afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, planteó el administrativo.

En suma, el funcionario subrayó que Maqueda supervisaba y estaba la tanto de todos los actos que se realizaban. “El doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que se autoricen porque nada se hacía sin la autorización de Maqueda. Cualquier movimiento en la Obra Social tenía que ser autorizado por él. Hay un cúmulo de erogaciones que tiene que ver con la compra de medicamentos de compra directa sin expedientes, sin dictámenes, solamente con una orden de arriba”.

“Tonón, a propuesta de Maqueda, fue presidente de la Obra Social. Él empezó como auditor de la obra social”, aseguró el contador y afirmó que Maqueda estuvo “casi 10 años como responsable de la Obra Social”.

En una breve interrupción, la oficialista Mara Brawer le solicitó al testigo que expliqué qué informe no entregó Robles y a quiénes.

“Primero hubo reticencia a aceptármelo. Nadie quería recibirlo al informe cuatro, lo mandé de prepo a presidencia y lo recibió el señor Robles. Al doctor Lorenzetti no se lo mandó. No me consta si se lo mandó a los demás, pero obedece al grado de informalidad con que se está manejando la Corte porque si todo fuese por los carriles normales, no ocurrirían este tipo de cosas. El traslado que han hecho de mí, luego de mostrarles cómo está la administración, obedece al informe cuatro que está la punta del ovillo porque involucra al doctor Altave que fue propuesto por Rosatti y Robles lo escondió, por más amenazas que tengo, pero lo voy a decir”, denunció.

La informalidad llegó para quedarse en la Corte. El informe cuatro es el ovillo y generó mi trasladó. También hubo otro tipo de informalidades a las que me opuso porque se usaron aparatos por fuera de mí y de mi administración. Es muy grave. En diciembre el señor Robles eliminó el mail del presidente de la Corte y dio la orden al director de sistema que manden todo al mail de él”, planteó.

Continuó el desfile de testigos para hablar de la Obra Social de los Judiciales

Con la presencia especial de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte hasta la semana pasada, la Comisión de Juicio Político reanudó el enjuiciamiento.