Los bancos cruzaron a JxC por los dichos sobre el canje de deuda

Los economistas de JxC habían publicado en Twitter que el Gobierno prepara una “una operación vil y ruinosa para el Estado”.

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), a cargo de Javier Bolzico, desmintió los dichos de los economistas de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Luciano Laspina, sobre la propuesta del canje de deuda del ministro de Economía, Sergio Massa.

El presidente de la ADEBA defendió la iniciativa luego de lo que fueron las acusaciones del ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien mantuvo la misma postura que los economistas Guido Sandleris y Luciano Laspina, sobre la misma.

Lacunza publicó en su cuenta de Twitter que “el Gobierno prepara un canje de deuda con los bancos” y que la interpreta como “una operación vil y ruinosa para el Estado”.

Tras esto, Bolzico remarcó que “la propuesta canje de deuda es por títulos (no por tenedor)”. Además, señaló que “los bancos tienen un porcentaje menor del total de la deuda. Por lo tanto, decir que es ‘con los bancos’ es -como mínimo- falaz”. “Un Put es una opción de venta de un activo a un precio fijo predeterminado de antemano”, añadió el presidente de ADEBA.

“Hasta hoy el Banco Central nunca compró bonos a precio que no sea de mercado. Es un error conceptual llamar Put a la opción de liquidez de vender bonos al Banco Central”, aseveró.

“El seguro de cambio no tiene nada que ver con la moneda en que se paga un título. Los títulos duales, pueden considerarse, en ciertos escenarios, una deuda en dólares. La mayor parte de la deuda argentina está denominada en dólares”, cerró.

Entre el optimismo y la colisión  

Los economistas que expusieron en el 58º Coloquio IDEA, también coincidieron en un plan de estabilización que permita contener la suba de precios y parar la inflación.

Enviado especial a Mar del Plata

En el panel económico de la tercera jornada del 58° Coloquio IDEA, donde expusieron Esteban Domecq (Invecq Consultora Económica), Hernán Lacunza, Marina Dal Poggetto (Eco Go), el ministro de finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano y Martín Redrado brindaron un dato penoso: en los últimos 40 años casi la mitad del país estuvo en recesión.  

Redrado en su exposición dijo que “la Argentina necesita un programa de estabilización y crecimiento”, y propuso “una regla de desindexación de todo el gasto público, que sea acompañado por los impuestos provinciales y municipales. La clave es qué hacer con un gasto público que representa casi 40 puntos del PBI, cómo lo bajamos en el contexto de crisis social que hay en el país”. 

Por su parte, Domecq expuso que “en los últimos 41 años, tuvimos 18 años recesivos, cuando la región tuvo 8. El crecimiento acumulado en ese periodo fue de apenas 92 %, cuando en la región alcanzó 206%”. 

Además, agregó en representación de IDEA que “el orden fiscal tiene que ser una política de Estado”. 

El exministro de economía, Hernán Lacunza criticó “los consensos oportunistas” y pidió “convicción a la hora de tomar medidas” una forma de cuestionar las decisiones en materia económica lanzadas ante situaciones coyunturales.  

“Soy optimista que el próximo gobierno pueda hacer un cambio de régimen. No se puede seguir con más de lo mismo, ya es vox populi, que hay una demanda social de cambio”. 

En tanto, Marina Dal Poggetto afirmó que “hace falta un programa de estabilización que contemple las reformas estructurales”, y no coincidió sobre el optimismo brindado por sus colegas, señalando que “la crisis social reinante nos puede llevar a una colisión”, y que en definitiva “puede cambiar cualquier estructura”. 

Subrayó además que “nos tenemos que poner de acuerdo en qué gastar. Queremos los impuestos de Paraguay, con el gasto de Suecia y teniendo la productividad de Zambia”. 

Por otro lado, el ministro de finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano resaltó que “la Argentina tiene política de Estado”, e irónicamente dijo que “son los déficits fiscales”. 

El Pro quiere conocer los detalles del acuerdo con el FMI antes de definirse

El bloque Frente Pro de diputados nacionales mantuvo este miércoles por la tarde un encuentro de análisis y debate sobre dos temas centrales de la agenda política el Consejo de la Magistratura y el acuerdo con el FMI.

En línea con la opinión de su presidente, Gerardo Morales, el radicalismo viene mostrando cierta disposición a favor de apoyar el acuerdo firmado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Similar posición anticipa también la Coalición Cívica, a partir de la línea que ha bajado su líder, Elisa Carrió. Faltaba conocer la postura del Pro, algunos de cuyos referentes han puesto ciertos reparos, comenzando por el expresidente Mauricio Macri y siguiendo por la titular del partido, Patricia Bullrich, que deslizó incluso que si el oficialismo se divide a la hora de votar, debería optarse por la derogación de la ley impulsada justamente por este Gobierno hace exactamente un año y que dispuso que el acuerdo por la deuda pase por el Congreso.

Para analizar seriamente qué decisión llevarán al seno de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles el bloque de diputados nacionales del Pro. El temario era concreto y atendiendo las dos cuestiones legislativas más perentorias: el Consejo de la Magistratura y el acuerdo con el FMI.

El encuentro se celebró a partir de las 14 en el Anexo C de la Cámara baja y durante las deliberaciones, la bancada presidida por Cristian Ritondo coincidió por unanimidad en que resulta “imprescindible” conocer los detalles del acuerdo con el Fondo para poder consensuar luego una postura en el bloque y en Juntos por el Cambio.

De esta manera se diferenció de los otros dos socios principales de la principal oposición, y esa será la postura que llevará al seno del encuentro que mantendrá este jueves la Mesa Nacional de JxC.

Desde el bloque Pro destacaron la importancia de no caer en default y de avanzar hacia un acuerdo razonable que le permita a la Argentina mantener una relación madura con el mundo.

“Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas”, subrayó Ritondo.

Y agregó el jefe de la bancada Pro: “Queremos que sea un país normal y no un Estado rehén del relato populista que atrasa y nos hunde en la pobreza y el aislamiento”.

El primer tema a analizar fue el del Consejo de la Magistratura, que se extendió hasta las 16. Sobre esa cuestión hubo coincidencia unánime para que el instituto creado por la reforma constitucional de 1994 sea presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia. 

Gustavo Ferrari y Pablo Tonelli expusieron sobre el Consejo de la Magistratura.

Autor de uno de los proyectos de reforma y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli (Pro – CABA) aclaró que “la solución más republicana es que el Congreso dicte una nueva ley orgánica. Los principales puntos que debe contener la ley incluyen que la Corte, a través de uno de sus miembros, integre el Consejo y lo presida, mejorar el procedimiento de los concursos y la gestión presupuestaria, e incrementar las auditorías y controles de gestión del Poder Judicial”.

A su turno, el exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari sostuvo que “la conformación del Consejo de la Magistratura, por la exigencia constitucional, es el garante de la independencia judicial. Según como se elijan a los jueces es cómo vamos a tener el modelo de Justicia que el país merece y con una administración lógica hacia las necesidades de los ciudadanos”. Finalmente, concluyó que “la Argentina necesita una Justicia independiente”.

Entretanto, Diego Marías, integrante del Consejo de la Magistratura, explicó que este órgano multisectorial “es importante porque es lo que la Constitución prevé para designar y/o remover a los jueces de todo el país y otra función es administrar el Poder Judicial”. De ahí la necesidad de acatar el reciente fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley de reforma de 2006 y que ordena volver a un Consejo de 20 miembros con el presidente de la Corte a la cabeza.

La letra chica del acuerdo

Pasadas las 16 el debate rumbeó, como dijimos, hacia la cuestión con el Fondo. Ahí habló el referente económico legislativo Luciano Laspina (Santa Fe), quien insistió en que “todavía no conocemos la letra del acuerdo. Lo que sabemos es que no hay cambios de fondo en las principales políticas del kirchnerismo, pero al menos le pone un freno al descontrol monetario y fiscal que viene haciendo el Gobierno”.

También participó e hizo uso de la palabra el exministro de Economía Hernán Lacunza. Para el último jefe del Palacio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, del acuerdo solo se conoce una hoja de ruta. “Por ahora -dijo- se evitó el default, lo que es positivo, pero no alcanza. Por eso el Gobierno debe presentar un plan lógico para que lo acompañemos”.

Asimismo, el economista de Pro objetó que se proponga bajar el déficit fiscal sin dar pautas de cómo hacerlo, “porque, paralelo a ello, afirman que van a aumentar el gasto público”. 

Participaron del encuentro denominado “Agenda Parlamentaria, Análisis y Debate”,  efectuado en el Anexo C de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, los bloques Frente Pro, Avanzar San Luis, CREO, Ahora Patria, Encuentro Federal, Producción y Trabajo, y Republicanos Unidos.

El peligro de un default bonaerense es demasiado alto para soslayarlo

Por José Angel Di Mauro Por sentido común, no había ninguna posibilidad de que la principal oposición rechazara el proyecto para reestucturar la deuda externa. Aunque bien se sabe que en política el sentido común muchas veces pasa a segundo plano, hay que recordar que fue el propio gobierno de Cambiemos el que propuso una […]

Por José Angel Di Mauro

Por sentido común, no había ninguna posibilidad de que la principal oposición rechazara el proyecto para reestucturar la deuda externa. Aunque bien se sabe que en política el sentido común muchas veces pasa a segundo plano, hay que recordar que fue el propio gobierno de Cambiemos el que propuso una iniciativa que iba en un sentido similar. Fue cuando dos semanas después de haber perdido las primarias por paliza, ya con Hernán Lacunza al frente del Palacio de Hacienda en lugar del eyectado Nicolás Dujovne, ese ministro anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que para extender voluntariamente los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni intereses.

Este proyecto que acaba de recibir media sanción no habla de la deuda de jurisdicción local, sino la externa, pero lo cierto es que fue el gobierno anterior el que comenzó a utilizar la palabra “reperfilamiento”, que la administración actual pretende poner en práctica. En su momento, el gobierno de Macri buscó sin mayores expectativas involucrar a la oposición en la negociación por venir, pero el proyecto jamás llegó a tratarse.

Así y todo, Juntos por el Cambio puso condicionamientos ahora para sacar partido de las necesidades del gobierno, y con sus gobernadores a la cabeza condicionó su respaldo a la creación de una mesa de diálogo para tratar la deuda que las provincias mantienen con la Nación y actualizar el Régimen de Responsabilidad Fiscal. Ese acuerdo se alcanzó al cabo de una jornada febril, como fue la que precedió a la sesión de Diputados, que tuvo epicentro en las amplias oficinas de la presidencia de la Cámara baja, por donde desfilaron los jefes de la oposición y sus gobernadores, más Santiago Cafiero, “Wado” De Pedro, Máximo Kirchner y el anfitrión, Sergio Massa. Este último ya supo protagonizar intensas negociaciones cuando su bloque era una de las columnas en las que se asentó Cambiemos para sacar las leyes, en los tiempos en que ese gobierno privilegió la política. Hoy el tigrense, que disfruta del protagonismo que le brindan este tipo de situaciones, es otra vez una pieza clave, pero del otro lado del mostrador.

La sesión en Diputados tuvo puntos salientes, como el encendido apoyo brindado por Elisa Carrió, quien pidió enfáticamente a sus pares votar la ley de manera afirmativa y de inmediato, pues “hay momentos de un país donde todos los argentinos debemos estar unidos. Debemos darle respaldo a nuestros negociadores que están en Estados Unidos”, dijo. Y sobre todo medir los discursos, ya que “los bonistas anotan cada palabra que se dice y eso después sale en la sentencia en contra de la Argentina”.

Una situación inédita tratándose de Carrió, que difícilmente pueda repetirse: por las circunstancias, y porque como mucho a Lilita le queda participar en una sesión más en febrero, pues el 1° de marzo se hará efectiva la renuncia a la banca que presentó en diciembre pasado. En esa oportunidad, algunas diputadas del Frente de Todos se quejaron diciendo que no correspondía conceder una renuncia futura, permitiéndole “cobrar tres meses como ñoqui”. Con su presencia en todas las sesiones posteriores, la líder de la Coalición Cívica demostró lo extemporáneo de tal pedido.

El objetivo de dar un gesto contundente de una clase política alineada con su gobierno para negociar con nuestros acreedores se cumplió con creces cuando la ley salió aprobada casi por unanimidad, con 224 votos afirmativos y apenas 2 negativos. Más que los que obtuvo Cambiemos cuando aprobó la ley para pagarles a los holdouts con 165 votos positivos, y ya entonces se lo consideró un gran respaldo. Esa vez hubo 86 votos en contra, del kirchnerismo, que además alargó la sesión hasta las 8.35 de la mañana siguiente. Otros tiempos, otros comportamientos.

Habrá que enmarcar este gesto del Congreso -que se completará con la aprobación exprés en el Senado, muy probablemente por unanimidad- dentro de la puntillosa negociación que viene desarrollando el ministro Martín Guzmán, complementada con las reuniones que mantiene estos días en Europa el presidente Alberto Fernández, que hasta espera contar con el apoyo papal en el tema de la deuda. El Santo Padre recibirá en los próximos días a la presidenta del FMI, Krystalina Georgieva.

El mandatario tuvo finalmente su reunión con Francisco, que previsiblemente resultó por lejos más cálida que la primera que tuvo Mauricio Macri con el Papa, en 2016; esa en la que la foto que ilustró el encuentro mostró a un pontífice con el resto gélido. En las fotos de esta vez se lo ve a Francisco distendido y afable, y ya de por sí el tiempo que le dedicó a Alberto (44 minutos) fue el doble que en esa primera incursión de Macri.

El único punto gris del encuentro en el Vaticano fue la referencia al tema del aborto, que el presidente argentino negó haber tocado con Francisco, aunque luego se aclaró que sí había sido abordado con el secretario de Estado de la Santa Sede. Es impensable que el gobierno del Frente de Todos pueda volver sobre sus pasos con el proyecto que ha prometido mandar Fernández al Congreso para debatir este año, pero no es probable que genere semejante cortocircuito en los primeros meses de su gestión.

Si bien la disposición a habilitar este debate ya se ha visto que no es garantía de su aprobación en ambas cámaras, esta administración querría diferenciarse del gobierno de Macri en cuanto al resultado: cuando un Ejecutivo promueve un debate, en general se espera que se salga con la suya. La táctica del gobierno de Fernández en este caso consistió en tomar la iniciativa, como hizo tempranamente, prometiendo un proyecto amplio y superador. Con lo cual neutralizó al colectivo que aboga por el aborto legal, que de lo contrario ya estaría presentando su proyecto en los primeros días de marzo. Ahora bien podría esperar a ver esa iniciativa que promete el gobierno, que a su vez dejaría la cuestión para más adelante. La excusa serán priorizar otros temas en plena crisis.

Como ya dijimos la semana pasada, la estrategia desarrollada por el ministro de Economía con la deuda está afectada por el “ruido” que genera la negociación “a cara de perro” que lleva adelante el gobernador bonaerense. Con resultados por ahora poco prometedores. Axel Kicillof necesita que el 75% de los bonistas le acepte su planteo de postergar el pago de un vencimiento por 250 millones de dólares, y hasta donde se sabe solo ha tenido un 26%. El viernes pasado, Día D para la negociación, arrojó resultados que no trascendieron numéricamente, pero sí debieron ser negativos al punto tal de obligar al gobernador a postergar hasta este lunes el plazo para la respuesta de los bonistas. Que difícilmente vaya a cambiar.

La pregunta del millón es qué pasará si no se alcanza el 75%. Sería por demás grave para la Provincia entrar en default, y para el gobierno nacional una complicación extra y extrema, por el antecedente que representa. Economía podría llegar a auxiliar a Buenos Aires, pues es un monto absolutamente manejable, al punto de no justificar los riesgos que conllevaría no hacerlo. Mas un salvataje implicaría dar pie a otras provincias muy endeudadas a reclamar un trato similar de parte de Nación. Sería también un mal antecedente, pues debilitaría tanto a la Provincia, como a la propia Nación para negociaciones duras futuras.

Por eso el fin de semana se barajaban otras alternativas para evitar un default, que pasarían por la propia provincia. Es que si este lunes no se alcanza el 75% de aceptación -hoy por hoy más que hipotético-, Kicillof está obligado a pagar antes del 5, o en caso contrario entrar en default. Este fin de semana algunos sugerían mirar los antecedentes del exministro de Economía para considerar las veces que tensó la cuerda al máximo… y terminó pagando. Citaban los casos de Repsol por la expropiación de YPF, y el Club de París.

La oposición sostiene que, como diría Duhalde, Kicillof “está haciendo un maremoto en una palangana”, pues la Provincia cuenta con los medios para hacer frente a este vencimiento. Puede emitir letras para hacerse del dinero; puede ser auxiliada por los bancos, principalmente el Provincia, y sino ser socorrida por la Nación, vía adelantos de coparticipación.

Lo que vaya a suceder esta semana tendrá consecuencias directas en la negociación global de la que depende la estabilidad del nuevo gobierno.