Asuntos Constitucionales dio el visto bueno para allanar el domicilio de Gerardo Milman

En el marco de la investigación del atentado contra la vicepresidenta, la comisión aceptó un requerimiento judicial presentado por la justicia, para acceder a dos celulares que usaba el diputado nacional.

En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados aprobaron autorizar un oficio remitido por la jueza María Eugenia Capuchetti que solicitó la entrega por parte del diputado nacional Gerardo Milman de su celular para investigar algún tipo de relación suya con el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022 por la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

La solicitud fue realizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refería a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).

Se autorizó así a allanar el domicilio del diputado nacional para buscar dos celulares viejos del legislador. En ese marco el titular de la comisión, el pampeano Hernán López Araujo (Frente de Todos) pidió disculpas porque al convocar a la reunión no había girado a los integrantes de la comisión el expediente que iba a ser abordado, y lo justificó en la duda que tenían de que el mismo estuviera bajo secreto de sumario. Por eso, luego de hacer las consultas pertinentes, recién este lunes adjuntaron el expediente para que lo vieran los legisladores.

Por la oposición, el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo que de acuerdo con lo asumido oportunamente darían su aprobación para la autorización requerida por la jueza, aunque se encargó de aclarar que el diputado Milman no había eludido la acción de la justicia. Lo aclaró porque -dijo- “alguien desprevenido podría interpretar que está prófugo o algo por el estilo, y la verdad que nada más alejado de la verdad”.

Tonelli destacó que apenas se inició la causa, su compañero de bancada se había presentado espontáneamente y cuando se le requirió el teléfono, él mismo lo entregó. “Lo que ocurrió fue que era nuevo, y como suele suceder con cualquiera de nosotros cuando cambiamos el teléfono, el anterior él lo dispuso”, aclaró, insistiendo en que “el diputado Milman nunca ha eludido la acción de la justicia; siempre ha estado (atento) a lo que la juez dispusiera”.

A continuación intervino el diputado Juan Manuel López, quien aclaró que la Ley de Fueros solo dispone inmunidad de arresto, no de proceso. “En tanto y en cuanto la Cámara no autorice nuestro arresto, esa inmunidad de proceso está reglamentada por la Ley de Fueros”, planteó, recordando que ya hubo casos de allanamientos y acciones en ese sentido, como sucedió anteriormente con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, o Julio De Vido, y siempre tuvieron el mismo comportamiento. Además, recordó que el pedido era hecho por la Cámara Federal a través de los jueces Bruglia y Bertuzzi, cuya independencia él destacó. “Lo vamos a acompañar”, aprobó, admitiendo que “por ahí tendría que revisarse esta Ley de Fueros, que ha quedado un poco vieja, fue pensada hace 20 años, cuando algunos resabios de privilegios quedan”.

Y como al pasar, López deslizó que “también a veces los diputados pueden ser víctimas de inteligencia”, y en ese sentido citó lo conocido en las últimas horas y que involucraba al diputado oficialista Rodolfo Tailhade, mas aclaró que eso lo hablarían más tarde en la Comisión de Juicio Político. “En algún momento aclarará porqué llegaban a su celular causas de la diputada Carrió”, apuntó.

Intervino luego el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró que no tenía problema en tratar el tema que acababa de aludir Juan Manuel López, y adelantó que eso que acababa de decir marcaba claramente “la actitud con la que van a venir todo el día de hoy… Ven algunos programas televisivos a la noche y se excitan con los contenidos”, ironizó.

Luego Leopoldo Moreau se quejó porque el procedimiento que se estaba haciendo era “tardío” y acusó a Milman de haber incurrido en una “estafa procesal, porque entregó un celular que no tenía nada que ver. Puede aducir que lo había cambiado… Ahora, es muy extraño que haya sucedido eso. Hay muchos de nosotros que tenemos celulares hace mucho tiempo. Espero que (los celulares que ahora entregue) no estén borrados, como los de sus secretarias, una de las cuales denunció que había sido borrado en el local del Pro, en presencia de la que todavía no era candidata presidencial”, dijo en relación a Patricia Bullrich.

Por último, la diputada Carla Carrizo aclaró sobre la ley vigente que los fueros de los que gozan los legisladores no representan “un privilegio”, sino que son “un recurso que se nos brinda contra la arbitrariedad del poder, aun en democracia. No hay que reformarla”, reiteró, aunque sí sugirió que debían revisar que se les hubiera dado fueros a funcionarios y algunos magistrados.

El traspaso presidencial

Pero aprovechó la ocasión para recordar que junto a la diputada Margarita Stolbizer habían presentado una solicitud para ver si podían tratar antes de fin de año la regulación del traspaso presidencial. Recordó que Brasil lo reguló en 2002, Estados Unidos en 1968, y en la Argentina “necesitamos coordinar cómo se recibe el poder. Lo hicimos con el debate presidencial, y ahora nunca va a haber más una silla vacía. A ver si en estos 40 años de democracia podemos votarlo ahora y dejar el legado para la próxima gestión”.

Adelantó en ese sentido que harían un emplazamiento en la próxima sesión, ante lo cual el presidente de la comisión admitió que habían recibido la solicitud de tratamiento de varios proyectos sobre el traspaso presidencial y expresó su compromiso para empezar a debatirlo en sucesivas reuniones. Empero, aclaró que no lo harían en esta ocasión, atento al “carácter especialísimo de esta convocatoria”.

El oficialismo buscará debatir el “caso Milman” en Asuntos Constitucionales

A tal fin se reunirá este martes por la mañana la comisión que preside Hernán Pérez Araujo, para tratar un oficio judicial de Cristina Kirchner. Hermetismo del oficialismo.

Entre las múltiples reuniones de comisión previstas para este martes, llamó particularmente la atención una de Asuntos Constitucionales, convocada por su titular, el pampeano Hernán Pérez Araujo. La misma fue llamada a reunirse para tratar un oficio judicial impulsado por Cristina Fernández de Kirchner.

Dicho documento oficial corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaria N° 9 y refiere a la causa CFP 2998/2022/49 caratulada “Querellante: Fernández de Kirchner, Cristina, s/legajo de actuaciones complementarias/peticiones”, mediante la cual requiere se dé cumplimiento a la autorización prevista en el artículo 1° de la Ley 25.320 (de Fueros).

La causa es la del intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación en septiembre de 2022. Al ser consultado por parlamentario.com sobre la intención de esta reunión, el presidente de la comisión no contestó, en tanto que el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo desconocer el origen de la convocatoria porque no habían podido ver el oficio del juez. “El presidente de la comisión tiene el expediente remitido por la justicia, pero no nos permite verlo, bajo el argumento de que es secreto”, observó.

Todo indicaría que el objeto de la reunión es tratar la situación del diputado del Pro Gerardo Milman, a quien la querella de la causa del atentado contra la vicepresidenta quiere imputar, a partir de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que el mismo ocurriera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello dijo haberle escuchado pronunciar a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto de 2022.

¿Qué dice el artículo 1° de la Ley de Fueros al que se hace referencia? “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, re moción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyen do causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclaran do los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

Cabe recordar que la querella de la vicepresidenta de la Nación ha mostrado interés en dos dispositivos que Milman tenía registrados previamente al atentado contra Cristina Kirchner. Lo cierto es que Casación había ordenado retener un celular que según la defensa fue adquirido con posterioridad al hecho.

Esta instancia a desarrollarse en Asuntos Constitucionales apuntaría a tratar de resolver esta controversia planteada en torno a los celulares del legislador, previéndose entonces una fuerte polémica en la citada comisión.

A casi un año del atentado contra CFK, Pérez Araujo lamentó: “No hay intención de perseguir la pista política”

Luego que la Cámara baja aprobara la autorización para que la Justicia abra el celular del diputado Gerardo Milman, el pampeano criticó el accionar de la jueza María Eugenia Capuchetti.

A casi un año del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo consideró que por parte de la Justicia “no hay intención de perseguir la pista política”. “Descreo mucho de las posibilidades de esclarecer esta cuestión con esta jueza (María Eugenia Capuchetti) y con la inactividad que viene llevando”, criticó a la magistrada a cargo de la causa.

Consultado en AM530 sobre la autorización que aprobó la Cámara baja para que la Justicia abra el celular del diputado Gerardo Milman, mencionado en la causa por un testigo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales observó que “probablemente sea tarde, probablemente ese teléfono este vaciado de contenido y comunicaciones, que es lo que se necesita encontrar”.

En ese sentido, el pampeano recordó la declaración de una de las colaboradoras de Milman, Ivana Bohdziewicz, quien dijo que el contenido de su celular “fue borrado por expertos en tecnología en la fundación de la candidata a presidenta Patricia Bullrich“.

Independientemente de lo que pueda encontrarse, “la pericia sí puede dilucidar si algo del teléfono fue borrado”, indicó el legislador y sobre Milman expresó: “Las implicancias políticas son claras y concretas, no solo para él, sino también para su jefa”.

“La vicepresidenta queda indefensa por la jueza y la Cámara (Federal porteña) que le ha tocado, más allá de que hayan sido (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi quienes autorizaron abrir el teléfono de Milman”, agregó.

Asuntos Constitucionales avaló autorizar a investigar el celular de Milman

En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se trataron dos oficios relacionados a la causa del intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación.

Desde el FdT proponen la incorporación de mujeres y personas de género no binario en altos cargos públicos

La iniciativa corresponde al diputado Hernán Pérez Araujo y busca “erradicar la reproducción de sesgos de género”, cuya desigualdad “se evidencia en los cargos de mayor jerarquía”.

El diputado nacional Hernán Pérez Araujo (FdT – La Pampa) presentó un proyecto de ley que establece la incorporación de los criterios de representación y perspectiva de género en los procesos de selección de personal de organismos centralizados y descentralizados del Estado nacional.

La iniciativa busca promover la incorporación de mujeres y personas con identidades de género no binarias en cargos jerárquicos en la Administración Pública Nacional como medida tendiente a “erradicar la reproducción de sesgos de género”.

En los fundamentos del proyecto, el legislador oficialista sostuvo que “si bien la distribución por género del personal que no detenta funciones ejecutivas en el Sistema Nacional de Empleo Público es igualitaria, no ocurre lo mismo en los puestos de conducción”.

“Esa paridad desaparece a medida que se evalúa la composición en los cargos de mayor jerarquía. En los cargos de Alta Dirección Pública y Autoridades Superiores comienza a evidenciarse la mayor proporción de varones en desmedro de las mujeres y personas con identidades”, aseveró Pérez Araujo.

Según un informe de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, las Autoridades Superiores, “tienen una presencia de varones preponderante en los cargos políticos del gabinete nacional como ministros/as, secretarios/as y subsecretarios/as de Estado”. Además, la iniciativa plantea que, con respecto a los cargos de Alta Dirección Pública de la APN, en 2021 eran ocupados en un 36% por mujeres y el 64 % por varones.

De acuerdo con lo previsto en el proyecto, de aprobarse la norma, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tendría que arbitrar los medios para promover el logro y continuidad de la paridad de género en los cargos de Alta Dirección Pública de la Administración Pública Nacional y formular sistemas de medición y rendición de cuentas en materia de representación de géneros en los organismos de la Administración Pública Nacional.

El proyecto también propone que las asociaciones sindicales participarán “para fiscalizar los procesos de selección, ingreso, evaluación de desempeño y promoción con el objeto de garantizar la perspectiva de género, la transparencia, la igualdad real de trato y oportunidades en dichos procesos”.

Avanzó el debate de la expropiación del predio de Cromañón

En la reunión de Asuntos Constitucionales se resolvió postergar la firma del dictamen, a la espera del informe de dominio, y se hará en el marco de un plenario con la Comisión de Presupuesto.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el legislador oficialista Hernán Pérez Araujo avanzó este miércoles con la iniciativa que prevé la expropiación del predio donde ocurrió la tragedia de Cromañón, para declararlo de utilidad pública. El proyecto es impulsado por la diputada nacional Paula Penacca (FdT-CABA), y acompañado por miembros de todos los bloques. Según se resolvió, volverá a ser analizado en el marco de una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para la posterior emisión su dictamen, tras el pedido de modificación de un artículo y a la espera del expediente de dominio e inhibiciones.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”. A su vez, organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia solicitaron que se agregara, en la redacción de la iniciativa, a la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51, al lado del predio.

En la Sala uno del segundo piso del “Anexo A”, estuvieron Nicolás Papola y Belkis Contino, sobrevivientes de la tragedia, quienes acompañaron el pedido de expropiación del predio y detallaron el pedido, para agregar a la parcela lindera mencionada.

Ambos sobrevivientes agradecieron a los diferentes bloques de la Cámara baja por el consenso y la unanimidad demostrada ante el proyecto de ley, y recordaron enfáticamente a las 194 víctimas y a los 4500 sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. 

Nicolás Papola criticó a los medios gráficos nacionales por “haber mal informado sobre la existencia de una guardería en el baño de mujeres al momento de la tragedia”. Belkis Contino, por su parte, responsabilizó directamente al empresario Rafael Levy, dueño del lugar, por “haber armado una trampa mortal para los jóvenes” al no cumplir con los requisitos edilicios necesarios en el edificio.  “A través de este proyecto de ley confiamos en que se harán cargo en la construcción de memoria de la masacre de Cromañón para llegar a diciembre con la iniciativa hecha ley”, solicitaron.

La autora del proyecto, Paula Penacca, indicó que la declaración de interés de expropiar el predio fue unánime y manifestó que “adhiere a la modificación presentada por los jóvenes sobrevivientes porque no cambia la voluntad del sentido”. Por otro lado, anunció que antes de dictaminar y de pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, “se debía disponer del informe de dominio”.

La diputada Paula Penacca, autora del proyecto sobre Cromañón.

Las diputadas nacionales Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Laura Rodríguez Machado (Pro) y Carla Carrizo (Evolución Radical) coincidieron en que el proyecto debía ser “expeditivo con el informe de dominio” y que debía tratarse en un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la seguridad de que el acompañamiento es unánime.

En tal sentido, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) adhirió a la idea de “mantener las formalidades para hacerlo correctamente” y declarar de utilidad pública el predio, al igual que el jefe de bloque radical Mario Negri, quien anunció que el proyecto será “dictaminado” en la reunión plenaria de la semana que viene previo a la sesión de la Cámara de Diputados.

Datos personales de Internet y Convención Belem Do Para

Otro tema que trató la reunión fue el que otorga jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, elaborado en Convención de Belem Do Para suscripta en el año 94, y obtuvo el consenso de los 28 legisladores presentes para su posterior tratamiento en las comisiones de Relaciones Internacionales y de Mujeres y Diversidad.

Las diputadas Silvia Lospennato (Pro), Pamela Calletti (FdT) y Graciela Camaño sostuvieron que “no es la primera vez que se intenta constitucionalizar a la Convención Belem Do Para”, a la que consideraron como “una herramienta fabulosa en el ámbito de la Jurisprudencia de nuestro país para construir sociedad con perspectiva de género”.

El titular de la comisión anunció que la iniciativa obtuvo “el acompañamiento de los 28 diputados firmantes de los diferentes bloques”, por lo cual se logró el consenso y unanimidad del compromiso que habían pactado previo a la reunión.

En tercer lugar, se trató el proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo modificatorio del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, el cual pasó a la firma y al dictamen por mayoría.

La diputada Karina Banfi (UCR) manifestó la importancia de “proteger los datos biométricos en Internet” para avanzar en un marco internacional de “regulación de redes sociales para acordar criterios sobre la conversación pública”. Además, mencionó el tratamiento, a futuro, acerca del proyecto de ley sobre protección de datos personales que perdió estado parlamentario en tiempo pasado. De tal forma, el presidente de la comisión anunció la emisión del dictamen de la iniciativa.

Dictamen unánime para el proyecto de ampliación de la ley de integración socio urbana de barrios populares

La iniciativa se debatió en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde se acordó “la actualización del registro de los nuevos barrios populares y la prohibición de desalojos por diez años”.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja -presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente-, se reunieron este miércoles para emitir el dictamen por mayoría del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Actualmente, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de un millón doscientas mil familias viven en barrios populares en Argentina, lo que representa a unas cinco millones de personas, más del diez por ciento de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de la ciudad de Rosario.

La reunión para continuar con el tratamiento de modificación al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, y su posterior dictamen por mayoría, tuvo una aprobación unánime por parte de los legisladores de los diferentes espacios políticos que estuvieron presentes en el “Anexo C”.

La iniciativa fue celebrada por el diputado nacional Federico Fagioli (FdT), quien mencionó que “la Ley 27.453 es popularmente llamada como ‘Ley de Barrios Populares’ y es una de las mejores políticas de los últimos tiempos”. También afirmó que “la Mesa Nacional de Barrios Populares tuvo un rol activo para el pedido de la modificación de la normativa”.

Al respecto, explicó que el proyecto se afianza en dos ejes: la ampliación del registro nacional de barrios populares y el freno a los desalojos por diez años. “Desde 2017 hasta estos tiempos, los barrios populares pasaron de 4.416 a más de 5.500, y dentro de poco vencía el plazo, que pasaría de cuatro a diez años para frenar los desalojos territoriales”, explicó el diputado.

“Esto es para que como Estado planifiquemos y mejoremos la calidad de vida de cada una de los vecinos y vecinas de los barrios populares”, argumentó Fagioli, quien además mencionó que “tratarán una proyección plurianual para agregar al presupuesto especifico para atender necesidades socio urbanas de barrios populares”.

Del mismo modo, la diputada Natalia Zaracho (FdT) expuso que “el Certificado de Vivienda Familiar implicó el acceso al DNI, al correo, que las compañeras que sufren violencia de genero puedan llamar a un patrullero y que la ambulancia ingrese a los barrios para que el Estado esté presente”.

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño manifestó que “la iniciativa es ratificar una política de Estado que empezó con el Gobierno anterior”, y añadió: “Entendemos que puede ser fructífero para los más desposeídos de nuestra patria. Felicitó a ambos bloques por ponerse de acuerdo rápido y por el avance con una redacción común”.

Consecuentemente, la diputada opositora Silvia Lospenatto expresó que “estamos por construir una política de Estado que nace con un Gobierno, es continuada, ampliada y mejorada por el que sigue, e implica un seguimiento a futuro por el que venga”.

Debido al tema, la diputada sostuvo que “la urbanización de barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires debe ser tomada como modelo porque se basa en tres ejes: la integración habitacional a través de la creación del Certificado de Vivienda Familiar; la integración urbana que acerca servicios públicos, bancos públicos y empresas privadas a los barrios; y el avance en integración económica porque hay un mundo productivo que se debe ser reconocido”.

Por otro lado, explicó: “La urbanización de los barrios populares llevará, como mínimo, 20 años, por eso pedimos que esta iniciativa pueda sobrevivir durante todos los gobiernos. Legislamos para que la política de barrios populares continue en el tiempo”.

En esa línea, Victoria Morales Gorleri (Pro – JxC) consideró que “los barrios populares son los ‘depósitos de esperanza’ que durante décadas sus familias habían sido olvidadas. Los procesos de urbanización son la defensa de los derechos fundamentales porque cada año más familias recurren a estos lugares”.

El oficialista Eduardo Toniolli celebró que el dictamen salga por unanimidad y destacó la idea de tratar al proyecto como política de Estado y su continuidad a futuro. “Todas estas iniciativas nacen con la movilización popular en las calles. Los distintos actores que intervinieron no se quedaron en el lamento, sino que plantearon propuestas para salir adelante”, enfatizó el legislador.

En el cierre, recalcó que “la economía popular es trabajo genuino y, en Argentina, en determinados momentos, falta empleo, pero sobra trabajo por la necesidad de millones de argentinos y argentinas. El Estado debe unir estos dos factores a través de estas políticas”.

Al final de las exposiciones, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, Hernán Pérez Araujo y Carlos Heller anunciaron que “se logró el dictamen de mayoría de forma unánime del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares”.

Avanza en Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Barrios Populares

La Cámara baja celebró una reunión plenaria informativa por el proyecto de ley tendiente a la reforma del régimen de regularización dominial para la integración socio urbana.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara baja mantuvieron una reunión plenaria informativa para recibir expositores por el proyecto de ley de reforma del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

La reunión, presidida por el presidente de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo,  contó con la presencia de la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, de la Secretaría de Integración Socio-urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda García Montiselli, y de representantes de la Mesa de Barrios Populares.

Montiselli inició su exposición recordando que, hasta el año 2016 – 2017, cuando se llevó a cabo el primer Registro Nacional de Barrios Populares, en la Argentina no había ningún tipo de datos oficiales: “Con la cantidad de datos  que abundan en los distintos organismos y Estados, no se contaban con estos datos. En ese momento, con un relevamiento histórico, se relevaron y rastrillaron las localidades de más de 10 mil localidades y se detectaron que al 2016 había más de 4.416 barrios”, indicó.

Al respecto, señaló que una de las cuestiones más preocupantes, era que estos barrios constituían “la primer capa de la informalidad” en el hábitat en la Argentina, “la mayoría no accedía a los servicios básicos en el siglo XXI. El 68% no accedía a energía eléctrica formal, el 89% no accedía a una red de agua corriente, el 98% no accedía a una red de cloaca y casi nadie contaba con una red de gas natural”, explicó

“Estos datos permitieron pensar y trabajar en esta cámara la Ley 27.453 que llegó en el marco de una jornada histórica. La ley se aprobó con unanimidad en ambas Cámaras, y se constituye en un hecho trascendental en materia normativa en el marco de los procesos de integración socio urbana”, señaló la funcionaria.

Seguidamente, explicó los lineamientos centrales que la ley aprobada intentó abordar: “Estableció la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los barrios; además de la suspensión de los desalojos por el término de cuatro años. Asimismo, declaraba de ‘interés público’ el régimen de integración socio urbana, y estableció que el 25% de la obra pública tiene que ser ejecutada por vecinos de los barrios populares o por organizaciones de la economía popular, y finalmente, la creación de un fideicomiso público para financiar las obras en los barrios”.

Respecto a este fideicomiso, Montiselli apuntó que Congreso además, en el año 2019, ratificó “la voluntad política” de apoyar esta política, y sancionó la Ley del impuesto País, destinando el 9% del mismo para este fideicomiso. Y, además, en el año 2020 se aprobó el aporte extraordinario a las Grandes Fortunas, y asignando el 15% de ese aporte al fideicomiso.

Al día de hoy, la funcionaria señaló que hay inversión en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y que se está trabajando con inversión económica en 415 municipios y en 4.214 barrios populares, el 95% del universo. “Esta inversión está beneficiando a 670 mil personas, la Secretaria tiene activas o finalizadas más de 760 proyectos de integración socio urbana para la provisión principalmente de infraestructura básica”, expresó.

Finalmente, respecto a la necesidad de reformar la ley, plantea cinco puntos principales a revisar: “La actualización del anexo de los barrios populares de la ley; la prórroga de la suspensión de desalojos, modificando el plazo a 10 años; la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares; el cuarto punto está vinculado a garantizar el acceso a los servicios públicos; y la regularización sostenible  con perspectiva de género”.

Seguidamente, tomó la palabra el  sacerdote para la Pastoral en Villas, Gustavo Carrara, que señaló la importancia de avanzar en la integración urbana de los barrios: “Me parece que allí está el núcleo duro de la pobreza y la indigencia en la Argentina, si hay algo que nos preguntamos es cómo abordar la pobreza, creo que si nosotros trabajamos por la integración de los barrios populares vamos a estar trabajando para que baje la pobreza y la indigencia”.

Y reflexionó respecto al debate en torno a la intervención del Estado: “A veces se debate que tipo de Estado, si más o menos presente, tal vez podríamos decir una presencia inteligente del Estado, que dialogue con las comunidades en concreto, y especialmente los más pobres. Creo que está bien especificado en esto de Tierra, Techo y Trabajo, qué anhelan las familias. Y si no hay una presencia inteligente del Estado, avanza muchas veces la criminalidad organizada. Hay algo que nos preocupa en la argentina es el crecimiento del narcotráfico. Entonces cuando nosotros abordamos la integración de los barrios populares estamos abordando muchas cuestiones al mismo tiempo”.

A su turno, Lilia Calderon, referente territorial y de la Mesa de Barrios Populares de Río Negro, advirtió la necesidad de que el Congreso acompañe su pedido: “Que se pongan en el lugar del otro, que tengan empatía y que miren que nosotros lo pasamos muy mal. Nadie quiere vivir en estas condiciones. El tema es que había un abandono absoluto del Estado, de años. No había nadie que se ocupara. Las organizaciones sociales nos pusimos al frente, de generar primero un proyecto de ley y luego pelear para que salga”.

“Vengo acá a defender esta ley porque nos ha dado derechos que nadie nos había dado. Venimos acá a pedir el acompañamiento. Tenemos poco tiempo, hay barrios que están esperando ahora para ser reconocidos. En octubre se vence el plazo y van contra ellos, ya con amenzas directas por parte de la Justicia con desalojos”, concluyó su intervención.

Cerrando la ronda de expositores, la referente territorial y de la Mesa de Barrios Populares de Pilar, provincia de Buenos Aires, Araceli Ledesma, señaló que para ellos, el 2018 “significó un antes y después para el reconocimiento de todos los barrios. Hoy estamos de nuevo acá para hacer conciencia de lo que necesitamos, que se siga acompañando, siendo todos responsables”.

En este sentido, consideró “muy importante” poder llegar a los vecinos porque “hay muchos descreídos de todo las cosas que no se han sucedido y de las cosas que suceden. Necesitamos reconocer que a partir de la ley, y de que existe la Secretaría de Integración Urbana, que esta política sirve y sigue siendo necesaria para todos los barrios”.

Concluida las exposiciones informativas, tomaron la palabra los diputados para formular distintas preguntas. En primer lugar el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que se trata de una política que, “no solo la hemos apoyado en su momento en el año 2018, si no que la hemos promovido: esto fue un proyecto de ley firmado por los diputados Massot, Negri y Carrio y que obtuvo un amplio consenso en esta Cámara”.

Tras la aclaración, preguntó respecto a la redacción del artículo sobre la tarifa social: “Si vamos a establecer una tarifa social para esos barrios, deberíamos ir sabiendo cuantos usuarios formales hay, por lo menos en porcentaje, en los distintos barrios y en las distintas provincias”.

La diputada por el Pro Córdoba, Laura Rodríguez Machado coincidió en que se trata de “una política de Estado, proyecto presentado por la administración de Mauricio Macri que consideramos que fue positivo, y que necesitamos ampliar”, y pidió precisiones por el plazo de 10 años que se solicita para la prorroga en la suspensión de los desalojos.

Seguidamente, la diputada también del Pro, Silvia Lospennato reafirmó la idea de que se trata de una política de Estado, “el hecho de que de las pocas políticas que haya trascendido dos Gobiernos por lo menos, y esperemos que trascienda el próximo y que se siga ejecutando, porque no hay forma de resolver la integración socio urbana si no es en el largo plazo. Celebramos la continuidad de esta política”, y pidió más datos para constatar los resultados de la gestión en este tiempo con el marco legal que generaron.

La semana próxima la Cámara convocará un plenario ampliado, con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con los efectos de dar dictamen a este proyecto.

Pérez Araujo, sobre la BUP: “Esta reforma viene saliendo con fórceps, no es natural, no hay consenso”

El diputado del FdT defendió el rechazo de su bloque y llamó a “ocuparnos de temas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina”. Aseguró que “no hay evidencia empírica” sobre muchas de las bondades que se le asignan a ese instrumento.

hernan perez araujo sesion boleta unica

En un discurso que tuvo varias ironías en algunos tramos, el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo defendió el rechazo de su bloque al proyecto de boleta única de papel y advirtió que “esta reforma viene saliendo con fórceps, no es natural, no hay un consenso como el que se viene manifestando”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que estuvo a cargo de las reuniones previas, empezó su intervención filoso con la oposición, al señalar que el proyecto probablemente se va a aprobar con una “mayoría circunstancial”, pero “yo no sé si da esto de arrogarse una calidad de nueva mayoría; me parece un tanto pretensioso”, dijo.

El pampeano mostró su disconformidad por “llevarnos de las narices” a discutir el cambio del sistema electoral, y apuntó que debido a los tiempos que disponía el emplazamiento, “nos privamos de escuchar, tal como habían afirmado, que iban a venir miembros de la Justicia electoral. Tampoco vinieron los apoderados de los partidos políticos”.

“Si esta va a ser la metodología, seguramente van a venir todos los partos con fórceps, pero alguno se le va a quedar atrancado, como ya les pasó”, lanzó y agregó: “Los invito a manejar agendas de consenso y de ocuparnos de temas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina”.

Sobre la iniciativa, Pérez Araujo consideró que “estamos modificando un sistema que es fiable”, y que incluso los expositores que asistieron dijeron que “la inmensa mayoría de la ciudadanía argentina confiaba en el sistema” actual.

El legislador resaltó que “no hay evidencia empírica” sobre el robo de boletas y el voto en cadena. Además, enfatizó que “en las últimas ocho elecciones nacionales, cinco las ganó la oposición, con este sistema”. “Con el peronismo robándose todas las boletas y comprando todos los votos, igual ganaron las elecciones”, ironizó.

Luego indicó que en las elecciones legislativas del año pasado hubo 37 mil fiscales y “no hubo una sola denuncia de robo de boletas y de voto en cadena. Con fiscales del peronismo, los que van a robar boletas, y fiscales de la oposición, que son los que van con hidalguía a defender los votos”.

“Yo no creo que haya un problema de transparencia en el sistema electoral”, sostuvo el oficialista, que después cuestionó que con este cambio “hay cuatro jurisdicciones, el 60% de la población argentina, que no van a tener toda la oferta electoral en la boleta”.

También afirmó que, sobre la boleta única, “no hay ninguna evidencia empírica del costo y de que es amigable con el ambiente”. Al tiempo que “incentiva la fragmentación”.

“Hay una imperiosa necesidad de resolver un problema que no existe”, se quejó e insistió: “No entendemos el apuro, esto de llevarnos de las narices… cuando se habla de consenso y de tender puentes”.

Para el diputado, la oposición tendrá “una victoria pírrica”, con “130, 131 votos, una reforma electoral de estas características me parece por lo menos apresurado”.

Y sumó que, en su opinión, con este instrumento se “agrava la lista sábana” y es “una especie de boleta múltiple choice con la no le estamos solucionando la vida a nadie”.

Pérez Araujo sostuvo que “hoy la Corte está recostada” sobre el sector de Juntos por el Cambio

El diputado oficialista apuntó además que el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta sobre la coparticipación “está claro que responde a una connivencia”.

El diputado nacional Hernán Pérez Araujo (FdT) opinó este lunes sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y se sumó a las críticas que desde el oficialismo hacen sobre el máximo tribunal. Al ser consultado en AM750 sobre si cree que la Corte responde a “un juego político parcial con Juntos por el Cambio”, el pampeano respondió: “Sí, totalmente, yo estoy absolutamente convencido de eso. Hoy la Corte está recostada sobre ese sector político”.

En ese sentido, señaló que eso ocurre “desde el origen de por lo menos dos de los miembros de la Corte”, en alusión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri, aunque luego sus pliegos pasaron por la aprobación del Senado.

También, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja consideró que en el tema del Consejo de la Magistratura, esa posición “es evidente, clara y no hay discusiones al respecto”.

En relación a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que bajará los impuestos si la Corte falla a favor de la Ciudad en el reclamo por la coparticipación, el legislador opinó: “Implica claramente una presión a la Corte, o un guiño, depende de qué lado lo miramos. Está claro que responde a una connivencia”.

“Si Larreta quiere bajar impuestos que los baje, pero que lo haga con dinero propio no con dinero de todos los argentinos”, agregó.

Por otro lado, celebró la iniciativa de un grupo de gobernadores para “modernizar la Corte, federalizarla y democratizarla”.

“Está claro que la Corte como está funcionando no puede seguir funcionando, pero no porque no nos guste a nosotros en esta coyuntura, sino porque no podemos seguir tolerando que los expedientes que hacen a la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos y argentinas sigan dando vueltas 15 años en los despachos de la Corte”, argumentó.

Sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, Pérez Araujo expresó que “estamos analizando y conversando con todos”, porque “los votos el Frente de Todos no los tiene”, pero se abrió “un camino de diálogo y búsqueda de consenso que, en principio, cuando vino el proyecto del Ejecutivo, no estaba”, y a partir de las modificaciones que tuvo el texto en el Senado, eso “nos puede acercar a algunos sectores en Diputados”.

“Estamos en un buen camino, nos hemos tomado un tiempo prudencial”, apuntó y aclaró que el dictamen se firmaría “en las próximas semanas”. No obstante, resaltó que en las exposiciones de especialistas que ya han pasado “se ha dejado evidente la inconveniencia de que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura; creo que en esto más o menos nos vamos poniendo todos de acuerdo”.

Pérez Araujo disparó contra la Corte Suprema: “Está jugando abiertamente para JxC”

El diputado pampeano apuntó que el máximo tribunal “está recostado sobre el ala política opositora”, por lo que “hay que modernizar su funcionamiento y federalizarlo”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos – La Pampa) disparó contra la Corte Suprema de Justicia porque “está recostado sobre el ala política opositora”, y consideró que “hay que modernizar su funcionamiento y federalizarlo”.

“La Corte como está, no puede seguir funcionando”, sostuvo el diputado oficialista al tiempo que remarcó que el máximo tribunal “está jugando abiertamente para Juntos por el Cambio”.

En diálogo con FM La Patriada, el pampeano afirmó que la Corte que preside Horacio Rosatti “está recostada sobre el ala política opositora”, al tiempo que consideró que “hay que modernizar su funcionamiento, democratizarla, federalizarla”.

En una entrevista con el programa Nobleza Hormiga, Pérez Araujo contó que “el proyecto de ley para modificar el Consejo de la Magistratura se está tratando en el plenario de la Cámara de Diputados en dos comisiones: Asuntos Constitucionales y la de Justicia que preside Tailhade”, respecto lo cual señaló: “Llevamos dos reuniones en las que venimos escuchando expositores”.

Además, indicó que “del lado de la oposición en el Congreso, hay una clara manifestación de que todo lo que venga del oficialismo va a ser difícil que pase”.

Al cierre de la entrevista, Pérez Araujo afirmó: “Estamos dialogando, buscando consensos, revisando los proyectos de diputados de distintos bloques para ver si podemos encontrar una salida que nos saque de esta ilegalidad en la que nos ha metido la Corte”.

Con una polémica en torno a la presencialidad arrancó el debate de la boleta única en Diputados

El plenario de comisiones que dio inicio a la discusión del tema dedicó un largo tramo a discutir la posibilidad de que las reuniones con invitados puedan realizarse de manera mixta. El oficialismo rechazó la moción.

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Arrancó finalmente en la Cámara de Diputados el debate sobre la aplicación de la boleta única de papel. Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que arrancó pasadas las 10.30, e inicialmente se acordó fijar un cronograma de trabajo sobre el tema.

“Entendemos que lo que debe primar es la búsqueda de consensos, para eso vamos a priorizar la búsqueda de diálogo y escuchar a todas las voces”, puntualizó de entrada el titular de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, quien aclaró que intentará “respetar el cronograma”, por cuanto consideró “casi un corset el emplazamiento”. Y en ese sentido estimó que “en caso de ser necesario podemos hacerlo un poco más flexible. El tema amerita que las reuniones sean un poco más extensas”, y advirtió que hay dos feriados nacionales en el medio, lo cual podría llegar a complicar el cumplimento de los tiempos.

“Por eso es que apuesto a la flexibilidad de todos y todas para ver si este cronograma no se convierte en un corset y podemos ir moldeándolo de acuerdo con las necesidades que el tema requiera”, apuntó el legislador pampeano, que sugirió a continuación que según lo conversado con los otros presidentes de comisiones se vaya acercando hasta el viernes al mediodía la lista de posibles expositores, para ver cuántos podrían incluirse el martes próximo y así sucesivamente en los encuentros venideros.

A continuación, el presidente del bloque radical Mario Negri señaló que “por una cuestión de organización y teniendo en cuenta los dos feriados y la decisión que tomó el pleno de dictaminar el 31 de mayo, podríamos hacer las informativas de manera mixta, como hemos hecho en otras oportunidades. La que viene y la siguiente”.

La diputada Graciela Camaño advirtió que luego de haber sido emplazados por el cuerpo, si se quería alterar los tiempos de tratamiento deberían consultar al cuerpo. “Porque estamos mandatados expresamente por el cuerpo; no podemos bajo ningún punto de vista tomarnos el atrevimiento de modificar nada de lo que el cuerpo ha decidido por mayoría. Quizá podamos acordar los términos del trabajo que vayamos a llevar adelante”, señaló.

Recordó que para tratar el tema alquileres “nos pareció oportuno aprovechar los insumos tecnológicos que produjimos para la pandemia. Me parece que tenemos que tener una disciplina: si lo usamos para una comisión, deberíamos usarlo para todas las comisiones. Generamos federalismo con la ley de alquileres; tuvimos las voces que jamás hubiéramos tenido de manera presencial”.

“No pongamos esa herramienta en la oportunidad según la ley, debemos dejarnos acompañar por la tecnología”, agregó, insistiendo en que “las informativas híbridas deben ser parte del juego de la política. No le tengamos miedo a eso… Se lo dije a la oposición cuando tratamos alquileres, y ahora se lo digo al oficialismo”.

“Lejos estaba de la intención de extendernos más allá del 31 de mayo para tener un dictamen”, aclaró el diputado Pérez Araujo, señalando que “deberíamos tener una decisión del pleno de la Cámara respecto de si hacemos uso de la virtualidad o la presencialidad, sino queda librado a la voluntad de quienes convocamos a las comisiones”.

A su turno, la diputada Carla Carrizo señaló que en Legislación General, para el tema alquileres, lograron integrar “las voces del interior y fue realmente muy participativo. Tiene que ser bimodal en las informativas me parece que es la modalidad que hace un tema nacional”.

Desde el oficialismo, Leopoldo Moreau aclaró que “lo único que no es híbrido es el reglamento de la Cámara”. Y tras recordar cómo funcionó el cuerpo durante la pandemia, enfatizó que “esa circunstancia ha desaparecido, entonces debemos recuperar el funcionamiento apegado al reglamento de la Cámara”.

En réplica a Carla Carrizo, señaló: “No sé cómo han hecho otras comisiones, pero me parece que en este plenario, y sobre todo porque tenemos un emplazamiento muy detallado debemos acatar el reglamento y el emplazamiento”. Conclusión: reclamó funcionar presencialmente, “como debe ser”.

Justamente Carla Carrizo le salió al cruce, advirtiendo que el artículo 114 bis del reglamento habilita entre otras cosas a utilizar el videochat con la necesidad de conocer la opinión de la ciudadanía. “El reglamento dice lo que estamos proponiendo hacer”, remarcó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales retrucó diciendo que ese punto del reglamento habla de “audiencias públicas. Esto no es una audiencia pública, es una reunión plenaria de tres comisiones. El carácter no está determinado y serán las presidencias las que lo determinen”.

A su turno, Silvia Lospennato aclaró que “el reglamento dice audiencias públicas y debates virtuales. Esta herramienta se utilizó en infinidad de casos, si la mayoría está de acuerdo”. Y remarcó que “en ningún caso contradice el emplazamiento, que lo único que establece es la obligatoriedad de convocar con un temario”.

Pérez Araujo insistió en que él no tenía facultades para poner esa propuesta a consideración: “En las comisiones no se vota”, tras lo cual tomó la palabra el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez que apoyó la postura del diputado Moreau en cuanto a que no se podía funcionar de manera virtual. “Si hubieran querido decidirlo en ese momento no me cabe la menor duda que lo hubieran hecho. Lo que pasa es que no previeron algunas situaciones que llevan a plantear lo que están planteando”.

“Fue tan riguroso el planteo que hasta una diputada de mi bloque, Cecilia Moreau, preguntó cómo teníamos que venir vestidos –recordó-. Y ahora de repente se quiere cambiar la modalidad”.

Cosa que rechazó, por cuanto “intentar modificarlo para que se generen situaciones no contempladas es una doble falta de diálogo político. Estamos acá por una acción absolutamente unilateral, a mi criterio arbitraria de la oposición; estamos aceptando una decisión con la cual no acordamos. No había ninguna acción de retardo como dice el reglamento. Si uno impone criterios después no puede modificarlos en nombre del reglamento”.

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Foto: HCDN

La radical Dolores Martínez celebró que el Frente de Todos se apegara esta vez tanto al reglamento y les pidió entonces conformar la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento, que a su juicio debió haber sido la primera en ser convocada y que en ese caso se aboque a tratar esa cuestión.

Mario Negri pidió terminar entonces el tema, que consideró “una discusión ociosa. “Aunque creamos que tenemos razón, vamos a avanzar y las reuniones serán presenciales”, dijo, pero reclamó que la Cámara garantice que todos los legisladores puedan estar presentes.

“Creo que estamos mezclando cosas, indudablemente sería un desatino que no tuviéramos en cuenta los desarrollos tecnológicos y pudiéramos utilizarlos, pero debemos acordarlo en el pleno, habilitando en qué condiciones, cuándo y cómo”, aclaró Heller.

Tras casi una hora de discusión sobre la presencialidad o no en las reuniones venideras, la diputada Silvia Lospennato arrancó con el debate de fondo. Hizo hincapié entonces en los 40 años que vamos a cumplir de democracia y en el más de un siglo que lleva el mecanismo del sufragio universal. “Un sistema que ha abandonado más del 95% de las democracias del mundo”, remarcó, afirmando que “las democracias han evolucionado hacia una forma de votación que es mucho más sencilla, transparente pero principalmente es más democrática, porque asegura que la oferta electoral está en el cuarto oscuro. Esa garantía hoy no la tienen los ciudadanos”.

Además, sostuvo que con el sistema vigente hoy cada fuerza necesita 102 mil fiscales para una elección para que puedan reponer durante la jornada electoral las boletas. “Porque el robo de boletas, la adulteración, es una realidad que los partidos políticos, sobre todo las fuerzas más chicas denuncian en cada elección”.

Aclaró además que dependerá de los legisladores cuántos nombres aparecerán en las boletas, destacando que por lo que se ha conversado figurarían cinco candidatos en cada una, por lo que “solo cuatro provincias quedarán afuera”. Advirtió además que solo estarán reglamentando la elección de tres categorías: presidente y vice, senadores y diputados nacionales.

Asimismo sostuvo que no ha encontrado “ningún argumento que diga que este es un peor sistema”.

En contra de la metodología que se impuso por la oposición, el oficialista Sergio Casas consideró que en “el espíritu del legislador” el emplazamiento de comisiones “estaba referido para una situación de emergencia”, y si hoy se convocara a elecciones “tenemos, bien o mal, un sistema electoral”.

El exgobernador riojano insistió que “el cuerpo no puede emplazar a un plenario para que establezca una fecha determinada para emitir un dictamen, que no me parece que fuera una emergencia”. Y lanzó que presentar un proyecto sobre boleta única “no nos convierte en los paladines de la democracia”. 

En contra de la reforma del sistema electoral en estas condiciones, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman recordó que desde su espacio siempre ha habido denuncias en los comicios, pero esta modificación “de forma aislada” es “impracticable y muy costosa”. 

Además, observó que habrá incompatibilidad con provincias que tienen ley de lemas, con las PASO y también alertó sobre la fiscalización. “Se está votando un desdoblamiento del sistema electoral, con lo cual es más costoso y beneficia a los oficialismos”, ratificó. Asimismo, se preguntó cómo sería la boleta única en la provincia de Buenos Aires, donde el año pasado en las primarias compitieron 28 listas; y expresó que este instrumento tiende a la “farandulización de la política”. 

Otros de los oradores antes del cierre de la primera reunión, el jefe de la UCR, Mario Negri, resaltó que en el mundo solo 16 países en el mundo no cambiaron todavía su sistema electoral y en América Latina “Argentina y Uruguay son los únicos dos países que conservan este sistema”. 

“Hay que saltar a mejorar el sistema, a darle transparencia, a la autofiscalización”, abogó el cordobés, que admitió diferencias con el sistema que se utiliza en su provincia, pero subrayó que “lo que se está discutiendo acá es aferrarse al status quo”. Y llamó entonces a “no aferrarnos a la trampa”. 

El legislador de Juntos por el Cambio opinó que “inexorablemente esto va a suceder, sea hoy, mañana” porque “inevitablemente la gente va a empujar”.

Por su parte, la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño manifestó que “de lo que estamos hablando cuando hablamos de esto no es de nuestras vicisitudes electorales, o de que nuestro partido pudo haber resultado favorecido” sino “del derecho que tienen los ciudadanos de elegir a sus representantes”.

Se trata de “darle un giro a nuestro sistema electoral que permita al ciudadano tener la ventaja de tener en el cuarto oscuro en una boleta toda la oferta electoral”, señaló y continuó: “No estamos haciendo ninguna cosa extraña, no estamos dinamitando los partidos políticos”. “No es una locura que surge de un emplazamiento, esto lo tiene dicho la Cámara Nacional Electoral desde 2007”, sumó la bonaerense.

Diputados dieron dictamen al proyecto de suspensión de la caducidad de los partidos políticos

Con aval de todos los bloques, la Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó con la iniciativa, que quedó así en condiciones de ser tratada en el recinto. Ya cuenta con media sanción del Senado.

comision asuntos constitucionales diputados 29 abril 2020

Con el aval de todos los bloques recibió dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados el proyecto de ley que busca suspender dos causales de caducidad de los partidos políticos, que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo que todos puedan participar este año del proceso electoral.

En primer lugar, el presidente de la comisión, el pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT), detalló los puntos del proyecto de ley, y resaltó que “el tiempo es oportuno, atento al proceso electoral que se viene” y a “garantizar la participación de todos los sectores políticos, los grandes y pequeños; y garantizar la oferta electoral a la ciudadanía”.

Por su parte, el chubutense Gustavo Mena (UCR) señaló que “estamos ante un proyecto de ley de emergencia”, y eso “demuestra que las emergencias no están por arriba de la Constitución”. Más allá de que se trata de una materia vedada al Poder Ejecutivo, y por eso se debate la iniciativa en el Parlamento, el radical consideró que “el ejemplo vale”.

En ese sentido, criticó la “catarata de decretos” firmados por el presidente Alberto Fernández, que alcanza los 96 DNU, cuando “el Congreso está funcionando”. También, el legislador cuestionó la inactividad de la Bicameral de Trámite Legislativo y aprovechó para reclamar que “no hay rendición de cuentas” por parte del Gobierno, ya que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “se ha tomado por costumbre vulnerar el artículo 101 de la Constitución” sobre su asistencia a ambas cámaras.

“No hay objeciones formales y de fondo para realizarle al proyecto”, sostuvo Graciela Camaño (Consenso Federal), que aseguró que la iniciativa “procura ofrecer una solución más que adecuada para el proceso electoral que vamos a atravesar”. “Las razones de oportunidad, mérito y conveniencia son las que nos llevan a apoyar el proyecto”, completó la bonaerense.

A su turno, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) coincidió que “frente a un nuevo proceso electoral es muy importante que todos los partidos tengan las garantías”. Pero advirtió que “con esto claramente no alcanza para organizar el proceso electoral de este año”.

“En los próximos meses está comisión debería estar muy activa para acompañar el proceso electoral y, probablemente, sea necesario realizar ajustes a nuestra normativa electoral, que solamente la podemos realizar por la vía legislativa”, apuntó.

Sobre ello, la bonaerense consideró: “Vamos a tener que resolver sobre la esencialidad de quienes formamos parte de las organizaciones políticas y vamos a tener que desarrollar actividades durante la pandemia, para que en ningún caso puedan ser restringidas por otros poderes del Estado, poniendo en riesgo la legitimidad del proceso electoral”.

“Algunas cosas las va a poder resolver la justicia electoral, pero otras van a necesitar de un cambio normativo”, anticipó y ejemplificó que “al momento de firmar una alianza, esa firma va a requerir que muchas personas se encuentren en un lugar cerrado, probablemente más de diez personas, y hoy no se podría realizar cumpliendo la normativa”, o también “el desplazamiento de militantes, fiscales; la apertura de los locales partidarios para el reparto de boletas”.

comision asuntos constitucionales diputados 29 abril 2020

En la reunión también habló el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien destacó que el proyecto apunta a “garantizar la mayor participación en el proceso electoral de este año”. “Los partidos políticos para toda la doctrina son instrumentos indispensables de las democracias liberales”, agregó.

La diputada Carla Carrizo (UCR) opinó que además de las garantías a los partidos, “tenemos que garantizar el derecho a los votantes” y, sobre todo, de los residentes argentinos en el exterior, por lo que reclamó volver al voto por correo postal -que el Gobierno derogó-.

“Esta es una ley de blanqueo, estamos blanqueando a los partidos por no haber cumplido con la ley, obviamente en un marco en que era difícil ese cumplimiento”, expresó, pero alertó que “estamos blanqueando el dinero” destinado a las capacitaciones que no se pudieron realizar.

La porteña indicó que en los 652 partidos de distritos y 44 partidos nacionales se invierten en capacitaciones “52 millones, multiplicado por dos -entre la suma de los años 2020 y 2021-, son 104 millones”. “Cuando el dinero falta, la política tiene que rendir cuentas. Esa información de quienes cumplieron y quienes no debería estar”, añadió.

En el tramo final, la mendocina Marisa Uceda (FdT) opinó que “es una ley que viene en coche, viene con consenso del Senado”. “Es una ley que permite garantizar la vigencia y la representatividad que implican los partidos políticos, porque es una obligación también del Estado Nacional”, manifestó.

Y recogió el guante sobre la crítica que Mena realizó al Gobierno: “No estamos gobernando por decreto. Se está intentando solucionar situaciones de emergencia de una pandemia, única, con las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo”.

“Gobernar por decreto es pretender nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, o intentar modificar una ley como fue la Ley de Riesgos por decreto. Eso es intentar gobernar por decreto”, reprochó, en referencia a los actos de la gestión macrista. “Cuando se está reclamando el voto de los extranjeros, eso sí fue por decreto, en clara violación del artículo 77 de la Constitución”, sumó la oficialista.

Por último, el diputado Jorge Enríquez (Pro) acusó al Poder Ejecutivo de haber generado en 2020 una situación en la que “fue muy difícil o prácticamente imposible que los partidos políticos pudieran renovar sus autoridades normalmente”.

“Por un lado, es necesario distinguir este caso de otros en donde pudiera invocarse la pandemia como excusa para modificar las reglas del proceso electoral, justamente en el año que se celebran las elecciones. Por otro lado, todos ustedes saben que desde Juntos por el Cambio hemos expresado hace unos días que solo vamos a aceptar, sujeta a ciertas condiciones, la postergación por un mes de las PASO solicitada por el oficialismo”, subrayó.

El proyecto apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones, producto de la pandemia de Covid-19.

A partir de una incorporación en el Senado, la iniciativa exceptúa de esta normativa a aquellos partidos con elecciones internas en trámite.
Además, el proyecto establece que el dinero no ejecutado en 2020 en materia de capacitaciones que no se pudieron llevar adelante, será reservado para el ejercicio 2021, y se suspenderán las sanciones por el no desarrollo de esos cursos.

Sin fecha a la vista para una reunión con “Wado” de Pedro

Pese a que se presumía que este viernes el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, participaría de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para arrancar con el debate de la postergación de las elecciones, tema sobre el cual no hay formalmente un proyecto presentado, sino el borrador que circuló desde el Gobierno, Pérez Araujo dijo no tener información sobre cuándo podría darse el encuentro.

Consultó sobre el rumor de la reunión el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, a lo que el presidente de la comisión respondió: “Hoy lo hablé con el vicepresidente de la comisión, el diputado Gustavo Mena, no tenemos ningún tipo de noticia al respecto”. Y agregó que tampoco conoce el proyecto oficial, sino que “la única información que tenemos es la reunión que tuvo el ministro con la Cámara Nacional Electoral”.

El oficialismo nombró al diputado Pérez Araujo como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Es la comisión principal de la Cámara baja y estaba acéfala desde la partida de Pablo González a YPF. El nuevo titular responde al gobernador Sergio Ziliotto.

Tras dos meses de mora, el Frente de Todos nombró al nuevo presidente de la comisión más importante de la Cámara de Diputados, la de Asuntos Constitucionales. Será el pampeano Hernán Pérez Araujo, hombre del gobernador Sergio Ziliotto, quien cubrirá el cargo que dejó vacante Pablo González tras su partida a YPF.

Pérez Araujo, de 45 años, es abogado y escribano egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y también director técnico de fútbol. Ingresó a la Cámara baja en 2019 encabezando la lista del Frente de Todos en La Pampa, y tiene mandato hasta 2023.

Antes de acceder a la banca, el legislador ocupó varios cargos en su provincia, entre ellos como director general de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social local -entre 2007 y 2008- y procurador general de Rentas -entre 2008 y 2019-.

La Comisión de Asuntos Constitucionales estaba acéfala desde febrero debido a la renuncia de González a su banca, y el Frente de Todos nombró a su reemplazante a través de una resolución, ya que el cuerpo aún no se reunió desde el inicio del período ordinario.

De esta forma, el bloque liderado por Máximo Kirchner le encomendó a Pérez Araujo la conducción de algunos de los debates más ríspidos que le esperan a la Cámara baja, como los de los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público, ambos con aprobación del Senado.

La comisión también deberá abordar la eventual suspensión o postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, un tema que se dirime por estos días en diferentes reuniones.