Reclaman el traspaso del 51% del paquete accionario de hidroeléctricas para Río Negro y Neuquén

Así lo solicitó la senadora Mónica Silva al Poder Ejecutivo Nacional a través de un proyecto de comunicación. "Apelo al concepto de federalismo", remarcó.

Con la mira puesta en la perspectiva federal, la senadora nacional Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) solicitó al Poder Ejecutivo Nacional el traspaso del 51% del capital accionario de las empresas hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a las provincias de Río Negro y Neuquén.

Mediante un proyecto de comunicación, la legisladora propone la modificación del decreto 895/2024, que autoriza el concurso para la venta del 100% de los activos de las cuatro firmas energéticas que están emplazadas en la zona del Comahue.

Asimismo, destacó la necesidad de realizar un acta acuerdo con los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), al sostener que está “convencida" de que "los acuerdos y los entendimientos pueden generar mejores ideas en favor de los intereses de los Estados”. De esta manera, reclamó a Nación que “prevea la posibilidad de arribar a un convenio con ambas provincias, a fin de avanzar en una tarea mancomunada que permita un acuerdo de voluntades respetando los intereses propios de cada una de ellas”.

Puntualmente, la iniciativa plantea que se modifique el artículo 1ro. del citado decreto para sustituir el artículo 6 del decreto 718/24, el que establecerá que “dentro de 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, con el fin de proceder a la venta del 49% del capital accionario” de las hidroeléctricas. En tanto que “el 51% restante del capital accionario será traspasado a las provincias de Río Negro y Neuquén conforme la ley que lo autorice”.

“Apelo al concepto de federalismo”, afirmó la senadora y señaló: "Los bienes afectados en los decretos mencionados ut supra repercuten de manera directa en las arcas de las economías provinciales” de estos distritos.

En los fundamentos, Silva recordó que “luego de la reforma constitucional de 1994, que establece expresamente que los recursos le pertenecen a las provincias, es en esta oportunidad en la cual se aplicarían por primera vez los términos del artículo 124 in fine a las nuevas concesiones hidroeléctricas de la zona del Comahue, ya que las anteriores datan de 1993”.

“El federalismo es el poder constituyente de nuestra Nación y que le da el origen a nuestro Estado, sobre él se forman las bases que constituyen nuestro país, el respeto por el mismo sienta las bases sobre las que hemos edificado nuestros pueblos, y son nuestros pueblos los que debemos cuidar y proteger ante situaciones que los coloquen en posición de vulnerabilidad”, completó la legisladora que responde al oficialismo rionegrino.

Parrilli quiere que las hidroeléctricas queden en manos del Estado

A través de un proyecto de ley, el senador kirchnerista propuso que la administración de las mismas esté a cargo de Nación y las provincias.

El senador neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para gestionar la continuidad de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional a través de Energía Argentina SA (ENARSA), en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. La iniciativa obtuvo el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, y Carlos Linares de Chubut.

El legislador propuso que a partir del año próximo, cuando finalicen las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional, “la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por Energía Argentina SA (ENARSA), sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”.

Además, el proyecto ordena que “ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan”.

Como opción para cada caso, el proyecto abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.

Para Oscar Parrilli, la “compleja coyuntura” internacional derivada de la guerra en el Este de Europa, “ha puesto en el centro del debate público la necesidad de acelerar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos, convencionales y no convencionales, en orden a garantizar el abastecimiento interno y colocar crecientes excedentes en el mercado externo, como así también, fortalecer el desarrollo de fuentes alternativas, como las renovables”.

En el próximo año 2023, vencen las concesiones que hoy controlan el funcionamiento de las represas hidroeléctricas de las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Por ello, Parrilli recordó que “en el marco de la denominada Reforma del Estado llevada adelante durante la década del 90, se sancionó la Ley 24.065” que privatizó “la administración, operación y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes de la esfera pública a la privada, a través de contratos de concesión de 30 años de duración, con excepción de las entidades binacionales”. Contratos que, a partir de agosto del 2023, comienzan a vencer.

El legislador neuquino aseguró que “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola (…) no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual”.

Es por esto que sostiene que “en el marco de un proceso de transición energética, resulta sumamente importante dotar al Estado Nacional de un instrumento eficaz para potenciar la inversión en fuentes primarias renovables, contribuyendo a la diversificación de nuestra matriz energética, a través de una asociación estratégica con las provincias titulares del recurso hídrico, de fuerte sentido federal y de la participación del sector privado, cuando se considere conveniente”.

Parrilli propone, para iniciar el debate, “que ENARSA pudiera retener el 51% del total del dominio, ya que de esta manera podría simplificar y agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia con las disposiciones que, en materia energética global, disponga el gobierno nacional”.