La senadora Edith Terenzi pidió reproducir una iniciativa que impulsa un marco regulatorio para promover la producción, uso y exportación de hidrógeno limpio. El texto propone incentivos, un fondo específico y una estrategia nacional al 2030.
La senadora chubutense Edith Terenzi presentó un proyecto de resolución para declarar de interés nacional el desarrollo tecnológico, productivo y energético del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones. Destacó, además, la necesidad de avanzar en un marco regulatorio integral para esta industria emergente, considerada clave para la transición energética del país.
El proyecto establece que el hidrógeno renovable y de bajas emisiones debe contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por la Argentina. También declara de interés nacional las inversiones vinculadas a la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción hasta la fabricación de equipos y la generación de energía renovable asociada.
La iniciativa propone la creación del Régimen de Promoción para la Industria del Hidrógeno (PROHIDRO), destinado a otorgar incentivos, previsibilidad y seguridad jurídica a proyectos de inversión. El texto detalla que podrán acceder al régimen empresas, uniones transitorias y otros vehículos de proyecto que desarrollen actividades exclusivamente vinculadas al hidrógeno renovable o de bajas emisiones.
Además, el proyecto crea el Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno (FONHIDRO), que se financiará con partidas presupuestarias, aportes y donaciones, y tendrá como objetivo respaldar iniciativas tecnológicas, productivas y de infraestructura. El fondo no podrá ser financiado por los inversores y sus gastos administrativos no podrán superar el 5% del presupuesto anual asignado.
La propuesta también obliga al Poder Ejecutivo a elaborar una Estrategia Nacional del Hidrógeno 2030, con metas de producción, exportación, infraestructura y participación del hidrógeno en distintos sectores económicos. La autoridad de aplicación —que definirá el Ejecutivo— deberá además llevar un registro público de proyectos, promover acuerdos internacionales y fiscalizar el cumplimiento del régimen.
Con esta iniciativa, Terenzi busca reactivar el debate legislativo sobre un sector considerado estratégico a nivel global, con potencial para atraer inversiones, impulsar exportaciones y posicionar a la Argentina como productor de energías limpias en el marco de la transición energética.
La iniciativa, alineada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) apunta a aprovechar el potencial nacional en energías limpias y convertir a Argentina en un actor relevante en el mercado global del hidrógeno.
El proyecto de ley presentado por Martín Maquieyra (Pro) buscar declarar de interés nacional las inversiones vinculadas a la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, reconociéndolo como un vector clave para la transición energética. Asimismo, incorpora definiciones específicas para distinguir entre hidrógeno de origen renovable y el de bajas emisiones, lo que permitirá establecer estándares claros y trazables en los futuros desarrollos productivos.
Entre sus principales objetivos, la propuesta busca incentivar las inversiones privadas —tanto nacionales como extranjeras—, consolidar condiciones para la exportación estratégica y promover la industrialización de tecnologías vinculadas al hidrógeno, como electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de distribución. También propone integrar estos desarrollos a cadenas de valor que refuercen el posicionamiento nacional en el escenario energético global.
Para brindar previsibilidad a los inversores, el proyecto contempla una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años, asegurando que los proyectos no sean afectados por cambios normativos gravosos. Esta medida, ya utilizada en regímenes exitosos como el de energías renovables, busca dar confianza a las inversiones de largo plazo que la industria requiere para su desarrollo.
Además, se incorpora al RIGI una flexibilización específica para proyectos vinculados al hidrógeno. Se extiende el plazo de adhesión de dos a cinco años y se otorgan tres años para cumplir con el monto mínimo de inversión, atendiendo a las características de maduración más lenta de esta industria emergente en comparación con otras más consolidadas.
La autoridad de aplicación de la ley, que será determinada por el Poder Ejecutivo, tendrá amplias atribuciones, desde la formulación de una Estrategia Nacional del Hidrógeno hasta el diseño de sistemas de certificación homologables internacionalmente. También se la faculta para autorizar proyectos, establecer normas de seguridad y promover la cooperación internacional, especialmente con socios como Alemania y los países del Mercosur.
Argentina cuenta con ventajas competitivas para producir hidrógeno verde, especialmente por sus recursos naturales, capacidad de generación eólica y solar, disponibilidad de agua y vastos territorios. Sin embargo, la historia reciente del país, marcada por la volatilidad macroeconómica y la falta de continuidad en políticas públicas, exige un marco legal robusto para no desperdiciar esta oportunidad estratégica.
Si esta ley se sanciona, podría catalizar la transformación de Argentina en un proveedor relevante de hidrógeno para mercados como Europa y Asia, que muestran altos niveles de demanda y limitada capacidad de producción. El país tendría así la chance de insertarse en una cadena de valor global en expansión y consolidar una industria clave para el futuro energético.