El proyecto de ley presentado por Martín Maquieyra (Pro) buscar declarar de interés nacional las inversiones vinculadas a la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, reconociéndolo como un vector clave para la transición energética. Asimismo, incorpora definiciones específicas para distinguir entre hidrógeno de origen renovable y el de bajas emisiones, lo que permitirá establecer estándares claros y trazables en los futuros desarrollos productivos.

Entre sus principales objetivos, la propuesta busca incentivar las inversiones privadas —tanto nacionales como extranjeras—, consolidar condiciones para la exportación estratégica y promover la industrialización de tecnologías vinculadas al hidrógeno, como electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de distribución. También propone integrar estos desarrollos a cadenas de valor que refuercen el posicionamiento nacional en el escenario energético global.

Para brindar previsibilidad a los inversores, el proyecto contempla una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años, asegurando que los proyectos no sean afectados por cambios normativos gravosos. Esta medida, ya utilizada en regímenes exitosos como el de energías renovables, busca dar confianza a las inversiones de largo plazo que la industria requiere para su desarrollo.

Además, se incorpora al RIGI una flexibilización específica para proyectos vinculados al hidrógeno. Se extiende el plazo de adhesión de dos a cinco años y se otorgan tres años para cumplir con el monto mínimo de inversión, atendiendo a las características de maduración más lenta de esta industria emergente en comparación con otras más consolidadas.

La autoridad de aplicación de la ley, que será determinada por el Poder Ejecutivo, tendrá amplias atribuciones, desde la formulación de una Estrategia Nacional del Hidrógeno hasta el diseño de sistemas de certificación homologables internacionalmente. También se la faculta para autorizar proyectos, establecer normas de seguridad y promover la cooperación internacional, especialmente con socios como Alemania y los países del Mercosur.

Argentina cuenta con ventajas competitivas para producir hidrógeno verde, especialmente por sus recursos naturales, capacidad de generación eólica y solar, disponibilidad de agua y vastos territorios. Sin embargo, la historia reciente del país, marcada por la volatilidad macroeconómica y la falta de continuidad en políticas públicas, exige un marco legal robusto para no desperdiciar esta oportunidad estratégica.

Si esta ley se sanciona, podría catalizar la transformación de Argentina en un proveedor relevante de hidrógeno para mercados como Europa y Asia, que muestran altos niveles de demanda y limitada capacidad de producción. El país tendría así la chance de insertarse en una cadena de valor global en expansión y consolidar una industria clave para el futuro energético.