La iniciativa, que pasa a la Cámara de Diputados, obtuvo 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. La suma asciende a 171 millones de dólares. El plazo para su aprobación vence el próximo 30 de junio.
El Senado dio media sanción este miércoles a un proyecto sobre acuerdo de pago con Fondos Buitre con 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, antes del 30 de junio.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.
En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos. Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.
Luego de que en la última sesión el proyecto volviera a comisiones y se informara sobre la renegociación del acuerdo, también se fijó el 30 de junio (originalmente era el 31 de mayo) como fecha límite para su aprobación, con lo cual el oficialismo en la Cámara baja tiene previsto darle celeridad al tema.
El debate
Como miembro informante, el senador Agustín Monteverde aclaró que el proyecto sufrió una modificación en el artículo 2 y explicó que se trata de los últimos acreedores holdouts de relevancia que le queda al país. Uno de ellos es Bainbridge Ltd. que tiene una sentencia a favor de 96 millones de dólares y “ha obtenido sentencias de entrega de acciones de YPF que están en apelación ante la Corte de Nueva York que fijó la fecha y está en suspenso”.
“Por otro lado tenemos al grupo de entidades que están alineadas en Attestor Value Master Fund LP. Que obtuvieron 16 sentencias entre 2020 y 2024, que en marzo del año pasado lograron la ejecución de garantías, excedentes de bonos por 266 millones de dólares, están en apelación 96 millones de dólares a decidirse en la Corte y que está en suspenso porque la fecha ya pasó”, explayó.
Monteverde sostuvo que “la Ley 27.249 facultó al Poder Ejecutivo a negociar y normalizar la relación con los holdouts cosa que fue respaldada por la Ley de Presupuesto vigente”, y precisó las ventajas que el acuerdo trae al país como el fin de las acciones de Discovery, contiene una cláusula donde ambas entidades se comprometen a no iniciar nuevas acciones y tampoco interferir en operaciones de financiamiento de la república; extingue los dos principales litigios pendientes; el acuerdo concede indemnidad por los gastos legales.
“La entrega es contra el pago, ni bien pagamos recibimos los bonos que formaron parte de la sentencia. Se trata de una quita conforme a la ley porque respeta los principios de eficiencia contemplado por la Ley 24.156 y principios de razonabilidad. Hemos logrado un descuento de más del 35%”, precisó.
El senador libertario consideró que se trata de un acuerdo “razonable, conveniente y legal”. Al referirse a la modificación del artículo 2 del proyecto aclaró que “la enmienda no cambió en absoluto el contenido en sí del acuerdo, solo se dieron de baja algunos bonos que quedaron prescriptos y carecen de fuerza legal”.
Por el lado del bloque UP, el senador justicialista Jorge Capitanich adelantó el rechazo al proyecto y justificó que “el nivel de inmunidad de ejecución debe ser aplicado por el Poder Judicial” y agregó: “Estos mecanismos premian la conducta de los fondos buitres o holdouts”, y agregó que “no es responsabilidad del Congreso autorizar acuerdos de estas características. Es necesario observar la disponibilidad de divisas y recursos para poder pagar”.
En tanto, el titular del espacio José Mayans, comparó la dictadura de 1976 con la gestión de De la Rúa y la administración de Milei: “Es el mismo programa que hoy está vigente", y definió el senador en referencia a los endeudamientos de distintos países a manos de las potencias: “Ese es el plan del sistema colonial”.
“La verdadera corrupción está en el endeudamiento público. Este gobierno es ultra corrupto y es todo mentira que están controlando la deuda hasta que explote, pero nosotros no vamos a ser cómplices de esto y con el desastre que están haciendo con la economía del país”, apuntó y remató: “Esto es una pavada con el brutal endeudamiento del país”.
Por último, la titular del bloque libertario Patricia Bullrich destacó que “venimos a cerrar una herida que tiene 25 años porque el 23 de diciembre de 2001 fue el default más grande de la historia mundial”. “Esto fue una acumulación de deudas”, indicó Bullrich y explicó: “Regía un sistema impuesto por Carlos Menem que precisaba de una premisa básica. Lo que comenzó a hacerse es endeudar el país y generó una situación imposible”.
“Esta deuda pública creció durante el gobierno kirchnerista. Nunca hubo desendeudamiento, hubo maquillaje contable y los litigios siguieron todos. Fueron años de litigio, activos argentinos en riesgo, espionaje ilegal en cuentas del BCRA, una expropiación de los fondos de las AFJP”, recordó Bullrich.
Así fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria. La sesión arrancará a las 11 y sí se incluirán otros pliegos, más los proyectos sobre holdouts e inviolabilidad de la propiedad privada.
Con la polémica generada en torno a las posturas divergentes ante la decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de Verónica Michelli para ocupar un cargo de jueza en La Plata como antecedente, se realizará este jueves una sesión de la Cámara de Senadores a partir de las 11 de la mañana.
Y para ordenar el desarrollo de la misma se realizó este miércoles por la mañana la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se acordó dejar para más adelante el debate sobre el pliego de Michelli y avanzar en cambio con otros dictámenes emergentes de la Comisión de Acuerdos para votarlos en el recinto.
Se avanzará además con el tratamiento de los proyectos para el pago de los holdouts y el texto del Poder Ejecutivo sobre inviolabilidad de la propiedad privada.
Volviendo a los pliegos, se dará ingreso a nuevas propuestas, como así también está previsto que se incorporará al expediente de retiro del pliego de Michelli, tachada por el Gobierno por tratarse de la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista especializado en investigaciones, que ha trabajado especialmente en el tema de la criptomoneda $LIBRA, que le quita el sueño a los hermanos Milei.
Recordemos que la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se diferenció en este tema respecto del Gobierno, anunciando que no avalará el pedido del Ejecutivo. Razón por la cual se conoció este martes que había ofrecido al presidente Javier Milei su renuncia al cargo. Otros senadores del sector dialoguista adelantaron que tampoco avalarán el retiro del pliego.
Cabe consignar que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió este miércoles a la doctora Verónica Michelli, en otro capítulo de su distanciamiento del Poder Ejecutivo.
Los proyectos a debatir
El texto correspondiente al Acuerdo de Conciliación con los holdouts cuenta con un dictamen desde el 19 de mayo pasado, fecha en la que se hicieron correcciones al texto original.
El acuerdo comprende a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp. El acuerdo de pago entre las partes se extiende hasta el 30 de junio y lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Rubén Kliksberg.
El Acuerdo de Conciliación para cancelar el pago de bonos ronda los U$S 175.000.000 que le son reclamados al Estado argentino tras ser avalados por la Justicia de los Estados Unidos en marzo de año pasado. Ambos litigios fueron iniciados en 2014 y 2016, respectivamente.
El acuerdo entre las partes que avaló la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos se alcanzó en marzo pasado cuando el Estado argentino llegó a un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.
Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la República Argentina desde 2016. La Justicia de Estados Unidos ya falló a su favor y le reconoció el cobro de 95.000.000 de dólares más cargos en concepto de intereses.
Por otro lado, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un litigio con la Argentina desde el 2014 por el cobro de deuda soberana adquirida luego de su fundación en 2012.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El otro texto a debatir es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.
Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).
Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.
Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.
Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.
Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.
Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.
El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".
En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.
Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.
Vacaciones de invierno y Mundial anticipan una fuerte desaceleración de la actividad parlamentaria. En Diputados, evalúan una eventual sesión para tratar el pago a los holdouts antes de fin de junio.
Los años legislativos se dividen en dos mitades separadas por las vacaciones de invierno. Que si bien muchas veces son minimizadas por los propios legisladores, existen y afectan la actividad parlamentaria, claro está. Cuando hay Mundial, eso influye aún más. Sucede cada cuatro años, y es lo que está por acontecer en quince días.
No es que vaya a haber un éxodo inminente hacia Estados Unidos, para asistir al torneo ecuménico -aunque no serán pocos los que, con cierta discreción, no se lo perderán-, pero la verdad es que esos dos factores, vacaciones y Mundial, oficiarán como un factor de enorme peso para ralentizar el trabajo en el Congreso.
De ahí que no sean pocos los que consideren que la del miércoles pasado fue la última sesión de este semestre en Diputados, aunque desde el oficialismo se advierte que hay un plazo perentorio que cumplir, de ahí que pueda haber una sesión de urgencia. Se verá.
¿Cuál es ese proyecto que debe ser tratado de apuro? El del pago a los holdouts, que está todavía en el Senado, pendiente de aprobación allí. En la versión inicial, ese plazo estaba marcado para el 30 de abril de 2026. Si no se aprobaba antes de esa fecha, el convenio podía caerse automáticamente y obligar a la Argentina a retomar los litigios en condiciones más desfavorables. Claramente ese plazo se incumplió; recordemos que el texto fue excluido de la última sesión del Senado, por errores que debían ser corregidos.
Pero el plazo fue extendido para dar margen al Congreso: primero hasta fines de mayo, pero luego, con ajustes en el dictamen, se estiró hasta el 30 de junio de 2026.
De ahí que se especule con una sesión urgente en Diputados -una vez cumplida la media sanción- en el transcurso de junio.
La agenda del Senado
Por lo pronto, ese texto debe ser aprobado en la Cámara alta, donde la última semana se le dio dictamen en el marco de un plenario de las comisiones de Economía e Inversión Nacional y de Presupuesto y Hacienda. Allí hubo una actualización en el listado de bonos debido a que el anterior texto contemplaba montos prescriptos y que se incorporaron otros que habían quedado afuera de la redacción. Si bien en esa comisión trascendió que el Acuerdo de Conciliación con Attestor y Brainbridge sería tratado en el recinto este jueves 28 de mayo, lo más probable es que la próxima sesión del Senado sea el 4 de junio.
Ese día se incluirían también pliegos judiciales que han sido debatidos en la Comisión de Acuerdo las últimas semanas. Son 73 que ya están listos para ser tratados, entre los cuales figura el de la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
El otro proyecto que se descuenta estará en el temario de esa sesión que se realizaría el 4 de junio es el de la propiedad privada. El proyecto también tuvo dictamen la última semana, más precisamente el miércoles 20 de mayo, en el marco de un plenario de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, donde se hicieron cambios sustanciales. El dictamen establece un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación, mientras que para los inquilinos en mora se amplía el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial. Según se explicó, la intención es dotar de mayor claridad operativa a la norma y evitar interpretaciones dispares.
Otro de los cambios relevantes es la exclusión del capítulo vinculado al régimen de barrios populares (RENAVAP), que será abordado en una iniciativa específica, así como la incorporación de disposiciones sobre registros de terrenos.
En materia de tierras rurales, el proyecto elimina las restricciones vigentes para la adquisición por parte de extranjeros, aunque introduce un esquema descentralizado: serán las provincias las que definan si autorizan o no esas operaciones, en línea con sus competencias constitucionales sobre los recursos naturales. No obstante, se mantiene la prohibición para que estados extranjeros o empresas con participación estatal accedan a la propiedad de tierras.
Ese sería el temario de la última sesión del Senado de esta primera mitad del año, que tendría lugar el jueves 4 de junio. A menos que con un tratamiento exprés en comisiones se deje listo por ejemplo la media sanción de Zona Fría para convertirla en ley antes del receso.
Los representantes de la oposición elevaron diferentes cuestionamientos que fueron atendidos por Sebastián Amerio y un funcionario del Ministerio de Economía. Los detalles del nuevo texto, luego de la caída en la antesala de la sesión ordinaria del jueves pasado.
Foto: Comunicación Senado
Después de bajar el texto en el recinto y en presencia de Sebastián Amerio, las comisiones de Economía e Inversión Nacional y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron en plenario para dictaminar la segunda versión del Acuerdo de Conciliación con los holdouts. El texto logró la firma del oficialismo y los bloques aliados.
Luego de dar lectura a los cambios en la composición de las comisiones, el procurador del Tesoro de la Nación explicó que el primer dictamen fue desestimado por un “error material”. En ese sentido, agregó que hubo una actualización en el listado de bonos debido a que el anterior texto contemplaba montos prescriptos y que se incorporaron otros que habían quedado afuera de la redacción. De todos modos, ratificó que la suma a pagar por el Estado argentino sigue siendo de U$S 171.000.000.
La voz cantante de la oposición estuvo representada por el senador chaqueño Jorge Capitanich, quien realizó diferentes planteos a los funcionarios presentes. Para ello, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, introdujo que estos juicios y sentencias “generan perjuicios al país”. En otro momento del plenario, afirmó que “siempre estuvo claro que cualquier Acuerdo debía pasar por el Congreso de la Nación”.
El integrante del bloque Justicialista y Fernando Salino fueron los únicos presentes del interbloque Popular. Además, Capitanich, va a presentar un dictamen de minoría en las próximas horas. Así las cosas, el legislador que representa a la provincia de Chaco dejó trascender su conformidad con relación a la exposición de los tres funcionarios presentes, pese a que no está definida la postura del bloque.
Capitanich y Salino, únicos representantes del interbloque Popular en el plenario.
Por su parte, el puntano planteó postura en el Salón Arturo Illia: “Nos gustaría pagar otras cosas sobre todo que venimos con nueve meses de caída de la recaudación y un recorte de 2.5 billones de pesos”. Del mismo modo, entre varios puntos mencionados, consideró que este Acuerdo de Conciliación representa "el 0,8% de los vencimientos que tenemos en 2026; y el 0,5% de los que vamos a tener para 2027”.
Sin dudas, uno de los datos más resonantes fue expuesto por el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, al anunciar que el plazo de sanción acordado se extiende hasta el 30 de junio próximo. De esta manera, el Senado quedará habilitado de llevar esta iniciativa al recinto a partir del próximo 26 de mayo y la Cámara de Diputados tendrá un mes para abordarlo.
Y fue el propio funcionario de Hacienda, quien cerró el debate al relatar que "ellos (holdouts) le dan los bonos, la Argentina le da el dinero, se chequea, a uno se le entregan los bonos y los dan de baja, y el acreedor -que entregó los bonos- recibe la plata. Después vamos las dos partes ante la jueza Loretta Preska para que archive el juicio”.
Fuentes de diferentes bloques adelantaron a parlamentario.com que este Acuerdo de Coonciliación con Attestor y Bainbridge será llevado al recinto el próximo jueves 28 de mayo en una sesión ordinaria coordinada por el oficialismo y los bloques aliados. en caso de que este miércoles se despache, el temario también incluirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
De pasar a la firma, el recinto quedará habilitado en una semana y Diputados deberá resolver la sanción en dos días. El Acuerdo fue avalado por la jueza neoyorquina Loretta Preska en marzo pasado. Cuándo fue el inicio de ambos litigios.
Foto: Comunicación Senado
Luego de no ser tratado en el recinto y devuelto a comisiones en el arranque de la sesión ordinaria del jueves pasado, el Senado volvió a convocar el plenario de Economía Nacional e Inversión junto a Presupuesto y Hacienda para pasar a la firma el despacho del Acuerdo de Conciliación con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp. La reunión fue convocada para este martes 19 de mayo a las 16.00.
El primer expediente considerado por la Cámara alta fijaba como fecha límite al próximo 30 de abril del 2026. Sin embargo, el Poder Ejecutivo de la Nación envío un segundo expediente el jueves pasado -minutos antes de que se lleve a cabo la sesión- donde se informó que el acuerdo de pago entre las partes para se extiende hasta el 30 de mayo próximo.
El nuevo texto, según se menciona en el texto que el Gobierno nacional mandó al Senado el pasado 14 de mayo, lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Ruben Kliksberg.
El Acuerdo de Conciliación para cancelar el pago de bonos ronda los U$S 175.000.000 que le son reclamados al Estado argentino tras ser avalados por la Justicia de los Estados Unidos en marzo de año pasado. Ambos litigios fueron iniciados en 2014 y 2016, respectivamente.
El plan del oficialismo es que ese martes Martín Goërling Lara y Agustín Monteverde, titular de Economía e Inversión Nacional y Presupuesto y Hacienda, pasen a la firma el despacho, el cual quedará habilitado para ser llevado al recinto a partir del martes 26. Luego, Diputados tendrá tres días para realizar un plenario, dictamen exprés y sancionarlo definitivamente en sesión especial.
El acuerdo entre las partes que avaló la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos se alcanzó en marzo pasado cuando el Estado argentino llegó a un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.
Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la República Argentina desde 2016. La Justicia de Estados Unidos ya falló a su favor y le reconoció el cobro de 95.000.000 de dólares más cargos en concepto de intereses.
Por otro lado, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un litigio con la Argentina desde el 2014 por el cobro de deuda soberana adquirida luego de su fundación en 2012.
Según anunciaron los integrantes del oficialismo se debe a “cuestiones técnicas”. Adelantaron, de todas maneras, que la semana próxima se volverán a poner a consideración en plenario de comisiones. Deben sancionarse antes del 31 de mayo.
Foto: Comunicación Senado
Después de anunciarlo en la previa, La Libertad Avanza, a través de Agustín Monteverde, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, propuso el regreso a comisión del Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD. Y el grupo de acreedores que encabeza Attestor Value Master Fund LP (holdouts).
Minutos antes del inicio de la sesión ordinaria, el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, explicó que se debe a “una cuestión técnica”, pero adelantó que “seguramente la semana próxima lo tratemos”. Asimismo, aclaró que “están los números suficientes como para que la Argentina siga siendo responsable frente a los compromisos internacionales porque queremos que todo se haga conforme a la exactitud y ala precisión que amerita este tema”.