Se trata de una reforma que busca readecuar la norma de modo de cumplir con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Funcionarios participaron de la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, comandada por el kirchnerista Oscar Parrilli, pasó a la firma para su dictamen un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en relación a las sanciones disciplinarias aplicadas a las personas privadas de su libertad.
La iniciativa, que ingresó en abril del año pasado, modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.
A esta propuesta se arribó por consenso con la Defensoría General de la Nación en el marco del caso de Guillermo Lynn, que tramita ante la CIDH. Se trata de una petición contra la Argentina que fue presentada el 29 de diciembre del 2000, en relación con el procedimiento mediante el cual se impuso a Lynn una sanción disciplinaria y las consecuencias que de ello se sucedieron en el caso.
Al encuentro, que se realizó en el Salón Illia, asistió el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien sostuvo que “es de suma importancia poder estar tratando este tema puntual”. Recordó que cuando asumió su gestión se encontró con “muchas causas en ámbitos internacionales que estaban casi abandonadas, desestimadas por el Ejecutivo Nacional” y, a su vez, “dictámenes de la CIDH con el riesgo de ser elevados a juicio y que el Estado argentino sea condenado”.
Al mencionar la causa Lynn, el funcionario señaló que en ese caso “se demostró la arbitrariedad, la no escucha a una persona que había accedido al beneficio de la libertad condicional”. Y lamentó que “el Estado y las reparaciones llegan tarde”.
Pietragalla Corti informó que la CIDH dio una nueva prórroga hasta el 12 de agosto y para esa fecha hay que “mostrar un avance real” para que “no sea elevada esta causa, porque corremos el serio riesgo de ser condenados”, reiteró. “Una condena implicaría cambios más estructurales y que eso nos genere una situación compleja como la de tener que readecuar recursos económicos”, agregó.
A su turno, María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, remarcó que este proyecto es la culminación de “una negociación que las partes mantuvieron a lo largo de 20 años”, y subrayó que en 2018 “la CIDH dio un informe de fondo declarando que la ley actual violaba” artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta reforma se trata de “adecuar la actual ley modificando todas las fallas que tenía en relación con el debido proceso”, indicó, al tiempo de que “las faltas medias y leves -no contempladas en la norma- sean abordadas con una especie de comité y se vehiculicen de otra forma que no sea la sanción, salvo que sea inevitable”.
“Se hace una reforma muy importante en cuanto a lo que es la etapa recursiva. Antes el recurso no impedía la aplicación de la falta, ahora el recurso suspende la aplicación de la falta hasta tanto un juez la revise y esto evita la discrecionalidad de la autoridad administrativa”, explicó sobre uno de los cambios.
Por su parte, Silvia Martínez, defensora pública interamericana y representante de la Defensoría General de la Nación, lamentó que “la víctima de este caso falleció esperando justicia. Esto siempre es grave”. “La petición se presentó en 2002 ante la CIDH luego de haber transitado todas las instancias judiciales de Argentina”, repasó.
Advirtió que “estamos a un paso de la condena” y “el Estado argentino solicitó una instancia de negociación para no pasar al juicio”. El paso “más importante” y “más difícil” es “la adecuación legislativa, la que estamos haciendo aquí”, consideró. “Adecuar las normas a los estándares que los organismos internacionales nos imponen siempre es un problema”, reforzó.
Sobre la iniciativa, Martínez dijo que “este es un proyecto de acuerdos que estamos dispuestos a cumplir” en el cual “la Defensoría cedió algunas pretensiones y el Estado cedió otras en materias normativas”. Sin embargo, “este proyecto mejora sensiblemente la ley vigente; es una reforma posible y buena”.
Pero reclamó que “no podemos darnos el lujo de extender esto, ya pasaron 20 años”. “Si antes del vencimiento de esta prórroga no tenemos un avance real en materia de adecuación normativa nuestra obligación institucional es pedirle a la Corte que el caso avance”, afirmó.
En su exposición, María Josefina Ignacio, comisionada en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró que el proyecto es “de mucho interés para nosotros” ya que “incorpora principios generales y garantías en los procedimientos administrativos con el objetivo de que sean respetados los derechos de las personas privadas de su libertad”.
La expositora dijo a los senadores que se les iba a aportar un informe técnico con observaciones al proyecto realizado desde el Comité, al tiempo que destacó “la propuesta de la adopción de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para la resolución de casos que se enmarque en infracciones leves y medias”.
“Para nosotros estas experiencias constituyen estrategias eficaces para evitar la tortura y los malos tratos, y también resultan esenciales para evitar la proliferación de sanciones arbitrarias y la utilización de mecanismos que de por sí afectan la integridad personal de las personas privadas de la libertad, como es el aislamiento en buzones”.
Sobre ese punto, Ignacio señaló que “el confinamiento solitario” en esos lugares, a los que describió como “los más espantosos de la cárcel, son celdas muy pequeñas, sin luz, ni eléctrica, ni solar, sin agua, sucias, oscuras y alejadas de todo”, son “una práctica brutal que debe erradicarse”, al tiempo de “una práctica absolutamente obsoleta para resolver los conflictos”.
En cuanto a estos mecanismos que se prevén, la comisionada afirmó que hay “experiencias muy buenas que ya se están realizando en distintas jurisdicciones del país”, como en la cárcel de Batán, y también en unidades de Chaco, Chubut y Tucumán. A su vez, “en el Servicio Penitenciario Federal se lleva adelante el programa Mario Juliano”.
Para Ignacio, las herramientas contempladas en la reforma “son un camino para avanzar hacia un nuevo paradigma de política carcelaria más humana, más democrática y más respetuosa de los derechos humanos”.
Una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Fernando Iglesias, presentaron un proyecto para exigir la presencia de Horacio Pietragalla Corti para que informe los fundamentos para realizar la muestra.
El diputado nacional Fernando Iglesias, acompañado por más de una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para solicitar la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, a la Cámara de Diputados para que informe sobre la polémica muestra denominada “Neoliberalismo Nunca Más” realizada en la ex ESMA.
La iniciativa solicita que el funcionario informe sobre “los fundamentos para la instalación de la muestra en la ex sede de la ESMA (Espacio Para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humano)”.
“Informar sobre el costo y las erogaciones realizadas para la instalación de la muestra, y si fueron asignadas a las partidas correspondientes al presupuesto del Archivo Nacional de la Memoria”, expresa en su segundo punto.
La muestra denominada “Neoliberalismo Nunca Más”, fue realizada en la sede de la ex ESMA y organizada por la secretaría a cargo de Pietragalla Corti, equiparó a los gobiernos democráticos de signo distinto del oficialismo con la última dictadura militar y los delitos de lesa humanidad de los que fue responsable.
El senador de JxC presentó un proyecto repudiando el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tras organizar la muestra “Neoliberalismo Nunca Más”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto para repudiar la utilización de los recursos públicos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para la organización de “muestras con contenido discursivo de cancelación y cercenamiento de derechos civiles y políticos, asimilando un gobierno democrático con la dictadura militar”.
“Rechazamos las declaraciones del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti en relación a que ‘La exposición es una herramienta de capacitación sobre los retrocesos en materia de #DDHH que provocaron las etapas de gobiernos neoliberales en nuestro país’”, expresó el legislador.
En este sentido, el senador fueguino manifestó que “es una falta de respeto la equiparación que realiza el Estado de un gobierno democrático con la dictadura militar, es por eso que solicitamos a los organizadores que se pronuncien en desagravio a los ofendidos y a sus votantes”.
“Esta muestra constituye un peldaño más en la escalada de violencia y autoritarismo de esta alianza gobernante absolutista, de pensamiento único, que se llena la boca defendiendo los derechos humanos (calificando de negacionista al gobierno de Cambiemos y de ‘endeudadores seriales’, asimilándolo a la dictadura militar), cuando no tienen ojos para advertir las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Formosa durante el aislamiento eterno en la pandemia, ni las de Cuba, ni las de Venezuela, ni las de Nicaragua, ni las de Rusia, antes, durante y después de la pandemia”, fustigó Blanco.
“Ensuciar el Nunca Más pronunciado en el alegato del Juicio a las Juntas Militares una vez recuperada la democracia es retroceder. El Nunca Más no es de La Cámpora. No es de ningún partido. Nunca más para los argentinos, para todo el pueblo, significa una antes y después, un límite que no estamos dispuestos a tolerar otra vez. Estamos frente a un sistema de gobierno absolutista y como tal autoritario”, agregó el legislador.
“Solicitamos de manera urgente a los organismos del estado que se abstengan de seguir utilizando recursos públicos para propaganda política”, finalizó el senador de cambiemos.
El proyecto fue acompañado por los senadores Mercedes Gabriela Valenzuela, Alfredo Luis De Angeli y Juan Carlos Romero.
Será en el marco de la entrega de premios Jorge Morresi, en la cual se busca distinguir a figuras y organizaciones que defienden los derechos humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Al igual que ocurre cada año, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Legislatura de la Ciudad entregará este lunes los premios “Jorge Morresi”, mediante el cual buscarán distinguir a distintas figuras y organizaciones que defienden los derechos humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Entre las principales personalidades destacadas de la edición 2022 se encuentran el expresidente de Ecuador, Rafael Correa; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la actriz Rita Cortese.
En la nómina de los reconocimientos figuran además Ana Pecoraro, Ernesto Lejderman, Marlene Wayar, Pablo Vassel, Alejandra Naftal, Laura Garrigós, Claudio Yacoy, Mónica Hasenberg; y el medio de comunicación popular La Retaguardia y la organización La Intersindical de Derechos Humanos.
En un comunicado, la conducción de ATE encabezada por Ezequiel Gennaro y Noelia Martínez aseguraron que “en tiempos en que la militancia y la lucha permanente por los derechos humanos, son una tarea cotidiana, se vuelve imprescindible homenajear a quienes velan a diario, por la defensa de una sociedad más justa”.
Cabe recordar que la ceremonia se llevará a cabo en el Salón Dorado a partir de las 17 y podrá seguirse de manera presencial y virtual.
Diputados del Juntos por el Cambio quieren que esos funcionarios nacionales se expresen en el recinto respecto de la situación que atraviesa la provincia de Formosa.
El diputado nacional Ricardo Buryaile, junto a otros compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para interpelar en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Es a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores nacionales por diversas cuestiones jurídicas de la provincia de Formosa respecto a la situación que viven los formoseños en los denominados “Centros de Aislamiento” provinciales en clara violación a los Derechos Humanos.
“En Formosa, se están dando hechos gravísimos que no sólo están circunscriptos al ámbito de la política y de las cuestiones sanitarias, sino que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos de las formoseñas y formoseños”, afirmó Buryaile .
El exministro de Agroindustria de la Nación afirma que en la provincia, se implementó el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la provincia de Formosa”, y que “lamentablemente este sistema ha dado lugar a incontables arbitrariedades, algunas de ellas tan graves, que son una clara afrenta a los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales vigentes en nuestro país”, aseguró.
Buryaile recordó que oportunamente como diputado de la Nación, meses atrás elaboró una denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre una serie de hechos en los que he manifestado las diversas situaciones violatorias de los Derechos Humanos en suelo formoseño. “Muy detalladamente, denunciamos ante las autoridades nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las claras violaciones a los Derechos Humanos y a los fallos judiciales por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa, imponiendo supuestas medidas sanitarias se excedan en aquellos principios y garantías que precisamente busca proteger, deviniendo su irracionalidad en medidas autoritarias y restrictivas claramente violatorios de las libertades constitucionales”, afirmó el legislador nacional.
En los centros de aislamiento, “las condiciones habitacionales distan muchísimo de lo que podría considerarse ‘digno’, siendo espacios compartidos sin refrigeración, camas sin distanciamiento correspondiente y sin derecho a la intimidad”, fustigó Buryaile. La difícil situación se vio intensificada en la jornada del pasado 21 de enero, cuando dos concejalas, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, participaron de una manifestación para reclamar por las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento de la capital provincial, y fueron apresadas por la policía provincial durante más de una hora. “Éste es un capítulo más de todos los excesos que se cometen en Formosa”, sostuvo el diputado.
El proyecto de resolución presentado sostiene que “una pandemia nunca puede ser utilizada para ir en contra de los principios democráticos y republicanos. Hoy estamos viviendo un claro abuso de la autoridad en todos los niveles”. Además, menciona que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “debe ser el encargado de fortalecer el sistema de Derechos Humanos en nuestro país y velar por su cumplimiento, respeto y protección”.
Finalmente, Buryaile remató: “Estamos a la espera y exigimos una urgente respuesta y medidas concretas en resguardo de los derechos de los formoseños y formoseñas que están siendo vulnerados por parte del Poder Ejecutivo provincial”.
El bloque de diputados de la CC ARI pide la interpelación de Marcela Losardo. “Queremos saber si el ministerio a su cargo funcionará cómo una dependencia estatal dedicada a la defensa personal de encauzados por hechos de corrupción”, sostienen
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica pide la interpelación de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. “Queremos saber si el ministerio a su cargo funcionará cómo una dependencia estatal dedicada a la defensa personal de encauzados por hechos de corrupción” señalan.
Los legisladores de la CC ARI citan a la ministra Losardo “a fin de que informe verbalmente a la Comisión de Justicia de esta Cámara sobre las presentaciones judiciales efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitando la prisión domiciliaria de los señores Ricardo Raúl Jaime y Martín Báez”.
“La Coalición Cívica expresa su profunda preocupación por las presentaciones judiciales efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, solicitando la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, quien se encuentra condenado por haber sido uno de los máximos responsables de la tragedia de Once, y de Martín Báez, acusado de lavado de dinero”, afirmaron. “También creemos fundamental que la Ministra revise quiénes son los funcionarios que tiene a cargo y si, efectivamente, son sus subordinados”, añadieron.
Desde la CC ARI agregan que “nos preocupa que el Poder Ejecutivo aproveche la grave situación que está atravesando nuestro país como consecuencia de la pandemia del coronavirus para garantizar la impunidad de los ex funcionarios kirchneristas corruptos y de todos aquellos que formaron parte del entramado de corrupción del gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner”.
“Es perverso que en medio de una pandemia el gobierno pretenda que se le conceda la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, uno de los máximos responsables del esquema de corrupción que provocó la dolorosa tragedia de Once, quien, además admitió haberse quedado con dinero público de manera irregular”, expresaron.
Los diputados de la Coalición Cívica quieren que la ministra de Justicia sea interpelada en la Cámara de Diputados a fin de brindar explicaciones sobre lo ocurrido. “Hemos sido prudentes comprendemos las enormes dificultades que ha provocado a nuestro país la propagación del coronavirus en nuestro país, también hemos actuado con la misma responsabilidad con la que lo hicimos durante los años en que nos tocó ser oposición, pero no vamos a aceptar que los funcionarios del presidente Alberto Fernández pretendan garantizar la impunidad de los ex funcionarios corruptos, utilizando como excusa la pandemia que azota al mundo”, agregaron los integrantes del bloque de diputados nacionales de la CC ARI.
