Los diputados Martín Tetaz y Hugo Romero presentaron cada uno un proyecto en el que citan al Congreso a ambos ministros para que explique qué medidas tomó el Gobierno respecto a los hechos ocurridos en las provincias de Jujuy y Chaco.
Los diputados nacionales Martín Tetaz (Evolución Radical) y Hugo Romero (UCR) presentaron cada uno un proyecto que tienen como objetivo citar a la Cámara baja al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para dar información y explicaciones sobre lo que sucede en las provincias de Jujuy y Chaco.
El proyecto de Tetaz solicita que Pietragalla comparezca ante las comisiones correspondientes de la Cámara con la finalidad de que informe e indique si viajó en el avión presidencial Tango 04 o en algún otro medio de transporte a la provincia de Jujuy durante el fin de semana del 18 de junio.
También que indique el listado completo de quienes lo acompañaron y dónde se hospedaron; los motivos del viaje; si se ha reunido con las autoridades de la provincia a los efectos de interiorizarse de los hechos suscitados en Jujuy; que indique si el Gobierno tiene conocimiento de la reforma constitucional local.
Además, pide saber cuántos recursos del Estado Federal fueron erogados durante su presencia en Jujuy; si tiene un viaje programado a la provincia de Chaco y si sabe lo que ocurrió allí en términos de derechos humanos.
“Tenemos serias dudas que la presencia de Pietragalla haya tenido que ver con la defensa de los derechos humanos en dicha provincia. Por el contrario, sospechamos que formaron parte de la organización de los hechos vandálicos ocurridos en los bienes públicos de la provincia”, manifestó Tetaz en su iniciativa y denunció: “Nos llama la atención que el secretario no haya pasado por Resistencia donde una mujer ha desaparecido”.
La iniciativa del economista es acompañada por los diputados Carlos Zapata, Margarita Stolbizer, María Sotolano, Marcela Campagnoli, Germana Figueroa Casas, Lidia Ascárate, Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, María Eugenia Vidal, Camila Crescimbeni, Sabrina Ajmechet, Marcela Antola, Graciela Ocaña, Gerardo Cipolini, Adriana Ruarte, Pablo Torello, José Núñez, Ana Clara Romero, Claudio Poggi y Roberto Sánchez.
Por su parte, el proyecto del radical Romero suma un nombre más, el del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. En el texto, solicita que informen si el Gobierno nacional ha intervenido, mediante organización, financiamiento, inteligencia y/o cualquier otra medida de colaboración en los disturbios acaecidos en Jujuy.
A su vez, saber si se han tomado medidas relativas a garantizar la forma republicana de gobierno que se “encuentra alterada” en Chaco. La iniciativa es acompañada por los diputados Karina Banfi, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Juan Martín, Miguel Ángel Bazze, Gabriela Lena, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini, Julio Cobos, Natalia Sarapura, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Miguel Aguirre y Marcos Carasso.
A través de una carta enviada al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre DDHH, la principal oposición salió al cruce de las denuncias que nuestro país realizó el lunes a través de Horacio Pietragalla.
La controvertida presentación del Gobierno argentino el lunes pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuvo su correlato este jueves, al enviar una carta los partidos que integran Juntos por el Cambio al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.
Allí plantean desde Juntos por el Cambio que se ven en la necesidad de “desmentir categóricamente” manifestaciones formuladas a través de secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Hablan de “insólitas críticas” a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición democrática, a los medios, a la existencia de una supuesta ‘lawfare’, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una ‘detención arbitraria’ de la condenada señora Milagro Sala”.
Para los partidos que integran Juntos por el Cambio, el propósito de ese informe es “buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia”.
Califican de “absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Rechazan también la calificación de “criminal endeudamiento” que esta administración le atribuye al Gobierno anterior, siendo que –afirma en la misiva- “dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”.
La carta enviada por Juntos por el Cambio se refiere a la presentación que hizo el Gobierno nacional en la 42° Sesión del Examen Periódico Universal (EPU), que se llevó a cabo en Ginebra el pasado lunes 23 de enero.
A continuación transcribimos el texto completo:
Señor Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación al reciente informe y declaraciones oficiales efectuadas por la Delegación Argentina durante la realización de la 42da Sesión del “Examen Periódico Universal” llevada a cabo el pasado día 23 de enero del corriente año, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como es de su conocimiento, lamentablemente la Representación Argentina a través del informe y su presentación, ha realizado manifestaciones que nos vemos obligados a desmentir categóricamente.
Ante estas insólitas críticas a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición democrática, a los medios, a la existencia de una supuesta “lawfare”, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una “detención arbitraria” de la condenada señora Milagro Sala, ponemos en su conocimiento lo siguiente:
Este informe y declaraciones efectuadas por el Secretario de Derechos Humanos de nuestro país, Horacio Pietragalla, tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia frente, no sólo con la condena a la actual Vicepresidente de Argentina, Cristina Ferrnandez de Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes.
En ese sentido, quisiéramos expresar que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la justicia para lograr su impunidad.
Por otra parte, repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales.
Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta “lawfare” utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior administración de gobierno.
El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción.
Asimismo, frente la supuesta condena al discurso de odio, pretende silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libre expresión para evitar que estos hechos de corrupción tomen estado público, acusando a periodistas de difundir noticias falsas que sólo reproducen la realidad.
Por otra parte, denostan con una dura retórica a los que ellos denominan “grupos económicos concentrados” cuando las medidas económicas del gobierno hacen cada día más difícil lograr el progreso y desarrollo de las empresas argentinas. Sólo basta mencionar que este año pasado hemos alcanzado cerca del 100 % de inflación anual.
Además, en la presentación del secretario Pietragalla, se hace mención a que “ el Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Al respecto, cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 15 de diciembre, dejó firme su condena de 13 años por una probada asociación ilícita y defraudación al Estado por más de 60 millones de dólares. Ello, sin perjuicio de otras causas judiciales por otros delitos que continúan en su debido proceso.
Por estas razones y a los efectos de presentar la verdad de los hechos, es que nos dirigirnos a señor Alto Comisionado con el propósito de que, por su intermedio, puedan conocerse las verdaderas razones que impulsan a las autoridades nacionales, no sólo a denostar a la oposición y a otros sectores en el ámbito doméstico sino que ahora ha decidido hacerlo, sin medir los alcances del daño a nuestra imágen en el mundo, ante la comunidad internacional en su conjunto.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para reiterarle al señor Alto Comisionado, las expresiones de nuestra más distinguida consideración.
En el mismo, afirma la principal oposición, se busca “la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”.
A través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Gobierno argentino presentará este lunes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre nuestro país, que incluye severas críticas al Gobierno de Mauricio Macri y también a la Justicia.
El contenido del documento se conoció este fin de semana y fue cuestionado primero por la Coalición Cívica y luego por Juntos por el Cambio en general.
Según pudo saberse, el informe fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y habla de los discursos del odio que, se indica allí, “han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.
El documento advierte sobre “la práctica del lawfare”, que atribuye a sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático”, afirmando que “constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”.
En el documento se sale en defensa de la vicepresidenta de la Nación, haciendo referencia a las causas que la tienen como acusada, en las cuales se afirma que “se violan garantías fundamentales del Estado de derecho bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción”.
“En estas causas judiciales, como las que enfrenta la expresidenta de la Nación, bajo
la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías
fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso
como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe
guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente
en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento
criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”, afirma el documento.
La principal oposición salió al cruce de esta noticia repudiando el accionar del Gobierno en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Repudiamos la acción de los representantes del Gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, afirma a través de un comunicado Juntos por el Cambio.
“Expresamos a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirma el comunicado, en el cual se repudia “el accionar de los representantes del Gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político”.
“Repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”, enfatiza JxC.
Asimismo se considera “inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta ‘lawfare’ utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior administración de gobierno”.
El comunicado finaliza asegurando que “el fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción”.
El organismo encabezado por Horacio Pietragalla Corti realizó la presentación a raíz de las manifestaciones del diputado sobre el acampe del MTE en Lago Escondido. “Cárcel o bala para estos delincuentes”, había escrito el liberal en su Twitter.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente este miércoles al diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) por instigación a la violencia luego de su mensaje en Twitter sobre el acampe que Juan Grabois junto a otros dirigentes realizó en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. “Cárcel o bala para estos delicuentes”, escribió el liberal.
En la presentación, el organismo destacó “la peligrosidad y el carácter antidemocrático del mensaje de Espert, especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional”.
“Este tipo de declaraciones se encuentran prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, fundamenta la denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Además, en el escrito, la Secretaría de DD.HH. recordó que en septiembre pasado también había denunciado a Espert por un mensaje similar, cuando pidió “bala” para miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Sin embargo esa denuncia, que recayó el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, fue archivada.
“Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un diputado nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial”, se señaló en la presentación.
También, mediante un comunicado, el organismo comandado por Pietragalla Corti reveló que puso en conocimiento de esta situación a la presidencia de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para que “se adopten las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición”.
Ricardo López Murphy, José Luis Espert y Carolina Piparo fueron a la justicia por la vinculación de la Secretaría de DDHH de presidentes democráticos con la dictadura.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, fue denunciado por tres diputados nacionales que lo acusan de los delitos de peculado e incitación al odio, en el marco de la muestra “Liberalismo Nunca Más” que montó esa dependencia nacional en la ex ESMA.
Allí se compara a los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri con la última dictadura militar.
Los denunciantes son los diputados nacionales Ricardo López Murphy, José Luis Espert y Carolina Piparo, quienes incluyeron en la denuncia al titular del Archivo Nacional de la Memoria, Marcelo Castillo.
La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos, ante el cual plantearon como pruebas que en dicha muestra se exhibe “una línea de tiempo que vincula a la última dictadura militar con las presidencias de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y luego con el gobierno de Mauricio Macri, trazando una suerte de continuidad entre todos”.
De tal manera, interpretan los legisladores, se busca emparentar a “tres presidentes constitucionales y elegidos por el pueblo democráticamente con el Gobierno militar, asociando a todos con las ideas políticas liberales bajo el mote de ‘neoliberalismo’, con la intención de demonizar ese pensamiento”.
“El mensaje incita al odio del grupo de personas que tenemos y expresamos las ideas liberales porque mediante la muestra se busca cargar la culpa de todos los males que padeció el país a quienes profesamos dicho ideario”, sostienen los denunciantes, que hacen hincapié también en que mientras eso sucede con los citados exmandatarios, a los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández se los exhibe como “una suerte de salvadores del país”.
Fue en el marco de la sexta edición de los premios “Jorge Morresi” que entrega la Asociación de Trabajadores de Estado-ATE en la Legislatura porteña.
En un emotivo acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, la delegación local de la Asociación de Trabajadores de Estado-ATE realizó la sexta edición de la entrega de los premios “Jorge Morresi”, en la que se reconoció la labor de distintas personalidades y organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos.
La conducción del evento estuvo a cargo de Ezequiel Gennaro y Noelia Martínez, quienes fueron los encargados de entregarles el galardón al secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla; la actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, Laura Garrigós; el ex presidente de Colombia, Rafael Correa; y la actriz Rita Cortese.
También se premió a Ana Pecoraro, Ernesto Lejderman, Marlene Wayar, Pablo Vassel, Alejandra Naftal, Claudio Yacoy, Mónica Hassenberg, y las organizaciones “La Retaguardia”, y la Intersindical de Derechos Humanos.
Al respecto de la ceremonia de premiación, Gennaro destacó que “en tiempos en que la militancia y la lucha permanente por los derechos humanos, son una tarea cotidiana, se vuelve imprescindible homenajear a quienes velan a diario, por la defensa de una sociedad más justa”.
Estuvieron presentes en el evento las Madres de Plaza de Mayo Lita Boitano y Taty Almeida; el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde; el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, y algunos premiados de otros años, como el ex juez federal Carlos Rozanski y Ricardo Righi.
La iniciativa, impulsada por la senadora santacruceña Ana María Ianni, tiene como objetivo declarar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos. El acto se realizó en el Salón Illia.
A 100 años de la Patagonia rebelde, se presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo declarar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante las huelgas patagónicas (1919-1922), en las que fueron fusilados 1.500 trabajadores.
Impulsora de la iniciativa, la senadora santacruceña Ana María Ianni abrió el acto que se realizó de manera presencial -y remota- en el Salón Illia de la Cámara alta.
La legisladora oficialista indicó que se trata de “empezar a visibilizar qué es esto de hablar de las huelgas obreras, patagónicas, de la Patagonia trágica” y relató su experiencia personal de encuentro con esa historia, que comenzó con su actividad como guía de turismo y siguió en su función pública.
El proyecto “busca reivindicar nuestra memoria, buscar la verdad y sobre todo que se haga justicia”, resaltó Ianni, que además abogó por que “nunca más en nuestro país, ni en el mundo, ningún trabajador tenga que dar su vida para conquistar derechos laborales”.
También detalló que la iniciativa propone la creación de una comisión bicameral investigadora en el Congreso, con la participación de especialistas.
A su turno, Andrés La Blunda Fontana, director de la Casa Provincial de Santa Cruz, consideró que “estamos ante un hecho político muy importante” porque se trató del “evento trágico más importante para la provincia y uno de los más importantes del siglo XX”.
El funcionario señaló que por años esa historia no había sido “institucionalizada”, pero destacó que la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, impulsó por decreto “la creación de las mesas de las huelgas patagónicas” para “reconstruir la memoria y el relato de una verdad silenciada y oculta”, además de declarar feriado provincial el 7 de diciembre.
Conectado de manera virtual, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sostuvo que “es una iniciativa necesaria para la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño hecho al pueblo argentino”. “La memoria no es quedarse para el pasado, nos ilumina el presente”, remarcó.
En ese sentido, pidió “ver qué está pasando hoy con los pueblos originarios, con las muertes, con la persecución, con el problema territorial”; y opinó que la prórroga de la Ley 26.160 “no es suficiente”. “No puede ser que cada cuatro años sigan estirando, estirando”, expresó y reclamó por “una ley de los territorios comunitarios, que es otra forma de pensar en la tierra”.
Por su parte, Esteban Bayer, hijo de Osvaldo Bayer, afirmó que la iniciativa “viene a saldar una deuda que tiene el país, la sociedad, con nuestra propia historia”, y que si su padre viviera diría “valió la pena”. “¿Qué valió la pena? Su trabajo de investigación, los años que le dedicó a desenterrar esa verdad que había quedado oculta durante medio siglo. Fue un trabajo de hormiga”, manifestó.
Y continuó: “Un trabajo que tuvo su costo político, su costo de persecución, esa investigación fue la que lo obligó a tener que irse al exilio. Sus libros fueron quemados, la película fue prohibida”.
Finalmente, cerró el acto el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien destacó que se trata de “recordar y reparar una de las peores masacres de nuestra historia”, que al mismo tiempo fue “una marca muy fuerte en la identidad argentina”.
“Pensar esta Patagonia trágica sin ver los problemas que enfrentamos en el presente sería un error como sociedad, como democracia pluricultural que somos”, aseveró y se refirió a “escuchar las voces de los que tienen reclamos históricos”.
Al cuestionar que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos “tuvimos muchos retrocesos en algunos avances que habíamos tenido en derechos humanos”, el funcionario lamentó que una ley que prohibía “la posibilidad de venta de una cantidad de tierras a extranjeros” fue “una de las primeras medidas que el expresidente (Mauricio Macri) anuló”.
“Hoy se siguen vendiendo extensiones de nuestro país, tanto que peleamos por la soberanía”, subrayó y relacionó que por “la extranjerización de tierras de personas que no son de nuestra nacionalidad” después “generan los conflictos con los pueblos originarios”.
También participó de manera remota Isabel Soto, hija del dirigente sindical español Antonio Soto, uno de los líderes de las huelgas.
Una senadora santacruceña impulsa esa declaración para los acontecimientos represivos de las huelgas patagónicas de hace un centenar de años.
A 100 años de las huelgas patagónicas la senadora nacional Ana María Ianni presentó un proyecto para que los hechos represivos ocurridos en el marco de lo que se conoce como la Patagonia Rebelde sean declarados delitos de lesa humanidad.
El proyecto, que fue acompañado por un gran número de senadores nacionales, establece también la creación de una comisión investigadora que pueda analizar e investigar los sucesos ocurridos entre 1919 y 1922, en el territorio nacional de Santa Cruz.
“En el camino de Memoria, Verdad y Justicia, venimos a pedir el tratamiento de esta ley para que se conozcan todos los hechos, porque como sociedad nos merecemos saber la verdad, y juzgar a los responsables”, sostuvo la senadora, quien también manifestó que “se lo debemos a quienes fueron fusilados, masacrados, perseguidos y olvidados por defender sus principios y por reclamar un poco de dignidad”.
En el año 1922 se intentó crear una comisión investigadora, pero el oficialismo de aquel entonces no lo permitió en el Congreso, afirma la legisladora kirchnerista.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, sostuvo que la dependencia que él conduce “ha colaborado en la elaboración de este proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la verdad por hechos ocurridos hace ya 100 años que constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Estos sucesos fueron rescatados por el escritor y periodista Osvaldo Bayer, quien recogió testimonios e hizo público los sucesos conocidos como Patagonia Trágica. Al respecto, su hijo Esteban Bayer, sostuvo que “con su investigación y su obra en cuatro tomos ‘Los Vengadores de la Patagonia Trágica’, y su película ‘La Patagonia Rebelde’, Osvaldo Bayer recuperó la verdad sobre los fusilamientos masivos. La memoria la mantiene viva la sociedad santacruceña desde hace años a través de las mesas de memoria en todas sus ciudades. Ahora, con esta iniciativa, los senadores dan el primer paso para lograr finalmente que cien años después se haga justicia con los humillados y fusilados”.
“El acompañamiento para garantizar la verdad y la reparación por los hechos de la Patagonia Trágica es parte del trabajo que la Secretaría de Derechos Humanos lleva adelante como parte del proceso de reconocimiento y reparación de causas históricas, entre las que se encuentran además la Masacre Napalpí (1924) y de Rincón Bomba (1947)”, agregó Pietragalla.
Por su parte Isabel Soto, hija del líder de las huelgas Antonio Soto, manifestó su alegría y su emoción por el proyecto e instó a todos los que tengan testimonios de esa época a sumarse a la investigación para que la justicia tenga todos los elementos a mano.
El proyecto, que fue elaborado por el equipo de trabajo de la senadora Ianni, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, será presentado el día 24 de noviembre, junto a los referentes de este reclamo y miembros de los organismos de Derechos Humanos.
Asimismo, y en el marco del centenario, también fue presentado un proyecto que impulsa la concreción de una jornada de concientización escolar en todos los establecimientos públicos y privados, a llevarse a cabo el día 7 de diciembre, al conmemorarse los 100 años de las huelgas.
Denunciaron, entre otras situaciones “aislamientos compulsivos, restricciones a la circulación y represión de la protesta”.
Diputados nacionales del Pro denunciaron la violación de derechos humanos en Formosa en el Gobierno de Gildo Insfrán, al señalar que “el Gobierno nacional niega una realidad que avergüenza a los argentinos y enluta a la democracia”.
Los parlamentarios opositores destacaron: “Las investigaciones y denuncias realizadas por diputados y diputadas de Juntos por el Cambio y por el periodismo independiente, ponen de manifiesto la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de Formosa”. El reclamo se suma al reciente pedido de intervención federal del Poder Judicial formoseño, encabezado por la diputada radical Lidia Ascárate.
Se refirieron, además, a la reciente noticia de las mujeres embarazadas de la etnia wichí que se esconden en el monte del oeste provincial por miedo a ser sometidas a aislamientos obligatorios y a que las separen de sus hijos recién nacidos, o por el temor a sufrir cesáreas, aunque más tarde legisladores formoseños tildaron la situación de “operación mediática”.
“Los aislamientos compulsivos, las restricciones a la circulación, la represión de la protesta generan un clima de discordia que en nada ayuda a superar los efectos nocivos de la cuarentena y ahora se suma la situación de desprotección absoluta entre las mujeres más vulnerables”, acusaron.
Denunciaron también al secretario de Derechos Humanos de la nación Horacio Pietragalla que “prefirió mirar para otro lado. Así, el gobierno nacional protege al gobernador y condena a los formoseños al descarte”.
Frente a la situación, el diputado nacional Waldo Wolff formalizó una denuncia en la Justicia contra Pietragalla por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”. Wolf fue acompañado por sus pares Fernando Iglesias, Enrique Sahad, Adriana Ruarte, Omar De Marchi, Álvaro de Lamadrid, Pablo Torello, Jorge Enríquez, María Carla Picolomini y Héctor Antonio Stefani.
Por último, los diputados de JxC exigieron “una solución inmediata para Formosa porque el descarado atropello a la dignidad humana no espera” dirigida a “los funcionarios públicos nacionales y provinciales, como así también a los integrantes del Congreso de la Nación”.
El jefe del interbloque JxC en la Cámara baja anunció que junto al senador Luis Naidenoff reclamarán a la Comisión Interamericana de DD.HH. una visita “in loco”. “La tiranía de Formosa ya se conoce en los organismos internacionales”, dijo.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, anunció que desde la bancada solicitarán las interpelaciones del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
El motivo “es la ausencia de intervenciones efectivas del Gobierno nacional para impedir el recrudecimiento de la violencia en Formosa y de las violaciones de derechos humanos de parte del gobierno de Gildo Insfrán”.
Además, el cordobés adelantó que una nueva delegación del bloque UCR, encabezada por él mismo, viajarán la próxima semana a la provincia.
“Vamos a pedir la interpelación del ministro del Interior y del secretario de Derechos Humanos. Mañana presentamos este pedido. Que no nos roben la república y que no nos roben la libertad. La semana siguiente, después del 15, estaré en Formosa junto a un grupo de diputados”, manifestó Negri este lunes en diálogo con FM del Parque, radio de la capital formoseña.
Para el radical, “estamos viendo una rebelión de los mansos que está en marcha contra el autoritarismo. El Gobierno provincial se siente dueño de las libertades y utiliza el miedo para dominar”.
“Alambraron Formosa, pero no hay nada que no se pueda desalambrar cuando hay voluntad de la gente de pelear por la libertad. Hay imágenes contundentes de lo que pasó en los centros de aislamientos y con la brutal represión del viernes dando vuelta por el país y por el mundo”, señaló.
El diputado reclamó que “el Gobierno nacional mira para el costado como si Formosa fuera un país extranjero y entonces actúan como si no pudieran hacer nada, y cuando intervienen es para encubrir como lo ha hecho Pietragalla. El Gobierno nacional está grogui por dos grandes bofetadas morales que ha recibido de parte de la gente por la indignación de las vacunas VIP y por la rebelión pacífica de los formoseños”.
“Logramos que la Comisión Interamericana de DD.HH. nos escuche y ahora pedimos una ‘visita in loco’, es decir que viajen a Formosa para ver con sus propios ojos lo que está pasando en la provincia. Además, hemos puesto al tanto de todo a la Alta Comisionada para los DD.HH. de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet”, reveló y enfatizó que “la tiranía de Formosa ya se conoce en los organismos internacionales”.
El legislador opositor aseguró que su “mayor indignación” es “que todo esto ocurre cuando hay tanta incertidumbre por la falta de vacunas. Si el Gobierno nacional interviene es para encubrir, como lo viene haciendo, por eso acudimos a la instancia internacional”.
“Estamos viendo el rostro del kirchnerismo en plenitud. Ellos creen que los votan para ser dueños de la vida de la gente y de los tres poderes. A lo único que le tienen miedo es a cuando los mansos se empiezan a mover y pelean por la libertad. Esto ya no se va a detener”, sostuvo.
Y concluyó: “Urge que la Corte Suprema de Justicia garantice el imperio de la ley en contra de los que cercenan libertades, no sólo como declaración, sino como fallo”.
La comitiva de diputados que viajó a la provincia para constatar las condiciones de los centros de aislamiento aseguraron que hay “violación sistemática de los derechos humanos”.
La comitiva de diputados nacionales de Juntos por el Cambio que viajó a la provincia de Formosa, con el objetivo de recoger testimonios de las personas que pasaron por los centros de aislamiento dispuestos por el gobierno provincial, anunciaron este viernes que denunciarán al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por el delito de “encubrimiento”.
Durante una conferencia de prensa en el hotel Howard Johnson, los legisladores afirmaron que “todos los testimonios y materiales recolectados de denuncias contra las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cometidos en el marco de la estrategia sanitaria oficial, terminarán en causas judiciales que se elevarán al Congreso y luego a organismos internacionales”.
En primer término, el radical Ricardo Buryaile agradeció la sociedad formoseña y mencionó dos ejes “irrenunciables” que perseguirán: “Vamos a insistir con el respeto irrestricto a los derechos humanos y quien venga a Formosa tenga su cuarentena domiciliaria”.
“Nunca hemos hecho de esto una cuestión política, sino una cuestión de entendimiento sanitario”, dijo el formoseño, que habló de una “sociedad golpeada psicológicamente” que le tiene “más miedo a hisoparse que al propio coronavirus”.
Por su parte, el jefe del interbloque JxC en el Senado, el radical Luis Naidenoff, habló de un “control asfixiante” por parte de la gestión de Gildo Insfrán. “En Formosa no se salvó nadie, ni los comerciantes, ni los cuentapropistas, los gastronómicos, la gente en general que se vio coartada y estigmatizada, como los varados que por mucho tiempo estaban sindicados como portadores del virus”, sostuvo.
El senador resaltó que “es la primera vez en los últimos años en nuestra provincia donde se ha dado una masificación y una internalización de lo que significa el valor y la importancia de la libertad”. “Vamos a llegar hasta las últimas instancias”, prometió el formoseño, que abogó por que “en Formosa se terminen los centros de aislamiento que son centros de privación de la libertad”.
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade destacó la “valentía enorme” del pueblo formoseño e informó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, será denunciado porque “ha incurrido en un encubrimiento inaceptable”. “Pudimos ver en estos dos días una Formosa que se está muriendo y otra que comienza a nacer”, agregó la bonaerense.
En tanto, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, el porteño Waldo Wolff, aseveró que “en Formosa hay un sistema de violación de los derechos humanos y nosotros lo comprobamos con decenas de testimonios”. “Hemos constatado que hay mucho miedo en Formosa”, expresó el macrista, que indicó que los centros de aislamiento están “militarizados” y no tienen “un solo médico”.
Durante la conferencia, de la que también participó el diputado radical Mario Arce, el bonaerense Sebastián Salvador cuestionó la visita de Pietragalla días atrás. “Es grave que haya venido a convalidar el sistema policial que se está llevando en Formosa”, lamentó.
Además, el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja observó que se trata de “un régimen carcelario, más que un regimen sanitario lo que está ocurriendo en estos centros”. “Lo único bueno que tuvo la pandemia es que le puso luz a todas estas situaciones en algunas provincias del Norte”, agregó el radical.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados criticó al secretario de Derechos Humanos, quien negó violaciones de los derechos humanos en Formosa.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, criticó este martes al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien negó que haya “violación sistemática de derechos humanos en Formosa” y consideró que decir eso es “casi un chiste”.
“No sé cómo va a poder seguir en el cargo, ya no tiene palabra que lo sostenga”, sostuvo el legislador radical, que agregó que desde la oposición “nunca dijimos que habían centros de detención clandestina. Eso lo hizo el señor Pietragalla que no tiene ningún tipo de vergüenza para cambiar el eje de discusión. Lo que dijimos fue que habían centros de aislamiento que se convirtieron en centros de detención, pero públicos”.
En referencia a la gestión de Gildo Insfrán, que lleva más de 20 años, el cordobés apuntó que “el gobierno de Formosa se desplazó con toda comodidad mostrando los rasgos de la concentración de poder, el mayor autoritarismo que hayamos conocido, y de violación de los derechos humanos”.
Respecto a la posición del presidente Alberto Fernández, el diputado recordó que “no hace mucho tiempo puso al Gobierno de Insfrán como ejemplo”. “Eso nos preocupa como también el silencio aterrador de las organizaciones de los Derechos Humanos. Si gobernaba otra fuerza política, hubieran prendido fuego la provincia”, opinó en diálogo con radio Rivadavia.
Y en respuesta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien continuó la polémica al decir “a nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos”, Negri lo fustigó: “Aprende cosas de memoria. Está lejos del abuelo y del padre. Cuando dice ‘somos los hijos y nietos de las abuelas y madres’ deberían preguntarle a qué se debe ese silencio. Qué piensan de lo que pasa en Formosa”.
El secretario de Derechos Humanos debió viajar a Formosa con conclusiones ya previamente redactadas. Los riesgos de una segunda ola que llegará, con una vacuna que, como en todas las latitudes, se retrasa de manera alarmante.
Por José Angel Di Mauro
Ataviado de manera tal que no quedaran dudas de la intención de sobredimensionar la “importancia” que el gobierno formoseño le da a la prevención del Covid en su territorio, no debió sorprender la reacción del secretario de Derechos Humanos ante el grupo de jóvenes que lo abordó a la salida de la Escuela 224, donde funciona uno de los centros de aislamiento puestos bajo la lupa nacional los últimos días. “¿Te pensás que estoy acá disfrazado para carnaval?”, fue la poco feliz ironía con la que Horacio Pietragalla eligió salir de un momento que lo ponía tan incómodo como el traje que le habían hecho colocar.
Ya de por sí lo incomodaba esa inspección que finalmente había debido emprender tras semanas de silencio ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en Formosa, en el marco de las medidas de prevención por la pandemia, y que sabía que inexorablemente debería concluir con un diagnóstico que ya habían elaborado antes de partir.
Fue un Pietragralla auténtico el que le contestó al joven formoseño que le reclamaba explicaciones. Como también fue auténtico el que se sentó al día siguiente con dirigentes de la oposición y miembros de organizaciones de derechos humanos mostrando “predisposición” durante una reunión que fue calificada por sus interlocutores como “muy buena”. El secretario de DDHH de la Nación es un hombre visceral, que puede dialogar de la manera más amable con la oposición en el marco de una reunión de comisión en la que es abordado con fuertes cuestionamientos, y salir bien parado -como ya ha sucedido en el Congreso-; pero también aquel duro diputado opositor capaz de abordar al presidente de la Cámara de manera intempestiva y quedarse con la lapicera de Emilio Monzó como trofeo.
En la conferencia de prensa que finalmente brindó al cabo de su excursión formoseña, el funcionario negó “violaciones sistemáticas” de los derechos humanos en la provincia y descartó la existencia de “centros clandestinos de detención”.
“Pietragalla usa la palabra ‘clandestinos’ para desviar la atención, para hacerle decir a la oposición y a los ciudadanos que rompieron el cerco del miedo que impone la administración de Insfrán algo que no han dicho”, replicó el jefe del interbloque JxC de Diputados, Mario Negri.
Como sea, en ningún momento nadie pudo haber esperado que desde el Gobierno partiera alguna condena a la situación formoseña. El eje fundacional del Frente de Todos y la regla estricta para el mantenimiento del mismo es la unidad, y eso impone todos los esfuerzos para mantenerla, aun cuando implique ingerir sapos. “No se le suelta la mano a nadie”, es la regla no escrita pero respetada a rajatabla. Aun con sectores minoritarios y que puedan despertar recelos internos, como el caso de Victoria Donda.
El gobierno formoseño puede reivindicar que logró controlar la situación sanitaria y es hoy el que menos casos ha reportado: 841, al viernes pasado; 3.500 menos que Misiones, la segunda en ese sentido. Y tiene apenas 10 muertos. Pero lo consiguió a costa de una cuarentena estricta que en materia económica ha impactado gravemente en la actividad privada -en una provincia donde el principal empleador es el Estado, aclaremos-: los locales gastronómicos han estado 8 meses cerrados y solo en la capital ese sector perdió casi 500 puestos de trabajo. Ni hablar del comercio en general.
Eso sin citar los polémicos centros de aislamiento. El principal funciona en el estadio Cincuentenario y tiene espacio para 400 personas. Lugareños afirman que cuando el gobernador Insfrán invitó públicamente a la Secretaría de DDHH a inspeccionar la provincia había allí unas 240 personas; al llegar Pietragalla solo quedaba una treintena.
Cualquier familia que desee dejar la provincia para ir de vacaciones, al volver deberá pasar 14 días, como mínimo, en uno de esos centros de aislamiento, o bien ir a un hotel que deberá costear. Lo mismo que el policía que custodie la habitación.
Pietragalla comparó ese tipo de aislamiento con la estrategia porteña: “El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevaba gente desde los aeropuertos a hoteles, donde las personas llegaban y quedaban encerradas”, señaló. Obviamente no estaba ponderando al jefe de Gobierno de CABA.
En este marco el Gobierno nacional prorrogó el DISPO en todo el país. La medida se adoptó luego de que en la semana distintos voceros destacaran que la curva ascendente verificada en diciembre se había estabilizado. Nada que festejar: los números son similares a octubre, cuando transitábamos el pico de contagios. En rigor, la baja posterior nunca fue tan drástica; ese es un detalle no menor que advierten los especialistas. Y en ese contexto, visto el “espejo que adelanta”, que para nosotros siempre ha sido Europa, el panorama puede ser sombrío, habida cuenta del impacto fuerte que ha constituido en el Viejo Continente la segunda ola. Si aquí llega -y llegará-, estaremos en serios problemas.
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dio por sentado que eso sucederá, entre abril y mayo, y dijo que solo resta bregar porque sea “más tarde que temprano”.
¿Cuándo eso suceda volverá la cuarentena estricta? Después de la polémica que generó el fallido “toque de queda”, decididamente no: el Gobierno nacional dejará en manos de cada gobernador la elección de la estrategia. Mientras no salgan a imitar todos a Insfrán…
El problema es que -vacuna mediante- el Gobierno se ilusionaba con transitar ya otro contexto. Más que “exitismo”, podría decirse que fue un deseo de dar buenas noticias cuando las mismas no abundaban. Lo que sea, terminó jugándole en contra. Fue así que ya en noviembre 2020 el presidente Fernández anunció que entre diciembre y enero habría 25 millones de dosis. “Con estas dosis, la mitad de la población estaría vacunada”, expresó entonces.
Habrá que pensar que el Gobierno creía genuinamente en sus propias afirmaciones, pues por esos días se disponía a sancionar el Presupuesto 2021 en el que no figuran previsiones respecto de la continuidad de la pandemia.
El día en que promulgó la Ley de Vacunas, en tiempos en los que las perspectivas incluían en nuestro vademécum la vacuna Pfizer, el presidente anticipó que a fines de diciembre se habría vacunado ya en el país a unas diez millones de personas. Cuando al año le quedaban solo 16 días hábiles, Fernández moderó sus expectativas y aun así sonó exagerado: “Vamos a vacunar a 300.000 personas”, expresó. Gracias que se consiguió que antes de terminar el año comenzara el operativo de vacunación. Y de las previsiones sobre vacunas efectivamente aplicadas, se pasó a las que pudieran conseguirse, pero aun así sonaba exagerado cuando en la primera semana de enero el ministro de Salud, Ginés González García, anticipaba la llegada de 5 millones de dosis para fines del mes que hoy concluye.
De todos modos habrá que ser medido al cargar las tintas. Sí se le puede reprochar al Gobierno cierto optimismo exagerado, fundamentalmente a la hora de los anuncios -el propio presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, reconoció que “se ha comunicado muy mal”-, pero en todo el mundo las expectativas en materia de aprovisionamiento de vacunas no han sido satisfechas. En lo que a nosotros concierne, Rusia ha reconocido “demoras” en la provisión de vacunas, aunque aseguró que cumplirán en el mediano plazo. De hecho, hablaron del segundo trimestre. Demasiado tiempo para las expectativas y promesas oficiales.
Sobre llovido, mojado, aparecieron las denuncias por un “manejo político” de las vacunas. Se ha verificado en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo espera librar “la madre de todas las batallas” este año en las elecciones legislativas. Locales partidarios utilizados para anotarse en las listas para recibir las Sputnik V, han sido objeto de denuncia de parte de la oposición. Se veía venir, desde que las autoridades provinciales privilegiaron la estructura provincial, excluyendo del proceso de vacunación a los municipios. Recordemos que cuando en Olavarría se perdieron 450 vacunas por un problema de refrigeración, el intendente local de JxC advirtió que eso ocurrió porque habían sido enviadas a un hospital oncológico en lugar de utilizar los vacunatorios municipales. Así sigue haciéndose.
Y la decisión oficial es utilizar establecimientos educativos para el Plan Público, Gratuito y Optativo de Vacunación contra el Covid-19 -tal su denominación oficial-, para lo cual prevén usar 350 escuelas bonaerenses que están siendo convenientemente equipadas en materia de seguridad y refrigeración. Todo un esquema intensivo para el mes de febrero, contra el cual el retraso de la llegada de la Sputnik V va a conspirar, por cuanto se supone que en marzo deberían volver las clases. ¿Habrá que trasladar entonces todo el equipamiento?
El diputado del Pro aseguró que están “terminando de ultimar los detalles” para el viaje. Desde la Cámara señalaron que la nota no necesita ser contestada por Massa.
El diputado nacional Waldo Wolff (Pro) aseguró este viernes que con sus pares de Juntos por el Cambio mantienen la idea de viajar a Formosa, sobre todo luego de la visita del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien negó “violaciones sistemáticas” de los DD.HH. en los centros de aislamiento dispuestos por el gobierno provincial.
Esta semana, desde el interbloque opositor habían solicitado al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que se conformen las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión y se designen delegaciones de legisladores que pudieran ir a la provincia.
“Todavía no me ha contestado”, se quejó Wolff, titular de la Comisión de Libertad de Expresión, y agregó: “Vamos a ir igual a Formosa. Estamos terminando de ultimar los detalles, tenemos que tener una agenda”.
Según supo parlamentario.com, desde fuentes oficiales, la nota de Wolff no fue respondida porque “estuvo mal dirigida”. Desde el Frente de Todos argumentan que además de no haber ingresado por Mesa de Entradas -como correspondería-, la misiva solo estaba firmada por el presidente de la comisión, cuando “tendría que haberse tratado de un pedido que resuelva en conjunto la comisión”.
Además, desde el entorno de Presidencia aclararon a este medio que en período de sesiones extraordinarias las comisiones pueden mantener reuniones informativas, con lo cual interpretan que se podría haber convocado a Libertad de Expresión para abordar entre todos los miembros la iniciativa de viajar a Formosa. De esta manera, afirmaron que no es necesaria la respuesta de Sergio Massa.
En diálogo con radio Mitre, Wolff fue consultado por la posibilidad de que se le niegue el ingreso a la provincia: “Yo tengo inmunidad parlamentaria, puedo circular. Si Pietragalla pudo entrar con un hisopado, yo me voy a hacer un hisopado”.
Y argumentó que la visita de Juntos por el Cambio será “para darle contrapeso a un vergonzoso funcionario del Poder Ejecutivo como Pietragalla que dice que los muertos, los privados de su libertad y los que sufren persecución se tratan de un chiste”.
“A nosotros no nos pueden tocar. Entendemos que no van a utilizar políticamente a la policía para detener a un diputado de la Nación, seríamos Venezuela. Cosa que todavía vamos a dejar muchos la piel para no ser”, concluyó.
El jefe opositor en Diputados sostuvo que el objetivo del funcionario en su visita a Formosa fue “avalar la gestión del gobernador Insfrán”.
El presidente del Interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, salió con los tapones de punta a refutar las declaraciones de Horacio Pietragalla desde Formosa.
“El secretario de DDHH nos quiere tomar por tontos a todos los argentinos. Fue a Formosa pura y exclusivamente a avalar la gestión del gobernador Insfrán y a tapar con mentiras ridículas las flagrantes violaciones a los derechos humanos de los cuidados por parte del Gobierno provincial con la excusa de la pandemia”, planteó Negri.
“La gran mentira de Pietragalla es decir que desde la oposición se alertó sobre ‘centros clandestinos de aislamiento’. ¿Cómo van a ser clandestinos si todo el mundo sabía dónde se encerraba a los formoseños contra su voluntad para hacerlos transitar aislamientos eternos en condiciones de hacinamiento? Pietragalla usa la palabra ‘clandestinos’ para desviar la atención, para hacerle decir a la oposición y a los ciudadanos que rompieron el cerco del miedo que impone la administración de Insfrán algo que no han dicho”, sostuvo Negri.
El diputado radical continuó: “La comparación explícita con los lugares clandestinos de tortura de la última dictadura militar la promueve Pietragalla para esconder las violaciones de los DDHH de un gobernador de su propio partido”.
Agregó que por otro lado, “Pietragalla nada dijo del operativo que realizó la Provincia para descongestionar el estadio del Cincuentenario y otros centros de aislamiento que está documentado en medios periodísticos y redes sociales. Y solo apareció por Formosa para apañar al gobernador Insfrán una vez que esté lo invitó. Antes estuvo escondido y en silencio, pese a que desde JxC hemos alertado la proliferación de casos de violencia institucional durante toda cuarentena”.
“En lugar de velar por los derechos humanos, el secretario se dedica a pedir la liberación de presos por corrupción y tapar las violaciones a los derechos y garantías perpetrados por los gobernadores de su partido político. Cuando Cambiemos fue gobierno, el por entonces diputado nacional encabezó una delegación de legisladores que visitó Chubut por la muerte trágica en un río de Santiago Maldonado. Es imperioso que Sergio Massa, como presidente de la Cámara baja, garantice que una delegación de diputados de todos los partidos políticos pueda acudir a Formosa a constatar lo que allí sucede. La política preventiva de violencia institucional de parte del Gobierno nacional brilla por su ausencia pese a que se sienten dueños de los Derechos Humanos”, finalizó Negri.
En el marco de una conferencia de prensa, el secretario de Derechos Humanos de la Nación negó la existencia de “centros clandestinos de detención” y habló de “hechos aislados”.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación brindó este jueves una conferencia de prensa como corolario de su visita a la provincia de Formosa para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, aseguró que no se puede hablar de “violaciones sistemáticas” de los derechos humanos en la provincia, ni mucho menos de “centros clandestinos de detención”.
Tras mantener una serie de reuniones con funcionarios provinciales y representantes de la oposición, Pietragalla aclaró que constataron que “se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas, ni de delitos de lesa humanidad. Tampoco existen centros clandestinos de detención”.
Sostuvo que “en el marco de una estrategia epidemiológica que llevó a cabo la provincia, pudo haber aciertos y errores, y vamos a hacer recomendaciones” a las autoridades provinciales.
El funcionario nacional expresó que “a partir de la detención y demora de las dos concejalas la semana pasada, desde la Secretaría de Derechos Humanos hicimos un pedido de informe a la provincia y su respuesta fue una invitación formal”. En ese marco, dijo que mantuvieron una serie de reuniones con legisladores, autoridades y organismos de derechos humanos de la provincia, para conocer la situación en Formosa. Y aclaró que “visitamos los lugares que quisimos, nadie nos hizo un city tour”, en réplica a ironías provenientes de la oposición en ese sentido. Según contó, en esos centros “nadie se quejó del trato de las personas del lugar ni de la comida”.
Y la emprendió, por el contrario, contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Señaló que en su secretaría recibieron denuncias de la provincia de Chubut, donde tuvieron que intervenir, como así también “hemos recibido denuncias de personas que estaban encerradas en aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevaba gente desde los aeropuertos a hoteles, donde las personas llegaban y quedaban encerradas”.
El diputado nacional participó del encuentro que legisladores provinciales y representantes locales de la UCR mantuvieron con el secretario de Derechos Humanos.
El diputado nacional Ricardo Buryaile participó este jueves de la reunión que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, mantuvo con legisladores provinciales y representantes de la UCR de Formosa, luego de las denuncias por malas condiciones en los centros de aislamiento dispuestos por la gestión de Gildo Insfrán.
El legislador aseguró que “la reunión fue muy buena” y el funcionario mostró “predisposición”, además de escuchar “los planteos que le hicimos con los concejales y los diputados provinciales”.
En diálogo con el canal TN, el radical reveló que reclamaron por “la violencia institucional” y “la situación de no más tolerancia a este tipo de encierro”.
Asimismo, conversaron sobre la detención días atrás de dos concejalas y “lo que pasa con las comunidades de no tolerancia más a este tipo de encierro, sea para la cuarentena de ingreso o para los casos de contactos estrechos”.
“(Pietragalla) se comprometió a trabajar. Dijo que él trabajaba en silencio. Lo noté sincero”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio, que afirmó: “Queremos que la cosa cambie”.
Buryaile criticó a la gestión de Insfrán por “la violencia institucional que muchas veces viene desde el propio gobierno, con descalificación a la oposición, la prensa y la justicia”.
Finalmente, el formoseño dijo que sigue siendo “cauteloso”, pero que mantiene “expectativas” tras el encuentro con Pietragalla.
Previo al encuentro con los diputados provinciales, el secretario de DD.HH. estuvo reunido con la concejala Gabriela Neme, mientras que más tarde se reunió con representantes de organizaciones de derechos humanos.
En la tarde de este jueves, Pietragalla tiene previsto brindar una conferencia de prensa.
En tanto, el miércoles, cuando llegó a la provincia, estuvo con el gobernador Gildo Insfrán y autoridades de su gabinete y luego recorrió los centros de alojamiento preventivo y centros de asistencia sanitaria.
Tras la polémica y las denuncias por las condiciones en los centros de aislamiento dispuestos por el Gobierno provincial, el secretario de Derechos Humanos mantendrá distintas reuniones.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, llegó este miércoles a la provincia de Formosa, a la que viajó con el objetivo de constatar las condiciones en los centros de aislamiento dispuestos por el Gobierno provincial, sobre los cuales hay graves denuncias por violación de los derechos humanos.
Tras su arribo, el funcionario fue recibido por el gobernador Gildo Insfrán y autoridades de su gabinete. En tanto, en su agenda tenía previsto mantener reuniones con representantes de distintas organizaciones y dirigentes opositores, entre ellos diputados provinciales de la UCR.
Pietragalla aseguró que respondió a “todos los pedidos de reuniones” que le solicitaron, en relación a los comentarios compartidos en las redes sociales por la concejala opositora Gabriela Neme.
“Quiero aclarar que respondí a todos los pedidos de reuniones que me fueron solicitados y que mañana me reuniré con ella, tal como se lo hemos informado”, señaló el secretario de DD.HH. en su Twitter.
Además, voceros de la Secretaría desmintieron declaraciones atribuidas a Pietragalla, según las cuales el funcionario había afirmado que las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Formosa formaban parte de “una campaña de la prensa y la oposición”.
El viaje de Pietragalla tiene como fin “recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas”, se informó en una declaración oficial.
La delegación está conformada por Pietragalla Corti; la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz; y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa.
“Es preciso aclarar que toda la comitiva antes mencionada cuenta con su certificado de PCR negativo” en coronavirus, destacó el organismo.
Luego de la invitación formulada por el gobernador Insfrán, Horacio Pietragalla estará este miércoles en la provincia. La reacción de la oposición.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, viajará hoy a Formosa para “constatar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos” en el marco de las acciones impulsadas en esa provincia contra el coronavirus, tal el anuncio formulado por esa dependencia.
“A raíz de un pedido realizado por la Secretaría la pasada semana, que solicita se informe sobre las medidas necesarias por el Gobierno de la Provincia de Formosa para hacer frente a la pandemia preservando la vigencia de los derechos humanos, la provincia respondió invitando a las autoridades a evaluar la estrategia sanitaria”, indicó un comunicado del organismo nacional.
El viaje tiene como fin “recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas”, añadió.
La delegación estará conformada por Pietragalla Corti, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa.
“Es preciso aclarar que toda la comitiva antes mencionada cuenta con su certificado de PCR negativo”, destacó la Secretaría de Derechos Humanos.
“El secretario de DDHH Horacio Pietragalla casi nos prende fuego el país cuando murió ahogado Santiago Maldonado y ahora va a ir a Formosa a aprobar la gestión de Insfrán. Si un gobernador radical viola los DDHH en un 1% de lo que hace Gildo, sale todo el kirchnerismo a las calles”, se quejó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri. Entrevistado en TN, el diputado cordobés agregó que “el secretario de DDHH y la titular del Inadi están escondidos debajo de la cama. Yo los he visto hacer de todo cuando gobernaba Cambiemos. Ahora no dicen una palabra sobre Formosa. Cuando murió ahogado Santiago Maldonado Pietragalla nos quería incendiar el país. Y ahora calla”.
En el mismo sentido se manifestó el radical mendocino Luis Petri: “Hoy Pietragalla va a Formosa a levantarle la mano a Insfran y decirle que es un campeón de los derechos humanos, no importa si Mauro Ledesma murió ahogado, miles de formoseños estuvieron meses varados y otros tantos alojados en centros de detención tratados como delincuentes”. Y agregó: “Existe un doble estándar en materia de derechos humanos para este Gobierno, los de los 70 más vigentes que nunca y los de la actualidad, suspendidos o condicionales por la pandemia”.
Entrevistado por radio Mitre, el diputado del Pro Waldo Wolff señaló por su parte que “los que tenemos contactos con referentes de Formosa sabemos de las características del régimen. Para que haya democracia, tiene que haber elecciones pero solo con elecciones no alcanza para que haya democracia. El hecho de que no haya alternancia, de que tiene la suma del poder público, la perpetuidad en el poder, la pauta para los medios, 70% de empleados públicos, hace que la libertad sea un bien escaso en Formosa. Lo que estamos viendo estos días es de un escándalo sin precedentes”.
El legislador contó que los representantes nacionales de Juntos por el Cambio “comenzaron a denunciar que a raíz de la visita programada del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla a Formosa ya empezaron a vaciar estos verdaderos centros de detención donde separan a la gente y la conminan obligatoriamente a hacer cuarentenas eternas”.
“Nosotros vamos a seguir levantando la voz y denunciando los avasallamientos a la democracia, que funciona siempre. Aquellos países que han sostenido la democracia y el republicanismo a lo largo del tiempo, en momentos de crisis es cuando más se afianza la libertad de los derechos individuales y colectivos”, concluyó.
Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron, a través de un proyecto, que el secretario de Derechos Humanos brinde explicaciones sobre el hacinamiento en centros de aislamiento de la provincia.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron este miércoles un proyecto para que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, concurra al Congreso para explicar la situación que padecen los internados con Covid en los centros de aislamiento en Formosa, dadas las graves denuncias sobre las condiciones inhumanas a las que los someten.
Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos e impulsor de la iniciativa, sostuvo que “desde el comienzo de la cuarentena venimos denunciando el incremento de situaciones de vulneración a los derechos de los argentinos”.
“Nuevamente Formosa es protagonista de medidas aberrantes que perjudican a vecinos, enviando a personas que deben cumplir con su aislamiento por el Covid-19 a lugares inhumanos”, afirmó.
En la iniciativa se destacan diferentes hechos de violaciones a los derechos humanos por parte del gobernador Gildo Insfrán desde el inicio de la pandemia.
“El Gobierno Nacional miró hacia otro lado y no dio ninguna respuesta ante las reiteradas denuncias que realizamos”, lamentó Salvador, y agregó: “El Gobierno nacional de Alberto Fernández se debe hacer cargo ante tan aberrantes medidas llevadas a cabo por el gobernador”.
Acompañaron con sus firmas los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Claudia Najul, Karina Banfi, Omar De Marchi, Graciela Ocaña, José Luis Patiño, Dina Rezinovsky, Mónica Frade, Álvaro De Lamadrid, Gabriela Lena, Luis Petri, Diego Mestre, Mario Arce, Gustavo Menna, Federico Zamarbide, Roxana Reyes, Fabio Quetglas y Estela Regidor, entre otros.
El pedido de citación a Pietragalla se suma a otro proyecto de la Coalición Cívica para intervenir los poderes Ejecutivo y Judicial de Formosa por 180 días con el fin de convocar a elecciones y “normalizar” la provincia.
Un diputado radical quiere que el secretario de Derechos Humanos responda preguntas ante la Cámara baja por la situación de los varados en Formosa.
El diputado nacional Alvaro de Lamadrid (UCR – CABA) presentó un proyecto de resolución por el cual pide la interpelación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para que informe los motivos por los cuales en Formosa los varados no pueden ingresar a sus hogares, deben procurarse alimento, vivienda y rezar para no enfermarse.
“Hay muchas preguntas y queremos escuchar las respuestas del secretario de Derechos Humanos, por ejemplo cuántos ciudadanos formoseños se encuentran fuera de la provincia sin poder regresar, qué medidas de protección ha ordenado el gobernador de Formosa para asistir a los varados, sea en salud, como alimentación y vivienda”, explicó De Lamadrid.
“También debe informar qué pasó con el joven que había pretendido cruzar a nado el río Bermejo, y murió intentando llegar a Formosa. Se trataba de un varado”, amplió.
Para el diputado radical, “es muy grave en materia de derechos humanos lo que ocurre en Formosa. Actualmente hay 10 mil solicitudes en curso pero sin conocimiento de fecha de ingreso, los formoseños están muy preocupados”.
Fue una de las referencias que hizo el secretario de DDHH en su visita al plenario de comisiones de Diputados, en la que reivindicó el “compromiso” de su secretaría en esa causa.
Al exponer este viernes ante las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos de la Cámara baja, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, afirmó que “el compromiso que teníamos cuando éramos oposición, también lo tenemos hoy en la búsqueda de erradicar la violencia institucional en democracia, porque esto no tiene color ni bandería política es un problema de la democracia: tenemos que ser muy claros con los mensajes que desde el Ejecutivo se dan para erradicar esta problemática”.
“No hay gobierno que no haya tenido casos de violencia institucional”, señaló el funcionario, aclarando que con ello no pretendía justificar nada. “Yo fui opositor hace poquito, cuando era diputado nacional, llevábamos adelante una denuncia activa en los casos de violencia institucional, y apenas asumí, pensamos en potenciar la Dirección de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos”, señaló durante una participación en la que previsiblemente el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro estuvo sobrevolando permanentemente.
En ese marco, el secretario brindó un Informe de Gestión de Violencia Institucional y recordó que si bien pretendían lanzar una campaña fuerte en el tema la misma se vio interferida por la irrupción de la pandemia de Covid-19. “Nos tuvimos que readaptar”, reconoció, y admitió que prontamente entendieron que la pandemia “iba a traer más casos, porque había un control social por la epidemia”.
Detalló cómo funciona el Centro de Atención de Denuncias y en ese marco consideró que el asesoramiento jurídico “es fundamental, porque la mayoría de las familias nunca tuvieron un acercamiento con la justicia”. Tras destacar que “el rol de la justicia es fundamental”, destacó que también es clave la “sanción política”. Puso este orden: “Sanción política y después sanción judicial, porque cuando hay sanción política le da un mensaje claro a la justicia para que avance en una sanción”.
A continuación, por primera vez en su intervención Pietragalla se refirió a la gestión anterior al señalar que cuando concluyó la administración de Cristina Kirchner, esa secretaría contaba con 40 trabajadores; al asumir Cambiemos tenían 26, en 2017 bajaron a 12 y en 2018 llegaron a 10 trabajadores. “Cuando llegamos nosotros había 5 nomás”, advirtió el secretario, enfatizando que con esa cantidad mínima “en un área tan importante para resolver los casos y acompañar a las familias, la verdad que era muy poco lo que se podía hacer”.
“A partir del 10 de diciembre queremos empoderar esta área”, afirmó, anticipando que gradualmente irán reincorporando personal, y potenciando áreas estratégicas. “Hoy contamos con 12 trabajadores, que están trabajando desde sus casas y la secretaría”, agregó.
Admitió luego que luego de declararse la pandemia, las denuncias y los casos subieron mucho más, y mostrando un gráfico lo ejemplificó: 71 denuncias entre el 10 de diciembre y el mes de marzo, contra 531 denuncias después del ASPO.
Para Pietragalla, “resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de quién gobierne”. Y señaló en ese sentido que “celebramos esta sensibilidad con el tema de parte de la oposición, porque ojalá esto hubiera pasado años atrás. Serían muchas las vidas que no estaríamos lamentando; en esto no hay que jugar con oportunismo político, necesitamos que se generen herramientas. Cada caso de violencia institucional termina siendo un problema para todo el Estado argentino a través de las sanciones que reciben por parte de las organizaciones de derechos humanos”.
En ese marco el secretario de DDHH deslizó la existencia de una iniciativa del Frente de Todos para llevar adelante un proyecto de ley, que está esperando el acompañamiento de otros bloques, pero que “para nosotros es de suma importancia tener herramientas para tener celeridad en la resolución de los casos de violencia institucional”. Y en el mismo sentido señaló que “queremos que cada vez que haya un caso de violación de los derechos humanos, no se lo mire al Estado, que podamos mirar al individuo que comete hechos y generar las herramientas para que cuando haya violencia institucional, sea un individuo el que viole, y no el Estado argentino”.
Al hacer referencia específicamente al caso de la desaparición de Facundo Astudillo, lamentó que no se hubiera podido actuar rápidamente. “Sabemos que la primera denuncia llega los primeros días de junio, y era por búsqueda de paradero; no había ninguna asociación de desaparición forzada”, comentó, agregando que recién el 8 de junio llegó la primera denuncia por desaparición forzada. “Ahí nos pusimos en contacto y a disposición”, señaló.
Destacó el “compromiso muy grande” en esa causa, aunque reconoció como “muy limitada nuestra participación en la investigación”, y contó que hicieron una presentación al juzgado por la información que se filtraba a los medios desde el juzgado de Bahía Blanca.
Fue a continuación cuando Pietragalla modificó su postura contemporizadora, aunque sin variar el tono, al deslizar que “jamás vamos a recibir a un policía que dispare por la espalda a su víctima; no vamos a revictimizar a las víctimas; a mandar a los servicios a escuchar a las víctimas; a decir que Facundo está en una ciudad, o en otra…”.
“¡Cortala, Pietragalla!”, le gritaron diputados de la oposición, y sin alterarse el funcionario señaló que “no hay que ser especuladores”.
Para concluir, remarcó la preocupación del gobernador Axel Kicillof, quien se comunicó con la familia de Facundo, lo mismo que el presidente Alberto Fernández, y hasta el de la vicepresidenta de la Nación. “Cristina Fernández de Kirchner todo el tiempo me está llamando para ver cómo está la madre, cómo está la investigación”, reveló.
“Nosotros tenemos una sensibilidad con este tema que siempre tuvimos cuando éramos opositores y hoy que somos oficialistas. Queremos sanción, no queremos un Estado que sea acusado de violar los derechos humanos, sí queremos demostrar que hay miembros de las fuerzas de seguridad que los violan”, concluyó.
La ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos participan de un plenario de comisiones, en el marco de una reunión informativa. La oposición había reclamado insistentemente su presencia.
Justo cuando este viernes se cumplen 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, exponen ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Los funcionarios asisten a una reunión informativa que tiene como título “Hacia una Ley nacional contra la Violencia Institucional” y, precisamente, serán consultados por el caso del joven de la localidad bonaerense de Pedro Luro y otros episodios de violencia policial ocurridos en estos meses en el interior del país.
Las comisiones convocantes son las de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, en manos de los oficialistas Paula Penacca y Hugo Yasky, respectivamente.
En la madrugada del sábado pasado, hacia el final de la sesión, la Cámara baja -a instancias de un pedido de la radical Karina Banfi- emitió un pronunciamiento de preocupación sobre la desaparición de Astudillo Castro. Además, la oposición volvió a insistir en el reclamo de que Frederic y Pietragalla asistan a brindar explicaciones.
EN DESARROLLO
Finalmente participarán este viernes de una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías. La oposición venía reclamando la presencia de ambos.
Luego de varios reclamos de parte de la oposición y numerosos faltazos a algunas de las convocatorias, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, asistirán este viernes a una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja.
La Comisión de Libertad de Expresión invitó a Frederic numerosas veces y en su última reunión su titular, el diputado del Pro Waldo Wolff, contó que el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, le había anticipado que vendría este mes a un plenario de comisiones. “No sabemos si estaremos incluidos” en ese plenario, deslizó Wolff imaginando que esa comisión no participaría de esta convocatoria.
En efecto, Paula Penacca (Seguridad Interior) y Hugo Yasky (Derechos Humanos) son los presidentes de las comisiones convocantes y ambos pertenecen al oficialismo. La cita tiene como título “Hacia una Ley nacional contra la Violencia Institucional”, y entre otras cosas la oposición quiere que los funcionarios respondan preguntas relacionadas con la desaparición de Facundo Astudillo Castro, y otros hechos de violencia institucional registrados en el interior del país. También habrá preguntas relacionadas con el ciberpatrullaje, del que precisamente Frederic habló en su visita a Diputados el 7 de abril pasado.
Es por los casos de violencia institucional registrados en estos meses, en particular la desaparición de Facundo Astudillo, que lleva más de dos meses.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio, que integran la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, pidieron citar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, para que explique las medidas que está tomando el Gobierno nacional ante la gran cantidad de casos de violencia institucional registrados en el marco de la pandemia por el Covid-19, y principalmente, para dar explicaciones sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
“Convocamos al secretario de Derechos Humanos, a fin de que brinde información acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en relación a los reiterados hechos de violencia institucional y violación a los Derechos Humanos que concluyeron, en muchos casos, con la muerte de las víctimas, producidos durante en el período de aislamiento”, afirmaron los legisladores de la oposición.
También, los diputados le solicitaron a Pietragalla que “brinde información en relación al caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años, cuya carátula judicial de búsqueda es ‘desaparición forzada de persona’, y fue visto por última hace más de 80 días en un retén policial de control en la localidad de Buratovich, en la Provincia de Buenos Aires”.
“En cuatro meses, y en el marco del aislamiento, resulta ser la cuarta vez que como representantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías solicitamos su presencia”, afirmaron los diputados opositores en la citación que fue plasmada en un proyecto de resolución.
En el proyecto, los diputados mencionaron todos los casos de violencia institucional que fueron registrados en distintas provincias del país, entre los cuales están el de Luis Espinoza y Walter Nadal (Tucumán), Magalí Morales y Franco Maranguello (San Luis), Mauro Coronel (Santiago del Estero), Alan Maidana y Lucas Nahuel Verón (Buenos Aires), entre otros.
Por su parte, la diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) afirmó que “es sumamente necesario que el Secretario de Derechos Humanos asista a la Comisión y explique cuál es la intervención de su área en cada uno de estos casos”. Y agregó que “desde que se registró el primer caso, venimos solicitando su presencia porque es fundamental que establezcamos un canal de diálogo que permita consensuar políticas en donde estemos todos de acuerdo. Los Derechos Humanos son de las personas, no de un partido o de un gobierno”.
La citación a Pietragalla lleva las firmas de los diputados Karina Banfi, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky, Silvia Lospennato, Mónica Frade, Gabriela Lena, Marcela Campagnoli, Brenda Austin, Natalia Villa, José Luis Patiño, Sebastián Salvador y Alejandro Cacace.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados criticó la “inacción” de la Secretaría de Derechos Humanos ante los casos de violencia policial ocurridos en San Luis, Tucumán y Chaco.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, sugirió al presidente Alberto Fernández que releve del cargo al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
“El atropello y la violación de los derechos humanos por parte de fuerzas policiales debe ser condenado activamente desde el Estado nacional, que debe también plantear políticas activas para evitar que se propaguen estos hechos. No hay espacio para sesgos ideológicos o partidarios cuando están en juego los derechos humanos“, enfatizó el cordobés.
Para el legislador, “el compromiso y la responsabilidad de Pietragalla como funcionario del actual Gobierno han quedado totalmente desdibujados”. “La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como amicus curiae para pedir la liberación de personajes como Ricardo Jaime, pero no ha hecho nada en tres graves sucesos recientes de manifiesta violencia institucional”, apuntó el presidente de la bancada opositora.
Negri señaló que “el común denominador de estos tres hechos es que sucedieron durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la Policía actuó en todos los casos contra supuestos violadores de la cuarentena”.
“Hay abuso institucional manifiesto, por eso el rol de la Secretaría de Derechos Humanos no puede ser tibio. Argentina no puede tener un secretario de DD.HH. que sólo actúa cuando están en juego los derechos de los amigos del poder de turno o miembros de su partido político como Ricardo Jaime”, lanzó el diputado.
Además, cuestionó que el funcionario “apenas se expresó sobre la muerte de Luis Espinoza en Tucumán, quien fue asesinado a tiros por la espalda por la Policía tucumana para luego arrojarlo por un barranco”. Sobre este hecho, recordó que la UCR solicitó la intervención de la Secretaría de DD.HH., pero aseguró que no tuvieron respuesta de Pietragalla.
“En segundo lugar, tampoco se actuó para impedir la violencia policial e institucional en Chaco, que esta semana salió a la luz con los abusos y golpes sobre personas de la comunidad Qom en la localidad de Fontana. Con emitir comunicados de repudio no alcanza para luchar contra la violencia institucional”, continuó.
Por último, el radical hizo referencia a la aparición de Florencia Magalí Morales ahorcada en una celda de una comisaría -el pasado 5 de abril- en la localidad de Santa Rosa de Conlara, San Luis. “¿Qué ha hecho Pietragalla en esta causa, que avanza muy lento y no tiene por ahora culpables de un hecho tan brutal?”, se preguntó Negri.
Solicitan la presencia de Horacio Pietragalla y Sabina Frederic en el Congreso
Ante los casos de abuso policial conocidos en los últimos días, diputados de la UCR reclamaron la “urgente presencia” de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para que brinden informes al respecto.
“Estamos muy preocupados con los hechos de violencia institucional que estamos viendo en las últimas semanas por parte de las policías provinciales, algunos de los cuales terminaron en muertes, como el caso de Luis Espinoza en Tucumán o Franco Maranguello y Magalí Morales en San Luis. Y en las últimas horas hemos visto el brutal accionar de la policía chaqueña contra integrantes de la comuniad Qom”, expresó Sebastián Salvador.
El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos reiteró el pedido a Pietragalla para que concurra a informar “el trabajo que se está desarrollando y cuál va a ser el accionar de la Secretaría que conduce para terminar con estos aberrantes hechos”. “En la última reunión de Comisión el oficialismo se comprometió a convocar al funcionario a la brevedad. No ocurrió aún, esperamos que no se siga dilatando porque se trata de una situación alarmante”, remarcó.
Por su parte, Álvaro de Lamadrid enfatizó que “son graves los episodios que están ocurriendo en todo el territorio argentino. Inteligencia interna, ciberpatrullaje, denuncias clandestinas, excesos de las fuerzas de seguridad. Cuatro asesinatos en democracia sin respuesta. Con un silencio total del Gobierno, de los organismos de derechos humanos, donde pareciera que algunas muertes importan en la Argentina y otras no”.
El legislador explicó que pidió la interpelación a Frederic por “los graves hechos de violencia y abuso policial, que han terminado en crímenes aberrantes, en asesinatos de las fuerzas de seguridad, tanto en la provincia de San Luis, en Tucumán y en Santiago del Estero, hacen que deba informar sobre estos excesos”.
“Es imprescindible que se presente ante los legisladores, porque es la responsable política de toda esta situación, más teniendo en cuenta que está al frente del Consejo de Seguridad Interior, que articula todas las políticas de seguridad y le da directivas a las fuerzas policiales y a las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio”, agregó el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior.
Y concluyó: “Estos no son los únicos episodios graves de su cartera. También tenemos el espionaje interno y la inteligencia interna, que se produjo a trabajadores de una mina en Neuquén, y también a la empresa privada. Ni la cuarentena, ni ningún plan de ciberpatrullaje puede poner en emergencia la Constitución, ni puede dar superpoderes a las fuerzas de seguridad para alejarse de ella”.
Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron “abusos de las fuerzas de seguridad”. Hugo Yasky se comprometió a convocar al secretario del área.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, se comprometió a convocar al secretario del área, Horacio Pietragalla, a pedido de representantes de Juntos por el Cambio, que en la reunión de este jueves denunciaron “abusos por parte de las fuerzas de seguridad en varias provincias”.
El vicepresidente de la comisión, Sebastián Salvador (UCR), remarcó que “el Estado debe garantizar siempre los Derechos Humanos, pero en estos tiempos de excepcionalidad que estamos viviendo suelen aumentar las arbitrariedades, la discrecionalidad y la violencia en diversos sectores”.
“Durante la pandemia hemos visto episodios donde la actuación de la Policía en algunas provincias nos preocupa mucho. Lo hemos visto en el caso de Luis Espinosa en Tucumán, de Franco Maranguello en Villa Mercedes o en el caso de Magalí Morales, también en San Luis. Estas son algunas de las situaciones que requieren de la concurrencia del secretario de Derechos Humanos a esta comisión”, subrayó Salvador.
Luis Espinoza era un trabajador rural de 31 años que fue detenido en el marco de la cuarentena y estuvo en condición de desaparecido durante seis días, tras lo cual fue hallado muerto en la provincia de Catamarca. La autopsia arrojó que la víctima fue baleada por la espalda y organismos de DDHH apuntan a la responsabilidad de la Policía tucumana.
En tanto, Magalí Morales era una mujer de 39 años que fue detenida por violar la cuarentena y apareció muerta con un cordón atado a su cuello, a principios de abril, en su celda de la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara. Según denuncia su familia -en una hipótesis que se reforzó con la ampliación de la autopsia-, Morales fue asesinada por efectivos policiales.
En el caso de Franco Maranguello, un joven de 16 años detenido por “comportamiento sospechoso”, apareció ahorcado en una celda de la Comisaria de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) de la ciudad puntana de Villa Mercedes.
“En San Luis desde el comienzo de la cuarentena se implementó una política de establecer salidas en cuarentena según el número de DNI. Todo lo mal que hizo Magalí Morales en Santa Rosa del Polara fue salir el día equivocado, y por eso la arrestaron y muere en circunstancias sospechosas. En el segundo caso, Franco Maranguello también fue detenido por no portar el DNI. Esas son las infracciones que cometieron, y que llevaron a que murieran en las comisarías”, advirtió el puntano Alejandro Cacace (UCR).
A su turno, Brenda Austin, detalló otros hechos registrados en la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Gendarmería Nacional; en La Matanza con la Policía Bonaerense; y en provincias como Chubut, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Misiones y Santiago del Estero.
“Un conjunto de denuncias que vienen realizando los organismos de Derechos Humanos y que merecen toda la atención de esta comisión, por la situación de anormalidad que vivimos en torno a las violaciones de Derechos Humanos en la pandemia y el rol de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de estas medidas”, señaló Austin, también de la UCR.
Las diputadas Karina Banfi y Carla Carrizo reforzaron el reclamo, y finalmente Yasky aclaró que Pietragalla tiene voluntad de asistir a la comisión en la fecha que se establezca, para responder preguntas y aclarar dudas.
La oposición pide que el secretario de Derechos Humanos explique los abusos de las fuerzas de seguridad en cuarentena.
La vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, junto al presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, el vicepresidente tercero de la Cámara baja, Alfredo Cornejo, y otros 37 diputados de la oposición solicitaron que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, informe ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del cuerpo las medidas que se están llevando a cabo desde el Estado Nacional debido a los hechos de violencia institucional que concluyeron con 3 muertes sospechosas como consecuencia del accionar policial en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
A través de un proyecto de resolución, 40 diputados nacionales de la oposición solicitan información sobre las muertes de Florencia Magalí Morales, detenida en la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, quien fue encontrada ahorcada en su celda el 5 de abril; Franco Gastón Maranguello, de 16 años, también encontrado sin vida en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 24 de abril, horas después de su detención y Luis Armando Espinoza, sospechado de haber sido asesinado por miembros de la policía de la localidad de Monteagudo, Tucumán, cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de mayo, una semana después de su desaparición, en el límite entre el departamento tucumano de Chicligasta y Las Estancias, provincia de Catamarca.
Además, los legisladores piden que se brinde información sobre los reiterados casos de violencia y abuso policial ocurridos en ocasión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” registrados en las diferentes provincias del país, en base a los datos que están aportando dos organizaciones especializadas en el tema, como CORREPI y Amnistía Internacional.
“Como Estado debemos intervenir ante estos eventos de clara violación a los principios básicos de Derechos Humanos que tanto esfuerzo han demandado para su consagración en nuestro país”, dijo Carla Carrizo.
“Estos hechos nos hacen pensar que existe un dispositivo policial deficiente y contrario a los estándares mínimos de preservación de los derechos de las personas en el marco de la situación de excepción que implica el aislamiento”, agregó.
El pedido de citación se complementa con aquellos del mismo tenor que presentarán las diputadas Roxana Reyes y Claudia Najul en las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Mujeres y Diversidad, respectivamente, con el objetivo de realizar una reunión conjunta.
El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Emiliano Yacobitti, Sebastián Salvador, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Marcela Campagnoli, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Roxana Reyes, José Cano, Adriana Cáceres, Mónica Frade, Lidia Ascarate, Soledad Carrizo, Lorena Matzen, Albor Ángel Cantard, Gabriela Lena, Dina Rezinovsky, Federico Zamarbide, José Luis Patiño, Ingrid Jetter, Luis Petri, Estela Regidor, Atilio Benedetti, Jorge Vara, Juan Aciega, Hernán Berisso, Juan Martín, Gonzalo del Cerro, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Diego Mestre, Jorge Enríquez, Ximena García, Brenda Austin, Natalia Villa, Camila Crescimbedi, y Karina Banfi.
Por otra parte, las diputadas Carla Carrizo -integrante de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño- y Roxana Reyes -Presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes- piden informes al Ministerio de Seguridad sobre la implementación de la Ley 26.290 de “Capacitación de las Fuerzas que forman parte del sistema de Seguridad Interior en materia de Derechos Humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes” y solicitan al Poder Ejecutivo su reglamentación. La norma había sido sancionada el 7 de noviembre de 2007 y promulgada de hecho el 29 de noviembre del mismo año.
