Convencido de que la imagen está por encima de la gestión, el Gobierno prioriza los golpes de efecto. Pero al cabo de más de tres meses en la Rosada, los resultados contantes y sonantes son nulos en donde justamente debe prevalecer la negociación.
Puede sonar extremo, pero en la práctica no lo es. Hay elementos que permiten determinar que la que pasó fue la peor semana para este gobierno. En vísperas de cumplirse (este martes) los primeros 100 días de Javier Milei en la Casa Rosada, la que pasó fue una semana que arrancó complicada y terminó peor.
El sábado surgió el tema de los sueldos de los altos funcionarios del Ejecutivo nacional, difundido por la diputada Victoria Tolosa Paz, que contó que el Presidente -que había hecho campaña en la semana contra el aumento de las dietas de legisladores- firmó un decreto el 29 de febrero donde se subió el 48% su salario y el de ministros, secretarios y subsecretarios de Estado.
A continuación, el mandatario apeló a la regla 1 de su manual de política, y culpó del tema a Cristina Kirchner, afirmando que lo sucedido era “producto de un decreto firmado por la expresidenta en el año 2010”, que ahora derogaría. Fue la propia CFK quien a continuación se trabó en un contrapunto con Milei sobre el tema, que el Presidente buscó dar por concluido pasada la medianoche y ella reanudó a la mañana del domingo. Quedó claro que el aumento no había sido producto de ninguna cláusula automática, sino de un decreto que él mismo firmó y tuvo luego que derogar. Para el núcleo duro mileísta, el León salió “indemne y ganador” de esa polémica, pero para la mayoría quedó claro que había sido un grosero error de su parte mezclarse como lo hizo en la discusión por las dietas legislativas, desconociendo lo del 48% que se había autoasignado antes.
Error que confirmó el lunes bien temprano cuando sobreactuó la situación echando por televisión al secretario de Trabajo, Omar Yasín, reconocido por propios y extraños como alguien idóneo para una de las áreas clave de esta administración. El Presidente volvió así a apelar a la regla 1 de su manual, convencido como está de que la imagen está por encima incluso de la gestión.
El tema ya venía haciendo ruido desde el aumento de los legisladores, donde obviando la división de poderes Milei se metió de lleno. Fue lo que tuvo en cuenta Victoria Villarruel, cuando en su condición de presidenta del Senado decidió desatender la “orden” dada para retrotraer los aumentos. Convencida de que eso afectaría la frágil convivencia en una Cámara alta donde había logrado alinear los planetas en diciembre hasta que el DNU 70/23 le alteró todo, al punto tal de frenar la actividad del Cuerpo durante el verano. Advirtió a la Casa Rosada que eso iba a incidir en la relación con los jefes de bloques, indispensable para seguir resistiendo el tratamiento del DNU en el recinto, pero le contestaron que no importaba: que en última instancia eso terminaría contribuyendo al discurso oficial contra la casta.
Tras la sesión, la vicepresidenta difundió un video que dio mucho que hablar.
Finalmente Villarruel arrancó la semana accediendo al pedido que directamente le hizo su compañero de fórmula, pero ardió Troya cuando ella incluyó en el temario de la sesión convocada para el jueves siguiente el debate del DNU. Volvieron entonces a agitarse los fantasmas que giran en torno a la relación entre el Presidente y su vice, y la sangre pareció llegar al río cuando el miércoles los tanques de las redes fueron directamente por la cabeza de la vicepresidenta (no es literal, en varios mensajes, los trolls pidieron “colgarla en Plaza de Mayo”). Si bien el comunicado de la Oficina del Presidente no la nombró especialmente -salvo el párrafo que hablaba de “victorias de corto plazo”-, todos interpretaron que el durísimo mensaje estaba dirigido a ella. Sobre todo por el contexto: la regla número 2 del manual político de Milei establece que todo enemigo recibirá de inmediato el ataque simultáneo y sistemático de los tanques en las redes sociales. Un modus operandi que el gobernador Ignacio Torres detalló cuando contó que el asesor presidencial clave Santiago Caputo le advirtió que si no se callaba “vamos a sacar todos los tanques a las redes”.
Martín Lousteau daría cuenta al día siguiente de esa táctica.
Lousteau, protagonista de la sesión del DNU.
En ese comunicado, la Oficina del Presidente hablaba de “tratamiento apresurado” del DNU, y a modo de ejemplo expresaba que el tema “se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia”. Lo cual no es enteramente cierto, más bien lo contrario. Si algo quiere evitar este y cualquier Tribunal Supremo es inmiscuirse en temas que debe solucionar la política, y sobre todo cuando el DNU está recibiendo finalmente tratamiento legislativo. Por si quedaba alguna duda, en la semana Horacio Rosatti volvió a hablar en contra de la judicialización de la política en su paso por AmCham. “No se cumple con la seguridad jurídica y se la desafía cuando se judicializan cosas que tienen que ser resueltas por la política”, dijo.
La exposición de la dura interna entre el Presidente y su vice -desmentida enfáticamente en los días posteriores por el propio Milei y el vocero- no hizo más que opacar el triunfo legislativo -módico, pero triunfo al fin- que el oficialismo logró el miércoles en Diputados, al no conseguir la oposición quórum para tratar el tema de la movilidad jubilatoria.
La semana negativa del Gobierno se completó al día siguiente con el severo traspié registrado en el Senado, donde por primera vez se le rechazó en una cámara un DNU a un presidente en ejercicio (el Frente de Todos forzó el rechazo también en el Senado de tres decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri cuando éste ya no era presidente, en 2020, solo para dejar sentado ese precedente). Dos cosas para tener en cuenta: si algo así no había sucedido hasta el presente es simplemente porque desde que rige la ley que reglamenta los DNU hubo gobiernos con mayorías legislativas; y al único gobierno con minoría en las dos cámaras, el de Cambiemos, se le hizo absolutamente cuesta arriba lidiar con las consecuencias de dictar decretos que después debía defender legislativamente con muchísimas dificultades.
El Gobierno con menor cantidad de legisladores propios en la historia argentina debe tener en cuenta esos datos, pues llegará el día en el que dejará de surtirle efecto la victimización. Les pasa a todos los gobiernos. La realidad es que la no negociación puede haberle rendido a La Libertad Avanza para su discurso “anti casta”, pero a cien días de gobierno es el oficialismo menos productivo de la historia democrática. Recién el jueves pasado -antes de lo del DNU- se aprobó la primera ley de la actual gestión, al darle el Senado la media sanción que faltaba al proyecto sobre lavado de activos.
¿Corre riesgo el DNU 70/23 en Diputados? De momento no. El peor escenario mostraría para el oficialismo 123 diputados dando quórum y votando en contra. Como ya hemos dicho y repetido aquí, el oficialismo cuenta a su favor que los exJxC que podrían voltear el DNU siguen resistiéndose a sumarse al kirchnerismo en una movida semejante. Habrá que ver hasta cuándo UP sigue siendo “mancha venenosa”. Sobre el tema, una fuente consultada por este medio admitió que “dada la fragilidad del Gobierno, no vamos a hacer nada para complicarlo. Pero cerró advirtiendo que, si desde el Gobierno se sigue atacando al Parlamento, “en algún momento tendremos que defender la institucionalidad”.
Con todo, algo comenzó a cambiar en el Gobierno esta semana. Como tomando nota de los acontecimientos, comenzó a hacer circular un borrador del proyecto de la nueva ley de Bases, que es el que adelantamos la semana pasada, mucho menos abarcativo que el anterior. Además del acercamiento hecho con los gobernadores, el viernes convocó a quienes eventualmente tendrán que sostener el proyecto durante el debate: el ministro Guillermo Francos habló con las autoridades de los bloques PRO y UCR, y este lunes continuará con Miguel Pichetto. Con ellos debe asegurarse los números para este debate. Escuchó también sugerencias sobre qué hacer con el DNU, no solo para evitar que se lo rechacen, sino para aprobarlo. Radicales y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, sugirieron transformarlo en un proyecto de ley o varios -incluso sumar algún tema en la ley ómnibus- para mantener su vigencia y hasta rescatar temas frenados por la justicia. Igual, va a ser difícil convencer al Gobierno en esto.
Un tema que también se metió de lleno en la agenda esta semana fue la situación en Santa Fe. Mientras el sábado el presidente elegía la manera de contestarle a Cristina quedándose con la última palabra, un joven sicario mataba por nada a un empleado de una estación de servicio en Rosario. Patricia Bullrich es el escudo ideal del presidente ante esta crisis, pero la situación exige respuestas urgentes y soluciones concretas. Más allá de palabras de ocasión, como en tantos otros temas el presidente mostró poca empatía en este caso. La ministra de Seguridad sugirió que Milei visitaría la provincia en pocas semanas, pero el vocero presidencial la desmintió al día siguiente, por razones de seguridad. El presidente, que no dudó en viajar a Israel hace algunas semanas y planea estar en Ucrania este año, esquiva ponerle el cuerpo a un conflicto local de compleja resolución. No solo ello: tampoco llamó por teléfono al gobernador Maximiliano Pullaro.
Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz rechazaron los cargos impuestos por el oficialismo en su contra y pidieron disponer el archivo de las actuaciones de lo que definieron como un “proceso teñido de irregularidades”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, respondieron este jueves, a título personal, los traslados cursados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso que lleva adelante contra los cuatro integrantes del Máximo Tribunal.
Lo hicieron justo el día en el que vencía el plazo para hacerlo por escrito. De lo contrario, tenían la oportunidad de presentarse personalmente el martes que viene ante la comisión.
Sorprendió la noticia, habida cuenta de que existía la convicción de que ninguno de los magistrados contestaría las imputaciones de los diputados del oficialismo, habida cuenta de un acuerdo implícito de los integrantes de la Corte de no hacerlo, a fin de restarle trascendencia al proceso. Se verá entonces si la decisión de los dos jueces que se integraron a la Corte en 2016 ahonda la grieta dentro del Tribunal Supremo, cuyos otros miembros decidieron cumplir con la premisa de no contestar los cargos que les imputaron.
En un escrito de 70 fojas, el titular de la Corte refuta todas las imputaciones y recuerda que ese tribunal “cumplió en tiempo oportuno todos y cada uno de los requerimientos formulados por la Comisión de Juicio Político”. En ese sentido detalla que la Corte respondió la totalidad de los pedidos de informes y acompañó más de 75 cuerpos de documentación solicitada, equivalentes a unas 15.000 fojas aproximadamente.
Recuerda a su vez, entre otras cosas, que “todos los empleados y funcionarios del Tribunal que fueron citados a declarar como testigos cumplieron con su deber legal”.
Rosatti le adjudica al trabajo hecho por los diputados “vicios de procedimiento”. “Irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho en defensa de juicio”. A su entender, “la gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado –de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda”. Por eso anticipa que se reserva la posibilidad e interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que le asistan.
Al hacer referencia a las irregularidades, cita que “no existe correlación entre las imputaciones y las pruebas ofrecidas. Hechos y pruebas se presentan disociados, resultando imposible determinar cuáles son las pruebas con las que se pretende acreditar cada uno de los hechos”.
Agrega que “muchos de los cargos formulados por la comisión carecen de las precisiones mínimas como para conocer los hechos que se imputan y sus fundamentos”.
Cuenta Rosatti que se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando “ello resultaba ineludible”. Pone el ejemplo de que se solicitó el acceso a contactos y comunicaciones privadas y videos de eventos privados. “Este tipo de requerimientos, aun cuando no fueran admitidos, pudo generar un temor fundado de violación del derecho a la intimidad de las personas involucradas, que en muchos casos fueron citadas a declarar como testigos”.
Entre otras cosas, alerta Rosatti que “se requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal”.
Asimismo “se incorporó prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal”, en referencia a los chats producto de hackeo, considerados por la justicia como “ilegales”.
“Se formularon cargos basados en esa prueba y fue además utilizada para interrogar a testigos, generando un efecto claramente intimidatorio”, agrega el juez, precisando que se les imputó a testigos la comisión de delitos o de infracciones legales y/o reglamentarias, lo que interpreta como “violación del principio de presunción de inocencia”, y se los interrogó sobre esos hechos –es decir, sobre hechos que podrían incriminarlos- cuando estaban declarando bajo juramento de decir la verdad. Lo cual es una violación del derecho a no declarar contra sí mismo.
Por otra parte se le hizo saber a testigos que serían denunciados penalmente por supuesta reticencia o falso testimonio, desconociendo la invocación de garantías o reparos legales por parte de los propios testigos.
Para Rosatti, “se sometió a testigos a un trato hostil y se los descalificó tanto personal como profesionalmente”. Además, “se formularon preguntas inadmisibles por ser capciosas, confusas, imprecisas, comprensivas de más de un hecho, por estar precedidas de comentarios insidiosos o de afirmaciones falsas, o por indagar acerca de opiniones, colocando al testigo en el lugar de experto o perito”.
Tras esos y otros elementos para desechar los cargos, a continuación Rosatti efectúa un descargo sobre cada una de las causas que le fueron imputadas.
Sobre el final, el juez considera haber respondido “todos y cada uno de los cargos formulados, y en razón de los argumentos allí expuestos, corresponde declarar la improcedencia de los pedidos de juicio político y disponer el archivo de las actuaciones”.
Sostiene que el trámite seguido en ese sumario “ha convertido a un mecanismo constitucionalmente idóneo en un proceso teñido de irregularidades”. Y además advierte que “a los vicios sumariamente descriptos” se le suma “el inesperado final de este procedimiento, concretado en la víspera de una renovación legislativa”. Para Rosatti, “tan abrupto fue el cierre de la investigación que quedaron sin ser tratados algunos de los cargos formulados por la propia comisión y estando pendiente la producción de prueba ordenada respecto de cargos que sí fueron abordados”.
Sostiene que “los cargos formulados evidencian por un lado que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la comisión, y por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite”.
Concluye afirmando que “el juicio político ha pretendido infructuosamente afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular. Y digo ‘infructuosamente’ porque la tramitación de este proceso acusatorio no afectó el normal funcionamiento de la Corte que presido, que celebró puntualmente sus acuerdos semanales, tramitó centenares de expedientes, emitió un número de sentencias superior al promedio anual de los últimos 10 años y, fundamentalmente, resolvió con autonomía de criterio cuestiones de alto impacto institucional y social”.
“He refutado con toda precisión y el detalle que esta etapa preliminar del procedimiento permite los cargos provisorios que fueran formulados por la mayoría de la Comisión de Juicio Político”, señala por su parte el juez Carlos Rozenkrantz al cabo de otro extenso documento, donde sostiene que “el desarrollo de las respuestas evidencia, con toda claridad, la ausencia absoluta de fundamentos de los cargos provisorios formulados y la consiguiente improcedencia del procedimiento que se pretende llevar adelante. Muestra, además, el intento de utilización de una facultad constitucional ideada para defender la República para la persecución de una finalidad completamente ajena al objetivo buscado por los constituyentes de 1853 y 1994: preservar el equilibrio propio de la separación de poderes”.
Por el contrario, continúa el juez, “esta es una instancia más de una historia desafortunadamente rica en intentos de la rama con atribuciones de control de condicionar, neutralizar o directamente cooptar al Poder Judicial de la Nación y, en especial, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicten sentencias que, con independencia de su ajuste al derecho vigente, satisfagan las preferencias ideológicas y las necesidades políticas de las mayorías circunstanciales de una comisión de una de las cámara del Congreso de la Nación”.
Sostiene Rozentrantz que “las consecuencias institucionales, morales y políticas de estas desviaciones están a la vista. Los esfuerzos que, desde hace cuarenta años, el pueblo argentino viene llevando adelante para reconstruir instituciones democráticas y republicanas sólidas y perdurables se ven seriamente perjudicados por intentos como el representado por este procedimiento”.
Para Rozenkrantz, “algunos de los cargos que formula la comisión se basan, es cierto, en hechos y datos concretos y objetivos. Pero es ostensible que no constituyen irregularidad alguna, ni ética ni legal ni de ninguna clase. Otros cargos se basan en interpretaciones o valoraciones de algunos hechos o datos. Pero son interpretaciones o valoraciones que no han sido justificadas en modo alguno o son directamente erróneas y carentes del más mínimo rigor jurídico. Por último, hay cargos que vinculan esos hechos, datos o interpretaciones para construir una suerte de relato o novela de asociación libre para atribuirme inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”.
“Lo que está en juego no es menor. Y no tiene que ver exclusivamente con mi permanencia en la Corte como uno de sus magistrados. Tiene que ver con el funcionamiento del sistema republicano. Pues este procedimiento apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Esto pone en cuestión la independencia de todos los jueces de la República y constituye un ataque frontal a la separación de poderes. Es, además, una afrenta a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”, considera el vicepresidente de la Corte.
El director de la vocalía del presidente de la Corte Suprema se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional al testificar ante la Comisión de Juicio Político en el marco de la causal coparticipación de CABA. El oficialismo lo acusó de ser “reticente” y pidieron que se informe a los superiores para que tomen las medidas disciplinarias correspondientes.
Gran expectativa había en torno a la presencia de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para que testificara ante la Comisión de Juicio Político de Diputados -presidida por la oficialista Carolina Gaillard– al retomar las reuniones por la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si el máximo tribunal deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.
La de Robles, quien fue nombrado en numerosas ocasiones desde que se inició el proceso de Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, era la palabra esperada por el oficialismo que lo citó entre otras cosas para que testificara respecto a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que lo había visto presente , pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro.
Obviamente ese no fue único tema de interés por parte del kirchnerismo para indagarlo, ya que también lo interrogaron respecto de los famosos chats que mantuvo con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro -quien no compadeció este martes, pero pidió reprogramar su presencia-, los cuales la justicia desestimó. En algunas preguntas se colaron los temas sobre el fallo 2×1 e irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
Previo a la ronda de preguntas, Robles afirmó que tiene una “relación funcional” con los magistrados y contó que a Rosatti lo conoce desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando “fue ministro de esa cartera bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo”.
“Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, expresó.
En el inicio, el funcionario pidió autorización para leer un documento con el fin de hacer algunas aclaraciones. “Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, arrancó denunciando Robles.
“Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, apuntó.
Además, Robles señaló que “han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal figura en los fundamentos de este juicio político”.
“Sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que ya fue denunciada en una causa penal”, agregó y siguió: “Han dicho que en una SRL que participé antes de entrar a la Corte, que en la actualidad tiene el cuit inactivo y que no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte”.
En ese marco, Robles ratificó: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
“No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”, cerró.
El oficialista Ramiro Gutiérrez planteó que ante la reticencia del testigo “se tomen las medidas correspondientes y se informe al superior jerárquico”, porque “nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar. En base a un comportamiento renuente que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo renuente”.
A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien manifestó que “el testigo no es un acusado, no es un investigado,bajo ningún punto de vista por parte de los integrantes de la comisión”.
Martínez le explicó a Robles que se lo había citadoen función del artículo 12 del reglamento interno de la comisión que establece “que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”, y le aclaró: “Por eso lo hemos convocado acá. Nosotros queremos su aporte para el esclarecimiento de la verdad para poner el foco en la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte”.
“Cada testigo tendrá sus subjetividades respecto de los miembros de la Corte, pero acá no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, ni estamos para tener ningún tipo de referencia de los testigos. Queremos saber la verdad y para eso lo citamos. Cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo lo pone en este lugar. Nadie de los que está acá tiene como objetivo al testigo que ha sido citado a declara que tiene que decir la verdad”, explayó Martínez.
De la vereda de enfrente, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) le planteó a Gaillard: “A tenor de lo que ha leído, el testigo ha jurado ser veraz. Si bien usted no es magistrada y pertenece a un espacio político usted tiene el deber de salvaguardar los derechos del testigo de no declarar contra sí mismo y a su honor. Y que por favor le ruego que no permita las preguntas de cargo a que tan aficionados son en su espacio político”.
En el mismo sentido se expresó el diputado Álvaro González (Pro) quien le dijo a Robles que “se sienta con la plena libertad de decir y hacer lo que crea conveniente sin que genere por parte del preconcepto que va a ser reticente. Diga lo que tenga que decir y se terminó”. También se sumó Pablo Tonelli, quien denunció que al testigo “se le ha hecho conocer una suerte de amenaza en orden a pedirle a la Corte que ejerza sus facultades de superintendencia si no responde a determinadas preguntas, algo que no tiene nada que ver”.
Fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau quien abrió este tramo de la reunión, pero previo a realizar las preguntas hizo una aclaración: “Acá no hay ninguna acusación al doctor Rosatti, solo se trata saber si ocurrieron distintas circunstancias que pueden llevar a una acusación, no se trata venir a victimizar al doctor Rosatti”.
“Es la primera vez que un testigo pretende elaborar las preguntas de quienes lo venimos a indagar. Eso es propio de cada diputado. Esto es un procedimiento que esta en la Constitución Nacional en el marco de las facultades que tiene con el reglamento que lo ordena la comisión”, sumó y cerró: “El testigo está como testigo no como imputado, por eso no se le aplica el artículo 18 de la Constitución Nacional, salvo que haya una circunstancia que el testigo pueda fundar en el hecho de auto incriminarse en una causa”.
Hechas esas aclaraciones, Moreau le preguntó desde cuándo conoce a Rosatti, a lo que Robles volvió a reiterar que es desde que trabajó como ministro en el Ministerio de Justicia en el 2004 en donde “era responsable de comunicaciones, inicialmente, después estuve acompañando en las distintas actividades que Rosatti indicaba”.
“Trabajé 15 años en el sector privado en distintos rubros en cargos gerenciales. Antes de estar con Rosatti, estuve casi un semestre en la Secretaría de Transporte de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, el titular era el ingeniero Ricardo Jaime. Luego de estar en el Ministerio de Justicia, fui convocado para estar en el de Economía a cargo de Felisa Miceli. Desde agosto de 2016 soy empleado judicial en la Corte Suprema”, relató Robles y afirmó que tiene título de periodista, no de abogado.
“¿Qué cargos y qué funciones tiene actualmente en la Corte?”, preguntó tajante Moreau, a lo que el funcionario contó: “Soy secretario no letrado en la vocalía del doctor Rosatti y el cargo que tengo es de director general”.
En una breve interrupción la diputada Mara Brawer le preguntó los motivos por cambio “de escalafón importante” de ser subsecretario de administración a director. “El cargo es subsecretario administrativo y el pase a director de la vocalía se realizó a través de una resolución firmada por los ministros de la Corte”, respondió y aclaró: “Yo no puedo evaluar la decisión de mis superiores”, y dijo desconocer “el contenido del expediente” respecto de los motivos de su traspaso.
A continuación, Moreau le pidió una descripción de sus actividades a diario a lo que Robles explicó que es secretario de Rosatti y que se encarga de las tareas de la superintendencia que Rosatti indica. “¿Usted se comunica con letrados de las otras vocalías para transmitir directivas del presidente de la Corte?”, consultó el oficialista, pero el funcionario solo respondió: “No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”.
Moreau insistió: “¿Usted se encarga de poner a la firma del doctor Rosatti los despachos?”, pero Robles reiteró: “Yo no manejo temas jurisdiccionales. El doctor es quien indica a todos sus colaboradores las decisiones que va a tomar, yo no le pongo nada a Rosatti”.
“¿Usted es el encargado de transmitir las directivas del doctor en relación a los expedientes que se tratan en las Secretarías judiciales de la Corte?”, interrumpió otra vez Brawer con una pregunta, pero el testigo insistió en que “no” maneja temas jurisdiccionales. Al respecto, la diputada le marcó que el doctor Gustavo Naveira secretario a cargo de la Secretaría N°7 de la Corte dijo que recibía directivas de expedientes del doctor Rosatti “directamente a través de Silvio Robles”. Pese a esa declaración, el testigo volvió a defenderse: “Yo no doy directivas, no manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”.
En un tono alterado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade interrumpió con la reformulación de las preguntas previas y cuestionó: “La pregunta no es si maneja o no temas jurisdiccionales, es si lleva instrucciones de Rosatti a algunas de las secretarías conozca o no temas jurídicos. ¿Lleva o no lleva temas? La pregunta es otra, no lo que él responde”.
Bajando la espuma, Gaillard procedió a explicarle a Robles: “Hay testigos que manifestaron que, para dirigirse al doctor Rosatti era a través suyo. La pregunta por eso es si usted da instrucciones en nombre de Rosatti a las distintas vocalías”. Inmediatamente le salió al cruce la diputada Mariana Stilman (CC-ARI): “No se le puede contrastar al testigo con declaraciones de otras personas. Se le puede repreguntar para que amplié, pero no se le puede decir que otra persona dijo tal cosa que se contrapone con lo que dice”.
Pese a eso, Robles retrucó: “Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”. “Es reticente, es reticente, se ampara para no responder”, comenzó a gritar Tailhade y lanzó: “Aparte está recontra mintiendo porque hace un ratito contestó y ahora no puede contestar”.
Tomando como base una nota periodística del diario Clarín, Moreau le preguntó si por el fallo 2×1 se reunió con el actual senador José Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, en una negativa a contestar Robles volvió a decir: “No manejo temas jurisdiccionales”. Moreau, disconforme con la respuesta volvió a repreguntar, ante lo que Robles dijo: “Desconozco absolutamente eso”.
“¿Conoce a Marcelo D’Alessandro?”, tiró de una Moreau, pero el testigo se negó a responder por si o por no y expresó: “Me remito a lo que dije al principio”. Ante ello, Gaillard le aclaró que “conocer o no a una persona no lo auto incrimina en algo”, pero Robles volvió a respaldarse: “Hay cuestiones que si están judicializadas y en atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”.
Le salió al cruce Germán Martínez quien le pidió que mencione las causas que están judicializadas que “lo llevan a invocar el artículo 18”. Pero la mano derecha de Rosatti planteó que no es abogado, sino que estaba en carácter de testigo y que “no está mi abogado que tramita las causas, no conozco los expedientes”. Ante la insistencia de Martínez, respondió: “Son las causas donde hubo denuncias la mayoría son públicas y que están en trámite, no recuerdo la carátula ni el número”.
Tailhade le planteó: “No existe hoy ninguna causa en trámite donde esté imputado el señor Robles. La única causa está cerrada”. En el mismo sentido y reiterando lo dicho al comienzo, Gutiérrez pidió que “se de curso a la pregunta que estaba en trámite para evaluar o no la reticencia del testigo y así informar a los superiores”.
“Es manifiestamente reticente el testigo porque invoca falsamente el artículo 18”, expresó Moreau tras reiterar su pregunta y pidió que se notifique a las autoridades superiores de la actitud del testigo.
Sobre la causa de coparticipación, el oficialista remitió a una nota del diario Perfil en el que informaba de una reunión entre jueces federales y funcionarios del Poder Judicial, de los cuales dos llegaron juntos al lugar D’Alessandro y Robles, ante lo que el diputado le preguntó si eso fue así. Sin embargo, el testigo expresó: “En esa comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta”.
Por otro lado, Moreau indagó por las declaraciones que hizo el contador Héctor Marchi en el tema de las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial respecto de la reticencia que tuvo para firmar el informe 4 y la no circulación del mismo a la totalidad de los ministros.
“Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder”, apuntó Robles y sumó: “El contador Marchi relató distintas historias, con distintas acusaciones y luego fue a sede judicial”.
Al respecto, Moreau pidió que “ante las reiteras contradicciones” se vote un careo entre ambos para “clarificar la situación” respecto del informe 4 de las irregularidades de la OSPJN. También le consultó por la eliminación de la casilla de emails del presidente de la Corte que le pidió a Andrés Sacchi. Brawer también le preguntó qué hizo con el informe 4, si lo circuló o se publicó dentro de algún sitio en la Corte como “se hizo con los demás informes”.
En ese contexto de negación por parte del testigo a responder, Martínez cuestionó que “hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte de Robles que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica”. “Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público”, disparó y sumó: “El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión”.
“Me siento hostigado, más cuando hay causas judicializadas. Tampoco entiendo por qué me preguntan sobre cosas que hice antes de trabajar en la Corte Suprema. Me siento hostigado por el diputado al decir que tengo que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia”, lanzó Robles.
Retomando el tema central sobre coparticipación, Moreau le preguntó si participó de la audiencia de conciliación que se realizó en el Salón Bermejo y que convocó la Corte en marzo de 2022, a lo que Robles afirmó: “Estuve un rato, no toda la audiencia. Estuve por indicación de Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Creo que es la que se refirió la licenciada Batakis que me marcó en un lugar que no recuerdo dónde estaba, tampoco recuerdo dónde estaba sentada ella. Había gente para asistir a los ministros de maestranza, había gente de otras vocalías y había colegas de otra vocalía que saludé”.
“Me sorprendió que Batakis me marcara en un pizarrón cuando yo ni recuerdo si estaba sentado o parado o en el lado que ella indica. Ni sé dónde estaba ella”, agregó y negó haber participado de otras audiencias de conciliación.
El diputado oficialista le preguntó por la inundación que hubo en el despacho, a lo que el funcionario contó: “Fue a fin de enero, un lunes nos enteramos porque nos avisaron antes de llegar que se había roto un caño en el piso séptimo y filtró hasta la planta baja de un costado del ala de Uruguay donde tenemos los escritorios. Hubo un mail que, después el área pertinente informó, sobre el nivel de desperfectos que tenían más que ver con mampostería, muebles, aire acondicionado, las computadoras y discos rígidos no se dañaron. Ahora, después de que dejaron secar las paredes y el piso, estamos de vuelta en el despacho”.
En el marco de la causal “coparticipación”, continuará el primer día de agosto la investigación que se lleva adelante en la comisión que conduce la diputada Carolina Gaillard.
Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la décimonovena, desde que el 26 de enero se inició el proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.
Según informaron a parlamentario.com fuentes de la comisión, las citaciones salieron hace dos semanas, el pasado 12 de julio, y hasta el momento ninguno de los testigos confirmó su asistencia o eventual ausencia.
Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.
También se indagará a Robles en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.
Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.
“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.
El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.
Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.
En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.
Será el período más largo en el que se interrumpe el proceso de enjuiciamiento a los miembros del máximo tribunal de justicia desde que comenzó en enero de este año.
La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció la suspensión de la reunión prevista para este martes 30 de mayo, y será reprogramada para el 6 de junio de 2023, a las 13 en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A” de la Cámara de Diputados.
La decisión anunciada sorprendió a propios y extraños, pero fuentes legislativas consultadas por este medio explicaron que se debió a que había dos diputados con temas de salud: Eduardo Valdés, quien debía realizarse estudios médicos, y Vanesa Siley, que fue internada de urgencia por una infección en las amígdalas. Según supo parlamentario.com, el pasado viernes la legisladora presentó un cuadro febril a raíz de una laringitis y le recetaron antibióticos que no hicieron efecto. Este lunes volvió a la guardia del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde el cuerpo médico decidó internarla de urgencia por una infección aguda. “Se le formó un abseso pariamigdiliano que están evaluando cómo intervenir”, revelaron desde su entorno.
Al no estar la presidenta de la Cámara –Cecilia Moreau está en China-, no podía firmar los reemplazos, razón por la cual se decidió la postergación.
Esta iba a ser la décimo quinta reunión del juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con esta postergación, este será el período más largo con el que se interrumpe la periodicidad de este proceso que se lleva a cabo semanalmente, ya que sólo fue interrumpido en Semana Santa (del 3 al 7 de abril) y la semana que hubo dos sesiones en el recinto de la Cámara baja (28 y 29 de marzo).
Los convocados para el martes venidero seguirán siendo los mismos, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y se sumarán la doctora Isabel López Alducin (secretaria letrada) y la doctora Claudia Viviana Madies.
Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre el tema Obra Social, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.
El contador Ritvo había sido citado la semana pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.
Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.
En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, quien asistió luego de notificación judicial.
También, durante la última reunión, el Frente de Todos planteó su pedido de ampliación de juicio político por los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán; mientras que desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Ambas cuestiones quedaron para el final, pero la comisión estaba sin quórum para votar. De hecho, ese día se había abierto el encuentro con un tercio de los presentes.
En una nueva muestra de la tensión entre el oficialismo y los miembros de la Corte, cuestionaron en el Consejo los dichos del titular del Tribunal en AmCham.
Durante la reunión de coordinación que llevó adelante este miércoles el Consejo de la Magistratura, con la presidencia de Horacio Rosatti, los consejeros del Frente de Todos (FdT) repudiaron al presidente del cuerpo por sus declaraciones en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amchan EEUU) y por los fallos de la Corte que suspendieron las elecciones de gobernador en San Juan y Tucumán. ¿De qué manera lo repudiaron? Retirándose de la reunión.
Los consejeros del FdT sostuvieron, ni bien se inició la reunión, que repudiaban “las irresponsables y provocadoras declaraciones formuladas en la mañana de ayer (por el martes) por el presidente de la Corte en un ámbito absolutamente impropio para su magistratura, que además de configurar un claro prejuzgamiento en la materia, constituye una intolerable intromisión en la política económica de los gobiernos y una cuestión no judiciable”.
En la reunión de AmCham, el presidente de la Corte Suprema reclamó que ese cuerpo sea consultado por los otros poderes antes de avanzar en reformas judiciales, remarcando que “el diálogo interpoderes es fundamental”. Dijo también que “la expansión incontrolada de la emisión monetaria implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución”.
“Las bases del programa económico que establece la Constitución desde 1853, con todas sus reformas, es el capitalismo: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”, sostuvo, agregando que “el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución”.
Los fallos sobre San Juan y Tucumán
De la misma manera, los diputados y senadores del Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura repudiaron expresamente los fallos de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que preside también el doctor Rosatti, que “suspenden las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán a menos de 72 horas de la veda electoral, a menos de 5 días de las elecciones y con toda la estructura de los comicios perfectamente organizada, en tanto implican lisa y llanamente la proscripción de la voluntad popular de los ciudadanos de San Juan y Tucumán y una intervención federal de hecho”.
“Los consejeros del FdT sostenemos que seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional de cara a la sociedad, y en función de ello participaremos de todas las sesiones públicas de comisiones y en el plenario del Consejo de la Magistratura”, señalaron, pero aclararon que “con Rosatti no tenemos nada que coordinar”.
Reaccionaron de esta manera los senadores nacionales Héctor Recalde y María Inés Pilatti Vergara; los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, y Héctor Recalde y Gerónomi Ustarroz.
Desde el Poder Legislativo, hubo declaraciones cruzadas por la medida cautelar implementada por el Máximo Tribunal de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia suspendió este martes las elecciones provinciales de Tucumán y San Juan, a través de una medida cautelar presentada por la oposición de ambas provincias. Las dos jornadas electorales iban a celebrarse el próximo domingo 14 de mayo.
Desde las oposiciones de ambas provincias, Juntos por el Cambio y libertarios, habían reclamado en la Corte que tanto Juan Manzur, gobernador tucumano y ahora candidato a vicegobernador, como Sergio Uñac, gobernador sanjuanino, no podían volver a presentarse por ejercer cargos en los respectivos Ejecutivos provinciales desde el año 2015.
Los dos fallos llevaron las firmas del presidente Rosatti, de los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, pero no así, la del funcionario del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti.
Fallo-CSJN-Tucuman-El presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo referencias al hecho: “En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”.
Desde Diputados, el jefe de bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, se manifestó en contra del titular de la Corte: “A la mañana, Rosatti hizo declaraciones provocadoras en la Cámara de Comercio de los EE. UU. en Argentina. A la tarde, mientras funciona la comisión de Juicio Político, la Corte suspende (a 5 días de realizarse) las elecciones en San Juan y Tucumán”.
El tema no tardó en repercutir en el seno de la Comisión de Juicio Político de Diputados, donde mientras se desarrollaba una nueva audiencia del juicio político que se lleva adelante contra los integrantes del Tribunal Supremo, intervino el diputado Leopoldo Moreau para referirse al tema.
“Pido disculpas de antemano, porque no es un tema que esté en este momento en debate en la comisión, pero me parece que es de una gravedad institucional inusitada, y ha sido protagonizado hace pocas horas por la Corte Suprema, precisamente”, arrancó el legislador kirchnerista, que definió el tema como “un hecho institucional inédito”. Y resumió: “A 5 días de elecciones en la provincia de Tucumán y San Juan, después de haber tenido durante meses en su conocimiento una causa vinculada a impugnaciones, la Corte, o el retazo de la Corte que queda de Magneto y Saguier, acaba de suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan”.
“Esto viene a demostrar que ese retazo de Corte efectivamente tiene vocación proscriptiva”, concluyó.
El primero en pronunciarse sobre el tema, fue el presidente del bloque radical, Mario Negri, quien expresó -vía Twitter-: “Una vez más la Corte frena los intentos re-reeleccionistas de gobernadores del PJ que fuerzan las constituciones provinciales para perpetuarse. Pasó con Santiago y Río Negro antes y hoy con San Juan y Tucumán. El PJ debe probar con respetar las leyes y el juego democrático”.
Desde el Pro, el jefe de bancada Cristian Ritondo advirtió: “Los señores feudales del kirchnerismo creen que pueden violar las leyes y las normas constitucionales. No lo vamos a permitir”.
El diputado nacional y jurista del Pro, Pablo Tonelli, manifestó que “la Corte resolvió bien, en defensa de nuestro sistema republicano, dado que evitó la perpetración en el poder de dos candidatos imposibilitados de serlo”.
La cofundadora de Cambiemos y líder de la Coalición Cívica – ARI, Elisa Carrió, se expresó al respecto y tuiteó: “Hacer valer el derecho y la República es el deber de la Corte Suprema. No más re-reelecciones”.
También del Pro, la diputada nacional María Eugenia Vidal advirtió: “Lo dijimos, lo argumentamos, y lo sostuvimos en la justicia: Uñac y Manzur no están en condiciones de ser re-electos. Celebro el fallo de la Corte Suprema que hoy puso freno a los feudos kirchneristas. Es un buen día para la democracia”.
Del mismo modo, Sergio Vallejos, candidato a gobernador sanjuanino por Evolución Liberal, expresó: “El fallo de la a Corte hace justicia en la provincia de San Juan, Sergio Uñac (actual jefe provincial) no podía ser reelecto”, y agregó: “Este es un fallo ejemplar”.
Así también, Vallejos aseveró que Uñac puede ser reelegido consecutivamente hasta dos veces, como establece el artículo 175 de la Constitución de la provincia cuyana, y se encuentra al frente de la gobernación desde el 2015 cuando ejerció el cargo de vicegobernador en la gestión de José Luis Gioja.
En esa línea, el diputado Gioja enfatizó: “La Corte sigue haciendo de las suyas. Son unas lacras”. “Esto nos jode a nosotros y a Uñac, beneficia al Pro y a los libertarios que hicieron el reclamo”, manifestó duramente.
En declaraciones a Radio 10, el vicepresidente de la Cámara baja aclaró: “Yo soy adversario de Uñac, queríamos que él juegue porque le íbamos a ganar. Él no podía ser candidato porque la constitución provincial es clarita”, con relación a que se oponía al gobernador y al fallo de la Corte.
Sin embargo, el exgobernador de San Juan reclamó: “Uñac se tiene que dar cuenta que no puede ser candidato, que se deje de joder. Ahora tenemos que bancar que la Corte fije los plazos”.
La precandidata presidencial Patricia Bullrich se vanaglorió del fallo y cargó contra los gobernadores de ambas provincias: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará”.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación, enfatizó: “Nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra república. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad”.
La diputada del bloque Creo, Paula Omodeo (Tucumán), manifestó su postura al respecto: “La Constitución aún está viva en Tucumán. Quisieron ir por todo y hacer trampa, pero los tucumanos no los vamos a dejar. En Argentina todavía prima el estado de derecho, nadie está por arriba de la ley. La CSJN frenó a Manzur y Jaldo. Esta lucha recién empieza”.
“Le incomodan las reglas y le molestan los límites de una República democrática. Así es el kirchnerismo en todas sus formas”, así apuntó la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba), a través de su cuenta oficial de Twitter, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema.
En línea con toda la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro (CC- ARI – CABA) sostuvo que el fallo de la CSJN “es correcto y ajustado a nuestra constitución. No hay que ser tibios en defensa de la República democrática. La alternancia en el poder no se trampea, porque pone en juego la voluntad popular”.
También, el diputado nacional Miguel Bazze (UCR – Buenos Aires) manifestó: “La Corte suspendiendo las elecciones de Tucumán y San Juan, pone límite al atropello de los gobernadores kirchneristas y peronistas, que fieles a su estilo de burlarse de la gente y de las instituciones, pretenden reelegirse contra lo establecido por sus constituciones”.
De la misma manera, la diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) le advirtió al oficialismo: “Le dijimos que no era posible. Insistieron, pero cuando la Corte Suprema de Justicia resuelve patalean y dicen que no hay democracia. Cínicos”.
En tal sentido, el jefe del bloque de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, publicó un vídeo donde afirmó que “las arbitrariedades, los excesos y los desvaríos tiranos, no tienen lugar en la Argentina que viene”.
Mientras transcurría la reunión de Comisión de Juicio Político, la diputada Vanesa Siley tuiteó: “La Corte Suprema de la dictadura. Suspenden las elecciones en San Juan y Tucumán a 5 días de realizarse los comicios ¿Cómo no creerlos capaces de todo? TODO es posible en el reino de Magnetto y compañía”.
“Los que entraron a la corte por DNU, estallaron la Obra Social de Judiciales, son parte de la mafia judicial y ahora interfieren contra reglas básicas de la democracia y también quieren definir cuestiones de la economía de competencia de otro poder”, planteó por su parte la diputada oficialista Blanca Osuna.
A su vez, el diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) ironizó sobre el fallo y posteó un tuit que dice: “Que los únicos dos jueces de la historia constitucional argentina que estaban dispuestos a asumir por decreto estén haciendo tantos mamarrachos en la Corte es algo rarísimo, no se veía venir”.
El diputado del FdT aseveró que Silvio Robles amenaza a Marchi y a los trabajadores de la obra social del poder Judicial. Además, denunció que Juan Manuel López le dijo que si avanzan con el juicio “el dólar se irá a 800 pesos”.
Tras la denuncia del contado Héctor Marchi en la última reunión de Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) arremetió con el máximo tribunal de justicia y expresó: “Los miembros de la Corte son cuatro barrabravas”.
Además, el legislador ultrakirchnerista denunció que el presidente de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, le gritó -entre risas e ironías- que si solicitaba la inspección ocular para revisar lo que decía Marchi “el dólar se iría a 800 pesos”.
En diálogo por Radio 10, el diputado se refirió a la denuncia de Marchi y anunció que falta aún más porque vuelve a declarar el jueves que viene”. Del mismo modo, remarcó: “No olvidemos que el contador Marchi es el principal testigo del juicio de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti”.
“Lo que declaró el martes fue lapidario sobre lo que pasa en la Corte porque ratificó todas las irregularidades de la obra social y dio precisiones sobre faltante de dinero. Habló de una pérdida de 3.000 millones de pesos en 2022 por no tener control, y dijo que si hacemos cuentas para atrás nos vamos a encontrar con cifras siderales”, recordó Tailhade.
A su vez, el diputado le atribuyó las irregularidades de la obra social a un miembro de la Corte: “Juan Carlos Maqueda fue responsable desde 2008 a 2018 de la obra social”, y añadió que “Marchi dijo que Silvio Robles lo amenaza a él para que no venga a declarar. Lo de la mafia judicial está cada vez más claro”.
En tal sentido, manifestó: “Uno pretende declarar y como buenos mafiosos lo amenazan, lo extorsionan, lo sancionan y los desplazan”, y agregó: “Cada vez aparecen más argumentos que nos dan la razón”, en alusión sobre el pedido de Juicio Político.
Por otro lado, sostuvo que “la Corte argentina son cuatro barrabravas que no usan el derecho sino el poder y que están buscando conseguir poder político, y encima le dan la espalada al sistema político y a la ciudadanía”. “Hay una connivencia pornográfica entre los acusados y los sectores políticos que salen en su defensa”, aseveró.
Del mismo modo, recodó cuando Marchi dijo que los desplazaron y que hubo ocupación policial en el cuarto piso: “Pedí la palabra y le digo a la presidenta de pedir la inspección ocular para revisar todo lo que dice Marchi y fue allí que el diputado López me dice si vas al cuarto piso con la inspección ocular de la Corte, el dólar se va a 800”.
Así también, agregó que Marchi señaló que López “había ido a una vocalía de Horacio Rosatti a pedir que lo echaran (a Marchi)”. “La Corte responsabiliza a Marchi, pero la Corte miente y nosotros tenemos los documentos que dicen que Maqueda manejó la obra social”, indicó.
Por último, afirmó que “las amenazas de Robles a Marchi y el espionaje ilegal sobre los trabajadores no pueden ser desconocidas por Horacio Rosatti”. “Es un elemento más para el juicio político y vamos a ir por ese camino”, finalizó.
El máximo tribunal de justicia aprobó los ingresos de Recalde, Pilatti Vergara y Vischi. Sin embargo, no resolvió quien será el cuarto consejero.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves no admitir como miembro del Consejo de la Magistratura al senador nacional Martín Doñate (Unidad Ciudadana – Río Negro).
En la Acordada (02/2023) firmada por Carlos Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda consideraron que “la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo”.
Para la Corte, la maniobra del oficialismo de dividir al Frente de Todos en, Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, fue considerada un “ardid” y una acción “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.
Por otro lado, las bancas en el Consejo de los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, por el Frente Nacional y Popular, y de Eduardo Vischi, por la UCR, fueron aprobadas y a los tres tomarán juramento ante los magistrados.
Respecto a la silla que le corresponde al cuarto consejero, por la segunda minoría, el máximo tribunal de justicia aún no resolvió si será ocupada por el cordobés Luis Juez, como solicitaron desde el Pro, que reclama su condición de segunda minoría.
Cabe recordar que el 16 de noviembre del año pasado la presidencia de la Cámara alta refrendó en el recinto el decreto por el cual se nombraban a los cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura, entre ellos a Martín Doñate por la segunda minoría, en lugar de Luis Juez (Pro). La votación resultó por unanimidad con 37 votos a favor, ante la ausencia de Juntos por el Cambio, que se retiró en protesta de la imposición de ese debate en el recinto, algo que no suele realizarse.
Acordada-CSJN-2-2023Fue en la reunión de Comisión de Juicio Político donde la diputada de JxC consideró que el avance de este proceso “no deja atender las demandas reales del pueblo”.
La diputada nacional Paula Oliveto (Coalición Cívica – ARI – CABA) anunció este jueves en la reunión de Comisión de Juicio Político que se presentará en Comodoro Py y denunciará al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti por “haber recibido presiones”.
Además, advirtió sobre una presunta “estrategia” entre los diputados del FdT y Lorenzetti para abocar el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. En tal sentido, señaló que en Rosario “salió publicada una nota sobre relaciones de Lorenzetti con gobernadores, allegados al presidente de la Nación y diputados del FdT”, la cual Oliveto consideró verosímil.
Del mismo modo, la diputada de la CC-ARI consideró, a partir de esa nota, que Lorenzetti había “tenido comunicaciones con el gobernador santiagueño Gerardo Zamora” y que “hubo presiones como las que resistió el diputado Leopoldo Moreau”.
En su exposición, Oliveto relató: “El equipo de comunicación de Lorenzetti, en reuniones con el oficialismo, relataba la posición de (Juan Manuel) López -jefe de bloque de la CC-ARI- y mía”, y agregó: “Desde nuestro bloque hemos sentido que no podemos hablar de Lorenzetti porque después tenemos consecuencias”.
Con relación a la reunión en cuestión, la diputada opositora explicó: “Creo que nos tenemos que abstraer de la imagen que estamos dando como representantes del pueblo”, y añadió: “Asumo y defiendo las potestades que tenemos como legisladores de hacer uso de las herramientas de la Constitución, pero que esto no sea una discusión de que uno acusa al otro”.
“Que uno vaya al cumpleaños o a comer a la casa de otro no quiere decir nada, porque hay que probar la causalidad del hecho. En mi juventud los radicales iban a cumpleaños de peronistas y viceversa”, enfatizó.
Con el mismo énfasis, Oliveto -quien adujo no se sentirse bien- manifestó que “no es bueno que los diputados recuerden tiempos pasados” porque “la gente no tiene para comprar útiles escolares” mientras transcurre el proceso del enjuiciamiento al máximo tribunal de justicia.
De ese modo, expresó: “No quiero pasar por el momento de que por no atender las demandas del pueblo me escupan por la calle”, y agregó: “Algunos sacan los votos que sacan por lo que hacen acá”.
En el cierre, anunció: “Con las denuncias que hicimos en soledad creíamos que bastaba, pero el lunes nos vamos a presentar en la Justicia para ver si algún juez de Comodoro Py hace algo en relación a las presiones que recibimos de Lorenzetti”, y cerró: “También voy a pedir que se investigue a Zamora”.
El diputado del FdT dijo que “en ningún lugar del mundo se resucitaron leyes” como lo hizo el juez Rosatti. Además, contó que fue productor de la película “Iron Mountain, el incendio”, el cual tendrá su juicio oral en los próximos meses.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA) se refirió a la aprobación de la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte en la Comisión de Juicio Político y sostuvo que “hay pruebas muy fuertes”.
Del mismo modo, expresó: “Hemos aceptado investigar los 14 expedientes que estaban en la comisión de Juicio Político, no sólo los del Frente de Todos, sino también los de la Coalición Cívica”, y agregó: “Nosotros queremos investigar a los cuatro jueces, que firmaron el fallo de la coparticipación federal”.
Entrevistado por Radio 10, Valdés añadió: “Tres de ellos -ministros de la Corte- asaltaron el Consejo de la Magistratura, y por eso está paralizado”. En esa línea, manifestó: “No corresponde bajo ningún aspecto que el presidente de la Corte se haya autovotado. Ellos conformaron una mayoría irregular para declarar inconstitucional una ley que hace 15 años estaba funcionando”.
“Una vez que (Horacio) Rosatti se hizo presidente de la Corte se metieron con el Consejo de la Magistratura sólo para apoderarse. No hay jurista en el mundo que diga que las leyes derogadas se pueden resucitar. Es Ley muerta”, señaló el diputado oficialista.
A su vez, explicó que “son 60 hechos que vamos a investigar”, y agregó: “Por ejemplo, la administración de la Obra Social de la Corte, que huele muy mal. También hubo intromisiones en el Poder Legislativo de parte de la Corte para la conformación de sus mayorías y minorías. Las pruebas que están apareciendo son muy fuertes”.
En tanto, Valdés reveló que no fue fácil llegar a este dictamen y que durante las últimas semanas hubo “presiones muy fuertes de parte de las corporaciones”, ante lo cual destacó “la labor de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard” y concluyó: “El bloque del Frente de Todos está muy unido”.
Además, el diputado se refirió al expediente presentado por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti: “Nosotros integramos ese expediente. Ellos no querían no votar con el resto de Juntos por el Cambio, por eso no votaron su propia iniciativa”. “Estamos enjuiciando a cuatro jueces, no a la Corte en su conjunto”, sostuvo.
Para terminar, Valdés se refirió al estreno a sala llena de “Iron Mountain, el incendio”, en el cine Gaumont, de la cual es productor: “Los bomberos notaron que el incendio fue tan fuerte y rápido que daba toda la sensación de que fue intencional. Ahí se guardaba información de HSBC, del GP Morgan, ligado a sus cuentas ‘offshore’. Yo simplemente colaboré con la película. Lleva la voz de Cecilia Roth, que internacionaliza el tema, porque la causa entra en juicio oral ahora”.
Al defender el pedido de juicio político impulsado por el presidente y un grupo de gobernadores, el diputado oficialista repasó todos los cargos que le imputan a los magistrados y defendió la validez constitucional del proceso.
Vocero del pedido de juicio político que el presidente Alberto Fernández junto a once gobernadores avalaron contra los jueces de la Corte Suprema, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés aseguró que los magistrados cometieron “actos de mal desempeño que fueron realizados contra el federalismo, contra los derechos humanos, contra la política tributaria y contra las competencias del propio Congreso de la Nación”.
Al argumentar las acusaciones plasmadas en el proyecto presentado con la firma de 15 legisladores oficialistas, el porteño defendió que “no hay en todo el ordenamiento jurídico un instrumento más robusto que el juicio político” y, tras leer artículos 112 y 116 de la Constitución Nacional -sobre las funciones de los jueces-, pasó a enumerar las causales.
En primer término, Valdés se refirió a las “irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial”. “Se deberían investigar y comprobar si los magistrados omitieron conformar en debida forma el directorio de la obra social para, de ese modo, poder realizar un incumplimiento sistemático de la administración indelegable que les correspondía realizar”, señaló.
Y agregó que “estas omisiones habrían facilitado la malversación de fondos en perjuicio de los afiliados y afiliadas de la obra social”, además de que “en una auditoría encargada por la propia Corte se determinó que la obra social fue administrada ineficientemente durante 13 años”.
Luego se refirió al fallo de la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien aclaró que el máximo tribunal tiene “competencia originaria” para resolver sobre estos conflictos, el diputado hizo énfasis en la condición de “agentes naturales del Estado federal” que tienen los gobernadores. En esa línea, se quejó: “Es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a 15 gobernadores. No los escuchó cuando se presentaron como amicus curiae. En este tema, donde estaban implicados, era obligación de ser escuchados”. “¿Por qué no se escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Horacio Rosatti con (Horacio) Rodríguez Larreta, vinculado por medio de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro?”, se preguntó en alusión a la filtración de chats del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, actualmente con licencia.
“La Corte, asumiendo facultades legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al Parlamento”, añadió.
A continuación habló sobre el fallo 2×1 que beneficiaba a represores y resaltó que “cuando se es condenado por lesa humanidad, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la Corte Suprema de Justicia los sentenciados no pueden tener ningún beneficio por la inhumanidad del crimen cometido, pero los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz violan esa premisa aplicando el 2×1”.
Finalmente, sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura, Valdés consideró que Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda “dieron un golpe de Estado”. “Para consagrar la toma del Consejo de la Magistratura, ante la ausencia de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, conformaron una mayoría irregular, donde el propio Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se votaron como presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Éticamente no corresponde”, sostuvo.
“A partir de la asunción de Rosatti como presidente de la Corte se pone en marcha lo que podemos denominar como el asalto al Consejo de la Magistratura”, insistió y mencionó que la Ley 26.080, declarada inconstitucional por la Corte en diciembre de 2021, “estuvo vigente 15 años”. “Si la ley atacada es sancionada en 2006, ¿cómo puede ser que la Corte reacciona 15 años después?”, cuestionó.
El legislador remarcó que “no contentos con esto, desentierran una ley derogada por el Congreso de la Nación. No hay Corte en el mundo, Superior Tribunal en el mundo, que resucite una ley derogada por el Parlamento. (La Corte) se atribuyó facultades legislativas”.
También criticó que Rosatti se haya “autovotado una vez más” y que haya intervenido en los amparos presentados por el senador Luis Juez y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. “Rosatti tenía y tiene un interés directo en el caso” lo cual es “causal directa de recusación”, aseveró.
En el final, el oficialista repasó todas las denuncias contra los jueces y puntualmente a Rosatti lo acusó de haber dictado resoluciones “contra la Ley de Presupuesto”, haber violado la Ley de Ética Pública y haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y prevaricato.
“El juicio político es la única herramienta que la Constitución le da al Congreso en el caso de mal desempeño de funciones de los jueces de la Corte”, ratificó.
“Soñamos con una Corte Suprema de Justicia de la Nación donde ningún ministro vaya al exterior a decir que este Parlamento no debe consagrar derechos ante una necesidad. Soñamos con un Consejo de la Magistratura en donde cualquier magistrado, tenga la jerarquía que tenga, sea juzgado por inconducta si acepta dádivas de los grupos económicos más poderosos. Sueño con un Consejo de Magistratura que sancione a un juez y a un fiscal que convoque a ocho indagatorias en un mismo día a una sola persona, sea de los que piensen como yo o no. Felices los que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlos realidad”, finalizó.
La diputada dedicó su intervención a cargar contra ambos magistrados por haber querido aplicar el 2×1 en casos de lesa humanidad. “Este pedido de juicio político no busca necesariamente que los supremos sean juzgados”, aclaró.
Si bien el diputado Eduardo Valdés había consumido todo el tiempo asignado para fundamentar el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte, su compañera Mara Brawer se extendió este jueves en su exposición, fundamentalmente para fundamentar el pedido de enjuiciamiento contra Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por haber votado a favor del 2×1 para casos de lesa humanidad.
La diputada del Frente de Todos había arrancado justificando el enjuiciamiento de los cuatro miembros de la Corte en que “sus conductas, avasallamiento y usurpación de funciones propias de otros poderes, incumplimiento de las normas constitucionales y de los tratados que forman parte de nuestra Constitución, y por ignorar la jurisprudencia que la propia Corte ha construido, poniendo en peligro nuestro sistema republicano y en igual medida nuestra democracia”.
Al avanzar en su exposición, Mara Brawer remarcó que si hay un tema que “une al 90% de los argentinos es el de los derechos humanos. Es un tema de unidad nacional, una política de Estado que nos distingue en el mundo. Somos representantes de un país que hizo una bandera de la memoria, la verdad y la justicia”.
A continuación se refirió a cuando en 2017 Rosatti y Rosenkrantz votaron a favor del beneficio de los genocidas. En esa oportunidad, “se provocó en la sociedad argentina un quiebre pocas veces visto en nuestra historia. Los delitos de lesa humanidad no se juzgan como cualquier delito común, son imprescriptibles, porque lesionan a la humanidad, y eso Rosatti lo sabe perfectamente, porque lo dijo cuando defendió su pliego en el Senado”.
Por eso, Mara Brawer se preguntó. “¿Hay dos Rosatti? ¿Uno que miente para conseguir el cargo y cuando asume como cortesano hace todo lo contrario?”.
“Acá se pone en juego uno de los causales de juicio político: la idoneidad moral de los supremos”, señaló, para referirse luego al caso Muiña. “¿Quién era (Luis) Muiña? Un particular que entra a hacer servicios de seguridad en el Hospital Posadas y crea un grupo Swat, crean un centro de detención y tortura en el hospital”, comentó.
Para la diputada kirchnerista, “es tan claro el rompimiento del contrato social de estos cortesanos que la sociedad argentina salió a la calle, y ahí estábamos todos. Fue tan fuerte que este Congreso en paralelo a la marcha se juntó y sancionó una ley, la 27.362, para que quede claro que no se podía aplicar el 2×1 en los delitos de lesa humanidad”.
Tras reiterar que ambos jueces de la Corte fueron “en contra del contrato social de esta sociedad”, comentó que en el caso de Rosenkrantz, ese magistrado insistió, pues “casi declara inconstitucional esa ley, no tuvo mayoría y sigue fallando en minoría en muchísimas causas pidiendo que se aplique el 2×1 a los genocidas”, por ejemplo el caso Rufino Batalla. “Es de una gravedad importantísima, que afecta a nuestra democracia y a la idoneidad ética de estos cortesanos”, enfatizó.
Mara Brawer concluyó señalando que “este pedido de juicio político no busca necesariamente que estos supremos sean juzgados, porque la finalidad del juicio político, como dijo Joaquín V. González, no es el castigo del acusado, sino la protección del interés público, contra el peligro de su ofensa por abuso de poder, el descuido del o la conducta incompetente a la dignidad del cargo. Está claro que Rosenkrantz y Rosatti no estuvieron a la altura de la dignidad del cargo”.
El diputado del FdT consideró que la Corte Suprema “no tiene un organismo que revise sus aptitudes” y afirmó que “está diseñada para defender los intereses económicos de los poderes facticos”.
El diputado nacional Carlos Heller (FdT – CABA) opinó este martes sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y afirmó que “es un disparate presentarlo como un ataque a la democracia”.
En tal sentido, el legislador expresó: “El paso del tiempo genera deterioros. Un juez de cualquier instancia es nombrado y se queda de por vida”. Sin embargo, aclaró: “Presidentes, vicepresidentes, gobernadores, diputados y senadores son elegidos cada tantos años y puestos en juicio de valor de la sociedad que los vota, en cambio los miembros del Poder judicial, no tienen un organismo donde sean revisadas sus aptitudes”.
En declaraciones a AM 530, Heller afirmó que el juicio político es “la única instancia que tiene prevista la Constitución junto al Consejo de la Magistratura para analizar el funcionamiento del organismo”.
Por otro lado, el diputado oficialista se mostró realista y manifestó que “es muy poco probable que puedan reunirse los dos tercios en el recinto” para avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, puntualmente contra el presidente Horacio Rosatti.
Consultado por las movilizaciones que se realizarán los próximos días en favor del avance del juicio político, Heller consideró: “Para que se conmuevan estos muchachos (miembros de la CSJN) debemos salir como cuando salimos a festejar el mundial”, y agregó: “Ellos tienen el respaldo de la corporación mediática y los poderes facticos. Uno ve la tele y observa que hay una batalla desigual”.
“Me parece bien la movilización exigiendo el debate público”, señaló Heller quien, además, cuestionó a los medios de comunicación: “Se muestran las cosas al revés de cómo son y la gente se confunde. Es un desafío grande que debemos intentar y transitar”.
En el cierre, el diputado sostuvo que el Poder Judicial “no declaró inconstitucional a los decretos del expresidente Mauricio Macri”, en alusión a la derogación de la Ley de Medios Audiovisuales.
En esa línea, remarcó cuando en 2020 la Justicia derogó el decreto que designaba a los servicios de telecomunicaciones como “esenciales” y cerró: “La Corte Suprema está diseñada para ser garante de los que tienen intereses económicos grandes”.
La vicepresidenta Cristina Kirchner le adjudicó la responsabilidad al juez Stornelli y remarcó que la Causa del Memorándum con Irán se inició por “una escucha ilegal”.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó este viernes que el juez Sebastián Ramos haya rechazado la denuncia contra Silvio Robles, asesor de la Corte Suprema, implicado en una serie de conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, previo al fallo de la coparticipación.
“La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, así tituló CFK, quien se expresó indignada tras el cierre de la causa contra Robles por considerar ilegal a la obtención de los chats.
En tal tema, la exjefa de Estado recordó: “En el año 2016 en Comodoro Py los Camaristas de Casación (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ‘una escucha ilegal’, metieron preso a (Carlos) Zannini y le prohibieron a (Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en EE. UU.”.
Además, agregó: “Después de la legalización de la escucha, (Mauricio) Macri -que era presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión”.
Desde un hilo de Twitter, la vicepresidenta afirmó que la relación entre Robles y D’Alessandro era para “arreglar fallos de la Corte a través de chats diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ‘una escucha ilegal”.
Asimismo, CFK ironizó: “Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… (Carlos) ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ‘Operación Puf’, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate”, en alusión a la causa judicial que investiga si existió una organización bajo el control de agentes de inteligencia durante el final del Gobierno de Macri.
De tal manera, Cristina Kirchner siguió con las críticas al juez Stornelli: “Para salvar al ladero de (Horacio) Rosatti -presidente de la Corte-, cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”.
En el cierre, la vicepresidenta cerró con un cuestionamiento: “¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorándum con Irán?”.
Siete horas más tarde se acordó de sumar que el abogado que hizo la denuncia “contra” Silvio Robles en Comodoro Py “para armar la maniobra del Juez Ramos y Stornelli fue Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo, detenido por su participación en el atentado contra mi vida”, y preguntó: “¿Hasta dónde llegará todo esto?”.
El diputado del FdT se mostró convencido de que sacarán las 27 iniciativas del temario y dijo que los abucheos que sufrió Rodríguez Larreta “se lo van a volver a hacer en el interior”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA) habló este martes sobre las posibilidades de que las sesiones extraordinarias se lleven a cabo y afirmó que “JxC está dividido porque hay radicales que quieren asistir al recinto”.
Del mismo modo, el diputado agregó que la oposición “tiene grandes problemas internos desde que no quiso sesionar en diciembre”. “Estamos convencidos de que vamos a sacar los 27 proyectos de leyes comprendidas en el temario, y con eso, más de 800.000 mujeres se van a poder jubilar y se van a crear las universidades”, señaló.
Entrevistado en AM 530, Valdés expresó: “JxC van a ir a defender a la Corte Suprema en la reunión de Comisión de Juicio Político, pero siguen amenazando que no van a bajar al recinto”. En tal sentido, afirmó: “No vamos a aceptar que nos extorsionen diciendo que no van a dar quórum”.
Respecto al pedido de juicio político, el diputado kirchnerista (autor y firmante de la iniciativa) explicó algunos de los causales en que el proyecto de enjuiciamiento se basa, y amplió: “El fallo de la coparticipación no fue consultado con los gobernadores que, según las 12.507 palabras de la Constitución, son los miembros del Gobierno federal”.
El juicio político apunta contra los cuatro miembros de la Corte Suprema: el presidente Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. De tal modo, Valdés añadió: “Tampoco respetaron un tratado internacional de Derechos Humanos sobre imprescriptibilidad a presos por crímenes de lesa humanidad, y avanzaron con el dos por uno a genocidas”.
“No hay antecedente en el mundo donde se haya resucitado una ley que se haya derogado para que Rosatti sea el presidente del Consejo de la Magistratura”, explicó Valdés en tercera instancia.
En tal sentido, Valdés afirmó que “es necesario acusar a la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño”. Por otro lado, se refirió al fallo de coparticipación y consideró: “El ciudadano de La Matanza que limita con la Ciudad de Buenos Aires por la General Paz tiene 900 posibilidades menos de tener cloacas o educación”.
En el cierre, ironizó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras ser abucheado por civiles en la Costa Atlántica: “En la Costa a algunos les va mejor a otros. A Larreta le echaron en cara lo de la coparticipación”
“La Corte Suprema, con el fallo de la coparticipación, quiso darle una mano en su campaña presidencial, pero, así como le pasó en Mar del Plata, le va a pasar lo mismo cuando quiera recorrer el interior”, concluyó.
El diputado del FdT remarcó que hay un pedido de juicio político contra Lorenzetti impulsado por la CC-ARI y se mostró optimista de que el enjuiciamiento al máximo tribunal avance.
Tras el ingreso del proyecto de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA), autor y firmante del texto junto a otros 14 legisladores, amplió este viernes que “son cuatro los motivos de acusación”.
Además, Valdés manifestó que JxC “debería asistir al debate” y explicó: “Hay un pedido de enjuiciamiento contra el juez Ricardo Lorenzetti que fue ratificado por la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – ARI). Lo lamentó por ellos, pero ahora no deberían contradecirse”.
Entrevistado en Radio 10, el diputado oficialista explicó los motivos por los que el FdT busca llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema (al presidente Horacio Rosatti, al vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti): “El primer motivo es porque la Justicia se atribuye facultades legislativas que violaron la Constitución Nacional”.
“No convocaron a los gobernadores que son actores del Gobierno federal cuando fallaron en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los recursos coparticipables”, agregó Valdés.
En segunda instancia, sostuvo que “hubo una barbaridad jurídica e histórica en el mundo”, respecto a la resolución con la composición del Consejo de la Magistratura: “Revivieron una ley que fue derogada hace más de 15 años para que Rosatti tomará el control del Consejo”, señaló.
Posterior a eso, recordó el fallo del “dos por uno” a militares detenidos de la última dictadura militar con Rosatti y Rosenkrantz en el máximo tribunal: “Ellos debían aplicar el convenio de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad -que tenía jerarquía constitucional- y quisieron que los genocidas obtuvieran el beneficio de que valgan dos años cumplidos por cada uno en prisión”.
En ese tema, agregó: “Rosatti tuvo que dar marcha atrás con ese fallo, pero Rosenkrantz ratificó su postura”. El cuarto motivo se lo atribuyó a que la Corte “debe dar explicaciones sobre las falencias y desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)”.
En el cierre, Valdés fue consultado por la posibilidad de que el pedido de juicio político avance y consideró: “En el 2003, cuando fue el juicio político a la Corte que presidía Julio Nazareno, el presidente Néstor Kirchner contaba con una pequeña minoría y sin embargo se logró avanzar”.
Así lo expresó el diputado del FdT quien, además, disparó contra el gobernador santafesino Perotti por no firmar el pedido de juicio político: “El federalismo se defiende contra la Corte, no en los medios de comunicación”.
El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) habló este viernes acerca del pedido de juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores contra la Corte Suprema de Justicia y se refirió a la oposición: “La UCR y la CC-ARI no deben dejarse arrastrar por (Marcelo) D’Alessandro que está más sucio que un baño de Retiro”, señaló.
En tal sentido, el diputado santafesino expresó: “A JxC no le parece este juicio, creen que es una construcción, pero hay una evidencia que nadie negó”. Además, agregó: “Ellos hablan de un supuesto hackeo, pero tienen un discurso contradictorio”.
En declaraciones con El Destape, Toniolli afirmó: “Frente a la existencia de esta evidencia no la podemos dejar pasar”, en relación a las conversaciones entre Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
“Es una decisión correcta, impulsar este pedido de juicio político por parte del presidente. Creo que es correcta la acusación de figura del mal desempeño y la intromisión de la Corte en el Poder Legislativo”, indicó el diputado. Además, agregó: “Se suman a estos, los elementos que aparecen a la luz de diálogos, charlas y arreglos por fallos de la mano de derecha de Rosatti (Robles) y D’Alessandro”.
Por otro lado, advirtió que, en caso de no haber sido presentado por el presidente y los gobernadores, “iba a ser presentado por un grupo de Diputados del Frente de Todos”, y remarcó: “Con los elementos que están circulando, nadie ha salido a desmentir”.
Respecto al procedimiento, al igual que otros diputados, Toniolli explicó que la investigación y el debate serán llevados a cabo por la Comisión de Juicio Político, presidida por la oficialista Carolina Gaillard. Después del dictamen, hay un proceso “acusatorio”. “Si se dan los números habrá acusación”, siguió.
Sin embargo, se mostró decepcionado por la decisión del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por no firmar el pedido junto al presidente Alberto Fernández y los gobernadores. “Lamento esta decisión de nuestro gobernador. Aun en la disidencia siempre le valore su defensa del federalismo”, expresó.
“Es más fácil batallar el federalismo desde los medios que contra un poder factico de peso como es la Corte Suprema de Justicia”, cuestionó Toniolli, y concluyó: “El acuerdo de coparticipación fue escandaloso y antifederal acordado entre la Ciudad y la Justicia”.
Así lo expresó el diputado del FdT al referirse al procedimiento del juicio político impulsado por el presidente Fernández y los gobernadores provinciales contra la Corte Suprema. Además, anticipó que Rosatti y D’Alessandro podrán ser llamados a declarar.
El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT – Buenos Aires) habló sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores provinciales. “Este hecho tiene una enorme magnitud histórica”, señaló.
Además, anticipó que podrían ser citados a declarar el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el ministro -en licencia- de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el asesor de la Justicia, Silvio Robles. Del mismo modo, expresó: “La Comisión de Juicio Político tiene amplias facultades”.
En diálogo con El Destape, el diputado oficialista explicó los procedimientos que el Congreso llevará a cabo para iniciar el proceso del juicio político impulsado por el presidente: “Se puede perfectamente poner en marcha el juicio político a la Corte con el respaldo del número propio de legisladores (en comisiones con 16 de 31), pero entendemos que diputados de la oposición van a participar”.
“Este pedido presentado por el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores tiene una enorme magnitud desde el punto de vista institucional”, indicó Moreau. Además, desarrolló: “En sesiones extraordinarias solo se tratan los temas impulsados por el Poder Ejecutivo, no hay plazo expreso y la comisión establecerá una hoja de ruta”.
Sin embargo, remarcó: “No hay a lo largo de nuestra historia un precedente en ese sentido. Sí hay precedentes en materia de juicio político a la Corte o miembros de la Corte, pero no impulsado por el presidente y los gobernadores simultáneamente”.
Respecto a juicios políticos anteriores, manifestó: “Aquí la cuestión no es hacer un festival de juicios políticos. La Coalición Cívica- ARI impulsó un juicio político contra el miembro de la Corte, el juez Ricardo Lorenzetti. Después hay otro de la diputada Vanesa Siley contra el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz”.
“Seguramente nosotros vamos a pedir que se acumulen las denuncias que tienen que ver con la misma temática de juicio político. En una comisión, cuando tiene una temática similar, más allá de quién la haya planteado, hay que tratarlas en simultáneo”, señaló.
En el cierre, remarcó que dentro del proceso del juicio político se podrá citar a declarar a Rosatti, D’Alessandro y Silvio Robles, a partir de una serie de chats en los que se ven involucrados, y concluyó: “La Comisión de Juicio Político puede citar a los jueces, se pueden pedir medidas de prueba, medidas documentales, se pueden pedir peritajes de aparatos electrónicos -a través de un juez federal se puede allanar-, y se puede llevar a un testigo por la fuerza pública si es que se niega a presentarse”.
A través de un comunicado, la institución sostuvo que “es un intento de presión grave y directa sobre los jueces” y “una maniobra condenable e impropia de un Estado de Derecho”.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos comunicó este jueves su rechazo al pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández y los gobernadores provinciales. “Es un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial”, afirmaron.
Del mismo modo, explicaron que el juicio político “es un mecanismo constitucional diseñado para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar la función pública debido a faltas graves, debidamente comprobadas y en la medida en que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, o crímenes comunes, en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional”.
“Pretender que los jueces sean removidos por dictar un fallo justo porque el Gobierno lo considera inconveniente es incompatible con el Estado de Derecho y constituye una afrenta directa a nuestro sistema constitucional”, señaló el comunicado.
Por otro lado, desde la institución afirmaron que “es una muestra de una clara vocación autoritaria en la medida en que se busca conmover la estabilidad de jueces que se limitaron a cumplir su deber, al hacer respetar la Constitución que había sido violada por la ley 26.080”.
En tal sentido, agregaron: “La pretensión de remover a los jueces de la Corte Suprema por el dictado de una medida cautelar en el marco de la causa iniciada por el gobierno de la CABA constituye un despropósito institucional que, una vez más, violenta la división de poderes y la independencia de la judicatura”.
“La presentación de un pedido de juicio político, mientras se encuentra pendiente el tratamiento de un recurso contra la medida, es un intento de presión grave y directa sobre los jueces. Se trata de una maniobra condenable ya que es impropia de un Estado de Derecho e implica un verdadero alzamiento contra un poder creado por la Constitución Nacional”, siguió el escrito.
Así también, repudiaron que el juicio político contra la Corte, “afecte” puntualmente, al presidente Horacio Rosatti quien, además es el presidente del Consejo de la Magistratura. “Sería edificante que el presidente y los gobernadores que firman la solicitud de juicio político depongan sus ataques a la Justicia y demuestren a la sociedad que ellos también están sometidos al imperio de la ley y acatan sin restricciones las decisiones judiciales”, concluyó el comunicado.
CSJNAsí lo consideró el vicepresidente segundo de la Cámara baja, quien advirtió que todas las provincias “se verán afectadas por el recurso faltante”, según lo dispuesto por la Corte.
El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, remarcó su descontento este jueves con el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, por no apoyar el pedido de juicio político contra la Corte Suprema del presidente Alberto Fernández. “Quizás no firmó porque tiene otros intereses con la Justicia”.
Del mismo modo, Gioja observó a tal reunión como “una buena y clara estrategia de juntar voluntades”. Además, expresó: “Los gobernadores coincidieron con el presidente en una metodología para que no se siga violando la Constitución Nacional, ni se burle la coparticipación”.
En diálogo por AM 750, el exgobernador de San Juan manifestó: “Hubo un fallo de la Corte donde se modificó la Ley de Coparticipación, y esto es complicado”. A su vez, explicó que la reforma constitucional de 1994 “mandó a hacer una nueva ley sobre coparticipación que aún no se hizo”, respecto de los recursos coparticipables entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
“En el año 2016, el expresidente (Mauricio) Macri emitió un decreto que le triplicó el coeficiente y los recursos de distribución a la Capital Federal con la excusa de que la Policía Federal pasaba a la Ciudad”, recordó Gioja. Del mismo modo, remarcó: “El presidente Fernández volvió al número original del gasto”.
Así también sostuvo que todas las provincias “se verán afectadas por el recurso faltante”. “La Ciudad recurrió a la Justicia y falló en favor de ellos”, agregó.
Por otro lado, se refirió a su sucesor en la gobernación de San Juan, Sergio Uñac, quien no firmó el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, puntualmente contra su presidente Horacio Rosatti.
“Me sorprendió su actitud. Si usted mira sus redes sociales venia expresando cosas en favor del federalismo y del Frente de Todos”, agregó.
Además, Gioja remarcó: “Estaba mostrando cierto lineamiento, y sin explicar, sacó el cuerpo, y se distanció de los gobernadores”. Sin embargo, advirtió: “Uñac quiere ser relecto sabiendo que no puede porque él fue vicegobernador en 2011, y gobernador electo por dos períodos (2015 y 2019). Quizás tenga algún interés personal con la Justicia”.
En el final, el vicepresidente segundo de la Cámara baja anunció que el proyecto de pedido de juicio contra el máximo tribunal de Justicia será tratado en breve por los diputados del bloque oficialista y su posterior tratado en la Comisión de Juicio Político.
Son facultades que figuran en el reglamento. Las medidas más extremas deben ser avaladas por un juez federal. La intención es buscar centralidad mediática mientras dure ese proceso.
La pregunta del millón que viene circulando desde el primer día del año, en el que el presidente de la Nación anunció un pedido de juicio político contra Horacio Rosatti que ahora se extiende al resto de los miembros del Tribunal Superior, es cuál es el objetivo de semejante medida condenada al fracaso. No es un juicio de valor: todos tienen claro que nadie cuenta en ninguna de las dos cámaras con los 2/3 necesarios para avanzar con un juicio político.
Recordemos entonces cómo es el procedimiento para avanzar con este juicio político. Una vez ingresado el pedido a Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, el mismo es derivado a la Comisión de Juicio Político que encabeza la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos). La misma cuenta con 31 miembros, y como 16 de ellos son del oficialismo, tiene garantizado el Frente de Todos abrir el dictamen de acusación, con lo que por un tiempo determinado esa comisión se convertirá en el centro de atención política.
Según el reglamento interno de la comisión, si del estudio previo del expediente surgieren indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia de juicio político, se procederá a abrir la instancia mediante sustanciación de sumario.
Cabe consignar que entre las posibilidades que tiene esta comisión figuran la de impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.
No es que la comisión se pueda “cortar sola” para llevar adelante tales medidas. En el caso de que haya motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas relacionadas con la investigación, la Comisión solicitará al juez federal que corresponda el registro del domicilio y el secuestro de aquellas que puedan servir como medios de prueba.
En caso de que los elementos de prueba a procurarse tengan vinculación con un hecho ilícito que haya dado origen a una investigación judicial, la solicitud de registro y secuestro deberá ser realizada al juez que entienda en la causa.
Siempre que se considere útil para la comprobación de los hechos investigados, mediante resolución fundada, se podrá solicitar al juez que corresponda la intercepción de correspondencia como también de comunicaciones telefónicas de acuerdo a lo preceptuado por el Código Procesal Penal en tanto no vulnere la inmunidad del denunciando si la tuviera.
La comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad, establece el reglamento interno, que aclara que la citación de los testigos podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente.
Si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”.
Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.
Agotada la instancia sumarial, las actuaciones pasarán a estudio de la Comisión para su dictamen definitivo. Si la Comisión de Juicio Político resolviera que es improcedente el juicio político, así lo declarará en su dictamen, aconsejando su rechazo al plenario de la Cámara de Diputados.
Si a criterio de la comisión hubiese motivos fundados para el enjuiciamiento, lo hará constar en su dictamen, pronunciándose sobre cada uno de los cargos, elevando lo resuelto a la Cámara de Diputados acompañando un anexo donde hará constar los antecedentes del caso.
Finalmente, cuando el dictamen llega al recinto, necesita los 2/3 de los presentes para que el juicio político sea sustanciado.
Esa es la instancia que el oficialismo sabe que no puede superar. Pero todo lo anterior sí. Así las cosas, como vemos, durante todo lo que dure el proceso que habilitará por mayoría simple, podrá hacer el suficiente “barullo” deseado. Emitido el dictamen, probablemente nunca lo lleve al recinto. Pero el objetivo ya habrá sido cumplido.
Así lo relacionó el diputado del FdT quien, sostuvo que el fallo de la coparticipación generó “un acompañamiento lógico” de los gobernadores al pedido de juicio político contra la Corte.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) atribuyó a las conversaciones filtradas entre Silvio Robles, hombre cercano a la Corte Suprema, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a una interna de la oposición: “Es un pase de factura entre ellos (JxC). Es la rebelión de los policías de la Ciudad que formaron el grupo Super Mario Bros (así se haría llamar el grupo de agentes que actualmente es investigado por espionaje ilegal durante el 2015 – 2019)”.
Además, sostuvo que, el grupo de inteligencia, “llevó a cabo tareas de espionaje a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno (Horacio) Rodríguez Larreta, al diputado Diego Santilli y a los miembros de la Corte, Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti, por orden del expresidente Mauricio Macri, y los exfuncionarios Gustavo Arribas y Silvia Majdalani”.
En declaraciones a Radio Perfil, el diputado agregó: “Después los dejaron pegados diciendo que eran cuentapropistas” y “los funcionarios que los mandaron luego fueron sobreseídos y todos los espías procesados”, en alusión a los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de espionaje ilegal durante el Gobierno macrista.
“En la declaración jurada de bienes de D´Alessandro aparece que recibió un crédito del juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, que fue quien allanó a los ‘Super Mario Bros’, y sacó de sus teléfonos todo el espionaje ilegal que mandaron a hacer Macri, Majdalani, Arribas”, señaló.
Asimismo, expresó: “Cuando a uno lo acusan y es honesto, lo primero que debe hacer es poner su teléfono a disposición de la Justicia. Es lo que deberían hacer Robles y D´Alessandro, y esto terminaría rápido”.
Del mismo modo, Valdés explicó que las filtraciones son parte de la interna opositora: “Todo lo que estamos viendo es una pelea entre los sectores de Juntos por el Cambio. No le pueden echar la culpa al Frente de Todos. Yo estoy en la Comisión Bicameral de Inteligencia, y hubo que ver la furia con la que los agentes de inteligencia fueron a declarar”, aseguró.
Respecto del pedido de juicio político a la Corte de parte del Ejecutivo y los mandatarios provinciales, Valdés señaló: “El presidente presentó el pedido de juicio político junto a la mayoría de los gobernadores oficialistas”, y añadió: “La forma en que salió el fallo de la coparticipación, sin consultar a un solo gobernador, genera este pedido con toda lógica”.
Además, manifestó: “Hay que sumar como Robles, léase Rosatti, le daba instrucciones a D´Alessandro, ministro de Larreta, de cómo debía comportarse el bloque opositor la semana siguiente a su diálogo, cosa que sucedió exactamente de esa manera”.
Para finalizar, se refirió a las posibilidades del oficialismo en 2023: “Estamos gobernando y nuestro futuro se define en la calidad de vida de la gente, si hacemos bien las cosas nos va a ir muy bien. Tenemos que seguir el camino de la recuperación económica”.
La diputada del FdT afirmó que, las conversaciones entre el asesor de la Corte, Silvio Robles, y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro “fueron la gota que rebalsó el vaso”.
La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos), explicó este miércoles el proceso para llevar adelante el juicio político contra los cuatros miembros de la Corte Suprema de Justicia. “Hace años venimos denunciando una convivencia entre la Justicia y la oposición”, afirmó.
Además, la diputada entrerriana detalló los procedimientos -y sus respectivos tiempos- durante el proceso que se llevará cabo por pedido del Poder Ejecutivo contra los miembros del máximo tribunal de Justicia (puntualmente contra su presidente Horacio Rosatti, más Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). En tal sentido, anunció: “Es la primera vez que un jefe de Estado inicia un juicio político contra toda la Corte”.
En diálogo por Radio La Red, Gaillard explicó: “Debemos esperar que el proyecto ingrese en la Cámara de Diputados, y por otro lado que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, convoque, por decreto, a sesiones extraordinarias”, y agregó: “Una vez que se cumplan esas dos partes, haremos una reunión, que creemos que será la semana que viene”.
“El trámite de juicio político se basa en el artículo 59 de la Constitución Nacional, donde está previsto como causal de delito el mal desempeño de las funciones de la Corte Suprema y sus integrantes”, manifestó la diputada. Del mismo modo, aclaró que “no es un proceso penal”, sino “un procedimiento político que se inicia con el reglamento de la Cámara y la comisión”.
En tal sentido, la diputada entrerriana amplió: “La Comisión de Juicio Político -ya conformada- puede tratar y debatir el proyecto con mayoría simple (16 de 30 integrantes), y en caso de obtener el dictamen favorable, pasa a la etapa probatoria”.
A diferencia de las iniciativas comunes, Gaillard explicó que “hay una segunda etapa” tras el tratamiento en comisiones, donde se recopilan todas las pruebas y sin una fecha límite. “En esta etapa se convoca a los acusados y se procede con un dictamen acusatorio”, advirtió.
“Luego de obtener ambos dictámenes, el proyecto pasa al recinto, y ahí se necesitan dos tercios de los presentes para votarlo”, señaló. Además, al ser consultada por el avance favorable del proyecto, sostuvo que “se podrá tener una idea durante el debate en comisiones”.
Por otro lado, Gaillard remarcó que, las conversaciones entre Silvio Robles, asesor del juez Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia, “fueron la gota que rebalsó el vaso”. Del mismo modo, afirmó: “Hace tiempo observamos la intromisión del Poder Judicial en los otros poderes”.
“Quedó demostrado cuando la Corte revivió una ley de hace 16 años para ser, él mismo -por Rosatti-, el presidente del Consejo de la Magistratura, y con el fallo de la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, y su jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de que hay una convivencia entre Justicia y oposición”, señaló.
Por último, Gaillard remarcó que, para que prospere el juicio, “dependerá de las pruebas”, y cerró: “Todo esto lo hacemos por la democracia y la República”.
Así lo manifestó el diputado macrista quien, por otro lado, sostuvo que el viaje a Lago Escondido “fue impropio y merece un reproche”.
El diputado nacional Hernán Lombardi (Pro) se refirió este martes al pedido de juicio político que Alberto Fernández anunció contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. “Me preocupa que el presidente, en función de un derecho ilegal, quiera llevar esto a cabo, que es un hecho ilegal”, sostuvo.
Además, el exsecretario de Medios durante la gestión de Cambiemos expresó que las conversaciones que se filtraron entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, vocero de Rosatti, “son escuchas ilegales” y, como tal, “pueden ser tergiversadas”. “Nadie del sistema político puede avalarlas. La base de la situación es ilegal, del resto es difícil opinar”, consideró.
En declaraciones a Radio Con Vos, el macrista aseguró que los chats “no fueron filtrados por una interna de JxC”. “Respaldo a Macri y a la candidatura de (Patricia) Bullrich -presidenta del Pro-, pero no puedo dejar de ser solidario ante un ataque contra el Gobierno de la Ciudad y a Horacio Rodríguez Larreta”, afirmó.
“Según D’Alessandro esos chats fueron adulterados, conseguidos de forma ilegal y editados con intenciones políticas”, defendió Lombardi la versión del funcionario porteño. Sin embargo, diferenció los casos: “El viaje a Lago Escondido (entre jueces, empresarios, D’Alessandro y exagentes de inteligencia) es una conducta impropia y merece un reproche”, hacia el ministro de la Ciudad.
No obstante, el legislador dijo que ese viaje “fue algo que se sabía”, al afirmar que fue “publicado en tiempo y forma” en la tapa de un diario. Y agregó que “todos esos chats se filtraron dos días antes de la lectura de la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández”.
En esa línea, recordó que en su descargo, la vicepresidenta “se dedicó en un 70 por ciento a hablar de Lago Escondido, más que para su defensa”. “Desde ese día se dedicó a desarmar y a emputecer todo el sistema institucional de la Argentina”, lanzó.
En el final, Lombardi remarcó que el presidente “pone en riesgo a todas las instituciones” con el pedido de juicio político a la Corte basado en conversaciones “adulteradas u obtenidas ilegalmente”. “No se puede opinar sobre una falsedad”, cerró.
La diputada oficialista, integrante de la Comisión de Juicio Político, destacó la reunión entre el presidente Alberto Fernández y gobernadores. “Es un hecho histórico”, indicó.
La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) opinó este martes sobre el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que anunció el presidente Alberto Fernández, y consideró que Juntos por el Cambio “se va a oponer porque (Rosatti) prácticamente es miembro de su partido”.
“La reunión entre el presidente y los gobernadores es más que un gesto”, expresó la legisladora, integrante de la Comisión de Juicio Político, sobre el encuentro que habrá. Posteriormente, sobre el proceso en el Congreso, explicó que hay “60 días para recopilar pruebas y, cualquier pedido para que avance en Diputados y Senadores, requiere mayoría agravada porque estamos hablando de una de las autoridades de uno de los tres poderes del Estado”. Esos números el oficialismo sabe que nos los tiene.
Entrevistada en Radio 10, la diputada sostuvo que el presidente de la Corte, exministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, “está actuando de manera partidaria a favor de JxC en cada una de sus sentencias”. “Primero, el fallo con el Consejo de la Magistratura que revivió una ley de hace 16 años para que él mismo presida el Consejo; después interviene en el Poder Legislativo con una acordada; y también falla a favor de la Ciudad y su jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con los recursos coparticipables, plata que le saca al país”, enumeró.
“Y si todo parecía poco, con los chats que salieron parece que compartían la estrategia legislativa. El jefe de asesores de Rosatti, Silvio Robles, le decía a (Marcelo) D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, cómo comportarse en una maniobra jurídica”, señaló sobre los chats filtrados del teléfono del funcionario porteño.
Sobre esto último, la consejera manifestó: “Este accionar de la Justicia lo venimos denunciado hace años”. “Hicieron estas maniobras para perseguir a nuestros líderes peronistas, especialmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner”, agregó.
Además, Siley sostuvo que, por no estar funcionando el Consejo de la Magistratura -frenado por la no designación de los miembros del Senado-, lo ocurrido con el viaje a Lago Escondido entre jueces, funcionarios del Pro, empresarios de medios y exagentes de servicios de inteligencia “no tiene proceso abierto cuando lo debería”.
Por otro lado, la oficialista recordó que aún tienen estado parlamentario dos pedidos de juicios contra dos miembros de la Corte Suprema de Justicia: uno que presentó ella misma en 2020 contra el vicepresidente Carlos Rosenkrantz -por declarar la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final sobre delitos de lesa humanidad- y otro que Elisa Carrió -a través del jefe de bancada de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López– impulsó contra Ricardo Lorenzetti.
“Es un hecho histórico que un presidente reúna a casi todos los gobernadores para hacerle juicio político a la Corte Suprema. El juicio político antes de llegar al recinto debe tener una investigación, y vamos a intentar ser lo más exhaustivos posible”, concluyó.
El jefe del bloque Córdoba Federal dio por descartada cualquier posibilidad de que la medida del Gobierno impulsada contra Horacio Rosatti pueda prosperar.
El diputado nacional del bloque schiarettista Córdoba Federal Carlos Gutiérrez no dejó dudas este lunes respecto del pedido del presidente Alberto Fernández de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Para el legislador cordobés, se trata de “una maniobra política”.
Al respecto, advirtió que la oposición “no debe entrar en ese juego”. Por el contrario, planteó, “hay que buscar acuerdos”.
En diálogo con Cadena 3, Carlos Gutiérrez cuestionó la decisión adoptada a partir del fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación federal. Al respecto, sostuvo que “los fallos de la Justicia están para acatarse; no es que no estoy de acuerdo y comienzo a ver cómo lo gambeteo con maniobras”.
“Cuando el oficialismo tuvo su primer pronunciamiento, todavía quedaba -y entiendo que queda- una instancia que fue utilizada de revisión de la misma Cámara. En vez de esperar el nuevo fallo en este sentido empezamos con estas maniobras de desconocer el fallo de la Justicia”, se quejó el diputado cordobés.
El jefe del bloque Córdoba Federal aclaró que “tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio saben que no hay ninguna viabilidad para que proceda ese juicio político”. Al respecto detalló que esa medida “se inicia en la Cámara de Diputadosm donde claramente no hay una mayoría agravada, que es a la que se llega por la gravedad de una situación. Eso no está”.
Para Gutiérrez, “lo que se busca es una maniobra política y lamentablemente también del otro lado se responden con la misma utilización de una institución como la Justica para dirimir cuestiones como las electorales de este año, no se ocupan de los problemas que tenemos los argentinos en profundidad”.
Luego la emprendió contra el presidente de la Nación: “Fernández buscó congraciarse con la vice y volvió a decir estoy en contra de los miembros de la Corte en una dinámica y locura que retroalimenta una grieta que no tiene fin. Impacta muy mal desde el exterior; cualquier país del mundo que desconoce a uno de sus poderes, ¿qué credibilidad puede tener? También en el frente interno… A la larga, este deterioro institucional afecta la inflación, la credibilidad, la falta de confianza. Es una bola de nieve”.
“Este es el momento en que la oposición no tiene que entrar en ese juego, tenemos que tener una actitud de madurez y ponernos de acuerdo, hay números para sacar muchas leyes -continuó-. No es entrando en esta lógica de violencia verbal, es tratando de armar una masa crítica en este país que recupere y tome en serio lo que significa el deterioro institucional”.
Y concluyó: “Depende de los dirigentes. Se trata de juntarse y ver cómo acordar. No esperando que vengan las elecciones, hay que buscar acuerdos ahora”.
El encuentro será este martes en Casa Rosada. El presidente realizará un acto de carácter institucional para fortalecer el pedido de juicio contra el máximo tribunal.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, convocó para este martes a los gobernadores provinciales en Casa Rosada para conseguir apoyo en el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema de Justicia.
El jefe de Estado volverá a reunirse con los mandatorios luego del fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por fondos de la coparticipación federal que el Gobierno había disminuido en medio de la pandemia. A los gobernadores cercanos al oficialismo, buscará sumar a los gobernadores peronistas disidentes Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba), pero aún no hay confirmación oficial de asistencias.
De manera formal, el presidente la Nación inició el año con un anuncio: “He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, comunicó.
La reunión tendrá como eje principal, la conformación de una comisión redactora del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Desde el Poder Ejecutivo buscan sumar a los mandatarios provinciales a la confección de un texto definitivo que deberá ser presentado en el Congreso. Sin embargo, el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos en la Cámara baja, lo que induce que sería muy difícil avanzar con el juicio en el Congreso.
Alberto Fernández confirmó el pedido de juicio este domingo desde la jura de su asunción de su par brasileño, Lula Da silva, y expresó su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y el país exige tres poderes independientes”. Del mismo modo, apuntó al fallo que benefició a la Ciudad y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El presidente consideró que, lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, “se convierte en un hecho de intromisión de la Justicia en los otros dos poderes”.
Respecto a Horacio Rosatti, Alberto Fernández expresó que “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso”.
“Uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho, como de Lago Escondido, donde nadie dijo ‘no viajamos’, no me pagaron el viaje”, en alusión a la reunión entre jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación en el sur.
“Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí. Planteé que la Justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite”, afirmó el presidente sobre el pedido de juicio político, del que buscará tener el respaldo de varios gobernadores.
Las relaciones entre el máximo responsable del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte tuvieron su punto de mayor conflictividad luego del fallo en el que la Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
La resolución de la Corte del pasado 21 de diciembre fue cuestionada por el presidente -y por 18 gobernadores- quien, en un principio, afirmó que no iba a cumplir con el fallo, pero a los pocos días dio un giro en su decisión, aunque con el anuncio de que el pago a la Ciudad sería con bonos.
La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT), que preside la Comisión de Juicio Político, sostuvo este lunes que la decisión de Alberto Fernández “es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar el posible mal desempeño de los magistrados”, y afirmó que “el oficialismo tiene mayoría” en la Comisión para tramitar “la apertura” del sumario”.
Además, Gaillard afirmó: “Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura”.
En tal sentido, el ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que hay una “relación promiscua” entre la Corte y el Gobierno porteño y aseguró que los hechos de los últimos días dejaron al descubierto que la Justicia “no es ni independiente ni imparcial” en Argentina.
Soria señaló que el pedido de juicio político contra Rosatti “es la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas, de actitudes y fallos que son totalmente arbitrarios e injustificados”, y afirmó que fueron “contrarios a la Constitución y a las leyes”.
“El último, quizás el más vergonzoso y arbitrario, fue conceder una cautelar al Gobierno de la Ciudad barriendo sin ningún fundamento el federalismo en la Argentina, solo con el objeto de financiar la campaña presidencial del jefe comunal”, señaló.
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, responsabilizó este lunes al Poder Judicial de “generar tensión” con los otros poderes del Estado al “avanzar con potestades que le son propias al Ejecutivo y al Legislativo, con decisiones que impactan sobre el federalismo”.
Cafiero observó positivamente la idea de llevar a cabo un juicio político con el máximo tribunal de Justicia porque permite “llevar adelante el mecanismo institucional, republicano” previsto en la Constitución Nacional para que “se abra una investigación en el seno del Congreso de la Nación sobre la conducta de los integrantes del máximo tribunal”.
Así lo expresó el diputado oficialista que, además, sostuvo que “le llama la atención los silencios de Rosatti y Larreta”, tras las nuevas conversaciones entre Robles y D’alessandro.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió este lunes acerca del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el juicio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. “Para que prospere es importante la voluntad política”, señaló.
Además, Valdés expresó: “El fallo de la coparticipación -que le dio la razón a la Ciudad respecto a los recursos coparticipables- sale en base a las conversaciones entre Silvio Robles (hombre cercano a la CSJ) y Marcelo D’alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de CABA”.
En diálogo por Radio Nacional, el diputado kirchnerista señaló: “Ahí vemos como se nos ríen en la cara. Robles le dice a Juntos por el Cambio como deben comportarse”. Del mismo modo, Valdés remarcó que, desde hace una semana, propuso la “constitución de una comisión bicameral para investigar Lago Escondido”.
“con eso vamos a saber cuántos fueron, y la cantidad de empresarios, periodistas y dueños de medios que están metidos en el tema”, disparó. Además, sostuvo que “le llama la atención el silencio de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, y de Rosatti”.
Del mismo modo, manifestó que, Rosatti, a través del fiscal César Augusto Troncoso “busca controlar el comportamiento del diputado Gerardo Milman (Pro)”, quien es denunciado desde hace meses por el oficialismo porque tendría vínculos con los autores del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner en septiembre pasado.
En el cierre, recordó al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, cuando busco hacerle juicio político por mal desempeño a Julio Nazareno, ministro de la Corte, en ese entonces: “Esa vez, los cobardes renunciaron antes de llegar al juicio, creo que está vez es no pasará, pero todo depende de la voluntad política”, remarcó.
Lo hizo a través de un hilo de tuits en los que replicó un análisis publicado en un sitio cercano al kirchnerismo. Vuelve a hablar de lawfare, partido judicial y “mafia”.
“Empezar el año hablando claro”, planteó este domingo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, al tuitear contra la mayor preocupación en estos días del Gobierno nacional: la Corte Suprema de Justicia en general y su presidente en particular.
Allí suma un “documentado análisis” del sitio El Destape Web, y allí ella señala: “Lawfare, partido judicial o sencillamente mafia, el método es uno solo… Y como en toda guerra hay táctica y estrategia”.
“La TÁCTICA: las causas armadas, las condenas y las proscripciones. La ESTRATEGIA apunta al gran y verdadero objetivo, llenar de guita los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan tus alimentos, tus servicios, tus medicamentos y tu alquiler. O sea…”, sugirió la vicepresidenta, para concluir: “La imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos”.
Así lo anunció a través de un mensaje en el que efectúa un balance del año que acaba de concluir. Y entre los objetivos a instrumentar, mencionó puntualmente ir por la cabeza de Horacio Rosatti.
“Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos”, señaló el presidente Alberto Fernández este primer día del año.
En un balance realizado respecto de 2022, el mandatario anunció que convocó a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, “impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que se investigue su desempeño”.
En su mensaje, el presidente traza un panorama positivo de la economía, asegurando que, “contra todos los pronósticos”, lograron cumplir “con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado”.
Tras agradecer la alegría que le brindó al país la Selección Nacional de Fútbol, Fernández advirtió que “recientemente han quedado al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho”.
“En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, sostuvo el presidente de la Nación.
Tras recordar su juramento de “observar y hacer observar la Constitución”, enfatizó su intención de “impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.
A continuación, el presidente anunció que convocó a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, “en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
Adelantó que también ordenará al ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que “se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo”.
Fernández cerró su mensaje expresando su deseo de que “en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado”.
Por Alejandro “Topo” Rodríguez. Integrante de la Comisión de Juicio Político, el diputado de Identidad Bonaerense sienta posición ante el intento presidencial de remover a Horacio Rosatti.
Argentina inicia el año 2023 con una mala novedad: el presidente de la Nación intenta remover al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así como se han venido acumulando pedidos de Juicio Político al presidente Alberto Fernández, sin fundamentos sólidos y por pura especulación política, en este caso sucede algo similar.
Los fundamentos con que el presidente de la Nación amenaza con juicio político al presidente de la Corte carecen de rigor. Son estos dos:
1. “Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”.
2. “Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.
El argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en las decisiones del Congreso de la Nación, sólo tiene el respetable valor de ser una opinión personal del presidente, pero no es la posición institucional adoptada por el Congreso de la Nación.
Poco ayuda a la verdadera división de poderes que el Ejecutivo pretenda tutelar al Legislativo y decidir por éste.
Con respecto a la medida cautelar en relación a los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es de público conocimiento que las partes han planteado sus posiciones ante la Justicia, que el proceso aún está en marcha y que el propio gobierno nacional hizo trascender que adoptaría medidas específicas para, llegado el caso, ejecutar la medida contenida en el fallo de la Corte.
Todo ello, se contrapone con una supuesta “crisis del sistema federal”. Si un desafío sigue vigente es, precisamente, renovar la obsoleta ley de Coparticipación y marchar hacia un modelo más justo, en el que la Nación ceda parte de los recursos que hoy no coparticipa para mejorar la distribución de la renta federal en favor de las provincias.
El Gobierno comienza 2023 trastabillando. Habrá que obligarlo, democráticamente y de manera respetuosa, a que encuentre el mejor sendero en este año corto, complejo y decisivo.
Alejandro “Topo” Rodríguez
El diputado oficialista aseguró que “ha tocado fondo la Justicia”, y que “es tiempo de resolver desde la política”. Por otro lado, hizo un pedido a todos los legisladores.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) salió con los tapones de punta contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y exigió la renuncia: “No puede seguir un día más, ni al frente de la Corte, ni al frente del Consejo de la Magistratura”, y consideró que “la justicia ha tocado fondo”.
“Antes de ayer presenté el pedido de una bicameral para investigar Lago Escondido, porque pensé que esa era la máxima expresión de cómo un Estado paralelo pretende imponer decisiones de la honra y la deshonra de las personas honestas”, comentó el legislador oficialista en diálogo por la AM 990 al referirse a la difusión de nuevos chats privados entre el vocero del juez, Silvio Robles, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad porteño.
Y sumó: “Ver estos diálogos entre uno de los mismos que estaba en Lago Escondido con Robles que es como Rosatti, creo que, y le pido al presidente de la Nación, Rosatti no puede seguir un día más ni al frente de la Corte, ni al frente del Consejo de la Magistratura. Se hicieron de la Corte y a los tres meses hicieron una aberración jurídica que fue decretar inconstitucional una Ley que regía desde el 2007 del Consejo de la Magistratura y también se hicieron del Consejo y ahora estamos viendo para qué lo hicieron, para burlar todas las leyes, todas las garantías todo el federalismo”.
“Me parece de una inhabilidad moral”, consideró Valdés y sugirió: “¿Cómo podemos evitar que este hombre Rosatti sea el usurpador del Consejo? que la misma ley que el presidente mandó en el mes de marzo al Congreso de Consejo de la Magistratura lo haga por DNU con motivo que estamos por terminar las ordinarias y que este hombre deje de estar de una vez al frente y que empiece a funcionar la justicia y empiece a castigar a los jueces corruptos y a promover a los honorables”.
Al respecto, Valdés afirmó que “ha tocado fondo la Justicia, es tiempo de resolver desde la política. Le pido a los honorables diputados de otros sectores políticos, que no piensan como nosotros, que es tiempo de que actuemos”.
Además, aseguró que “hay jueces honorables y están horrorizados por lo que está pasando” y cerró: “Es tiempo de hacer, no de llorar. Nosotros tendremos que pedir el juicio político a los ministros de la Corte que no están a la altura de la circunstancia”.
Así lo expresó el diputado oficialista, aunque aclaró que los chats filtrados no tienen todavía validez para un juicio, pero son “un indicio para destapar algunas cosas”.
En relación a nuevas conversaciones que se conocieron del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en este caso con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, el diputado nacional Leandro Santoro (FdT) consideró que “(Horacio) Rosatti -presidente de la CJS-debe presentar la renuncia”.
Además, el legislador sostuvo que las sospechas que el oficialismo mantuvo durante años, “se van a probar en estos chats, en caso de que sean ciertos”. Sin embargo, aclaró: “Lo que les da verosimilitud a las conversaciones es la cantidad de hechos que concuerdan con lo que se va narrando, pero a todo el mundo le aplica el beneficio de la duda y el principio de inocencia, así que hay que hablar en potencial”.
Entrevistado en Radio El Destape, el porteño advirtió que “una cosa es hacer una especulación periodística, y otra es actuar en el marco de las instituciones”. “No se puede dar por cierto algo que no fue obtenido de manera legal”, agregó.
“El material que tenemos no tiene validez probatoria en un juicio, solo es un indicio para destapar algunas cosas”, explicó el oficialista, quien igualmente manifestó que “deja en evidencia el rol político de la Corte con las operaciones entre medios de comunicación, jueces, fiscales y servicios de inteligencia”.
Por otro lado, apuntó contra el presidente de la Corte, a quien además de exigirle “la renuncia”, lo catalogó como “una persona con vocación de acumular poder”. “Esa ley resucitada que lo puso como presidente del Consejo de la Magistratura habla de una vocación manifiesta por anular el resto de los poderes de la República”, resaltó.
A su vez, expresó que, tanto Rosatti como Robles, implicado en las conversaciones con D’Alessandro, “deben, como mínimo, salir a explicar esto”.
Respecto a las actividades del Congreso, Santoro anticipó que, ante la falta de quórum propio y el no acompañamiento de la oposición, sacará este tema en cada debate con diputados del Pro. “Ellos tienen que empezar a hacerse cargo de todo esto que empieza a aparecer”, advirtió.
Por último, habló de otro implicado en las capturas de mensajes, Marcelo Violante, empresario de las grúas en CABA. “Hace un mes denuncié en un programa de televisión el negocio multimillonario de las grúas con la Ciudad de Buenos Aires, y ahora se descubre que cobraban sobres en negro para hacer el negocio juntos”, apuntó.
La jefa de Unidad Ciudadana aseguró que los senadores del Pro “siguieron paso a paso el instructivo” que Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, le compartió a Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia porteño.
El Frente de Todos salió con fuerza a repudiar y alertar sobre una nueva filtración de chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en este caso con -entre otras personas- Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
“No recuerdo un escándalo judicial e institucional tan grave desde la recuperación de la democracia. Estoy preocupada pero también ocupada”, expresó este viernes la jefa de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio.
Además, en línea con lo manifestado en el comunicado que sacó el interbloque oficialista, señaló: “Vamos a estudiar si cabe una denuncia penal contra (Luis) Juez y (Humberto) Schiavoni”. En ese sentido, la kirchnerista apuntó que los senadores del Pro “siguieron paso a paso el instructivo” respecto a cómo reclamar el lugar en el Consejo de la Magistratura que Robles le compartió a D’Alessandro. “Vamos a estudiar si hay conductas delictivas”, agregó.
“Esa silla nos toca a nosotros, le toca a Unidad Ciudadana, a quien yo propuse como representante ante el Consejo, al senador (Martín) Doñate. Ya lo dijeron no uno o dos jueces, toda una Cámara, y Rosatti sigue insistiendo”, resaltó.
En diálogo con Radio 10, la senadora insistió que estudiarán “qué tipos de acciones vamos a iniciar contra dos senadores, porque no se puede dejar pasar. Porque siguieron paso a paso las instrucciones que Robles le dio a D’Alessandro para asegurarse un asiento en el Consejo de la Magistratura para Juntos por el Cambio”. “La democracia está con una pistola en la cabeza y esa pistola la tiene el juez de la Corte Suprema”, lanzó.
También, la bonaerense alertó que en esas conversaciones Robles “le adelanta (a D’Alessandro) resultados de fallos; le llama ‘fallo Robles’ al fallo que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de toda la Argentina. Es extremadamente grave lo que está pasando”.
Durante la entrevista radial, la legisladora cuestionó a la Corte por estar “protegiendo a cuatro jueces que fueron, cobrando dádivas, junto a empresarios del Grupo Clarín y con espías a la casa de (Joe) Lewis en Lago Escondido”.
“Vamos a impulsar denuncias penales por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño, tráfico de influencias. Hay un sinfín de delitos en estos chats entre el director de la vocalía de Rosatti, que es Robles, y el ministro de Justicia (porteño)”, sostuvo.
Y agregó: “La familiaridad que se ve entre Robles y D’Alessandro es promiscua. D’Alessandro aparece como el reemplazo de (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, que está prófugo”.
Así lo afirmó la diputada del FdT quien, además, sostuvo que “hay que hacer frente a los poderes mafiosos que atentan contra la democracia”.
La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) participó este martes del acto que encabezó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en Avellaneda y remarcó que la Corte Suprema está “degradada y es ilegítima”.
Entrevistada por Radio Nacional, sostuvo que “actúa violando la Constitución”. En esa línea, agregó: “En vez de ser el máximo garante es quien más viola la CN y eso genera que la gente termine creyendo menos en la democracia”.
Del mismo modo, manifestó que la Corte mantuvo “paralizado” al Consejo de la Magistratura por intromisión del presidente Horacio Rosatti, trayendo “una ley de hace más de quince años sin vigencia”.
“Muchas veces se piensa que es un tema alejado de la ciudadanía y sucede todo lo contrario. No solamente afecta a través de los fallos, sino también por no nombrar a los jueces de un fuero tan sensible como, por ejemplo, es el civil”, expresó.
Por otra parte, se refirió a la proscripción de la vicepresidenta: “Hay que hacerles frente a los poderes mafiosos que quieren atentar contra la democracia”.
La titular del bloque Unidad Ciudadana le reclamó al presidente de la Corte Suprema que “no lesione nuestra independencia”, luego del rechazo al amparo que había presentado el senador Luis Juez en reclamo de su lugar en la institución que designa y remueve jueces.
La senadora nacional y titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, le exigió este martes al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, que les tome juramento a los senadores del Frente de Todos como miembros en el Consejo de la Magistratura tras el rechazo al amparo que había presentado el senador del Pro, Luis Juez, quien reclama integrar la institución que designa y remueve jueces en lugar del kirchnerista Martín Doñate.
A través de su cuenta de Twitter, la bonaerense se dirigió hacia el funcionario judicial y le explicó: “Un juez, una jueza y una Cámara de apelaciones nos dan la razón y dicen que es nuestra facultad, prerrogativa, derecho y que el Poder judicial no debe generar un conflicto de poder institucional como el que usted generó”, y le pidió: “Tómele juramento a los y las senadoras nacionales”.
“El fallo entiende que el amparo de Juez no debe proceder porque los fallos dictados por la CSJN solo eran aplicables al período 2018-2022, cuando se estableció una integración de “transición” del Consejo de la Magistratura”, precisó Di Tullio.
Y agregó: “El fallo resuelve que lo dispuesto por la CSJN no es aplicable al período 2022-2026 y que para la integración de ese período es el derecho parlamentario el que debe regir la designación de los consejeros según los bloques existentes en ese momento”, y sumó: “En este punto establece que no es el resultado de las elecciones legislativas los que determinan qué consejero debe ingresar por cada bloque”.
Al cerrar su hilo de tuits volvió a insistir: “Rosatti, tómeles juramento a los representantes de la voluntad popular y no lesione nuestra independencia”.
“Se creen los dueños de la vida y de la libertad de los argentinos”, fustigó el senador cristinista contra los jueces del máximo tribunal, y lanzó que terminarán en la cárcel.
En medio de la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad, el senador cristinista Oscar Parrilli (FdT-UC) se despachó con todo contra los cuatros jueces del máximo tribunal: “Los empleados del poder van a terminar como terminó -el expresidente de facto- Jorge Rafael Videla”, quien murió en una cárcel común en el 2013.
Para el neuquino, ésta es una “Corte Suprema de la dictadura militar, más que la de una democracia”. “Se creen los dueños de la vida y de la libertad de los argentinos”, fustigó y acusó a los magistrados de querer “arrogarse la suma del poder público”.
Entrevistado por AM 750, el legislador expresó: “Es una Corte macrista, que no tiene ningún respeto por la Constitución Nacional y las leyes”. “(Horacio) Rosatti, presidente de la Corte, y (Juan Carlos) Maqueda, ministro de la CSJ, tienen causas por corrupción”, apuntó.
“Decretaron el 2×1 a los genocidas, avalaron que el expresidente (Mauricio) Macri elija jueces por decreto, fueron cómplices con el macrismo para perseguir al kirchnerismo, fallaron a favor de las empresas de medicina prepaga y quitaron a las empresas de telecomunicaciones de la categoría de servicios esenciales”, enumeró.
En tal sentido, afirmó que -los miembros de la Corte- “asaltan cual Rambo al Congreso y al Consejo de la Magistratura”. “No tienen la predisposición para investigar sobre el viaje a Lago Escondido”, sumó en alusión al encuentro de jueces federales, empresarios de Clarín y funcionarios porteños en la Patagonia.
“La democracia queda condicionada por ellos, que asumen que quieren gobernar y le quieren exigir al Poder Ejecutivo cómo hacerlo”, siguió Parrilli. Al mismo tiempo, afirmó: “Hay que defender al pueblo y a los poderes populares. Debemos resistir”.
Por otro lado, el senador remarcó que, durante la gestión de Macri del 2015 al 2019, muchos funcionarios del kirchnerismo “fueron perseguidos por la Justicia, pero ninguno está prófugo”. Sin embargo, recordó: “Ellos tienen a Fabián ‘Pepín’ Rodríguez, abogado cercano al expresidente, que hace dos años está prófugo”. “Macri va a terminar así, prófugo en una playa de Uruguay o Italia”, completó.
El diputado del FdT acusó a la oposición de “querer paralizar la Democracia junto al Poder Judicial”.
El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT – Buenos Aires) habló este miércoles sobre la sesión especial convocada y el anuncio de la oposición sobre no dar quórum. “Sería contradictorio que no vayan al recinto cuando el lunes pasado se oponían al feriado por los festejos”.
Además, el diputado remarcó que la sesión es “para ampliar derechos”, con relación a los proyectos sobre moratoria previsional y la creación de universidades nacionales en el conurbano, Río Tercero y Saladillo.
Con respecto al proyecto de ley sobre moratoria provisional, Moreau sostuvo que “será un beneficio para 750.000 compatriotas”, y en alusión a la creación de ocho casas de altos estudios, aseguró que brindará la posibilidad de tener educación superior a miles de jóvenes.
En esa línea, apuntó contra el jefe de bancada radical, Mario Negri: “Va a tener que explicar porque les niega la oportunidad a los cordobeses de Rio Tercero de tener una Universidad propia”.
Del mismo modo, lanzó una crítica contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, al afirmar que “Juntos por el Cambio al igual que el Poder judicial buscan paralizar la Democracia”, y agregó: “Es un camino muy peligroso”.
Sin embargo, Moreau expresó que esperarán hasta el final, “la colaboración” de la oposición para que la sesión especial se lleve a cabo. “no podemos garantizarlo, pero haremos el intento con nuestros propios diputados y otros legisladores”.
En el final, se refirió al viaje entre magistrados, funcionarios, empresarios y exagentes de Inteligencia a Lago Escondido y añadió: “A los delitos de dádivas y tráfico de influencias, se le suma la violación de Ley 27.401- sobre Responsabilidad de Empresas- que es la que establece las responsabilidades de personas jurídicas en intento de sobornos y prevé sanciones severas”.
Así lo expresó el diputado kirchnerista en relación a la condena contra Milagro Sala y agregó que “la Corte se manejará así de acá al fin del mandato del FdT”.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) sostuvo este jueves que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “es el Flautista de Hamelin de la oposició,n porque es quien ordena las acciones”.
Además, tras el rechazo de la Justicia al recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala, y así quedar firme su sentencia de 13 años de prisión en el caso conocido como “Pibes Villeros”, el diputado afirmó: “En el marco de esta alianza -CSJ y oposición- Rosatti envió una señal”.
Entrevistado por AM 530, el legislador kirchnerista agregó: “La Corte ‘no recogió el guante’ con lo de Lago Escondido; al contrario, genera estos ‘anticuerpos’ y le tira centros a Juntos por el Cambio”. Así también, afirmó que Rosatti “ha puesto en línea a toda la oposición política”.
“La Corte se manejará así, de acá hasta el final del mandato del Frente de Todos”, señaló Tailhade. Del mismo modo, cuestionó que la Justicia “maneje ciertos temas con miradas distintas”.
Por otro lado, habló sobre la causa de Lago Escondido y expresó: “Va a ser difícil que -en lo inmediato- suspendan a los jueces o renuncien los funcionarios”, pero agregó que “lo ocurrido fue de gravedad y en algún momento se va dar”.
Además, relató que el juez federal Carlos Mahiques “fue recusado” por los familiares de las víctimas del ARA San Juan, mencionó al juez federal como “delincuente” por “darle la razón al expresidente (Mauricio) Macri” en la causa por supuesto espionaje a las familias de los fallecidos en el submarino y concluyó: “Mahiques está directamente vinculado con todos los dirigentes macristas”.
En el final, leal a su estilo optó por arremeter con Macri al referirse sobre el partido entre Argentina y Francia por la final de Mundial de Fútbol: “Estoy muy tranquilo porque el ‘mufa’ está hablando bien de los franceses, como lo hizo con Croacia y Brasil”, ironizó.
Así lo expresó el diputado del FdT, quien además, brindó detalles sobre los allanamientos en Lago Escondido tras el avance de la fiscal federal en la causa que involucra a magistrados y funcionarios porteños.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) criticó este martes a la Corte Suprema de Justicia al afirmar que el Poder Judicial es “el peor servicio público de la Argentina”.
Además, adjetivó como “perverso” al juez Horacio Rosatti -miembro de la CSJ- por las declaraciones realizadas el lunes pasado. “Tiene un nivel de desprecio hacia la ciudadanía y a la sociedad. Encima cobra millones y no le resuelve los problemas a la gente”, disparó.
En declaraciones por AM 530, el diputado kirchnerista agregó: “Rosatti le echa la culpa a la gente por no tener mecanismos de resolución de conflictos o por depositar muchas expectativas en ellos. Es un caradura”.
“Ante un conflicto entre los canillitas y Clarín dejan que los problemas se resuelvan entren ellos”, explicó Tailhade quien, a su vez, expresó: “Habla de que no intervendrá en el Congreso si hay consenso, y es él quien ‘mete la cola’ para que no haya consenso”.
Luego de la filtración de conversaciones entre jueces federales, funcionarios porteños, un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de medios de comunicación, el oficialismo salió a denunciar -con el presidente Alberto Fernández a la cabeza- el viaje a Lago Escondido como “un claro caso de dádivas”.
“Lo lindo de esto es lo feo que se está poniendo”, afirmó Tailhade. Asimismo, relató que la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare -quien imputó a los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials,- “avanzó de manera decidida sin utilizar los chats”.
En esa línea, explicó que, en la causa, “solamente se está trabajando con la información de los vuelos y hospedajes”, y relató: “La fiscal encabezó desde el lunes pasado un allanamiento en las instalaciones de la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido y terminó a las ocho de la mañana de este martes”.
Asimismo, el diputado contó: “Secuestraron libros sociales y contables, teléfonos de empleados y se tomó declaración testimonial a muchas personas que trabajan allí”. En tal sentido, afirmó que “fue muy significativo lo que se encontró en Lago Escondido”.
Del mismo modo, advirtió que el procurador Eduardo Casal se reunió con la fiscal Etchepare para que “dé explicaciones” sobre porqué avanzó con el tema. “Ellos quieren que la causa llegue hasta Comodoro Py para que quede en la nada”, señaló.
Sin embargo, el diputado contó que la fiscal “no acató los pedidos”, y agregó: “Está decidida a avanzar e incluso, sin los chats encontró mucha evidencia de gravedad”.
En el final, Tailhade fue consultado por una intervención del Congreso en el tema: “Hay argumentos suficientes para que intervenga el Poder Legislativo. En cualquier momento deberíamos arrancar”, concluyó.
A través de una nota suscripta por su presidente, Horacio Rosatti, aclararon que “no corresponde acceder a lo peticionado”. Querían hacerle un planteo para reactivar al Consejo de la Magistratura.
Una nueva escala en la relación tensa existente entre el oficialismo y la Corte Suprema de Justicia se dio este martes. En efecto, mientras todo el país se disponía a detenerse para plantarse frente a los televisores y ver la semifinal Argentina – Croacia, el Tribunal Supremo dio a conocer su respuesta al pedido de audiencia expresado el miércoles pasado por diputados y senadores del oficialismo. Y la respuesta fue negativa.
A través de una nota suscripta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se le responde al pedido de audiencia con el presidente de la Corte Suprema hecho el pasado miércoles 7 de diciembre por las senadoras nacionales Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci, y el diputado nacional Germán Martínez. “Hágase saber a los presentantes que, en función de lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento para la Justicia Nacional (texto según Acordada 7/2004), no corresponde acceder a lo peticionado”, expresa la nota.
“Ello, toda vez que se encuentra radicada ante el Tribunal la causa CAF 64341/2022 ‘Juez, Luis Alfredo y otro c/Honorable Cámara de Senadores de la Nación – disp. 86/22 s/amparo ley 16.986’, en la que se debaten cuestiones vinculadas al motivo por el cual se requiere la audiencia”, respondió Horacio Rosatti.
El titular del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, expresó ante esta respuesta un tuit en el que expresó: “Democrático el Supremo Rosatti. Declaró inconstitucional una ley de Csjo. de la Magistrat. que llevaba 15 años. Emplazó al Congreso. Repuso una ley derogada. Invadió competencias legislativas. Paralizó al Consejo. Y no concede una audiencia. Calidad institucional? Bien gracias”.
Por su parte, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, reaccionó señalando que “la Corte Suprema de Rosatti va a decidir sobre nuestras decisiones violando la independencia del Poder Legislativo; esas decisiones van a afectar a terceros, contrariamente a lo que falló esa misma Corte hace un año, pero se niega a recibirnos. #MafiaJudicial”.
Esta historia continuará.
En conferencia de prensa, diputados y senadores apuntaron contra “la mafia judicial” y reclamaron que se ponga en marcha ese órgano para abordar el caso del viaje a Lago Escondido entre jueces, funcionarios del Pro y empresarios de Clarín.
Tras la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, diputados y senadores del Frente de Todos realizaron una conferencia de prensa en la que apuntaron contra “la mafia judicial” y anunciaron que solicitaron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, una audiencia “urgente” para sacar de la “parálisis” al Consejo de la Magistratura y poder tratar en ese ámbito el escándalo por el viaje a Lago Escondido entre jueces, funcionarios del Pro y empresarios de Clarín.
Encargado del anuncio fue el jefe del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, quien repudió el “fallo escandaloso” contra la expresidenta en la causa “Vialidad” y, a continuación, señaló: “Venimos a denunciar la gravedad de todos estos hechos que giran alrededor de este viaje a Lago Escondido, y toda esta red de complicidades y comportamientos mafiosos que intentaron, primero, esconder los hechos, después tergiversarlos, y esconder los distintos delitos incluso a través de facturas truchas”.
Además, el santafesino resaltó la “gravedad institucional que significa que esté paralizado el Consejo de la Magistratura”, órgano encargado de la selección y remoción de jueces, donde todavía no han asumido los ochos representantes por el Poder Legislativo, dada los reclamos judiciales que hubo y el retraso de la Corte en resolver.
Martínez contó que en la nota dirigida a Rosatti le pidieron que “arbitre los medios necesarios para completa integración” del Consejo. “Si la Corte Suprema, y particularmente su presidente, el doctor Rosatti, ha tenido un rol fundamental en el proceso de paralización del Consejo de la Magistratura, ahora también le cabe la responsabilidad de arbitrar los medios para que comience a funcionar”, sostuvo, y aclaró que eso no debe ser “de cualquier manera”, sino en función a “lo que dice la Constitución Nacional, el marco normativo vigente y que respete la división de poderes”.
A su turno, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, calificó al fallo contra CFK como “una decisión política de un tribunal político de lo que nosotros denominamos parte de la mafia judicial” que “afecta al pueblo argentino, a todos y todas, y al futuro de la Argentina”.
“Argentina no puede tener un país en serio con una mafia judicial”, enfatizó y manifestó su “extrema preocupación”. “Ninguno de los jueces y juezas del Poder Judicial han atravesado lo mismo que atravesamos tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Legislativo”, remarcó en cuanto a la elección popular.
Muy dura, la jefa del bloque K consideró que “no existe más en nuestro país el Poder Judicial de la Nación” porque “fue reemplazado por una verdadera mafia judicial, que es empleada por los poderes económicos más grandes que tiene nuestro país”.
“A partir de ayer la agenda de Cristina no parece ser la agenda judicial. Toda la sociedad argentina va a tener que hacerse cargo de este problema que tenemos”, señaló y dijo que el hecho es de “gravedad institucional, que no es inusitada”.
Además, acusó que el Poder Judicial y Juntos por el Cambio “tienen las mismas ideas y persiguen el mismo diseño de país, que es al que le sobra la mitad de los argentinos y argentinas, y al que intentan disciplinar”, por eso van contra “la única dirigenta de este país capaz de enfrentarse” a esos sectores.
Recordando el caso de José Luis Cabezas, la senadora opinó que “la gran preocupación” de los jueces y los CEO’s de Clarín “es mantener su anonimato” en imágenes. “La vida de ustedes está en riesgo igual que la nuestra, igual que en el ‘97”, expresó a los periodistas presentes en la conferencia.
Luego, Di Tullio leyó los nombres de todos los involucrados en los escandalosos chats: los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; los CEO´s de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; y los funcionarios porteños Juan Bautista Mahiques (procurador) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad). Sobre estos últimos afirmó que “deberían dar un paso al costado inmediatamente”.
“En este país no puede haber privilegios en servidores públicos, y menos en los que tienen que administrar Justicia”, resaltó, al indicar que en este hecho “como mínimo” se dio “el delito de dádivas”. En una exposición similar a la que dio la vicepresidenta luego de la condena, Di Tullio leyó el contenido de los chats, mostró las fotos de los involucrados en el aeropuerto y lanzó: “No son cuatro jueces, son cuatro hampones. Son parte de una mafia contratada por un poder privado para hacerle daño a nuestro país”.
Con todo lo dicho, la senadora cristinista concluyó que el Consejo de la Magistratura “está absolutamente paralizado” porque “es lo que le conviene al Poder Judicial”. “Tiene que empezar a funcionar inmediatamente”, reclamó.
Finalmente, manifestó que a Cristina “le apedrearon la oficina, luego intentaron matarla con dos tiros que no salieron y ahora la condenan con una inhabilitación de por vida. En este país la historia del peronismo es la que es”. “Le quiero enviar un mensaje a la mafia judicial y al poder económico, en el nombre de Héctor Magnetto, que este espacio político, el peronismo, tampoco nunca, jamás, va a ser mascota del poder y tampoco lo van a vencer”, completó.
Nota-Dr.-RosattiPor su parte, la diputada Vanesa Siley, una de las consejeras designadas por el oficialismo que todavía no asumió dada la decisión de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de suspender los nombramientos enviados en noviembre pasado a raíz del fallo del juez Martín Cormick, apuntó que el Consejo “es un órgano fundamental de la Nación” y por eso “le importa tanto al poder económico”. “Cambiando la composición lo llevaron a la parálisis absoluta”, reprochó sobre todo lo acontecido desde el fallo de la Corte hace un año atrás, cuando declaró inconstitucional la ley que regía su composición.
La legisladora subrayó que durante este año, desde que Rosatti asumió la conducción, “solamente dos reuniones plenarias tuvimos”, mientras en 2020, año de la pandemia, hubo 20. Además, denunció que “con la excusa de no votar” a los reemplazos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi “se llevaron puestos” a los candidatos a cubrir vacantes en fueros civil y de familia.
“El silencio es igual a permitir que siga esta mafia”, enfatizó Siley y pidió que “los funcionarios judiciales de bien salgan a pronunciarse sobre este tema. Si no lo hacen es ser cómplices”. “Miedo nunca, miedo jamás a esta gente, y nosotros siempre del lado de la luz y la transparencia, y con la Constitución en la mano”, finalizó.
Sobre la condena a CFK y su anuncio de que no será candidata
Otra de las que habló durante la conferencia fue la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular en el Senado, Lucía Corpacci, quien se refirió específicamente a la condena contra Cristina Kirchner y dijo que ese fallo “una vez más nos hace pensar la situación del Poder Judicial que tenemos en nuestro país”.
En la causa “Vialidad”, la vicepresidenta “estaba sobreseída, había sido girada a la provincia de Santa Cruz, y la volvieron a traer acá para poder juzgar a Cristina”, remarcó la catamarqueña, y continuó: “Todas las pruebas presentadas fueron deliberadamente dejadas de lado, la Fiscalía no pudo sostener las palabras de la defensa y aún así Cristina fue condenada”. “Hace unos cuantos años que a Cristina la vienen persiguiendo”, expresó.
Corpacci aseveró que “la causa Vialidad fue traída por la ventana” y, en línea con lo dicho por CFK en su descargo, sostuvo: “Cristina era presidenta y el responsable de lo que sucede en todo caso tiene que ser el jefe de Gabinete”.
“Algo está muy turbio en nuestro país”, denunció y apuntó que “esta persecución la sufren siempre los gobiernos populares”, pero “la historia y el tiempo va a poner las cosas en su lugar. Lástima que mientras tanto se denigra a una persona”.
Sobre la decisión de la vicepresidenta de no ser candidata “a nada” en 2023, la senadora confesó que “todos estamos en nuestro espacio político muy angustiados con la decisión de Cristina de no ser candidata”. “No hay líder político de la calidad y dimensión de Cristina”, la elogió y dijo que CFK “demostró en todos estos años que, aún sin ocupar ningún cargo público, ocupa una centralidad en la escena política de nuestro país”. Por eso, “va a conducir el espacio político y nosotros vamos a acompañar sus decisiones”, afirmó.
También añadió que Cristina “tiene la capacidad que pocos políticos tienen, la capacidad de la inteligencia, de anticiparse, de resignar posiciones posiciones para el bien común”. “Yo quisiera que Cristina sea candidata, pero también entiendo que Cristina le dio a nuestra fuerza política y al país, todo”, observó Corpacci y asoció que su decisión a no ser candidata “es porque sabe que van a seguir proscribiendo al peronismo”, pero también “tiene claro que tiene miles y miles de seguidores en todo el país. Cristina conduciendo, como condujo Perón”.
Reprodujo dos párrafos del fallo del magistrado dándole la razón al oficialismo y le dejó una pregunta al titular de la Corte Suprema.
“¿E ora che facciamo, Rosatti?”, le preguntó este lunes la senadora Juliana Di Tullio al titular de la Corte Suprema de Justicia, luego del sorpresivo fallo judicial que haciéndose eco del fallo del Tribunal Supremo ordena que la diputada radical Roxana Reyes no integre el Consejo de la Magistratura.
La presidenta del bloque Unidad Ciudadana del Senado, constituido a partir de la búsqueda del oficialismo de quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura, reprodujo en su cuenta de Twitter dos párrafos del juez Martín Cormick, que anuló la designación de la diputada radical santacruceña en representación de la segunda minoría de la Cámara baja.
Allí reproduce Di Tullio estos párrafos del fallo: “De otorgarle un integrante al bloque constituido por el Pro, y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el fallo citado. Ello, porque los miembros de los bloques Pro y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres espacios políticos diferentes”.
El segundo párrafo reproducido por Di Tullio es el que dice: “…debiendo la Presidencia de la Cámara dictar una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical”.
Y remata la senadora kirchnerista: “Los dos párrafos del juez Cormick aplicando el último fallo de la CSJN en el Consejo de la Magistratura, ordena que la representante de la segunda minoría NO le corresponde a la UCR”.
“¿E ora che facciamo, Rosatti?”, concluye con un dejo de ironía.
Por ahora postergan la asunción de los senadores, por estar el tema judicializado, según estableció la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves tomar juramento a los cuatro diputados nacionales elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura. Por el contrario, los cuatro miembros correspondientes al Senado deberán seguir esperando, ya que el Tribunal seguirá estudiando el caso, que ha sido judicializado por haber considerado las autoridades del Cuerpo que ese lugar le corresponde a Martín Doñate, mientras que desde la oposición reclaman ese escaño para el bloque Pro.
Así las cosas, el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura tomará juramento a los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes.
Sin embargo no se estableció la fecha para la jura.
Para el caso de los miembros del Senado, la acordada señala que “la designación de los representantes titulares y suplentes del H. Senado de la Nación” se encuentran “a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento”.
La lista de consejeros enviada por el Senado señala a los senadores oficialistas
María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.
En contra del máximo tribunal por todo lo acontecido en torno al Consejo de la Magistratura, el diputado oficialista advirtió a la oposición: “Hoy es el Frente de Todos, mañana serán ustedes”.
El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés cargó con dureza contra la Corte Suprema de Justicia en relación al Consejo de la Magistratura y lanzó que “el partido judicial ha venido a ocupar el lugar” que dejó “el partido militar”, al cual “nos costó mucho tiempo derrotar. “Les digo a los políticos de la oposición que hoy es el Frente de Todos, mañana serán ustedes”, advirtió.
Consultado en AM 990 sobre la jura de los nuevos consejeros, aunque no todavía de los representantes del Congreso, el legislador señaló que en la oposición “hasta que no pongan uno de ellos no van a parar”.
El porteño cuestionó al máximo tribunal, que el próximo jueves analizará las designaciones de los legisladores ante el amparo presentado por el senador Luis Juez, quien reclama el lugar que el kirchnerismo le otorgó a Martín Doñate en virtud de considerar a Unidad Ciudadana la segunda minoría de la Cámara alta.
“Es una vergüenza lo que hacen, inclinan la cancha de tal manera que ya rompe toda la imaginación de uno”, sostuvo el oficialista, quien además dijo que Juntos por el Cambio se beneficia “transitoriamente” con las decisiones de la Corte.
Para Valdés, desde la asunción del juez Horacio Rosatti, “la Corte se dedica a cumplir los caprichos de la ‘corona’ a la enésima potencia”. “No solo aceptaron ser nombrados por decreto, sino que asaltaron el Consejo de la Magistratura”, cargó contra Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
“Durante 15 años el Consejo funcionó bien, y de repente quieren cambiar el reglamento”, remarcó sobre la inconstitucionalidad que declararon de la ley de 2006. Y agregó: “Ante estos hechos aberrantes, la política y el Frente de Todos debemos reaccionar”.
Horacio Rosatti le tomó juramento a los nuevos integrantes provenientes del ámbito académico, de la abogacía, la magistratura y el Poder Ejecutivo Nacional. El caso de los legisladores será analizado el próximo jueves.
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, tomó juramento este martes a los nuevos integrantes del Consejo para el período 2022-2026.
Se trata Hugo Galderisi y Guillermo Ricardo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; Miguel Alberto Piedecasas, Héctor Pedro Recalde, María Isabel Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en representación de la abogacía; Diego Gustavo Barroetaveña, Alberto Agustín Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, en representación de la magistratura; y Gerónimo Javier Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.
Del acto, celebrado en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, participaron los otros tres jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Asimismo, estuvieron presentes funcionarios de la Corte y del Consejo, y familiares e invitados de los flamantes consejeros.
En la ceremonia no se le tomó juramento a los representantes del Poder Legislativo, cuyas designaciones se analizarán el próximo jueves. La polémica controversia pasa por los enviados del Senado, no así por los de la Cámara de Diputados.
El nombramiento del kirchnerista Martín Doñate por la segunda minoría en la Cámara alta fue objetada por el Pro, que reclama ese lugar para el cordobés Luis Juez, en base al fallo de la Corte Suprema que le dio la razón en el amparo interpuesto en mayo pasado, cuando el Congreso tuvo que enviar nuevos consejeros dado que el máximo tribunal reinstauró la ley de 1997 y se recompuso la composición de 20 miembros.
Sin embargo, para este nuevo período, el oficialismo ratificó que Unidad Ciudadana es la segunda minoría. Además, sometió el decreto de designaciones a la votación del pleno en la sesión del miércoles pasado. De acuerdo a esa medida, se nombraron a María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el Frente Nacional y Popular; a Eduardo Vischi, por la UCR; y a Doñate por UC.
Esta situación generó la protesta de Juntos por el Cambio, que además de ausentarse de la sesión, presentó un nuevo amparo ante la Justicia.
Por su parte, por la Cámara de Diputados fueron designados los legisladores del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; del Pro Álvaro González; y de la UCR Roxana Reyes.
En conferencia de prensa, las senadoras Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci enfatizaron que la decisión del máximo tribunal es un “avasallamiento” al Poder Legislativo y representa una inconstitucionalidad. La próxima semana volverán a designar a Martín Doñate.
Con durísimas y varias críticas a Horacio Rosatti, los senadores del Frente de Todos rechazaron este miércoles el “fallo político” de la Corte Suprema de Justicia por el cual se hizo lugar al reclamo de Luis Juez sobre la banca en el Consejo de la Magistratura que en mayo pasado ocupó el kirchnerista Martín Doñate, luego de la ruptura del bloque oficialista.
Las senadoras Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci hablaron durante la conferencia de prensa realizada en el Salón de las Provincias, donde enfatizaron que la decisión del máximo tribunal es un “avasallamiento” al Poder Legislativo y representa una inconstitucionalidad. También lanzaron que la Corte está “actuando de una manera tirana”.
La primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta del interbloque oficialista, Fernández Sagasti, quien le mandó un “caluroso abrazo” al jefe de la bancada, José Mayans, que aseguró que “se encuentra en buen estado y recuperándose”.
La mendocina calificó al fallo como “lamentable, insólito, inaplicable” y que “además no tiene efecto práctico”. En ese sentido, recordó que la Justicia “nos dio la razón en primera y segunda instancia de que las cuestiones de organización del Senado, es decir, de la composición de los bloques y cómo se puede armar los bloques dentro de la Cámara de Senadores, es una cuestión no judiciable”.
Sobre ese punto, la camporista aclaró que esta facultad “tiene rango constitucional” al estar contemplado en el artículo 66 de la Constitución Nacional. “Incluso la presidenta de este Senado no puede oponerse a la libre asociación de los bloques”, aclaró.
Sobre la causa de este fallo, Fernández Sagasti se preguntó “por qué ahora y con estas características”, para responder que “es claramente una respuesta al resultado de las elecciones del estamento de abogados, que se llevó a cabo el 18 de octubre, donde Rosatti entendía que se iba a quedar con tres de las cuatro bancas que tiene el estamento de abogados y se quedaron con dos”.
“Este fallo es una respuesta de manipulación a la composición del Consejo de la Magistratura”, resaltó, para luego subrayar que Rosatti “es juez y parte” en el asunto. “El mismo presidente del Consejo de la Magistratura firma el fallo anulando la representatividad del bloque Unidad Ciudadana”, explicó, “y se notifica a él mismo para que tome juramento a un miembro de otro bloque”.
Además, la senadora K calificó también al fallo: “Parece más una nota de Clarín que un fallo de un poder del Estado”, por los términos utilizados y “los improperios” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
A su turno, la vicepresidenta del Frente Nacional y Popular, Lucía Corpacci, expresó su “profunda preocupación por lo que nosotros sentimos que es un avasallamiento del Poder Judicial sobre la potestad que tiene el Poder Legislativo” y remarcó que el fallo “interfiere con la democracia”.
Al recordar que en abril pasado la Corte restituyó una ley de 1997 y ordenó la nueva composición del Consejo, la catamarqueña apuntó que “la Justicia no sanciona leyes”. “Hay una serie de hechos que ponen en riesgo la democracia”, alertó.
La legisladora rechazó que, en su decisión, el máximo tribunal haga “hincapié en la sospecha de por qué se hacen los bloques, cuando son potestad de los senadores y senadores” mientras que la oposición también “está fragmentada en un sin número de bloques”. “No se cuestiona la partición de otros bloques”, reiteró y advirtió que hay que tener “cuidado” cuando “el Poder Judicial se atribuye potestades que no son otorgadas por la Constitución Nacional” porque “nos pone en riesgo a todos”.
Presidenta de Unidad Ciudadana, el bloque al que pertenece Doñate, Juliana Di Tullio sostuvo: “Este fallo es político y merece respuesta política”. Al cuestionar al “autovotado presidente” de la Corte y el Consejo, el juez Rosatti, la senadora señaló que el “primer avasallamiento” contra el Poder Legislativo fue “haber puesto la ley derogada”.
Al enumerar distintas polémicas en torno a los lugares en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene, entre sus funciones, las de seleccionar y remover jueces, la kirchnerista subrayó que en esta ocasión “ganamos en primera y segunda instancia”. Sin embargo, “(el procurador interino, Eduardo) Casal le pidió a la Corte que se expresara sobre este tema”, y el máximo tribunal lo hizo con “una decisión política en un fallo político”.
La oficialista manifestó que a Doñate “lo echaron del Consejo” y esto lo ven “con enorme preocupación”. “Están construyendo una democracia de bajísima intensidad”, aseveró y agregó: “El Poder Legislativo es el poder político por excelencia, ¿cómo nos van a judicializar la política?”.
Sobre el rol de CFK, Di Tullio dijo que la presidenta del cuerpo “ni pincha ni corta” en la reestructuración de los bloques, porque además “es parte del Poder Ejecutivo” y, por otro lado, indicó que de mayo a esta altura “el bloque del Pro siguió mutandose”. “Yo no se los cuestiono, porque además es una facultad” que tienen, siguió.
Tras afirmar que el Frente Nacional y Popular es la primera minoría, la UCR la segunda y Unidad Ciudadana la tercera, la senadora anticipó: “La semana que viene o dentro de dos días voy a volver a presentar la nota para que el senador Doñate sea el representante ante el Consejo de la Magistratura, porque antes y ahora sigo siendo la tercera minoría, eso no cambió”. “Es un fallo retroactivo para que dure una semana, algo que ya es una vergüenza. Pero, ¿ para qué hacerlo? Es insólito”, insistió y, en la misma línea que Fernández Sagasti, asoció que la decisión tuvo que ver con que “perdieron una elección que no tenían esperado perder”.
“Creemos que todos los bloques tienen que rechazar, porque hoy es con nosotros pero pasado mañana es con ellos. Nosotros creemos que estamos cuidando al Poder Legislativo, incluyendo al interbloque Juntos por el Cambio”, expresó y lanzó: “Una día nos vamos a despertar y Rosatti se habrá declarado presidente de la República”.
Al hablar nuevamente, Fernández Sagasti afirmó: “Vamos a apelar, vamos a seguir con lo que tenemos que hacer, respetando la Constitución y el reglamento, y vamos a proponer lo que nos corresponde por representatividad y voto popular”.
Al mencionar los proyectos con media sanción de reforma judicial, reforma del Ministerio Público Fiscal, reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, señaló que esa fue “la respuesta institucional que ha dado este Senado, y sobre todo el interbloque del Frente de Todos, para hacer frente al avasallamiento tirano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Vamos a seguir por este camino, siempre defendiendo las instituciones y la representatividad de nuestras provincias”, aseguró y alertó que “mañana puede ser ante otras mayorías u otros poderes ejecutivos porque la actuación tirana de Corte no tiene banderías políticas, tiene banderías de corporaciones económicas”.
En diálogo con la prensa una vez finalizada la conferencia, Doñate insistió que se trata de “un fallo político por el momento en que se está tomando esta decisión, a nueve días del cierre de los mandatos”. Y criticó la decisión “desde la vulgaridad del escrito, las apreciaciones que se hacen y las definiciones con exceso de jurisdicción” ya que los jueces incluso “se extralimitaron en la solicitud de la parte”. “Es arbitrario y claramente ilegal”, subrayó el kirchnerista y sostuvo que “hay un claro conflicto de poderes” que requiere “tomarlo con la gravedad y seriedad que tiene”.
En la conferencia estuvieron presentes además los senadores oficialistas Mariano Recalde, Pablo Yedlin, María Eugenia Duré, Teresa González, Ana María Ianni, María Eugenia Catalfamo, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Guillermo Andrada, Antonio Rodas, Carlos Linares y Cristina López Valverde; y los diputados del FdT Leopoldo Moreau y Vanesa Siley.
De esta forma el presidente de la Corte Suprema de la Nación, defendió categóricamente la reforma de la carta magna de 1994.
Enviado especial a Mar del Plata
En su participación en el 58º Coloquio de IDEA, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, dejó en claro en su discurso que está en contra de una posible reforma de la Constitución Nacional. Al respecto dijo que en la carta magna reformada en 1994 “no hay nada nuevo que inventar en la Constitución, todo está dicho”.
El titular de la Corte Suprema manifestó que “la reforma del 94 fue el último acto estelar de la política argentina. Se hizo. Se puede hacer de nuevo. Muchos sectores cedieron para poder crecer. Cuando hablamos de eso no solo para crecer en la economía sino también en la institucionalidad. Mientras tanto, hay que aferrarse a la Constitución. no hay nada nuevo que inventar en la Constitución, todo está dicho”.
Y continúo señalando que “la Constitución no prevé la lucha de clases sino la complementación. Si alguien quiere un modelo diferente tiene que producir la revolución y ganarla o reformar la Constitución, que se necesitan las dos terceras partes de cada Cámara”.
Además, en otros elogios al texto del 94, el juez resaltó que “habla de productividad, prevé una economía profundamente productiva, habla de crecimiento con justicia social, de defensa del valor de la moneda”. Sobre este punto, advirtió: “Si queremos defender el valor de la moneda es importante el tema de la emisión monetaria. A mayor oferta se devalúa el valor”.
“Habla de la profesionalización de los trabajadores. Estas referencias pueden parecer obvias. Se habla de reformar muchas veces, hay que decir que está todo dicho y escucho. Lo que falta es cumplirlo y vocación para cumplirlo”, sentenció.
Asimismo, pidió “hacer el esfuerzo para que la gente comprenda lo importante que es mejorar la calidad institucional”, y aclaró: “Esto significa no cambiar las normas todo el tiempo, que sepamos a qué atenernos”.
Haciendo especial hincapié en la importancia de la calidad institucional, Rosatti aseguró: “Es un presupuesto, no una consecuencia de la calidad de vida. Son las bases de la institucionalidad lo que va a permitir las reglas claras para el crecimiento económico, no al revés”.
Y continuó: “Lo de la calidad institucional parece algo etéreo, inasible, versus la calidad de vida, que parece algo cotidiano, pragmático. En tanto, mientras intentamos llegar a ese crecimiento institucional hay que aferrarse a la Constitución”.
En este punto, el magistrado puso al narcotráfico como “un factor de riesgo que amenaza la calidad institucional”, y dijo que este flagelo “corre los cimientos de la institucionalidad. “Busca corromper a la policía, la justicia y el periodismo”, afirmó.
“Quiero rendir tributo a la policía, los jueces y los periodistas que combaten el narcotráfico en distintos lugares del país. Probablemente en algunos sectores no se advierta esta situación. Soy de Santa Fe y veo lo que está pasando ahí. Por eso la denuncia y la persecución se convirtió en una tarea casi heroica”, completó Rosatti.
Presentaron un pedido de informes al presidente del Tribunal Superior para que informe sobre presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
En lo que representa una nueva escalada en la pelea del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia, dos senadores alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron un pedido de informes dirigido al presidente del Tribunal Superior, Horacio Rosatti.
El pedido está suscripto por los senadores de Unidad Ciudadana Oscar Parrilli y Silvia Sapag, y está referido a presuntas irregularidades registradas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que investiga el juez federal Ariel Lijo y en las que aparece involucrado el integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda.
Los senadores kirchneristas piden a Rosatti que les remita una copia del informe efectuado conforme lo establecido en la Acordada 22/2021 en relación a la Auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a cargo de la comisión creada a tal efecto.
Piden indicar si la Auditoría General de la Nación se encuentra revisando posibles irregularidades en dicha obra social, en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la Justicia.
Asimismo requieren remitir un listado de las empresas prestatarias de servicios de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, como así también que les remita copias de los contratos vigentes con las emprsas prestatarias de servicios indicadas.
Parrilli y Sapag solicitan también indicar la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios de la obra social.
El expediente en cuestión investiga presuntas contrataciones irregulares que involucrarían de manera directa o indirecta al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda con dos empresas, Farmandat SA y Emergencia Médica Integral SA.
La causa se denomina “Tonón, Aldo y otros s/abuso de autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público (art. 248) y malversación de caudales públicos (art. 261)”.
Aldo Tonón es el actual director de la Obra Social del Poder Judicial y también está imputado el ministro Maqueda, por haber sido el juez a cargo de esa dependencia en el momento en que las licitaciones se llevaban a cabo.
El denunciante en esta causa es el sindicalista Agustín Bruera, al que el fiscal Carlos Stornelli pidió ratificar la presentación con precisiones, ante lo cual el gremialista aclaró que la suya no había sido una denuncia, sino “una recopilación de distintas noticias de medios de comunicación” con el fin de “mantener al tanto a nuestros afiliados de cómo venía la situación”.
Con todo, son las autoridades recientemente electas de SITRAJU RA las que se presentaron como querellantes en las causas en las que se investigan diferentes delitos vinculados a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
La secretaria general de SITRAJU RA, Marieta Urueña Russo, comentó sobre la presentación que “como autoridades recientemente electas y trabajadores del Poder Judicial, estamos preocupados por la situación actual de la obra social, que afecta directamente a los y las trabajadoras, vulnerando un derecho elemental como es el acceso a una salud de calidad”. En este sentido, agregó que “acá no hay grieta, la obra social viene funcionando mal y nuestro principal objetivo es garantizar el derecho a la salud de los trabajadores. Nos presentamos como querellantes porque tenemos la obligación de cuidar los intereses de los trabajadores, accionar para que se investiguen las denuncias y dar respuesta a nuestros afiliados y afiliadas”.
Urueña Russo se presentó este lunes en Comodoro Py, acompañada por miembros de la Comisión Directiva, y a través de un video publicado en las redes sociales del sindicato señaló las problemáticas que vienen denunciando afiliados y afiliadas: “tenemos un grave problema con las prestaciones médicas, recibimos denuncias de compañeros y compañeras de distintas provincias que tienen serios inconvenientes para acceder a la cobertura de tratamientos fundamentales, como los requeridos por compañeros con cáncer. También tenemos denuncias registradas de tratamientos odontológicos interrumpidos, negación de cobertura o falta de profesionales que brinden atención”.
La diputada radical, que asumió como consejera en mayo pasado, le reclamó al presidente del órgano judicial si se realizó la denuncias y qué medidas se tomaron.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) pidió al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que informe sobre el posible robo de declaraciones juradas de magistrados.
La radical, que asumió como consejera en mayo pasado, señaló que la solicitud se debe al hecho que se hizo público en los medios de comunicación sobre el robo de documentación sensible vinculada al Poder Judicial.
“En las últimas horas se hizo público en diversos medios de comunicación que el día 21 de junio se habría constatado una irrupción no autorizada en la oficina en la que se encuentran a resguardo las declaraciones juradas que presentan los magistrados en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Ética Pública”, señaló la santacruceña y agregó: “Es decir que se habría cometido un ilícito a fin de acceder a información sensible de los miembros del Poder Judicial de la Nación”.
Cabe destacar que la información que circula en los medios da cuenta de que habrían sido vulneradas 24 de esas declaraciones juradas, encontrándose abiertos los sobres lacrados respectivos.
Por tal motivo, Reyes solicitó a Rosatti que informe si se iniciaron investigaciones, denuncias y qué medidas se tomaron.
“Habida cuenta la preocupación que genera un hecho de tales características, sobre todo en lo vinculado a las condiciones de seguridad con la que está resguardada documentación crítica, como así también la determinación de la identidad de los perpetradores de la intrusión, es que nos dirigirnos al titular del cuerpo con la finalidad de solicitar se informe si se ha ordenado la apertura de un sumario, como así también si interpuso denuncia penal y el estado la misma”, remarcó la legisladora.
En 1997 se legisló por primera vez sobre el tema, conforme el mandato constitucional dado tres años antes. Se aprobó entonces la ley que fue repuesta ahora por la Corte Suprema de Justicia. Qué sucedió desde esa primera norma y todo lo que rodeó las sucesivas discusiones sobre el tema hasta llegar a la disputa actual, con final abierto.
Por José Angel Di Mauro
Creado durante la reforma constitucional de 1994 a instancias del radicalismo, el Consejo de la Magistratura no ha encontrado desde entonces una composición que satisfaga plenamente a las partes. En rigor, bastaría con que cumpliera plenamente con los objetivos para los cuales fue ideado y claramente la justicia da cuenta diariamente de que los resultados no han sido los buscados.
Cuentan los memoriosos que Raúl Alfonsín -clave en la reforma acordada con Carlos Menem, recordar el Pacto de Olivos- era reacio a aceptar la presencia de la Corte Suprema en el seno de ese organismo, a sabiendas de las intenciones del entonces presidente detrás de tal objetivo: poner al frente del Consejo a Julio Nazareno, el riojano que presidía por entonces el Tribunal Superior. No hace falta recordar aquello de “la Corte menemista”, pero finalmente el expresidente radical dio el brazo a torcer. Al fin y al cabo, el amigo de Menem no estaría eternamente al frente de la Corte.
De ahí que surgió la composición actual del Consejo, que ahora ha vuelto a los orígenes a partir de que la Corte Suprema de Justicia actual declarara la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que impulsó la entonces senadora nacional y primera dama (mejor dicho, primera ciudadana) Cristina Fernández de Kirchner.
Ese detalle viene perfecto para observar que el órgano constitucional que tiene a su cargo la selección de jueces federales y nacionales, como así también el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación ha sido siempre una obsesión de la actual vicepresidenta.
Al punto tal que ese fue el detonante de su expulsión del bloque oficialista, allá por 1997. En efecto, todos recordarán las posturas rebeldes que la entonces joven primera dama de Santa Cruz asumía en el bloque que en esos tiempos conducía el entrerriano Augusto Alasino. Mas no fueron sus permanentes rechazos a las posturas oficiales los causales de la expulsión de Cristina. Si bien sus actitudes y cuestionamientos habían tenido a maltraer a sus “compañeros” de bancada, la supremacía que el peronismo ejercía en la Cámara alta le permitía darse el lujo de “tolerar” la rebeldía patagónica. Cosa que hicieron más allá de los constantes pedidos de expulsión que se escuchaban -no sólo querían echarla del bloque, sino del propio partido- por sus permanentes cuestionamientos a la gestión oficial.
Pero la gota que colmó la paciencia de Alasino y compañía fue la negativa de la senadora a apoyar el texto de creación del Consejo de la Magistratura, con lo que le impidió a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto. Como dijimos, corría 1997 y eran tiempos en que Menem y Eduardo Duhalde extendían al Senado su anticipada pulseada por la sucesión en 1999, y en la Cámara alta se quiso dar una muestra de que allí el poder menemista era aún real y concreto.
Mas no la echaron. Con la intención de que ella misma se apartara de la bancada, según confiaron fuentes del propio oficialismo, la mesa directiva del bloque resolvió expulsarla de las comisiones de las que formaba parte.
La medida fue sorpresiva y la involucrada se enteró al cabo de una reunión de comisión celebrada el 7 de mayo de 1997, cuando le llegó un memo al despacho en el que le indicaban que había quedado fuera de todas las comisiones que integraba: Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios; Educación; Familia y Minoridad; Economías Regionales; Coparticipación Federal de Impuestos; Asuntos Administrativos y Municipales, y hasta de la Bicameral de Esclarecimiento del Atentado a la Embajada de Israel y la AMIA. La nota estaba firmada por el jefe de los senadores justicialistas, Augusto Alasino, y el secretario general del bloque, Angel Pardo. Allí se indicaba además quiénes serían los senadores que la sustituirían en esos grupos de trabajo.
El senador entrerriano Héctor Maya se encargó ante la prensa de justificar los motivos que llevaron al bloque a tomar la inédita medida: “Nosotros venimos registrando una serie de cuestiones donde la senadora Kirchner se maneja con excesiva individualidad, lo cual es respetable, pero no es muy común dentro del peronismo… En un bloque hay que debatir, pero para mantener la unidad de un cuerpo es necesario que nos sometamos a distintas reglas”.
La senadora santacruceña tomó la decisión como “un castigo a la provincia de Santa Cruz”, según expresó. Y agregó: “Yo soy representante de una provincia y del Partido Justicialista de esa provincia. Seré una minoría disidente, pero tenemos el derecho de serlo”. Cuando le preguntaron si creía ver en esa maniobra el intento de forzar su renuncia al bloque, ella dijo que no se iría del justicialismo. “Yo voy a seguir defendiendo a muerte mi derecho a poder discernir democráticamente”, esgrimió.
Según transcribe el libro Cristina K. La dama rebelde (Sudamericana, 2004), la decisión adoptada por la conducción del bloque justicialista generó un vendaval de críticas que no hizo más que fortalecer la posición de Cristina Kirchner. Un grupo de diputados justicialistas suscribió un proyecto de resolución de la diputada santacruceña Rita Drisaldi manifestando su discrepancia con semejante actitud. “Esta medida priva a la provincia de Santa Cruz de ejercer plenamente su autonomía, ya que impide la labor de uno de sus representantes electos constitucionalmente”, señalaba el proyecto suscripto además por Irma Roy, Mario Das Neves, Rodolfo Gazzia, Julio Migliozzi, Julio Salto, Fernando Maurette, Darci Sampietro, Carlos Vilches, Sara de Amavet y Sergio Acevedo.
A partir de ello se abrió un debate sobre si la representación en las comisiones corresponde al legislador o al bloque. De hecho, al comunicarle el bloque la decisión al presidente del Cuerpo, Carlos Ruckauf, éste les advirtió que la medida era antirreglamentaria: “Muchachos, según los antecedentes de la Cámara, la separación de un senador no puede hacerse sin su consentimiento”, aclaró el entonces vicepresidente de la Nación.
Ante las circunstancias, el bloque decidió revisar la resolución y, habida cuenta de la intención de la señora Fernández de Kirchner de dar pelea, resolvieron no dar más vueltas y directamente separarla de la bancada. Eduardo Menem, Bauzá, Yoma y Alasino fueron algunas de las voces de peso que se pronunciaron por semejante decisión y pusieron las primeras firmas que se recolectaron para echar a Cristina.
“Cuando mi voto en contra no alteraba el resultado que quería mi bloque, no hubo problemas. Pero ahora que mi voto era decisivo en busca de los dos tercios que necesitaban para aprobar el Consejo de la Magistratura, me castigan”, argumentó la legisladora, enfatizando que lo suyo no era indisciplina, sino que nunca aceptaría “disciplinarme para una asociación ilícita”.
Como puede verse, el Consejo de la Magistratura ha estado desde sus orígenes en el ojo de la tormenta, por lo que amerita recurrir a los archivos para conocer todos los hitos que marcaron a esta institución hasta la actualidad. De ahí que bien podríamos caracterizar esta historia como “25 años sin dar con una buena ley”. Porque de lo contrario no estaríamos recurriendo a la ley original, de 1997, y debatiendo una nueva ley en la que oficialismo y oposición lejos están de ponerse de acuerdo.
Para llegar a los orígenes de la institución Consejo de la Magistratura debemos remontarnos a 1994, cuando la Asamblea Constituyente incluyó en el artículo 114 de la Constitución reformada la creación del organismo que se encargaría de confeccionar listas de candidatos para tribunales inferiores, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces e imponer sanciones.
Tres años después y transcurrido el episodio de la expulsión de Cristina Kirchner del bloque oficialista, el 10 de diciembre de 1997 fue sancionada la Ley 24.937, que el Ejecutivo que encabezaba Carlos Saúl Menem, promulgó el 30 de diciembre.
Ya en 1998 comenzó a funcionar, en el mes de noviembre, el Consejo de la Magistratura, presidido por Julio Nazareno. Además de Nazareno, integraban ese primer Consejo de la Magistratura los jueces Bindo Caviglione Fraga, Claudio Kiper, Margarita Gudiño de Argüelles y Javier Fernández Moores.
Por el Poder Legislativo estaban en esa primera conformación del Consejo los senadores Augusto Alasino, Ricardo Branda, José Antonio Romero Feris y Horacio Usandizaga, y los diputados nacionales Melchor Cruchaga, Juan Carlos Maqueda, Oscar Massei y Miguel Angel Pichetto.
En representación de los abogados estaban Juan Gersenobitz, Diego May Zubiría, Ángel Garrote y Eduardo Orio; mientras que por el ámbito científico y académico asumieron Juan Gemignani y Humberto Quiroga Lavié.
Por el Poder Ejecutivo Nacional estaba Julio Comadira, un reconocido catedrático que en tiempos de Duhalde condujo de manera eficiente la Sindicatura General de la Nación y que durante la presidencia de Menem fue jefe de Gabinete del ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.
La reforma de la ley del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Fernández de Kirchner tuvo media sanción del Senado el 22 de diciembre de 2005. La misma reducía de 20 a 13 miembros ese organismo y fue aprobada por 45 votos a favor y 16 en contra, correspondientes al radicalismo y partidos provinciales.
Criticada por instituciones judiciales y organismos no gubernamentales, la iniciativa fue defendida por la senadora Kirchner, que negó que se intentara producir un bloqueo de las decisiones del órgano y criticó a “la corporación de jueces y abogados” por ejercer una fuerte presión para mantener el “status quo”.
Uno de los más críticos en ese debate fue el senador radical Rodolfo Terragno, quien expresó en la sesión del 22 de diciembre de 2005: “El oficialismo pasará de tener el 25% a tener el 38%. Nadie puede entrar a la justicia si el Ejecutivo le pone bolilla negra, y nadie saldrá de ella si el Ejecutivo le tira un salvavidas. Esto genera sospecha sobre el objetivo de esta iniciativa”.
La norma se convirtió en ley en la Cámara de Diputados el 22 de febrero de 2006 por 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones.
A ese número llegó el Frente para la Victoria con los votos de 113 diputados oficialistas, 20 diputados del Peronismo Federal y 5 radicales.
Fue miembro informante por el oficialismo en ese debate el salteño Juan Manuel Urtubey, quien presidía por entonces la Comisión de Asuntos Constitucionales, y buscó descalificar los cuestionamientos al asegurar que “aquellos que se verán afectados en la posición de poder que habían alcanzado van a sostener con fiereza su lugar”. Tras ello, le endilgó al actual Consejo “ineficiencia” y un “sesgo corporativo”.
Integrante del Consejo de la Magistratura por entonces, la diputada del ARI Marcela Rodríguez retrucaba: “Curiosamente quienes se oponen a la reducción de los miembros de la Corte Suprema para agilizar los trámites defienden la reducción del Consejo”, calificando a la reforma impulsada desde el oficialismo como “el mayor retroceso del Poder Judicial desde la reducción de la Corte Suprema por parte de Carlos Menem”.
Al momento de la votación en general, el Frente para la Victoria no contó con la presencia de Rafael Bielsa y Oscar Massei, este último integrante del Consejo de la Magistratura original, como ya hemos indicado. Ambos diputados se ausentaron del recinto para no dejar sentado su rechazo al proyecto.
Más datos relevantes: esa votación fue la génesis del alejamiento del radicalismo de los diputados de ese origen que respondían al gobernador -por entonces radical- Gerardo Zamora. Eran Daniel Brue –hoy en el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja- y Cristian Oliva, quienes recibieron desde la gobernación santiagueña la orden de votar junto al oficialismo. En la bancada de la UCR aseguraron que inicialmente ambos querían votar en contra de la iniciativa oficial, pero una conversación de Zamora con un funcionario del Gobierno alcanzó para revertir la decisión. Ese funcionario era Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El cambio generó fuertes cruces entre legisladores del partido centenario, al tiempo que las autoridades partidarias advertían sobre la posibilidad de aplicar sanciones a los “disidentes”. Así las cosas, los santiagueños adelantaron a sus colegas de bancada su determinación de formar un grupo aparte, cosa que terminarían formalizando.
“No puede ser que en aspectos básicos y fundamentales, los diputados que responden a provincias donde gobierna el radicalismo voten a favor del Gobierno (nacional) a efectos de lograr alguna medida que signifique algún beneficio para su provincia”, expresó entonces nada menos que el expresidente Raúl Alfonsín, mientras que el Comité Nacional que entonces presidía el mendocino Roberto Iglesias difundía un comunicado para anunciar la expulsión de los afiliados diputados que habían votado a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura. Estos eran los citados Brue y Oliva, más el catamarqueño Genaro Collantes, el correntino Ricardo Colombi y el rionegrino Hugo Cuevas, quienes se alinearon con la transversalidad que promovía en esos tiempos Néstor Kirchner.
La ley aprobada recibió el número 26.080, y la composición del Consejo se redujo de la siguiente manera: los jueces pasaron de 4 a 3; los legisladores de 8 a 6; los representantes de abogados de 4 a 2.
En el futuro habría un nuevo intento para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Fue en 2013, en el marco de la reforma judicial que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó como la “Democratización de la Justicia”. El 25 de abril de ese año, tras una sesión de 24 horas cargada de tensión, se aprobó a las 6 de la mañana esa polémica norma por 130 votos a favor y 123 en contra. En rigor, eran seis los proyectos discutidos y entre ellos figuraba la reforma del Consejo de la Magistratura.
Entre los que votaron en contra vale mencionar a 5 diputados del Frente para la Victoria: los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini; el riojano Jorge Yoma; la bonaerense Mabel Müller; y Blanca Blanco de Peralta, esposa del gobernador de Santa Cruz. También votaron en contra un puñado de aliados habituales del oficialismo: Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino) y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca).
Previsiblemente el tema se judicializó, pero el Gobierno de entonces siguió actuando como si las causas no fueran a prosperar. Así publicó en el Boletín Oficial el decreto 577/13, convocando a los ciudadanos a elegir en las elecciones legislativas integrantes del Consejo de la Magistratura. Conforme lo indicado por la nueva ley, el decreto establecía que el Consejo pasaría a ser de 19 miembros: 3 jueces; 3 representantes de abogados; 6 representantes de los ámbitos académicos o científicos; 6 legisladores y 1 representante del Ejecutivo.
El 11 de junio de 2013 la jueza federal María Romilda Servini decretó la inconstitucionalidad del voto popular para la elección de consejeros y anuló la convocatoria, el nuevo número de integrantes para el Consejo de la Magistratura y el voto popular para elegir consejeros. Una semana más tarde, la Corte resolvió por per saltum en la sentencia que se conoció como “Caso Rizzo” declarando inconstitucional la reforma, con el único voto en disidencia de Eugenio Zaffaroni.
El 19 de noviembre la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad de la ley que establecía la composición del Consejo de la Magistratura, por no respetar el “equilibro” entre los estamentos que exige la Constitución. Fue la causa sobre la cual, años después, se expediría el Tribunal Superior.
Esa demanda llegó a la Corte Suprema recién en el año 2017. A partir de ello, el Máximo Tribunal debería resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006 impulsado en su momento por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Por entonces gobernaba Mauricio Macri y hacia fines de ese año el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modificaba el régimen legal de la Magistratura, proponiendo una composición de 16 miembros, incorporándose un juez o jueza y 2 abogados/as. Como se ve, el proyecto que impulsaba en esos días el Gobierno de Cambiemos no sumaba a miembros de la Corte, de ahí que al defender la propuesta del actual Ejecutivo en el Senado se hiciera notar que su proyecto no difería demasiado del presentado por la administración anterior.
Cuando se hace referencia al tiempo que a la Corte Suprema le demandó resolver sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de 2006 se omite que ese Tribunal siempre privilegió que fuera la política la que resolviera el tema y así evitar intervenir. Estaba claro que el Gobierno de Cristina Kirchner no modificaría la norma que precisamente ella había promovido siendo senadora y más no habiendo prosperado la reforma judicial de 2013. La CSJN esperaba que el Gobierno de Cambiemos lo hiciera, pero el proyecto de 2017 no llegó nunca al recinto, y así fue que hacia fines de 2021 el Máximo Tribunal dejó trascender que finalmente resolvería el tema como lo hizo.
Por eso fue que el 6 de diciembre el Gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, elevando la cantidad de miembros de 13 a 17. Once días más tarde, el 17 de diciembre de 2021, la Corte Suprema confirmó el fallo de cámara de 2005 y declaró inconstitucional la composición vigente del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006, exhortando al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo del a Magistratura”. En caso de que no lo hiciera en el plazo de 120 días, el Consejo volvería a su vieja composición de 20 miembros.
Si bien el Poder Ejecutivo incluyó el proyecto de reforma del Consejo en extraordinarias, no se trató. Pasarían 106 días hasta que el oficialismo decidiera iniciar su tratamiento en el Senado. Recién el 22 de marzo arrancó en esa Cámara el debate y el proyecto llegó al recinto el 7 de abril, obteniendo media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra.
El plazo impuesto por la Corte Suprema vencía ocho días después y todavía no habían sido conformadas siquiera las comisiones que deberían tratar el tema en Diputados.
Eso recién sucedió el 11 de mayo pasado. Un mes antes, el 18 de abril, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ocupó la presidencia del Consejo.
Los nuevos miembros titulares del Consejo juraron el 20 de abril, a excepción de los dos representantes del Congreso de la Nación, que lo harían recién el 19 de mayo, tras una intensa pulseada entre oficialismo y oposición por los dos lugares en disputa. Juntos por el Cambio confiaba que sendas bancas le correspondían, como segunda minoría, pero el oficialismo sacó un impensado as de la manga en el Senado al dividir el bloque FdT y recrear una segunda minoría.
La pregunta del millón es qué sucederá ahora con la nueva ley que tiene media sanción del Senado. Tal cual lo exteriorizó Juntos por el Cambio durante el debate en la Cámara alta, el proyecto del Poder Ejecutivo es rechazado por esa bancada, postura que comparte con la mayoría de la oposición. Así las cosas, la iniciativa podría tener en la Cámara baja el mismo destino que todos los proyectos judiciales del oficialismo: el cajoneo.
Sin embargo el debate de la boleta única en papel fue el disparador que usó el oficialismo para activar la discusión del proyecto que tiene media sanción del Senado, logrando al menos que paralelamente al otro proyecto se discuta el tema en comisión. Lo cual tampoco le garantiza al Frente de Todos los votos para la aprobación.
Juntos por el Cambio está conforme con la composición actual, presidida por alguien de la Corte Suprema, cosa que rechaza enfáticamente el oficialismo. Por eso dependerá de “los bloques del medio” la suerte de esta ley. Allí el Frente de Todos cuenta hasta ahora solo con los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, integrado por misioneros y rionegrinos: precisamente los votos aliados que permitieron la media sanción del Senado.
Es clave en este contexto la postura del interbloque Federal, de 8 miembros, donde Graciela Camaño -quien integra además el Consejo de la Magistratura- se ha expresado a favor de la presencia de un miembro de la Corte en el organismo… mas no presidiéndolo.
Según se especulaba paralelamente a la media sanción alcanzada en la Cámara alta, la cerrazón del oficialismo para aceptar modificaciones que incluyeran al Tribunal Supremo en el futuro Consejo de la Magistratura podría ser vinculada a una eventual negociación a encarar en la otra Cámara para lograr la aprobación. Lo cual motivaría una vuelta al Senado para convalidar o no los cambios. He ahí un detalle no menor.
Fuentes consultadas por Parlamentario aclararon que la principal oposición mantendrá su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo proveniente del Senado, más allá de la disposición que pueda mostrar el Frente de Todos a aceptar modificaciones. Habría que buscar las razones de esa postura en el hecho de que, como dijimos, los eventuales cambios deberían ser luego convalidados por una Cámara alta que a los miembros de JxC no le da mayores garantías.
– Si Diputados aprobara el proyecto que viene del Senado, pero con modificaciones y por un número ajustado como puede pasar hoy en la Cámara baja, ¿el Senado podría ratificar el propio con 37 votos? Y si por ventura hubiera un acuerdo que permitiera una aprobación con cambios más amplia, ¿de qué manera el Senado podría insistir con el proyecto original? –preguntó Parlamentario.
– Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y mayoría simple, el Senado puede insistir en su propia sanción con igual mayoría simple. Si Diputados modifica y aprueba con dos tercios, el Senado necesitaría los mismos dos tercios para insistir con su sanción original –explicó el diputado Pablo Tonelli, quien es además miembro del Consejo de la Magistratura.
Consultada por este medio, otra fuente de Juntos por el Cambio fue más allá del detalle reglamentario al advertir que, atento a la posibilidad concreta con la que cuenta el Senado para insistir con el texto original, “los cambios en Diputados pueden ser una trampa cazabobos… Claro que más que bobos, yo diría cómplices”.
“Porque no hay bobos de este lado… Puede haber vivos, pero no bobos”, insistió una importante fuente del interbloque JxC al justificar el rechazo que estarían dispuestos a mantener respecto de las modificaciones al Consejo de la Magistratura.
La diputada del Frente de Todos cuestionó al presidente de la Corte Suprema, Héctor Rosatti, y lo responsabilizó por “arrogarse facultades que no le son propias sobre el Poder Legislativo”.
La diputada nacional Carolina Moisés advirtió la necesidad de aprobar una reforma del Poder Judicial, y comparó la actuación del juez de la Corte Suprema, Héctor Rosatti, con “los atropellos a la Justicia en Jujuy que viene realizando el gobernador Gerardo Morales”.
En su pedido de cuestión de privilegio contra el magistrado de la Corte, la legisladora jujeña del Frente de Todos lo responsabilizó de “avanzar sobre una función exclusiva del Poder Legislativo para hacerse del control del Consejo de la Magistratura”.
“Esto ha tenido una escalada en todos los órdenes justamente por la gravedad institucional que ha implicado que el juez Rosatti hoy convoque, presida y domine el Consejo de la Magistratura”, indicó Moisés, quien consideró que “así se profundiza el proceso de descomposición de la Justicia y además distorsiona el funcionamiento de la división de poderes en una república democrática”.
“¿La Corte Suprema de Justicia puede declarar inconstitucional una ley? Sí. Y hasta ahí terminan sus facultades para hablar o decidir sobre nuestras facultades como Congreso de la Nación”, subrayó la diputada sampedreña.
“Es tan grave que el Poder Judicial se arrogue facultades que no le son propias sobre el Poder Legislativo como que el Poder Ejecutivo tome por asalto al Poder Judicial”, completó la legisladora, en referencia a la situación en Jujuy: “En mi provincia el republicano gobernador Morales se ha llevado puesto al Superior Tribunal de Justicia de la provincia a través de voltear, bajo extorsión, forzando la renuncia de seis de sus miembros”, manifestó.
“Por no cumplir con sus órdenes les instala juicios políticos en la Legislatura de Jujuy, en la cual también tiene mayoría, y de esta forma fuerza sus renuncias”, agregó Moisés.
Finalmente, pidió que el Congreso “haga cumplir la Constitución nacional, que esta Cámara trate de manera urgente la conformación del Consejo de la Magistratura que tiene media sanción del Senado y no se trata porque la oposición no permite hacerlo y avancemos en la reforma judicial en este país”.
Prevista para este jueves, la movilización es impulsada por sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos, que brindarán este martes una conferencia de prensa en Diputados.
Anunciada los últimos días de abril, luego de que el titular de la Corte Suprema asumiera al frente del Consejo de la Magistratura, este jueves 5 de mayo se realizará una marcha a Tribunales que tiene como destinatarios de la protesta al Tribunal Superior en general y a Horacio Rosatti en particular.
Será la primera marcha de protesta que realizarán sectores kirchneristas luego de que entrara en vigor el fallo de la Corte Suprema que dispuso la vuelta del Consejo de la Magistratura a su conformación original, antes de que fuera modificada por la ley de 2006.
Una protesta que tiene el respaldo de la CGT, las dos CTA y otras organizaciones, y cuyo objetivo fue detallado en el comunicado elaborado por la central obrera al decidir “por unanimidad” participar de la movilización: “En reclamo de la renuncia de Horacio Rosatti al Consejo de la Magistratura, por el juicio político a la Corte Suprema y por la ampliación de su número, con el fin de democratizar el acceso a la justicia”.
La movida tiene como antecedente la marcha contra la Corte Suprema organizada el 1 de febrero pasado, cuando se reclamó “que se vayan todos los jueces”. En esa marcha las consignas fueron en el sentido de lograr una “democratización de la Justicia” y “el fin del lawfare”. En este caso, el título de la marcha es “contra el golpe institucional de la Corte”.
Este martes se darán detalles de la protesta. Será en el marco de una conferencia de prensa prevista para las 12 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí expondrán organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, APDH, MEDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social de Argentina, Asociación Buena Memoria, junto a organizaciones sindicales como la CTA Autónoma, CTA de los trabajadores, la Corriente Sindical de la CGT, el Frente Sindical de la CGT, organizaciones sociales, religiosas, feministas y políticas. En ese marco se explicitarán los motivos de la marcha a Tribunales prevista para este jueves 5 de mayo a las 17.
El jefe del Frente de Todos presentó una acción de amparo contra la decisión del presidente de la Cámara baja, al tiempo que envió una carta al presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura.
Tal como lo adelantó al expresar su disconformidad con la designación de la diputada radical Roxana Reyes como consejera, el jefe del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez, presentó una acción de amparo ante la Justicia para que se declare “inválida” la resolución de Sergio Massa, al tiempo que exigió a Horacio Rosatti, presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura, que no permita la asunción de la legisladora.
“Lo anticipé ayer. Como Presidente de Bloque @Diputados_Todos presenté un amparo pidiendo la nulidad de la designación de la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura. La solicitud recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 11 a cargo del Dr. Martín Cormick“, reveló este jueves el santafesino en su cuenta de Twitter.
Además, el presidente de la bancada oficialista señaló que le pidió mediante una carta a Rosatti que “se abstenga de tomarle juramento a la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura”.
“Es ilógico que el bloque con mayor representación parlamentaria (Frente de Todos) tenga UN solo diputado en el Consejo de la Magistratura. Y que Juntos por el Cambio tenga DOS representantes”, argumentó.
En esa línea, en la misiva enviada a Rosatti, Martínez señala: “Advertirá usted que, de aceptar la integración al cuerpo de la Dra. Reyes, se producirá una sobrerepresentación del espacio Juntos por el Cambio, que pasará a tener dos diputados dentro del Consejo, considerando que ya forma parte del mismo el Dr. Pablo Gabriel Tonelli”.
“El Frente de Todos tendrá la representación de tan solo una diputada, la Sra. Vanesa Siley y el interbloque Federal, por su parte, tendrá también una representante, la Dra. Graciela Camaño”, continua.
En la carta, el diputado destaca “la complejidad que reviste la determinación del criterio de definición de lo que cabe considerar como ‘el bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y ‘la segunda minoría’ conforme al artículo 2, inciso 3, de la Ley 24.937, y su modificatoria ley 24.939”.
Pero le pide al juez que “se abstenga de adoptar cualquier medida u acto que implique la concreción de la aludida designación hasta tanto se consensue en el seno de la Cámara de Diputados el criterio mediante el cual deberá completarse la representación del estamento de los diputados y las diputadas para el período 2018/2022”.
Asimismo, Martínez insiste que, de asumir Reyes, se “atentará contra el equilibrio y representación de las fuerzas políticas que deben integrar el Consejo”.
Por otra parte, en la acción de amparo presentada contra la decisión de Massa, Martínez enfatiza que “se trata de una resolución dictada con vicios en la causa, objeto, competencia y procedimiento”.
“La resolución adoptada avasalla el principio republicano y el gobierno representativo y, por ende, el federalismo al avanzar sobre los principios establecidos tanto en la Constitución Nacional como por una ley formal del Congreso de la Nación”, apunta, solicitando que se declare “inválida” y se así también la “ilegalidad, inconstitucionalidad y nulidad” de la designación de Reyes.
Denuncia-Sola“Parece que no se está dando cuenta de la magnitud del problema”, lanzó la senadora kirchnerista, que además se refirió a la división del bloque oficialista y aseguró “es para multiplicarnos”.
La senadora nacional María Inés Pilatti Vergara reprochó al presidente Alberto Fernández que no se haya pronunciado sobre la controversia por el Consejo de la Magistratura, órgano que ella integra actualmente.
“La verdad que yo hubiera querido que se exprese. Insisto sobre la gravedad institucional y parece que el presidente no se está dando cuenta de la magnitud del problema en el que estamos insertos todos los argentinos, no solamente los consejeros o los diputados y senadores”, lanzó.
En diálogo con AM750, la legisladora fue consultada por los dichos del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien este jueves dijo al ingresar a Casa Rosada: “Hoy la instrucción que tenemos del presidente es no hablar de política”.
“Por suerte, de política se habla en el Congreso, porque el Congreso es el poder político por excelencia y tratamos de actuar en consecuencia”, expresó la chaqueña.
Además, aseguró que espera “que más temprano que tarde, lo más pronto posible, podamos darle sanción al proyecto de ley que envió el Ejecutivo en su momento, si bien no es una panacea, es un mal menor”.
En ese sentido, cuestionó la iniciativa oficialista, que igualmente votó a favor días atrás, pero enfatizó que peor beneficio trae al Consejo la restitución de la norma de 1997.
Por otra parte, la senadora que se referencia en Cristina Kirchner, pero en la división de los bloques quedó dentro del Frente Nacional y Popular, calificó a la vicepresidenta como “líder y conductora”.
“Esta decisión de dividir los bloques me parece lo más atinada. Funcionalmente nos es más cómodo estar divididos en dos bloques, para la discusión, para los trabajos parlamentarios. No tiene que ver absolutamente en una división política, catastrófica. No, no, es dividirnos para multiplicarnos. Tampoco se coman la curva”, resaltó.
Sobre la decisión de la Corte respecto al Consejo, la oficialista expresó: “El estado de sorpresa ya lo superé, pero persisto en la preocupación terrible, porque se me hace que estamos como en ascuas”.
“Más allá de la gravedad institucional que significa esta maniobra de la Corte Suprema a partir del fallo del mes de diciembre, estamos ahora en una suerte de laguna legal en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que es una incógnita día a día”, agregó.
“Cuando entras en un estado irregularidad total, la incertidumbre es plena”, dijo y se preguntó sobre “cuál es la causa verdadera, cuál es el poder, cuál es la manía de la Corte de invadir el Consejo de la Magistratura”.
En cuanto a la representación de los distintos estamentos, Pilatti Vergara señaló que en el caso de abogados y jueces “es habitual que ganen las listas conservadoras”. “Todos esos representantes después votan sistemáticamente, y hoy votan a la par de lo que vota (el diputado Pablo) Tonelli o (la senadora Silvia) Giacoppo“.
En esa línea, consideró que “tener más integrantes les asegura a ellos (la oposición) tener un voto que les permita ir eligiendo a los jueces en Comodoro Py que tienen que ver con sus intereses”.
Y al ser consultada sobre “qué intereses representa” el presidente de la Corte y el Consejo, Horacio Rosatti, la senadora respondió: “No sé si representa los intereses de Juntos por el Cambio, pero los que no son populares, seguro”. “Es asombrosa la conducta y el proceder de este cortesano”, añadió.
El diputado oficialista compartió una entrevista que le hicieron al presidente de la Corte Suprema en 2018 y en la que se refería a la ley del Consejo de la Magistratura.
Luego que la Corte Suprema tome el control del Consejo de la Magistratura, al retrotraer la composición de una ley de 1997 -ya derogada- y declarar inconstitucional la norma de 2006, desde el oficialismo se replican las críticas al máximo tribunal.
El diputado Marcelo Casaretto, quien había presentado una pre-cautelar para que el Congreso no designe a dos nuevos consejeros, y fue avalada por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, pero la Corte anuló ese fallo, sacó a relucir este martes un archivo.
En su cuenta de Twitter, el legislador recordó una entrevista que le hicieron al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien en ese momento no presidía el máximo tribunal, y durante la que el magistrado expresó: “Es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador”.
“En contrario en 2022 pone en vigencia una ley derogada por el Congreso en 2006, luego de 16 años de análisis. Y entra por la ventana como presidente del Consejo de la Magistratura”, cuestionó Casaretto.
Durante la entrevista con el periodista Carlos Pagni en LN+, Rosatti recordaba -como exconvencional constituyente- que en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional “no hubo consenso” para determinar cuántos miembros de cada estamento debían integrar el Consejo de la Magistratura y entonces “lo dejamos para las leyes, para el legislador”, pero esas leyes “han sido constantemente cuestionadas por su constitucionalidad”.
“Tenemos un expediente en donde se está planteando la inconstitucionalidad de esta composición actual”, señaló en alusión a la Ley 26.080 de 2006, cuya impulsora fue Cristina Kirchner -en ese momento senadora- y que pasó de 20 a 13 miembros la conformación del órgano judicial.
Rosatti expresó en esa ocasión que “si la Corte dijera que es inconstitucional volveríamos a la ley anterior, pero como hay varios proyectos en el Congreso de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia es un órgano plural, donde estamos representados distintas especialidades, historias de vida, pertenencias, identidades originarias, a nosotros nos ha parecido importante dar un tiempo para que el poder representativo, es decir, el Congreso, pueda dirimir desde la política esto“.
“Creo que en el diálogo entre los poderes, pero es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador, el legislador es el que tiene que establecer las reglas generales. Los jueces lo que podemos hacer es descalificar una ley si agravia a la Constitución, pero no podemos reemplazar al legislador diciendo cuál es la ley necesaria para tal o cual caso”, completaba el presidente de la Corte.
Así lo expresó el senador luego de que la Corte asumiera el control del organismo judicial. En ese marco, el neuquino señaló al expresidente Mauricio Macri de “estar detrás de esta maniobra para lograr impunidad”.
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos – Neuquén) consideró que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, está “asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo”, en lo que calificó como “un golpe de Estado institucional a uno de los poderes” de la Nación a la asunción del presidente del máximo tribunal al frente de ese cuerpo, y aseguró, que detrás del tema hay una maniobra del expresidente Mauricio Macri para “lograr impunidad”.
“Está asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo. Es un claro golpe institucional a uno de los poderes”, sostuvo Parrilli en declaraciones en El Destape Radio luego de que el máximo tribunal asumiera al frente del organismo, al cumplirse el plazo otorgado para aprobar una nueva composición del cuerpo encargado de seleccionar y eventualmente destituir o sancionar jueces.
El senador oficialista lo comparó con la acordada de 1930 “cuando la Corte de aquel entonces legitimó el golpe de Estado contra (Hipólito) Yrigoyen”. “Hay dos jueces que fueron nombrados por decreto por Macri y ellos aceptaron ser nombrados por decreto, violando expresamente la Constitución; después tuvieron que corregirlo por el escándalo internacional y nacional tan grande”, apuntó sobre la designación de Rosatti y de su par Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal en 2016.
En ese sentido, denunció que “se votan a sí mismos entre ellos para poder tener la presidencia, porque son cuatro y ni siquiera se ponen de acuerdo en eso”. “Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada”, consideró Parrilli.
Y añadió: “Lamento que gran parte de los dirigentes de Cambiemos sigan a Macri, porque esto claramente es una maniobra de Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene”, y mencionó entre otras causas “el envío de armas a Bolivia, el espionaje a su familia, su partido, a nosotros y la causa por el endeudamiento con el Fondo”.
“No quieren que el Consejo de la Magistratura funcione porque no quieren que se normalicen los desastres que hizo el macrismo en sus cuatro años de gestión”, acusó Parrilli y expresó: “Habrá que esperar a ver qué hacen los miembros del Consejo de la Magistratura nombrados” y los instó a “no sentarse a la mesa con este intruso, con este ocupa”.
Así lo dispuso el Tribunal Supremo a través de un fallo en el que anuncia la decisión de tomarles juramento a todos los nuevos integrantes del organismo.
La Corte Suprema asumió este lunes -primer día hábil posterior al vencimiento del plazo que había impuesto en diciembre pasado para definir la situación del Consejo de la Magistratura- el control de ese organismo. Lo dispuso a través de un fallo en el que ordena tomarles juramento a los nuevos integrantes del organismo, de modo tal que el Consejo de la Magistratura pueda ponerse en funcionamiento ya.
De tal manera, el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomará el control del Consejo, que comenzará a funcionar más allá de que todavía falten tres miembros: uno que deben elegir en nombre de los académicos y los dos que deben designar oficialmente los presidentes de ambas cámaras.
Según pudo saberse, el fallo conocido este lunes establece que “a partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus argos previo juramento de ley”.
Así las cosas, el Consejo de la Magistratura “deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021”.
El diputado oficialista consideró que “todas las fuerzas políticas deberían oponerse” porque “esto es un avasallamiento al Congreso”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió a la recomposición del Consejo de la Magistratura, tras vencer el plazo fijado por el máximo tribunal al Congreso para sancionar una nueva ley, y advirtió: “Que (Horacio) Rosatti tome por asalto el Consejo es un hecho que suena como un golpe institucional de palacio”.
En diálogo con radio Futurock, el legislador cuestionó que desde la Corte “en 2006 durmieron un recurso que cuestionaba una ley cuya autora era la senadora Cristina Fernández. Ahora lo desempolvaron para decir que esa ley es inconstitucional”.
Con críticas al presidente del máximo tribunal, el oficialista apuntó que “Rosatti intentó ser nombrado juez de la Corte por decreto, y se autovotó como presidente. Hoy pretende asumir en el Consejo de la Magistratura. Lejos de mejorar la calidad de las instituciones, esto genera un conflicto donde no lo había”.
Ante la consulta sobre la posición del Frente de Todos respecto al tema, sostuvo: “Todas las fuerzas políticas deberían oponerse a la asunción de Rosatti. Esto es un avasallamiento al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo en su conjunto”.
“La parte que declara inconstitucional Rosatti es la forma de elección del presidente de la Corte, que tiene que ser por mayoría absoluta, eso sería inconstitucional y él se elige por sí mismo a través de un fallo. Es horrible, es el derecho feudal”, aseguró el porteño.
El diputado oficialista acusó a los jueces de la Corte de querer “actuar más en política, por eso juegan con la oposición”.
El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) pidió a sus pares del Congreso no convalidar el “desembarco” del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en el Consejo de la Magistratura, y consideró que hay una “desesperación y ambición de poder” por parte del máximo tribunal.
“La ley está en tratamiento. En el Senado ya consiguió media sanción, ahora tenemos que tratarla en Diputados. Convoco a todas las fuerzas políticas a que debatamos esto y no convalidemos este desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura sin ninguna ley del Congreso que lo respalde”, sostuvo el legislador en declaraciones a Radio 10.
Además, el entrerriano, quien presentó una cautelar para frenar la designación de dos legisladores como consejeros -ante la restitución de la ley de 1997 vencido el plazo dado por la Corte- criticó que no se está respetando la “independencia de poderes” y rechazó que la Corte integre y “mucho menos” presida el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, además de administrar el Poder Judicial.
En esa línea, el oficialista consideró que existe una “desesperación y ambición de poder” por parte del máximo tribunal.
“Rosatti busca tener el control del Consejo de la Magistratura. Tengamos en cuenta que hay un representante del (Poder) Ejecutivo, del Congreso -oficialismo y oposición-, de abogados, jueces, y de las universidades, pero la Corte Suprema no está ahí y ellos quieren meterse porque entonces pueden intervenir en la designación de jueces, en los aspectos disciplinarios y en la administración de los fondos del Poder Judicial”, advirtió.
Además, Casaretto cuestionó la postura de Juntos por el Cambio al respecto, y manifestó que “no se puede hacer lo que la oposición está haciendo” al “buscar refugio en alguna acordada o fallo de la Corte Suprema”.
“En la Corte Suprema también son dirigentes políticos. No es un poder independiente, al contrario, ellos quieren actuar más en política, por eso juegan con la oposición y pretenden quedarse con el Consejo de la Magistratura”, completó.
El diputado del Pro apuntó contra el peronismo al asegurar que “tres de los cuatro jueces de la Corte son de ellos”.
En el marco del debate por la situación del Consejo de la Magistratura, el diputado del Pro Waldo Wolff negó un vínculo ideológico de su partido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y en ese sentido resaltó: “No podemos decir que un exministro de Néstor (Kirchner) es alguien que pertenece a nuestro signo político. No lo consideramos dentro de nuestro espacio”.
Durante una entrevista en el canal LN+, el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó que el peronismo “maneja el Senado desde el 83′ con mayoría; tienen la Comisión de Acuerdos también desde el 83′; han tenido durante la mayor parte de los plazos de la democracia mayoría en el Consejo de la Magistratura; tiene ocho de nueves jueces del fuero federal, que son los que juzgan las causas de corrupción; y tres de los cuatro jueces de la Corte Suprema también son de ellos”.
Consultado entonces sobre el hecho de que la designación de Rosatti y también de Carlos Rosenkrantz se dio por parte de la gestión de Cambiemos, Wolff recordó el pasado del actual presidente de la Corte como ministro del kirchnerismo, y agregó: “Sí, a Rosatti lo propuso el macrismo, pero con aprobación del Senado”.
Sobre las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner hacia la Corte, el bonaerense apuntó: “Cristina Kirchner cuestiona cosas que son incuestionables, no quiere hablar del fondo de la cuestión. Cuestiona que un juez de la Corte Suprema se haya elegido a sí mismo durante la votación en la Corte. Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores también manifiestan sus respectivas orientaciones a través del voto y a nadie se le ocurriría cuestionarlos -comparó-“.
“Hace lo mismo de siempre. Tira una bomba de humo para no hablar”, fustigó el macrista a la vicepresidenta, y agregó: “Es una persona muy hábil para llevar todo al terreno irracional. Es por eso que terminamos hablando de estas cosas. Ni siquiera es capaz de hacerse responsable de la hecatombe económica que generó”.
El presidente de la CSJN asumiría este lunes al frente del Consejo, en la vuelta de la aplicación de la ley de 1997. La vicepresidenta recogió comentarios de un periodista para renovar sus críticas.
“La casta de la que nadie habla”, dijo Cristina Fernández de Kirchner este domingo, en vísperas de la entrada en vigencia de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, según lo dispuesto hace cuatro meses por la Corte Suprema de Justicia.
La vicepresidenta de la Nación recogió unos tuits del periodista Matías Mowszet para cuestionar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo Mowszet? “Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás”.
Luego el periodista enumera: “Aceptó entrar a la Corte por decreto; ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo 5 jueces, fue decisivo; dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura”. Y concluye: “Interesante para cuando volvamos a discutir sobre castas”.
Ante ello, Cristina tuiteó este domingo: “¿En serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dió cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina tu país? Qué raro… con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios”. Y remata: “La casta de la que nadie habla”.
Salió a contestarle el presidente del bloque radical, Mario Negri. A través de Twitter expresó: “Cristina Kirchner prefiere generar un conflicto institucional sin precedentes antes de aceptar un Consejo de la Magistratura que no pueda controlar. Por eso sus acólitos están pidiendo la cabeza de Rosatti. Pero el FdT no tiene mayoría para avanzar con ese disparate. Tranquilos”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado a raíz de los dichos del diputado K, quien llamó “Napoleón de pacotilla” al presidente de la Corte.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado para rechazar las declaraciones que el diputado Leopoldo Moreau (FdT) tuvo para con los jueces de la Corte Suprema, además de llamar “Napoleón de pacotilla” a Horacio Rosatti, a raíz del fallo sobre la Ley del Consejo de la Magistratura.
Para la entidad, presidida por Marcelo Gallo Tagle, las declaraciones del legislador “desconocen los ámbitos de actuación de cada poder del Estado y agravian a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que constituye una afrenta al funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas”.
“Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello no autoriza al agravio y descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su juicio”, agrega el texto.
El pasado 10 de abril, a través de su Twitter, Moreau cuestionó: “Que cuatro individuos que integran la Corte Suprema le impongan al Parlamento con día y hora, que fue votado por 25 millones de ciudadanos, la obligación de sancionar una ley, es una aberración institucional que sólo debe ocurrir en la Argentina”.
“Pero más grave aún es que lo hagan bajo la coacción de resucitar una ley derogada hace 16 años, adjudicándose facultades legislativas que la Constitución prohíbe. Para completar este dantesco juego hay que decir que el objetivo es que Rossati se autocorone como si fuera un Napoleón de pacotilla, titular del Consejo de la Magistratura”, apuntó.
Y completó: “Este golpe palaciego sólo es posible porque la Corte representa y se apoya en los grupos dominantes. Por esa razón hasta se dan el lujo de reformar la Constitución con sentencias”.
En su comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios señaló que “la discrepancia puede darse en lo político, en lo social o en lo jurídico, pero no en la aceptación uniforme del valor que la Constitución Nacional otorga a las sentencias del más Alto Tribunal de la República, que deben ser respetadas y cumplidas, especialmente cuando se trata de funcionarios de otros poderes”.
La Constitución Nacional, se recordó, establece “a los jueces en sus custodios para aseguramiento de los derechos de todos los habitantes. Con este tipo de conductas reprochables también se afecta la división de poderes prevista en nuestra Constitución”.
“La independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente. Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, nuestra Asociación lo defenderá el sistema republicano”, expresaron desde la entidad.
Y continuaron: “Si existen magistrados que con su desempeño afectan su investidura, reclamamos que, si así se prueba por los procedimientos constitucionales, sean removidos de sus cargos”.
“Sostenemos que en un Estado democrático y republicano de derecho es indispensable un respeto irrestricto a las decisiones de cada poder en su propio ámbito, y reclamamos el mismo respeto que nosotros exigimos a nuestros colegas al dirigirse a los representantes de otros poderes del Estado”, finalizó la Asociación.
Al referirse a la elección de Horacio Rosatti al frente del Tribunal, el legislador kirchnerista dijo que “estamos peor que con la Corte de Nazareno”.
El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió a la elección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Está mal y de alguna manera hay que resolverlo. La política debe tomar el problema en sus manos, y construir los acuerdos para resolver los problemas de la Justicia”, sostuvo.
En diálogo con Julián Guarino por la señal C5N, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados sostuvo respecto de la crisis en el seno del Tribunal Supremo que “no pasó nunca algo así. Hoy estamos peor que con la Corte de (Julio) Nazareno. En estos momentos deben aparecer los valores que se dicen defender”.
Además, Valdés consideró que “el poder dominante naturaliza las injusticias que comete la propia Justicia”, al tiempo que se refirió a la supuesta complicidad del poder mediático: “Quienes señalan estas cosas reciben el ataque permanente. Yo mismo fui hostigado por Clarín a través de la pluma de (Daniel) Santoro y de (Ricardo) Roa. Yo era el mejor monaguillo de Francisco hasta que acompañé a Cristina en esa jornada vergonzosa de las ocho indagatorias en el mismo día, que era el día del cumpleaños de su marido muerto”, aseguró.
El diputado kirchnerista fustigó duramente al Tribunal Supremo tras el acceso a la presidencia por parte de Horacio Rosatti, y reclamó la renuncia de todos sus miembros.
“La elección del presidente de la Corte Suprema debería ser el último acto de una tragedia. Se bajo el telón”. De esa manera hipercrítica arranca el comunicado difundido este domingo por el diputado nacional Leopoldo Moreau tras el cambio de presidente del Tribunal, que abrió una grieta en el seno del mismo.
El legislador kirchnerista sostuvo en su comunicado que “hace falta una nueva Corte”, y se refirió de manera muy crítica a todos sus integrantes: “Tenemos de presidente y vice a dos jueces que aceptaron ingresar por decreto a la Corte. A otra magistrada que sigue en el cargo a pesar de no contar con la edad que exige la Constitución. Otro cortesano que se hacía fotografiar con Moro y Bonadio y fabricó un grupete de jueces federales para maniobrar políticamente. Esa es la “cabeza” del Poder Judicial”.
Pero fue más lejos Moreau al agregar que “para abajo le siguen los visitantes de Olivos (en tiempos de Mauricio Macri): Hornos, Borinsky, Llorens. El juez de los fallos a medida, como es el caso de Ercolini y, no podían faltar, los fiscales de Boca: Taiano, Stornelli y Plee. Todos ellos sólo están para hacer justicia en favor de los poderes fácticos. Entre otros, el grupo Clarín que, además, tiene bastante colonizado el fuero comercial”.
Moreau se preguntó “¿quién puede seguir creyendo que con este Poder Judicial hay República? Ni República, ni Estado de Derecho, ni garantías para nadie”, y concluyó advirtiendo que “es hora que los miembros de la Corte presenten su renuncia para iniciar una etapa de transparencia o se los someta a juicio político. Y si no, se aumente el número de miembros para, al menos, oxigenar uno de los Poderes del Estado que se ha transformado en una oscura máquina de impunidad y de impedir”.
