La Comisión de Salud y Acción Social de Diputados, presidida por el tucumano de UP Pablo Yedlin, se reunió este martes para abordar diversas cuestiones relacionadas con las políticas sanitarias, la situación de los trabajadores del sector, despidos, desfinanciamiento de los hospitales y Direcciones Nacionales del área y el impacto de esta situación en su normal funcionamiento.

El encuentro de carácter informativo se llevó a cabo en la sala 6 del 3er piso del Anexo “A” y se extendió por más de tres horas. Al mismo asistieron los diputados Mónica Fein, María del Carmen Montoto, Luana Volnovich, Natalia Sarapura, Daniel Gollán, Mónica Macha, Natalia Zaracho, Carolina Gaillard, y Nicolás del Caño entre otros.  Cecilia Ibáñez (MID) fue la única diputada del oficialismo que participó. Tampoco asistieron los legisladores del Pro que son miembros de la comisión.

Al inicio de la reunión, Yedlin apuntó: “El tema de nuestra comisión han sido temas que han tenido varias novedades malas durante enero. Hoy nos encontramos acá porque podrán no venir a las comisiones cuando los citamos, podrán no responder los pedidos que hacemos, pero el vaciamiento que se está llevando adelante en tema de salud pública nacional en su teórica idea de transferencia a las jurisdicciones sin que digan que pueden hacerlo va a generar problemas al sistema de salud y seguramente va a generar muertes y habrá responsables. Entre los responsables serán el presidente Javier Milei y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones”.

“Fueron convocados agentes que vieron directamente afectada su actividad en el sistema de salud. Entendemos que más allá de determinada actividad o área, esto afecta al conjunto del sistema y, por lo tanto, cuando se afecta una parte todo el sistema queda afectado”, criticó y sumó: “Vimos con asombro algunos comentarios diciendo que no hay vaciamiento, que hay una eficientización del sistema, pero la verdad es que llama la atención esta manera y genera enorme preocupación lo que está pasando. Estamos frente a un sistema de salud nacional que ha decidido no hacerse cargo de los temas que por ley tiene adjudicado por ejemplo al VIH, hepatitis, tuberculosis, que los obliga como Estado nacional”.

Así, lamentó: “No hemos podido transformar en ley el programa REMEDIAR, pero es un programa que tiene media sanción del Senado y tiene dictamen de esta comisión. Lo único que necesita es un esfuerzo de los diputados de llevarlo al recinto y transformarlo en ley y por lo menos que este achicamiento del programa REMEDIAR tenga consecuencias legales para los funcionarios que lo decidan”.

El primero en disertar fue Fernández Camacho Leonardo abogado y delegado general de ATE quien planteó que el hospital Bonaparte es un centro nacional de referencia en la materia en salud mental y consumos problemáticos. Así criticó los argumentos sobre los despidos que se referían a los años de ingreso al nosocomio entre 2020 y 2023.

“Eso definieron las autoridades del Ministerio de Salud, de Mario Lugones, y la directora Nacional de Salud Mental, Liliana González, para ellos esa gente que ingresó es la que debía irse sin ningún tipo de análisis institucional sobre el funcionamiento del hospital. Eso nos dejó una institución inoperativa sin 200 profesionales que atienden a un sector vulnerable de la sociedad que cada vez se acercan más”, manifestó.

En esa línea, precisó: “No tuvimos conversaciones con las autoridades del Ministerio, están negadas a cualquier tipo de negociación en cuanto a reincorporaciones. En el área de niñeces se despidió al 50% del personal que atendían 700 consultas por mes, hubo reducciones al dispositivo de atención de demanda espontánea en un 30% se atiende alrededor de 500 consultas por mes; consultorios externos se vio afectado en un 40%, hospital de día en un 30%, la guardia tuvo 45 despidos lo que implica la pérdida del servicio como tal, la farmacia se vio afectada en un 60% de trabajadores; odontología en un 60%, clínica médica en un 40%, la línea de urgencia de atención de salud mental a nivel nacional se vio reducida en un 40% de despidos”.

“Pedimos que el ministro Lugones de alguna explicación de la decisión y a la directora porque nadie le conoce la cara y desconocemos el proyecto que se tiene sobre salud mental a nivel país y el proyecto institucional para con el hospital”, cerró.

María del Valle Juárez, de la dirección de control inmuno prevenibles encargada de compra y distribución de vacunas, planteó: “Han desarmado todo un equipo que funcionaba. Éramos 46 personas para cuidar a 46 millones de personas, suena bastante eficiente. Los despidos en nuestro caso fue sacar piezas fundamentales del engranaje. Sacaron las funciones precisas para que el equipo deje de funcionar”.

“Echaron a tres personas que hacían el soporte nominal de vacunación y es un ejemplo en el país porque muy pocos países tienen un sistema así. No hay un plan de reestructurar. Hace días no responden los emails a usuarios. En el área de compras echaron a dos personas que hacían las compras de vacunas que son muy complejas que llevan tiempo y necesitan tecnicismo, no cualquiera lo puede hacer y eran personas hace más de 10 años que hacían esas funciones”, relató y cerró: “No estamos peleando solo por los 14 puestos de trabajo, sacaron engranajes muy importantes, si no tienen un plan de contingencia esto se va a caer. Pedimos por mantener el equilibrio de poderes, ustedes son nuestros defensores acá”.

Yedlin acotó que “era un orgullo el calendario de vacunación del país mientras tanto el Estado nacional se hacía cargo de la compra y garantizado a que esto llegue a cabo”, al tiempo que señaló: “Argentina tiene hoy una cobertura de vacuna relativamente bajas la verdad que estamos cerca de un 70% en promedio de cobertura las vacunas debieron tener coberturas 95%. Hay un veinticinco por ciento un 30% de argentinos que no se están vacunando según lo que deberían la solución para eso no es comprar menos vacunas para que no sobren, si no justamente hacer que esas 25% de vacunas no colocadas se coloquen a través del programa de vacunación porque el objetivo que nos vacunemos todo no ahorrar plata bueno llamativamente Parece ser que acá el objetivo pasa por ahorrar”.

Fabio Núñez de la Comisión de VIH explicó que fueron despedidos de la Dirección y "personas especializadas, creadoras del programa VIH”, y agregó: “Están desmantelando y han despedido trabajadores de más de 20 años de trabajo”. En esa línea, denunció que previo a los despidos ya habían dejado de recibir respuestas y siguen sin tener la medicación oportunista y ejemplificó: “Hemos repartido solo el 5,3% de los preservativos que había para distribuir”.

Además, participaron representantes del Hospital Garraham, de la Fundación Huésped, de la Federación LGBTQ+; entre otras instituciones que están resistiendo despidos de profesionales; cierres y vaciamientos de programas que afectan a la atención de la Salud Pública.

Con testimonios muy emotivos, profesionales despedidos pidieron en algunos casos que bregar para que los periodistas y medios cuenten el vaciamiento que ocurre en la Salud Pública nacional.

El senador nacional Mariano Recalde (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración repudiando el cierre del Hospital Nacional de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte” que impulsó el Gobierno Nacional.

El proyecto denuncia que el cierre de los servicios de internación y de guardia significa el “abandono de pacientes de salud mental” e “indican que el objetivo del Gobierno Nacional es el cierre definitivo del Hospital, dejando sin tratamiento a miles de pacientes en salud mental, tanto adultos, como jóvenes y niños”.

A su vez, el proyecto detalla que “la problemática que aborda del Hospital Nacional Laura Bonaparte resulta fundamental en los tiempos actuales en que la salud mental y las adicciones exigen no solo el mantenimiento de una institución como ésta sino los máximos esfuerzos por dar respuesta, contención y un camino de recuperación a las personas que lo necesiten”.

Al respecto, el senador nacional declaró que “cerrar un hospital de un día para el otro nunca se ha visto en democracia”.  “Este es un paso más en esta idea que dijo Milei explícitamente, que es un topo que viene a destruir todo lo público, que viene a destruir el Estado desde adentro”, aseguró Recalde.