Tras una sesión en la que logró aprobar un paquete importante de designaciones judiciales, el oficialismo en el Senado intentará esta semana avanzar con el dictamen del proyecto de "Súper RIGI", promovido por el Gobierno, que sufriría cambios en su redacción, lo que, de aprobarse posteriormente en el recinto, debería volver a la Cámara de Diputados.

Ese es uno de los principales temas que se abordarán este miércoles, día en que hay programada una seguidilla de comisiones, que incluyen además el tratamiento de iniciativas promovidas por bloques dialoguistas.

La jornada del miércoles arrancará a las 11, en el Salón Azul, con un plenario de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales, que analizará el proyecto que busca crear un "Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes" (RIIR). Se trata de la segunda reunión convocada para tal fin.

La propuesta es parte de la "apertura de agenda" que La Libertad Avanza encaró para afianzar el respaldo de los aliados a sus proyectos.

En este caso, se trata de una iniciativa impulsada por el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, que apunta a otorgar beneficios fiscales a medianas empresas que realicen inversiones productivas por un monto mínimo de 12 millones de dólares durante los dos primeros años de vigencia del régimen.

Dos horas después, a las 13, fue convocado el plenario de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, para debatir el "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias", más conocido como "Súper RIGI", que impulsa el Gobierno.

Será el quinto encuentro, luego de cuatro reuniones informativas, de las cuales se desprendió la posibilidad casi segura de que la redacción sufrirá cambios, a pedido de los aliados. LLA tenía la intención de dictaminar la semana pasada, pero finalmente ese trámite se daría este miércoles.

La iniciativa -con media sanción- apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, por unos 30 años, a inversiones por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares en industrias "del futuro" o todavía no desarrolladas en el país.

Si bien durante el debate en Diputados se incorporó un "plan de desarrollo de proveedores locales", que establece la obligatoriedad de un 20% de la inversión para contrataciones de servicios o bienes en el país, una de las modificaciones pedidas por la oposición es la de "perfeccionar" este capítulo.

En la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina, pidió que se aclare que ese porcentaje "sea exclusivamente para bienes producidos en el país" porque "hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente".

En la misma línea, el director institucional de Sidersa, Pablo Cattoni, dijo en el plenario que "una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina".

Otro de los cambios tendría que ver con establecer condiciones en el caso de proyectos que demanden un altísimo uso de energía, como la instalación de centros de datos, por ejemplo, otra cuestión que fue advertida por especialistas que expusieron el pasado 19 de agosto.

El día miércoles la agenda continuará a las 15, con un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, donde se tratarán el acuerdo de transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores del ámbito nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y el Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, celebrados ambos el 3 de julio pasado.

Finalmente, a las 17, las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda -también reunidas en el Salón Azul- llevarán adelante la tercera reunión sobre presupuestos mínimos de protección ambiental aplicable a un marco regulatorio de los mercados de carbono, promovido por aliadas como la salteña Flavia Royón y la misionera Sonia Rojas Decut.

Por otro lado, a las 16, en el Salón Illia, la Comisión de Educación y Cultura abordará proyectos sobre educación emocional, declaración de héroe nacional a Estanislao López, y declaratorias de monumentos, bienes, lugares históricos, patrimonio inmaterial, conmemoraciones y fiestas nacionales.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) presentó este lunes un proyecto de ley para promover, a través de un régimen de incentivos, la medición, reducción y compensación de la huella de carbono en todo el territorio nacional, a fin de contribuir con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer las políticas climáticas en el marco de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Desde un proceso de construcción colaborativa y de apertura a la ciudadanía, el anteproyecto de esta propuesta fue compartido en el Portal de Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados. En esta plataforma y durante el lapso de un mes, se recibieron 31 aportes y 43 apoyos, que fueron evaluados para integrarlos a la versión final, la que recolectó además el apoyo de más de una veintena de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio.

La propuesta busca, a partir de incentivos fiscales y crediticios, fomentar la participación voluntaria del sector privado en la gestión de su huella de carbono, alentando para ello la transformación de actividades hacia el uso sostenible de los recursos y el desarrollo neutro en carbono, como parte de una estrategia de largo plazo que potencie la acción climática.

En ese sentido, se apunta a impulsar el compromiso climático a nivel individual y corporativo partiendo de la medición y el reporte de la huella de carbono que generan, a través de un registro y un sistema de monitoreo, para así promover la reducción y la compensación a través de diversas alternativas.

“El contexto climático global exige una respuesta sistémica, urgente y decidida. En la Argentina, las emisiones per cápita se encuentran por encima de la media de países del G20, por lo que es imperativo fortalecer las políticas climáticas nacionales y potenciar aún más los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el corto plazo, como una verdadera oportunidad para acompañar una recuperación postpandemia con bajas emisiones y respaldar nuestros compromisos internacionales”, advirtió Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La Argentina, de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo de París, presentó a fines de 2020 su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), por la cual se comprometió a emprender acciones para estabilizar y reducir de manera progresiva las emisiones de cara al 2030 y a elaborar en 2021 el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, además de reafirmar la meta de carbono neutralidad para 2050. Más allá de reportar un avance en términos de su ambición, la nueva NDC es calificada como “insuficiente” para limitar el aumento de temperatura muy por debajo de 2°C y preferiblemente a 1,5°C, como plantea el Acuerdo de París.

“Es necesario y urgente que los compromisos climáticos enunciados en palabras se traduzcan en el corto plazo en acciones concretas y ambiciosas en todos los ámbitos de toma de decisiones públicas. Toda política que pensemos hoy debe considerar los objetivos globales de limitación del aumento de temperatura, abrazando una estrategia de desarrollo que integre el bienestar social, el progreso económico y el cuidado del ambiente desde una perspectiva de equidad intergeneracional”, enfatizó la legisladora cordobesa.

La huella de carbono es un indicador que mide las emisiones de gases de efecto invernadero que generan directa o indirectamente personas, instituciones, organizaciones o empresas en un período determinado. La medición representa un paso fundamental para conocer el impacto que se genera a nivel individual y así evaluar posibles medidas de reducción.

A su vez, esta iniciativa promueve la compensación como último eslabón para equilibrar aquellas emisiones que no pueden reducirse, bajo un enfoque de carbono neutralidad. Desde ese marco, se alienta el desarrollo de proyectos de compensación en la Argentina mediante la conservación y regeneración de ecosistemas que absorben emisiones, como los bosques nativos, y la reducción de emisiones significativas por medio de energías renovables.

El proyecto prevé el establecimiento de un sistema uniforme de medición de emisiones de GEI, basado en estándares internacionales; etiquetas de huella de carbono como una herramienta informativa para reconocer los esfuerzos voluntarios; el diseño de incentivos fiscales y crediticios para la inversión en tecnología, procesos y productos de baja generación de GEI; metas obligatorias de gestión de la huella de carbono del Estado junto a metas de medición para los sectores de mayor participación de emisiones a nivel nacional, entre otras medidas.

Entre los cofirmantes figuran Maximiliano Ferraro, Mario Arce, Federico Zamarbide, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Gonzalo Del Cerro, Albor Cantard, Ana Carla Carrizo, Gabriela Lena, Lidia Ascarate, Camila Crescimbeni,Mariana Stilman, Mónica Frade, Victoria, Morales Gorleri, Alberto Asseff, Ximena García, Federico Frigerio, Mariana Zuvic, Gerardo Cipolini, Diego Mestre, Jorge Enríquez, Claudia Najul y Alicia Terada.