El diputado nacional Pablo Juliano criticó al jefe de Gabinete por la inscripción de su esposa en el mecanismo de regularización tributaria, revelado por una investigación periodística que detalla inconsistencias y abre interrogantes sobre su situación patrimonial.
El diputado nacional Pablo Juliano apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de conocerse que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, se inscribió en el régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. “Adorni primero se engolosinó gastando cientos de miles de dólares crocantes y ahora hace que su esposa se inscriba en el Régimen de Inocencia Fiscal, una ley-traje a medida que el propio gobierno de LLA hizo para sus amigos, parientes y socios. No tengo dudas de que la DDJJ del jefe de Gabinete va a ser el ejercicio más bizarro de contabilidad creativa de la historia argentina. Dibuje, Ministro, dibuje”, sostuvo el legislador en su cuenta de X.
La polémica se desató a partir de una investigación publicada el 9 de junio de 2026 por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, donde se reveló que Angeletti solicitó su adhesión al régimen el 31 de mayo pasado, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El mecanismo, establecido por la Ley 27.799, permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.
De acuerdo con esa publicación, la constancia oficial –vigente hasta el 9 de julio– no detalla los montos involucrados ni los bienes regularizados, ya que esa información se encuentra protegida por el secreto fiscal. Sin embargo, el pedido de acogimiento al régimen se produce en un contexto sensible: días antes de que el propio Adorni deba presentar su declaración jurada patrimonial como funcionario público.
El informe periodístico señala que la situación adquiere relevancia adicional por el rol institucional de Adorni, quien ha sido uno de los principales voceros del gobierno en materia de transparencia, control del gasto público y lucha contra la corrupción. En ese marco, la regularización tardía de la situación tributaria de su cónyuge “genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario”.
La investigación detalla además que Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017 en el rubro de actividades profesionales, pero recién en octubre de 2025 formalizó su inscripción en el IVA y en el impuesto a las ganancias, cuando ya su esposo ocupaba un cargo de primera línea y ambos estaban considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP). Ese desfase temporal es observado por los investigadores judiciales como un elemento relevante.
En paralelo, la causa judicial en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito también analiza diversas operaciones patrimoniales de la familia. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito en 2025 por el que se abonaron US$30.000 en efectivo y se asumió una hipoteca de US$200.000 sin intereses, así como la adquisición de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz por US$120.000, también en parte en efectivo.
El pliego de María Verónica Michelli ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos tras haber reunido nueve firmas, para ser jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
El Gobierno nacional mandó en la noche de este miércoles un pedido a la Cámara alta para que se retire el pliego de la candidata María Verónica Michelli, el cual ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos tras haber reunido nueve firmas.
Michelli estaba postulada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. ¿Cuál fue el motivo? La candidata es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones que salpican la administración libertaria.
Para quienes me preguntan: sí, esto es verdad.
El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza federal por ser la cuñada de un periodista que investiga al oficialismohttps://t.co/oqUKPHpZv7
— Hugo Alconada Mon (@halconada) May 28, 2026
La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto. Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.
La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien fue la encargada de ordenar el freno del ascenso judicial, pese a que el propio presidente Javier Milei había firmado el pliego a mediados de marzo.
En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia.
Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión.
Tras las críticas políticas y sociales, la Casa Rosada envió al Congreso una versión corregida del Plan de Inteligencia Nacional que borra formulaciones que abrían la puerta al espionaje interno. La información fue revelada por el periodista Hugo Alconada Mon.
En silencio y sin anuncios públicos, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los puntos más sensibles del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el documento estratégico elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que había quedado bajo fuerte cuestionamiento por su redacción original. Según reveló Hugo Alconada Mon en una investigación publicada por La Nación, la nueva versión enviada al Congreso elimina o reformula los pasajes que habilitaban interpretaciones compatibles con tareas de espionaje ilegal dentro del país.
El PIN original, un texto secreto de unas 170 páginas desarrollado durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la SIDE, fijaba los lineamientos estratégicos de la política de inteligencia argentina. Sin embargo, tras su difusión periodística a fines de mayo, se encendieron las alarmas en sectores políticos, sociales y periodísticos por artículos que colocaban bajo la órbita de interés del sistema de inteligencia a actores que pudieran “erosionar” la confianza pública en el Gobierno, “distorsionar” la percepción social o afectar procesos “cognitivos” de la opinión pública.
De acuerdo con fuentes citadas por La Nación, esas formulaciones fueron suprimidas o acompañadas por aclaraciones explícitas en la versión corregida, que fue remitida nuevamente a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia luego de las elecciones de octubre. “Se eliminaron los aspectos más controvertidos y se receptaron la mayoría de las observaciones de los legisladores”, señaló una de las fuentes consultadas por Alconada Mon.
Uno de los ejes más cuestionados del texto original era la ambigüedad con la que la SIDE definía a los posibles sujetos bajo observación, sin distinguir entre amenazas externas y actores internos como economistas, periodistas, movimientos sociales u opositores políticos. También generaron preocupación las referencias a la manipulación informativa mediante nuevas tecnologías y a la supuesta afectación de procesos electorales, conceptos que, según las fuentes, fueron reformulados para circunscribirlos a acciones de origen extranjero.
Las correcciones habrían sido introducidas antes de la salida de Neiffert de la SIDE, con el objetivo de evitar mayores conflictos políticos y legales. En ese marco, el presidente Milei designó a Cristian Auguadra como nuevo titular del organismo, dando por cerrada una primera etapa de reorganización del sistema de inteligencia y anunciando el inicio de una fase de “modernización técnica y operativa”.
Desde el Congreso, sin embargo, persisten las dudas. La renovación parlamentaria dejó a la comisión bicameral en un limbo institucional, a la espera de la designación de sus nuevos integrantes, que deberán analizar formalmente la versión corregida del PIN. Mientras algunas interpretaciones sostienen que, sin dictamen definitivo, sigue vigente el documento original, otras fuentes aseguran que el Ejecutivo ya considera operativo el texto enmendado, más allá de la revisión legislativa.
La comisión bicameral estuvo presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el radical Martín Lousteau; ahora la presidencia pasa a Diputados, donde está ahora el expresidente del radicalismo, aunque está claro que la presidencia de la bicameral estará en manos de un libertario.
La polémica se ve atravesada, además, por el decreto 941/2025, firmado por Milei sin debate parlamentario, que amplió las facultades de la SIDE, incluyendo la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial y el cruce masivo de datos personales. Para sectores de la oposición, ese decreto contrasta con la decisión de suavizar el PIN y mantiene abiertas las preocupaciones sobre el alcance real del sistema de inteligencia.
Según detalló La Nación, la reescritura del Plan de Inteligencia se produjo en paralelo a un acuerdo político poco visible entre legisladores oficialistas y de Unión por la Patria dentro de la comisión bicameral. En una misma reunión, ambas bancadas aprobaron el último año de gestión de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández y el primer año de funcionamiento de la SIDE bajo la presidencia de Milei, en una maniobra que benefició a los dos espacios.
Desde el kirchnerismo defendieron esa decisión en términos contables y presupuestarios, al señalar que no se detectaron irregularidades y que incluso se devolvieron fondos al Tesoro tras la caída de un DNU. Otros legisladores, en cambio, fueron más críticos y describieron el episodio como un entendimiento transaccional sellado al final de los mandatos de la mayoría de los integrantes de la comisión.
La discusión sobre el Plan de Inteligencia Nacional expuso, una vez más, la tensión entre el rediseño del Estado que impulsa el Gobierno libertario y los límites institucionales que fija la ley de inteligencia, que asigna al Congreso la tarea de control parlamentario para garantizar el respeto de las garantías constitucionales. Con el texto corregido aún bajo revisión, el debate sobre hasta dónde puede llegar el poder de los organismos de inteligencia sigue abierto.
Una investigación publicada por Hugo Alconada Mon reveló que la SIDE elabora informes sobre dirigentes opositores, sindicalistas y funcionarios, violando la Ley de Inteligencia Nacional. Diputados de Democracia para Siempre exigieron explicaciones y pidieron la interpelación del titular del organismo.
Una información periodística dio cuenta este domingo que la SIDE redacta informes sobre dirigentes opositores, sindicalistas y grupos de funcionarios, transgrediendo la Ley 25.520 que lo prohíbe expresamente.
Los datos fueron reseñados por el periodista Hugo Alconada Mon, en la edición de este domingo del diario La Nación, y llevaron a los diputados de Democracia para Siempre a reaccionar airadamente. El presidente de esa bancada, Pablo Juliano, alertó que “están espiando opositores con tu plata”, y anticipó que “no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Desde el año pasado venimos denunciando que se usa la SIDE para perseguir y espiar a quienes no están alineados con la Casa Rosada, esto es inadmisible en un país democrático”.
“El informe revelado hoy por el periodista Hugo Alconada Mon deja en evidencia que se viola la Ley de Inteligencia Nacional poniendo recursos públicos en detallar qué hace y con quién se reúne por ejemplo un integrante de nuestro bloque, el diputado Facundo Manes, en lugar de luchar contra el avance del narcotráfico y del terrorismo”.
Juliano recordó que en el mes de mayo solicitó la interpelación en el recinto del titular de la SIDE, e hizo un llamado a todos los líderes de las bancadas opositoras a “que aprobemos esta interpelación y el responsable de la Inteligencia Nacional dé la cara y explique por qué tienen tanto interés en nuestras reuniones y en qué beneficia a la gente este tipo de informes y gastos”.
Por su parte, Facundo Manes advirtió que “Milei sigue la peor tradición de la casta, espiar a los que piensan distinto. Se ve que para eso el Estado no le molesta: desfinancia al Garrahan, pero le aumenta el sueldo a los “servicios”. Lo que sale a la luz sobre la SIDE es una vergüenza. Esto no nos va a dar miedo. Vamos a seguir defendiendo la Argentina que se quieren llevar puesta. Y la libertad de todos”.
Legisladores de Vamos por Más (VxM) y Confianza Pública (CP) impulsaron una iniciativa para que la Legislatura exprese su preocupación por los “ataques digitales y amenazas” que recibió el periodista tras dar una información relacionada a la SIDE.
Buscando garantizar la libertad de expresión, los diputados de Vamos por Más (VxM) y Confianza Pública (CP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración a través del cuál buscarán expresar su “profunda preocupación por los ataques digitales y amenazas” sufridas por el periodista Hugo Alconada Mon, en el marco de su labor profesional.
Según recodaron los legisladores, los ataques al periodista comenzaron luego de que este se refiriera públicamente a temas vinculados a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Los hechos denunciados incluyen: Intentos reiterados y fallidos de acceso a su cuenta personal de WhatsApp, Intentos de ingreso a su cuenta en la red social X (ex Twitter), recepción de correos electrónicos relacionados con la creación de perfiles en sitios pornográficos, lo que constituye una forma de hostigamiento y difamación. Asimismo, dio a conocer amenazas e insultos recibidos a través de WhatsApp, provenientes de números telefónicos de distintas regiones del país”, señalaron en los fundamentos del texto recientemente presentado.
Sobre esa misma línea, advirtieron que, frente a estos episodios, Alconada Mon presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), “lo cual demuestra la gravedad de los hechos y la necesidad de que los mismos sean debidamente investigados por la justicia”.
“Desde esta Legislatura porteña, consideramos que la protección de los periodistas y su derecho a investigar y comunicar sin represalias es un pilar fundamental para la vida democrática y cuando un periodista es atacado por motivos vinculados a su labor, no sólo se vulneran sus derechos individuales, sino que se afecta directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada”, remarcaron y concluyeron expresando su “preocupación y solidaridad con el periodista Hugo Alconada Mon, y exhortamos a las autoridades competentes a esclarecer estos hechos y garantizar el ejercicio del periodismo libre de amenazas y persecuciones”.
El texto en cuestión lleva las firmas de Claudio Romero, Emmanuel Ferrario (VxM), Graciela Ocaña, Sebastián Nagata y María Sol Méndez (CP).
El jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, presentó un proyecto para que se convoque a Sergio Neiffert. Dijo que el objetivo es "llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país".
Tras los ataques contra el periodista Hugo Alconada Mon, quien reveló lineamentos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) diseñado por la SIDE, que habilitaría el espionaje interno -cosa que el Gobierno negó-, desde la oposición en la Cámara de Diputados reclaman por la comparecencia de Sergio Neiffert, jefe del organismo de inteligencia.
El proyecto de resolución fue presentado este martes por el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y se enmarca en el artículo 71 de la Constitución Nacional, que le da la potestad a diputados y senadores de citar al Congreso a ministros y funcionarios con rango ministerial, como es el caso de Neiffert.
Juliano busca que se convoque al "Señor 5" a raíz de las repercusiones por la nota periodística de Alconada Mon, publicada en el diario La Nación, que da cuenta de que en el PIN se abre la puerta a usar el sistema de inteligencia estatal en contra de periodistas, líderes de opinión, dirigentes opositores y voces críticas al Gobierno nacional.
Según la información revelada, el PIN pone especial énfasis en "controlar el relato" y apunta sobre ciertos actores que “generen pérdida de confianza en las políticas económicas”, “manipulen la opinión pública” en procesos electorales o “erosionen la confianza en funcionarios” encargados de velar por la seguridad.
“Hoy se presentó el proyecto para que comparezca el titular de la SIDE ante la Cámara de Diputados y explique el PIN, dado que el periodista Alconada Mon accedió a un documento de 170 páginas en donde se darían casos de espionaje interno a periodistas, políticos, ciudadanos y partidos políticos que se opusieran a Milei y a su gobierno”, señaló Juliano.
Respecto del carácter secreto de este documento, y las preguntas que públicamente puedan eventualmente realizarle al titular de la SIDE, el radical aclaró: "Más allá de que al PIN sólo tienen acceso el presidente, el titular de la SIDE y la Comisión Bicameral de Inteligencia, aquí no pretendemos vulnerar la ley, sino buscar llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país y no están en el mismo periodistas, opositores, economistas o partidos políticos".
Además, el legislador resaltó que Alconada Mon aseguró "tener dos fuentes contrastadas, lo que hace que cumpla con las normas del periodismo independiente, clave para tener una democracia sólida”, en cuanto a la veracidad de la información, que fue desmentida a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
En cuanto a la Bicameral de Inteligencia, presidida actualmente por el senador radical Martín Lousteau, la misma no tiene que aprobar el PIN, sino que es un deber de la SIDE presentarlo ante la comisión. En todo caso, la bicameral podría citar a Neiffert para que brinde explicaciones por las dudas que surjan de su análisis. Es la posibilidad que ahora se baraja.
Por otra parte, sobre el presupuesto de la SIDE, Juliano recordó en los fundamentos del proyecto que "tras la última reasignación presupuestaria de principios de este mes dispuesta por Decisión Administrativa N°10/2025, la SIDE recibió otros $25.250 millones, lo que elevó su presupuesto total para este año a $80.872 millones, según los datos disponibles en el Ministerio de Economía y el Boletín Oficial. De ese total, $13.436 millones integran el rubro de 'gastos reservados', es decir, no rinden cuentas sobre cómo son gastados".
En tanto, el año pasado el Poder Ejecutivo le otorgó a la SIDE $100.000 millones por decreto de necesidad y urgencia (656/24), que fue el primero en la historia en ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.
La publicación sobre un presunto plan de inteligencia contra la prensa generó la respuesta del Gobierno nacional. Desde los bloques de la oposición señalaron que el Gobierno “atenta contra la privacidad de las personas y lo hace con la plata de todos los argentinos”.
Tras la publicación de una nota vinculada a un presunto Plan de Inteligencia que abriría las puertas a tareas de espionaje interno por parte de la SIDE y el posterior comunicado del Gobierno nacional, el periodista Hugo Alconada Mon denunció que fue amenazado y acusó un intento de hackeo en sus cuentas personales.
Las acusaciones reveladas en X por el escritor de La Nación, generaron el repudio de los integrantes de la oposición en el Congreso. El primero en manifestarse, fue el presidente de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien sostuvo que “se meten con Alconada por ejercer su rol de periodista”. “Mi total apoyo a él y a los que buscan la verdad y no se dejan amedrentar”, sumó.
Desde Unión por la Patria, la diputada nacional Sabrina Selva consideró que “Esto es gravísimo”. “No les alcanza con agredir periodistas, sino que además quieren espiarlos. Vamos camino a un lugar peligroso. Hay que poner un límite a esta dinámica del Gobierno que se llena la boca hablando de la libertad, pero atenta contra la privacidad de las personas y lo hace con la plata de todos los argentinos”, aseveró.
De Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer agregó: “De esto hablamos cuando decimos que (Javier) Milei persigue a quienes lo investigan o critican”. Luego, enfatizó: “Estemos atentos, la SIDE no es un chiste de un twittero, es un organismo público financiado con la plata de todos. Dejen de usarla para amedrentar”.
La diputada nacional Paula Oliveto de la Coalición Cívica añadió que “cuando un periodista es amenazado por hacer su trabajo, merece toda nuestra atención y repudio”. Y siguió: “Porque es así, poquito a poquito, que el miedo calla voces mientras otros se callan por agradarle al poder. Toda mi solidaridad con Alconada. Qué triste que la historia se repita y que no hayamos aprendido nada”.
El reconocido periodista presentará el martes su última novela: “La Cacería de Hierro”.
El próximo martes 12 de noviembre a las 16.30, Hugo Alconada Mon presenta “La Cacería de Hierro”, su última novela, en el Bar Piglia del Espacio Cultural BCN sito en Alsina 1835 de la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación es de acceso libre hasta agotar la capacidad de la sala, y se realiza en el marco del Ciclo Gabriel García Márquez, una iniciativa donde reconocidos periodistas presentan sus obras literarias.
El prestigioso periodista de investigación y escritor presenta su segunda novela, una trama que abreva en la historia argentina con datos y documentos hasta ahora desconocidos. “La cacería de Hierro” es un relato fascinante de una gesta en el que la complejidad de las pasiones y de las ambiciones devela lo más oscuro —y lo más admirable— del ser humano.
Hugo Alconada Mon nació en la ciudad de La Plata un 15 de junio de 1974. Es abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata; es magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, España; y Visiting Scholar en la Universidad de Missouri-Columbia, EE. UU. Además, es becario de la Universidad de Stanford, del Programa Eisenhower y de las Naciones Unidas (ONU). Sus notas y reportajes se han publicado en medios de una docena de países, incluyendo Alemania, Francia y Estados Unidos, donde colaboró con las ediciones en español de The New York Times y The Washington Post. Ganó múltiples premios nacionales e internacionales. Fue miembro de los equipos que investigaron y difundieron Wikileaks, Panamá Papers, Paradise Papers, FinCen Files, Bribery Division, Pandora Papers, Open Lux, entre otros, que recibieron los premios Pulitzer en 2017, junto a otros galardones de prestigio internacional. Publicó los libros Los secretos de la valija (2009), Las coimas del gigante alemán (2011), Boudou, Ciccone y la máquina de hacer billetes (2013), y los bestsellers: La Piñata (2015), La raíz de todos los males (2018), Pausa (2020) y Pausa II (2021). En 2022 publicó su primera novela, La ciudad de las ranas; y este año 2024, La cacería de Hierro. Actualmente se desempeña como Prosecretario de Redacción del diario La Nación (Argentina), maestro de la Fundación Gabo (FNPI), colaborador del diario El País (España), miembro del International Consortium of Investigative Journalists (ICI) y columnista de Radio Play Urbana.
Celebró que esa asociación y la Academia Nacional de Periodismo reclamaran el esclarecimiento de los supuestos casos de espionaje a periodistas como Alconada Mon.
El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, diputado Leopoldo Moreau, manifestó su beneplácito por las declaraciones de ADEPA y la Academia Nacional de Periodismo que reclaman el esclarecimiento sobre maniobras de inteligencia que tuvieron como víctimas a los periodistas Hugo Alconada Mon y Rodis Recalt.
“Junto a ellos, habría que agregar -añadió el legislador- un número más amplio de trabajadores de prensa que fueron objeto de la persecución que, a través del espionaje del aparato ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina, se ejercitó desde el Gobierno entre 2016 al 2019”.
Finalmente Moreau adelantó que “en los próximos días se convocará a ADEPA y a la Academia Nacional de Periodismo, como así también a entidades sindicales representativas de los trabajadores de prensa y a otras asociaciones, para ponerlos en conocimiento de la información que obra en el ámbito de la Comisión Bicameral de Inteligencia respecto a las maniobras ilícitas que tuvieron como víctimas a periodistas de diversos medios”.