Los diputados nacionales Martín Tetaz (Evolución Radical) y Hugo Romero (UCR) presentaron cada uno un proyecto que tienen como objetivo citar a la Cámara baja al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para dar información y explicaciones sobre lo que sucede en las provincias de Jujuy y Chaco.

El proyecto de Tetaz solicita que Pietragalla comparezca ante las comisiones correspondientes de la Cámara con la finalidad de que informe e indique si viajó en el avión presidencial Tango 04 o en algún otro medio de transporte a la provincia de Jujuy durante el fin de semana del 18 de junio.

También que indique el listado completo de quienes lo acompañaron y dónde se hospedaron; los motivos del viaje; si se ha reunido con las autoridades de la provincia a los efectos de interiorizarse de los hechos suscitados en Jujuy; que indique si el Gobierno tiene conocimiento de la reforma constitucional local.

Además, pide saber cuántos recursos del Estado Federal fueron erogados durante su presencia en Jujuy; si tiene un viaje programado a la provincia de Chaco y si sabe lo que ocurrió allí en términos de derechos humanos.

“Tenemos serias dudas que la presencia de Pietragalla haya tenido que ver con la defensa de los derechos humanos en dicha provincia. Por el contrario, sospechamos que formaron parte de la organización de los hechos vandálicos ocurridos en los bienes públicos de la provincia”, manifestó Tetaz en su iniciativa y denunció: “Nos llama la atención que el secretario no haya pasado por Resistencia donde una mujer ha desaparecido”.

La iniciativa del economista es acompañada por los diputados Carlos Zapata, Margarita Stolbizer, María Sotolano, Marcela Campagnoli, Germana Figueroa Casas, Lidia Ascárate, Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, María Eugenia Vidal, Camila Crescimbeni, Sabrina Ajmechet, Marcela Antola, Graciela Ocaña, Gerardo Cipolini, Adriana Ruarte, Pablo Torello, José Núñez, Ana Clara Romero, Claudio Poggi y Roberto Sánchez.

Por su parte, el proyecto del radical Romero suma un nombre más, el del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. En el texto, solicita que informen si el Gobierno nacional ha intervenido, mediante organización, financiamiento, inteligencia y/o cualquier otra medida de colaboración en los disturbios acaecidos en Jujuy.

A su vez, saber si se han tomado medidas relativas a garantizar la forma republicana de gobierno que se “encuentra alterada” en Chaco. La iniciativa es acompañada por los diputados Karina Banfi, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Juan Martín, Miguel Ángel Bazze, Gabriela Lena, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini, Julio Cobos, Natalia Sarapura, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Miguel Aguirre y Marcos Carasso.

El diputado nacional Hugo Romero (UCR -Córdoba) junto a más de una quincena de legisladores, presentaron un proyecto de ley para modificar el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

“Presentamos un proyecto de modificación de ley para convertir al monotributo en un instrumento de inclusión tributaria, social y financiera, beneficiando a los actuales pequeños contribuyentes inscriptos y facilitando la incorporación a quienes hoy están en la economía informal”, informó el radical a través de sus redes.

Según lo que detallan, el proyecto prevé establecer -entre otras cuestiones- un monotributo universal, beneficios para los actuales monotributistas inscriptos como así también incentivos para los nuevos monotributistas que se encuentran bajo la informalidad.

Una de las principales propuestas de la iniciativa es “modificar las categorías vigentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, aumentando los límites mensuales de ingresos brutos a importes que se adecúen a la realidad actual de la economía argentina”. 

“Ante eso, estamos proponiendo que la categoría A abarque a todas las personas que tengan ingresos mensuales inferiores a $111.300,38, que no pagarán el tributo y obtendrán devolución de IVA por compras de canasta básica, entre otros beneficios”, precisaron.

En suma, sostuvo: “Entendemos que, ante el surgimiento de nuevas actividades laborales y la creciente informalidad, es necesario que el monotributo sea universal, es decir que toda persona al cumplir 18 años sea considerada monotributistas categoría A, obteniendo beneficios por parte del Estado para desarrollarse en su actividad laboral”.

En ese marco “las personas que sean incluidas en esta categoría no pagarán el impuesto integrado, tendrán menos obligaciones administrativas – con facturación optativa y sin necesidad de recategorizaciones mientras no superen el límite máximo-, acceso al sistema financiero argentino – posibilidad de financiación por parte de bancos- obra social gratuita y podrán contribuir al régimen previsional de forma opcional”.

“De este modo, brindaremos más oportunidades a los nuevos inscriptos como a los miles de jóvenes que desean desarrollar sus proyectos, ideas y emprendimientos en nuestro país”, argumentaron porque “consideramos también que en Argentina la arbitrariedad y la falta de seguridad jurídica obstruyen los proyectos económicos de los trabajadores, que carecen de previsibilidad en sus contribuciones e impuestos”.

Además, señalaron que “el monotributo, desde el año 1998 (año de creación del monotributo) a la fecha, sufrió 22 modificaciones/complementaciones por ley. Es decir, casi 1 (una) modificación por año. Y sumando decretos y resoluciones, el Régimen sufrió al menos 158 modificaciones/complementaciones. Por eso, en este proyecto proponemos que el monotributo cuente con estabilidad fiscal por 10 años”.

En síntesis, con las medidas planteadas “proponemos una solución para disminuir la informalidad, a su vez de ofrecer beneficios, baja de costos y simplicidad administrativa para que más trabajadores particulares accedan al monotributo mediante una categorización acorde a la realidad de nuestra economía”.

“Con instrumentos fiscales como el que planteamos, alentamos a que el Estado comience un proceso de disminución de la presión fiscal a través de la ampliación de la base tributaria de contribuyentes, además de combatir a la evasión mediante la promoción del uso de medios electrónicos bancarizados”, finalizaron.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Hugo Romero (UCR-Córdoba), presentaron un proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias, con el objetivo de “lograr mayor equidad tributaria para los contribuyentes autónomos y mayor previsibilidad para los trabajadores en relación de dependencia”.

“Sostenemos que los contribuyentes autónomos están en desventaja en cuanto a las deducciones que se les aplica en el impuesto a las Ganancias con respecto al resto de personas físicas que tributan este gravamen”, afirmó Romero.

Los legisladores explicaron que la iniciativa busca modificar el apartado 1, inciso c, del artículo 30 de la actual ley, elevando la deducción especial a 3,8 veces el mínimo no imponible. “De este modo, estaremos igualando la deducción entre ambos tipos de contribuyentes, disminuyendo la carga tributaria a los trabajadores autónomos”, destacaron.

Por otro lado, mediante la modificación del anteúltimo párrafo del inciso c del artículo 30, “proponemos brindar mayor previsibilidad estableciendo por ley los aumentos de los valores de deducción, que actualmente son otorgados vía decreto por el Poder Ejecutivo Nacional”, indicaron.

Además, tratándose el impuesto a las Ganancias de un impuesto anual, el proyecto propone que el valor de la deducción especial sea para todo el ejercicio económico del año 2021.

“Vemos necesario que su implementación sea vigente desde el 1 de enero del 2021, por lo que consecuentemente solicitamos la derogación del decreto 620 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 16 de septiembre de 2021”, apuntaron.

Los diputados de la oposición remarcaron que la iniciativa “atiende la demanda de miles de contribuyentes autónomos que se ven perjudicados en los montos de deducciones del impuesto a las Ganancias y dota de mayor previsibilidad a la legislación que determina a partir de cuando un trabajador en relación de dependencia debe pagar este impuesto”.

El proyecto lleva las firmas de Hugo Romero, Soledad Carrizo, Alejandro Cacace, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Claudia Najul, Diego Mestre, Federico Zamarbide, Ximena García, Gonzalo Del Cerro, Mónica Frade, Gerardo Cipolini, Jorge Enríquez y Gabriela Lena.

El diputado nacional por la UCR Hugo Romero presentó un proyecto que tiene por objeto generar un beneficio fiscal a todos los contribuyentes cumplidores de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras que no posean deudas al 30 de noviembre de 2019 (fecha establecida en la ley 27.541) o al 30 de junio del 2020 (en caso de aprobarse el proyecto de ley de ampliación de moratoria) y que haya efectivamente pagado intereses o multas por obligaciones fuera de término. 

“Proponemos que el monto total abonado en intereses o multas por los contribuyentes cumplidores se transforme en un crédito fiscal para ser utilizado en obligaciones futuras”, explicó el legislador cordobés.  

En este sentido, agregó que lo que se busca es “poner en igualdad de condiciones a aquellos que acceden a los beneficios de exenciones y/o condonaciones previstas en la moratoria, con los contribuyentes que hicieron el esfuerzo, pagando multas e intereses para ponerse al día con las obligaciones tributarias, incluidas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019”. 

“En estos tiempos difíciles, existen millones de contribuyentes que han realizado un gran esfuerzo para cancelar sus obligaciones a término y muchos de ellos lo hicieron pagando intereses y multas por no haber podido cumplir en los plazos establecidos”, dijo el diputado. 

“Necesitamos, desde el Estado, brindar distintos mecanismos para acompañar a todos los sectores de la economía. Así como apoyamos la extensión de moratorias y distintas medidas para aquellos que por la crisis no logran cancelar sus obligaciones, también debemos beneficiar a quienes, a pesar de estas circunstancias, tuvieron la decisión de cumplir con el fisco”, concluyó Romero. 

En medio del debate sobre Vicentin, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley de Expropiaciones, con el fin de derogar las disposiciones relativas a la ocupación temporánea anormal de bienes.

“La denominada ‘ocupación temporánea anormal’ prevista en la ley constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica”, señalaron.

El proyecto, encabezado por Hugo Romero (UCR-Córdoba) propone la derogación de los artículos 58, 59, 60 de la Ley 21.499, eliminando definitivamente la figura de la “ocupación temporánea anormal” y garantizando así la intervención del Congreso en la declaración pública en todos los casos en que el derecho de propiedad deba afectarse en forma permanente o temporaria.

“La expropiación tiene base en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que reconoce como regla el derecho de propiedad al que califica de inviolable con dos excepciones: la privación en virtud de sentencia fundada en ley, y expropiación por causa de utilidad pública calificada por ley y previamente indemnizada”, recordó Romero.

En este sentido, destacó que “resulta claro del texto constitucional que la afectación del derecho de propiedad solo procede por acto del Poder Judicial fundado en ley del Congreso y por acto de la Administración fundado también en el acto del Congreso de declaración de utilidad pública”.

Y agregó: “Esto es así, por cuanto el goce de los derechos constitucionales solo puede estar limitado por ´leyes que reglamenten su ejercicio´ a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la Carta Magna”.

“La protección del derecho de propiedad forma parte de la cultura jurídica nacional y aparece reconocido en el primer constitucionalismo argentino. La medida de la privación de la propiedad por parte del Estado requiere necesariamente indemnización previa y la intervención del Congreso mediante una ley de declaración de utilidad pública. Se trata de una medida extraordinaria que debe ser calificada por ley, lo que constituye una garantía para impedir el uso arbitrario de la figura”, subrayó Romero.

Para el diputado, “la ‘ocupación’ como una figura no prevista expresamente en la Constitución y que significa la afectación del derecho de propiedad por un período de tiempo determinado, si bien no tiene las características de perpetuidad de la expropiación, continúa regida por la garantía constitucional, ya que el artículo 17 de la Carta Magna la protege cualquiera sea su afectación, permanente o temporaria, requiriendo la intervención del Congreso como una etapa del procedimiento que debe seguirse aun cuando la desposesión no fuere permanente”.

El proyecto lleva también las firmas de los diputados Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Luis Pastori, José Cano, Brenda Austin, Miguel Bazze, Alejandro Cacace, Luis Petri, Federico Zamarbide, Luis Juez, Soher El Sukaria, Sebastián Salvador, Ximena García, Jorge Vara, Dolores Martínez, Lidia Ascarate, Leonor Martínez Villada, Gabriel Alfredo Frizza, Adriana Ruarte, Estela Regidor, Lorena Matzen, Ricardo Buryaile, Gerardo Cipolini, Claudia Najul, Atilio Benedetti y Aída Ayala.