El diputado bonaerense y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (Frente de Todos), presentó este jueves un proyecto de declaración que señala la inconstitucionalidad de la iniciativa presentada por el senador porteño Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) que intenta suprimir la indemnización por despidos y reemplazarla por un “Fondo de Cese Laboral”.

En el proyecto, que recibió el acompañamiento de varios legisladores, muchos de ellos de extracción sindical, se plantea explícitamente que la Comisión no deberá dar “curso favorable a ninguna propuesta legislativa que lesione, contraríe o menoscabe en modo alguno derechos sociales fundamentales, o sus garantías, ni que contradiga de cualquier modo el mandato vinculante que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone al Poder Legislativo, dirigido a otorgar al trabajo ‘la protección de las leyes’ y, especialmente, asegurar ‘al trabajador (…) protección contra el despido arbitrario’”.

En sus fundamentos, Yasky asegura que ninguno de los sistemas en que se inspira este Fondo, “es compatible con la Constitución argentina”. Se refiere concretamente a las legislaciones de Austria y Brasil aludidos en el proyecto en ciernes. Y agrega que “dictado de una ley como la que se ha sometido a tratamiento parlamentario en el Senado confronta en la dimensión teleológica con la misión que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Fundamental encomienda al Congreso, que es la de “Proveer lo conducente al desarrollo humano (y) al progreso económico con justicia social”.

Por otra parte, la iniciativa de los diputados del Frente de Todos, observa que el proyecto de Lousteau tiene también graves falencias legislativas ya que “se postula que el porcentaje del aporte destinado a nutrir el fondo varíe según el criterio del poder de turno, lo cual, por otra parte, resultaría generador de incertidumbre para las empresas y más aún para trabajadoras y trabajadores, que vendría a agregarse a la inseguridad en términos de inestabilidad en el empleo derivada de la desaparición del factor disuasivo del despido que representaría la derogación de la indemnización que actualmente prevé la Ley de Contrato de Trabajo”.

La presentación del Secretario General de la CTA, fue acompañada con las firmas de las diputadas y los diputados Claudia Ormachea, Walter Correa, Santiago Igon, Pablo Carro, Patricia Mounier, Gisela Marziotta, María Rosa Martinez, Mónica Macha y Lía Caliva.

El diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky explicó que “la oposición encontró el justificativo para ausentarse” y no dar quórum al tratamiento de la ley de etiquetado frontal de alimentos.

En declaraciones al programa “La Mecha” por Radio Provincia, dijo que “fue una clara jugada de quienes quieren utilizar la sesión para negociar otros temas que no se corresponden con las necesidades. Esta ley puede perder el estado parlamentario”.

Yasky aclaró que la norma “tiene el apoyo de toda la sociedad civil, de personas que padecen enfermedades y que sufren mala alimentación, sólo tienen a favor a las empresas azucareras y alimenticias”.

Añadió que “vamos a intentar tener una nueva sesión para evitar que este proyecto pierda estado parlamentario. Intentaremos lograr la mayoría”.

Yasky puntualizó que “en los debates en las comisiones, la mayoría de la oposición compartió la ley de etiquetado” aunque reconoció que “hay un factor que es el contexto de la campaña electoral, que hace que todo sea más difícil”.

En el marco de las medidas que busca el Gobierno para amortiguar el impacto de la inflación y revertir la situación de las PASO, el diputado nacional y candidato a renovar su banca Hugo Yasky (FdT – Buenos Aires) se refirió puntualmente al aumento del salario mínimo, vital y móvil, aunque remarcó que es “deplorable encontrarte con un mínimo de 33 mil pesos”. En este sentido, apuntó contra el mandato de Mauricio Macri porque “destruyó como si fuese información tóxica el control de precios”, y precisó que para “recuperar electorado” en las generales hay que “demostrar que son distintos”.

En diálogo por la FM 89.3, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) analizó el incremento del salario mínimo vital y móvil a 33 mil pesos en febrero: “Se dio un paso importante este año porque se acortaron los plazos y tenía la pretensión de acomodar los salarios en plazos de un año estamos trabajando en ciclos cortos y haciendo que el salario mínimo vital y móvil le vaya ganando a la inflación, es una carrera que se suele ir de atrás”.

“Este año con el adelantamiento que se hizo, porque íbamos a terminar cobrando 29.000 pesos en mayo, podemos recomponer la cifra y establecer esta nueva modalidad, es importante”, remarcó. Sin embargo, expresó que “es deplorable encontrarte con un mínimo de 33 mil pesos, pero es parte de la realidad que tiene que ver con que el salario del 2015 al 2019 perdió 25 puntos. De todos los asalariados los más castigados fueron los que cobraban la mínima y hay que cambiar eso”.

En relación a la formación de precios, Yasky precisó que “hay que tener una política activa desde el Gobierno para tratar de ponerle solución a este gravísimo problema”, y recordó que “a principio del Gobierno de Alberto Fernández tuvimos un aumento general de salario, después paritarias, pero en 3 o 4 meses licuaron lo que se había conseguido los formadores de precios, es una puja distributiva que ellos siempre llevan adelante”.

“La única manera de poder modificar esta situación es con políticas públicas”, subrayó el diputado del FdT y ejemplificó que eso se podría llevar a cabo con “una batería de medidas como retenciones, control de precios, otras formas de intervención como la apertura de emprendimientos”, las cuales “ni bien se las anuncias a los grandes grupos económicos del país muestran su hostilidad”. De esta manera, aseguró que “no se puede seguir apostando a que los formadores de precios tengan piedad de nosotros, creo que esta claro que hay que aplicar un tipo de políticas porque sino todo lo que se acomoda en términos de paritarias después en pocos meses se desacomoda”.

En esta misma línea, el candidato a renovar su banca manifestó que “esas medidas están, pero desarticuladas y con una escala muy insignificante para la tasa demográfica de la provincia”, y apuntó contra la oposición porque “lo que había en términos de instrumentos para controlar los precios en la época de Kicillof todo eso el macrismo lo destruyó, como si fuese información toxica para ello. Hay que restituirlo e incorporarlo”.

Por otro lado, coincidió en la opinión del economista Ricardo Aronskind que habló de “seducción de las corporaciones” y que “si el Gobierno no adoptaba un nivel de conflictividad no iba a  poder defender los intereses de la población”, porque “no hay en este terreno fáciles victorias, o te resignas a que estos grupos vayan imponiendo las reglas del juego que quieren devaluación, aunque en algún punto tiene que haber un quiebre para imponer una lógica en la que los grupos empresarios tengan rentabilidad, pero no a costa de hacer inviable la vida de los asalariados. En cualquier Gobierno capitalista del mundo se busca bajar el costo de los alimentos, de la electricidad”.

Por consiguiente, expresó su punto de vista sobre la discusión entre Alberto y Cristina (Kirchner): “Creo que por ahí no está explícitamente planteado, sino subyacente en el planteo que hace Cristina digamos de ser o asumir otra actitud frente a una realidad que te impone límites que, aunque no quieras manejarte dentro de ellos tenes que hacerlo, en ese sentido lo peor es tener una actitud budista”.

Por último, en relación a la derrota en las urnas y al Presupuesto 2022 opinó: “Yo creo que el Presupuesto de este año y del siguiente son claves porque somos conscientes que después de las PASO que tenemos que recuperar electoralmente una ciudadanía desencantada. No podemos dejar de mencionar el peso enorme que tuvo la pandemia, pero también de que quedan dos años para recuperar la visión de ese electorado”, y se diferenció de la oposición: “Tenemos que demostrar que somos distintos a los que gobernaron en función del ajuste y la especulación financiera”.

El diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Hugo Yasky (FdT – Buenos Aires) habló sobre los índices de desempleo y cuestionó a la oposición porque mientras ellos “ofrecen salidas mágicas como el gatillo fácil para despedir”, el Gobierno se encarga de “crear empleo, proteger a las PyMes y los salarios”.  Además, remarcó que hay que recuperar la “brecha” y la “caída” de salario mínimo que dejó la gestión anterior.

En declaraciones por Radio 10, el gremialista se refirió a los datos que se dieron a conocer sobre la baja de los índices de desempleo respecto del segundo trimestre del año y celebró: “El hecho de que haya bajado un punto y medio la desocupación es una noticia excelente porque es la manera de salir de la crisis”.

En esta línea, agregó que “la única manera de que la Argentina tenga la posibilidad de darle a todos un salario digno es trabajando y eso es lo que está haciendo el Gobierno”, y cargó contra la oposición porque esto “pone al descubierto las mentiras de los que ofrecen salidas mágicas como el gatillo fácil para despedir como la ley que proponen. Si abaratan los despidos habrá una montaña de despedidos”.  Por el contrario, manifestó que “crear empleo y proteger a las pymes y los salarios de trabajadores” es el camino “virtuoso que estamos viendo con índices muy contundente”.

A su vez, respecto al aumento del salario vital y móvil, Yasky aseguró que “fue una medida importante”, aunque remarcó, apuntando otra vez contra el mandato de Mauricio Macri, que “falta mucho para recuperar con los 4 años del macrismo. La enormidad de 25 puntos lo más golpeado fue el salario en general y en particular el mínimo”, y se diferenció porque se “recuperó” un porcentaje “muy importante casi 50 puntos de aumento”.

“Lo que planteamos desde la CTA es la caída que hubo en la época de Macri y como esa brecha hay que recuperarla y la vez claramente en un cuadro que hay donde Argentina tenía el salario mínimo más alto de América a fines del Gobierno de Cristina Kirchner, hoy somos es el más bajo”, sostuvo el diputado del FdT

Por último, comparó: “Hay dos ejemplos, una es la creación de 5 millones de puestos de trabajos en los mandatos de Néstor y Cristina (Kirchner), y se respetaron todas las leyes y todo eso se destruyó en 4 años de macrismo y ahora tenes otra vez lo mismo es decir estamos recuperando el empleo porque protegemos las PyMes”.

En este sentido, el legislador nacional diferenció que “no las hacemos competir con las empresas de afuera, no les metemos tarifazos, no los asfixiamos con las tasas de interés, y estamos generando la demanda eterna”, y concluyó que “ese modelo genera empleo, no el modelo que le da la impunidad absoluta a los empresarios y de eliminar derechos, eso hace que ninguna conquista se pueda sostener. No queremos que se genere una relación asimétrica”.

Por otra parte, en declaraciones a radio La Red, Yasky envió una alerta sobre el Presupuesto 2022: “Lo vamos a estudiar a fondo y nada que sea ajuste lo vamos a aceptar”. Y al ser consultado sobre posibles modificaciones que impulse el propio oficialista, respondió que “por supuesto, sí, ha pasado también con el anterior”. Además, expresó que hay que “hacer que los números favorezcan a la gente, a una recuperación económica con la gente adentro, no una macroeconomía brillante con el pueblo mirando” desde afuera.

El diputado nacional Hugo Yasky (FdT) aseguró que las medidas económicas que planea el Gobierno nacional “son destinadas a recuperar la línea que nos marcó el voto popular”, y no “como dice la oposición, de que cada medida es para ganar votos el 14 de noviembre. No es así”.

Por otra parte, en declaraciones a radio El Destape, el gremialista destacó “la recuperación de tres puntos respecto a la inflación de este año” que se logró con el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, acordado por el Consejo del Salario, y aseguró sentirse “conforme” con el incremento de ese haber.

“El Salario Mínimo influye sobre el aumento de todos los planes sociales y la batería de prestaciones sociales, que se actualizan por ahí”, señaló el legislador sobre la suba de $29.160 a $33.000 del SMVM, que se realizará en tramos.

Y explicó que ante la posibilidad de que ese porcentaje otorgado “quede por debajo de la inflación” en marzo del 2022, se estableció en el encuentro “una instancia de revisión” en función de la evolución de los precios.

El titular de la CTA de los Trabajadores indicó que si bien “son pocos los trabajadores que tienen su salario ligado al Salario Mínimo”, este aumento sirve como “punto de referencia para las paritarias” de otras actividades.

En este sentido, el oficialista recordó que el Gobierno nacional prepara “otras medidas para mejorar los ingresos”. “Se está discutiendo un nuevo IFE y algunas otras medidas”, adelantó Yasky, aunque aclaró que por ahora no se analiza la posibilidad de otorgar “un aumento general de salarios”, como algunos dirigentes oficialistas pedían tras la derrota electoral.

En relación a los trabajadores del sector privado, el sindicalista expresó que “está en evaluación unos bonos, pero dependiendo de cada sindicato”.

Por otro lugar, Yasky se refirió a los cambios de Gabinete y dijo que “permite dejar atrás una crisis que era necesaria”.

Autocrítico tras la derrota del oficialismo en las PASO, y al ser consultado por eventuales cambios en el Gabinete, el diputado nacional Hugo Yasky lanzó que “si hay ministros a los que algunas decisiones les producen vértigo, por supuesto tendría que haber cambios”.

“Si tenés seis meses de superávit fiscal y una marea de pobreza y la aguja no se mueve, tenés que replantearte las cosas y eso es lo que faltó”, observó el legislador del Frente de Todos.

Para el secretario general de la CTA de los Trabajadores, el Gobierno tiene que “avanzar con una distribución de la riqueza”, al tiempo que “tiene que haber una recomposición de los ingresos y no sólo de los que tienen paritarias”.

“Pensando que quedan dos años, el Gobierno tiene que tomar medidas para avanzar con una distribución de la riqueza que permita que los sectores que todavía no advirtieron el cambio de orientación económica vean la recomposición de los ingresos”, sostuvo.

Para el dirigente sindical, en los próximos meses debería haber “un aumento generalizado de salarios”. “Si tenemos dificultades para que el salario le gane a la inflación hay que definir las medidas para que pueda ganarle. Lo mismo para el Salario Mínimo, Vital y Móvil y las jubilaciones. Hay que asegurar que los jubilados tengan salarios por encima de la inflación. Esto va a demostrar que vinimos para otra cosa, no solo para administrar la crisis de la deuda, sino para que la economía se recupere”, enfatizó.

En diálogo con radio El Destape, Yasky opinó que “el Gobierno no tuvo los reflejos políticos necesarios para tomar las medidas que frenen esa situación”, y ahora debe trabajar en “construir un país que realmente sea distinto cuando termine el mandato”.

“Millones de argentinos no percibieron en su bolsillo los cambios que el Gobierno había prometido”, admitió y agregó: “No tuvimos la capacidad de producir un cambio perceptible en los bolsillos de los que menos tienen”.

En esta línea, el diputado, candidato a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, señaló que se requiere “construir un país que cuando termine el mando del Frente de Todos sea distinto, con menos pobreza y más oportunidades de empleo”.

El diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky le aconsejó a los jóvenes “usar el voto como un arma para transformar”, al tiempo que dijo que este sector de la población es el “más castigado por las políticas del ajuste y neoliberales”.

Al ser consultado en radio El Destape por el electorado joven, el oficialista lamentó que “los quieren seducir con propuestas libertarias, la gente que se peina raro (en alusión a Javier Milei), pero que en realidad tienen un pensamiento conservador de derecha profundo”.

“Los jóvenes necesitan la oportunidad del empleo, la universidad abierta, que se termine con la violencia institucional, que se les dé la oportunidad de tener una vida digna”, consideró el legislador.

Además, el secretario general de la CTA de los Trabajadores enumeró que es necesario “reducir la jornada laboral, redistribuir mejor las riquezas, atreverse y tener el coraje político de poner en marcha medidas que tienen que ver con recuperar el ingreso de los sectores populares, y eso la derecha no lo va a hacer”.

De cara a las PASO del próximo domingo, Yasky, precandidato a renovar su banca, sostuvo: “Confío en que todo el esfuerzo que se hizo en estos dos años va a ser reconocido por nuestra gente, aún con todo lo que falta”.

“Estamos en un momento bisagra, hay que darle para adelante, porque sino la derecha puede recuperar la posibilidad de empezar a volver generar turbulencias”, advirtió y agregó que “lo que miramos por el espejo retrovisor es un país en el que perdimos mucho los sectores populares”.

Respecto a la participación del padrón, el diputado remarcó que “no ir a votar es el vacío de la política, es la antipolítica, es lo que las corporaciones, los sectores dominantes necesitan para volver a ocupar el espacio”.
Y acusó de que “los ruralistas, la patria contratista, la patria financiera quisieran que cada vez fuéramos menos nosotros a las elecciones”.

El diputado nacional Hugo Yasky (FdT) consideró este jueves que la economía argentina está “empezando a remontar” tras el “desastre” de la gestión de Mauricio Macri, a quien calificó como “el campeón del lavado de dinero”, a raíz de las declaraciones del expresidente sobre la evasión de impuestos.

“Estamos empezando a remontar la cuesta que nos dejó el desastre del macrismo en la economía. El gobierno de Cambiemos prácticamente hundió a la industria nacional”, subrayó el secretario general de la CTA de los Trabajadores.

Consultado en AM750 por los dichos de Macri, que en una entrevista a LN+ sostuvo que “nadie va a venir a invertir en un país donde para ganar plata hay que evadir impuestos”, el legislador oficialista expresó: “Esa frase refleja el pensamiento de alguien que toda su vida hizo eso. Macri evadió impuestos haciendo lavado de dinero, fugando capitales. Es el campeón del lavado de dinero”.

“Todo lo basó en la especulación financiera. Y tras cuatro años de gobierno nos dejó una deuda que todavía tenemos delante de los ojos”, agregó Yasky, precandidato a renovar su banca en las próximas elecciones.

Por otra parte, el diputado también se despachó contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por sus declaraciones sobre fumarse un porro en Palermo o un barrio popular. “Cuanto más dure la campaña y cuánto más hablen, más claramente se revela el pensamiento que tienen”, los principales referentes de Juntos por el Cambio, señaló.

“Para ellos, los pobres, los humildes, los que viven en zonas carenciadas, los que tienen la piel más oscura, no tienen que tener ni derecho a la Universidad, ni derecho a fumar un porro, ni derecho a trabajo digno, ni derecho a tener un Gobierno que los respete. Para ellos, los pobres son una especie de felpudo donde se tienen que limpiar sus pies”, arremetió.

Y por último, completó: “Cuando más hablan, más revelan un pensamiento absolutamente conservador y reaccionario”.

El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) reiteró su intención de instalar el debate sobre la reducción de la jornada laboral, un tema sobre el que, en los últimos días, también se manifestaron a favor otros de sus pares, como Fernanda Vallejos.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores propone discutir el cambio de las 48 horas semanales a 40, en base a un proyecto de ley que presentó el año pasado en la Cámara baja.

“Argentina tiene una de las jornadas laborales más extensas, de 48 horas semanales, fijada hace 101 años por la OIT. Sí, hace 101 años”, señaló en su cuenta de Twitter el legislador oficialista.

En ese sentido, destacó que “el experimento en países como Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón e Islandia muestra buenos resultados”.

Yasky, que en las elecciones de este año irá en busca de un nuevo mandato, advirtió que “los índices de desocupación son alarmantes. Estamos ante la posibilidad de distribuir más equitativamente un bien escaso como el empleo”. Y enfatizó que “el sindicalismo y la política deben hacerse cargo de esta discusión”.

Además, el diputado aseguró que “el impacto positivo en el ambiente está estudiado: reducción de combustión, del gasto de energía y de la circulación de gente”.

https://twitter.com/HugoYasky/status/1423032041797558276

“La posibilidad de tener una vida menos alienada representaría beneficios incuestionables para lxs trabajadorxs y la sociedad en su conjunto”, continuó, y sostuvo que este cambio “también beneficiaría a los grupos empresarios: el ensayo sobre la reducción de la jornada laboral en Islandia demostró una mejora en la productividad”.

Finalmente, el dirigente sindical consideró que “la pandemia nos golpeó fuerte, después del cimbronazo de la debacle macrista. Estamos ante la posibilidad de repensar las desigualdades y transformarlas en justicia social. Convertir este proyecto en ley sería el primer paso”.

El proyecto presentado por Yasky -en septiembre del año pasado- propone modificar el artículo 1ro. de la Ley 11.544 -de jornada de trabajo-, de modo de establecer que “la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 40 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro”.

Además, busca adecuar con este cambio la letra del artículo 190 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), referido al trabajo de menores entre 16 y 18 años.

Por otra parte, una iniciativa paralela busca modificar el artículo 198 de la LCT, que quedaría redactado: “La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. En estos casos la jornada pactada tendrá los mismos efectos que la jornada máxima legal”.

El diputado nacional Hugo Yasky confirmó este miércoles que integrará la lista de precandidatos del Frente de Todos, de cara al cierre de listas este sábado 24. De esta manera, el secretario general de la CTA buscará su segundo mandato.

“Voy a estar en la lista (del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires) para renovar mi banca en la Cámara de Diputados”, afirmó y dijo que está trabajando para que “en otras jurisdicciones otros compañeros del ámbito sindical puedan postularse también”. “Nos gustaría que Daniel Catalano se presente como precandidato a legislador porteño”, señaló.

En declaraciones a El Destape Radio, el legislador sostuvo que “la oposición elige un perfil de precandidatos para eludir la responsabilidad que tuvieron cuando gobernaron”, y consideró que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no se presenta en ese distrito porque desde Juntos por el Cambio se pretende “diluir lo que hizo” durante su gestión.

“Tenemos que reivindicar las políticas públicas de cuidado del empleo que se aplicaron en la Argentina durante la pandemia y los meses de aislamiento social estricto. Debemos reconocerle eso al presidente Alberto Fernández. Si (Mauricio) Macri gobernara estaríamos igual que Brasil con (Jair) Bolsonaro“, remarcó el diputado.

El dirigente sindical docente destacó que el Frente de Todos propuso “un Estado que cuidó la salud y que durante la pandemia pudo definir una ley antidespidos y con doble indemnización”.

“Debemos ir a un modelo de país donde los trabajadores participen en las ganancias. El salario por encima de la inflación y la recuperación de empleo son las cuestiones que el sindicalismo va a respaldar siempre”, subrayó.

El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos-Buenos Aires) reflexionó sobre la presión de los gremios para reabrir negociaciones de paritarias. El legislador del oficialismo expuso la necesidad de una recomposición salarial para “resguardar el poder adquisitivo de cada familia” y para que “el mercado interno funcione”. Además, culpó a “las grandes corporaciones” de “apropiarse de los aumentos de salarios”.

Respecto a la inflación, que en los primeros cinco meses del año ya acumula un 21,5%, apenas 7 puntos por debajo de la proyección anual de 29% estimada por el Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán, culpó al “abuso de las grandes corporaciones que se dedicaron a apropiarse de los aumentos de los salarios a través de los aumentos de precios”. Consideró entonces que los sueldos “ahora se tienen que reacomodar lógicamente, porque sino entraríamos de nuevo en una etapa recesiva que es lo peor que nos puede pasar”.

“Yo creo que en realidad cuatro años de macrismo nos sirvieron para, por lo menos, lo único bueno que quedó es demostrar que los salarios no generan inflación. Nunca los salarios estuvieron tan bajos, nunca la inflación estuvo tan alta”, argumentó Yasky, en diálogo con Página Abierta.

En el mismo sentido, insistió con la urgencia de una recomposición salarial y consideró que es necesaria “no solamente por lo que significa resguardar el poder adquisitivo de cada familia, que ya sería un hecho absolutamente trascendente y legítimo, también porque necesitamos que el mercado interno funcione, y sino no hay capacidad de consumo”.

El legislador bonaerense propuso: “No solamente aumentar los salarios del sector formal a través de las paritarias, nosotros entendíamos que era necesario un aumento general de los salarios que incluyera también el salario mínimo vital y móvil”.

Por último, Yasky consideró que el sueldo mínimo debe “adaptarse a la nueva realidad” y de esa manera “va a haber una cantidad de dinero circulando que va a ayudar a encender todos los motores de la economía”.

Con la ausencia de Juntos por el Cambio y momentos de tensión entre el oficialismo y la principal oposición, las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un nuevo debate sobre violencia institucional este viernes en una reunión remota. Entre exposiciones, el diputado Sebastián Nicolás Salvador (UCR-Buenos Aires) hizo una fugaz aparición para aclarar que su bloque estaba ausente por cuestiones del “funcionamiento de nuestra comisión”.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, abrió la discusión sobre aquellos casos en los que la violencia institucional se ejerce sobre niños y adolescentes. Propuso, por ejemplo, crear un capítulo especial en la ley dedicado a los niños. Planteó la necesidad de crear un mecanismo de protección para los menores que realicen denuncias.

Por su lado, el expositor Gustavo Palmieri, comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, se preocupó por delimitar la diferencia entre la violencia institucional y la tortura. “En Argentina -la violencia institucional- tiene una capacidad de articulación de denuncias y de respuesta muy importante”, aseguró. Puso el foco en la importancia de los registros de situaciones. Aclaró también que las víctimas “necesitan acompañamiento para superar las situaciones por las que han pasado”.

En el mismo sentido, Rocío Alcomada Alfonsín, también comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, pidió una articulación en la recepción  de denuncias de violencia institucional y tortura. “La idea no es que esto sea un obstáculo en lugar de una ayuda”, enfatizó. También insistió con la protección de las víctimas “esto en la Ley de Víctimas está garantizado”, recordó y aclaró: “Pero no para las víctimas de violencia institucional. Esto se puede agregar”. 

A continuación, María Laura Garrigós, interventora del Servicio Penitenciario Federal, admitió a propósito de la violencia institucional:  “Poder recibir denuncias sobre estos temas, sobre estas prácticas  lleva a diseñar un mapa que nos va a permitir trabajar sobre esas cuestiones, corregirlas”. Luego, se explayó en las capacitaciones de los oficiales y suboficiales. 

A modo de recuerdo de la situación ocurrida en debate anterior sobre violencia institucional, donde el oficialismo y la oposición se cruzaron ante los invitados, la diputada Paula Penacca (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, le otorgó la palabra al legislador Sebastián Nicolás Salvador, aunque no sin antes aclarar que le agradecía “que haya esperado hasta la finalización de las exposiciones” y que “me parece que es importante que respetemos las formas de funcionamiento que nos damos”.

El diputado radical, por su parte, se dirigió a los invitados para puntualizar: “Queríamos manifestar que la no participación no tiene que ver con el proyecto, que sí nos interesa”, en relación a la ausencia de Juntos por el Cambio. Explicó la razón de la no presencia del bloque como “por cuestiones ajenas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra comisión, donde a veces no tenemos participación y no tenemos posibilidad de proponer invitados”.

La presidenta del  Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y exdiputada, Victoria Donda, consideró a la ley como “totalmente necesaria”. Luego de asegurar que desde el INADI advirtieron que la mayor causa de violencia en el país es “la pobreza asociada al racismo”, postuló: “Nos parece fundamental que esta ley vaya acompañada de otra”, y pidió “que por ley se establezca que los miembros de las fuerzas de seguridad se pueden capacitar en cuestiones de género y racismo”. 

Gabriela Torres, secretaria de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación, especificó que “hay algo para desarmar la violencia”. Según Torres, “no sólo es capacitación sino que existan los recursos concretísimos de dónde mando a un pibe que consume, etcétera”. La funcionaria también pidió aclarar a dónde hay que ir en cada caso de violencia.

A su turno, la diputada Alcira Figueroa (Frente de Todos-Salta) criticó la falta de visión integral en el debate de la ley. Propuso “reformular un poco la función de las fuerzas de Seguridad, hacia qué estarían orientadas, para cambiar de raíz las acciones que uno ve cotidianamente” y pidió no sólo pensar en “la represión, el castigo”.

El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, cerró el encuentro con un agradecimiento a los expositores. Agregó, además: “Las leyes que protegen a los débiles son las leyes que se imponen como más necesarias, pero son también las que más cuestan después lograr que se cumplan efectivamente, que se territorialicen”.

La iniciativa de Ley Integral contra la Violencia Institucional establece la creación de un programa de reentrenamiento con perspectiva de DDHH para las fuerzas de seguridad y la asistencia integral y reparación a las víctimas, entre otros puntos clave.

En el quinto encuentro realizado en el marco del debate de la ley de violencia institucional, oficialismo y oposición se cruzaron este miércoles en presencia de las madres de víctimas invitadas. Las expositoras mostraron su decepción ante la pelea y María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, concluyó: “Después de lo que viví recién, no sé si creo que puedan hacer algo”.  

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión remota este miércoles por la mañana en la que expusieron madres de víctimas de violencia institucional y funcionarios de la Justicia que trabajan con el tema. 

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, abrió el encuentro: “Ya existe esta ley y lo que no llega a saberse es que el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la ley de víctimas. No lo cumplen ni jueces ni fiscales, que no investigan y hostigan a las víctimas”. “Las víctimas, encima de lidiar con las muertes de nuestros hijos, tenemos que lidiar con jueces, con fiscales, con políticos”, expuso.

Patricia Isorni, presidenta del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero y parte del colectivo de Madres del Dolor de la provincia de Santiago del Estero, tildó a la situación de su provincia de “crítica” por un elevado caso de asesinatos. 

“Mi hijo ha sido asesinado”, aseguró, y denunció la falta de investigación por parte de las fiscalías. Explicó su caso: “Supuestamente dicen que fue un accidente de tránsito pero mi hijo tiene un disparo en la cabeza”. Inclusive, mostró la foto. Más adelante admitiría que la fiscal del caso la tiene “bloqueada en el teléfono”.

María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, sostuvo: “Tengo que agradecer a los medios, que son los que hasta el día de hoy nos dan apoyo”. Por otra parte, denunció la situación de Córdoba: “Parece que la policía no forma parte del poder político, parece que no sé quién los nombra”.

“Yo pido que ustedes hagan algo”, “necesito que se haga visible lo que pasa en Córdoba”, solicitó.

“La Defensoría sólo el año pasado hizo más de 100 denuncias por violencias institucional de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en lo que va del año ya tenemos 4 denuncias penales, por exactamente lo mismo”, arrojó Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La verdad que nosotros felicitamos el proyecto, es bienvenido”, continuó. Amor agregó que “la verdad que las víctimas de violencia institucional no reconocen grietas, son víctimas”.

Por su parte, Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, consideró que el proyecto es “importantísimo” y agregó: “Creo que el problema debe instalarse en la opinión pública y también en el Congreso”. Martínez identificó “algunos defectos técnicos que tiene que mejorar”, tales como “una omisión en el articulado de cualquier referencia a la protección de las personas que denuncian estos hechos, a los familiares y a los testigos”.

La defensora General de la Nación pidió además no centrarse tanto en la violencia institucional por parte de la policía y visibilizar otras situaciones como la violencia judicial o por parte de políticos o por instituciones no gubernamentales.

Emelina Alonso, secretaria a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad y de la Secretaría Letrada de Violencia Institucional opinó que “es fundamental que existan leyes como esta para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia institucional”.

Martha Arriola, ex subsecretaría de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y coordinadora del Movimiento Cuidadores de la Casa Común también propuso algunas consideraciones al escrito. “A mi me parece que ley integral contra la violencia institucional bien podría estar planteada desde los considerandos, los capítulos, los fundamentos como una ley de prevención y reparación integral a las víctimas de daños causados por la violencia institucional”, sugirió.

El diputado nacional Sebastián Nicolás Salvador agradeció a los invitados y señaló: “Además de tratar este proyecto, nosotros como diputados tenemos el rol de estar denunciando esto permanentemente. Hoy seguimos con los mismos hechos que están pasando hace un año”.

Luego, Karina Banfi se mostró “conmovida por escucharles la voz” a las madres devíctimas y consideró que “está faltando la decisión política” de no violar los Derechos Humanos. En el mismo sentido, habló de la persecución de senegaleses. Más adelante le advertiría a Hugo Yasky: “Lo que le tengo que decir al diputado Yasky se lo voy a decir en una cuestión de privilegio en el recinto por discriminar”. 

La diputada Gisela Marziotta opinó que “no hay Gobierno que se haya salvado” de la violencia institucional y por eso celebró que el proyecto esté en agenda. “Lo importante es que se convierta no sólo en agenda sino en política de Estado”, añadió, y además lo consideró un “punto de partida”.

En el mismo sentido, la diputada Mónica Macha pidió no avalar “discursos de violencia de ningún tipo” y entonces la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca aprovechó la ocasión para repudiar “el llamado al odio permanente, a la falta de consideración de las circunstancias”. 

“Incluso las circunstancias que atravesamos hoy que son muy difíciles,  generan situaciones de violencia. Y esas situaciones de violencia a veces se expresan de la peor manera, como fue la explosión de un artefacto, de una bomba, en un local partidario en Bahía Blanca. Una organización en la que yo milito además”, lamentó.

El cruce 

Mientras exponía, el diputado Hugo Yasky mostró su apoyo al pedido de Paula Penacca de denunciar otro tipo de violencia además de la institucional, lo cual ejemplificó con el atentado de este martes contra la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca. En ese momento, Fernando Iglesias interrumpió para pedir “moción de orden”. “Presidente, moción de orden, ¿me escucha? Usted es el presidente, moción de orden, moción de orden”, repitió el legislador opositor.

“Pida la palabra y después se la vuelvo a dar”, sumó Penacca, mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías le exigía a Iglesias que “aprenda a respetar”. El diputado se defendió: “Según el reglamento de la Cámara tengo derecho a pedir moción de orden. Lea el reglamento, Yasky”.

“Usted pida la palabra y se la volvemos a dar cuando termina el diputado Yasky. No hace falta”, prometió la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

Hugo Yasky finalizó: “No debemos dejar de plantear, y lo vamos a hacer en una declaración que va a proponer nuestro bloque, el gravísimo hecho que sucedió en Bahía Blanca, la voladura de un local partidario”. “Cualquier local partidario víctima de cualquier hecho de terrorismo es un local partidario de todos nosotros, seamos del bloque oficialista, de la oposición o de cualquier partido. Nosotros no podemos permitir que en un país donde ocurrió el terrorismo de Estado vuelvan a ocurrir estos hechos”, agregó.

A continuación, Penacca agregó: “A mí, en términos personales me daría vergüenza que entremos en una discusión a los gritos”. Propuso entonces, continuar en el orden de la palabra para las madres de víctimas. Iglesias, al no serle concedida su intervención, interrumpió: “Como siempre, no son capaces de respetar un sólo compromiso. Ni un pequeño compromiso son capaces de respetar. Me dijo que me iba a dar la palabra, ¿me la va a dar o no me la va a dar?”.

Penacca le contestó: “¿No puede respetar a alguien que no sea usted mismo?”, a lo que Iglesias contestó en tono de voz alto y luego se retiró de la reunión.

Los invitados reaccionaron indignados ante el hecho. “Ver estos arranques de violencia duele, y más duele saber que estas son las personas que nos están representando en este momento”, se lamentó Cristina Castro.

“Perdonen que los abandone, pero ya dejé de lado dos horas de mi trabajo y tengo que volver a trabajar. Porque las mamás que estamos acá somos laburantes. Nos dedicamos a eso. Una vida entera cuidando a nuestros hijos con mucho esfuerzo para que mueran en manos del Estado”, se disculpó por último.

En el mismo sentido, María Soledad Laciar admitió: “Estuve a punto de irme. Lo que pasó me parece una falta de respeto para nosotros. No tienen idea al dolor que nosotros pasamos, lo que nos cuesta estar enfrente de una cámara”. La mamá de Blas Correas continuó: “Estar acá y escuchar cómo pelean… tuvimos que presenciar una situación en la que sentí que nuestra presencia importaba poco”. 

“Hagan un mea culpa, nosotros estamos pidiendo justicia por nuestros hijos y acá se están peleando por si son de un partido o de otro, creo que lo podrían haber dejado para otro momento”, agregó. Por último, pidió “un poquito de piedad por lo que estamos pasando” y sentenció: “Después de lo que viví recién, no sé si creo que puedan hacer algo”.

El diputado Sebastián Nicolás Salvador cerró la reunión al pedir “preveer el formato de estas reuniones cuando vienen víctimas para no tenerlos tres horas, tienen que trabajar”. Además, insistió: “Hacer caras o hacer burlas, eso también es violencia”. “Tenemos que hacernos cargo de lo que pasó”, concluyó el radical.

Con la participación de familiares de víctimas, las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados retomaron este viernes el debate sobre el proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

“La ley que estamos analizando responde directamente a la necesidad de construir una perspectiva democrática de la seguridad pública”, explicó Paula Penacca, presidenta de Seguridad Interior y autora de la iniciativa junto a Hugo Yasky, titular de Derechos Humanos.

Al momento de las exposiciones, Ivanna Aguilera, del equipo Trans, Travesti y No Binarie, manifestó que “la historia sigue con la represión de las fuerzas de seguridad en democracia”, y por eso celebró el tratamiento del proyecto.

A su vez, Eva Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, expresó: “Ponemos un voto de confianza en esta iniciativa para que nuestra población deje de ser diezmada, criminalizada y perseguida”.

En tanto, Miriam Medina, de Madres en Lucha contra la Impunidad, dijo que los familiares de víctimas tienen que “transformarse a partir de la tortura y los asesinatos y buscar justicia a partir de la construcción colectiva”, y añadió: “Hoy tenemos la posibilidad de tener una ley que se ocupe de las familias”.

También participaron de la reunión informativa Dolores Demonty, integrante de Madres en Lucha contra la Impunidad; Manuel Ayrton Blanco Ocampo, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima; y Agostina Villagi, de la Asociación de Abogados Litigantes de Formosa.

La iniciativa en debate busca generar herramientas integrales contra la violencia institucional en todo el país, como la creación de un Centro de Recepción de Denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.

También se intenta garantizar una reparación a las víctimas -tanto económica como psicosocial- y se establecen reglas sobre el uso de armas, además de proponer capacitaciones específicas en derechos humanos para integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Con la participación de invitados, las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados continuarán este viernes, desde las 15, el debate sobre el proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

El proyecto es encabezado por la diputada Paula Penacca y la intención del oficialismo es continuar con la ronda de exposiciones que inició días atrás con representantes de organismos de Derechos Humanos.

Para este viernes fueron convocados a la videoconferencia Miriam Medina y Dolores Demonty, de Madres en Lucha contra la Impunidad; Manuel Ayrton Blanco Ocampo, del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima; e Ivanna Aguilera, del equipo Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

También estarán Eva Paula Arraigada, activista trans e integrante de los espacios La Nelly Omar y el Movimiento Trans Nadia Echazú; y Agostina Villagi, abogada integrante de la Asociación de Abogados Litigantes de Formosa.

La iniciativa en debate busca generar herramientas integrales contra la violencia institucional en todo el país, como la creación de un Centro de Recepción de Denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.

También se intenta garantizar una reparación a las víctimas -tanto económica como psicosocial- y se establecen reglas sobre el uso de armas, además de proponer capacitaciones específicas en derechos humanos para integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

El titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, dijo que el fallo de la Corte Suprema a favor de la presencialidad escolar en CABA, equivale a “dinamitar la democracia”, y equiparó la decisión del máximo tribunal de la Nación con un “golpe de Estado”.

Tras calificar la decisión judicial de “claro intento desestabilizador”, Yasky expresó: “Todos sabemos que los golpes de Estado en el siglo XXI ya no van a ser como en la década de los ’70. El Plan Cóndor es de otra manera. Lo que antes hacían los militares ahora lo están haciendo los jueces”.

Yasky enumeró a presidentes como Fernando Lugo, en Paraguay, Rafael Correa, en Ecuador, Dilma Rousseff, en Brasil, o Evo Morales en Bolivia, entre otros, debieron afrontar “factores desestabilizantes” producidos por las Cortes Supremas de esos países, según el legislador.

Lo dijo durante una conferencia organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APERA) y la Unión de Personal Superior de AFIP (UPSAFIP).

El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos-Buenos Aires) se refirió a los estilos dirigenciales dentro de Juntos por el Cambio y criticó la actitud del jefe de Gobierno porteño de combatir la decisión presidencial de suspender las clases presenciales. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta “tienen el mismo ADN”, afirmó.

No obstante, opinó que “hay que valorar positivamente” el hecho de que la oposición haya aceptado postergar las PASO porque “le agrega una cuota de cordura a tanta sinrazón que vimos en estos días en CABA”.

Yasky consideró que “la pandemia demostró que en esta segunda etapa tiene picos más altos que el año pasado y tenemos que cumplir con la vacunación y la restricción de circulación, que son las únicas cosas que nos van a salvar”.

“No se puede aplicar una lógica de sacar ventaja, porque es un pésimo razonamiento, ojalá Larreta empiece a tomar distancia de ese pensamiento. Que testimonialmente Bullrich o Macri digan lo que se les ocurra no es lo mejor, pero se convive, pero cuando alguien tiene responsabilidades como gobernar CABA lo esperable es la colaboración”, advirtió el legislador bonaerense en diálogo con Radio Provincia. 

El diputado cuestionó la decisión de “contradecir un decreto que realmente es de urgencia, en pleno estallido de la pandemia” y repudió “el daño que se ha hecho, nada más que para especular con el desgaste. Macri y Larreta tienen el mismo ADN”.

“Parar la presencialidad es lo que han hecho muchos países, y especialmente sabiendo que se va a retomar en función de la variable de los contagios. Se hace una especie de guerra santa, como si fuese una cruzada contra los bárbaros: los que quieren la escuela y los que están contra la escuela”, manifestó Yasky.

En tanto, remarcó que “si como político me equivoco, quedo mal parado por una declaración, pago un costo, me insultan por las redes, pero lo inadmisible en el caso de Larreta es que no es él quien paga el costo, sino el habitante de la Ciudad o del país porque no va a parar el virus en la General Paz”.

Con la participación de representantes de Derechos Humanos, dos comisiones de la Cámara de Diputados comenzaron el tratamiento de un proyecto de ley que busca crear un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional cometidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el país.

La discusión se inició en un plenario virtual de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca -autora del proyecto-, y de Derechos Humanos y Garantías, que lidera Hugo Yasky.

La primera en exponer fue la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, quien consideró que “el involucramiento de todos los niveles del Estado es un paso fundamental para avanzar en prácticas de fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los Derechos Humanos”.

“Desde Amnistía Internacional en 2020 hemos dado a conocer numerosos casos de hechos de violencia y uso abusivo de las fuerzas, sobre todo a partir de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en función del aumento de las facultades de control de las fuerzas de seguridad”, explicó.

En ese sentido, mencionó el asesinato de Luis Espinoza, la violencia en la comunidad Quom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Por su parte, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, advirtió que “en Argentina desde el principio de los tiempos hay un aparato del Estado autorizado a utilizar armas letales, que han usado contra el pueblo, no solo durante los gobiernos militares sino casi siempre”.

“Hay una historia de fracasos, de remanidas reformas policiales que siempre repiten lo mismo desde hace 34 años: que el Estado se controla a sí mismo (no es cierto); que los asesinos no serán más asesinos si reciben un curso de Derechos Humanos (no es cierto); o el intento descarado de (Sergio) Berni de negociar con la Policía bonaerense la concesión de negocios a cambio del supuesto control de las fuerzas”, enumeró.

A su turno, Daniel Isaias Suizer, de la Red por la Libertad, se refirió a la situación de Formosa, “una de las provincias más castigadas por la pandemia en cuanto a la violación de Derechos Humanos”, donde “prácticamente se ha dado vía libre a una opresión disfrazada de pandemia”.

“Comenzamos la pandemia con las personas varadas que sobrevivían al costado de la ruta; posterior a eso vino el problema de los aislados, que se aislaban en centros del gobierno hacinados, mezclados positivos con negativos, y terminaron siendo un foco de contagio”, describió.

También se refirió a las comunidades originarias y como abogado dijo haber visto a “mujeres embarazadas que huían al monte con las cesáreas que habían llevado a cabo sin su consentimiento”, y finalmente pidió que se constituya una comisión para monitorear la situación de la provincia in situ.

Raquel Witis, de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, sostuvo que “uno de los principales actores que inciden en la impunidad es el Poder Judicial, que muchas veces avala y legitima violaciones de derechos cometidas por agentes del Servicio Penitenciario, la Policía o las fuerzas de seguridad”.

La especialista señaló además que existen “discursos mediáticos que sostienen esa violencia institucional porque consideran que hay personas más valiosas que otras, sacan estereotipos, estigmatizan, cambian la versión de la realidad, y así van habilitando a las fuerzas policiales y limitando derechos siempre a ciertos sectores de la población”.

Por el CELS, Victoria Darraidou hizo observaciones técnicas al proyecto; y Néstor Miguez (APDH) comentó que se trabajó junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en un registro de casos de violencia institucional para diagnosticar la situación, sobre todo en el marco de la pandemia.

“Hemos visto el recrudecimiento de algunas formas. A partir de elementos necesarios para el control de la movilidad, las fuerzas de seguridad se excedieron en sus atribuciones e incurrieron en casos de violencia institucional, algunos de los cuales incluso terminaron en la muerte de las víctimas”, advirtió.

Al momento de la intervención de los diputados, Mónica Frade (Coalición Cívica) observó que “es más importante el comportamiento de la política, que es la que finalmente habilita la violencia institucional tal como la estamos viendo y como la describió el doctor Suizer” en el caso de Formosa.

En respuesta a Frade, la oficialista María Rosa Martínez afirmó que “cuando se ataca a Formosa de manera sistemática hay algunas actitudes de carácter antidemocrático, cuando se cuestiona a quien gobierna”, y destacó la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

En tanto, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) denunció que recientemente se produjo “una cacería contra activistas contra la megaminería en Catamarca”, que terminó con “doce detenidos que son presos políticos”. “Percusión constante, como le hemos visto en Chubut”, alertó.

La radical Karina Banfi pidió abordar el tema en forma “exhaustiva” en futuras reuniones y pidió escuchar también a las víctimas de violencia institucional, como Cristina Castro -madre de Facundo Astudillo Castro-, y a representantes de Human Rights Watch. Además, observó que “hoy la propia Ley de Seguridad Interior hoy tiene reglas básicas que no se utilizan”.

A su turno, Yasky indicó que “la violencia institucional existió en todos los gobiernos, y hay una matriz, que es que sufrimos el terrorismo de Estado de la forma más aberrante y sanguinaria que podamos imaginar”.

“Es más grave cuando se promueve la mano dura, cuando hay un discurso punitivo, cuando se estigmatiza la pobreza, pero es un tema que debemos resolver en el marco de la democracia”, opinó.

El proyecto

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La iniciativa lleva la firma de los oficialistas Penacca, Yasky, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

Un proyecto de ley que busca garantizar derechos básicos de las personas en situación de calle y familias sin techo, bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”, comenzó a ser debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde recibió un fuerte apoyo de funcionarios nacionales.

La iniciativa, presentada por el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos) en conjunto con organizaciones sociales, fue tratada en una reunión informativa de las comisiones de Derechos Humanos y de Salud, donde participó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

También respaldaron el proyecto la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; la secretaria del SEDRONAR, Gabriela Torres; y por las organizaciones sociales lo hicieron Constanza Guillén (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Horacio Ávila (Proyecto Siete) y Vanesa Escobar (Nuestra América).

El debate continuará en las próximas semanas y desde la oposición manifestaron voluntad de avanzar en consensos, más allá de algunos cruces políticos que se dieron en el plenario por la situación de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires y la ejecución del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).

En qué consiste el proyecto

Al comienzo de la reunión virtual, Fagioli defendió su proyecto, que fue presentado el año pasado y que volvió a cobrar impulso el 11 de marzo con un acto en el Salón de Pasos Perdidos, que contó con la presencia de Arroyo.

El legislador explicó que el objetivo es “entender esta problemática, diagnosticarla, analizarla, saber cuál es el problema real que tenemos en Argentina, y a partir de ahí generar las herramientas necesarias para poder desarrollar políticas”.

“Yo soy un militante de hace muchos años por los sectores más postergados, en particular de las personas en situación de calle”, relató Fagioli, de 30 años, que vive en un asentamiento surgido de una toma en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires.

El oficialista consideró “fundamental que en Argentina dejemos de mirar para el costado y nos hagamos cargo de esta problemática, que está a la vista de todos”, y agregó que a las personas en situación de calle “se les han vulnerado todos los derechos humanos y constitucionales”.

Fagioli puntualizó que el proyecto, que consta de cinco capítulos, define qué se entiende por “personas en situación de calle”, y fija al Ministerio de Desarrollo Social como autoridad de aplicación de la ley.

Asimismo, se crea una “mesa interministerial” para abordar integralmente la problemática; se enumeran cuáles son los derechos y garantías de las personas y familias sin techo, así como los deberes del Estado; y se suspenden por dos años los desalojos como medida de emergencia.

Entre las propuestas, figura la realización de un censo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social, el INDEC y organizaciones sociales para poder tener un diagnóstico unificado e integral de la situación real, que se actualice anualmente.

También se propone la creación de una casilla del Correo Argentino que funcione como domicilio real donde recibir el DNI y la ayuda asistencial; y fundamentalmente la creación de centros de integración social, “que no sean simplemente para dormir sino que tengan un abordaje interdisciplinario”, indicó Fagioli.

Otras de las medidas que figuran en el proyecto son la creación de un línea telefónica de asistencia y un plan de capacitación para los funcionarios públicos que intervengan en esta problemática.

El apoyo del Gobierno y las ONG

Arroyo destacó que el proyecto es “superador” de las herramientas que existen en la actualidad ya que “va a permitir generar una política pública integral” sobre la temática, y además “es bien significativo para el tema más crítico de nuestro país, que es la extrema pobreza y las personas en situación de calle”.

El titular de la cartera de Desarrollo Social remarcó la importancia de la articulación tanto entre los distintos ministerios como entre jurisdicciones, y señaló que el relevamiento “nos va a dar una metodología única que hoy no tenemos para tener un estado de situación general”.

“Claramente la situación se ha agravado, no solo en términos de números”, lamentó Arroyo, al observar que ya no solo hay personas en situación de calle, sino familias enteras, y a eso se suma el invierno que se avecina. “Pobreza con frío es la peor situación”, dijo.

Arroyo también elogió la creación de centros de integración social, aunque aclaró que a la hora de implementar la ley “la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto”.

A continuación, Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social, consideró “sustancial que se pueda dar visibilidad en la agenda pública a la problemática que ocupa al segmento más castigado, más excluido a la sociedad”, para “que deje de ser parte del paisaje habitual” de las ciudades.

Alonso sostuvo que el proyecto de Fagioli permitirá “dar ese paso superador de las intervenciones que se vienen dando, que más bien tienen una lógica de administrar el problema y no transformar el fondo”.

Por el SEDRONAR, Gabriela Torres coincidió en la necesidad de primero diagnosticar el problema, y aclaró que “no quiere decir que todas las personas que están en situación de calle tengan problemas de consumo”.

La funcionaria explicó que los consumos problemáticos tienen que ver con “calmar el malestar del vivir” y “no se empieza un tratamiento por sacar la sustancia, sino por reconstituir esa vida”.

También participó de la reunión Constanza Guillén, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien advirtió que “la pandemia puso más a la vista un problema que viene de hace muchísimos años”.

Guillén opinó que más allá de los números, “hay que humanizar un poco más la discusión” y habló de los niños que son separados de sus padres, así como del “nivel de violencia” que deben afrontar estas familias y la marginación de las personas trans.

A su vez, Horacio Ávila, de la organización Proyecto Siete -compuesta por personas en situación de calle- sostuvo que “es una oportunidad de hacernos cargo de algo que viene sucediendo hace mucho tiempo”, sobre todo posteriormente a la crisis de 2001.

“A partir del caso de la niña M. hemos escuchado a infinidad de periodistas hablando de las personas en situación de calle. Nosotros estamos organizados desde hace muchos años, evaluamos nuestra problemática desde la experiencia de vida conjuntamente con profesionales”, comentó.

Además, dijo que “hay antecedentes de leyes parecidas” como la 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 2010, y agregó que en ese distrito funcionan cuatro centros de integración.

Por último, Vanesa Escobar, de Nuestra América, señaló que se busca un abordaje integral entre los ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y Hábitat, y Mujeres, Género y Diversidad porque “no es solamente un problema de falta de vivienda, sino que atraviesa toda la vida de las personas”.

Escobar describió la situación que atraviesan estas personas y habló de segundas y hasta terceras generaciones en situación de calle. “Si hay voluntad política de cambiar las cosas, no hay una problemática estructural que permanezca para siempre”, opinó.

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, destacó que “el salario es la herramienta para la recuperación económica”.  

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia destacó que en la reunión con el gobierno “se definió que las paritarias no tienen techo, van a ser libres”, y celebró las políticas de “producción nacional, con distribución de la renta y con mercado interno”.  

En este marco, Yasky enfatizó que “hay una voluntad del Gobierno que los salarios queden por encima de la inflación, es importante y lo han dicho”.  

Con respecto al valor de los alimentos, explicó que “ahora resulta que los precios se forman solos, hay que ser serios, en algún lugar ese dinero está. Acá hay que ir sector por sector para determinar dónde se produce la distorsión y el gobierno tiene herramientas para hacerlo”. 

Los diputados oficialistas Paula Penacca, Hugo Yasky y Leonardo Grosso encabezarán la presentación de un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia institucional.

El acto, que se realizará este martes a partir de las 18, contará con la participación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; y familiares de víctimas de gatillo fácil.

Según establece la iniciativa, el propósito es “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

Además, el proyecto indica pautas concretas de acción frente a las denuncias, con el objetivo de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz. Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

“Se trata de un proyecto que construimos colectivamente, que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados. El debate fue profundo y tenemos la decisión política de erradicar la violencia institucional”, sostuvo la diputada Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

La kirchnerista apuntó contra la gestión anterior: “Durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio, y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas”.

“Esta es una ley coherente con los ideales de nuestro proyecto político: defender los derechos humanos, no con fines electoralistas o desestabilizadores, sino porque sabemos que es la única forma de proteger la vida de nuestro pueblo”, agregó.

Por su parte, el diputado Leonardo Grosso remarcó que “en los últimos años se profundizaron los casos de violencia institucional porque el gobierno de (Mauricio) Macri, de la mano de Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.

Finalmente, Hugo Yasky, titular de la Comisión de Derechos Humanos, consideró: “Como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral. Debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Ese es el sentido de este proyecto de ley”.

El diputado nacional del Frente de Todos y sindicalista de la CTA Hugo Yasky elogió la decisión del Gobierno de prorrogar la vigencia del decreto que prohíbe los despidos y establece la doble indemnización, y cuestionó al sector empresario por tener una “mirada antisocial”.

El presidente prohibirá los despidos y suspensiones por otros 90 días -la medida vence el próximo viernes 29- y extenderá hasta fin de año la doble indemnización, con un tope de 500 mil pesos, según trascendió este jueves.

“Es una excelente medida sobre los que están en actividades que todavía están sujetas a las peores condiciones que impuso la pandemia, como la gastronomía, el turismo y el entretenimiento”, evaluó Yasky en diálogo con AM 750.

Al ser consultado sobre el rechazo que algunas cámaras empresarias manifestaron a la extensión, sostuvo que “el sector empresario tiene una mirada absolutamente antisocial, solamente están pendientes de elevar sus rentas”.

En este sentido, cuestionó las afirmaciones del referente empresarial Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, al sostener que “reconoce que en Argentina se cobran los salarios más bajos del mundo, pero yo digo que también se pagan los alimentos más caros del mundo”.

“Tienen un apetito, una voracidad que juega contra ellos mismos, porque si siguen tirando de la cuerda nos va a llevar a cabo una situación social y una recesión que a la larga también perjudica al sector empresario”, consideró.

Finalmente, Yasky recordó que “cuando en 2016 (el entonces presidente Mauricio) Macri vetó la ley antidespidos que se había aprobado en el Congreso, llegamos a un nivel de desocupación y destrucción del empleo récord”.

Un proyecto de ley que establece la reparación de legajos laborales de los trabajadores del sector privado desaparecidos en la última dictadura fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados con 207 votos afirmativos, 15 negativos y siete abstenciones.

La iniciativa había sido presentada por la exdiputada Carla Pitiot y dispone que en los legajos de estos trabajadores figure la inscripción de la condición de detenido-desaparecido.

Todos los votos en contra fueron de representantes del Pro: Juan Aicega, Federico Angelini, Hernán Berisso, Eduardo Cáceres, Martín Grande, Gustavo Hein, Martín Medina, Victoria Morales Gorleri, José Luis Patiño, Carla Piccolomini, Julio Sahad, Francisco Sánchez, Gisela Scaglia, Alfredo Schiavoni y David Schlereth.

Las abstenciones, en tanto, fueron de Alberto Asseff, Federico Frigerio, Sebastián García De Luca, Osmar Monaldi, Adriana Ruarte (todos del Pro), Huberto Orrego (Producción y Trabajo) y Jorge Vara (UCR).

Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, recordó que en 2012 la entonces presidenta Cristina Kirchner “firmó el decreto 1199, que facultó a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad a buscar los legajos de los trabajadores del sector público que hubieran sufrido la desaparición forzosa mientras se desempeñaban en esa tarea”.

Ese decreto, recordó Yasky, “establecía una búsqueda de toda otra información aleatoria a la condición laboral de esos trabajadores que pudieran ser datos para reconstruir esas vidas para sus familiares, o para muchas de las organizaciones sindicales, que desde esa época tienen como tarea reconstruir esas trayectorias de vida”.

Con ese antecedente, el diputado explicó que el proyecto de ley busca replicar esa tarea “extendiéndola a los trabajadores del sector privado”.

El legislador del Frente de Todos reconoció el trabajo realizado por el Archivo Nacional de la Memoria, que “sin lugar a dudas permitió que esos pedacitos de historia empezaran a ser recuperados”.

“Reparar esos legajos les va a devolver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, parte de esas vidas”, finalizó.

Al recordar a Néstor Kirchner a 10 años de su muerte, el diputado nacional Hugo Yasky enfatizó que el expresidente “eligió siempre la potencia de los actos” en una Argentina donde sus ciudadanos “no creían en los discursos, porque veníamos de una crisis institucional profunda”.

En declaraciones al programa Siete Colores por FM 97 Une, destacó que Kirchner “emitía señales potentes, como la vez que hizo descolgar el cuadro, o como cuando se reconoció como hijo de las Madres de Plaza de Mayo. Esas fueron señales que mostraron que un presidente del peronismo volvía a beber de las aguas originales del movimiento”.

Yasky recordó que “vi cuando Kirchner recibió a la mamá de un compañero suyo de La Plata desaparecido. En el encuentro se emocionó a tal punto que le caían lágrimas. Para mí, esa fue una imagen que me quedó muy grabada porque las veces que estuve con De la Rúa o con Menem, los veía como muñecos de cera. Pero éste realmente era un hombre llano, sensible, capaz de dialogar y de enternecerse y llorar como cualquiera de nosotros”.

Finalmente, Yasky se refirió a la carta que hizo pública la vicepresidenta Cristina Kirchner y señaló que “tiene mucho contenido y honestidad intelectual porque tiene no sólo la capacidad de hablar de sí misma sino también poner su relación con Alberto Fernández en un plano despojado de cualquier prejuicio. Y habla de la realidad en un lenguaje que no es oblicuo y plantea las salidas que hacen falta para no permanecer en el mismo lugar”.

Representantes de la Confederación General del Trabajo, de la Central de los Trabajadores de la Argentina y de la CTA Autónoma Nacional expusieron este lunes en la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Jubilatoria y dieron su punto de vista acerca de una nueva fórmula previsional.

En representación de la Confederación General del Trabajo (CGT), estuvieron presentes Federico West Ocampo y Marta Pujadas. En su exposición, West Ocampo recordó el reclamo de la central obrera por un “aumento de emergencia para los jubilados” y argumentó que “aumentar la base permitiría mantener un ingreso distinto al que tienen los jubilados hoy, con cualquier fórmula que podamos acordar”.

En nombre de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), expuso el secretario general y diputado nacional de Frente de Todos, Hugo Yasky, quien llamó a “garantizar que ningún jubilado quede en situación de pobreza, esa es la premisa que nos tenemos que plantear como punto de llegada”. En representación de la CTA, también expuso Jorge Molina, que realizó una presentación detallada sobre la perspectiva de la central en cuanto a movilidad previsional.

En tanto, por la CTA Autónoma Nacional, estuvieron presentes el secretario adjunto, Hugo Godoy, y Horacio González. En la comisión, Godoy destacó que “los haberes están sumamente retrasados y la mayor parte de los jubilados tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza”. “Debemos pensar en un mecanismo que permita preservar y elevar los ingresos de los jubilados”, sostuvo.

Se trató de la reunión número dieciséis de la Comisión creada por los artículos 55 y 56 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, cuyo propósito es elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El diputado nacional por el Frente de Todos Hugo Yasky brindó detalles del articulado del proyecto de ley de “contribución extraordinaria a las grandes fortunas”,

El legislador indicó que “se va a aplicar para aquellos que posean declaraciones de bienes por más de $200 millones” y agregó que “está previsto que las personas físicas que tengan bienes declarados en el exterior pagarán un 50% más de lo que correspondería”.

En declaraciones a “Con Quién Hay que Hablar” por Radio Provincia, Yasky aseguró que el tratamiento positivo de este proyecto generaría un punto porcentual del PBI para Argentina y que “eso es muy importante para la pospandemia”.

En ese sentido, indicó que “hace tres meses que estamos discutiendo este tema públicamente, en este tiempo no conocí ni un solo poseedor de esas fortunas que son grandes empresarios, otros grandes banqueros, otros son ex presidentes como Mauricio Macri, que hayan levantado la mano para decir yo acompaño”.

Yasky detalló que la aprobación de este proyecto de Aporte Solidario Extraordinario “tiene asignación específica: 20% a equipamiento médicos; 5% a subsidios para micros y medianas empresa; 20% para programas educativos; 15% para que los habitantes de barrios populares se puedan agregar a programas de trabajo y 20% para un programa para exploración y producción de gas natural”.

En otro aspecto, afirmó que “las encuestas de opinión no bajan del 70 por ciento de aquellos que creen que los millonarios tienen que hacer este aporte por única vez”.

Por último, Yasky sostuvo que “en un mes se dará el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y será un momento justo porque hace mucha falta. Cuando empecemos a dejar atrás la pandemia hay que reactivar la economía y ahí va a ser clave el proyecto aprobado”.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Hugo Yasky, realizó una reunión informativa en la que se debatió sobre un proyecto de ley que apunta a la recuperación de los legajos de trabajadores del sector privado desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar.

Representantes de organismos de derechos humanos y la exlegisladora Carla Pitiot, autora de la iniciativa, expusieron este miércoles durante un encuentro virtual.

Yasky enfatizó en la necesidad de “avanzar en una tarea que para nosotros forma parte de las políticas de restitución y de memoria, verdad y justicia”. “Es una conquista que en el sector público se pudo llevar y concretar, y todavía está pendiente en el sector privado”, señaló.

En tanto, el diputado radical Sebastián Salvador, vicepresidente de la comisión, aseguró que desde la UCR “siempre hemos defendido esta bandera de derechos humanos, de ahí provenimos, y nos parece muy importante esta reconstrucción”.

Antes de dar la palabra a los expositores, Yasky leyó una carta enviada por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, quien sostuvo que “la reparación de los legajos de carácter documental e histórico, restituye los derechos laborales de las familias de los desaparecidos o asesinados durante la última dictadura cívico-militar”.

“Cabe destacar que esta reparación no representa ninguna erogación presupuestaria para el Estado Nacional puesto que será realizado por áreas que ya están en actividad”, resaltó en la misiva y, en ese sentido, valoró el trabajo de la “Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”.

La misma fue puesta en marcha por decreto en 2012 y “a lo largo de estos años ha reparado y entregado en actos públicos 150 legajos a familiares de víctimas de más de 20 establecimientos públicos y asimismo, gracias a su labor, 26 hijas e hijos se han reincorporado a los lugares de trabajos de su madre o padre”, destacó De Carlotto.

A su turno, Carla Pitiot recordó que el proyecto fue presentado en 2019, durante su último año de mandato, pero en 2015 hubo una iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados y luego quedó sin tratarse en el Senado.

La exlegisladora explicó que la iniciativa, de seis artículos, “dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de trabajadores víctimas de Estado, que en ese momento figuraban como personal en relación de dependencia del sector privado”.

Pitiot reconoció que “es enorme el trabajo que hace la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”. A su vez, dijo que el proyecto “se encuentra en total concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas”.

“Esta reparación es histórica y es simbólica”, manifestó y opinó que “no es solo para las generaciones presentes sino para las generaciones futuras”.

Por su parte, Julián Scabbiolo, coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad, explicó que la tarea consiste en “un circuito administrativo, abierto”, que es coordinado por la Jefatura de Gabinete junto a la Secretaría de Derechos Humanos.

“Este proyecto de ley tiene que ver con equiparar este derecho”, remarcó e informó que igualmente -sin ley- se han recuperado “más de 100 legajos” de privados, en un proceso donde “las empresas han colaborado”.

Scabbiolo dijo que “hay una historia para reconstruir”, por los familiares y los excompañeros de trabajo de los detenidos-desaparecidos, y consideró que es necesario “para que los trabajadores y trabajadoras del presente sepan lo que pasó en cada lugar”.

Con un enfático pedido para que el proyecto se convierta en ley, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó que “nuestros queridos desaparecidos que trabajaban en reparticiones privadas tienen derechos”.

En un agradecimiento especial a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad, la dirigente afirmó que “llevan adelante las tres patas de la lucha: memoria, que se los recuerde; verdad, que no es que renunciaron o que porque faltaban los dieron de baja. No. Son desapariciones forzadas, son detenidos desaparecidos, esa es la verdad. Y justicia, la que hace a nuestros hijos detenidos desaparecidos al devolverle el verdadero motivo y que conste en el legajo”.

En su rol de secretario de derechos humanos de la CGT, Julio Piumato pidió que la iniciativa “rápidamente tenga media sanción y este año pueda convertirse en ley”. A su vez, ponderó el reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo a “la tarea que se hace en Argentina por dejar presente nuestra historia”.

“Una vez aprobada esta ley va a ser una tarea ardua la reconstrucción”, pronosticó, por eso observó que “ahí tendrán que estar las asociaciones sindicales junto a los organismos y familiares”. “Reconstruir la historia laboral de nuestros mártires es una tarea fundamental”, agregó.

También expusieron Esteban Santamaría Esteban, hijo de un trabajador de Xerox detenido-desaparecido; Victorio Paulón, intersindical de DD.HH.; Tano Santucho, de Abuelas de Plaza de Mayo; Carlos Pisoni, de la Agrupación Hijos; y Urieta Marieta Ruso, de SITRAJU-Tucumán.

Con un relato personal, la diputada oficialista González reveló: “He tenido que hacer un gran camino de reconstrucción de la historia de mis viejos para saber quién soy, para hoy recién a los 44 años estar en condiciones o a meses de poder tener mi apellido paterno en mi partida de nacimiento y, por ende, en mi documento”.

“Por supuesto que el compromiso para que esto salga está”, aseguró y añadió que “para nosotros la política de memoria, verdad y justicia es innegociable” y “todo lo que implica la reconstrucción es fundamental”.

Reclamos de la oposición

Los legisladores de los distintos bloques que intervinieron durante la reunión manifestaron su respaldo al proyecto con unanimidad. No obstante, en el final del encuentro, desde la oposición reclamaron que la comisión trate los temas de violaciones a los derechos humanos que han sucedido en el último tiempo.

Por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño solicitó: “Tratemos y debatamos temas que hacen a casos de gatillo fácil, de violencia policial”. Mencionó entonces “la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro” y pidió invitar “a familiares de las víctimas, también de Luis Espinoza, Ceferino Nadal”.

En tanto, la radical Gabriela Lena sostuvo que “la pandemia nos ha demostrado, entre otras cosas, la cantidad de violaciones a los derechos humanos durante el tiempo de coronavirus”, tales como “la falta de libertades de circulación en distintas provincias, que han impedido que familiares se reúnan antes de la muerte; desapariciones forzadas y muertes, obviamente que el que más tenemos a la vista es Facundo Astudillo Castro, pero hay un montón de otros casos y no podemos hacernos los tontos”.

También desde la UCR, Karina Banfi enfatizó que “es importante que le demos un curso a los temas actuales en materia de derechos humanos que estamos atravesando”. Recordó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, informó cuando se presentó ante la comisión que durante la cuarentena hubo 531 denuncias por violaciones de derechos humanos, cuando antes del aislamiento “habían llegado a 71”. “Estamos en una emergencia en relación a nuestras garantías y libertades”, sentenció.

Finalmente, la radical Brenda Austin señaló que en los últimos meses ocurrieron “más de 17 asesinatos y situaciones de abuso por parte de las fuerzas de seguridad”. “Estoy en una Córdoba que se ha visto profundamente conmocionada con el asesinato de Valentino Blas Correa, un joven que fue baleado por la Policía de Córdoba”, dijo.

Y solicitó que teniendo en cuenta que los funcionarios hablaron de una ley contra la violencia institucional, “nos acerquen un borrador, nos comiencen a hacer parte de la idea que tienen, porque creemos que es urgente que Argentina dé respuestas y se entienda que este tiene que ser un debate federal”.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, anunció este miércoles que presentó un proyecto de declaración para repudiar los dichos del expresidente Eduardo Duhalde, quien habló sobre la posibilidad de un golpe de Estado.

Al comenzar la reunión, en la que se debatió sobre un proyecto de ley para la reparación de los legajos de los trabajadores detenidos-desaparecidos del sector privado, el diputado radical Sebastián Salvador trajo el tema al sostener que esas declaraciones “nos parecen lamentables, desafortunadas y fuera de lugar”.

“No sabemos si tiene información, de dónde las saca o por qué las dice”, señaló el bonaerense y ratificó que desde el bloque de la UCR “siempre” estarán “del lado de la democracia”.

Yasky dijo entonces que se presentó “un proyecto de declaración para que haya un repudio del Congreso de la Nación a estas expresiones”.

“Quienes provenimos de la lucha por la defensa de los derechos humanos, del movimiento sindical, sabemos lo que significa la dictadura militar y el terrorismo de Estado”, manifestó el legislador del Frente de Todos.

Asimismo, el dirigente sindical destacó que “hemos logrado ser el único país del mundo que logró enjuiciar a sus genocidas” y donde “la memoria, verdad y justicia tiene el carácter de una de política de Estado”.

“El único país en que cada año, al recordarse la fecha del golpe de Estado (24 de marzo), millones de argentinos se movilizan en todas las provincias y en la Capital Federal, y esto hay que atesorarlo”, añadió.

En declaraciones a Radio 10, Duhalde expresó que “cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, ¿saben a qué tiene olor la anarquía? A sangre”. “Si nos seguimos peleando vamos hacia un proceso anárquico en la Argentina, yo lo viví en el ’76”, disparó el exmandatario, que luego en otra entrevista habló de que el próximo año no va a haber elecciones.

Si bien la Ley de Teletrabajo entrará en vigencia 90 días después de que se haya dado por concluida la pandemia que atravesamos, se decidió aplicar la mayor premura para aprobar en el Congreso esa norma. Ese fue uno de los cuestionamientos que se hicieron, por ejemplo en el Senado, cuando mientras un grupo de empresarios habían sido consultados a dar su  parecer sobre esta norma, ya el mayoritario bloque oficialista de esa Cámara tenía la decisión tomada de aprobarla tal cual había llegado de Diputados. Esto es, sin modificaciones.

Una semana antes, en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esa Cámara, que preside el pampeano Daniel Lovera, cuando se trató por primera y penúltima vez el proyecto proveniente de Diputados, los invitados fueron Héctor Daer y Hugo Yasky, titulares de la CGT y la CTA, respectivamente. Este último se refirió al tema al intervenir, el mismo día en que el Senado convirtió en ley el proyecto, en la sesión informativa a la que asistió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Hoy, mientras se desarrollaba esta sesión, ocurrió algo trascendente: se votó y se aprobó en el Senado la ley de teletrabajo en base al proyecto que había surgido de la Cámara de Diputados. Se trata de una ley que garantiza derechos para un sector que se va a ampliar después de la pandemia. Somos el tercer país del mundo que tiene una norma de esta naturaleza”, señaló entonces el titular de la CTA, para agregar luego una referencia al Gobierno anterior: “¿Saben cuántas leyes a favor de los trabajadores se aprobaron en los cuatro años del gobierno del ingeniero Mauricio Macri? Ninguna. No hubo leyes a favor de los trabajadores”.

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El que salió con los tapones de punta contra la ley aprobada en el Congreso nacional es el conductor Mario Pergolini. Reconocido especialista en las nuevas tecnologías mediáticas, expresó un durísimo editorial en su programa de radio “Maldición, va a ser un día hermoso”, que arrancó sin medias tintas: “Quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema”.

“¿Por qué? Doy mi punto de vista. Por ejemplo que contratás a alguien por teletrabajo y haya que contratarlo con relación de dependencia. Una persona que podría haber tenido la posibilidad de tener dos, tres trabajos cortos, sencillos, free, con nuevas metodologías de trabajo, lo llevamos a como teníamos la metodología de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado”, señaló Pergolini.

El vicepresidente de Boca se preguntó quién va a contratar gente de esa forma: “Si cada una de estas personas va a tener la misma carga que se viene haciendo”, y argunentó en ese sentido que esa es “una de las razones por la cual no se está contratando gente; un sistema que no permite ya contratar gente, que el que da trabajo no quiera dar trabajo”.

“Y lo otro también es decir que el que toma la decisión de si hace teletrabajo o no, es el contratado. No contratado, el que le das trabajo, porque no es contrato, ojalá fuera un contrato, pero no”, señaló Pergolini que advirtió que si el trabajador “de golpe dice ‘bueno, ahora yo quiero volver a mi lugar de trabajo’”, puede regresar al empleo. Muy molesto explicó: “Esto lo bueno que tiene es que podés reducir lugares, que podés dar más trabajo con menos costos. Bueno, si la persona que de golpe dice ‘no, ahora quiero que me des un lugar físico de trabajo’… y se puede dar por despedido. Y como es un trabajador pleno, todas las ventajas que tenía de tenerlo en un teletrabajo se perdieron”.

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Muy crítico de la decisión tomada en el Congreso, Pergolini advirtió que “en todo el mundo todavía no se sacó una ley de teletrabajo porque la están estudiando. ¿Por qué? Porque ponen  a los empresarios, que son los que van a dar trabajo, pero se sigue pensando que el que da trabajo es un hijo de puta”. Y concluyó, hablándole a los legisladores: “La verdad, hacen todo para que el que da trabajo no dé trabajo. Ustedes son unos imbéciles, en serio, son un grupo de imbéciles… Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad, hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo, cada vez hacen más cosas para que no dé trabajo”.

Con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los titulares de la CGT y la CTA, Héctor Daer y Hugo Yasky, respectivamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social comenzó a debatir este jueves el proyecto de teletrabajo que obtuvo media sanción en Diputados el pasado 25 de junio. Durante el encuentro desarrollado de manera telemática, desde la oposición se solicitó la presencia del sector empresario para que pueda expresarse sobre el tema; el oficialismo no puso reparos en que eso suceda, pero anticiparon que tratarán de firmar dictamen la próxima semana.

En el inicio de la reunión, la vicepresidenta de la comisión, la santacruceña María Belén Tapia, señaló que había pedidos del sector privado para que les dieran espacio para hacer sus planteos ante la comisión, por lo que consultó si se pretendía emitir dictamen este mismo jueves, a lo que el titular de la comisión, Daniel Lovera, aclaró que se trataba de una reunión informativa y que no iban a sacar dictamen todavía. Admitió que la idea es avanzar rápidamente con el tema, por lo que tratarán “la semana próxima, lunes, martes o miércoles, avanzar con un dictamen”.

El tema es que los senadores tienen desde hace tiempo sus propios proyectos. Nueve en particular, correspondientes a los senadores Gladys González, Silvina García Larraburu, Eugenia Catalfamo, Daniel Lovera, Antonio Rodas, Alberto Weretilneck, Mariano Recalde, Mario Pais y Julio Cobos. Pero el que está en tratamiento es el proyecto proveniente de Diputados. “Veremos cómo consensuamos esto”, puntualizó el pampeano Daniel Lovera, “atento a que no es un proyecto del Poder Ejecutivo el que estamos tratando”, subrayó.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, señaló que se reunirá en estos días el oficialismo para analizar si deciden introducir modificaciones al proyecto. “Vamos a tomar una decisión y con la misma vamos a ir a la firma de un despacho”, señaló el formoseño.

En su intervención, Moroni planteó dos problemas que genera el tema del teletrabajo. Uno, cómo mantener con el trabajo en el domicilio la vinculación grupal, esto es, que el que no está trabajando dentro de la empresa “no se desconecte del grupo”. Y el otro, que obviamente “estamos mezclando el ámbito laboral con el personal”.

El ministro de Trabajo definió el tema como “un fenómeno irreversible”, aunque luego minimizó su alcance, pues una vez que la pandemia sea superada va a disminuir tal metodología. “Pero no podemos desconocer que va a estar ahí cuando termine esto”, admitió, destacando también que el coronavirus es algo que “ha venido para permanecer con nosotros un tiempo”.

“Hay una necesidad de regular esto”, puntualizó Moroni, que consideró que el tema registra dos problemas: uno, el impacto en la vinculación grupal del trabajador que pasa a hacer teletrabajo; el otro, es la mezcla del ámbito laboral con el personal. Como sea, esos trabajadores deben tener “los mismos derechos que el que está en la empresa”, señaló el ministro, que por otra parte consideró “exageradas” las críticas formuladas al tema de la “reversibilidad”.

A la hora de las preguntas, la senadora del Pro Gladys González -autora de un proyecto sobre el tema en la Cámara alta- consideró que esa es “una modalidad tan dinámica que no hay que encorsetarla. Estamos experimentando sobre la marcha”, dijo, y comentó que los jóvenes desarrollan sus tareas no necesariamente desde su casa, sino también desde la universidad, desde un bar, o desde otra provincia, por lo que desaconsejó “definir en un artículo cómo legislamos”, atento a que la norma tiene en cuenta que el trabajador se desempeñe desde su domicilio. Por eso recomendó tener “una mirada federal” que permita “generar empleo”.

“Me da temor que en vez de promover la modalidad, la obstaculicen, en el afán de regular, regular y regular”, añadió la senadora, que sostuvo que “los empleos del futuro no van a tener nada que ver con los que estamos acostumbrados”.

“La ley no lo impide”, aclaró Moroni a su turno, en referencia a la posibilidad de que alguien trabaje desde otra provincia, y atento a los reparos de Gladys González sobre la reversibilidad, dijo que “tal como está puesta no resiste análisis jurídico; lo que dice la ley es que debe ser reversible; la fantasía de que el trabajador diga ‘mañana vuelvo’ (a la oficina) no es así, porque el resto del derecho establece determinadas condiciones y un marco de buena fe. El proyecto de Diputados deja abierta la reversibilidad a los convenios colectivos a los que les tengo mucha confianza”, enfatizó, asegurando que los mismos representan “una herramienta muy ágil”.

El presidente de la comisión, Daniel Lovera, apuntó que no coincidía en nada de lo que había dicho la senadora del Pro. Y lo explicó: “Lo que digo es que esta es una modalidad, no estamos ante una nueva actividad, y este proyecto de ley, si logramos avanzar y es ley, va a entrar en vigencia cuando se termine el aislamiento. Las empresas van a decidir o no tener la modalidad de teletrabajo, y hay que regular para que no se afecten derechos. No estamos promocionando el teletrabajo, es una modalidad de distintas actividades que se vienen dando y regulando”.

“Hay regulaciones que pueden ir contra la ampliación del empleo”, observó más tarde el senador Esteban Bullrich, muy participativo durante la reunión, quien puso reparos respecto a que el texto del proyecto aprobado en Diputados plantee la necesidad de establecer cuál es la plataforma utilizada. “Para nosotros es un obstáculo”, sostuvo, y luego expresó sus reparos respecto de que una excesiva reglamentación lleve a empresas extranjeras a no contratar aquí. Dijo que el teletrabajo “elimina las fronteras, si obstaculizamos, van a buscar otros lugares. Competimos contra nuestros vecinos. Por cercanía, una mala ley provocaría un flujo de trabajadores”.

“Hay reglamentaciones que obstaculizan y otras que promueven, trabajemos para que sea la que promueve”, sugirió.

Como respuesta, Moroni señaló que “tenemos que hacer que esa herramienta funcione en base a parámetros adecuados”. Y respecto de los reparos de Bullrich, señaló que no le parecía adecuado “entrar en la competencia de naciones con las regulaciones laborales, porque entramos en algo que no forma parte de los objetivos tradicionales de Argentina”.

“Lo aprobado en Diputados deja apertura para no hacer una reglamentación rígida, no debemos interpretar tan severamente los principios que pone la ley de pensar que está puesto de forma negativa para complicar las relaciones del trabajo”, agregó.

La voz de los gremios

Al tomar la palabra, el titular de la CTA, Hugo Yasky, consideró que la aprobada en Diputados es “una ley que parte de la idea de establecer presupuestos mínimos, porque acordamos las centrales sindicales que hay que poner un piso a partir del cual los convenios colectivos son los que deberán definir temas como la modalidad y especificidad”.

Recordó que el teletrabajo abarca diferentes ramas laborales, y al ser todas de distintas características, “eso no se puede contener en una ley, de manera tal que acordamos una norma que  pudiera dejar después al convenio colectivo de cada sector margen para resolver después cuestiones específicas”.

“Es un buen proyecto de ley, creo que se le hicieron muchos cambios, pero hay algo que quiero resaltar: es un proyecto que salió con el aporte y apoyo de los distintos bloques”, señaló, advirtiendo más tarde que “la ausencia de regulación es fuente de abusos o fuente de conflictos”.

Por su parte, el titular cegetista Héctor Daer advirtió que “en el mundo lo que hay es un camino hacia la precarización laboral de todos los que ejercen el teletrabajo. Esa es parte de la mirada que tenemos todos, porque no hay una promoción específica de este tipo de empleo; lo que hay es una transferencia de los que están en las empresas al seno de los hogares. Pero es una transferencia, y no una promoción” del empleo.

A su juicio, “tenemos que poner normas que no generen ese ‘dumping’ social, tener trabajadores sin derechos que compiten en una globalización cavernícola en el sentido de cómo afecta esa competencia hacia debajo de los derechos laborales. Argentina no debe caer en esas circunstancias”.

“Estamos generando una norma para no caer en lo que en muchos lugares del mundo sucede: transferencia de trabajadores incorporados a una legislación a la precarización del sálvese quien pueda”, expresó Daer en otro pasaje, para alertar sobre “una ofensiva muy grande de quienes tienen otra mirada y nos hablan de promover empleo. La ley laboral lo que  hace es achicar las asimetrías que tiene el que tiene todo resuelto, que es el capital, y el que no tiene nada, solo su capacidad física e intelectual para ir en busca de su sustento”.

Promediando la reunión, Daniel Lovera apuntó que el beneficio del teletrabajo “tiene que ser para ambas partes. Yo no sé si va a ser una fuente infinita de generación de empleo, no va a haber más empleados”.

A su turno, el senador Juan Mario Pais, puso sus reparos para convocar a más invitados, porque ya lo habían hecho en Diputados. Sugirió en cambio que los que tengan algo que decir lo envíen a través de los medios digitales, pero “habilitar un debate interminable para que nos digan lo que ya se dijo en Diputados no tiene sentido. Volver a hacer un debate interminable en esta materia es dilatar la discusión”.

“Nadie quiere hacer un debate interminable”, repuso la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que reclamó porque las empresas de su provincia quieren expresar su opinión.

Sobre el final, José Mayans reconoció que el teletrabajo es una modalidad que “viene para quedarse”. “A muchos en vez de tener oficina les va a convenir que el trabajador lo haga afuera, respetando las condiciones de trabajo. Cuidar la dignidad del hombre es un deber”.

El jefe del bloque Frente de Todos señaló que ese es “un tema que estamos discutiendo y lo vamos a resolver. Vamos a sacar una conclusión y como bloque vamos a expresar lo que pensamos que debe ser la ley de trabajo, y vamos a tener en cuenta los aportes que han hecho Bullrich, Gladys González…”. Dejó claro entonces que no necesariamente aprobarán el texto proveniente de Diputados. “Si no nos conforma, tenemos derecho a hacerlo”.

“Estamos llamando a una reunión de bloque y el resultado que tengamos va a ser la propuesta de despacho que tendremos. Como cámara revisora, si decidimos ratificar lo votado por Diputados, eso va a ser ley; si decidimos en el bloque reformar esa propuesta, va a tener Diputados que tener el número suficiente si quiere ratificar su ley”.

Y concluyó anticipando que su bloque va a tomar una decisión y con ella van a ir a la firma de un despacho, probablemente el martes.

El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) afirmó que existe “la necesidad de una ley que proteja a los trabajadores” y que “establezca fundamentalmente el resguardo para que el teletrabajo no se convierta en una práctica abusiva”.

En la previa del debate que se iniciará este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, el legislador dijo que el oficialismo unificará todas las propuestas de su espacio en un solo proyecto, opinó que algunas iniciativas de la oposición también “podrían ser compatibles” y abogó por el consenso en un solo texto.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores señaló que actualmente las personas que realizan el trabajo desde sus casas -modalidad incrementada con la pandemia- “pagan su propia conexión a internet, la energía”. Además, se refirió a un “tema clave” de la “desconexión digital”, ante las exigencias que plantean algunos empleadores “sin respetar los horarios de vida del hogar”.

En diálogo con radio Futurock, el dirigente sindical enfatizó que en la ley deberá quedar explicitado “el reconocimiento de la organización sindical y del derecho de los trabajadores, que a partir de un contrato empiecen a trabajar desde su hogar, de que la organización los represente”.

“Muchos empresarios sueñan con que el teletrabajo les va a permitir una relación de empresa a individuo sin que medie ningún tipo de acción sindical, de convenio colectivo. Es como el sueño del pibe”, remarcó, por eso advirtió que “sobre esto hay que legislar” para “reconocer la presencia y los derechos sindicales” de las personas.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, se comprometió a convocar al secretario del área, Horacio Pietragalla, a pedido de representantes de Juntos por el Cambio, que en la reunión de este jueves denunciaron “abusos por parte de las fuerzas de seguridad en varias provincias”.

El vicepresidente de la comisión, Sebastián Salvador (UCR), remarcó que “el Estado debe garantizar siempre los Derechos Humanos, pero en estos tiempos de excepcionalidad que estamos viviendo suelen aumentar las arbitrariedades, la discrecionalidad y la violencia en diversos sectores”.

“Durante la pandemia hemos visto episodios donde la actuación de la Policía en algunas provincias nos preocupa mucho. Lo hemos visto en el caso de Luis Espinosa en Tucumán, de Franco Maranguello en Villa Mercedes o en el caso de Magalí Morales, también en San Luis. Estas son algunas de las situaciones que requieren de la concurrencia del secretario de Derechos Humanos a esta comisión”, subrayó Salvador.

Luis Espinoza era un trabajador rural de 31 años que fue detenido en el marco de la cuarentena y estuvo en condición de desaparecido durante seis días, tras lo cual fue hallado muerto en la provincia de Catamarca. La autopsia arrojó que la víctima fue baleada por la espalda y organismos de DDHH apuntan a la responsabilidad de la Policía tucumana.

En tanto, Magalí Morales era una mujer de 39 años que fue detenida por violar la cuarentena y apareció muerta con un cordón atado a su cuello, a principios de abril, en su celda de la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara.  Según denuncia su familia -en una hipótesis que se reforzó con la ampliación de la autopsia-, Morales fue asesinada por efectivos policiales.

En el caso de Franco Maranguello, un joven de 16 años detenido por “comportamiento sospechoso”, apareció ahorcado en una celda de la Comisaria de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) de la ciudad puntana de Villa Mercedes.

Los casos de violencia institucional ocurridos en #SanLuis por detenciones durante la cuarentena son graves y evocan épocas oscuras de nuestro país. Los expuse en la reunión de la Comisión de DDHH y Garantías de @diputadosAr, es urgente que nos ocupemos. https://t.co/zUYitklwY1

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) May 28, 2020

“En San Luis desde el comienzo de la cuarentena se implementó una política de establecer salidas en cuarentena según el número de DNI. Todo lo mal que hizo Magalí Morales en Santa Rosa del Polara fue salir el día equivocado, y por eso la arrestaron y muere en circunstancias sospechosas. En el segundo caso, Franco Maranguello también fue detenido por no portar el DNI. Esas son las infracciones que cometieron, y que llevaron a que murieran en las comisarías”, advirtió el puntano Alejandro Cacace (UCR).

A su turno, Brenda Austin, detalló otros hechos registrados en la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Gendarmería Nacional; en La Matanza con la Policía Bonaerense; y en provincias como Chubut, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Misiones y Santiago del Estero.

“Un conjunto de denuncias que vienen realizando los organismos de Derechos Humanos y que merecen toda la atención de esta comisión, por la situación de anormalidad que vivimos en torno a las violaciones de Derechos Humanos en la pandemia y el rol de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de estas medidas”, señaló Austin, también de la UCR.

Las diputadas Karina Banfi y Carla Carrizo reforzaron el reclamo, y finalmente Yasky aclaró que Pietragalla tiene voluntad de asistir a la comisión en la fecha que se establezca, para responder preguntas y aclarar dudas.

El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) consideró que el impuesto a las grandes fortunas “es un tema urgente a resolver” y afirmó que hay “una decisión de presentarlo (al proyecto) y de avanzar con este tema, que además tiene un gran respaldo de la sociedad”.

“Los sectores dominantes tienen todas las armas en funcionamiento: la presión, el lobby, la posibilidad de expresarse a través de los medios de comunicación que ellos manejan, las fundaciones y ONG’s que ellos financian, toda esa constelación de expresiones que tienen un discurso único, que es el de ellos”, advirtió sobre la oposición a la iniciativa.

En diálogo con radio El Destape, el legislador opinó que es “infantil” el “argumento de que se discuta cara a cara” el proyecto, con lo cual avaló que sea de forma virtual, formato en el que debutó este miércoles la Cámara de Diputados.

Para el secretario de la CTA de los Trabajadores, “hay que discutir cómo lograr que se acorte la posibilidad de que los grandes empresarios puedan seguir especulando con el dólar paralelo, de seguir fugando capitales y de seguir haciendo de que en este país socialicemos las pérdidas”.

El dirigente cuestionó además que esos mismos grandes empresarios “le proponían al Gobierno un esquema de negociación de la deuda que favorece a los acreedores y le mete la mano en el bolsillo a los argentinos”.

En tanto, el diputado criticó el acuerdo alcanzado entre la CGT y la UIA: “En las empresas que no funcionen, que te descuenten y te garanticen el 75% del salario es una cosa, y otra cosa es que te descuenten el salario en empresas que están funcionando, que es eso lo que está pasando. Es eso lo que logran ese tipo de acuerdos”.

El titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky confirmó que el oficialismo trabaja en un proyecto de ley para crear un impuesto extraordinario “a las grandes fortunas”, que significaría un ingreso extra de, según cálculos del legislador “2.500 millones de dólares”. El dirigente dijo además que la iniciativa ya fue conversada con la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Entrevistado en el programa De lejos no lo ves, de Radio Con Vos, el legislador apuntó que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, “tiene la tarea asignada por Máximo Kirchner de compatibilizar un proyecto con las distintas propuestas. La idea es un impuesto extraordinario por única vez con esta situación fuera de lo común y que el Estado cuente con recursos para la tarea sanitaria y social”.

“En un primer momento era un impuesto a las grandes fortunas personales. Luego vimos que es necesario hablar de persona jurídica y empresas. Es un universo que no excede a 200 personas y en las empresas quedan solo 200 que obtuvieron mayores”, argumentó. Por las dudas, Yasky aclaró que “es un impuesto que ni de lejos tocará a alguien que ahorró y tiene dos inmuebles o tres o cuatro”. Según las cifras calculadas por el dirigente de la CTA, “calculamos recaudar 2.500 millones de dólares”.

“Se habló con Marcó del Pont”, respondió cuando se le preguntó en la entrevista si la AFIP estaba al tanto de la iniciativa. Yasky además buscó calmar los ánimos de las PyMEs que temen un nuevo impuesto: “No va a afectar al que tiene una PyME, un bar o un restaurante”.

En el marco de emergencia, el debate público también estuvo cruzado por el sueldo de distintos actores de la política. Sobre la idea de bajar la dieta de los diputados, Yasky señaló: “Cuando Sergio Massa dio a conocer los números que significarían el ajuste a lo largo de un año de 40% en las dietas, son 200 millones de pesos al año. Eso no sirve ni para comprar alcohol en gel”.

Los diputados nacionales del Frente de Todos Carlos Heller, Fernanda Vallejos y Hugo Yasky respaldaron este lunes la propuesta del jefe de su bloque, Máximo Kirchner, para imponer un impuesto a los sectores más ricos

Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, comenzó a delinear el proyecto luego de una conversación con Máximo.

En diálogo con radio AM 990, precisó que se trataría de “un impuesto extraordinario, con un fin determinado, que diga ‘la plata es para esto, tiene que ir a estos tres o cuatro destinos’”. “Estoy pensando que sea por única vez, y con fin determinado, pero hay que seguir pensando”, dijo.

Por su parte, Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, opinó que el proyecto “tiene más lógica que la propuesta de la oposición para reducir los salarios de la clase política”.

El texto sobre el que trabaja el Frente de Todos buscaría crear un impuesto extraordinario sobre quienes ingresaron al blanqueo de capitales realizado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, Vallejos señaló que “Argentina está tercera en el ranking mundial de evasión fiscal” y dejó en claro que “no es por los laburantes que pagamos IVA y Ganancias, sino por las fortunas ocultas en guaridas”.

En tanto, Yasky indicó que esa iniciativa “va en la misma línea” que un planteo realizado por la mesa de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y consideró que el titular de la bancada oficialista “ha sido muy inteligente”.

En diálogo con radio El Destape, el secretario general de la CTA sostuvo que “los recursos que existen hay que ir a buscarlos donde realmente están” y destacó que con una iniciativa de este tipo se va “al meollo de la cuestión”.

El sindicalista reveló que en la mesa de conducción de la agrupación evaluaron “la necesidad de generar un fondo de emergencia que permita enfrentar este momento” e insistió que los recursos tienen que “surgir” de “los sectores que tienen la mayor capacidad contributiva”.

Yasky detalló que, de acuerdo a un informe de 2018 realizado por la revista Forbes sobre “las 50 fortunas personales más grandes de Argentina”, si se les aplicara un gravemen de 1,5% “se estaría reuniendo un poco más de 1.050 millones de dólares” que servirían para insumos sanitarios o “para solventar un millón de internaciones en terapia intensiva”.

“Estamos hablando de un aporte por única vez”, subrayó el legislador y agregó que “el país está en una emergencia durísima” a raíz de la cuarentena obligatoria establecida por la pandemia del coronavirus.

Además, afirmó que “los sindicatos también podríamos excepcionalmente tomar una parte de nuestra recaudación y volcarlas en esto” y resaltó que “ya hemos puesto a disposición del Estado nuestros hoteles y clínicas”.