Fue más austero esta vez, en comparación con los años anteriores. No hubo muchas novedades y en varios casos se trató de iniciativas ya pedidas oportunamente.
Una constante de las inauguraciones de períodos ordinarios por parte del presidente Alberto Fernández fue siempre la de anunciar numerosos proyectos que enviaría al Parlamento, que después se diluían a lo largo del año. En muchos casos por ni siquiera enviar el proyecto.
En 2020, anunció el 1° de marzo 12 proyectos y se aprobaron 4; en 2021 fueron 3 de 15; y peor el año pasado: solo una de 11.
Clima de fin de ciclo, el presidente solo pidió por 7 iniciativas. E hizo algunas referencias a proyectos que ya salieron o están por salir. Por ejemplo el de alcohol cero. “Logramos reducir en más de un 25% la mortalidad como consecuencia de siniestros viales durante 2022 y seguimos mejorando nuestros controles. En este sentido, impulsamos la ley de Alcohol Cero que demostró efectos muy positivos en su aplicación en algunas provincias y municipios”, dijo, pero quien debería haber tomado nota en este caso es quien estaba a su lado, la presidenta del Senado, pues allí sigue demorándose su aprobación definitiva.
También anunció el presidente que en los próximos días reglamentará la Ley 27.696, una norma legal que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales. “Con la reglamentación de esta ley, estaremos garantizando cobertura integral de las prácticas preventivas y terapéuticas, médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria”, señaló.
En el capítulo ambiental, el presidente hizo referencia a tres proyectos, a saber:
“Para cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero”, dijo Alberto Fernández en su mensaje. Esa iniciativa alcanzó dos dictámenes y quedó lista para ir al recinto, pero así como está no hay consenso entre oficialismo y oposición como para que pueda avanzar, así que está tan trabada como el tema alquileres.
Fernández dixit: “Guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor”.
El proyecto estuvo a punto de llegar al recinto a fines de 2021, pero fue frenada por la resistencia de la oposición. En noviembre pasado se retomó el tema en el seno de la Comisión de Recursos Naturales y en esa oportunidad se ratificó la necesidad de que incluya una tasa.
“Para reconvertir zoológicos y acuarios. En el siglo XXI los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos”, planteó el presidente en su discurso. Acá no hay texto, solo es un enunciado. Habrá que ver si como tantas otras veces queda o no en veremos la iniciativa.
El presidente anunció que “en poco tiempo más elevaremos a consideración de este Honorable Congreso un proyecto de ley para un Sistema Nacional de Residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas”. Pero ya hay un texto en el Senado, donde hace dos semanas la Comisión de Salud realizó una sesión informativa y en ese marco el titular de la misma, Pablo Yedlin, anticipó que la nueva ley sería “tema de agenda de la comisión”.
Según explicó Fernández, “tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de diez años, pasando del 6% al 8% del Producto Interno Bruto para el año 2032”.
“Vengo a pedirle a este Honorable Congreso que trate el proyecto de ley que crea las universidades de Pilar, de Ezeiza, del Delta, de Saladillo y de la Cuenca del Salado con sede en Cañuelas”, dijo puntualmente el presidente. Mencionó a 5 universidades, pero entre las que quedaron trabadas en la última sesión fallida del año pasado y el temario de extraordinarias hay 8. No citó en este caso la de Madres de Plaza de Mayo, una de Paraná, Entre Ríos, y la de Río Tercero que promueven desde Evolución Radical.
Este proyecto tiene el récord de haber figurado en tres extraordinarias, y ser anunciado en varias asambleas. En este caso fue una referencia tangencial, cuando le pedía a los legisladores no condicionar la aprobación de proyectos de leyes “que los argentinos están necesitando”.
“Cuando menciono esto evoco rápidamente la creación de universidades, la promoción de la agroindustria y otros proyectos que fueron postergados sin razón aparente”, expresó.
Agroindustria, en realidad, estuvo muy cerca de tener dictamen, pero se trabó cuando comenzó a agitarse el tratamiento de la ley de Humedales.
Luego del plenario “incompleto” que tuvo lugar este jueves, el diputado del Frente de Todos habló de “falsa contradicción entre producción y cuidado del ambiente” que atribuyó a algunas corporaciones.
Sin la presencia formal de la Comisión de Agricultura, encabezada por Ricardo Buryaile, ni del grueso de Juntos por el Cambio (participaron sólo tres diputadas de ese espacio), se realizó un nueva reunión conjunta -en este caso de las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto- en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la ley de Humedales. Tras el encuentro, el diputado Eduardo Toniolli (Frente de Todos – Santa Fe) definió la actitud del interbloque más grande de la oposición como un “boicot”, y señaló que insistirán con la aprobación de la norma antes de la finalización del año legislativo.
“Pasaron 6 semanas desde la suspensión del plenario de comisiones que debía hacerse para avanzar con la Ley de Humedales, a pedido de un grupo de gobernadores que quería intervenir en el debate. Nos tomamos ese tiempo para convocarlos, para intentar que participen, se logró el compromiso para que algunas de esas provincias envíen funcionarios, se le puso fecha a la reunión, y se convocó también a intendentes del sur de la provincia de Santa Fe, de ciudades afectadas por las quemas”, explicó el Toniolli y agregó: “Cuando estaba todo listo, Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura y -lamentablemente- todo Juntos por el Cambio detrás, decidieron boicotear una de las últimas oportunidades que teníamos para dictaminar en el año con vistas a tener media sanción”.
Para Toniolli, la demora en la aprobación de la ley se debe a que “algunas corporaciones lograron instalar una falsa contradicción entre producción y cuidado del ambiente”. Sin embargo, para el legislador “la verdadera contradicción está entre el efectivo control del territorio por parte del Estado, o el descontrol que hoy tenemos y que habilita a que quienes delinquen -por ejemplo quemando sin permiso- puedan hacerlo sin que nadie los frene y sin sufrir ninguna represalia”.
“La Ley de Humedales precisamente permitiría dotar a los estados de herramientas como un inventario, un ordenamiento territorial, recursos y mecanismos de monitoreo, para controlar el territorio y hacer cumplir normas existentes pero muchas veces ignoradas cómo la Ley General de Ambiente o la Ley de Quemas”, puntualizó el diputado santafesino.
Varios jefes comunales se expresaron en el plenario de diputados, y uno de ellos preguntó “cuánto van a demorar” la aprobación de la norma y cuestionó la ausencia de legisladores de la oposición.
Una comitiva de intendentes participó este jueves del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja que debatió el tema humedales. De los jefes comunales presentes hablaron cuatro de ellos, un santafesino del Frente de Todos y tres cordobeses de Unión por Córdoba, pero el más duro de ellos fue el primero: Jorge Berti.
Intendente de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, Berti fue muy enfático y crítico contra los diputados que se ausentaron en el plenario. “Lo que nos une tiene que ver con un problema común”, arrancó el santafesino que hizo hincapié en la necesidad de contar con una ley de humedales, “fundamentalmente consensuada para que pueda ser aplicada”.
“Pero también es cierto que hay distintas situaciones que están pasando y que van a seguir pasando, si no se toman medidas concretas en nuestras costas, donde viven más de dos millones de personas”, detalló Jorge Berti, que a continuación no anduvo con vueltas: “No nos sigan boludeando. No nos pueden tomar de rehenes a los dos millones de santafesinos, en este caso. Es una vergüenza que no estén acá”, lanzó en referencia a los legisladores ausentes y se diferenció, “porque nosotros vamos a volver a nuestros pueblos y vamos a poder mirar a nuestra gente de frente, porque realmente estamos poniendo el cuero y el cuerpo en todos los lugares, porque queremos que esto se termine”.
“No queremos seguir apagando incendios, queremos que no se encienda más el fuego y para eso no solamente debe haber un Estado presente. Debe haber leyes. ¿Por qué le temen a la ley de humedales? Explíquenle a todos los santafesinos de la costa del Paraná, porque no lo van a resolver automáticamente, pero nos van a dar la confianza de que no hay otros intereses que esconden para no sancionar esta ley”, advirtió el intendente Berti.
El jefe comunal aclaró que “no nos vamos a dejar vencer, porque tenemos el mandato de nuestros territorios”, y terminó volviendo a apuntarles a los legisladores, preguntándoles “¿a quiénes representan sino todo el Congreso nacional si no se trata esta ley? ¿Cuánto van a demorarla? ¿Cuánto van a estar, por qué no están hoy acá? Y esto no tiene que ver con cuestiones partidarias; no estamos en contra de la producción, pero fundamentalmente que el ambiente sea sustentable. Debe haber un marco regulatorio e inversión”, y reprochó a los legisladores que “dejaron este lugar vacío”, reclamándoles que “nos dejaron con las ganas de que haya un dictamen”.
Berti cerró sugiriéndoles a los destinatarios de sus críticas: “Vayan a ver cuando nos tapan nuestras ciudades con humo, es invivible; deberían estar ahí para que nos digan por qué no sacan una ley de humedales”.
A continuación fue el turno de los cordobeses. Arrancó Jorge Gabriel Faletto, intendente de Marull, provincia de Córdoba. Una localidad que forma parte del flamante Parque Nacional Ansenuza. “Mi localidad es de 2.600 habitantes, tiene una jurisdicción de casi 50 mil hectáreas productivas. La producción y el ambiente sí conviven y pueden convivir”, aseguró, destacando que tras la sanción de la ley que crea el Parque Nacional Ansenuza, todas las jurisdicciones implicadas empezaron a atender la zona que hacía años no atendían. “Empezaron a llegar inversiones en infraestructura y empezamos a comprender los que convivimos en la zona que no se atenta para nada contra la producción agrícola, sino todo lo contrario. Empezamos a ver que hay otra producción y que va de la mano del ambiente y del cuidado”, sostuvo.
Faletto se manifestó convencido de que “esta ley va a ayudar en el mismo sentido que la ley del Parque Nacional Ansenuza, porque cuando hay una ley superior que protege estos humedales, hace que todos los actores nos pongamos a trabajar en las distintas jurisdicciones”.
A su turno, Gustavo Tévez, intendente de Brinkmann, provincia de Córdoba, también de la zona del Parque Nacional Ansenuza, recordó que esa laguna es el principal humedal de Sudamérica, con un millón de hectáreas que la hacen “un reservorio importantísimo de agua”.
Comentó que “estamos en época de sequía”, por lo que los productores de la zona están tranquilos, pero “si vuelven las inundaciones tendremos problemas, porque seguimos teniendo inconvenientes sobre dónde van las aguas entre Santa Fe y Córdoba”.
“El humedal va más allá de lo que implica el humedal mismo. Tenemos la obligación de darle una respuesta a los ciudadanos y productores de nuestra zona, porque no solamente se anegan los campos, también los pueblos y ciudades”, planteó.
Sobre el final, recordó la experiencia que los intendentes de la zona tuvieron al asistir a las sesiones en las que se debatió la creación del Parque de Ansenuza, y a propósito de ello comentó que cuando aprobaron la Ley de Oncopediatría le mereció la siguiente reflexión. “Quienes somos creyentes, decimos que los tiempos de Dios no son los mismos que los del hombre, y tal vez los tiempos del tratamiento de una ley no son los mismos que los tiempos de los ciudadanos que habitamos un lugar. Razón por la cual, la extensión del tratamiento de una ley a veces termina perjudicando a muchos de los ciudadanos”.
Finalizó asegurando que leyendo la ley le quedaba la convicción de que “no hay una contraposición entre la producción y la protección de los humedales, y se estarían solucionando muchas temáticas que están dando vueltas”.
Por último, habló Carlos Guzmán, intendente de La Para, provincia de Córdoba, quien arrancó pidiendo tener presente que “no hay que partidizar (el tema). El ambiente no tiene color político, es de todos”. Habló de “políticas de Estado” como la que valió la creación del Parque Nacional Ansenuza, y puso el ejemplo de su distrito, donde las fuerzas que gobernaron hasta 2011, que no eran de su mismo color político, impulsaron el reciclado de residuos, que ellos continuaron. Y hoy “somos la Capital Nacional del Reciclado”.
Una gran polémica rodea la reunión prevista para este jueves, en la que participará una decena de invitados. Agricultura no se sumó y jefes de la principal oposición protestaron ante Cecilia Moreau.
– Diputado, ¿se hace el plenario de mañana sobre humedales?
– Sí claro. Mañana a las 11.
La respuesta a la consulta de parlamentario.com corresponde a Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que ya el viernes pasado había convocado a reanudar el plenario que está tratando el proyecto de ley de humedales, y que el 22 de septiembre pasado había pasado a cuarto intermedio.
Claro que Grosso convocó a los integrantes de su comisión. De las otras -Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería- deben ocuparse sus titulares. Presupuesto convocó a los suyos; el radical Ricardo Buryaile descartó convocar a los de Agricultura, comisión que él preside.
Recién este miércoles bien tarde se publicó en la página de la Cámara de Diputados la citación, como así también se conocieron los invitados. Los oradores que participarán son Daniela Vilar, ministra de Ambiente, provincia de Buenos Aires; Juan Luna Corzo, jefe de Gabinete de Ministros, provincia de La Rioja; Carlos Barrionuevo, director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, provincia de Catamarca; Pablo Lautaro Javkin, intendente de Rosario, provincia de Santa Fe; Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe; Jorge Berti, intendente de Villa Constitución, provincia de Santa Fe; Rodolfo A. Stangoni, presidente comunal de Comuna de Fighiera, provincia de Santa Fe; Gustavo Tévez, intendente de Brinkmann, provincia de Córdoba; Carlos Guzmán, intendente de La Para, provincia de Córdoba; y Juan Gabriel Faletto, intendente de Marull, provincia de Córdoba.
Lo cierto es que esta citación está envuelta en una gran polémica, como quedó claro a partir del rechazo de Buryaile y este miércoles la nota que le enviaron a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio: Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI).
En la misma se quejan de lo que definen como “la absoluta irregularidad de la referida citación, que intenta dar continuidad a una reunión que quedó suspendida de hecho al no reanudarse en el día y hora establecidas por el plenario al momento de pasar a un cuarto intermedio”.
Recuerdan allí que en la sesión del 15 de septiembre, al discutirse la moción de emplazamiento de las tres comisiones los legisladores opositores habían manifestado su acompañamiento, pero en esa oportunidad reclamaron por nota que fueran convocados los gobernadores de las provincias involucradas. Ese fue el motivo de la suspensión del plenario convocado para el 29 de septiembre.
“Pretender continuarlo en día y hora distintos a lo dispuesto al momento de resolver el pase a cuarto intermedio, supone una clara violación a nuestro reglamento, tal como lo argumentara oportunamente el diputado Buryaile en su nota remitida al diputado Grosso el día 30 de octubre pasado”, agregan los legisladores de JxC, que recuerdan además que “es competencia exclusiva del/la diputado/a que ejerza la presidencia de la comisión ordenar la citación a la reunión correspondiente. Por tanto, desconocer la voluntad del presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de no convocar en términos violatorios del reglamento tal como se pretende y sostener un plenario sin la presencia de las 3 comisiones involucradas, supondría un antecedente gravísimo que usted como presidenta de esta Honorable Cámara que no puede avalar”.
Los legisladores concluyen reiterando el pedido de que sean convocados los gobernadores de las provincias involucradas.
5772-D-2022Dadas las circunstancias, el interbloque Juntos por el Cambio evalúa no asistir este jueves a la reunión, según pudo saber parlamentario.com.
Asimismo pudo saberse que si el oficialismo quisiera avanzar en la firma del dictamen este miércoles, no podrá de todas maneras en hacerlo en las tres comisiones, ya que el diputado Buryaile, que preside la Comisión de Agricultura, no convocó a la reunión plenaria por los motivos expuestos por el interbloque a Cecilia Moreau.
Según fuentes de JxC, además de violarse el reglamento, si un sector del oficialismo intentara avanzar en un proyecto que no tuviera consenso, “quedarán al desnudo las internas en el Frente de Todos, porque los 9 gobernadores peronistas que solicitaron brindar su opinión ante el Congreso todavía no han venido a exponer”.
El interrogante queda abierto y habrá que ver entonces qué es lo que sucede este jueves a partir de las 11 en el Anexo de Diputados.
Alertó sobre la falta de control del Estado sobre una parte de su propio territorio y enumeró los elementos que promueve una nueva ley, tras la postergación de la reunión de este jueves.
Otra voz discordante con relación a la cuestión de los humedales es la del diputado oficialista Eduardo Tonioli, quien insiste con la aprobación de una ley y lo expresó a través de sus redes sociales.
“En las islas del Paraná coinciden sequía, bajante y falta de control del Estado sobre una parte de su propio territorio. Inventario, ordenamiento, monitoreo, recursos, son herramientas que promueve la #LeyDeHumedales para hacer efectivo el control sobre nuestros bienes comunes”, tuiteó este jueves el legislador santafesino.
Agregó Toniolli, respecto de los cuestionamientos que se han expresado respecto del dictamen que pretendían suscribir este jueves que “ninguna de esas herramientas implica una afectación a la producción, ni a la propiedad privada. Si le ponen un límite a la libertad de delinquir y de violar normas que ya existen, como la Ley General de Ambiente o la Ley de Quemas, entre otras”.
Toniolli concluyó señalando que “hoy nos vemos en la calle, frente al Congreso Nacional, para seguir impulsando la #LeyDeHumedales consensuada, y la semana que viene para dictaminar en el plenario de comisiones”.
Calificó de “vergüenza” tal decisión y habló de “frustración en materia ambiental” que le atribuyó a la Cámara baja.
Una de las figuras legislativas más activas en relación con el tema humedales ha sido las últimas semanas la diputada nacional Graciela Camaño. Ella trazó en su exposición, cuando se decidió el emplazamiento en plena sesión de la Cámara de Diputados -el pasado 15 de septiembre-, un panorama muy dramático en la materia. En esa oportunidad alertó sobre el problema del cambio climático y “la seria desertificación que está sufriendo la Argentina”, donde casi el 72% del territorio está desertificado, apuntó.
Previsiblemente entonces estuvo muy participativa en el hasta ahora único plenario realizado por las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, pero también asistió a la reunión convocada por Agricultura para escuchar las voces más críticas respecto del proyecto que más probabilidades tiene de avanzar en el tema humedales.
Así las cosas, no podía más que esperarse una reacción airada ante la suspensión del plenario previsto para este jueves, en el que se esperaba dictaminar sobre el tema. Lo hizo a través de un tuit, en el que cuestionó la decisión suscripta fundamentalmente por el oficialismo y la principal oposición para postergar la reunión de este jueves.
“Qué rápido que se pusieron de acuerdo el Frente de Todos y Cambiemos para suspender el tratamiento de la ley. Es una vergüenza que la Cámara que representa al pueblo sea la de la frustración en materia ambiental, en 2013 y 2016 la misma dejó caer dos medias sanciones”, se lamentó la diputada Camaño.
La reunión prevista en la Cámara de Diputados fue postergada tras un acuerdo entre diputados de todos los sectores.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda previsto para este jueves a las 10 fue suspendido. La noticia se conoció este miércoles por la noche, al difundirse un acuerdo alcanzado entre los jefes de los principales bloques.
Según pudo saberse, la resolución fue adoptada con la intención de escuchar a los gobiernos provinciales antes de avanzar con el dictamen correspondiente.
La decisión fue suscripta por los presidentes de bloques Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).
Estos legisladores firmaron una nota enviada a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, a través de la cual le piden arbitrar los medios necesarios para fijar una nueva fecha de realización del plenario de comisiones previsto para este jueves, en función del tratamiento de los proyectos de presupuestos mínimos para la preservación de humedales. Esto es “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”, según expresa la nota remitida.
Cabe recordar que originalmente la intención de quienes convocaron al plenario de la semana pasada era dictaminar ese mismo día, lo que encontró la oposición de los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería, encabezados por su titular, el radical Ricardo Buryaile, quienes reclamaron la convocatoria de especialistas para exponer sobre el tema.
La respuesta en esa ocasión fue que ya habían escuchado a invitados durante dos años, en oportunidad del tratamiento del tema en Recursos Naturales, instancia que terminó con el dictamen de esa comisión que finalmente perdió estado parlamentario.
Con todo, aceptaron postergar el dictamen hasta este jueves. En la previa, la Comisión de Agricultura convocó a una veintena de expositores para el martes pasado y allí se escucharon testimonios en general críticos respecto del proyecto que se encaminaba hacia el dictamen.
Según pudo saberse, las voces críticas respecto del dictamen que se disponían a suscribir este jueves eran transversales y crecientes, incluido los gobernadores oficialistas, razón por la cual se tomó esta determinación.
Será luego de que una de las comisiones que componen el plenario, Agricultura, realizara este martes su propia reunión para escuchar a casi una veintena de invitados.
En el marco del emplazamiento registrado en el recinto de la Cámara baja en la primera parte de la última sesión, este jueves continuará el debate de los proyectos referidos a la protección de humedales, con la intención decidida de alcanzar un dictamen que pueda tratarse en el recinto.
La cuestión generó rispideces expuestas durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda del jueves pasado. Fue cuando desde la comisión cabecera -aquella donde el año pasado se había alcanzado un trabajoso dictamen consensuado que no pudo llegar al recinto, ni alcanzó a pasar tampoco por las otras comisiones a las que había sido girado el proyecto- se sugirió la intención de alcanzar un rápido dictamen, ante lo cual el titular de Agricultura, Ricardo Buryaile, aclaró que no estaban dispuestos a un tratamiento exprés, cuando era la primera vez que tomaban contacto con los proyectos puestos a consideración.
Además, pidieron que se habilitara una ronda de invitados, cosa a la que quienes auspician un rápido tratamiento del tema no se mostraron dispuestos a acceder. Finalmente la Comisión de Agricultura y Ganadería terminó convocando a una reunión para este martes, a la que han convocaron por su cuenta a casi veintena de invitados.
Ricardo Buryaile expresó el jueves pasado que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”. Lo cual se contrapone con quienes objetan ese tratamiento veloz. En Juntos por el Cambio subsisten los mayores reparos hacia el dictamen suscripto el año pasado, que es el que buscan cerrar ahora.
En rigor de verdad, integrantes de la Comisión de Recursos Naturales estaban dispuestos a ir por el dictamen la semana pasada, convencidos de que tenían el número para lograrlo. Finalmente accedieron a dilatar el tratamiento, aunque intentarían alcanzar un dictamen este jueves.
Cabe consignar que tres de los diez proyectos que han sido puestos a consideración corresponden a miembros de Juntos por el Cambio: uno es de Ximena García (UCR-Santa Fe) y Maximiliano Ferraro (CC-CABA); otro de Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) y el tercero es de Jorge Vara (UCR-Corrientes). Ese último tiene a Buryaile como cofirmante y es el que mayor respaldo encuentra entre los sectores del campo. En ese espacio ubican al proyecto de Ximena García en un sector “intermedio” entre el proyecto respaldado por las organizaciones sociales y el de Vara.
El oficialismo y los bloques intermedios, más la izquierda, respaldan el proyecto que tuvo dictamen el año pasado y que cuenta con la anuencia de las organizaciones sociales. La izquierda, por ejemplo, ha expresado que “no se debe alterar nada” del dictamen del año pasado que terminó perdiendo estado parlamentario.
Como sea, el día D será entonces este jueves a partir de las 10, cuando se reanude el cuarto intermedio. Allí habrá que ver si se cumple el compromiso de avanzar ya con el dictamen, o bien se contempla la observación del titular de Agricultura y Ganadería, que el jueves pasado había advertido que “las leyes se trabajan, no se despachan”.
Agricultura convocó por su cuenta a una reunión informativa para este martes, mientras que el jueves se reanudará el plenario con la intención de la mayoría de dejar listo el proyecto para llegar al recinto.
En el marco del emplazamiento registrado en el recinto de la Cámara baja en la primera parte de la última sesión, esta semana continuará el debate de los proyectos referidos a la protección de humedales, con la intención decidida de alcanzar un dictamen que pueda tratarse en el recinto.
La cuestión generó rispideces expuestas durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda del jueves pasado. Fue cuando desde la comisión cabecera -aquella donde el año pasado se había alcanzado un trabajoso dictamen consensuado que no pudo llegar al recinto, ni alcanzó a pasar tampoco por las otras comisiones a las que había sido girado el proyecto- se sugirió la intención de alcanzar un rápido dictamen, ante lo cual el titular de Agricultura, Ricardo Buryaile, aclaró que no estaban dispuestos a un tratamiento exprés, cuando era la primera vez que tomaban contacto con los proyectos puestos a consideración.
Además, pidieron que se habilitara una ronda de invitados, cosa a la que quienes auspician un rápido tratamiento del tema no se mostraron dispuestos a acceder. Finalmente la Comisión de Agricultura y Ganadería terminó convocando a una reunión para este martes a partir de las 15, a la que han llamado por su cuenta a una veintena de invitados, cuya lista tentativa se conoció este lunes por la tarde.
Ricardo Buryaile expresó el jueves pasado que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”. Lo cual se contrapone con quienes objetan ese tratamiento veloz. En Juntos por el Cambio subsisten los mayores reparos hacia el dictamen suscripto el año pasado, que es el que buscan cerrar ahora.
En rigor de verdad, integrantes de la Comisión de Recursos Naturales estaban dispuestos a ir por el dictamen la semana pasada, convencidos de que tenían el número para lograrlo. Finalmente accedieron a dilatar el tratamiento, aunque intentarían alcanzar un dictamen este jueves.
Cabe consignar que tres de los diez proyectos que han sido puestos a consideración corresponden a miembros de Juntos por el Cambio: uno es de Ximena García (UCR-Santa Fe) y Maximiliano Ferraro (CC-CABA); otro de Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) y el tercero es de Jorge Vara (UCR-Corrientes). Ese último tiene a Buryaile como cofirmante y es el que mayor respaldo encuentra entre los sectores del campo. En ese espacio ubican al proyecto de Ximena García en un sector “intermedio” entre el proyecto respaldado por las organizaciones sociales y el de Vara.
El oficialismo y los bloques intermedios, más la izquierda, respaldan el proyecto que tuvo dictamen el año pasado y que cuenta con la anuencia de las organizaciones sociales. La izquierda, por ejemplo, ha expresado que “no se debe alterar nada” del dictamen del año pasado que terminó perdiendo estado parlamentario.
Como sea, el día D será entonces este jueves a partir de las 10, cuando se reanude el cuarto intermedio. Allí habrá que ver si se cumple el compromiso de avanzar ya con el dictamen, o bien se contempla la observación del titular de Agricultura y Ganadería, que el jueves pasado había advertido que “las leyes se trabajan, no se despachan”.
● Ingeniero en Producción agropecuaria Pablo Mercuri INTA.
● Fabiana Navarro. Licenciada en ciencias biológicas y Doctorado en Ciencias Naturales – INTA
● Mujica Gerardo. Ingeniero agrónomo INTA
● Lic. María Inés Zigarán, ministra de medio ambiente de Jujuy.
● Magister en ecología acuática NEIFF, Juan José Investigador del CONICET Grupos de investigación: Ecohidrología, Humedales, Manejo Ambiental, Ecofisiología vegetal.
● Ingeniero Agronomo Jorge Adámoli. Posgrado en Ecología Univ. Montpellier, Francia.
Numerosas publicaciones sobre humedales del Chaco Argentino y Paraguayo y del Pantanal de Mato Grosso. Profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA. Investigador CONICET e INTA.
● Dr. Santiago Alonso – CEADS (Consejo empresario argentino para el desarrollo sostenible)
-Especialista en derecho ambiental. Egresado del curso superior en políticas e instrumentos de gestión ambiental de la Universidad CEU San Pablo. Expositor en simposios internacionales en Colombia, Chile y España.
● Claudio Terrés -Presidente del departamento de medio ambiente y desarrollo sustentable de la UIA.-
● Luciano Berenstein CAEM (Cámara Argentina de empresarios Mineros),
● Claudia Peirano de AFOA (Asociación forestal argentina).
● Carlos Urionaguena de AFOA (Asociación forestal argentina).
● Ing. Agrónomo Andrés Costamagna, especialista en sustentabilidad por la Mesa de Enlace.
● Silvina Campos Carles Asesora Económica CONINAGRO por la Mesa de enlace.
● Octavio Perez Pardo. FADIA. Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos.
● Noel Breard – Senador provincial de la provincia de Corrientes.
● Marcial Bugnon Ingeniero Agrónomo, Magister en Desarrollo Local. Productor del distrito
La Brava (Dpto. San Javier, Santa Fe) y miembro de la Alianza del Pastizal. Subsecretario de Planificación y Gestión de la Municipalidad de San Javier.
● – *Comparten tiempo* *Domingo Maicocco* ( Intendente de Victoria, Entre Ríos) y Elías Eduardo Ruda. Abogado de Entre Ríos. Representa a la municipalidad en el Comité de
Emergencia Ambiental creado por la Corte. Asesor letrado de la municipalidad de Victoria.
● Manuel Chiappe por Barbechando, Ingeniero Ambiental de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa (EOI – Madrid).
● José Luis Peter miembro de la comunidad Islera de Villa Paranacito.
El presidente de Agricultura y Ganadería, una de las tres comisiones que analiza los proyectos sobre el tema fue víctima de ataques en las redes sociales y reclamó protección para él y su familia.
El bloque de diputados nacionales de la UCR repudió las amenazas de muerte sufridas por el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Ricardo Buryaile, en el marco del debate por la Ley de Humedales.
El diputado por Formosa mostró en sus redes sociales las amenazas que viene sufriendo en las últimas horas. En un intercambio por Twitter, un usuario le dijo: “Te vamos a prender fuego”.
Buryaile preside la Comisión de Agricultura, una de las tres que interviene -junto a Recursos Naturales y Presupuesto y Hacienda- en el plenario que comenzó el jueves pasado a trabajar en un dictamen consensuado de ley de Humedales.
“En medio del debate parlamentario, he sufrido varias de este tipo de amenazas. Es lamentable que en democracia, no quieran escuchar a todas las voces y se dirijan de manera sesgada y violenta. Es muy difícil construir si lo que se promueve es el odio y la estigmatización”, expresó Buryaile en su cuenta de Twitter y adjuntó imagen de la amenaza. Agregó: “Hago responsable a las autoridades de @DiputadosAR de la seguridad de mi familia y de la mía”.
El titular de la bancada, Mario Negri, y el resto de los integrantes de la bancada, expresaron su solidaridad con Buryaile y exigieron que el debate por la ley se de en un marco de respeto mutuo y no agresión.
“Desde el bloque de diputados de la UCR repudiamos las amenazas a @BuryaileRicardo que se están dando en el marco del debate de la ley de Humedales. Es necesario que todos los actores intervinientes llamen a la paz. La norma, demorada años, está siendo consensuada #NoALaViolencia”, tuiteó Negri.
A instancias del diputado Enrique Estévez, tres comisiones deberán abocarse a partir del jueves de la semana que viene a analizar todos los proyectos que hay sobre el tema.
Un día después de haber expuesto durante la sesión informativa del jefe de Gabinete sobre el grave problema que representan los incendios en las islas y las consecuencias ambientales que están generando en su ciudad, Rosario, el diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista) pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.
Arrancó refiriéndose al tiempo “muy difícil por las catástrofes ambientales que está atravesando nuestro planeta en general y la Argentina en particular”. Habló de “la calamidad que estamos viviendo con los incendios que vemos habitualmente en todo nuestro país”, y remarcó que “nos debemos un debate sincero honesto, respetuoso, sin sobresaltos que busquen atajos ni enemigos, sin sobreactuaciones que profundicen las contradicciones que tenemos como sociedad”.
El legislador santafesino recordó los proyectos “muy importantes” que todavía esperan ser tratados en la Cámara baja y citó el caso de la ley de humedales, que dos veces tuvo media sanción del Senado y que hace poco más de un año tuvo dictamen en una comisión de Diputados. Tras lo cual, solicitó a sus pares emplazar a las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda “para que en forma conjunta, en trabajo de plenario, se pongan en tratamiento una serie de expedientes” que a continuación enumeró. Todos ellos referidos al Régimen de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales. La propuesta, que como dijimos fue aceptada por el pleno, fue para que el debate en comisiones se inicie el próximo jueves 22.
La propuesta fue aceptada por su par oficialista Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales, y quien viene insistiendo con la necesidad de tratar el tema de manera inmediata. Con todo, el legislador del Movimiento Evita aclaró que en el Frente de Todos “preferimos siempre los acuerdos parlamentarios, el diálogo, por sobre los emplazamientos”.
“También saben lo que pienso de la ley de humedales”, recordó, como así también insistió en la necesidad de tratar cuanto antes el tema, por lo que anticipó que el bloque FdT votaría de manera afirmativa el emplazamiento.
El radical Ricardo Buryaile, titular de Agricultura y Ganadería, otra de las comisiones emplazadas, anticipó también el apoyo al pedido, aunque planteó una y otra vez con la necesidad de “compatibilizar medio ambiente con producción”. “Esa es la premisa con la que vamos a trabajar”, remarcó, recordando que dentro del paquete de proyectos que se anunció servirán para el tratamiento hay varios de la principal oposición. Comentó también que desde que está al frente de la Comisión de Agricultura, “siempre estuvimos a disposición de tratar cualquier proyecto de ley que sea girado a nuestra comisión. Sean o no de mi agrado. En este caso este es de mi agrado”, aclaró, recordando que él es firmante de un proyecto.
Con todo, advirtió que “lo que se está viviendo en Rosario no se va a parar con la ley. Tenemos una Ley de Manejo del Fuego y el problema está en el hombre, la prevención y los organismos que deben atender esto”. Contó a continuación que “nuestra comisión está trabajando con Presupuesto y los distintos bloques que componen esta Cámara, en un proyecto que fue pedido por el ministro y el presidente”.
Buryaile aclaró que habían hablado el día anterior con el diputado Enrique Estévez y también con Leonardo Grosso, sobre el tema. “Habíamos consensuado una metodología de trabajo… Ante esta intimación, vamos a votar positivamente”, aclaró, pero no pudo evitar calificar “violenta, intempestiva enterarnos esta mañana” del emplazamiento que se impulsaría.
Desde el bloque Evolución Radical, el pampeano Martín Berhongaray dijo en su condición de vicepresidente de Recursos Naturales que están “aburridos de estos pedidos de emplazamiento que empiezan a ejecutarse y terminan en nada”. Habló de la necesidad de tener “sí o sí un dictamen de la ley de humedales, y le adicionó otra condición: que así sea al cabo de tres reuniones de comisiones consecutivas, en semanas sucesivas.
Desde el Pro, Fernando Iglesias anticipó también el apoyo de su espacio, en los mismos términos planteados por Ricardo Buryaile: “Esto no es un problema legislativo, es un problema de gestión y no aceptamos la acusación de haber retrasado esto. Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver la preservación económica, y estamos dispuestos a tratarlo a nivel legislativo, pero no aceptamos la maniobra fácil de adjudicar al Congreso lo que se está viviendo. Es un problema de gestión”.
El presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, ratificó los dichos de Grosso en cuanto al acompañamiento oficialista, y destacó la presencia de intendentes santafesinos en la Cámara ese mismo día para plantear la magnitud del problema que están viviendo. Concluyó sugiriendo planificar una reunión para el próximo jueves a las 10 de la mañana para tratar los proyectos y buscar que cuanto antes llegue al recinto.
Graciela Camaño se pronunció a favor de lo expuesto inicialmente por un miembro de su interbloque como es Enrique Estévez, y aclaró que él no había hecho ninguna imputación, salvo la de la mora que la Cámara de Diputados tiene con el tema humedales. Alertó sobre el problema del cambio climático, y “la seria desertificación que está sufriendo la Argentina”, donde casi el 72% del territorio está desertificado.
A continuación, Nicolás Del Caño apoyó la moción, pero rechazó el concepto de “violento” que Ricardo Buryaile le había puesto al emplazamiento. “Violento es lo que está sucediendo, es lo que pasa en Rosario, que no se puede respirar”, replicó, quejándose de que hace “10 años que este dictamen no sale de este Congreso”, donde “de repente dicen que están todos de acuerdo, qué hipocresía”.
El radical correntino Jorge Vara se manifestó “total y absolutamente” en coincidencia con la propuesta, pero aclaró que no era responsabilidad de los diputados de la Comisión de Agricultura que no se hubiera discutido el tema. “Nunca llegó”, aclaró, advirtiendo no obstante que quería un “debate con consistencia y respetando las evidencias, porque podemos llegar a sancionar una ley que no sea aplicable después”.
“Por supuesto me sumo al pedido”, planteó Romina del Plá, que reclamó también “dejar de jugar al Gran Bonete, porque hay una responsabilidad de los distintos bloques mayoritarios en haber cajoneado el tema”. Y lanzó una advertencia al movimiento socioambiental por los dichos de Buryaile sobre un proyecto del Ejecutivo en el que estarían trabajando. “Que se discuta el proyecto que tiene el acuerdo de las 200 organizaciones”, reclamó.
Maximiliano Ferraro (CC) y Ximena García (UCR) se refirieron luego a un proyecto propio presentado oportunamente y adelantaron su apoyo, mientras que el rionegrino Luis Di Giacomo rechazó hacer un debate político sobre el tema: “No nos parece oportuno hablar de si los incendios son por provincias peronistas o radicales”, y con ironía se refirió a los diputados porteños, donde “se permiten cada vez más edificaciones, con lo que los espacios verdes son cada vez menos y no van a tener incendios”.
El plan integral del Municipio para articular y potenciar acciones a favor del cuidado del medio ambiente.
En el marco del Día Mundial de los Humedales, que se celebra el 2 de febrero, San Fernando organizó una capacitación virtual de la que participaron vecinos en general interesados en la temática y miembros del grupo de voluntarios ambientalistas EcoVecinos.
El director de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio, Gabriel Tato, quien estuvo a cargo de la actividad, expresó: “Desde la Reserva de Biosfera Delta del Paraná de San Fernando, una unidad de paisaje ensamblada en este humedal tan importante, hicimos una capacitación para los vecinos interesados en la temática, y para los Ecovecinos, voluntarios que colaboran con el ambiente en el área de EcoSanfer -que es el plan integral del Municipio para articular y potenciar acciones a favor del cuidado del medio ambiente- para conocer los valores ambientales de nuestra Reserva enmarcada dentro de este gran mosaico de humedales que es el Delta del Paraná”.
“Estas unidades de paisaje son muy importantes para el planeta, porque entre los múltiples servicios ecosistémicos que brindan, tienen agua dulce, fundamental para la vida de todos los habitantes del planeta. Es imperioso cuidar nuestros humedales, quienes los visiten deben tomar los recaudos necesarios para no contaminar, y evitar los incendios para que se conserven lo mejor posible”, concluyó el funcionario.
Por Ricardo Luis Mascheroni, docente. El autor explora la problemática de la explotación de los humedales, y las herramientas legislativas disponibles.
Trataré de poner un poco de claridad en el tema, que puede no ser del agrado de muchos, que han hecho de los humedales una bandera de activismo político.
Creo que distintas partes existe un ambientalismo diría, espasmódico, que frente a un hecho que afecta al entorno y reproducido hasta el cansancio por los noticieros, generan colectivos de repudio y que pasado un tiempo desaparecen. Valga el ejemplo de las pasteras, miles que nunca se habían percatado que en el país existían más de 20 de esas industrias contaminantes, se unieron para protestar contra las uruguayas.
Al igual que en el caso referido, hay una actividad febril en este tema, con proclamas, concentraciones y proyectos de leyes varias, que una vez que nuestros ríos retomen su caudal normal (si es que lo hacen) las mismas irán mermando, hasta que se produzca un nuevo episodio de similar naturaleza (bajante).
Para el abordaje del tema, debemos conceptualizar el qué son y para ello apelaremos a la Convención de Humedales o RAMSAR, ciudad iraní donde se firma el 2 de febrero de 1971, más de 50 años atrás, ratificada por la Ley Nacional Nº 23.919, por la que establece la importancia y la necesidad de protección de los mismos.
La Convención Ramsar, en su artículo 1 párrafo 1, dice que se consideran humedales: “Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. “Podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas.”
Vemos que estos ecosistemas son zonas húmedas, que, salvo contingencias extremas, como las producidas en los últimos dos años, nunca pueden ser destruidos por el fuego, Debemos coincidir que los humedales del mundo y del país están desapareciendo a pasos agigantados, no por el fuego natural o intencional, sino por el incumplimiento de toda la normativa existente y la falta de celo del Estado.
Según algunos estudios, desde el año 1900, la humanidad ha destruido el 64% de los humedales, y no sólo frente a Rosario, Santa Fe o algunas otras ciudades con capacidad de protesta y llegada a los medios, ante un silencio que aturde frente a muchos otros eventos más dañinos y definitivos.
Tamaña desaparición es producto de la deserción del Estado, la impunidad de los desarrolladores inmobiliarios y las actividades productivistas agrícolas ganaderas, no sólo en su función originaria, sino también para el patrimonio nacional, ya que la mayoría de esas tierras de conformidad a la ley son bienes públicos del Estado destinados al uso y goce de todos los ciudadanos, no apropiables por los particulares, pese a lo cual la mayoría está en manos privadas que han hecho fabulosos negocios inmobiliarios a costa de todos.
Estos ecosistemas son contemplados en las siguientes normas. En primer lugar, por la Convención Ramsar y la Ley Nacional Nº 23.919; en segundo término, la Ley General del Ambiente Nº 25.675, por sus artículos 1º y 2º establece los principios rectores de la gestión ambiental y que por el 3º dice que: sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia. Sin olvidar el artículo 41 de la C.N. que se expresa en similares términos.
Sumemos el Código Civil, que dispone el carácter de bienes públicos (inalienables e imprescriptibles) de dichos territorios. Con todo este bagaje de normas, sino no fuera por la inacción estatal, la protección sería total.
Sin perjuicio de lo expuesto, en la Pcia. de Santa Fe existe el Decreto Nº 7317 del 5-10-1967 que estableció normas para planes estructurales de desarrollo urbano tendientes a evitar el crecimiento deficiente, “cuyos costos de corrección son siempre mayores que la oportuna inversión en la solución correcta”. El que sabiamente establece: “No se admitirán extensiones de usos urbanos en áreas comprendidas en antiguos lechos de ríos o arroyos, no exentas de inundaciones…”. “Tampoco se admitirán extensiones de usos urbanos en lechos de crecidas ordinarias o extraordinarias, ni en áreas afectadas por posibles inundaciones cíclicas. Igualmente, en las franjas marginales de erosión y arroyos.” Igualmente veda las actividades industriales y productivas en esas áreas.
Para desgracia estas previsiones fueron echadas en el olvido, merced a la presión del dinero y los fabulosos negocios inmobiliarios realizados, comprando terrenos sin valor venal (pero sí ambiental) y revendiéndose a precio de loteos urbanos, previo pago por parte de toda la comunidad de obras de defensa para unos pocos. Villa California en Rincón, es un clásico ejemplo de este tipo de negocios, para mencionar un solo caso. Podríamos abundar en los casos de Nor Delta y tantos otros.
Mientras se mantenga la bajante de nuestros ríos, el oportunismo de algunos estará a la orden del día y miles de hectáreas de humedales hacia el interior seguirán desapareciendo, producto el desecamiento, los canales, los murallones de defensa y todo emprendimiento que le deje mucho dinero a sus impulsores. Los que nunca prestaron atención a estos ecosistemas, hoy se sacan chispas para ver quién es más papista que el papa y presentan infinidad de proyectos de ley, como si la ley solucionara los problemas, Para evitar estos desastres hay que tener decisión y voluntad política de hacerlo y no ponerse a actuar sobre la leche derramada.
En paralelo a Diputados, un plenario de comisiones de la Cámara alta escuchó este miércoles a once especialistas en el tema.
En paralelo a Diputados, un plenario de comisiones de la Cámara alta escuchó este miércoles a once especialistas en medioambiente en el marco del debate por la ley que establece presupuestos mínimos para la protección de humedales.
La reunión informativa se realizó en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Gladys González (Pro), y de Agricultura, Ganadería y Pesca, conducida por Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos).
La primera oradora fue la coordinadora del Área Humedales del Taller Ecologista de Rosario, Laura Prol, quien instó que la normativa “contenga una visión ecocéntrica y consagre los principios de prevención precautorio y de no regresión, los principios in dubio pro natura, in dubio pro aqua, y de interculturalidad”.
“Una ley con enfoque de derechos, operativa, que incluya la diversidad de humedales del país con una moratoria que pueda ser efectivamente implementada y que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales y con partidas presupuestarias a la altura del desafío”, pidió.
También solicitó que la futura ley “permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales y que establezca que a partir de su sanción y promulgación las provincias incorporen los humedales a su ordenamiento territorial”.
Acto seguido, el diputado por Corrientes y exministro de Producción de esa provincia Jorge Vara (UCR) destacó la importancia de la definición de humedales, además de resaltar la importancia de la realización tanto de un inventario como de un ordenamiento territorial.
Por su parte, el exdirector nacional de Gestión del Agua y Ecosistemas Acuáticos Javier García Espil recordó que “estamos hablando de ambientes que sostienen producciones como arroceras, otras agropecuarias, pesca continental y también en algunos casos son importantes sostenes de economías regionales” y que “están sometidos a una enorme presión”.
García Espil consideró “clave” la definición “porque es lo que determina el alcance de la ley” y, en relación a los instrumentos de ordenamiento y evaluación de actividades, dijo que “es importante contar con criterios específicos para los humedales y que habiliten proceso de participación ciudadana”.
En cuanto al financiamiento, sostuvo que “es importante que haya recursos para estas actividades y que los fondos lleguen al destinatario final”.
A continuación, Marco Vermaasen, de la Fundación Humedales, consideró que “tiene que ser una ley que promueva la conservación, en un sentido amplio, de humedales” y que “hay que promover y planificar el desarrollo sostenible asumiendo que la naturaleza tiene ciertos límites”.
“Proponemos que se utilice en los textos de ley la definición adoptada a nivel nacional por las instituciones a través del Ministerio de Ambiente de la Nación que permite diferenciar a los humedales de otros ambientes que no lo son”, añadió, y también pidió “un esquema de gobernanza amplio y equilibrado entre la Nación, las provincias y las comunidades”.
Vermaasen opinó que “es indispensable que exista un consejo participativo como un ámbito consultivo”, así como la realización de estudios de impacto ambiental y el avance del inventario nacional de humedales.
En tanto, el coordinador de Recursos Naturales del INTA, José Volante, apuntó que “los 12 proyectos de ley están enfocados en aproximaciones de ecosistema” y que “ese abordaje es distinto al que INTA viene desarrollando”, que tiene que ver con el “socio-ecosistema” ya que “introduce a los actores sociales en el espacio geográfico y en el territorio”.
“Deberíamos ir a una normativa de ordenamiento integral del territorio donde el enfoque sistémico del socio-ecosistema se aborde para el desarrollo sustentable teniendo en cuenta aspectos de la calidad ambiental, de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, pero también de la salud, de la producción, de la equidad social”, consideró Volante.
A su turno, el miembro de la Comisión Asesora de Innovación Institucional dependiente de la Dirección Nacional de INTA Gerardo Mujica señaló que la ley “va a abordar más de 30 millones de hectáreas del territorio nacional, dependiendo mucho de la definición que se adopte”.
Mujica advirtió que “van a quedar involucradas por la ley siete cadenas agroalimentarias e industriales nacionales y más de una docena de economías regionales, decenas de sistemas productivos agropecuarios basados en la productividad primaria de los humedales y el manejo de agua de riego y de drenaje, de almacenaje y de protección contra inundaciones”.
También recordó que “muchas de estas actividades agropecuarias son sujeto de programas y leyes provinciales y nacionales de fomento agropecuario”, y finalmente afirmó que “el proyecto debería contemplar actividades productivas tradicionales e innovadoras y promover el uso de buenas prácticas”.
“Proponemos incluir planes de asistencia técnica y financiera para los pequeños productores y también que el Fondo de Humedales incluya como destinatario el desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias para el uso sustentable de humedales”, prosiguió Mujica.
Por último, recomendó “incluir compensaciones y pagos por servicios ambientales para los propietarios de los predios alcanzados por las áreas de preservación”.
El presidente de la Cooperativa Agrícola de Villa Paranacito, José Jacobsen, alertó que “el proyecto, de llevar al rumbo que lleva, nos dejaría marginados, ya que no se tienen en cuenta nuestras actividades productivas, o de hacerlo, sería con tantas limitaciones y burocracia que nos desalentaría a todos, principalmente a los pequeños productores, que seríamos los más afectados”.
En la reunión también expusieron Luis Traba (docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral), Betina Laurenzano (coordinadora de las comisiones de Legislación y de Aguas Subterráneas del COHIFE), Soledad Ferrería y María Paila Ruiz (representantes de la ONG Taller Flotante).
Será en una nueva reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales. Fueron convocados 18 invitados.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos), retomará este viernes a las 18 el debate sobre la ley de presupuestos mínimos para la preservación de humedales.
En la que será la cuarta reunión informativa en modo virtual, la comisión escuchará a 18 especialistas, de cara a la firma de un dictamen consensuado entre numerosos proyectos.
Fueron convocados el abogado ambientalista Enrique Viale; Maristella Svampa (CONICET), Leonel Mingo (Greenpeace); Daniel Bracamonte (Partido Verde Argentina); Hernán Casañas (Aves Argentinas) y Gastón Fulquet (Fundación Humedales).
También participarán Jackeline Ermini (Jóvenes por el Clima Rosario); María Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales); Juan José Neiff (CONICET-Comité Científico Técnico de la Convención Internacional de Humedales); Jessica Vega (indígena mixteca) y Paloma Costa Oliveira (Youth Advisory Group del secretario general de la ONU).
La Lista continúa con Silvia Abral (Mujer de laya los Andes Marka y Ayllus Wayatayoc); Ariana Krochik y Mijael Kaufman Falchuk (Consciente Colectivo); Valeria Enderle (Fundación Cauce); María Aguilar (EcoHouse); Guadalupe Nava (Alianza por el Clima) y Cesar Massi (Colectivo de Naturalistas Santafesinos).
La Comisión de Recursos Naturales representantes del sector inmobiliario, federaciones, organizaciones ambientales y científicos.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, convocó para este miércoles a las 18 a un nuevo encuentro para debatir la Ley de Humedales.
En lo que será la tercera de cuatro reuniones en busca de un dictamen, expondrán representantes del sector inmobiliario, federaciones, organizaciones ambientales y científicos.
“Nos estamos extinguiendo, tenemos que frenar los incendios y la devastación de humedales, y para eso necesitamos la Ley”, expresó Grosso. Y afirmó: “Tenemos que seguir trabajando en la construcción de consensos porque hay compromiso de todo el arco político”.
Por Blanca Osuna. La diputada nacional entrerriana impulsó un proyecto sobre los incendios registrados en el Delta y considera fundamental la búsqueda de responsabilidades.
El proyecto de declaración que presenté acompañada de diputadas/os del Frente de Todos destaca el valor de la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para la instauración de una Red de faros de Conservación en el Delta del Paraná, como estrategia para prevenir incendios, conservar la biodiversidad y promover un trabajo con lugareños hacia actividades económicas sustentables que resguarde nuestro humedal, el Delta, y sus recursos naturales. También sabemos que ese maravilloso bien no sabe de límites políticos y se extiende en distintas jurisdicciones. Por eso desde el inicio de los incendios, señalamos que la responsabilidad de su protección y cuidado es parte de una política concertada entre la Nación y las provincias beneficiadas por su extensión.
Es fundamental en el camino de asunción de responsabilidades que el Ejecutivo provincial de Entre Ríos haga pública, además de la zonificación de las tierras fiscales ubicadas en el Delta, el padrón actualizado con los nombres de los titulares privados de tierras en la jurisdicción Delta, como asimismo los nombres de los particulares y empresas beneficiados con permisos de uso, arrendamiento o cualquier otra forma de delegación en el usufructo de tierras fiscales. Del mismo modo los nombres de quienes solicitaron entre 2019 y 2020 “permisos para quema de pastizales”, según la ley provincial 9868 cuyo otorgamiento quedó suspendido por el reciente decreto 1096 del 5 de agosto pasado que firmó el gobernador Bordet en cumplimiento por lo solicitado por la Justicia Federal con sede en Entre Ríos.
En la urgencia, vemos con expectativas que se cumpla efectivamente con la disposición de la Corte Suprema respecto a la creación del Comité de Emergencia, compuesto por las distintas responsabilidades provinciales y municipales, para controlar los incendios que afectan más de 90 mil hectáreas y tuvo de manera sostenida 5 mil focos de incendio en este año, en consonancia con lo planteado por el Ministerio de Ambiente de Nación y con el propósito de defensa de nuestra Casa Común.
Valoro que la instalación recientemente iniciada con equipo e infraestructura de nuestro Gobierno Nacional, de los faros que integran el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, ya dio comienzo en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe. Y esperamos continúe en Entre Ríos en los puntos de referencia necesarios para consolidar una política ambiental de Estado.
En una reunión de la comisión que preside Leonardo Grosso, expusieron sectores laborales y productivos.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservacion del Ambiente Humano realizó la segunda reunión informativa con el objetivo de delinear una ley nacional de humedales y contó con la exposición de sectores productivos, científicos y ambientalistas.
En primer lugar expuso Jorge Temporetti, de la Federación Agraria Argentina, quien consideró que una ley de humedales “tiene que estar enmarcada en una política de soberanía nacional, si hay intereses poderosos quedan dormidas”.
“En este momento hay leyes sobre las quemas pero no se aplican, acaba de salir una resolución de la Corte Suprema pidiendo que se apliquen”, reclamó.
Por su parte Adrián Mendizábal, integrante de la regional Delta y Pampeana de la Asociación Forestal Argentina, explicó que “los territorios sobre los que se quiere legislar son muy diversos y que, aún en el propio Delta, no es todo igual”. “Nadie más interesado que nosotros en preservar el suelo. Es fundamental la participación de los actores socio-económicos en el dictado de cualquier norma que tenga implicancia en el territorio”, dijo.
Miriam Sotelo, representante del pueblo guaraní de Corrientes, denunció que “ha habido un avance contra nuestro territorio, modificando el ambiente, las tierras y los cursos de agua”.
“Tiene que existir una ley que reconozca la existencia de un problema, haremos todo para frenar los proyectos que signifiquen la destrucción del ambiente”, manifestó.
En tanto, José Volante, miembro del grupo de humedales del INTA, aclaró que “no hay producción sustentable sin la conservación de la biodiversidad, hay un error en creer que se pueden disociar ambos conceptos”. “Necesitamos introducir la intensificación ecológica necesaria para la intensificación productiva”, remarcó.
El debate comenzó el jueves pasado con la participación de diversos profesionales, científicos y referentes ambientales. El objetivo es definir una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales en la Argentina, en un contexto marcado por los incendios en la zona del delta del Río Paraná.
Con la participación de especialistas, la Comisión de Recursos Naturales dio el primer paso para avanzar en un proyecto conjunto, en el contexto de los incendios en el Delta del Paraná.
Con motivo de los incendios en el Delta del Paraná, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos), comenzó este miércoles con el debate sobre una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, un tema pendiente desde hace varios años en el Congreso.
“Estamos empezando el tratamiento y la idea es poder debatir de cara a sociedad la construcción de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales”, arrancó Grosso, y destacó que recibió “más de cien solicitudes de organizaciones de la sociedad civil” para participar de las reuniones informativas.
El legislador señaló que a raíz de los incendios en el Delta del Paraná, que impactan en Rosario, “hoy por la mañana, casi como una señal de la naturaleza, el viento nos trajo el humo hasta la Ciudad de Buenos Aires, que pudo ser testigo del impacto de estas prácticas”.
Grosso explicó que hay presentados proyectos de varios bloques, como por ejemplo el Partido Socialista, de la mano de Enrique Estévez, y la Coalición Cívica, a través de una iniciativa de Maximiliano Ferraro.
Además, el oficialista recordó que el tema está en debate desde el año 2013 en el Congreso, donde los proyectos nunca pudieron avanzar. “Cada día que pasa es un día perdido y cada vez está más complicada la situación”, advirtió Grosso.
Elba Stancich, asesora en Agua y Ordenamiento Territorial del Círculo de Políticas Ambientales, abrió la ronda de expositores y enumeró los aspectos que, a su criterio, debería contener la ley, como la definición de “humedal”, la confección de un inventario -acotada en el tiempo y con la posibilidad de establecer áreas prioritarias- y un ordenamiento territorial, algo que consideró como “lo medular de esta ley”.
Stancich también propuso incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y criterios para las categorías de conservación y uso, “sin librar la decisión a cada provincia”, además de la propia asignación de fondos y la contemplación de una moratoria.
La experta además aclaró que “esta no es una ley ‘antiproducción’: las actividades que se desarrollan actualmente sobre los humedales se seguirán haciendo, solo que algunas se tendrán que adecuar a la ley”.
A su turno, Aníbal Faccendini, mágister en Ambiente y Desarrollo Sustentable, resaltó que “hablar de los humedales es hablar de agua, que es un elemento vital y esencial”, y agregó que estos ecosistemas “forman parte de lo que podríamos llamar ‘los nuevos derechos humanos de la tierra’”.
Faccendini advirtió que “hay muchas sospechas e intereses económicos en juego” y pidió “lograr una ley efectiva y práctica”. “Necesitamos un Estado con perspectiva ambiental”, acotó.
“Es necesaria una ley de presupuestos mínimos, pero no alcanza con eso. Los argentinos tenemos un sistema federal que nació para unirnos, no para desunirnos. El tema es cómo lograr también una ley de humedales específica” sobre la situación en las distintas regiones, dijo.
Javier García Espil, abogado, docente y especialista en Administración y Políticas Públicas, se refirió a la “pérdida de la extensión y degradación de las características” de los humedales y reclamó “una definición clara, precisa y operativa” que contemple “dónde hay humedales y dónde no” y “quiénes son los sujetos y territorios alcanzados”.
El especialista también remarcó la necesidad de conseguir “mejor información para aplicarla al ordenamiento del territorio y a la gestión ambiental”, a través de una ley participativa que incluya incentivos “para que no sea un proceso que nunca llegue a su fin”.
“Hasta que no esté el inventario y el ordenamiento, necesitamos ser muy precavidos con las actividades que se realicen”, indicó, y añadió que “no se trata solo de prever recursos o financiamiento sino de asignar esos recursos adecuadamente”.
El ingeniero químico y docente César Mackler defendió el proyecto de Estévez y sostuvo que “son los recursos naturales los que determinan las posibilidades pero también las limitaciones del desarrollo productivo de la región”.
“No debemos modificar estas áreas en función de políticas, planes, programas o proyectos que son diseñados sin tener en cuenta las características del sitio”, consideró.
Por su parte, Julián Monkes, ambientólogo y mágister en Desarrollo Rural, especificó que los humedales comprenden “un cuarto del territorio nacional” y son “sistemas muy heterogéneos” con “diversidad de problemas ambientales y lobbys que operan”, como la minería, la industria y el avance de emprendimientos inmobiliarios.
“Esta ley debería conservar áreas sensibles pero también planificar la producción en los territorios de humedales”, opinó, y se preguntó “de qué nos sirve tener una ley perfecta si después no vamos a contar con apoyo de los actores en territorio para que se cumpla”.
En tanto, la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, relató que “desde febrero se vive una situación muy particular con la quema indiscriminada de las islas” y advirtió que “un tercio de la ciudad de Rosario es territorio devastado, con lo que esto significa para los humedales del Paraná”.
Asimismo, Schmuck anticipó que el Consejo que preside sesionará este jueves en el Municipio de Sastre para poner el tema en agenda.
En la reunión informativa también expusieron Eduardo Toniolli (concejal de Rosario), Fabián Coppiz (Multisectorial por la Ley de Humedales), Laura Prol (Taller Ecologista de Rosario) y Sergio Rinaldi (periodista especializado), entre otros.
A la hora de las expresiones de los legisladores, el santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) observó que hay un “enorme malestar social” con la quema de pastizales y consideró que “cuando hay un fuerte consenso en el rechazo, también allí hay un germen y empiezan a gestarse las condiciones para lograr una solución al problema”.
Martínez consideró erróneo creer “que si mañana no hay quema de pastizales estarán resueltos los problemas”, y en ese sentido habló de la pesca, la caza furtiva, los residuos sólidos, el combustible de las embarcaciones, los terraplenes y diques artificiales. “Tenemos que tener una respuesta integral”, concluyó.
Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal) aclaró que “en materia de normas, en realidad, no tenemos tanto débito en el Parlamento, y de hecho los humedales tienen una protección” desde el año 1991, con la adhesión a la Convención de Ramsar.
“El problema es que no tenemos una ley individual, pero el problema va mucho más allá. Tenemos Ley de Bosques, tenemos Ley de Glaciares, tenemos Ley de Ambiente, tenemos una enorme cantidad de legislación. Lo que pasa es mucho más importante y serio: tenemos la necesidad de hacer un cambio cultural. Para nosotros, el hombre es el centro de la escena, y esto nos impide ver que en la escena no está solo el hombre; hay una diversidad increíble, el medioambiente, los seres animales y vegetales”, describió la diputada.
Desde la UCR, Brenda Austin destacó la participación de especialistas y explicó que el artículo 41 de la Constitución Nacional “es muy claro al respecto”, garantizando “un marco protectorio igual en todo el país”, por lo cual “la fijación de los presupuestos mínimos es competencia del Congreso de la Nación”.
La cordobesa recordó que en 2013 y 2016 el Senado avanzó con medias sanciones que luego no prosperaron en Diputados. “La mirada de las provincias ya está sobre la mesa. Hace falta que los diputados recojamos el guante”, enfatizó.
Maximiliano Ferraro, autor de uno de los proyectos en danza, destacó que “nos encontramos ante una oportunidad histórica de saldar una deuda de larga data que tenemos en el Congreso” y alertó que “estos ecosistemas están en peligro y necesitan una atención para que puedan ser preservados”.
“Esta deuda tiene que ver con el ordenamiento de nuestro territorio como instrumento de política pública y de gestión ambiental. Debemos garantizar la conservación y el uso racional de nuestros humedales a través de una ley de presupuestos mínimos, como parte de una agenda de desarrollo sostenible y de una recuperación económica verde”, aseguró.
Otro de los impulsores de la ley, el santafesino Enrique Estévez, coincidió con Camaño en que “estamos ante un debate cultural y las soluciones que tenemos que encontrar son con todos”, por lo cual pidió que el INTA, el CONICET, las universidades nacionales y las organizaciones civiles “no solo opinen, sino que tengan participación real en la ejecución de la ley”.
Estévez explicó que los humedales son “grandes reservorios de agua dulce” y que comprenden “el 20% del territorio nacional”. “Como sociedad tenemos que dar un mensaje claro de que tenemos que cambiar nuestro vínculo con la naturaleza”, insistió.
Es a raíz de los incendios registrados en el Delta del Paraná. La iniciativa tiene como antecedentes los textos aprobados por el Senado en 2013 y 2016.
Los diputados radicales Brenda Austin, Ximena García y Gustavo Menna presentaron un proyecto de ley de “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”.
“La iniciativa se enmarca en lo que dispone artículo 41 de la Constitución de la Nación, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano junto al deber de preservarlo. Es la misma Constitución la que asigna a las autoridades el mandato de proveer a su protección, a utilizar racionalmente los recursos naturales, a preservar el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica”, enfatizaron.
El proyecto promueve la protección de los humedales que son ecosistemas con características diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, al destacarse por ser fuente de una enorme riqueza de biodiversidad y proveer de servicios como agua y amortiguación de inundaciones, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, almacenamiento de carbono, disminución del poder erosivo de flujos de agua y la estabilización de la línea costera. Son esenciales en la provisión de alimentos para la sociedad y la fauna silvestre, como también de valores culturales.
Austin sostuvo que “los humedales son claves para el sostenimiento de la vida; tenemos una deuda histórica en establecer un marco protectorio que brinde pautas claras y uniformes para su manejo sostenible”.
Argentina es país signatario de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, en cuyo marco ha designado 23 sitios de protección que cubren una superficie superior a los 5,5 millones de hectáreas. Sin embargo, no se cuenta con legislación interna que establezca pisos mínimos de protección y herramientas de gestión para todos los humedales de nuestro territorio, independientemente de su caracterización internacional. El vacío normativo genera como consecuencia la continua pérdida y degradación de estos ecosistemas, tal como se evidencia a nivel global con una disminución de la superficie de humedales entre un 64% y 71% durante el último siglo.
Por su parte, García señaló que “la necesidad de establecer principios mínimos para conservar y garantizar el uso racional y sostenible de los humedales responde a que tienen un enorme valor biológico, ecológico, cultural y social”.
La santafesina agregó que “su protección se ha transformado en una gran demanda ciudadana, que pudimos comprobar con la condena social y política que han recibido las continuas y masivas quemas de pastizales en el Delta del río Paraná y del río Salado”.
“Avanzar en el ordenamiento territorial de los humedales es una asignatura pendiente para Argentina. Debemos hacerlo contemplando que están considerados entre los ambientes más productivos del planeta, que pueden ser usados racionalmente y que prestan una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales que difícilmente puedan ser reemplazados”, dijo por su parte Menna.
Por último, Austin remarcó que “la crisis climática global nos exige dejar de mirar a un costado y nos obliga a abordar la urgente necesidad de resguardar el derecho a un ambiente sano, no sólo como una aspiración a futuro sino para el momento presente. Eso es posible si tenemos claro que el desarrollo sólo es tal, cuando es sostenible”.
La iniciativa fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Héctor Stefani, Karina Banfi, Albor Cantard, Graciela Ocaña, Alicia Terada, Jorge Enríquez, Luis Pastori, Claudia Najul, Camila Crescimbeni, Hugo Romero, Mario Arce, Lidia Ascarate, Lorena Matzen, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Josefina Mendoza, Dina Rezinovsky, Virginia Cornejo, Aída Ayala y Gustavo Hein.
Entre los objetivos del proyecto se destacan la identificación de los humedales para garantizar su conservación, uso racional y sostenible; la protección de su valor y potencial estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático; el establecimiento de criterios de conservación y uso que tengan en cuenta su integridad ecológica y su dependencia del régimen hidrológico; la identificación y regulación de actividades que amenazan su integridad; el resguardo de los principios de no regresión, in dubio pro aqua y pro natura, preventivo y precautorio en favor de la protección de los humedales; el libre acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
A su vez, integra las herramientas necesarias para el ordenamiento territorial de los humedales, en el marco de los principios e instrumentos de gestión y política ambiental reconocidos en la Ley General del Ambiente. Para ello prevé la elaboración del Inventario Nacional de Humedales, el Ordenamiento Territorial de Humedales como instrumento clave de gestión del territorio por parte de las jurisdicciones, la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica para la autorización de obras, actividades y usos que posibiliten la gestión y el uso racional y sostenible de los humedales.
Contempla otras previsiones, como las relacionadas con actividades prohibidas, las relativas a la integración y aplicación del Fondo Nacional de Humedales y un sistema de sanciones que busca establecer una responsabilidad administrativa coherente con la magnitud de los daños que podrían ocasionarse en caso de infracciones.
La propuesta del radicalismo fue elaborada en base a los antecedentes del Congreso, especialmente los textos sancionados por el Senado en 2013 y 2016 y la propuesta de anteproyecto de ley del diputado (MC) Juan Carlos Villalonga, sumando a ello las recomendaciones emitidas desde diversos ámbitos científico-técnicos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
La diputada entrerriana aseguró que estos hechos “provocados” requieren “una defensa irrestricta de nuestros humedales”.
La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos) se refirió a los incendios en el Delta del río Paraná y enfatizó que “es un tema gravísimo que destruye una de las reservas más ricas y diversas, y está demostrado que no es una quemazón casual”.
“El escenario de los incendios de pastizales aparece como una constante amenaza a uno de los ecosistemas fundamentales, como son los humedales del Delta del río Paraná. Las imágenes sobre la quemazón premeditada, iniciada desde marzo y extendida durante mayo, junio, y que continúa hasta hoy, muestra los daños de miles de hectáreas y la necesidad de una política integral en materia del resguardo de estas reservas esenciales para la vida de nuestras comunidades”, señaló.
La entrerriana indicó que “es una catástrofe histórica que está camino a marcar precedentes que nos duelen, en contrario a la postura que hemos sostenido muchos entrerrianos siempre en defensa de los humedales”.
“La realidad que hay que atender urgente requiere del trabajo articulado intergubernamental y de una acción contundente del Poder Judicial a partir de las oportunas denuncias realizadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación”, subrayó.
En ese sentido, la oficialista dijo: “Esperamos que la Justicia avance sin demoras en las indagatorias de ciudadanos santafesinos y entrerrianos imputados en el proceso de investigación, por la violación a los artículos 186 y 194 del Código Penal, y la Ley 24.051, proceso que deberá culminar señalando responsabilidades y aplicando penas”.
“La situación actual, condicionada por las sequías, ha puesto en la escena que las quemazones no sólo son intencionales sino que parten de intereses y negocios que se enmarcan en una red más compleja y que necesita de análisis profundos y respuestas gubernamentales reparatorias y preventivas contundentes”, continuó.
Osuna opinó que esta situación requiere un abordaje del problema en “una acción concertada entre la Nación y las provincias que comparten el territorio del humedal Delta del Paraná. Y creo oportuno encontrarnos en el repudio a estas prácticas quienes tenemos responsabilidad institucional y política para promover acciones articuladas en resguardo de los humedales”.
“Advertimos que el cuidado del humedal no puede limitarse exclusivamente a su extensión sobre tierras fiscales, sino comprometer también esfuerzos de propietarios particulares para el respeto de criterios de explotación productiva sustentable, el control de obras hídricas para la preservación de un bien natural fundamental para la vida”, añadió.
Finalmente, la diputada opinó que “estaría muy bueno que el gobierno provincial desarrolle políticas de cuidado con respecto a los agrotóxicos, a la regulación de la pesca en el Paraná y a la prevención de los incendios provocados en las islas como práctica destructiva del ecosistema. Para la política ambiental y social de Entre Ríos son ejes definitorios del cuidado de nuestra casa común”.
Debido a los sucesivos incendios producidos frente a Rosario y la necesidad de proteger estos ecosistemas en todo el país, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable, el bloque Socialista presentó su proyecto y requirió un urgente tratamiento.
El diputado nacional del bloque Socialista Enrique Estévez presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley -elaborado con organizaciones de la sociedad civil, universidades, ONG´S, especialistas y profesionales en la materia – para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales, una perla natural que brinda herramientas productivas para la subsistencia sustentable.
“Esta legislación es otra deuda pendiente con el medio ambiente; necesitamos herramientas para abordar los problemas y las soluciones de los humedales, que representan el 21.5% del territorio nacional en la Argentina”, manifestó el legislador santafesino, y explicó la importancia de estos ecosistemas naturales: “Los humedales no solo son grandes reservas de agua dulce, y son fuente de hábitat, alimento y refugio para el sostén de la diversidad biológica, entre tantas otras, sino que también son grandes amortiguadores de inundaciones y protección de costas”. “Tienen la función ecosistémica de funcionar como ´esponjas’”, añadió.
Asimismo, Estévez contó que este proyecto destinado a la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales fue aprobado por el Senado de la Nación años atrás, y que “perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados porque nunca fue tratado”.
Con una visión federal, el proyecto prevé dos escalas de responsabilidad, una nacional de coordinación y asistencia, y una provincial de implementación y ejecución. Asimismo, la Autoridad de Aplicación Nacional deberá asesorar, apoyar y asistir a los gobiernos locales de las distintas jurisdicciones en los programas de conservación y restauración de humedales, y su monitoreo y fiscalización, así como realizar campañas de concientización y crear programas de promoción e incentivo a la investigación.
Otro de los pilares de dicha iniciativa es la creación del Inventario Nacional de Humedales, en el que se identificarán los humedales en todo el territorio con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
“Es fundamental que tengamos un registro de nuestros humedales, con información digital y accesible, para realizar el seguimiento y control correspondiente”, señaló el diputado nacional del Frente Progresista.
En este sentido, el dirigente socialista dijo que “se debería prohibir toda intervención en ecosistemas de humedales sin la aprobación por parte de autoridad competente de la evaluación de impacto ambiental”, y remarcó que “todo proyecto de aprovechamiento de los humedales deberá reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios que tradicionalmente ocupen esos ambientes”.
“Hoy en día existen emprendimientos que pretenden urbanizar en zonas de humedales, contaminando las napas o desmontando”, denunció Estévez, quien también es el Secretario General del Partido Socialista de Santa Fe.
El proyecto también indica que resulta indispensable la conformación de comisiones asesoras como espacio participativo permanente compuestas por organismos científicos y técnicos, universidades, ONGs, gobiernos locales y pueblos originarios, entre otros.
