“Este año la Argentina va a volver a crecer”

Así lo afirmó el jefe de Gabinete al trazar un panorama económico en el que destacó una recuperación no solo comparada con el año 2020, sino también con el último de la gestión Cambiemos. Precisamente sobre esa gestión fue muy crítico, al detallar índices críticos registrados entre 2015 y 2019.

Al ocuparse del plano económico, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que el Gobierno arrancó con “un Estado debilitado”, consecuencia de “esa doble crisis que sufrió la Argentina, la de la balanza de pagos 2018/2020 y la crisis de la pandemia”, a lo que atribuyó “tener tres años consecutivos de recesión económica”.

“Este año, sin embargo, la Argentina va a volver a crecer”, auguró enfáticamente. Y fue más allá al señalar que “este año volvemos a poder fijar nuestro proyecto, que es fijar nuevamente nuestras prioridades”.

“Para nosotros, fijar nuestro proyecto es volver a fijar cuáles son nuestros compromisos esenciales con respecto a la recuperación económica”, agregó, precisando que “la primer filosofía” de su espacio es que “sin industria no hay clase media; con endeudamiento insostenible no hay futuro; sin consumo no hay inversión, y sin justicia social, sin educación y sin salud, no hay posibilidad de tener un proyecto común, un proyecto de país”.

Y ahí fue que hizo hincapié en los cuatro años que antecedieron a la gestión que él integra. “Para ver cuál es el punto de partida”, enfatizó, entre 2016 y 2019 “la actividad económica se contrajo 3,9%; Argentina experimentó una caída del PBI del 17%; se destruyeron en esos 4 años 226.000 puestos de trabajo formal en el sector privado”, detalló.

Con relación al empleo industrial, Cafiero aseguró que “se contrajo 46 meses de los 48 meses de gestión. En ese tiempo, la Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó”. Agregó que “se cerraron 25 mil empresa, la mayoría PyMEs, y la inflación acumuló 300%; la inversión fue 15,3% menor a la de 2015. El 2020 fue el año de mayor caída global”.

“A pesar de este estado de situación, ¿qué hicimos?”, se preguntó el jefe de Gabinete, asegurando que en sus 18 meses de gestión -15 de los cuales fueron en pandemia, repitió varias veces-, el Gobierno “pudo desarrollar una política fiscal anticíclica”.

Como ejemplo de ello, destacó el caso del IFE, como una de las políticas más conocidas, y mencionó también a las ATP como las destinadas al cuidado de los ingresos y el trabajo. Con ese programa alcanzaron a 3 millones de trabajadores, lo que equivalía cuando se implementó a “más de la mitad de los trabajadores formales del país”, a los que el Estado nacional ayudó pagándoles el salario.

Cafiero destacó también “la baja de tasas de interés, la apuesta a la producción, las políticas de desendeudamiento. Eso es lo que permitió empezar a ver signos de recuperación de nuestra actividad económica. Eso fue lo que nos permitió estar mejor parados para la pospandemia, cuando empecemos a ver ese horizonte de producción y empleo en el que confiamos, para generar un proyecto de país que incluya a todos”.

La Argentina empieza a despegar, crecimiento que tiene que ser sostenido en el tiempo y acompañado por políticas públicas”, destacó el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete señaló ante los diputados que “durante 2021 esas herramientas que se aplicaron en el 2020 empezaron a desagregar en herramientas concretas sostenidas en el tiempo, que generaron políticas fiscales inclusivas activas”.

Citó a continuación el REPRO II, con el que “estamos llegando a casi 600 mil trabajadores al día de hoy, con lo que el Estado nacional sigue asistiendo a los sectores críticos”.

Habló en ese sentido de una inversión mensual cercana de 12 mil millones de pesos, y citó que el 65% del rubro gastronómico es asistido por el programa REPRO; como así también el 70% del empleo de las agencias de viaje de todo el territorio nacional. Y al compararlo con la recuperación de la que había hablado en los ámbitos de la industria y la construcción, consideró que se debe hablar entonces de “una recuperación económica heterogénea”.

“La Argentina empieza a despegar, crecimiento que tiene que ser sostenido en el tiempo y acompañado por políticas públicas”, destacó, citando en ese sentido la ampliación de la AUH y la ampliación de la Tarjeta Alimentar, que llega a casi 4 millones de personas”.

Santiago Cafiero destacó que “las políticas públicas activas desde el punto de vista fiscal son las que terminan dando la posibilidad de esta recuperación económica. Durante el primer trimestre el PIB fue de 2,6% y el crecimiento de la inversión 14%; estamos llegando a los niveles históricos de inversión contra el producto de más del 20%”.

Hizo referencia entonces a la segunda ola y a las “políticas de cuidado” que implicaron una restricción de circulación que impactó sobre la economía. Por ello, dijo, “avanzamos con otro paquete de políticas fiscales expansivas anticíclicas”.

“Para la segunda ola de Covid el Estado dispuso 550 mil millones de pesos”, destacó en ese sentido.

Más adelante, el jefe de Gabinete trazó un panorama optimista respecto de los números que maneja el Gobierno. “Los datos adelantados del mes de junio dan cuenta de una mejora”, afirmó. Y en ese marco citó el consumo energético de la industria, que es –aseguró- “el mayor en los últimos 4 años”.

“La industria automotriz vendió 40 mil vehículos versus 24 mil vendidos en junio de 2019. La recuperación industrial es generalizada; hace 11 meses que hay una recuperación del empleo industrial, y la actividad también lo refleja: 10 de 16 sectores ya están produciendo más que en 2019. Ya han superado a la pandemia”, enumeró. Y agregó: “la producción de maquinaria agrícola está por encima del 40% de lo que fue 2019. Es parte también de la evolución para evaluar el desempeño industrial”.

Según Cafiero, “llevamos 11 meses consecutivos de mejora en el empleo industrial. En los primeros 5 meses de este año tenemos 28.314 millones de dólares de exportación. Es el mejor inicio exportador desde 2013”. Y contrapuso esos datos con quienes afirman que “la Argentina se aísla”, y repitió: “Tenemos el mejor arranque del año desde 2013”.

Así las cosas, al referirse a las inversiones Cafiero quiso refutar que hubiera un éxodo de empresa. “No hay éxodo, tampoco una lluvia de inversiones… No hay que hacer comparaciones meteorológicas”, ironizó en referencia a los vaticinios de los años macristas.

Sostuvo al respecto que “el 14% de aumento de la inversión en nuestro país volvió a estar por encima del 20% del PIB, algo que no ocurría desde 2018. Estamos recuperando el camino”.

Cafiero atribuyó esa mejora a que “se han desarrollado herramientas de estímulo para acompañar a los sectores estratégicos. 780 mil millones de pesos abarcan estas líneas”. Y advirtió al respecto que “vincular las cuestiones ideológicas a las cuestiones económicas nos pareció siempre un disparate, y acá los datos lo demuestran. No hay un modelo ideologizado en nuestro país, sino un modelo que promueve la producción y el empleo”.

“Ya dijo el presidente que vean lo que está haciendo, en vez de cosechar prejuicios”, recordó, y citó también a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, autora de aquella frase que decía que deben evaluar sus gobiernos por cómo les está yendo a las empresas. “Siempre en nuestros gobiernos ganaron las empresas y los trabajadores”, parafraseó.

“A la inversión no hay que esperarla, mucho menos asociarla con fenómenos meteorológicos; hay que arremangarse y empujarla, ofrecer un proyecto de país inclusivo, con consumo, que tenga las posibilidades fácticas de desarrollo. No estas cuestiones ideologizadas de centros de estudio que no van a ningún lado”, remarcó.

Y en otro pasaje se refirió a la obra pública, a la que consideró “esencial”. Por eso, dijo, “duplicamos el presupuesto y lo llevamos al 2,2% del PIB. Hoy hay 16.180 obras públicas desarrollándose en nuestro país. Cuando llegamos había 270 obras donde la gran mayoría estaba sin funcionar. Eso es generación de empleo, de oportunidades”, concluyó.

Piden que la Ciudad cree su propio IFE y REPRO

Se trata de una propuesta del diputado del FdT Matías Barroetaveña que busca paliar la crisis económica que se profundizó a raíz de la pandemia del Covid 19.

Debido a la crisis económica que atraviesan los comercios de la Ciudad y que se profundizó con la pandemia del Covid, el legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear el Programa de Asistencia para la Emergencia Social y Comercial de CABA para trabajadores y personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria.

El texto en cuestión busca instituir el “Beneficio de Recuperación Económica” que consiste en asignar una suma de dinero individual y fija que se pagará a los trabajadores en relación de dependencia de empresas del sector privado a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores adheridos al presente Programa.

En caso de ser aprobado, el beneficio alcanzaría a restaurants, bares y similares del rubro gastronómico, hoteles, cooperativas de trabajo, salones de eventos y organizaciones vinculadas con la cultura. “El monto del beneficio consiste en una suma de 18 mil pesos mensuales por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por el presente Programa, y serán abonados en los meses de mayo y junio”, sostiene la iniciativa.

A su vez, el proyecto propone un IFE porteño por una suma de 15 mil pesos mensuales, durante mayo y junio, destinado a desocupados, monotributistas sociales, categoría “A” y “B”, y trabajadoras de casas particulares.

Al respecto de la medida, Barroetaveña afirmó que “mientras el Gobierno nacional garantizó en 2020 y 2021 medidas de asistencia para damnificados por la pandemia (IFE, ATP y REPRO I y II), el gobierno de Larreta no tomó ninguna medida a favor de las PyMes, comercios, cooperativas o trabajadores”.

“Estamos proponiendo reasignar partidas de gastos no prioritarios como reparación de veredas, publicidad, obras de infraestructura en Costa Salguero y actividades de protocolo, para atender la situación crítica de tantos porteños y porteñas afectados por la emergencia sanitaria”, señaló y concluyó aseverando que “la crisis que sobrevino a la pandemia demostró que un Estado presente es fundamental, exigimos al Gobierno de la Ciudad que asuma su rol”.

Con datos de una senadora nacional cobraron un IFE

Silvia Elías de Pérez denunció que usaron su nombre y su domicilio para tramitar y cobrar el subsidio, y que fue para desprestigiarla.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez anunció este domingo que utilizaron sus datos personales para crear una cuenta falsa a través de la cual pudieran cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Para ello utilizaron su mismo nombre y casi el mismo número de DNI (solo difiere en un número), y los datos de su domicilio.

“Usaron mi nombre y apellido y alteraron mis datos personales (el DNI difiere sólo en un número) para cobrar un IFE. No se trata únicamente de una estafa al Estado nacional. Es una clara maniobra para enlodarme. Exijo que la Justicia investigue este hecho”, tuiteó la legisldora de Juntos por el Cambio.

Según publicó el diario La Gaceta, de Tucumán, ella tomó conocimiento de que lleó a la sucursal del Banco Macro de Juan Bautista Alberdi “una tarjeta para el cobro del IFE emitido a nombre de Silvia Beatriz Elías, y con un número de documento que difiere en solo un dígito del mío, y con una fecha de nacimiento similar, solo modificando el año, pero registrando como domicilio legal mi casa de San Miguel de Tucumán”.

“Demasiadas similitudes para ser casualidad”, advirtió.

Elías de Pérez piensa que tal solicitud no podría haberse canalizado de no contar con la complicidad de algún funcionario. A su juicio, “se trata de una estafa al Estado nacional, porque alguien está cobrando con datos truchos. Por otra parte, no tengo dudas de que con esto también se busca atacarme”. Y agregó que “ANSeS tiene todos mis datos como senadora nacional. Se trata, claramente, de una maniobra llevada a cabo con la intención de desacreditarme”.

Asimismo, la senadora anticipó que presentará una denuncia ante la Justicia federal para determinar los responsables de la estafa, como así también hará una presentación en el Senado Nacional.

Piden que la web de ANSeS vuelva a publicar beneficiarios del IFE

Una iniciativa de la diputada María Luján Rey para garantizar la transparencia de ese beneficio.

Se trata de un pedido de informe presentado por la diputada de Juntos por el Cambio, María Luján Rey. En el mismo se solicita al Gobierno nacional, a través de ANSeS, que vuelva a informar los nombres de los beneficiarios del IFE. Esto ocurre después de la denuncia periodística de que en Salta más de 52 funcionarios habían sido beneficiados por el programa.

“Con asombro vimos que en Salta funcionarios provinciales habían cobrado el IFE, que busca proteger a los ciudadanos más postergados en esta crisis que trajo el Covid-19. Después que se descubrió, la página de ANSeS retiró los nombres de los beneficiarios de la web. Entendemos que es muy grave y le pedimos al Gobierno, mediante ANSeS, que vuelva a publicar los datos para que todo sea transparente”, indicó Rey.

Del mismo modo, la diputada explicó que “después de la denuncia se cambió la página de internet y para acceder a la información hoy debe emplearse la clave de seguridad social del beneficiario. La consecuencia directa es el ocultamiento deliberado de la información que era y debía continuar siendo pública”.

Rapipago firmó un convenio con banco Santander par el pago del IFE

La red extrabancaria líder, firmó un convenio con el banco Santander para canalizar el pago de 12.000 beneficios sociales.

Rapipago, la red extrabancaria líder, firmó un convenio con el banco Santander para canalizar el pago de 12.000 beneficios sociales. 

Si bien el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) inicialmente debía acreditarse únicamente en cuentas bancarias, algunos bancos podrán pagar el IFE a través de entidades extrabancarias. De esta forma, se buscará aliviar la circulación de personas en las entidades financieras. 

Continuando con su plan de integración financiera, Rapipago entregará el efectivo a los beneficiarios que cobran a través del banco Santander, facilitando la operatoria y sumando su gran capilaridad. 

El servicio se brinda en localidades y sucursales específicas. La ANSES informa a través de los bancos cuáles son las locaciones de cobro y los días según la finalización del DNI.  

“Estamos muy honrados con el importantísimo rol que estamos teniendo como actividad esencial, ya que nos permite estar cerca de nuestros clientes y cumplir con el rol social que tenemos como norte desde hace tantos años y que, como parte del proyecto de corresponsalía bancaria, se sume la posibilidad de pagar el IFE de banco Santander nos desafía y motiva”, detalla Walter Barisone, director de la Unidad de Negocios Rapipago. 

Acerca de Rapipago 

Rapipago es una Red extrabancaria con cobertura nacional, dedicada a cobranzas y servicios de pagos (facturas de servicios públicos y privados e impuestos, entre otros), a través de Centros de Servicios y Agentes certificados (estaciones de servicio, maxi-kioscos, farmacias, supermercados y comercios en general). 

Quieren que trabajadores rurales cobren el IFE durante el período de cosecha

A través de una iniciativa, la diputada Mayda Cresto tiene en cuenta a esos trabajadores temporarios. Tratándose de gente que solo tiene empleo registrado unos meses al año.

La diputada entrerriana Mayda Cresto (PJ) presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias para dar continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)” a los trabajadores rurales temporarios de las economías regionales que realicen cosechas durante la pandemia del Covid-19. “Creemos necesario garantizar el cobro del IFE para los trabajadores que tienen empleo registrado sólo algunos meses del año”, señaló la legisladora nacional.

El arándano requiere el trabajo de unas 20 personas por hectárea, pero sólo algunos meses al año.

Cresto solicita al Poder Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias para dar continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)” a los trabajadores rurales temporarios de las economías regionales que realicen cosechas durante la pandemia del Covid-19. La iniciativa propone que los trabajadores que se desempeñan en las cosechas estacionales de economías regionales como el arándano, frutilla, nuez pecán, azúcar, entre otras, tengan acceso al cobro del IFE aunque figuren inscriptos en la AFIP como empleados activos, ya que en los hechos, sólo trabajan algunos meses del año, según la estacionalidad de las cosechas.

“Las personas que trabajan en la cosecha pueden hacerlo solamente algunos meses al año, y con ello quedan registrados ante los organismos oficiales bajo la figura de relación de dependencia, aunque no cuenten con ningún ingreso. Esta situación no les permite el acceso a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por el gobierno nacional, y vital para ellos en este contexto”, explicó Cresto.

El arándano, por ejemplo, es un cultivo con altos requerimientos de mano de obra transitoria a lo largo de apenas dos meses. La modalidad de la cosecha es manual y se estima que se requieren 20 personas por hectárea, en etapas claves como la poda, la cosecha y el empaque, generando más de 20 mil puestos de trabajo en todo el país. El 95% de los arándanos argentinos se exporta como fruta fresca, aproximadamente el 2% se reserva al mercado local y el 3% restante se destina a su industrialización para la producción de pasa, frutos congelados, jugos, mermeladas y pastas congeladas para helados, yogur y repostería.

“La situación de empleo temporario se da en diversas actividades de economías regionales, cuyas cosechas se realizan en determinada época del año, dejando desprotegidos a los trabajadores. Creemos que es necesario revertir esa situación de vulnerabilidad y otorgarles una herramienta indispensable, como el IFE, para disipar la incertidumbre que genera la imposibilidad de garantizar su sustento económico”, concluyó Mayda Cresto.

Se viene la renta básica universal para nueve millones de personas

Por José Angel Di Mauro Alberto Fernández contó con un activo que ningún presidente tuvo: cuatro meses antes de asumir sabía que ganaba las elecciones. La magnitud del triunfo en las PASO hacía indescontable la diferencia y el mérito de Mauricio Macri fue hacer un papel decoroso en las elecciones de octubre, dejando como legado […]

Por José Angel Di Mauro

Alberto Fernández contó con un activo que ningún presidente tuvo: cuatro meses antes de asumir sabía que ganaba las elecciones. La magnitud del triunfo en las PASO hacía indescontable la diferencia y el mérito de Mauricio Macri fue hacer un papel decoroso en las elecciones de octubre, dejando como legado una distancia menor entre oficialismo y oposición, que hoy se refleja en un Congreso más parejo.

A pesar de la certeza citada, el futuro presidente declinó la posibilidad de influir en el proyecto de presupuesto que se envió al Congreso el 15 de septiembre de 2019. Redactarlo fue una formalidad con la que cumplieron las autoridades económicas de entonces, pero Cambiemos ya no hizo ningún intento por discutirlo siquiera en comisión. Como suele suceder en esos casos, el debate fue postergado a la espera de la nueva composición del Congreso. Aunque el nuevo gobierno prescindió de darlo. La nueva administración le bajó el pulgar a la ley de leyes, que dijo redactaría recién en el transcurso del 2020.

Se puede gobernar sin presupuesto. Es hasta más cómodo en ocasiones, pues el jefe de Gabinete solo tiene que redireccionar partidas. Por eso el reproche perenne que suele hacer el kirchnerismo respecto de que en 2011 “nos dejaron sin presupuesto” es ficticio: lo que no tenía entonces el Frente para la Victoria era mayoría en ambas cámaras y por eso el texto que surgiese iría contra sus deseos, razón por la cual decidieron prescindir de lo que sería un corset. Así y todo, el dato sirvió para el relato posterior y aún hoy rinde: en su último discurso de cierre en Diputados, Máximo Kirchner usó esa referencia para tratar de rebatir una referencia que acababa de hacer Mario Negri, respecto de que “ustedes tienen hoy una mejor oposición que la que tuvimos nosotros”.

El Presidente ha dicho que no cree en los planes, y habrá que ver si termina reconsiderando esa declaración, como ya ha hecho con otras. Pero lo cierto es que el presupuesto debería ser tenido en cuenta como la madre de todos los planes. Y este gobierno prescindió del mismo, aunque con un argumento irrebatible: no podía redactar uno sin saber antes qué pasaría con la deuda.

Ahora lo sabe, pues tras ocho meses de complicadas negociaciones acaba de lograr un acuerdo que tuvo un nivel de respaldo inédito. Empresarios, economistas, el sindicalismo, la oposición y hasta los movimientos sociales expresaron su beneplácito. De preguntarse muchos cuál sería el destino de Martín Guzmán tras el final de las negociaciones, el ministro pasó a ser considerado como el más poderoso. Con todo, los mercados suelen ser impredecibles, sino que le pregunten al macrismo. El día del anuncio bajó el dólar, volaron las acciones… Pero al día siguiente volvieron las dudas.

El arreglo en sí mismo apaga tempestades que hubieran sobrevenido si a una crisis sin precedentes se le agregaba un condicionamiento letal: hubiera sido la tormenta perfecta. Hoy se han sentado las bases para comenzar el despegue, o bien reiniciar el círculo. Habrá que demostrar que esto no es más que una postergación en los pagos, que deberá asumir el próximo gobierno a partir de 2025.

Por lo pronto, se necesita crecer, pues no se podrá pagar la deuda si eso no sucede, por más que hayamos renegociado. Y está demostrado que para la Argentina esa empresa se ha tornado imposible en la última década. El país dejó de crecer en 2011, pues no es suficiente que lo haya hecho desde entonces en todos los años impares (electorales), menos 2019. Crecer es un verbo que debe sostenerse, de lo contrario lo que se gana un año se pierde el siguiente, explican los economistas. Habrá que ver cuál es el destino de los recursos ahorrados en el pago de la deuda, aunque resta ahora la negociación con el FMI, que tendrá sus exigencias.

Está claro que una buena parte de los recursos del Estado están siendo consumidos por la crisis sanitaria que enfrenta el país desde marzo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aportan un dato ilustrativo de la magnitud de dinero que han debido redireccionar: la suma que se destina desde esa cartera a alimentos ha pasado de 15 mil millones a 60 mil. Nada que un presupuesto pudiera haber previsto el año pasado para el presente, dicho sea de paso. Porque esta crisis ha revelado datos imprevisibles, como determinó el alcance del IFE. En el gobierno admiten que cuando pensaron en ese recurso para capear las consecuencias de la cuarentena imaginaron que entre 2 y 2,5 millones de inscriptos… y hubo 9 millones.

Hoy esa cifra es la que en el gobierno toman como base para la “renta básica universal” que piensan poner en marcha antes de fin de año, según confió Hernán Torres Guerrero, subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria de Desarrollo Social. Es una masa gigantesca de subsidios con los que el Estado planea arrancar el próximo año (electoral, digamos de paso). “Esa cantidad de beneficiarios va a ir bajando en la medida que la gente empiece a conseguir trabajo y la maquinaria de producción empiece a caminar”, precisa el funcionario de la cartera que conduce Daniel Arroyo.

Imposible predecir también cuándo será eso, cuando el pico aún no ha llegado y, por el contrario, las cifras meten miedo. En breve llegaremos a 10 mil contagios diarios, siendo aún los testeos muy bajos. Peor, la cantidad de muertos por día, que ya se han estacionado por arriba del centenar, podría superar los 200.

Consecuencia de la cuarentena más larga del mundo, las autoridades han tomado nota de que es imposible volver a los inicios de la misma, cuando el cierre era estricto. Quedó comprobado con la insubordinación de hecho que se dio cuando comerciantes de Once decidieron levantar sus persianas, desafiando la prohibición oficial. Desoídos, los inspectores dejaron de labrar actas y la autorización fue “de hecho”. Se sabe de abogados que están preparando acciones judiciales contra las autoridades de la Ciudad por “habilitar” actividades prohibidas por los DNU vigentes, atribuyéndoles las consecuencias de lo que pueda suceder.

En breve llegaremos a 10 mil contagios diarios, siendo aún los testeos muy bajos.

Es parte de la pirotecnia que le destina el kirchnerismo al jefe de Gobierno porteño, a la que sorpresivamente se sumó el Presidente en la semana al hablar de las camas que ocupan los jubilados porteños en la Provincia. Por ahora no es fuego cruzado, pues Horacio Rodríguez Larreta no contesta los ataques, aunque ha mandado a sus voceros a replicar de manera moderada. Pero tomó nota de que volvían las embestidas de parte del ala K del gobierno cuando la vicepresidencia deslizó una crítica a través de Twitter afirmando que “para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”. Lo peor es que Cristina estaba retuiteando un mensaje de Wado de Pedro: “Después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la Policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte”.

Encumbrado dirigente de La Cámpora, pero reconocido como moderado, llamó la atención semejante declaración de parte del ministro del Interior, que no ha tenido similar reacción ante hechos de violencia institucional como se han dado en provincias gobernadas por el oficialismo durante esta pandemia.

Mientras tanto, avanza en el Senado el debate de la reforma judicial y, paralelamente, el juicio político contra el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. “Interino”, como resalta cada texto del oficialismo en el que se habla de él, en el marco de la fuerte embestida para conseguir su desplazamiento. Si bien la Constitución establece que la institución del juicio político alcanza al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, la Ley Orgánica del Ministerio Público solo habilita esa vía para desplazar al procurador.

Una movida casi testimonial, pues necesitarían los 2/3 que el oficialismo hoy no tiene en ninguna de las dos cámaras; pero tendiente a erosionarlo de modo tal de que termine renunciando. Circuló estos días como hipótesis la posibilidad de que el oficialismo modificara por mayoría simple la Ley Orgánica del Ministerio Público para ponerle fin al mandato de Casal de un modo más viable, y por eso se lo preguntó a la ministra Marcela Losardo la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado. Fue durante la exposición que hizo la titular de la cartera de Justicia sobre la reforma judicial el lunes pasado: la senadora cordobesa le pidió que respondiera por sí o por no si pensaban hacer algo así. Sin explayarse, la ministra respondió negativamente. Será un antecedente por si terminan haciendo lo contrario.

Piden informes sobre el IFE otorgado a presos, concejales, funcionarios y hasta extranjeros

Un grupo de senadores de la oposición quieren que el Gobierno nacional brinde explicaciones sobre las informaciones periodísticas que dan cuenta de gente que ha recibido el beneficio sin cumplir los requisitos legales.

El senador nacional de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de comunicación, para solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional, informe respecto a los recursos destinados al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ante la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El proyecto fue acompañado por los senadores Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann, Alfredo De Angeli, Stella Maris Olalla, María Belén Tapia, Juan Carlos Romero, Mario Fiad, Laura Rodríguez Machado, Pamela Versay, Claudio Poggi, Silvia del Rosario Giacoppo, Humberto Schiavoni, Pedro Braillard Poccard y Luis Naidenoff.

El senador fueguino recordó que “en los últimos días, varios medios de comunicación han plasmado en sus notas periodísticas información de individuos que han recibido el IFE, y que claramente no estarían cumpliendo con los requisitos legales para poder acceder a ellos. Frente a la emergencia sanitaria y económica resulta indispensable una administración de los recursos de manera organizada, supervisada, eficiente y equitativa; a fin de garantizar a todos los ciudadanos del país, un manejo de los fondos adecuado y transparente”.

“Resulta inadmisible que concejales y funcionarios públicos se hagan de estos recursos que están destinados a los ciudadanos que se encuentran en situación desesperante de pobreza o desempleo por la gravísima recesión que enfrentamos actualmente. Los recursos económicos son escasos y es responsabilidad de los gobernantes velar por una justa distribución de los mismos”, señaló Blanco.

“Es de suma importancia contar con información precisa sobre los hechos acontecidos. Qué medidas judiciales se tomarán al respecto, tener un conocimiento acabado de cómo concejales y funcionarios de diferentes localidades de la provincia de Salta pudieron acceder al IFE, misma situación con el Titular de la ANSeS de la provincia de Jujuy. Así cómo y por qué personas que se encuentran cumpliendo condena por delitos penales han recibido este mismo beneficio en la provincia de Tucumán, Salta y Chaco”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.

Leavy condenó el accionar de dirigentes de su partido que cobraban el IFE

El senador nacional anticipó que van a expulsar del Partido de la Victoria que él preside a los funcionarios que se hayan inscripto para cobrar ese beneficio.

“Como presidente del Partido de la Victoria repudio el accionar de aquellos dirigentes de nuestra fuerza que solicitaron, vergonzosamente, el pago del IFE, a pesar de tener cargos en el Estado”, señaló este viernes el senador nacional Sergio Leavy, tras conocerse la noticia de concejales y políticos de unos 30 municipios que figuran en los registros del IFE.

Leavy sostuvo que “el Gobierno decidió lanzar este programa, de manera excepcional, para mitigar el impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19, fundamentalmente en los sectores más vulnerables, no para aquellos que fueron electos por el voto popular”.

A través de un comunicado, el senador kirchnerista anticipó entonces que “desde nuestra fuerza consideramos inadmisible la actitud de aquellos dirigentes que  pidieron este beneficio cuando no les correspondía”. Por eso, agregó, “vamos a expulsar del partido a todos aquellos afiliados que hayanincurrido en esta falta grave”.

Para Leavy, “la actitud desvergonzada de estas personas lesiona todavía más la imagen negativa que gran parte de la población tiene de la clase política”.

Por otra parte, el senador del Frente de Todos pidió a la Justicia que “actúe con la mayor celeridad posible”.

Proponen que se incorporen a las personas con discapacidad como beneficiarios del IFE y la Tarjeta Alimentar

Es para aquellas que no perciban ningún tipo de pensión. El diputado Luis Contigiani, junto a la exlegisladora Gabriela Troiano, resaltaron que este sector está “en condiciones de máxima vulnerabilidad”.

El diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) presentó un proyecto, con impulso de la exlegisladora Gabriela Troiano, para que las personas con discapacidad que no reciben ninguna pensión puedan acceder al beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y/o a la Tarjeta Alimentar.

La iniciativa busca “dar respuestas urgentes al reclamo” de este sector, que se ve claramente afectado por “la situación que vive nuestro país a partir de propagación del Covid-19, que además afecta aspectos sanitarios, económicos y sociales”.

“Se hace evidente que las PCD se encuentran en condiciones de máxima vulnerabilidad. Asegurar el derecho a la salud y garantizar una vida autónoma e independiente a las PCD son obligaciones ineludibles para el Estado tal como lo señalan nuestras leyes y la propia Constitución Nacional”, se señaló mediante un comunicado.

Además, Contigiani y Troaino enfatizaron que “la situación actual agrava la posibilidad de conseguir empleos, y sin trabajo no hay obra social, perdiendo así acceso a la salud, a las ayudas y apoyos necesarios”.

También remarcaron que “las pensiones no contributivas solo alcanzan a una minoría de las PCD. Y aquellas que han accedido a una pensión no contributiva a nivel nacional reciben 12.000 pesos mensuales, mientras que quienes perciben una pensión otorgada por la provincia de Buenos Aires, las mismas son de entre 850 a 1.200 mensuales”.

“Las cifras son por demás elocuentes para verificar el nivel de desprotección al que se está sometiendo a un sector tan vulnerable de nuestra sociedad”, añadieron.

Quieren IFE hasta septiembre y actualizado por inflación

La iniciativa busca evitar que la devaluación deteriore el poder adquisitivo de ese beneficio y atender al tiempo de afectación que se estima para la pandemia.

El diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) presentó un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo que actualice mensualmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes disponible,  y extienda el mismo hasta el mes de septiembre del presente año, atento al estado actual de la pandemia en el país.

“Considero fundamental que el IFE sea actualizado conforme a la inflación que se viene registrando en el país, para que esta ayuda paliativa no se devalúe mes a mes por el impacto de la inflación”, afirmó Petri.

Explicó que “en lo que va del año, según informa el INDEC, la tasa de desocupación cayó 10,4%, la actividad económica a abril del presente año fue de 17,5%, la inflación en abril y mayo fue de 1,5% en ambos casos, la de junio se estima que sea de 1,6% y el IPC acumulado desde enero hasta mayo fue del 11,1%. Según el propio el INDEC el costo de la Canasta Básica Total (CBT) en mayo para no caer debajo de la línea de la pobreza fue de $43.080, en una familia integrada por dos adultos y dos menores”.

“La extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la profundización de la crisis económica en el país, hacen sumamente necesario que el Ingreso Familiar de Emergencia sea indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el mes de septiembre”, sostuvo el legislador radical.

Verasay solicitó la continuidad del IFE y del ATP completo en su provincia

Para la senadora mendocina, con los hechos el Gobierno nacional está considerando que “un ciudadano de Buenos Aires vale más que un ciudadano mendocino, o de cualquier otra parte del país”.

pamela verasay sesion virtual 11 de junio

La sendora nacional por Mendoza Pamela Verasay presentó un proyecto mediante el cual se solicita al Gobierno nacional el incremento del programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) hasta su valor original, teniendo en cuenta que en la última modificación de dicho programa el Estado Nacional redujo el beneficio en un 50%, en la mayoría de las provincias, incluida Mendoza. En paralelo, también presentó otra iniciativa donde reclama a la Nación abonar el tercer pago del IFE a todas las provincias. Cabe recordar que se salvaron del recorte Buenos Aires, CABA y Chaco, por ser las zonas más afectadas por la pandemia.

“El Covid-19 afecta a un pequeño porcentaje de la población, pero la cuarentena destruye una gran parte de la economía en todo el país sin distinguir fases, contagios o zonas, por ello es necesario que el presidente comprenda este concepto y lo aplique en la distribución de fondos”, destacó la legisladora radical.

Mediante la Decisión Administrativa 1133/20 el Gobierno nacional redujo la cobertura a los trabajadores de la mayor parte del país y de la mayoría de las actividades económicas, al 50% respecto de su valor original. De dicho recorte sólo se salvaron las empresas y sus trabajadores de CABA, Buenos Aires y Chaco. En este contexto, Verasay presentó una propuesta donde solicita al Poder Ejecutivo Nacional asegurar el acceso igualitario al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a los trabajadores de empresas de todo el país.

“Por este motivo estamos reclamando que por lo menos, en los meses de junio, julio y agosto se deje sin efecto dicha medida. Sería un error pensar que porque un decreto establece que una zona flexibiliza la cuarentena, pero aún permanece en ella, se puede reducir un 50% el programa, cuando la gravedad de la situación amerita darle unos meses a las pymes y a sus trabajadores para regularizar sus finanzas”, enfatizó Verasay.

“Debemos restituir la igualdad de beneficios para las pymes y trabajadores de todo el país, sin distinción de área geográfica, para acceder al salario complementario hasta un máximo de 2 salarios mínimo vital y móvil como está previsto para CABA, Buenos Aires y Chaco. No parece ser el momento de discriminar por área geográfica y favorecer más al dichas zonas por sobre el resto de las provincias”, continuó.

Por otra parte, según anunciaron las autoridades del ANSeS, el Gobierno nacional tiene previsto abonar sólo el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en las zonas donde la cuarentena se encuentre en la fase 1, dejando al resto del país y a la población vulnerable en una situación de desprotección por falta de ingresos. Con esta arbitraria medida cerca de 357.000 mendocinos dejarían de percibir esta ayuda económica.

“En relación a ese anuncio presentamos, en paralelo a los ATP, otra iniciativa al Poder Ejecutivo Nacional para que continúe tratando igualitariamente a todos los beneficiarios del país, incluidos los de Mendoza ya que los efectos de la cuarentena perjudican gravemente a todos los sectores económicos, y en particular a monotributistas, trabajadores informales y sectores más vulnerables. El centralismo que está ejerciendo el Estado Nacional en el manejo discrecional de los recursos está perjudicando enormemente a algunas provincias, por eso presentamos este proyecto para que todos los habitantes en situación de vulnerabilidad de todas las provincias reciban los recursos que necesitan”.

La falta de estos ingresos no sólo afectaría a este sector de la población sino que también sería otro golpe a la economía porque esos ingresos se vuelcan exclusivamente al consumo local, afectando también a las provincias y sus ingresos. Asimismo, esta inversión social, frente a la crisis generada por la cuarentena, tiene muchos más beneficios que el ahorro fiscal que genera acotarla.

“Los hechos demuestran que para la Nación, un ciudadano de Buenos Aires vale más que un ciudadano mendocino o de cualquier otra parte del país. Los trabajadores mendocinos y del resto de las provincias afectadas no son ciudadanos de segunda. La crisis generada por la cuarentena y la cuarentena misma todavía no han finalizado. Ayudar a las Pymes a conservar las fuentes de trabajo y la actividad económica es un tema prioritario en todas las provincias por igual y de este modo superar el complejo y difícil momento que vivimos”, finalizó Verasay.

Del Plá puso el grito en el cielo por el recorte del IFE

Para la diputada de izquierda, es “un golpe fenomenal que deja a miles de trabajadores sin ingresos”.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad Romina Del Plá se refirió al anuncio del presidente Alberto Fernández acerca del recorte del IFE para todo el país exceptuando AMBA y Chaco.

Del Plá dijo: “Que el foco de contagios de Covid se encuentre en la zona AMBA y en el Chaco no implica que el resto del país se haya superado la crisis social, que era preexistente y la pandemia agudizó. Millones de trabajadores se han quedado sin ingresos y en gran medida dependen IFE, aun siendo completamente insuficiente. La reducción de casos de Coronavirus no va de la mano con una reactivación económica que permita subsistir a desocupados, trabajadores informales y los trabajadores más pobres. Hay provincias en las que el 25% de la población había solicitado este subsidio estatal. El recorte aplica a casi 4.300.000 personas, ¿con qué se supone que sobrevivirán ahora?”.

“El recorte del IFE, que prácticamente fue el único anuncio de Fernández ya que no hubo mención a ninguna medida sanitaria o de asistencia social, es más ajuste contra la población trabajadora. Mientras recortar el IFE, pagan aguinaldo en cuotas, congelan los salarios y jubilaciones, las patronales siguen recibiendo subsidios y exenciones. Es necesario un subsidio de $30.000 para desocupados y trabajadores que no están percibiendo ingresos. Los recursos podrían obtenerse de un impuesto a las grandes rentas y fortunas, como plantea el proyecto presentado por el FIT. No se trata de la evolución del Coronavirus sino de una orientación en favor del pago de la deuda, que hace que la crisis la paguemos los trabajadores”.

Quieren hacer inembargable el Ingreso Familiar de emergencia

A través de un proyecto, el diputado Diego Mestre busca prohibir descuentos bancarios sobre el IFE.

El diputado nacional Diego Mestre (UCR – Córdoba) presentó un proyecto de ley por el cual se busca asegurar la inembargabilidad y prohibir las deducciones y débitos bancarios al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Debemos proteger a los consumidores vulnerables en tiempos de pandemia”, dijo Mestre, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y la Competencia de la Cámara baja.

“Recordemos que la naturaleza jurídica de este ingreso es alimentaria, y como tal, conforme nuestro derecho positivo, no puede ser reducido sin poner en riesgo la subsistencia del grupo familiar. Por ello, la iniciativa establece su inembargabilidad”, explicó el legislador.

Al mismo tiempo, Mestre destacó como antecedente, que el Banco Central (BCRA), mediante la comunicación “B” 11996 de fecha 24 de abril de 2020, adoptó la postura impulsada por la norma. Pero señaló que “lamentablemente los destinatarios de la misma, en la práctica, ya sea por falta de voluntad, por la automatización de los sistemas y/o por carecer de una ley nacional uniforme que establezca la prohibición que aquí se establece, no han cumplido con la misma. Lo que, en otras palabras, se tradujo en un perjuicio directo para millones de familias”.

Y señaló que esta iniciativa surge fundamentalmente de la experiencia diaria de las distintas Asociaciones de Defensa del Consumidor, quienes en el marco de las reuniones de la comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados, expresaron con preocupación cómo esta problemática se repite a diario y son objeto de incesantes reclamos de cientos de consumidores en todo el territorio nacional”.

El proyecto lleva también las firmas de los diputados Claudia Najul, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Hugo Romero, Jorge Enríquez, Soledad Carrizo, Hernán Berisso, José Cano, Estela Regidor, Sofia Brambilla, Carla Carrizo, Mario Arce, Juan Martín y Miguel Nanni.

Kulfas a senadores: “Nueve de cada diez hogares están recibiendo algún tipo de ingreso del Estado”

Al destacar las medidas tomadas por la pandemia, durante una reunión de comisión virtual, el ministro de Desarrollo Productivo dijo que se trata de “uno de los paquetes más contundentes y grandes de la historia contemporánea del país”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, remarcó este martes que “nueve de cada diez hogares están recibiendo algún tipo de ingreso del Estado” y destacó que las medidas lanzadas por el Gobierno para contener a los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19 constituyen “uno de los paquetes más contundentes y grandes de la historia contemporánea del país”.

“A pocos meses de iniciado nuestro gobierno nos tocó afrontar esta crisis inédita y estamos poniendo todos los esfuerzos en sostener el empleo y la producción, garantizar el abastecimiento de alimentos y cuidar los ingresos de los hogares. Nueve de cada diez hogares están recibiendo algún tipo de ingreso del Estado, ya sea por el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), los salarios del Estado, jubilaciones, AUH o por créditos a tasa cero”, enumeró.

Así se expresó el funcionario al participar de una reunión virtual de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MiPymes del Senado, que preside Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Salta). La videoconferencia duró cerca de cinco horas.

Kulfas anticipó a los senadores que, dado que “en abril fue necesario limitar en extremo la actividad económica, hay sectores en los que la producción va a dar cero” ya que en muchos casos “va a haber una caída de producción interanual del 100%”. “Esto de cerrar sectores enteros nunca le había pasado a la Argentina en su historia”, subrayó, al poner como ejemplo las centrales automotrices que dejaron de producir en el país y en el mundo.

El ministro sostuvo que en esta etapa, “la idea es que las restricciones sanitarias convivan con el restablecimiento de la actividad económica”, y agregó que “la salida de la crisis va a demandar un esfuerzo muy significativo”.

La presidenta de la comisión, Nora Giménez, junto al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.

Las medidas tomadas

“La crisis alteró completamente nuestros planes y los de todo el mundo”, arrancó Kulfas, y recordó que antes de la pandemia, en el primer bimestre del año, se habían registrado algunos indicadores positivos, como una mejora del poder adquisitivo de los salarios “del 5,5%”; mayor asistencia a los hogares de bajos ingresos a través de la Tarjeta Alimentar; un aumento en las ventas de supermercados y shoppings; y un crecimiento de la industria durante diciembre, enero y febrero.

Sin embargo, reconoció que “estos resultados quedaron superados por el impacto de la crisis del Covid-19, una crisis que obligó a parar una parte muy significativa de la actividad productiva”.

El ministro aseguró que “la prioridad puesta en la salud, en evitar que se propague la pandemia”, y añadió que “es falsa la dicotomía entre salud y economía” ya que “si el virus se propaga, eso afectará a la economía”.

“Estamos en una etapa donde la idea es que las restricciones sanitarias convivan con el restablecimiento de la actividad económica”, resumió.

Al repasar las medidas tomadas, recordó que el mismo día que inició la cuarentena, el 20 de marzo, el Banco Central empezó con incentivos a créditos para las MiPymes. En los días siguientes se creó el IFE, se suspendieron los cortes de servicios por falta de pago y también los despidos sin causa o por fuerza mayor.

Asimismo, se creó un fondo específico de 30.000 millones de pesos dentro del FOGAR (Fondo de Garantías Argentino) para garantizar los préstamos bancarios a pymes para el pago de sueldos; y se lanzó el programa ATP (Apoyo al Trabajo y la Producción) para monotributistas y autónomos, que luego fue ampliado.

“La cuarentena se proyectaba en torno a los 15, 20 días, pero rápidamente el balance de las autoridades sanitarias hizo que el presidente ampliara  la cuarentena y eso nos llevó a repensar el ATP en la semana del 13 de abril, porque tal como había sido pensado quedaba un poco corto”, tras lo cual se firmó el DNU 376/20 ampliando el beneficio “al sector productivo, servicios y comercios”, indicó Kulfas.

El funcionario detalló que el piso del aporte estatal para el pago de salarios es de un salario mínimo, y el techo es de hasta dos salarios mínimos. Hasta la fecha, el programa pagó, a través de la ANSES, “parte del salario de 2,2 millones de trabajadores de 850.000 empresas” de las cuales “el 99% son micro, pequeñas y medianas”.

“Con este programa hemos priorizado la protección del trabajo, que la mayor parte de los trabajadores afectados por la pandemia puedan recibir este medio salario”, señaló Kulfas, aunque aclaró que en algunos casos lo que aporta el Estado termina siendo más de la mitad del salario.

El ministro de Desarrollo Productivo también destacó “la línea de créditos a tasa cero para trabajadores autónomos y monotributistas, que les permite solicitar hasta el triple de la facturación, con un tope de 150.000 pesos, y se comienzan a pagar en noviembre en 12 cuotas sin interés”. Informó que “hay 415.000 créditos otorgados, de los cuales la mitad ya han sido desembolsados”.

Economía del Conocimiento

Kulfas también se refirió, en su exposición ante senadores, a la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento, que el Gobierno busca modificar a través de un proyecto de ley que fue enviado a la Cámara de Diputados en febrero, antes de la pandemia.

El ministro destacó que “coincide con la filosofía” de la norma aprobada durante la gestión de Cambiemos, ya que “esta ley será la continuadora de la Ley de Promoción de la Industria del Software”, sancionada en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“Cuando esta ley fue sancionada, tenía un sector informático de 29.000 personas que exportaba por 200 millones de dólares. A fines del año pasado había 110.000 personas con exportaciones por 2.000 millones de dólares”, comparó Kulfas, y resaltó que además “este sector genera empleo de altísima calidad, empleo joven y en todo el país”.

“Es una ley muy valiosa, pero nos encontramos con algunos problemas de implementación, por eso decidimos suspender su aplicación y enviamos un nuevo proyecto de ley en febrero”, informó, y destacó que hubo una “buena receptividad” por parte de los sectores afectados.

Las consultas de los senadores

Ante las inquietudes de los legisladores, el secretario de Industria, Ariel Schale, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, abordaron la situación de la actividad tabacalera y se comprometieron a trabajar en el tema contrabando en la actividad, desde Defensa de la Competencia.

En relación a la problemática del sector frutícola, uno de los temas más solicitados por los legisladores fue la prórroga de la ley. “Quiero adelantar que se están pensando en soluciones para este ámbito que próximamente se darán a conocer. Más allá de la emergencia puntual creemos que es necesario pensar una salida más estructural con herramientas que permitan la productividad del pequeño productos de todo el sector frutihortícola. Creo que vamos a coincidir todos en pensar una instancia de conversación para potenciar este sector que es fundamental y ojalá encontremos esa solución, con los gobiernos provinciales”, propuso el ministro.

Otro de los temas más consultados por los senadores fue en relación a la actividad turística. Ante la consulta de la rionegrina Silvina García Larraburu, Kulfas aclaró que parte del foco del ATP está en el ámbito de turismo y cultura, y por eso existe la posibilidad de prorrogar este apoyo hasta octubre. “Estamos trabajando en planes de emergencia para el sector con el Ministerio de turismo y Deportes”, enfatizó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo. 

Por su parte, el senador Maurice Closs, de Misiones, pidió por los que quedaron afuera de los ATP, y en relación a los créditos para autónomos y monotributistas, el ministro le solicitó a los legisladores que ayuden a difundir esta herramienta. En el mismo sentido se expresó el senador Claudio Doñate, de Río Negro, y el ministro le indicó que las clínicas privadas están incorporadas al sistema de ATP y señalaron que junto al Ministerio de Trabajo están trabajando en una solución para los trabajadores temporarios que quedaron excluidos del sistema.

Sobre las consultas de la santafesina María de los Ángeles Sacnun,  el secretario de Industria adelantó que van a lanzar un programa que potenciará los Parques Industriales con aportes no reintegrables, y un sistema de bonificación de tasas de interés para el fortalecimiento de obras extramuros, incorporarán la figura de parques verdes, promocionarán políticas de género cuando se definan autoridades mujeres en el sector directivo e incorporán la figura de polos tecnológicos que encuentren un espacio, en función de la futura nueva Ley de Economía del Conocimiento.

Respecto a YPF, el ministro resaltó: “Hace una semana mantuvimos reuniones con Sergio Affronti, flamante CEO de YPF para potenciar la utilización de proveedores locales siempre con los mejores estándares de calidad, es una apuesta central”, sostuvo Kulfas y agregó que “el proyecto de desarrollo hidrocarburífero es un plan estratégico para el futuro próximo de nuestro país que está en agenda”.

Por otra parte, los senadores Jorge Taiana y Guadalupe Tagliaferri, consultaron sobre el aumento de los alimentos. En respuesta, tanto el ministro como la Secretaria de Comercio Interior detallaron el trabajo que están realizando en relación al control de precios y reconocieron el aumento de costos desde el producto primario hasta la góndola. “Este es un desafío muy grande porque todavía hay mucho para trabajar en la reducción de precios y costos”, dijo el ministro.

Planes de Ahorro, tarifas diferenciales para provincias generadoras de energía, desarrollo de zonas francas, reintegro de exportaciones, reformas impositivas con especial énfasis en los impuestos distorsivos, el fomento al agregado de valor del litio y de las economías regionales, fueron otros de los ejes abordados.

Buscan detectar ciudadanos extranjeros con doble beneficios en Argentina

Es a raíz de la detección de paraguayos que no residen en el país. Piden la intervención de la AGN y crear una comisión especial investigadora.

Esta semana se concretó en el Juzgado Federal Nº1 una nueva denuncia por irregularidades en el pago de beneficios sociales (caso IFE) por parte del Estado Argentino a ciudadanos paraguayos que no residen de manera permanente en el país, y que simultáneamente perciben prestaciones sociales en su lugar de origen a través de los programas Pytyvo y Ñangareko.

En un trabajo minucioso y detallado, los denunciantes Gabriel y Martín Hernández lograron constatar y elevar a la justicia más de 130 casos de extranjeros en esta situación.

Siguiendo con esta línea investigativa, desde el Congreso de la Nación el diputado formoseño Mario Arce (UCR – Formosa) propuso ir más lejos solicitando acciones conjuntas entre el Gobierno argentino y los países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile), y la intervención de distintos organismos de control.

En este sentido con el apoyo de una veintena de diputados de todo el país el día jueves elevó varias propuestas legislativos, que incluye el cruzamiento de datos entre países, la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), la creación de una comisión investigadora y la declaración por parte de funcionarios provinciales.

Cruzamiento de datos entre países

En primer lugar se insta a las autoridades del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a realizar el cruzamiento de datos de los registros de beneficiarios (ANSeS) con los registros de los países limítrofes, en especial la República del Paraguay, con el fin de detectar casos de personas que perciban doble beneficio en un país y en otro.

“La idea es que si se constata la incompatibilidad se pueda dar de baja automáticamente cualquier beneficio mensual o circunstancial, ya que esto le representa un fraude al Estado y un gasto fiscal enorme”, resaltó Arce.

Intervención de la AGN

En segundo lugar, se propone a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (compuesta por diputados y senadores) que incluya en el Plan de Acción de la AGN una auditoría para iniciar un proceso de investigación sobre fondos y la participación de organismos públicos en el otorgamiento ilícito de beneficios sociales y previsionales.

“La Auditoría General de la Nación funciona como órgano técnico de control externo de todo el sector público nacional”, explicó Arce.

Comisión investigadora

En la tercera iniciativa los diputados nacionales impulsan la Creación de una Comisión Especial Investigadora sobre Fraude Electoral, Asistencial y Previsional en Zonas de Frontera cuyo autor en su momento fue el exdiputado nacional y uno de los denunciantes, Martín Hernández.

Respecto a la posición del Gobierno de Formosa desacreditando la denuncia penal, Arce dijo: “No sorprende que quieran seguir tapando una realidad porque cada vez que se tocan estos temas denotan nerviosismo y salen a victimizarse diciendo de que son operaciones mediáticas llevadas a cabo por la oposición”.

“No denunciar, ni tener la voluntad de investigar como Estado provincial teniendo todas las herramientas para hacerlo, resulta raro y los pone como mínimo en la situación de cómplices, porque naturalizan una evidente defraudación a las arcas públicas al que todos los ciudadanos argentinos contribuyen”, manifestó.

Y recordó que “en Formosa del 2015 al 2019, durante el Gobierno Nacional de Juntos por el Cambio se efectuaron cientos de denuncias, hubieron 4800 imputados, 3700 beneficiarios dados de baja, 1000 constataciones efectivas hechas por Gendarmería, donde se verificaron domicilios falsos o inexistentes y Anses se constituyó como querellante, la mayoría otorgada en los 12 años del kichnerismo”.

Acompañan estas iniciativas los diputados Gerardo Cipolini, Alicia Terada, Jorge Vara, Estela Regidor, Ingrid Jetter, Luis Pastori, Jorge Rizzoti, Martin Grande, Virginia Cornejo, Atilio Benedetti, Federico Zamarbide, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Julio Enrique Sahad, José Riccardo, Ximena García, Gonzalo Del Cerro, José Carlos Núñez, Jorge Enríquez, Álvaro de Lamadrid, Carlos Fernández y Hernán Berisso.

Un informe revela por qué la crisis por el Covid-19 impacta más en las mujeres

Las empleadas domésticas representan el 25% de los puestos de trabajo no registrado, los más golpeados por la emergencia sanitaria. El análisis es de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Por Carolina Ramos

Los efectos económicos de la pandemia del Covid-19 en nuestro país ya pueden palparse, con una caída evidente de todas las variables. Pero en el marco de este derrumbe de la actividad, hay un indicador solapado que también golpea con fuerza: la emergencia sanitaria por el coronavirus profundiza la desigualdad económica de género.

Como en toda crisis, el impacto es distinto en hombres y mujeres, en función de la posición diferenciada que ocupan. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) se propuso analizar esa arista de la pandemia y concluyó que serán las mujeres las más afectadas como consecuencia de la caída del sector informal, el más expuesto a la pérdida de empleo y de ingresos.

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Según este documento, basado en estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC del tercer trimestre de 2019, el servicio doméstico concentra alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo, una cifra similar a la de la construcción. Las trabajadoras de casas particulares representan nada menos que el 25% de los puestos de trabajo no registrado.

Es por eso que la caída en la actividad de este sector, producto de las medidas de distanciamiento social, aqueja de manera directa a las mujeres: casi el 17% de la mano de obra femenina se emplea en el servicio doméstico, uno de los principales rubros, junto con el comercio. En conjunto, estas dos ramas concentran más de un tercio de las mujeres ocupadas.

En el caso del personal de casas particulares, el 76% son trabajadoras informales, y además casi el 42% son jefas de hogar -es decir, sus ingresos son el principal sustento económico de la familia-. De esas mujeres, cerca de la mitad son madres.

La pandemia impacta más en las mujeres en términos económicos porque hay una mayor proporción de mujeres con trabajos informales en relación a los varones. Eso ya da una diferencia”, reconoció la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.

En diálogo con parlamentario.com, la legisladora del Frente de Todos agregó que “hay un porcentaje importante de mujeres cuya tarea está vinculada al trabajo en casas particulares, y aun teniendo sindicato y teniendo leyes que las protegen y las resguardan, hay una situación de mucha hipocresía en nuestra sociedad, que es que no todas están formalizadas como corresponde”.

“Hay muchísimas compañeras en un contexto de trabajo informal y precario que hoy en este contexto de aislamiento tienen que estar en sus casas, y no tienen cómo sostener esa circunstancia en términos económicos porque muchos de esos empleadores han dejado de cubrir ese salario”, advirtió.

Por eso, para Macha, “este es un punto que la pandemia deja al descubierto: cuánto impacta la precariedad laboral en las tareas de cuidado y en el ámbito doméstico”.

Qué pasa con el IFE

La OPC precisó en su informe que el 95% de las empleadas de casas particulares están en condiciones de acceder al “Ingreso Familiar de Emergencia”, el bono de 10.000 pesos establecido en el decreto 310/20 del Poder Ejecutivo para atender al sector de la economía informal en el marco de la emergencia sanitaria.

De esto se desprende que hay un 5% de mujeres que no están en condiciones de solicitar el IFE; el dato allí es que de ese total, casi el 90% no podrá cobrar el bono porque cumple el requisito de la edad, por ser mayores de 65 años, y de ellas, más de la mitad -el 67%- son jefas de hogar.

Si bien la OPC señala que la Ley 26.488 de Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares “significó un importante avance” en esta materia, “continuar avanzando en la formalización del sector del servicio doméstico garantizaría mejores condiciones laborales y acceso a la protección social para la trabajadora y su familia”.

Diputados entrerrianos del oficialismo pidieron la extensión del IFE

Los legisladores del Frente de Todos por esa provincia destacaron la medida del Gobierno y solicitaron que la ayuda económica se pague también en mayo.

alberto fernandez casaretto cresto gaillard osuna

El presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, Marcelo Casaretto (Frente de Todos), presentó dos proyectos de resolución en los que destaca la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, por otro lado, solicita la extensión de la ayuda económica para el mes de mayo, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid 19.

Las iniciativas fueron acompañadas por sus comprovincianas y compañeras de bancada, las oficialistas Mayda Cresto, Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

En el primer proyecto, los legisladores expresaron “el beneplácito por la instrumentación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria”.

Mientras que en la otra iniciativa, solicitaron “la prórroga para el mes de mayo de la ayuda económica para todas las familias que se vieron más afectadas por la cuarentena implementada por el Gobierno nacional debido a la pandemia por coronavirus”.

Los entrerrianos del oficialismo fundamentaron que “las medidas sanitarias han afectado la dinámica de la economía y de las actividades productivas. Los sectores de menores ingresos de la población son los más expuestos a las consecuencias negativas de la crisis, por lo que fue necesario fortalecer los ingresos de estos grupos, para permitir el acceso a los bienes y servicios indispensables para sus familias”.

Piden incluir a taxistas y remiseros en el IFE

A través de un proyecto, la senadora Sacnun sugiere ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia a los choferes ante la fuerte merma del servicio.

La senadora María de los Angeles Sacnún, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para que se amplíe el ingreso familiar de emergencia a peones de taxi y remiseros.

“La iniciativa preserva el espíritu excepcional del decreto 310/20 e incorpora a los remiseros y peones de taxi, que se encuentran bajo los distintos convenios colectivos de trabajo”, dijo la senadora por la provincia de Santa Fe.

La merma del servicio de taxi y remis comenzó a partir del lunes 16 de Marzo, por lo tanto la recaudación normal fue de solo quince días, sin descontar que desde hace tres años la recaudación en enero y febrero bajó un 30%.

“Frente a la situación de excepcionalidad que la Pandemia implica, proponemos al Estado ampliar las herramientas para garantizar el sustento económico de millones de familias argentinas”, explicó Sacnun. y agregó: “Es nuestro deber como representantes de las Provincias hacer llegar las propuestas que sirvan al Gobierno para dar las mejores opciones para que juntos podamos acabar con esta guerra silenciosa con la mayor justicia social posible”.