Se trata de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una herramienta creada por ley durante la gestión anterior. Según Oscar Parrilli, autor del proyecto, algunas se utilizaron para delinquir. La oposición, en contra.
Tras la retirada de la oposición, el oficialismo logró aprobar este jueves en el Senado un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta que se había creado durante la gestión anterior para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.
Parrilli aclaró que “las SAS van a seguir” y que “no va a haber ningún perjuicio para aquellos que las constituyeron”, sino que “lo que se suspende por 180 días es el sistema de control electrónico de constitución de la SAS en la Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos”, donde la inscripción se podrá hacer “por papel”, mientras que “en el resto de las provincias” el sistema “seguirá como está”.
Esto será así “hasta tanto el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE) se normalice y la IGJ (Inspección General de Justicia) tenga el control de ese registro”, explicó el neuquino.
Al fundamentar la iniciativa, sostuvo que “había un Estado bobo que dejaba que aquellos que querían lavar dinero, cometer delitos o evadir responsabilidades, tuvieran un instrumento legal”.
Según el exfuncionario kirchnerista, “aparecieron en el Registro de Propiedad del Inmueble unas 20 sociedades que habían sido constituidas con el único objetivo de adquirir inmuebles, y sin saber de dónde venía la plata, en dos o tres días compraban inmuebles de 8 o 10 millones de dólares, o hasta 500.000 dólares”.
Además, señaló que “en Santa Fe aparecieron 40 SAS que fueron denunciadas por un fiscal que estaba investigando un hecho de lavado de activos”.
Si bien la oposición estuvo ausente durante este debate, senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal dejaron sus críticas durante la discusión del proyecto de educación a distancia, antes de retirarse de la sesión.
Esteban Bullrich (Pro) advirtió que “en los fundamentos” del proyecto de Parrilli “dice que de 30.000 SAS, 10 están sospechadas”. “Con esa lógica, deberíamos revisar todos los conventos porque un convento recibió un bolso con dinero mal habido, o revisar todas las sociedades de hoteles porque hay una sospechada de lavar dinero”, ironizó.
También desde el Pro, Laura Rodríguez Machado sostuvo que la iniciativa “no solo nada tiene que ver con el Covid-19, sino que además perjudica al sector productivo del país y atenta contra los casi 50.000 puestos de trabajo que se crearon bajo esta modalidad”.
“Este gobierno nombró en la IGN a Ricardo Nissen, quien escribió un libro en contra de las SAS y desde su asunción generó normativas en su contra. La Asociación de Emprendedores de Argentina presentó un amparo contra los impedimentos de Nissen, que sigue sin definirse por estas cosas que tiene la Justicia en nuestro país, que permite que los presos salgan bien rápido de las cárceles y los amparos no se resuelvan con la misma celeridad”, alertó Rodríguez Machado.
Asimismo, recordó que Nissen “fue apoderado de la familia Kirchner en la causa Hotesur, en la que se descubrió que los libros de la empresa habían sido corregidos con liquid paper, algo que sería imposible hacer con el sistema SAS, ya que toda la documentación se presenta de forma digital”.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) habló de la “mediocridad de los argumentos” del proyecto de Parrilli y consideró que las menciones “a expresidentes, a empresas con nombre y apellido, son datos para una denuncia penal, no para un proyecto de ley”.
“Este proyecto va en contra de la libertad de comercio, que es tan antigua, la libertad de asociación”, señaló y reiteró que “no se legisla con nombres y apellidos, no se legisla generando inseguridad jurídica a partir de preconceptos”. “No podemos gobernar ni presentar proyectos desde el romanticismo ideológico ni desde el capricho revanchista”, añadió.
El legislador consideró que detrás de la iniciativa “hay un sesgo de voluntad de perseguir al sector privado” y apuntó que “Argentina necesita más empresas, no menos”.
Según cifras aportadas por Parrilli, “desde 2017 se han constituido alrededor de 27.000 SAS, pero en el RICE solo se inscribieron 21 instituciones, y en los tres años el aporte total fue de 168 millones de pesos. Quiere decir que de esos 168 millones, aproximadamente 50 millones de pesos fueron los que se invirtieron en capital emprendedor”.
Además, precisó que “todos los beneficios impositivos que hubo no fueron más que 31 millones de pesos en tres años” y agregó que “si tomamos todo este capital dividido en SAS, nos encontramos con no más de 6.500, 7.000 pesos por cada sociedad”.
