¿Cuál será la salida que encontrará Talleres de Córdoba para evitar el papelón?,  tras haber hecho una denuncia desopilante ante la inspección general de justicia IGJ, sin haber tenido en cuenta que dicho organismo está conducido por una persona que de ninguna manera va a rifar o regalar su ancha y dilatada trayectoria académica, como para hacer lugar a la idea descabellada que esa institución cordobesa les ha ido a plantear. Al momento de tomar la decisión, se olvidaron nada más y nada menos que está encumbrada en la conducción de ese organismo estatal una persona incorrompible y absolutamente coherente Por lo cual, el destino de esa denuncia es uno solo: el fracaso.

La denuncia presentada por Talleres de Córdoba intentando torcer la voluntad de una mayoría aplastante del fútbol argentino, y qué pretende dejar sin efecto una asamblea genuina y absolutamente legal de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) parece estar floja de papeles. Aparentemente, quien firma como abogado ni siquiera cuenta con matrícula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que pone en duda la validez legal de la presentación.

Además, no se respetó el procedimiento interno que exige el estatuto del club, ya que el presidente no obtuvo la autorización correspondiente para presentarla. Ni la habrían firmado los miembros de comisión directiva que el estatuto exige.

Tampoco se realizó un reclamo previo ante la Liga Cordobesa ni en AFA, pasos obligatorios antes de llevar la denuncia a otra instancia.

La Inspección General de Justicia (IGJ) será el órgano encargado de decidir sobre esta situación. El titular, Daniel Vitolo, es un jurista de amplia trayectoria académica, profesor, escribió libros, es alguien super respetado en el mundo del derecho societario. No es un títere. Por ello y en virtud a su trayectoria y su seriedad, difícilmente -o diría que es inimaginable e imposible- preste su nombre y trayectoria en una resolución que jurídicamente, según parece, NO tiene  un fundamento sólido.

No sea cosa que lo quieran correr por no prestarse a firmar algo tan burdo.

Por último, vale aclarar que la asamblea se adelantó porque se ha tomado una medida verdaderamente revolucionaria en la AFA, atendiendo a un reclamo de muchísimos sectores del fútbol argentino que vienen reclamando hace años el acortamiento de los mandatos que hasta entonces eran de 6 años y por esa asamblea pasaron a ser cada 4 años. Es decir, claramente hay una voluntad institucional del organismo que rige el fútbol argentino de no permitir períodos tan largos de tiempo en la conducción para que no haya eternizaciones en el poder. Las cosas deben ser como son y sin vueltas hay que designar al “pan pan y al vino vino”.

Jaime Selser es licenciado en Ciencias de la Comunicación y analista político.

“Las nuevas normas dictadas en esta gestión por la Inspección General de Justicia son un paso muy positivo en el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, señaló el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, durante una exposición que realizó en el Senado de la Nación sobre las nueva normativa Normas de la Inspección General de Justicia en materia de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Vítolo hizo especial referencia a lo establecido recientemente por el organismo en materia de asociaciones civiles, fundaciones, iglesias, confesiones y congregaciones religiosas en su exposición ante la comisión de senadores.

El evento tuvo lugar en el Auditorio del Anexo del Senado y presidió el acto la senadora nacional por la provincia de Córdoba Carmen Silvia Álvarez Rivero. Participaron por la Confederación de la Sociedad Civil Mercedes Aranguren y Pablo Nogués; y la economista Vanesa Luro. Asimismo, intervino como expositora la referente de las organizaciones sociales de la provincia de Córdoba Estela Inaudi.

En el curso del acto se presentó ante el Senado un informe realizado por la Confederación de la Sociedad Civil sobre el impacto de las organizaciones de la sociedad civil en la economía y el trabajo” —“La realidad de las OSC de Argentina”— destacando la participación de estas organizaciones como contribuyentes directas de más del 3,64% del PBI y generadoras de más del 12% del empleo formal en nuestro país.

Todos los asistentes destacaron la fructífera e incesante labor que viene realizando la Inspección General de Justicia en este campo, a partir de que asumiera sus funciones Daniel Roque Vítolo, y escucharon atentamente la exposición que el Inspector General llevó a cabo explicando los cambios introducidos por la Resolución General IGJ Nº 18/2024 que entrará en vigor el próximo 1º de noviembre.

Tras la retirada de la oposición, el oficialismo logró aprobar este jueves en el Senado un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta que se había creado durante la gestión anterior para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.

Parrilli aclaró que “las SAS van a seguir” y que “no va a haber ningún perjuicio para aquellos que las constituyeron”, sino que “lo que se suspende por 180 días es el sistema de control electrónico de constitución de la SAS en la Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos”, donde la inscripción se podrá hacer “por papel”, mientras que “en el resto de las provincias” el sistema “seguirá como está”.

Esto será así “hasta tanto el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE) se normalice y la IGJ (Inspección General de Justicia) tenga el control de ese registro”, explicó el neuquino.

Al fundamentar la iniciativa, sostuvo que “había un Estado bobo que dejaba que aquellos que querían lavar dinero, cometer delitos o evadir responsabilidades, tuvieran un instrumento legal”.

Según el exfuncionario kirchnerista, “aparecieron en el Registro de Propiedad del Inmueble unas 20 sociedades que habían sido constituidas con el único objetivo de adquirir inmuebles, y sin saber de dónde venía la plata, en dos o tres días compraban inmuebles de 8 o 10 millones de dólares, o hasta 500.000 dólares”.

Además, señaló que “en Santa Fe aparecieron 40 SAS que fueron denunciadas por un fiscal que estaba investigando un hecho de lavado de activos”.

Si bien la oposición estuvo ausente durante este debate, senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal dejaron sus críticas durante la discusión del proyecto de educación a distancia, antes de retirarse de la sesión.

Esteban Bullrich (Pro) advirtió que “en los fundamentos” del proyecto de Parrilli “dice que de 30.000 SAS, 10 están sospechadas”. “Con esa lógica, deberíamos revisar todos los conventos porque un convento recibió un bolso con dinero mal habido, o revisar todas las sociedades de hoteles porque hay una sospechada de lavar dinero”, ironizó.

También desde el Pro, Laura Rodríguez Machado sostuvo que la iniciativa “no solo nada tiene que ver con el Covid-19, sino que además perjudica al sector productivo del país y atenta contra los casi 50.000 puestos de trabajo que se crearon bajo esta modalidad”.

“Este gobierno nombró en la IGN a Ricardo Nissen, quien escribió un libro en contra de las SAS y desde su asunción generó normativas en su contra. La Asociación de Emprendedores de Argentina presentó un amparo contra los impedimentos de Nissen, que sigue sin definirse por estas cosas que tiene la Justicia en nuestro país, que permite que los presos salgan bien rápido de las cárceles y los amparos no se resuelvan con la misma celeridad”, alertó Rodríguez Machado.

Asimismo, recordó que Nissen “fue apoderado de la familia Kirchner en la causa Hotesur, en la que se descubrió que los libros de la empresa habían sido corregidos con liquid paper, algo que sería imposible hacer con el sistema SAS, ya que toda la documentación se presenta de forma digital”.

Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal)  habló de la “mediocridad de los argumentos” del proyecto de Parrilli y consideró que las menciones “a expresidentes, a empresas con nombre y apellido, son datos para una denuncia penal, no para un proyecto de ley”.

“Este proyecto va en contra de la libertad de comercio, que es tan antigua, la libertad de asociación”, señaló y reiteró que “no se legisla con nombres y apellidos, no se legisla generando inseguridad jurídica a partir de preconceptos”. “No podemos gobernar ni presentar proyectos desde el romanticismo ideológico ni desde el capricho revanchista”, añadió.

El legislador consideró que detrás de la iniciativa “hay un sesgo de voluntad de perseguir al sector privado” y apuntó que “Argentina necesita más empresas, no menos”.

Según cifras aportadas por Parrilli, “desde 2017 se han constituido alrededor de 27.000 SAS, pero en el RICE solo se inscribieron 21 instituciones, y en los tres años el aporte total fue de 168 millones de pesos. Quiere decir que de esos 168 millones, aproximadamente 50 millones de pesos fueron los que se invirtieron en capital emprendedor”.

Además, precisó que “todos los beneficios impositivos que hubo no fueron más que 31 millones de pesos en tres años” y agregó que “si tomamos todo este capital dividido en SAS, nos encontramos con no más de 6.500, 7.000 pesos por cada sociedad”.