El senador de Cambio Federal Marcelo Daletto presentó un proyecto de Ley para eximir de Ingresos Brutos (IIBB) a las transacciones entre contribuyentes que no superen el equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que hoy asciende a $271.571,22.

“Quienes están inscriptos en el régimen general o convenio multilateral de IIBB están expuestos a retenciones y/o percepciones a raíz de sus operaciones de depósito y/o transferencia, cualquiera sea el motivo por el cual se haya efectuado. Y por eso buscamos que quienes hagan transacciones que no corresponden a una actividad comercial y están por debajo del monto equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, estén exentos de las retenciones”, dijo Daletto.

“Desde la pandemia se empezó a utilizar el pago entre particulares, por distintos motivos, a través de medios bancarios y billeteras virtuales, una modalidad que llegó para quedarse y se volvió parte de la vida cotidiana. Esto que fue por necesidad en un principio y se adoptó por practicidad, conlleva a sufrir retenciones indebidas dado que no son ingreso por actividad gravada en todos los casos”, dijo el legislador.

“A las personas inscriptas en el convenio o régimen multilateral, cuando hacen movimientos en sus cuentas electrónicas se les termina descontando dinero siempre; a veces de forma errónea y otras de forma correcta. Con el sistema actual, el contribuyente que efectúa una operación correspondiente a su actividad comercial, emite una factura que va a pagar a través de la declaración jurada que realice su contador. Pero, cuando se haga una transferencia por debajo del salario mínimo, vital y móvil, el contribuyente para recuperar el monto retenido indebidamente debe contar con un contador al cual debe pagarle honorarios para hacer el reclamo y expuesto a que ARBA lo devuelva o no; en la práctica es dinero perdido para el contribuyente”.

“Somos conscientes de los problemas de recursos que tiene la provincia pero esto se debe hacer recaudando bien dentro de la ley, sin perjuicio de los contribuyentes. Si bien respaldamos el trabajo de ARBA, que tiene la misión de generar los recursos para que el Estado pueda cumplir con sus fines, no podemos avalar los cobros indebidos”.

Para finalizar, el senador opositor sostuvo que “está claro que el sistema actual no perjudica a los grandes contribuyentes, pero sí a los pequeños, porque les ocasiona consultar a un contador. Por ejemplo, una mamá que aporta para un regalo grupal del colegio, quizá no cuenta con la misma energía para pelear contra ARBA que una empresa”.

Dando cumplimiento a lo que establece la Ley, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó en la Legislatura porteña en Presupuesto para el 2025, el cuál prevé fuertes aumentos en el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y generó polémica por el cobro de ingresos brutos (IIBB) a profesionales.

El texto en cuestión estima un presupuesto de 13,9 billones de pesos, el cuál toma como referencia las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional: una variación del nivel de actividad del 5%, un nivel de precios del 18,3% y un tipo de cambio de 1207 pesos por dólar para fines del próximo año.

Además, el presupuesto contempla un gasto corriente que tendrá como concepto de mayor incidencia a las remuneraciones del personal, que representa el 42,4%, con una previsión de $5,9 billones, lo que refleja la anualización de la partida y tiene proyectado futuras negociaciones paritarias.

El proyecto rediseña la forma de del impuesto del ABL-Inmobiliario, que es el que grava a todos los inmuebles situados en el distrito capitalino. De esta manera, ahora, el calculo de la tasa incorporará un coeficiente geográfico, de manera tal que los porcentajes de aumentos dependerán del lugar de ubicación de la propiedad y la cuota no tendrá más ajustes a diferencia del esquema actual que se incrementa por inflación. También, habrá bonificaciones por zonas que aliviarán la suba.

Es así que se contemplarán tres zonas: sur, oeste-centro y norte. Según se informó, en la primera de las zonas la actualización del impuesto será del 25%, en la segunda –que reúne la mayor cantidad de boletas– será del 50% y la del norte alcanzará al 100%.

En cuanto al pago de patentes, la iniciativa de Macri también propone una reestructuración en este sentido. La nueva metodología genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente.

Los gastos de la Ciudad
En lo que respecta a los gastos en servicios esenciales como educación, salud y promoción y acción social, el Ejecutivo porteño determinó que contemplen la mayor parte de la inversión: con un 61,9% del gasto total y con un crédito previsto de 8,6 billones de pesos.

En este sentido, educación es el área con mayor participación, ya que representa el 20,1% y contempla una inversión de 2,7 billones de pesos. Mientras que en seguridad se destinará el 16,5% del total proyectado con un crédito previsto de 2,3 billones de pesos, lo que representaría el “mayor presupuesto de la historia” para esa cartera.

En materias de obras y mejoras para la Ciudad, la Ley de Leyes no contempla grandes obras. Tan es así que la partida más elevada será destinada a la compra de formaciones para la red de subterráneos y otros materiales por un monto de 337 mil millones de pesos; también se contempla el financiamiento para la construcción de un penal en el partido bonaerense de Marcos Paz que alojará a los detenidos de la cárcel de Devoto. Asimismo, figuran la Alcaidía en Villa Lugano, un plan de transformación del Autódromo Gálvez en el sur capitalino; y el plan de mejoras en los edificios escolares.

Coparticipación

El texto recientemente presentado en Legislatura de la Ciudad hace mención al acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el porteño respecto de la modalidad de pago por la coparticipación. De esta manera, el cálculo de recursos previstos para 2025 en el ámbito capitalino estimó la llegada para el año que viene de 2,6 billones de pesos en concepto de fondos coparticipables federales.
Por lo que de este total de ingresos por coparticipación, 1,23 billón corresponden al coeficiente del 1,40 que la Ciudad recibe de manera diaria, mediante transferencia del Banco Nación, en tanto que 1,44 billones refiere al equivalente del coeficiente del 1,55 que giran de manera semanal desde Casa Rosada.

La polémica por los IIBB

El proyecto ingresó a la Legislatura porteña envuelto en una fuerte polémica: planteaba el pago de una alícuota de Ingresos Brutos por el 3% para profesionales a partir del próximo año. Es que el texto planteaba la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el ejercicio de las profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas como abogacía, arquitectura, ingeniería y contadores, entre tantas.

La propuesta generó un rápido rechazo, por lo que el Gobierno porteño decidió dar marcha atrás y Macri tuvo que salir a aclarar lo ocurrido. “En la Ciudad no vamos a cobrar ingresos brutos a profesionales. Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales”, comenzó diciendo a través de sus redes sociales.

“La información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura”, añadió y concluyó planteando que “en este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política”.

Se presentaron en el Senado bonaerense dos proyectos de Ley ante “la necesidad de proteger la integridad física y psicológica de los trabajadores de salud, que continúa siendo una cuestión pendiente en nuestra Provincia”, según fundamentó el legislador opositor Andrés De Leo, autor de las iniciativas.

En una de ellas, el legislador prevé multas y castigos para quienes ejerzan violencia física contra uno o varios trabajadores de la salud; violencia física contra bienes de utilidad sanitaria del establecimiento sanitario, provocando la rotura o deterioro de los mismos; y quienes ingresen sin autorización a sectores del establecimiento sanitario restringidos al público, y no se retire a requerimiento del trabajador de la salud.

El proyecto de modificación del Código de Faltas prevé que será sancionado con arresto de cinco (5) a 30 (treinta) días o multa de entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) del haber mensual del Oficial Sub ayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -o el que en el futuro lo reemplace- la persona ajena a la institución sanitaria, que con motivo o en ocasión de la prestación de servicios de salud en un establecimiento  sanitario público o privado de la Provincia, agreda al personal de salud.

Al mismo tiempo la sanción se duplicará si se hubiere puesto en riesgo la integridad física y/o psicológica de los trabajadores de la salud, o en el caso de que la acción se hubiera cometido con el uso de arma de fuego, o cuando se hubiera cometido frente a uno o varios pacientes.

“La agresividad contra los profesionales de la salud no varía entre los centros de atención públicos y privados, ni tampoco depende directamente de la presencia de personal policial en el mismo, los desencadenantes en todos los casos son los mismos la ansiedad y la impaciencia”, señaló el autor del proyecto, a lo que agregó: “necesitamos elaborar e impulsar medidas preventivas y sancionatorias que eviten, aminoren el maltrato al personal de salud en las guardias”.

Por otro lado, en otra de las iniciativas presentadas, De Leo propuso dejar de gravar los servicios de guardias de profesionales de la salud con el impuesto a los Ingresos Brutos.

“Con esta medida, los honorarios profesionales de guardias de los profesionales de la salud, ya sean médicos, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, no van a quedar alcanzados por impuestos provinciales a la actividad económica”, dijo De Leo.

Y agregó: “la salud es un derecho, las guardias médicas son el primer contacto entre el paciente y el sistema de salud. El personal de salud que actúa en guardias médicas fue en contextos de pandemia, el más expuesto, el más preparado, el más afectado, y conjuntamente el más exigido, y el más necesario”.

“Entendemos esta medida como un reconocimiento para quienes nos cuidan y están en la trinchera del sistema de salud, siendo el primer contacto entre el paciente, dedicándole al rol horas de sueño, de esparcimiento, de formación y familiares”, finalizó diciendo el legislador bahiense.