Voces opositoras se elevaron a horas de iniciarse la sesión donde se modificaría la ley que regula la Caja de Jubilaciones de los empleados del Bapro advirtiendo “posible ilegalidad en el tratamiento” de la iniciativa.
La convocatoria de una sesión especial para abordar dos proyectos de ley que tuvieron “giro directo” a comisiones aparecía como una rareza en el apacible Senado bonaerense que comanda la vicegobernadora Verónica Magario.
Algunos observadores avezados se mostraron alterados porque uno de esos proyectos de Ley, el que propone una modificación importante en el régimen de Jubilaciones de los empleados del Banco de la Provincia, no contó con despacho unánime en la Comisión de Presupuesto que lo trata a comienzo de la semana.
Y fue precisamente después de ser tratado ese proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto, que preside el senador oficialista Marcelo Feliú, que se convocó a la sesión especial para este jueves a las 18 horas.
Regular el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del personal del Banco Provincia es un tema que dio vueltas desde el inicio de la primera gestión de Axel Kicillof como gobernador bonaerense. Fue incluso una promesa de campaña.
El senador de UP Marcelo Feliú logró el despacho de mayoría en la Comsión de Presupuesto para el proyecto de Ley de reforma.
Todo parece estar listo para la “sesión especial” de este jueves, pero en la previa se empiezan a sopesar los detalles, teniendo en cuenta que el grueso de la oposición, el bloque del PRO, de la UCR+CF y el de LLA 1, se oponen al proyecto que pretende el Ejecutivo, y tal como se confeccionó el despacho de mayoría, que establece la modificación “integral” del régimen de la Caja del Bapro. Los opositores solo están dispuestos a avanzar en lo objetado por la Justicia.
El detalle reglamentario que parece encerrar la polémica es que mientras los oficialistas entienden que en “sesión especial” los proyectos tratados “sobre tablas”, que por regla general debe ser habilitado por dos tercios de los presentes, no necesitarían esa fracción de los presentes para ser tratados.
Los opositores por su parte, señalan que la sesión especial es para tratar "asuntos exclusivos" para los que fue convocada la sesión, pero no habilita apartarse del reglamento; es decir los proyectos de ley para ser tratados Sobre Tablas, con o sin despacho de Comisión, necesitan ser avalados por dos tercios de los presentes.
Esta discusión se plantea porque el oficialismo amaga por el momento en considerar los proyectos y aprobarlos con “mayoría simple”, la mitad más uno de los presentes, aunque tampoco está claro la concurrencia de que otro bloque acompañaría al de UP, todos suponen que serían los tres miembros del bloque de LLA, que conduce Sergio Vargas.
Senador Sergio Vargas, presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza.
También esa alianza, UP y LLA dialoguista, sería la que aportaría el número para alcanzar el quorum reglamentario de 24 miembros, la mitad más uno del Cuerpo. Pero nunca esa alianza podría alcanzar los dos tercios de los presentes si los otros bloques están presentes.
De todas formas, el Senado está constituido como la Cámara de Origen en el tratamiento del proyecto de ley que plantea modificaciones al régimen de la Caja de Jubilados de los empleados de Banco Provincia.
La iniciativa en debate, en gran parte, responde a un pedido expreso de la Suprema Corte para dar una solución de fondo a una catarata de presentaciones judiciales generada por una reforma previa, aprobada en 2017 a instancias de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.
En particular, por caso, el proyecto de ley remitido por el PE plantea una modificación del artículo 26 de la ley 15.008, en la cual Vidal había elevado la edad jubilatoria de las mujeres a los 65 años, al igual que la de los hombres. El proyecto de Kicillof vuelve a establecer el límite de 60 años para las mujeres y crea una escala gradual para aplicar la edad mínima desde ahora.
Pero además trata de responder a resoluciones Judiciales por medio de las cuales se dispuso “suspender hasta el dictado de la sentencia definitiva la aplicación de los artículos 39, 41 y 42 de la Ley 15.008, en relación a todos los pasivos del Banco Provincia que accedieron al beneficio jubilatorio antes de la entrada en vigencia de la referida norma”.
Estos tres artículos es el reclamo específico de la Justicia y es lo que está dispuesto a tratar la oposición, es donde se establece que los haberes de las prestaciones serán móviles y se actualizarán conforme la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26.417, esta referencia a la ley nacional aparece como “improcedente”.
Es decir, el debate tiene un poco de discusión política y otra dimensión estrictamente técnica y Judicial, cuestión por la cual la Corte bonaerense realizó varias audiencias informativas para encontrar, junto a legisladores y funcionarios, una salida legislativa a la cuestión que se vuelve muy compleja en ámbitos Judiciales.
De todas formas, la modificación específica reclamada por la Corte, en términos generales, sería para aportar cierta “certidumbre jurídica”, algo que podrías entrar en un “cono de discusión” si finalmente arranca su tratamiento con observaciones reglamentarias, que podrían judicializarse.
La controversia con la reforma original de Vidal se generó por las numerosísimas presentaciones de empleados del Banco que cuestionaron legalmente la norma y obtuvieron medidas cautelares favorables. También avanzaron tres acciones de clase en la Corte; recursos colectivos presentado por asociaciones de jubilados y gremios.
Así, el régimen de jubilaciones del Banco ingresó en un laberinto legal en la práctica, con determinadas condiciones para los que tienen amparos a favor, otras para lo alcanzados por las acciones de clase y unas diferentes para los que no están comprendidos en ninguna acción judicial.
Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, el bancario Sergio Palazzo y el senador de LLA Carlos Kikuchi ahoras antes de la sesión en el Senado.
Ante este panorama, por segunda vez, el gobernador Axel Kicillof trata de poner orden con una modificación que despierta polémica porque además de responder a pedidos de la Justicia introduce otras cuestiones que resultan debatibles por algunos sectores e incluso otros, directamente, se oponen.