Diputados de Juntos por el Cambio impulsan en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer presupuestos mínimos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), una herramienta esencial de la política ambiental, que permite valorar los impactos de proyectos de obras y actividades antes de su ejecución y que constituye una deuda de medio siglo en la Argentina.

La iniciativa es de autoría del diputado Gustavo Menna (UCR – Chubut) y toma como antecedentes proyectos de similares características que datan desde 2013. Tiene el acompañamiento de diputados de JxC que integran la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano: Brenda Austin, Mario Arce, Gabriel Frizza, Sofía Brambilla, Virginia Cornejo, Alicia Fregonese, Fernando Iglesias, Federico Frigerio, Josefina Mendoza y Federico Zamarbide. Cuenta con estado parlamentario desde inicios de 2020, por lo que está en condiciones de ser tratada.

A lo largo del mundo, este instrumento ha sido regulado desde la década del 70. Si bien en la Argentina las provincias fueron pioneras en incluir esta herramienta protectoria en sus legislaciones desde los 80 en adelante y han actualizado esas normas desde el 2000, nuestro país es hoy el único de América latina y el Caribe que no cuenta con una norma nacional específica.

Por eso, esta propuesta busca establecer un piso uniforme para todo el país y especialmente regular a aquellos proyectos públicos o privados que excedan a las jurisdicciones provinciales, con el fin de hacer cumplir lo normado en el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto a “la utilización racional de los recursos naturales”. De hecho, mediante la EIA se pone en práctica el principio preventivo de protección ambiental anticipándose a la producción de daños y conflictos que podrían evitarse o minimizarse.

En el derecho internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Convención Ramsar (humedales), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre Cambio Climático y el Acuerdo sobre Ambiente del Mercosur, de los cuales Argentina es parte contratante, prevén la EIA.

A nivel nacional, la EIA se encuentra prevista como un instrumento de la política y gestión ambiental en la Ley General del Ambiente 25.675 que prevé que “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Se trata, además, de una deuda que se renueva con la vigencia del Acuerdo de Escazú, donde la información y la participación pública en los procedimientos de EIA son un compromiso internacional más que la Argentina debe cumplir.

La EIA es una de las herramientas ineludibles para que el Estado pueda tomar decisiones públicas transparentes y fundadas, que respeten al ambiente y a la sociedad, que garanticen la calidad ambiental y de vida, y especialmente tiendan a concretar en la práctica la noción de desarrollo sustentable incorporada a la Constitución en 1994, que requiere del equilibrio entre las dimensiones económico, social y ambiental.

Entre los cofirmantes del proyecto de ley figuran Brenda Austin (Córdoba), Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Luis Pastori (Misiones), Álvaro de Lamadrid (CABA), Ignacio Torres (Chubut), Marcela Campagnoli (Buenos Aires), Alejandro Cacace (San Luis), Gonzalo del Cerro (Santa Fe), Ximena García (Santa Fe), Mario Arce (Formosa), Claudia Najul (Mendoza), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Maximiliano Ferraro y Carlos Fernández (Buenos Aires).