El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para autorizar automáticamente las importaciones de servicios de transporte terrestre y sus conexiones marítimas para mercaderías, obligadas a pasar por Chile, provenientes de nuestro territorio continental hacia Tierra del Fuego en ambos sentidos.

“El gobierno mete cuanta traba se le ocurre para impedir que el transporte terrestre de mercaderías desde nuestro continente a Tierra del Fuego y viceversa pueda hacerse con normalidad”, explicó en sus redes.

En su artículo 2, la iniciativa plantea que quedan derogadas “todas las medidas administrativas tendientes al control y autorización previa de importaciones de servicios de transporte terrestre y sus conexiones marítimas que comuniquen la provincia de Tierra del Fuego con el continente argentino, tanto las impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos como por la Secretaría de Comercio, ambos dependientes del Ministerio de Economía. Se prohíbe al Poder Ejecutivo dictar en el futuro cualquier medida que tenga como efecto la demora o prohibición de estas mismas importaciones”.

Blanco explica que “la provincia de Tierra del Fuego está fuera de la plataforma continental argentina. Para acceder a ella mediante caminos terrestres se debe cruzar necesariamente el estrecho de Magallanes mediante transporte marítimo. Pero, en las actuales condiciones de la infraestructura, la única ruta disponible para ello exige ingresar en territorio chileno y utilizar dos puertos marítimos de ese país”.

“El Estado nacional no ha saldado aun la deuda con esa región austral construyendo un paso terrestre y marítimo argentino, que pueda ser operado por empresas transportadoras argentinas, sin necesidad de acceder a territorio chileno para completar la única ruta disponible hasta el momento”, denuncia.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Graciela Ocaña (Pro), presentaron un proyecto de resolución a fin de solicitarle al ministro de Economía, Sergio Massa, que informe sobre “la escandalosa” venta de Certificados SIRA (Sistema de Importación de la República Argentina) y las denuncias efectuadas por el Ministerio a su cargo a raíz de estos hechos.

Como primer aspecto, piden que el ministro acompañe los datos de las causas que se radicaron sobre la venta de Certificados SIRA en consideración de la respuesta que brindó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la presentación de su informe ante la Cámara baja el 29 de marzo.

También pide que se indique si se han abierto Sumarios Administrativos para investigar dentro del Ministerio de Económica y secretaria de Comercio, los hechos denunciados; que se adjunte información sobre la cantidad de trámites SIRA aprobados y no aprobados a partir del 12 de octubre de 2022, fecha que entró en vigencia el sistema de acuerdo a una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Además, exige los antecedentes profesionales del actual Subsecretario de Política y Gestión Comercial, German Cervantes; y sobre la inclusión de María Magdalena Stroman en la Subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno en el Ministerio de Economía.

Ocaña fundamenta que a través de los medios de comunicación “diversos empresarios habrían reconocido que se les ha ofrecido el pago de sumas de dinero –es decir, sobornos- para poder acceder a estos beneficios de agilizar los trámites para lograr permisos de importación que salteen el cepo cambiario”.

“Desde que se instaló Sistema SIRA, han corrido rumores de pagos porcentuales de hasta el 20% del costo del ingreso de mercaderías del exterior, a un valor del dólar blue. La situación es preocupante y parecería que uno de los más afectados por las denuncias sería el Secretario de Comercio, Matías Tombolini”, planteó.

Son cofirmantes del proyecto los diputados Fernando Iglesias, Lidia Ascárate, Jorge Vara, Laura Carolina Castets, Juan Martín, Ana Clara Romero, Soher El Sukaria, Gerardo Cipolini, Pablo Torello, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, Carlos Zapata.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR), acompañada por su par Gabriela Lena (UCR), quien preside la Comisión de Comercio de la Cámara baja, presentó este jueves un proyecto de resolución donde solicita que la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, le informe sobre la utilización y aplicación de las Licencias No Automáticas (LNA).

En este sentido, la mendocina requirió que dicha repartición, a cargo de Matías Tombolini, explique y presente estudios, investigaciones o estadísticas que determinen el impacto negativo del ingreso por medio de licencias automáticas de productos dentro del listado de Licencias No Automáticas.

En la fundamentación de la iniciativa, la radical explicó que “si bien la Organización Mundial del Comercio reconoce el uso de estas políticas comerciales, lo hace para casos excepcionales”. “Nuestro país no respeta los principios fundamentales de dicha organización y su acuerdo, en cuanto a su uso limitado en el tiempo aumentando la cantidad de productos importados que requieren una licencia, que alcanzan hoy el 41 por ciento de las posiciones arancelarias de acuerdo a lo resuelto por el Ministerio de Economía de la Nación”, advirtió.

La legisladora de Juntos por el Cambio señaló que “el argumento para la profundización en la utilización de las LNA es la protección de la industria nacional y la evasión del dumping de productos extranjeros, pero resulta insuficiente y carece de credibilidad debido a que existen otras herramientas de política comercial, menos invasivas y restrictivas, como así también existen organismos estatales encargados de velar por la correcta introducción de mercaderías internacionales y la detección de competencia desleal de las mismas”.

Latorre cuestionó los productos contemplados dentro de las LNA, que en su mayoría son productos textiles, incluyendo prendas de vestir, telas y tapicería; productos electrónicos, como televisores, smartphones y computadoras; juguetes, tanto para niños como para adultos; neumáticos, para vehículos y maquinarias industriales; calzados, zapatillas y zapatos.

Sobre ello, argumentó que “al dificultar el ingreso de estos productos se generó un aumento en los precios, como sucedió con la industria del calzado y textil que, según el INDEC, alcanzó el 3,6% en los primeros tres meses del presente año. Idéntica situación atravesaron los productos electrónicos, juguetes y neumáticos”.

“Distintos sectores productivos se han manifestado y criticado la medida de las LNA, ya que no sólo son los productos terminados los que ingresan en esta medida, sino también los productos intermedios e insumos, como componentes, maquinarias, herramientas y tecnologías especializadas que no se encuentran disponibles o son limitadas en el mercado nacional”, apuntó.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se pronunció en contra de la falta de acceso a insumos importados, ya que limita la capacidad de las PyMEs para competir con empresas más grandes y sofisticadas, por lo que indirectamente se restringe su crecimiento y su capacidad para crear empleo. “Esto va a contramano del relato populista oficialista donde dice acompañar a las pequeñas y medianas empresas, pero en realidad las asfixia con resoluciones como ésta”, denunció Latorre.

Según la Organización Mundial del Comercio, el uso indiscriminado de Licencias No Automáticas de importación es perjudicial para un país ya que genera incertidumbre en los mercados, ya que las empresas no están seguras de qué productos tendrán que importar con licencia y cuáles no. Sobre las consecuencias, la diputada advirtió que “esto puede derivar en el mediano plazo en una disminución de la inversión y una reducción en el comercio; aumenta los costos de producción. La demora en los plazos de aprobación de las LNA y la constante variación de los tipos de cambio, aumenta el precio final del producto para el consumidor; provoca represalias comerciales por parte de otros países, como la imposición de mayores aranceles o cuotas a los productos provenientes de países con LNA; y reduce la competencia en el mercado, generando una disminución en la calidad de los productos y un aumento de los precios”.

“Por todo esto nos encontramos obligados a preguntar y requerir respuestas de Tombolini”, subrayó la radical y añadió: “Tendrá que fundamentar con claridad sobre la ampliación de las LNA alcanzando un 41% del nomenclador, teniendo antecedentes negativos sobre la utilización de este tipo de instrumentos de política comercial por parte de la OMC”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Juan Martín, presentaron un proyecto a través del cual exigen que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio den cuenta del impacto de los retrasos de los permisos para habilitar importaciones. “Esta situación pone en jaque la actividad económica de varios sectores y, por lo tanto, el empleo. “Son los resultados de improvisar permanentemente, poniendo parches por todos lados, sin un plan económico consistente”, afirmó Juan Martín.

Cuando se implementó el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), el secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo que el mecanismo serviría para “terminar con la joda” de los que especulan con dólares destinados a la importación. En los hechos, el sistema genera una serie de demoras a miles de empresas se ven imposibilitadas de producir porque no pueden acceder a los dólares para importar insumos básicos. La situación pone en jaque el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo.

Frente a este grave cuadro, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes destinado al Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio para que se indique “qué medidas piensa implementar el gobierno ante la falta de insumos para evitar un freno en la producción, que generará un impacto negativo para la economía, mayor al que ya viene atravesando”. La iniciativa de Juan Martín es acompañada por 27 pares del interbloque.

“El reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), se proponía aumentar el control del comercio exterior y mejorar los plazos de pago. Sin embargo, el último relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), expone que más de un 80% de las empresas indicó que los plazos de aprobación de las solicitudes con el nuevo sistema son más largos que con el sistema anterior”, apunta el diputado del radicalismo santafesino.

“En su momento se dijo que el sistema serviría para terminar con la joda de los que aprovechaban los permisos para especular con los dólares. Lo que nosotros nos preguntamos es qué va a hacer el gobierno con los cientos de empresarios, que son mayoría y no están en ninguna joda, buscan producir y hoy se ven gravemente afectados”, señala el legislador.

En ese sentido, Juan Martín cita el informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) de enero de este año, en base a una encuesta a más de 200 micro, pequeñas y medianas empresas importadoras de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, bienes de consumo y piezas para bienes de capital, que reveló que, “en los últimos 2 meses, del total de empresas, el 76% indicó que solo se le aprobaron menos del 25% de las SIRA solicitadas y que ante la imposibilidad de importar, el 93% redujo su nivel de inventario y ventas; el 61% manifestó que no consigue financiación de proveedores del exterior; en tanto que el 85% de las empresas no tuvo ningún contacto con la Secretaría de Comercio Interior a la fecha”.

Casos concretos

En la iniciativa, el diputado destaca algunas situaciones puntuales que sirven como muestra de lo que sucede: falta agua oxigenada, cloruro de calcio, ácido fosfórico, claves para diferentes cadenas de valor a lo largo y a lo ancho del país. “De nuestra recorrida por los parques industriales de la provincia de Santa Fe, hemos podido conocer de primera mano la dificultad que atraviesan quienes requieren insumos químicos”, agregó el diputado radical.

La falta de cloruro de calcio para la industria láctea derivaría en yogures y quesos con menos calidad y problemas de higiene en todos los procesos. La escasez de agua oxigenada, afecta a la industria alimenticia en general y frigorífica en particular. De este último producto, sólo 40 % de lo que consume el país se produce en la Argentina, en una planta de Río Segundo en Córdoba, que está paralizada por un problema laboral.

Otro sector muy afectado, que se encuentra en una situación límite es el del caucho y afines, el 87,9% dice tener dificultades para garantizar el abastecimiento de insumos clave para la producción y 57,5% está con riesgo de parada de planta por falta de insumos para producir.

“Como queda claro, la falta de insumos genera un impacto negativo para la economía, precisamente con estancamiento y recesión, y agrega problemas a los que ya venimos atravesando. A su vez, escala la inflación, porque las industrias, las empresas siguen afrontando los costos fijos, para producir menos, porque no cuentan con los insumos. Termina siendo un tiro en el pie”, concluye el diputado.

El pedido de informes del diputado Juan Martín es acompañado por sus pares Lidia Ascárate, Pedro Galimberti, Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda, Lisandro Nieri, Manuel Aguirre, Mario Barletta, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, María Eugenia Vidal, Soledad Carrizo, Pablo Torello, Danya Tavella, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, Karina Bachey, Marcela Antola, Mariana Stilman, Carolina Castets, Carla Carrizo, Aníbal Tortoriello, Pamela Verassay, Dolores Martínez, Marcela Campagnoli, Virginia Cornejo y Alberto Assef.

El senador nacional por San Juan, y presidente de la comisión de Industria y Comercio, Roberto Basualdo, recibió a los directivos de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta (CARMAHE), quienes le transmitieron las dificultades que atraviesa el sector y la necesidad de que el Estado los escuche y brinde una respuesta.

“Argentina necesita aumentar las exportaciones para que ingresen dólares, pero si nos frenan poder importar un insumo, repuesto para una máquina, no podemos seguir produciendo. Hoy en lugar de ocuparnos de decidir en dónde invertimos, cómo aumentamos la producción, cómo ganar nuevos mercados y ser competitivos, estamos preocupados y enfocados en esta problemática que nos paraliza”, plantearon.

“La situación que atravesamos es grave. Nuestras máquinas se paran, muchos productores están previendo adelantar vacaciones”, expresaron los directivos de CARMEHE, entre los que participaron el Ing. Alfredo Bonazzi (presidente), Federico Meligrana (Gerente), Diego Gregorat (OSHMA SRL), Aldo Di Federico (AMS Advanced Machine System), y Florencia Vitale (gerente general de Bipress SRL). 

Por su parte, el senador Basualdo, destacó: “Como país tenemos que generar dólares, y esto se logra impulsando a todo el sector productivo para que pueda exportar. Hay que eliminar las restricciones que impidan su crecimiento, hay que permitirles importar los repuestos que no se producen en el país para poner en marcha las máquinas. A nadie le conviene tener una máquina parada, sin producir lo necesario tanto para el mercado local como para competir en el mundo. Siempre resalto que el producto más caro es el que no hay”. 

Los representantes de CARMAHE también manifestaron las dificultades sobre el courier, servicio puerta a puerta, diferencial para repuestos, herramientas e insumos esenciales, que pasó de 3 mil dólares a mil dólares, lo que no alcanza para conseguir los repuestos necesarios para mantener en marcha la producción. 

Como ejemplo, uno de los empresarios detalló: “En mi caso importo unos punzones para punzonadores numéricos que se utiliza mucho en la fabricación de maquinaria agrícola que se exporta. Hace casi dos meses que no los estoy logrando entregar y la máquina no sale exportada porque falta de una pieza que sale 500 dólares dentro de una máquina de 50 o 60 mil dólares. Necesitamos una ventanilla única donde poder expresar estos problemas concretos que atentan contra la industria productiva en nuestro país”. 

Asimismo, los empresarios subrayaron: “A lo largo de los años hemos sabido ganar crédito de nuestro proveedores internacionales y confianza en nuestro cumplimiento, y en este contexto de dificultades tenemos miedo de perder ese crédito, que además muchas veces es transferido en beneficio de los clientes de nuestras PyMEs. Alguien en el Gobierno nos tiene que recibir, escucharnos y brindar una solución, porque esta problemática frena las exportaciones en el país”, sostuvieron. 

Los diputados del FIT-PTS Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca presentaron ante el Ministerio de Economía y la Dirección General de Aduanas una solicitud de Acceso a la Información Pública solicitando que se identifiquen a las 722 empresas que, según el ministro Sergio Massa, habrían efectuado 13.000 operaciones de triangulación y sobrefacturación de importaciones en detrimento del erario público. Asimismo, solicitaron los montos de cada una de esas operaciones dolosas y que se informe desde cuándo algún organismo estatal está al tanto de estas irregularidades.

Al respecto, Bregman cuestionó que en la conferencia de la semana pasada “Massa les dio a las empresas 60 días para que puedan darle algún viso de legalidad a estas maniobras de sobrefacturación que hicieron para conseguir dólares a 130 pesos, cuando a cualquier persona se la llevan presa si toma unas galletitas de una góndola y no las paga. El pueblo tiene que conocer cuáles son las empresas que realizan estas maniobras para llevarse dólares baratos, mientras que al pueblo trabajador se le exigen más y más ajustes”.

Y agregó: “Además nos preguntamos por qué salta recién ahora, ¿no había ningún organismo del Estado que conociera estas maniobras delictivas de las empresas? Presentamos una solicitud de acceso a la información pública que el Gobierno está obligado a responder. Si no lo hacen estarán encubriendo a las empresas”.

Por su parte, Del Caño denunció que “las grandes empresas hacen maniobran de todo tipo, saquean el Banco Central, aumentan los precios todos los días, eluden y evaden, pero el Gobierno se preocupa por auditar a los más pobres que cobran un plan social de tan sólo 22 mil pesos”.

“Nosotros venimos denunciando las maniobras obscenas de sobrefacturación de los importadores y de subfacturación de los exportadores para quedarse con dólares baratos. Nuestro planteo es el monopolio estatal del comercio exterior bajo el control de los trabajadores, no solamente para evitar este tipo de maniobras fraudulentas a las que nos tienen acostumbrados, sino para cuidar las divisas y ponerlas al servicio de las necesidades populares, evitando también las maniobras especulativas de los sojeros para imponer una devaluación”, planteó.

El diputado sumó que “Massa tiene que responder a la brevedad, para que el pueblo conozca quiénes son las empresas que se enriquecen mientras que se preparan nuevas medidas de ajuste sobre sus espaldas”.

El flamante ministro de economía expuso en su primer mensaje que el Estado Nacional detectó “situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”, y anunció que “vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición ante la Aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error”. 

Ahora bien, las maniobras de subfacturación y sobrefacturación constituyen un delito tipificado por el artículo 864, inciso b) del Código Aduanero que reprime con pena de 2 a 8 años de prisión al que “Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación”. 

Incluso podría, según las circunstancias de cada caso, agravarse el delito si concurriese alguno de los supuestos previstos en el artículo 865 del Código Aduanero, siendo la pena prevista de 4 a 10 años de prisión. 

El ejercicio de la acción penal no puede ser soslayado por la Dirección Nacional de Aduanas dado que conforme al artículo 861 del Código Aduanero “Siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas, son aplicables a esta Sección las disposiciones generales del Código Penal” y éste cuerpo normativo expresa en su artículo 71 “Sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: 1) Las que dependieren de instancia privada; 2) Las acciones privadas”. 

Es decir, la ley de fondo determina que las acciones penales deben iniciarse de oficio y, en lo que respecta a los funcionarios públicos estos tienen el deber de denunciar. 

Razones de política económica no autorizan a apartarse de estas reglas y las “maniobras delictivas deben ser investigadas de oficio”. 

El principio de oportunidad, consagrado expresa y acotadamente por algunas disposiciones penales, no puede ser invocado por el Poder Ejecutivo Nacional. Por un lado, media expresa prohibición constitucional. En efecto, el artículo 109 de la Constitución Nacional expresa que: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Por otro, aun en los casos que la legislación nacional autoriza el ejercicio del principio de oportunidad, el mismo se articula en el marco de una causa judicial ya iniciada. 

Entre las normas que proclaman el principio de oportunidad, y con el alcance que resulta de las mismas, podemos citar a la Ley n° 24.825 (juicio penal abreviado); a la Ley 24.316 (Suspensión del Juicio a Prueba); a la Ley 23.737 (art. 18), a la Ley 24.424, introduce la figura del arrepentido; Ley Penal Tributaria n° 24.769, art. 16; al art. 217 del Código Penal – respecto del partícipe del delito de conspiración por traición, y del art. 14 de la Ley 13.985, referido al atentado contra la seguridad de la nación (en ambos supuestos, se incorporan expresamente casos o supuestos de oportunidad utilitarios, porque se pondera el interés superior de evitar una traición o atentado, a la pena y castigo del partícipe si este último denuncia el hecho antes de que suceda o colabora con el arresto de los cómplices); e incluso la Ley 25.087, art. 15, deja abierta la posibilidad de extinguir la acción penal si la víctima propone un avenimiento con el imputado. Y la articulación de este principio es siempre en el marco de una causa judicial iniciada. 

En suma, “un fiscal… por ahí” que investigue la posible comisión del delito de contrabando. 

La diputada nacional del Pro, Soher El Sukaria, presentó un pedido de informes respecto a las restricciones del Banco Central que afectan el ingreso de insumos para la producción y compra de equipamiento sanitario y otros insumos médicos 

En el pedido de informes -que fue acompañado por más de 30 diputados- se solicitó, entre otras cuestiones, que “se informe respecto a la situación respecto a la disponibilidad de divisas para la importación de componentes y materiales para la producción de equipamiento hospitalario y para la importación de insumos y productos médicos“; y “qué medidas se han tomado para asegurar la disponibilidad de productos médicos descartables, implantables y electromédicos en todo el territorio nacional, y qué prioridad se le otorga a la importación de estos productos”. 

“Este tipo de insumos son insumos muy específicos, con pocos fabricantes a nivel mundial, y a los cuales es muy difícil cambiar las condiciones de pago, llevando en la práctica a la imposibilidad de introducir al país estos elementos esenciales para proveer a la salud y a proteger la vida de los argentinos”, precisó El Sukaria. 

La vicepresidenta del Pro cordobés, agregó: “La situación denunciada sin dudas va a terminar afectando servicios básicos como guardias o cirugías de urgencia. Así como se autoriza los medicamentos, es importante eliminar las restricciones para el ingreso de estos productos esenciales, sin los cual no puede funcionar un servicio de salud”. 

Por último, cerró: “Existe también una industria en nuestro país que fabrica dispositivos médicos y que no sólo abastece al mercado interno, sino que exporta a otros países. Si esta industria nacional no cuenta con las importaciones necesarias, se produce una pérdida de mercados que se tardó mucho tiempo en ganar y generar la confianza necesaria para comerciar. El daño que se produce por estas medidas es altísimo”. 

La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro – Córdoba) presentó un pedido de informes en la Cámara baja, ya que “las restricciones del Banco Central afectan el ingreso de insumos para la producción y compra de equipamiento sanitario y otros insumos médicos”, detalló.

En el pedido de informes -que fue acompañado por más de 30 diputados- se solicitó, entre otras cuestiones, que “se informe respecto a la situación de la disponibilidad de divisas para la importación de componentes y materiales para la producción de equipamiento hospitalario y para la importación de insumos y productos médicos“; y “qué medidas se han tomado para asegurar la disponibilidad de productos médicos descartables, implantables y electromédicos en todo el territorio nacional, y qué prioridad se le otorga a la importación de estos productos”.

“Este tipo de insumos son insumos muy específicos, con pocos fabricantes a nivel mundial, y a los cuales es muy difícil cambiar las condiciones de pago, llevando en la práctica a la imposibilidad de introducir al país estos elementos esenciales para proveer a la salud y a proteger la vida de los argentinos”, precisó El Sukaria.

La vicepresidenta del Pro cordobés, agregó: “La situación denunciada sin dudas va a terminar afectando servicios básicos como guardias o cirugías de urgencia. Así como se autoriza los medicamentos, es importante eliminar las restricciones para el ingreso de estos productos esenciales, sin los cual no puede funcionar un servicio de salud”.

Por último, cerró: “Existe también una industria en nuestro país que fabrica dispositivos médicos y que no sólo abastece al mercado interno, sino que exporta a otros países. Si esta industria nacional no cuenta con las importaciones necesarias, se produce una pérdida de mercados que se tardó mucho tiempo en ganar y generar la confianza necesaria para comerciar. El daño que se produce por estas medidas es altísimo”.

Previo a iniciar el análisis este martes en la Cámara baja del proyecto de industria automotriz enviado por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) se manifestó en contra del mismo y señaló que “estamos matando el sector exportador por mantener el sector ineficiente de la industria automotriz”.

Entrevistado por Diputados TV, Espert criticó: “Estuve en contacto con este proyecto, pero más allá de este proyecto, hace décadas que Argentina no para de apoyar a la industria automotriz, motivo por el cual los consumidores de autos en Argentina pagan los autos muchísimo mas caro de lo que ocurre a nivel internacional”.

“No sé qué esperamos para despertarnos en Argentina y darnos cuenta que sustituye importaciones y es el objetivo de este proyecto como todos los proyectos que andan dando vueltas de industria automotriz. Es también sustituir exportaciones”, advirtió el liberal.

En ese sentido, indicó que “nosotros estamos matando a nuestro sector exportador, a las economías regionales, el petróleo, la energía solar, la agroindustria por mantener artificialmente sectores absolutamente ineficientes como es la industria automotriz”.

“Con este tipo de engendro, que ya han demostrado el fracaso, no estoy para nada de acuerdo”, adelantó y consideró que “Argentina necesita abrir su economía al mundo para poner a full su potencial exportador. No hay milagro para la exportación argentina si no es con la apertura económica”.

En tanto, manifestó: “Podemos discutir qué condiciones son las que se necesitan para poder abrir la economía con sensatez, pero de vivir concentrados y vivir dando vueltas sobre lo mismo de siempre yo ya no sé cómo calificarlo”.

“Estamos muy enfermos porque repetir tanto el error un día, dos días, 10 años, casi un siglo que venimos haciendo todo esto. Y después de hacer un siglo lo mismo tenemos al campo destruido, al petróleo recontra utilizado, estamos importando gas, importando gasoil, las economías regionales destruidas. La contracara de eso es una sociedad permanentemente pensando en cómo sustituir importaciones”, disparó Espert.

Y cerró: “No se puede tener como estrategia de desarrollo sustituir importaciones porque este es el resultado: un país pobre, con marginalidad, drogas, delincuencia. El centro de por qué Argentina esta destruida es haber comprado el pescado podrido de hace un siglo de la sustitución por importaciones”.