Plaini propone implementar el impuesto a la riqueza hasta que se termine de pagar al FMI

El senador provincial consideró que reeditar el “Aporte Solidario y Extraordinario” sería “la mejor manera de resolver esta estafa”. Aclaró que todavía no lo habló con Máximo Kirchner, impulsor de esa ley.

En una propuesta que promete polémica, el senador provincial Omar Plaini (FdT) consideró que el “Aporte Solidario y Extraordinario” a las grandes fortunas, sancionado en el Congreso en diciembre de 2020, se debería implementar hasta que se termine de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

“Este último endeudamiento de Argentina fue una estafa, una irresponsabilidad, no solamente del gobierno anterior, del ingeniero (Mauricio) Macri, sino también del propio FMI, que violentó su propio reglamento”, cuestionó el histórico secretario general del gremio de “canillitas”.

Para el legislador, el préstamo de 44 mil millones de dólares “fue una movida geopolítica que hizo el propio (Donald) Trump porque quería convertirlo al ingeniero Macri en el líder de América Latina por las coincidencias ideológicas entre ellos”.

En ese sentido, el dirigente enfatizó que “no se puede aceptar una vez más esto; no se puede aceptar que lo pague el pueblo argentino, los jubilados y el pueblo trabajador”.

“Esta vez no lo debe pagar el hombre y la mujer de a pie con el esfuerzo de su trabajo; de allí que yo vengo sugiriendo que aquel gravamen a las grandes fortunas, que se les cobró el año pasado, quede en forma permanente hasta tanto se termine de cumplir con el pago de los 44 mil millones de dólares”, sostuvo este lunes en declaraciones a radio El Destape.

Además, el senador bonaerense reclamó que se sancione “otra ley para que todos los argentinos que tienen fondos activos y bienes en el exterior también hagan un aporte”. “Creo que sería la mejor manera de resolver esta estafa, que paguen los que más tienen. Hay que instrumentarlo a través de leyes, pero por ahí caminaría la solución a este problema”, expresó.

Plaini aseguró que todavía no habló “personalmente en particular de este tema” con el diputado Máximo Kirchner, quien fue el impulsor de la ley en el Congreso, pero remarcó que lo viene planteando en diferentes ámbitos, como ocurrió en una reunión del PJ bonaerense, que preside el líder de La Cámpora.

“Todo acuerdo que se ha tomado con el FMI siempre vino con ajuste detrás. Más de 20 acuerdos hemos hecho con el FMI y siempre fueron con ajuste. Por algún lado el ajuste va a venir. Ojalá sea yo el equivocado y tantos otros que planteamos esto”, resaltó.

Y completó: “Las grandes fortunas, esos que se beneficiaron con esto, ¿van a tener el mismo compromiso que tiene una persona que no llega a fin de mes con su trabajo? Entonces, hay que buscar como llegar a una correlación de fuerzas”.

El “Aporte Solidario y Extraordinario” por única vez se sancionó el 4 de diciembre de 2020. El gravamen alcanzó a los patrimonios de las personas físicas que hubieran declarado en el impuesto a los Bienes Personales más de 200 millones de pesos, con alícuotas progresivas hasta las fortunas de más de 3.000 millones de pesos.

La norma estableció que los recursos extraordinarios iban destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las PyMEs para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%), y apuntalar la inversión energética (25%).

Hagman: “El aporte solidario ayuda a reactivar la economía en un contexto muy duro”

El diputado oficialista celebró las cifras de recaudación del denominado “impuesto a la riqueza” y cargó contra las personas que se niegan a pagarlo.

“El aporte solidario y extraordinario ayuda a reactivar la economía en un contexto muy duro”, destacó el diputado Itai Hagman (Frente de Todos) al celebrar los datos preliminares que indican que ya se recaudaron 223.000 millones de pesos gracias a la ley sancionada por el Congreso el año pasado.

Según se conoció, unas 10.000 personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos pagaron el tributo que fue dispuesto por única vez con destinos específicos, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Esos recursos extraordinarios serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%). 

Al respecto, Hagman destacó que estos ingresos ayudan a “acelerar el proceso de reactivación económica después de tres años muy duros” para los argentinos.

La mala noticia es que 220 personas alcanzadas por este aporte iniciaron acciones legales para no pagarlo y estimamos que debe haber unas 2.000 personas aproximadamente que no se presentaron ante los tribunales por el momento, pero tampoco presentaron sus papeles ante la AFIP”, agregó el economista.

En declaraciones a radio Continental, el legislador recordó que el universo total estimado implicaba entre 12.000 y 13.000 personas. “Aspirábamos a llegar a los 300.000 millones de pesos de recaudación, en función del universo estimado. Hasta ahora han presentado las declaraciones juradas y realizado sus primeros aportes unas 10.000 personas”, dijo.

“Es lamentable que tengamos en Argentina personas con semejantes patrimonios que pertenecen al sector más encumbrado de la sociedad y que en un contexto de crisis tan grave como este, producto de una pandemia que afecta al mundo entero, no estén dispuestos a ceder el 2 o el 3% de su patrimonio, según la situación, para tratar de ayudar a mitigar los efectos de esta crisis global”, indicó Hagman.

Por último, el legislador porteño destacó que se seguirá trabajando desde el Estado con las herramientas legales correspondientes “para que todos los alcanzados por la norma votada en el Congreso hagan su aporte y de esta manera Argentina cuente con la mayor cantidad de recursos posibles para asistir a la población y a las pequeñas empresas”.

Ya se recaudaron $223.000 millones por el Aporte Solidario y Extraordinario

Alrededor del 80% de los sujetos alcanzados por la ley ya realizaron la contribución. En tanto, 220 contribuyentes fueron a la Justicia para no pagarlo.

El Estado ya logró recaudar 223.000 millones de pesos en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, votado a través de la Ley 27.605, aprobada en diciembre pasado por el Congreso e impulsada por el jefe del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller.

De acuerdo a los datos preliminares, unos 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas por la norma. De esta manera, alrededor del 80% del universo potencial cumplió con lo establecido por la ley, que establecía la contribución “de emergencia” y “por única vez”, en el contexto de pandemia.

Por su parte, un pequeño grupo de sujetos, hasta ahora cerca de 220 contribuyentes, iniciaron acciones legales para no pagar el aporte.

La AFIP, comandada por Mercedes Marcó del Pont, inició fiscalizaciones integrales sobre un conjunto de contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que no presentaron sus declaraciones juradas.

Los procedimientos abiertos en todo el país permiten analizar el patrimonio de aquellos contribuyentes incumplidores durante un plazo aproximado de 150 días.

La ley estableció que los recursos extraordinarios serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las PyMEs para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%), y apuntalar la inversión energética (25%).

El Gobierno reglamentó la Ley de Aporte Solidario a las grandes fortunas

El decreto, que consta de 12 artículos, se publicó este viernes en el Boletín Oficial. La ley alcanza a todos aquellos que declaren un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos.

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes la reglamentación de la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, con el objetivo de “morigerar” los efectos de la pandemia.

Lo hizo a través del decreto 42/2021, publicado en el Boletín Oficial, el cual consta de 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La norma, que se sancionó en el Senado el 4 de diciembre pasado y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a los Bienes Personales más de 200 millones de pesos. La tasa parte de 2% y se va incrementando en relación con el total de la fortuna declarada.

De esa manera, será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones; del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones; y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.

El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las riquezas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y $3.000 millones.

Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.

Según la ley, que fue impulsada por el jefe del bloque Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, la recaudación estará destinada en un 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria; en un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”; y un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.

También, se utilizará un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares; y un 25% a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural” a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos (…)”.

La reglamentación que se conoció este viernes fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas: los sujetos alcanzados podrán contabilizar la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad correspondiente al 18 de diciembre de 2020, conforme la información que surja de un balance especial confeccionado a esa fecha, o el patrimonio neto de la sociedad del último ejercicio comercial cerrado.

Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas “actividades operativas” ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas no podrán definirse como “activos financieros”.

En los considerandos se aclaró que “si se verifican variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, y estas variaciones hicieren presumir una operación que configure un ardid”, la AFIP actuará al respecto.

El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la AFIP para que se encargue de “instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos” y evitar así las operaciones de evasión impositiva.

Expertos y economistas reclaman en la región un impuesto a las grandes fortunas

En línea con la norma aprobada en la Argentina, pero de manera permanente, sugieren implementar esa iniciativa para salir de la crisis que dejará la pandemia en América Latina y el Caribe. “Es de pura lógica económica establecer un impuesto a las grandes fortunas”, sostienen.

Especialistas y economistas de América latina volvieron a reclamar a los gobiernos de la región que avancen en la creación de un impuesto permanente a las grandes fortunas para hacer frente a la gigantesca crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Según un estudio de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), un tributo a las riquezas podría recaudar un mínimo de US$26.504 millones al año entre una veintena de países de la región.

“Quieren convencernos de que sería malo para todos y todas tener impuestos a la riqueza, cuando la lógica económica nos dice que pagar impuestos a la riqueza beneficia a las grandes mayorías y afecta bastante poco a los grandes capitales”, enfatizó la economista española Rosa Cañete Alonso, autora del Informe “Ahora o nunca: Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y El Caribe”, que recientemente publicó Latindadd.

La profesional, experta en temas de Desigualdad, puntualizó que un gravamen a las grandes fortunas “removería los activos improductivos e impulsaría que estos sean utilizados. Es decir que dentro de la lógica meramente económica, de impulsar el crecimiento, tienen fundamento los impuestos a las grandes fortunas”.

Además, demandó que a la hora de legislar se incorporen obligatoriamente mecanismos que transparenten la riqueza acumulada. “Hoy los Estados no tienen información sobre el volumen de los patrimonios de las personas. Sin  tener claro cuál es la base de los impuestos, va a ser muy difícil perseguir o sancionar a quien no cumple la ley”, advirtió la profesional en una videoconferencia organizada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador,

Al respecto, Carlos Bedoya, director de Latindadd, destacó la paradoja de que “del pobre que recibe su bono o su cash transfer, de manera condicionada, se sabe hasta de la hora que va al baño, pero de los ricos que reciben privilegios tributarios no se sabe nada”.

El abogado, de origen peruano, aseguró que llegó el momento de pensar una profunda reforma tributaria integral que termine con los privilegios de las élites económicas que “son las mismas que siempre pusieron las reglas y que ahora dicen que un impuesto a las grandes fortunas es malo para la economía o que ahuyenta las inversiones”.

Por su parte, Jahiren Noriega Donoso, candidata de Centro Democrático a la Asamblea Nacional en Ecuador, reveló datos impactantes sobre los efectos de la pandemia en su país: “De acuerdo con UNICEF, 3 millones de niños y adolescentes han caído en pobreza multidimensional en 2020”, dijo y agregó que este drama se da “mientras los grandes bancos del país tendrán utilidades cercanas a 300 millones de dólares en el mismo año”.

Por último, Pablo Iturralde, director del CDES, pidió que la crisis desatada por el Covid-19 no la paguen los sectores desfavorecidos. “La crisis económica nos afecta a todos,  pero tiene agravios mayores sobre los más humildes. El impacto a los más pobres puede ser la diferencia entre comer y no comer, entre tener salud o no tenerla, en tener educación o no tenerla”.

El debate es parte de la campaña impulsada por instituciones y organizaciones nucleadas en la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) que reclama a los gobiernos de la región establecer tributos a los patrimonios más grandes como forma de paliar las devastadoras consecuencias de la pandemia y combatir la creciente desigualdad sistémica en América Latina y el Caribe.

Según Latindadd este gravamen podría recaudar US$26.504 millones al año en 20 países de la región lo que permitiría cubrir el acceso universal a la vacuna contra el Coronavirus.

Basualdo, uno de los senadores alcanzados por el aporte solidario, aseguró que “espanta las inversiones”

En la previa de la sesión en la que se convertirá en ley el proyecto impulsado por el Frente de Todos, el sanjuanino remarcó que el impuesto a la riqueza hará “contraer más nuestra economía”.

El senador nacional Roberto Basualdo, uno de los legisladores que figura entre los alcanzados por el aporte solidario y extraordinario, consideró que se trata de “un impuesto anti-inversiones, confiscatorio y discriminativo, que lo único que va a producir es más incertidumbre y un incremento irracional a la ya muy elevada carga fiscal de Argentina”.

Muy crítico, el sanjuanino sostuvo que “es un impuesto que perjudica al país, porque va a permitir aumentar la recaudación en el corto plazo, pero la va a contraer en el mediano y largo plazo. Es un impuesto que desalienta las inversiones, y eso es lo contrario a lo que necesita nuestra Nación. Las inversiones son fundamentales para aumentar el nivel de actividad, generar innovaciones y aumentar la producción, lo que redunda en más empleo para los argentinos, y en un círculo virtuoso de crecimiento y más recaudación para el Estado”.

En abril pasado, Basualdo presentó un proyecto de ley titulado “Contribución Extraordinaria para la Inversión y el Desarrollo Productivo de Argentina”, que cuenta con el apoyo de los senadores Humberto Schiavone, Néstor Braillard Poccard, Alfredo De Ángeli, Claudio Poggi, Gladys González, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Juan Carlos Romero.

El opositor recordó que no fue nunca puesto en tratamiento, cuando apunta a “incentivar las inversiones”, apuntando a establecer con carácter de emergencia y por única vez, que los grandes capitales argentinos, situados en el país y en el exterior, realicen una contribución extraordinaria para la inversión que surgirá de la aplicación de la alícuota del 2,5% sobre el valor total de los bienes cuyo monto exceda los 200 millones de pesos. Para ello tendrán el plazo de un año, y podrán optar por invertir en diferentes rubros, como la construcción, la mejora o adquisición de bienes inmuebles, la suscripción de títulos de deuda, entre otros.

“Con el proyecto de ley que presenté se busca generar demanda de mano de obra, más empleo, lo que redunda en más aportes vía impuestos que va a recibir el Estado Argentino. Esta propuesta es una acción temprana para la reactivación de la economía, que nos permitirá como país estar mejor parados una vez que pase la pandemia”, afirmó el legislador.

Por el contrario, remarcó que “el impuesto a las riquezas -mal llamado aporte ‘solidario y extraordinario’-, es totalmente discriminatorio porque grava a los empresarios locales pero no a los empresarios del exterior que invierten en Argentina. Por lo cual afecta a la industria nacional y beneficia a las empresas de capitales extranjeros, cuyos dueños no tienen que pagar este impuesto. Por lo tanto, no es un impuesto equitativo, y perjudica a los productores locales. Todo al revés de lo que se debería hacer, que es impulsar el crecimiento de la industria nacional para que generen trabajo e incluso lleguen a mercados del exterior, lo que implicaría más recaudación para el Estado”.

Asimismo, Basualdo expresó: “Lamentablemente, en el mundo tenemos muy mala reputación. Somos un país que constantemente cambia las reglas del juego, no somos previsibles, vivimos con incertidumbre y volatilidad, y este proyecto llega justo para generar más confusión e incertidumbre. ¿Será por única vez, como prometía serlo el impuesto al cheque? El impuesto a débitos y créditos bancarios, que se creó en medio de una situación de crisis económica, ya tiene casi 20 años de vigencia ininterrumpida. ¿Será solo para los grandes capitales, los que más tienen, los que más ganan, como prometía serlo el impuesto a las Ganancias? Hoy este tributo alcanza a quienes tienen un sueldo que apenas supera la línea de pobreza”.

“La carga tributaria de Argentina es una de las más altas del mundo. En un contexto como el actual, con una situación económica muy compleja debido a la pandemia del Covid-19, hay que buscar alternativas que faciliten la recuperación de la economía en lugar de asfixiar más a los contribuyentes con nuevos impuestos”, consideró.

El senador aseveró que “con la propuesta del Gobierno se castiga a los cumplidores. En nuestro país tenemos una larga historia de blanqueos fiscales a través de los cuales se beneficia a los que evaden, a los que tienen fortunas en el exterior no declaradas, a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales. En lugar de beneficiar e incentivar a los que cumplen, se termina beneficiando a los que no cumplen con sus obligaciones. Tras aumentar recientemente bienes personales, ahora quieren aprobar el impuesto a las riquezas, que de solidario no tiene nada”.

“Lo que me pregunto es, ¿qué incentivo tiene un empresario local para seguir apostando por el país, tener su negocio en regla, esforzarse por producir cada día más y generar fuentes genuinas de trabajo? Si seguimos exprimiendo al sector productivo, jamás vamos a poder salir adelante, tener un PBI decente, estabilidad en nuestras principales variables económicas, y un futuro mejor”, concluyó.

Senado: el oficialismo buscará convertir en ley este viernes el aporte solidario

También intentará sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. Será en una sesión especial convocada para las 14.

El Frente de Todos buscará convertir en ley este viernes, en una sesión especial virtual convocada para las 14 en el Senado, el proyecto que crea un aporte solidario y extraordinario a pagar por única vez para contener la pandemia del Covid-19.

Será el tema principal de la sesión citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde además el oficialismo intentará sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, para prohibir el cambio de uso en tierras incendiadas.

La sesión se da en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero, tras la corrección del decreto anterior, que ponía como fecha el 11 de diciembre.

El proyecto de impuesto a la riqueza recibió dictamen favorable el pasado 24 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5% y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias.

Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que calculaba el ente recaudador cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.

Con 40 integrantes, el bloque presidido por José Mayans no tendría inconvenientes en sancionar el proyecto, y contaría además con la ayuda de aliados, mientras que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal rechazan la iniciativa.

La oposición sostiene que existe una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, y advierte además que el tributo podría ser confiscatorio y quedar instalado para siempre, a pesar de que la redacción aclara que es por única vez.

Otros proyectos

En la sesión también se tratará el proyecto impulsado por el jefe del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el fin de impedir la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

El proyecto recibió dictamen favorable el 24 de noviembre, con el rechazo de la oposición, que advirtió que el texto no distingue entre incendios intencionales y no intencionales; que avanza sobre facultades provinciales; y que implica un retroceso respecto de leyes vigentes.

Por otra parte, la Cámara alta tratará este viernes la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También figura en el temario un proyecto de Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) sobre creación de un “Programa Nacional de Turismo Seguro”.

Asimismo, se votarán dos acuerdos internacionales: un Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con Uruguay; y un Acuerdo de Cooperación en Defensa con Italia.

El aporte solidario alcanzará a 2.500 personas más de las que preveía originalmente la AFIP

Su titular, Mercedes Marcó Del Pont, informó que 11.855 personas pagarían este tributo extraordinario, más que las 9.298 estimadas cuando se discutió el tema en Diputados. El proyecto recibió dictamen en el Senado.

El Senado comenzó a debatir el proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que alcanzará a 2.500 personas más de las que calculaba originalmente la AFIP, según reveló su titular, Mercedes Marcó Del Pont, al presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Con la conducción del oficialista Carlos Caserio, comenzó este martes el debate del proyecto y el dictamen finalmente se pasó a la firma, quedando listo para ser tratado en la próxima sesión -el período ordinario finaliza el próximo lunes 30-.

La intención del oficialismo es sancionar la ley lo antes posible, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones.

El proyecto, de autoría de Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados oficialistas, propone gravar las fortunas superiores a los 200 millones de pesos, con un aporte “por única vez” para ayudar a mitigar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

La alícuota a aplicar irá del 2% al 3,5% según el patrimonio declarado en Bienes Personales, y la AFIP espera recaudar alrededor de 307 millones de pesos, que se destinarán a la compra de equipamiento médico, subsidios a pymes, becas Progresar, urbanización de barrios populares y proyectos de gas natural.

“Los fondos van a ser destinados a ampliar la capacidad del fisco para seguir desenvolviendo políticas activas en 2021”, destacó Marcó Del Pont, y aclaró que el proyecto “grava a los empresarios, no a las empresas ni al capital de trabajo”.

Foto: Comunicación Senado

La funcionaria reveló que por distintos factores, como la cotización del dólar, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que estimaba la AFIP cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.

Marcó Del Pont informó que “solo el 55%” del patrimonio que hoy está en discusión está gravado por Bienes Personales, dado que “la base imponible es muy superior”, y agregó que “el 3,2%” del total de los individuos alcanzados realizarán el 55% del aporte total.

Además, sostuvo que “no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para poder hacer frente a este aporte”, al señalar que “solo el 17% de los que declaran Bienes Personales declaran que tienen inmuebles rurales”, los cuales “representan solo el 2,4% respecto del total del patrimonio”.

La titular del ente recaudador dijo que “en la composición de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera”, y “casi el 93% está fuera de la Argentina”, y se retiró de la reunión virtual con el compromiso de responder preguntas por escrito.

Posiciones contrapuestas

Durante el debate, Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) lamentó que Marcó Del Pont no respondiera en vivo las inquietudes de la oposición, y se preguntó “qué naturaleza jurídica le dan a este aporte: si es un impuesto, una tasa, una contribución, para entender los principios del derecho tributario aplicables”.

Crexell también se preguntó si el aporte “es coparticipable o no” y si podría haber una doble imposición con Bienes Personales.

El radical Julio Cobos -que no integra la comisión-, ante las dudas de Crexell, consideró que se trata de “un impuesto igual al de Bienes Personales”, que además “no es coparticipable porque tiene asignaciones específicas”, y por lo tanto “la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto”.

Cobos también planteó “dudas sobre la progresividad de este impuesto”, ya que quien posea un patrimonio de 199 millones de pesos no lo pagará, y también puso un manto de duda sobre el carácter extraordinario: “Ya sabemos lo que ocurre en nuestro país cuando los impuestos se crean ‘por única vez’”.

También por la UCR, Silvia Elías de Pérez advirtió que “sin duda va a generar una judicialización, porque es el mismo sujeto obligado y el mismo hecho imponible que Bienes Personales”, y agregó: “No estamos yendo contra 10.000 u 11.000 personas, sino contra las empresas que generan trabajo argentino”.

“En 11 meses que llevan de gobierno ya hemos creado o aumentado 15 impuestos. Nuestras empresas no dan más”, lamentó la tucumana.

Foto: Comunicación Senado

Desde el oficialismo, Jorge Taiana se refirió a “la necesidad que tenemos de debatir una reforma tributaria completa”, ya que “Argentina tiene una estructura tributaria mala, regresiva, basada en impuestos indirectos y no directos, como en casi todos los países desarrollados, y que ha permitido una evasión fiscal casi permanente durante muchos años”.

“Lo que se está pidiendo es un pequeño aporte”, manifestó Taiana, y sostuvo que se busca que “los que mucho han contribuido a la desigualdad hoy contribuyan a disminuirla y ayuden a salir de la crisis”. “Lamento que hayamos tardado tanto desde que empezamos a discutir el tema hasta tratarlo parlamentariamente”, dijo.

El chaqueño Antonio Rodas, del mismo bloque, pidió que “al menos algunos integrantes de la oposición” acompañen el proyecto -en ese sentido, trascendió que los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo podrían votar a favor a pedido del gobernador Gerardo Morales tal como hicieron sus diputados-.

Asimismo, la correntina Ana Almirón, también del Frente de Todos, resaltó que en países como España, Italia y Chile se están trabajando iniciativas similares frente a la pandemia, y destacó que en Argentina se esté discutiendo una ley en lugar de aplicar la medida mediante un DNU.

Impuesto a la riqueza: postura y propuestas de la CAC

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios reiteró su preocupación ante el proyecto de ley, y advirtieron que “la progresividad debe tener en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente”.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reiteró su preocupación ante el proyecto de ley para establecer un “aporte solidario y extraordinario”, popularmente conocido como “impuesto a la riqueza”, que mediante una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada.  

Tal como lo señaló el 14 de septiembre último mediante un comunicado  la CAC entiende que la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como el Impuesto sobre los Bienes Personales, que grava los mismos activos sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta, y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta nueve veces en el último año. Asimismo, la Entidad está convencida de que la expansión de la actividad y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar un éxodo a jurisdicciones con un tratamiento más favorable.   

Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo impuesto, deberían buscarse alternativas superadoras, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social del conjunto de la Nación. Esto podría incluir la reducción de ineficiencias varias en materia de gasto público, el combate a la informalidad e, incluso, en la crítica coyuntura actual, un “empréstito patriótico”, en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos para asegurar su recuperabilidad para los inversores.  

Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en cuenta que la iniciativa del “aporte solidario y extraordinario” ya obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados, la CAC detalla a continuación algunas propuestas tendientes a morigerar los efectos negativos del aporte en cuestión:

  • Incrementar la suma exenta –originalmente fijada en $200 millones– a un monto de entre $280 y $300 millones, considerando la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses. Caso contrario, el aporte alcanzaría a muchos más contribuyentes de lo originalmente previsto.
  • Transformar el mínimo exento en un mínimo no imponible, lo que significaría una importante mejora en materia de equidad.
  • Eliminar las normas propias sobre residencia que pretenden alcanzar a sujetos que residen en otros países y que generarían un alto grado de conflictividad y judicialización de esos conflictos.
  • Suprimir el tratamiento diferencial entre activos en el país y en el exterior y eliminar la repatriación de fondos vinculada con ese tratamiento.
  • Reducir las alícuotas aplicables.
  • Gravar con una alícuota reducida (no mayor al 0,5%) las participaciones societarias y empresarias disponiendo el pago por las sociedades como responsables sustitutas, como es actualmente en el impuesto sobre los Bienes Personales.
  • Eximir los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales y la casa habitación hasta cierto límite.
  • Disponer un plan de pago en cuotas no menor a 12 mensualidades.

En definitiva, la CAC ratifica su rechazo al aporte propuesto, a la par que hace un llamado a que, en caso de este se concrete su aprobación, cuanto menos se implementen correcciones que reduzcan las consecuencias adversas que generaría sobre la economía nacional.   

Apuran el debate sobre el aporte solidario en el Senado

El proyecto aprobado en Diputados será tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta el próximo martes a las 15.

Horas después de que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas fuera aprobado en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a debatir el tema en el Senado, con el fin de apurar el tratamiento y alzarse con la ley en los próximos días.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), citó a una reunión virtual para el próximo martes a las 15, y ese mismo día podría firmarse el dictamen favorable -si es que el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias, ya que el plazo para dictaminar vence este viernes-.

El proyecto fue avalado en la Cámara baja con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas donde Juntos por el Cambio denunció que se trata de un nuevo impuesto permanente, que además es confiscatorio y que opera como doble imposición con Bienes Personales.

La iniciativa fue impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y propone gravar los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos con una alícuota que va del 2% al 3,5%, y asciende si se trata de bienes declarados en el exterior.

El aporte sería por única vez, con el objetivo de morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19, y la recaudación -estimada en más de 307.000 millones de pesos- se utilizaría para compra de equipamiento sanitario, subsidios a pymes, becas Progresar, el Fondo de Integración Sociourbana y proyectos de gas natural.

A la hora de la votación en el Senado, la creación de este aporte requerirá una mayoría absoluta (37 votos) y el Frente de Todos tiene 40 senadores propios -José Alperovich sigue de licencia-, los que, sumados a aliados, garantizarían la sanción de la ley.

Dos modelos: estatista o moderno

Por Alberto Asseff. El diputado nacional de JxC sostiene que si hay algo que el Estado “no puede ni debe hacer es hostilizar a los sectores privados que son los agentes naturales del país moderno a forjar perentoriamente”.

Primero fue el gobierno que asumió el 1 de marzo pasado en Montevideo. Ahora lo expresa el nuevo ministro de Industria y Comercio que tomó el cargo en Asunción el 17 de noviembre, Luis Castiglioni. Ambos países han puesto la mira en el éxodo de emprendedores y en la huida de capitales argentinos. Porque los dos no sólo piensan en las bondades de los capitales, sino que apuntan a las capacidades humanas de los argentinos Los uruguayos flexibilizaron las normas pata facilitar la obtención de la residencia fiscal reduciendo a unos 390.000 dólares el capital mínimo. Ya son 30.000 los argentinos que fijaron domicilio en la ribera oriental del río común. Se prevé que llegarán a 200 mil. El alto y flamante funcionario paraguayo anunció ‘estrategias coordinadas’ de su gobierno para recibir 20 mil millones de dólares de argentinos en 2021. Los dos países sustentan su expectativa en el efecto de una doble acción: por un lado, el aumento de la presión impositiva y la inestabilidad macroeconómica en nuestro país y por el otro los incentivos que Uruguay y Paraguay brindan a los inversores y a los emprendedores. En el caso de los guaraníes hasta cinco años de desgravación en ganancias adunados a leyes laborales elásticas. Los orientales también dan estímulos, pero sobre todo ponen en la mesa una ventaja comparativa de excelencia: su prolijo funcionamiento institucional.  

Lo cierto que este fenómeno de migración de nuestros capitales – y ahora de personas – hacia esos dos países que integraron la unidad política naciente en 1810 – las Provincias Unidas –no es nueva. El desarrollo inmobiliario espectacular de Asunción y de Montevideo – además del de Punta del Este – se vincula con la radicación de inversiones argentinas en los últimos veinticinco años, para no remontarnos en el tiempo. También Brasil se lleva un jirón de nuestra enflaquecida economía. Con epicentro en El Soberbio, son más de diez grandes camiones rebasantes de soja los que recalan por día. Llamativamente, en ese sitio del río Uruguay ribereño de Misiones no existe puerto. Ello no es óbice para que lleguen incesantemente los cargamentos que acomodados en bolsas de arpillera pasan al Brasil – estados de Río Grande y Paraná – en canoas. Sólo hace unos días la Gendarmería recibió órdenes de neutralizar este contrabando. Durante meses el Estado – que los estatistas proclaman omnipresentes, pero que en los hechos y en muchísimas circunstancias de nuestra vida colectiva está ausente – no reparó que la circulación sur-norte de camiones que ingresan por alguna de las cuatro rutas posibles a Misiones portando soja no tenían ni tienen otra explicación que el  

contrabando espoleado por un dato objetivo: acá paga 35% de retención; en Brasil nada. El trabajo y la producción argentina devienen por arte del estatismo en exportaciones de nuestro vecino.  

El manual dice que una economía que sobrelleva casi diez años de recesión y un acumulado de casi medio siglo de estancamiento – el PBI per cápita de 1970 era mayor al que tenemos hoy – debe operar mecanismos de estímulo. No hay muchos en la economía política. Paul Samuelson lo expresó con meridiana y didáctica maestría: más crédito accesible, menos gravámenes. Es lo que practican Uruguay y Paraguay. Es lo que nos empecinamos en contrariar nosotros.  

En la Argentina pugnan dos modelos: están los que voluntaristamente se empeñan en domeñar al mercado contrastando con quienes reconocen que el mercado tiene su trono asegurado por más pulsiones que reciba. En rigor, los dos modelos tienen sus halcones y sus palomas. El estatista duro sueña con el reino definitivo del Estado y así implantar un sistema presuntamente igualitario, de raíz socialista, aun a costa de que se extienda la pobreza. Optan por pobreza para todos porque dan prioridad a la igualdad. Igualdad que equipara para abajo. Su contrapartida, también rígida, se extrema hasta bordear la anarquía, es decir el rechazo visceral a todo lo que huela a Estado. Es el anarcocapitalismo. En esa puja existen en ambas orillas quienes aspiran a una combinación o sinergia Estado-mercado, más o menos intensa y sólida. Pero se recelan, embargados por los prejuicios, sobre todo del lado estatista. Los estatistas execran al mercado porque lo tildan definitivamente de codicioso, lucrador serial, insensible por naturaleza, insolidario, injusto en su misma matriz. Lo querrían ver desterrado de estos lares y si por ellos fuera del planeta. Están dispuestos a darle eterna batalla, aun hasta desfallecer en el intento. No les importa ver a su población cada vez más pobre, con menos oportunidades, incluyendo educativas, sólo accediendo a changas y trabajos informales. Tampoco les interesa que la infraestructura se vaya rezagando hambrienta de inversiones y que el crédito desaparezca y con ello tambalee la macroeconomía y decaiga la actividad. No sea cosa que el mercado nos tuerza el brazo dicen. Prefieren el atraso a la modernidad si esta se emparenta con el mercado.  

Los mercadistas son más pragmáticos: cuando detectan hostilidad se reacomodan rápidamente, sea haciendo ellos la devaluación y otros sinceramientos de los precios relativos o sencillamente yéndose a lugares amigables. Eso explica que tengamos más de un PBI – us$400.000 millones – en el exterior o afuera del circuito formal de nuestra economía, lo cual  

equivale al mismo fenómeno de fuga bajo otra modalidad. Además, si cruzando el río más ancho del mundo o el caudaloso Paraguay esperan a los actores del mercado argentino con rebosante alegría y signos amistosos inequívocos, la migración es o será inminente.  

El estatismo llevó de 2003 a 2015 el tamaño del Estado en relación al PBI total del 25% al 43% y sigue agrandándose, ahora a horcajadas de la pandemia y de las arcas fiscales exangües, argumentos que le vienen como anillo al dedo a los adictos a las “políticas púbicas” y paralelamente declarados enemigos de los sectores privados, todos tachados de ávidos, individualistas y desidentificados con el destino común.  

La grieta es notoria. Los más fanáticos se enceguecen al punto de no reconocer otra condición que la de vicioso al contrincante. La elemental idea de ensamblar energías y cooperar se torna inviable a partir de los preconceptos y del tóxico condimento ideológico.  

La Argentina debe superar urgentemente este antagonismo tan insensato como suicida. El Estado posee sus roles indiscutibles, pero si algo no puede ni debe hacer es hostilizar a los sectores privados que son los agentes naturales del país moderno a forjar perentoriamente. Saldremos adelante fortaleciendo a los pliegues no estatales de nuestra sociedad, reubicando al Estado como auxiliar de la nación.  

El equilibrio es el camino para reentonarnos. Una Nación gozando y ejerciendo sus libertades incluyendo las económicas, servida por un Estado inteligente, autolimitado a su órbita. Sin endilgar reproches, tachas o enrostramientos. El vicio está en todos lados. La virtud también. Sólo se requiere controlar al primero y premiar a la segunda hasta hacerla aflorar con todo su esplendor.  

Asseff: “La ley de Extinción de Dominio recaudaría el triple”

El diputado advirtió que “hay seiscientos veintitrés mil millones de pesos de dinero de la corrupción que podría recuperarse, y sería el triple de lo que se espera recaudar con este impuesto”.

En su intervención en el debate por el impuesto a las grandes riquezas, el diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff advirtió que “el Ejecutivo y su correlato Legislativo están regocijados porque están combatiendo al capital, exactamente lo contrario de lo que la enflaquecida economía argentina necesita”. Y agregó que se trata de una medida “antiprogreso y descapitalizadora”; a la vez que es “una doble imposición fiscal y confiscatoria”. 

En su alocución, el legislador consideró que la medida traerá efectos contrarios a los deseados porque “sube más la presión tributaria, desestimulando futuras inversiones, dado que habrá más fuga de capital pues más impuestos ahuyentan a los emprendedores”, y agregó “con más impuestos no se crea más riqueza”. 

Asseff explicó que el nuevo impuesto que quiere imponerse solo suma inseguridad jurídica, porque es un nuevo cambio de reglas que aleja al capital.: “Son ideas viejas y fracasadas que aquí persisten lamentablemente”. Luego el diputado adelantó su voto y lo justificó diciendo que “votare en contra porque yo estoy a favor del progreso y de las inversiones creadoras de empleo y productoras de bienes y servicios”. 

El presidente de UNIR pidió por un capitalismo “moderno e inteligente” que sea regulado “suave e inteligentemente, por un buen estado que defienda a los emprendedores, los trabajadores, las clases medias y la producción” 

Por último, Asseff cerró su participación en el recinto -vía plataforma Zoom- proponiendo recaudar aún más dinero con la ley de Extinción de Dominio “donde hay seiscientos veintitrés mil millones de pesos de dinero de la corrupción que podría recuperarse y sería el triple de lo que se espera recaudar con este impuesto”. 

Torres: “El Gobierno se quiere poner el traje de Robin Hood para esconder la pobreza y el ajuste a los jubilados”

El diputado de JxC demandó “dejar de crear impuestos y comenzar por aliviar la enorme presión fiscal que soportan miles de PyMEs y emprendedores en todo el país”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ignacio “Nacho” Torres cargó contra el proyecto del Gobierno de impuesto a las grandes fortunas, y en el debate pidió “dejar de crear impuestos y comenzar por aliviar la enorme presión fiscal que soportan miles de PyMEs y emprendedores en todo el país”, y aseguró que “ese es el camino para crear más empleo y riqueza en la argentina”. 

Al tomar la palabra, Torres manifestó: “Me hubiese gustado discutir este proyecto con posiciones superadoras, como los proyectos presentados que contemplan un bono fiscal y donde se observan las asimetrías que hoy tenemos a nivel nacional”, y continuó diciendo “que podemos empezar a corregir, como por ejemplo los sobre costos por zona desfavorable, a través de una compensación con tributos nacionales”. 

Asimismo, el diputado expresó que “en vez de discutir lo importante, seguimos tropezando con la misma piedra sistemáticamente y parchando la economía en momentos de crisis económicas, con Impuestos supuestamente transitorios pero que quedan eternamente”, y recordó que “en 1932 por la recesión mundial nace el impuesto a las ganancias, en 1977 los ingresos brutos, en 1991 por la hiperinflación, bajo una premisa similar de gravar a los más ricos nace el impuesto a los bienes personales, impuesto que hoy paga la clase media. En 1995 suben el IVA, en el ‘98 el monotributo, en la crisis del 2001 el impuesto al cheque. Todos impuestos supuestamente transitorios que nos llevan hoy a una complejidad burocrática de más de 167 impuestos”. 

Además, el legislador nacional aseguró que “nadie puede estar en contra de que los que más tienen, tributen más que los que menos tienen, y estamos dispuestos a ir hacia una matriz más justa, más equitativa”, y agregó, “pero la intención del Gobierno no es esa, este Gobierno se quiere poner el traje de Robin Hood para esconder un ajuste feroz a los jubilados y la creciente pobreza funcional”. 

Finalmente, sobre el tema en debate, Torres afirmó que “esto no es una política tributaria inteligente pensada en el marco de una agenda desarrollo, esto es populismo tributario”. 

Ávila muy dura contra La Cámpora y el Gobierno

En el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas la diputada sostuvo que se trata de “otro ejemplo de la falta de un federalismo genuino”, y advirtió que el proyecto “generó tensiones políticas absolutamente innecesarias”.

La diputada nacional tucumana Beatriz Ávila cargó duramente contra el proyecto de impuesto a las grandes fortunas del Gobierno, y sostuvo que se trata de “otro ejemplo de la falta de un federalismo genuino”. 

En el debate en el recinto, Ávila señaló que los recursos que se recaudarán “no llegarán a las provincias ni mucho menos a los municipios ya que no son coparticipables. La Nación se reserva la distribución y el 100% de los fondos recaudados”. 

Hay que decir las cosas como son: estos recursos son para recaudar para satisfacer a la Cámpora, sobre todo para el año que viene”, agregó la diputada del partido por la Justicia Social de Tucumán; y advirtió que “este impuesto genero más tensiones políticas absolutamente innecesario cuando debemos llevar tranquilidad y no problemas a los ciudadanos”. 

Asimismo, señaló que la pandemia “impactó muy fuerte y todos los argentinos, pero sobre todo los más vulnerables hicieron un gran esfuerzo, y este proyecto no ayuda a la unidad nacional que tanta falta nos hace”. 

En este sentido, Ávila consideró que este año es “crítico no solo en materia sanitaria, social sino de profunda recesión económica, este impuesto es una mala señal para el sector privado que es quien genera inversión, riqueza y empleo. El Estado gasta. El estado tiene que dar reglas claras y generar confianza para el inversor. Pero este gobierno no es garantía en el manejo de estos recursos. Con proyectos de esta naturaleza se desalienta la inversion y sin inversion no hay crecimiento genuino.”. 

Finalmente, manifestó que este proyecto “no resuelve la crisis económica ni los grandes problemas estructurales. Tenemos que apoyar al inversor para poder enfrentar la pobreza que tanto nos duele y nos interpela día a día. No podemos seguir con parches ni buscando atajos”. 

El aporte solidario de las grandes fortunas fue aprobado en Diputados y quedó a un paso de ser ley

El proyecto de Máximo Kirchner recibió 133 votos afirmativos, 115 negativos y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas donde afloró la grieta. El oficialismo contó con apoyo de bloques minoritarios de la oposición y con el respaldo testimonial de funcionarios que asistieron al Congreso. El tema pasa al Senado.

Por Carolina Ramos y Melisa Jofré

Más de siete meses después de instalado el debate, el proyecto que grava por única vez los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos para contribuir a mitigar la pandemia fue aprobado en la Cámara de Diputados y quedó a un paso de ser convertido en ley. El Frente de Todos consiguió avalar la iniciativa con apoyo de bloques minoritarios de la oposición, a pesar del rotundo rechazo de Juntos por el Cambio.

Tras el cierre del debate a cargo de Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista y autor del proyecto, el aporte solidario y extraordinario recibió 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones. La discusión ahora pasó al Senado, donde la bancada liderada por José Mayans tiene una cómoda mayoría para sancionar la norma.

En la Cámara baja, la oposición se dividió: los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo acompañaron en su gran mayoría -con la excepción de Graciela Camaño, de Consenso Federal-, mientras que Juntos por el Cambio se opuso -salvo los radicales jujeños Gabriela Burgos y Jorge “Colo” Rizzotti, que votaron a favor-. También rechazó el proyecto Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), una aliada habitual del Frente de Todos, mientras que el Frente de Izquierda, como había anunciado, se abstuvo.

Lea también: Cuáles son los puntos destacados del proyecto de aporte solidario

El debate dividió aguas entre la posición oficial, basada en que se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios del país para atender la pandemia, y la postura de Juntos por el Cambio, que denunció que se trata de un nuevo impuesto que desalentará inversiones, que además es “confiscatorio” y opera como una doble imposición con el ya existente impuesto a los Bienes Personales.

El festejo del oficialismo tras la aprobación del proyecto.

Al momento del cierre, Máximo tuvo que retirarse del recinto porque, según reveló, estuvo en contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus. El resultado de la votación -que superó la mayoría absoluta necesaria- fue celebrado por los oficialistas presentes con aplausos de pie.

La sesión, que arrancó cerca de las 12.30, fue presidida en buena parte por el vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro), hasta que su titular, Sergio Massa, salió del aislamiento preventivo porque resultó negativo el tercer hisopado de Luis Cubeddu, el integrante de la misión del FMI que originalmente había sido considerado positivo de Covid-19.

Massa arribó al Congreso cerca de las 17, aunque no se sentó en la Presidencia hasta las 21, pues primero recibió a una comitiva de funcionarios que se dieron cita para empujar el proyecto de Máximo. Estuvieron, además del presidente del bloque, los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de las titulares de la ANSES, Fernanda Raverta, del PAMI, Luana Volnovich, y de AYSA, Malena Galmarini, junto a intendentes bonaerenses.

Debate caliente

No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario, porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que da la excepcionalidad”, explicó, al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

El miembro informante recordó que según la AFIP estarían alcanzadas menos de 10.000 personas humanas, “un número equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre Bienes Personales en 2019, y al 0,02% del total de contribuyentes de la Argentina”.

Por eso, sostuvo que “es una falacia decir que esto va a afectar a las pymes o a la producción”, y además advirtió que “el 42% del total de los bienes declarados son activos y bienes dolarizados, y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior”, por lo cual “lejos está de poder afectar a alguna actividad productiva”.

Heller precisó que aquellas personas con activos en el exterior pagarán una alícuota superior, pero si aceptan repatriar al menos el 30% de esas tenencias quedarán exentas del diferencial. “Muchos de los que blanquearon en su oportunidad dejaron la plata afuera y no la trajeron. Ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon y ayudar a mejorar la situación del país”, afirmó.

La presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, consideró que es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”, y precisó que -también según la AFIP- de los más de 307.000 millones de pesos que se esperan recaudar, la mitad provendrá del aporte de tan solo 253 personas, “las que están en la cima de la cima de la pirámide”.

Asimismo, el oficialista Marcelo Casaretto indicó que “el Estado necesita financiamiento”, pero la deuda contraída por el gobierno anterior hizo que esté “vedado el acceso al financiamiento del crédito”. Pero aunque exista “la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria”, el legislador dijo que “necesariamente teníamos que reforzar la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo excepcional” sobre “aquellos sectores que tienen capacidad contributiva”.

Luciano Laspina (Pro) encabezó el rechazo de Juntos por el Cambio y denunció que “este impuesto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán ideológico, y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia”.

El santafesino sostuvo que “la emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional”. “Los principios de la Constitución Nacional deben ser respetados en cualquier circunstancia, independientemente a quiénes afecten”, enfatizó, y en ese sentido consideró que “este impuesto violenta los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación”.

Laspina advirtió que “este gobierno desde que asumió ha subido 12 impuestos, en el país más gravoso del planeta”, y en ese contexto “se tira un tiro en el pie” con esta ley. “Vamos a votar en contra aunque perdamos votos, porque cuando este modelo inexorablemente fracase, queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir al sector privado ahogando la producción y el empleo”, sentenció.

Asimismo, el radical Luis Pastori subrayó que “este proyecto es uno más de los tantos agravios a la Argentina por parte de un gobierno que recurre a los eufemismos para vestir de épica todo lo que acomete, y en especial aquellas cuestiones cargadas de un absurdo neologismo, con un sesgo claramente anti-empresas y anti-inversiones”.

No cabe ninguna duda que estamos en presencia de un nuevo impuesto, por cumplir con todos los conceptos que lo integran: surge de la ley, es coactivo, es obligatorio, no es voluntario y está destinado a un fin público”, definió Pastori, e insistió en que “empezamos muy mal si arrancamos pretendiendo engañar desde el título”.

sesion aporte solidario maximo kirchner

Muy duro, Javier Campos (Coalición Cívica) habló de una “salvajada tributaria” y de “tributarismo populista”. “Si tenemos experiencia internacional que lo desaconseja, si tenemos a gente del propio bloque oficialista que dice que es un impuesto anti-producción, si sabemos que esto va a ser malo para la inversión y el empleo, ¿por qué el Frente de Todos  impulsa este  impuesto? Lo hacen pensando en las próximas elecciones, para buscar un supuesto rédito político”, planteó.

También en contra el proyecto, la diputada Camaño aseguró que el aporte solidario “presenta algunos inconvenientes tanto jurídicos como técnicos, que permiten sembrar dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad”. “Independientemente del nombre fraternal que se le ha colocado, su propia naturaleza y el articulado da cuenta de que se trata de un impuesto”, coincidió.

La legisladora remarcó que “existe una sustancial correspondencia entre el impuesto a los Bienes Personales y el tributo que se pretende crear”, porque se trata de “los mismos sujetos pasivos, el mismo hecho imponible y sustancialmente es la misma base imponible”.

Camaño advirtió que con este aporte “podrían estar en juego principios básicos del derecho tributario, como la legalidad y la no confiscatoriedad”, y agregó que “están desalentando las inversiones privadas” y generando “inseguridad jurídica y falta de previsibilidad”.

En el debate también intervino uno de los diputados que deberían pagar el aporte, el radical entrerriano Atilio Benedetti -los otros dos son el propio Máximo Kirchner y José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia y se expresó en contra de la iniciativa-.

Benedetti opinó que se trata de “pan para hoy y hambre para mañana” y sostuvo que “a pesar del nombre épico y romántico de esta iniciativa, no hay ninguna duda de que estamos en presencia de un nuevo impuesto, y cada vez que ha venido un nuevo impuesto en Argentina ha venido para quedarse”.

En ese sentido, puso como ejemplo que en 1932 se instauró el impuesto a las Ganancias “por única vez” y persiste hasta hoy, así como en 1995 se aumentó el IVA en tres puntos “solo por un año”, y en 2001 se creó el impuesto al Cheque, que también sigue vigente.

La neuquina Sapag se despegó esta vez del oficialismo y se pronunció en contra del proyecto. “¿Qué prosperidad pueden ver los inversores en un país donde la creatividad tributaria está a la orden del día? ¿Qué atractivo puede tener un país donde los recursos parecen nunca alcanzar y el cambio de reglas es moneda corriente? Si no generamos condiciones mínimas, la huida de inversores se continuará acrecentando”, lamentó.

En tanto, el Frente de Izquierda habló de una “maniobra” para “tapar el ajuste” y defendió su propio proyecto, más agresivo que el que obtuvo media sanción. “El ‘aporte solidario’ viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del FMI, que representan un ataque brutal a la población trabajadora: una fórmula jubilatoria a la baja y desatada de la inflación, peor que la del macrismo; el Presupuesto 2021, que recorta en salud, educación y salarios; la anulación del IFE; el tarifazo anunciado para enero; y la represión a las familias sin vivienda”, se quejó Romina Del Plá, del Partido Obrero.

El debate dio lugar a algunos cruces inesperados, como el que mantuvo Cristian Ritondo con un aliado de Juntos por el Cambio, el radical José Cano, por una chicana del jefe del bloque Pro hacia el oficialista Leopoldo Moreau: “Espero que con este gobierno termine mejor que con el del ’83. Espero que termine mejor, defendiendo las mismas cosas, las mismas ideas”.

De inmediato, Cano le pidió que se retracte, y Ritondo tuvo que aclarar: “Lo que menos quise es dar algún tipo de insulto al doctor Raúl Alfonsín. Lo que dije es que hay medidas del gobierno que no terminan bien y que esperaba que tengamos otra suerte”.

Modificación

Al final del debate, Heller informó una pequeña modificación en uno de los destinos que tendrá la recaudación del aporte solidario, el que tiene que ver con la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Según la nueva redacción, se girará un 25% de lo recaudado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural” a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos (…)”.

Negri: “Envían a Guzmán de paladín del ajuste y ustedes se visten de Robin Hood”

“Somos el país que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien sea, no va a haber inversión”, advirtió el titular del interbloque de Juntos por el Cambio.

“Envían a (Martín) Guzmán de paladín del ajuste y ustedes se visten de Robin Hood”, lanzó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, al cierre del debate sobre el proyecto de aporte solidario y extraordinario.

“Nos ha llevado muchos años de discusión la distribución en Argentina y no hemos puesto la misma energía para discutir cómo generamos riqueza en nuestro país. Estamos en un tobogán y una debacle donde encajan las enormes diferencias que tenemos alrededor de este impuesto”, sostuvo.

El cordobés advirtió que “la Argentina es el país de mayor presión tributaria y además todo impuesto existente que se imaginan en la cabeza de algún hombre de algún planeta lo traemos acá, y le metemos la mayor alícuota, y metemos a todos los impuestos juntos. Eso nos ha llevado a retroceder, no genera confianza ni inversión y desalienta la inversión. En ese contexto estamos debatiendo este impuesto”.

Negri explicó que “no hay inversión directa extranjera en la magnitud que tenemos, pero hemos tenido que asistir con ATP a las empresas en el medio de la pandemia, por una definición que al principio fue acertada pero luego equivocada. Porque la cuarentena era para mantener el sistema de salud y rearmarlo, no para convertirlo en un programa de gobierno. Eso tuvo una fuerte implicancia en la economía que de por sí era vulnerable. Somos top ten en la caída del PBI con un 12%, en el déficit fiscal rayando el 8%”.

No estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron en el blanqueo y están afuera en los paraísos fiscales. Un centro mecanizado vale un millón de dólares. Si tiene un tambo con 100 vacas y si tiene un tractor le pegan en el poste a este impuesto. En Córdoba, 400 hectáreas de base imponible para 2020 tienen 98 millones de pesos, la mitad para la valuación del impuesto; una cosechadora vale 600 mil dólares cada una. Esos no están en el exterior, están acá, no tendrán el ATP y tienen que dar trabajo a la gente”, describió.

El titular de la principal bancada opositora insistió: “Nosotros somos el país que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien sea, no va a haber inversión. ¿De dónde van a venir divisas?”. “Y ahora en el sur ponen el impuesto al viento y luego vendrá el impuesto al sol también”, ironizó.

Negri señaló que “hay incertidumbre por la pandemia, hay incertidumbre económica, y hay incertidumbre tributaria que se aumenta esta noche. Además, hay incertidumbre institucional, y si nos descuidamos habrá incertidumbre electoral. Hay que salir de la incertidumbre, hay que generar confianza y hay que tener un plan”.

Para Diego Mestre “volvimos a las viejas prácticas del kirchnerismo de látigo y billetera”

El diputado nacional criticó duramente el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, y sostuvo que busca “concentrar poder y los recursos del Estado y violentar los principios básicos de la Constitución y federalismo”.

diego mestre

El diputado nacional por Córdoba Diego Mestre criticó duramente el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, y sostuvo que “volvemos a las viejas prácticas del kirchnerismo de látigo y billetera”. 

En diálogo con el programa radial “Edición Calificada”, Mestre se lamentó que se trate el proyecto “mal llamado aporte solidario”, que “no es un aporte solidario, es un impuesto, es un manotazo al sector productivo que ya hace un aporte, un esfuerzo muy grande para poder pagar todos los impuestos. No olvidemos que Argentina es uno de los países con la presión tributaria más alta. No es un aporte voluntario, sino que va a hacer un verdadero impuesto, es coercitivo”. 

En este sentido, el legislador de Juntos por el Cambio, agregó que “se va a beneficiar con esta ley a países como Uruguay y Paraguay porque hay muchas inversiones que se van a ir a esos países, ya ha venido pasando los últimos meses con algunos comercios y algunas fábricas y empresas que han cerrado sus puertas, que deciden invertir en otros países latinoamericanos. Eso es una lástima sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina en los últimos meses se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo, que fue dicho por el INDEC”. 

“Este proyecto no es positivo para nada para el sector productivo. Más que alentar a los emprendedores, a las empresas, a que haya desarrollo, inversión y puestos de trabajo, va a tener el resultado contrario. Se va a profundizar la pobreza”, sostuvo. 

Asimismo, consideró que el proyecto “es confiscatorio, va a haber muchos recursos judiciales que se van a presentar que van a tener asidero en la Justicia porque ya se paga impuesto a las ganancias e impuesto a los bienes personales”. 

Con respecto a las jubilaciones, criticó también al Gobierno nacional, ya que sostuvo que están haciendo un ajuste a los sectores más desprotegidos: “Cuando asumieron no sólo incumplieron con su promesa de campaña de aumentar la jubilación en un 20 por ciento si no que el Gobierno además derogó la Ley de Movilidad Jubilatoria y dio aumentos por decreto que fueron muy inferiores a lo que les hubiera correspondido según la fórmula anterior y ahora intentan -para congraciarse con el FMI en una política de ajuste muy grande- volver a la anterior fórmula que no tiene en cuenta la inflación y solo tienen en cuenta la recaudación. Esto va a hacer que el año próximo los jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo”. 

Finalmente, con respecto al Presupuesto 2021, Mestre explicó su cuestionamiento a que el proyecto vuelva a Diputados para que esa Cámara incorpore varias planillas de anexos con obras destinadas a las provincias. “Hasta hace una semana no había consenso para avanzar con el impuesto a las riquezas. Ahí en el medio están estas famosas planillas que no se pasaron al Senado y ahora vuelven a Diputados. Ahí está el arreglo del Gobierno nacional con los gobernadores que lamentablemente ni siquiera este impuesto a las riquezas es coparticipable. Entonces volvemos a las viejas prácticas del kirchnerismo, látigo y billetera, concentrar poder y los recursos del Estado y violentar los principios básicos de la Constitución y federalismo”. 

Críticas de uno de los diputados que deberán pagar el aporte: “Es pan para hoy y hambre para mañana”

El entrerriano Atilio Benedetti, de la UCR, es uno de los tres que quedarían alcanzados por el impuesto a la riqueza. Advirtió que podría no ser por única vez y que afectará al capital de trabajo.

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) es uno de los tres que deberían pagar, por única vez, el aporte solidario para morigerar las consecuencias de la pandemia, debido a tener un patrimonio superior a los 200 millones de pesos.

Los otros dos que quedarían alcanzados son el jefe del bloque oficialista y autor del proyecto, Máximo Kirchner, y José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia y se expresó en contra de la iniciativa.

En esta condición, Benedetti criticó en la sesión de este martes el denominado impuesto a la riqueza y aseguró que será “pan para hoy y hambre para mañana”.

El legislador sostuvo que “a pesar del nombre épico y romántico de esta iniciativa, no hay ninguna duda de que estamos en presencia de un nuevo impuesto, y cada vez que ha venido un nuevo impuesto en Argentina ha venido para quedarse”.

Puso como ejemplo que en 1932 se instauró el impuesto a las Ganancias “por única vez” y persiste hasta hoy, así como en 1995 se aumentó el IVA en tres puntos solo por un año, y en 2001 se creó el impuesto al Cheque.

Además, Benedetti señaló que “es un muy mal impuesto porque no va a alcanzar solo a las grandes fortunas, sino también al capital de trabajo de muchísimos propietarios de pymes que dan trabajo a lo largo y ancho del país”.

“Este diseño no distingue entre lo que es una inversión financiera de lo que son inversiones en empresas que generan trabajo y actividad económica”, planteó el radical.

Agregó que “tampoco es cierto que se va a afectar solamente a 9.000 contribuyentes. Nosotros recibimos esta información de boca de la titular de AFIP y fue en base a datos del cierre de 2018 -porque todavía no estaban las declaraciones juradas de 2019- y tenían que ver con las presentaciones de Bienes Personales, que sabiamente separan los montos de los inmuebles rurales y las participaciones en acciones y en pymes”.

“Esto va a generar muchísimos más contribuyentes que estos 9.000 sobre los que se está especulando”, dijo.

En tanto, sostuvo que se trata de “un impuesto confiscatorio porque en muchos casos de muchas empresas que hoy sufren dificultades, van a tener que vender parte de sus activos para hacer frente a esto”.

“Esta es una muy mala señal hacia el futuro, que desalienta y trae enormes preocupaciones a todos aquellos que pueden invertir en el país, generar actividad económica y puestos de trabajo”, advirtió finalmente Benedetti.

“Esto es una salvajada tributaria”, denunció un diputado de la Coalición Cívica

El “lilito” Javier Campos fue muy duro contra el impuesto a la riqueza, que calificó como “pésimo”. “Esta ley puede convertirse en un cementerio pymes y empleo”, dijo.

“Este es un pésimo impuesto porque va a alejar todo atisbo de inversión en la Argentina. Esto que proponen es una salvajada tributaria”. Con esas palabras, el diputado de la Coalición Cívica Javier Campos rechazó de plano el aporte solidario que el oficialismo busca aprobar en la sesión de este martes.

“Si tenemos experiencia internacional que lo desaconseja, si tenemos a gente del propio bloque oficialista que dice que es un impuesto anti-producción, si sabemos que esto va a ser malo para la inversión y el empleo, ¿por qué el Frente de Todos  impulsa este  impuesto?”, se preguntó Campos.

En respuesta a su propia pregunta, consideró que “lo hacen pensando en las próximas elecciones, para buscar un supuesto rédito político”.

Según el legislador de la Coalición Cívica, el oficialismo “no ha evaluado que estamos en otro país políticamente hablando, algo está cambiando en la Argentina”.

“Por primera vez, una parte sustancial de la política va a votar en contra de un impuesto por su nefasto efecto a mediano plazo. Si se aprueba esta ley va a ser una fenomenal creadora de pobreza y puede convertirse en un cementerio de pymes y empleo”, advirtió Campos

Por último, señaló: “Hoy la Coalición Cívica y todo Juntos por el Cambio, con su rechazo, cumplen en emitir una señal de esperanza a toda la sociedad con la mirada en  el largo plazo. Este bloque se opone y se planta frente al tributarismo populista”.

Para Giacoppo el impuesto a las grandes fortunas “no va a salir porque es inconstitucional y confiscatorio”

La senadora nacional de JxC sostuvo que lo que busca es “instalar un relato de estar a favor de los pobres atacando a la riqueza”.

La senadora nacional por Jujuy Silvia Giacoppo se refirió al proyecto del Gobierno de impuesto a las grandes fortunas, y señaló que “no va a salir porque es inconstitucional y confiscatorio, pero lo que busca es instalar un relato de estar a favor de los pobres atacando a la riqueza”. 

En declaraciones radiales, la senadora de Juntos por el Cambio se refirió también al mensaje que el bloque de senadores kirchneristas envió a los representantes del FMI al señalar que “no me sorprendió la carta del Frente de Todos y no le critico el contenido, pero sí la falta de oportunidad de hacerlo mientras está acá una delegación del Fondo, que son nuestros acreedores”. 

Se viene un ajuste y ahora el Gobierno debe tomar medidas antipopulares, entonces, ¿qué mejor que instalar un relato responsabilizándolo a Macri? Es cierto que, en nuestro gobierno, Macri se endeudó. Pero esto fue consecuencia de la situación heredada del gobierno de Cristina que se subsidió con déficit”, agregó. “De ese déficit tuvo que hacerse cargo el gobierno anterior pero sólo se cuenta una parte de la historia. Hay una mirada sesgada de la realidad”. 

“Durante los 12 años del kirchnerismo -indicó Giacoppo- el precio de los commodities estaba alto y esa circunstancia no se aprovechó para crecer. Sólo hubo crecimiento durante el gobierno de Néstor Kirchner. Después hubo estancamiento y se desaprovechó un momento ideal”. 

La senadora afirmó que “sí me llamó la atención el comentario del presidente. Parece un intento de tapar el sol con las manos porque queda a la vista quien detenta el poder, quien marca la cancha permanentemente. Creo que además de desorientado, el presidente está sin rumbo y no toma el timón -ni las decisiones- que le corresponde a él. Estamos en un sistema presidencialista y el poder lo detenta el presidente, pero parece que no tomara él las decisiones, que el rumbo lo marcara la vicepresidenta”. 

Para finalizar, Giacoppo destacó que “el impuesto a las grandes fortunas no va a salir porque es inconstitucional y confiscatorio, pero lo que busca es instalar un relato de estar a favor de los pobres atacando a la riqueza. Por más que se vote, se va a judicializar. Necesitamos crecimiento y esto afecta a la producción, atenta contra la seguridad jurídica y expulsa productores -de todo tipo- a instalarse en países vecinos. Estamos expulsando el capital”. 

Vallejos destacó que el aporte solidario “es un acto de reparación”

La diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, sostuvo este martes que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”. Vallejos aseguró que es “mentira” la “supuesta […]

La diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, sostuvo este martes que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”.

Vallejos aseguró que es “mentira” la “supuesta asfixiante presión tributaria”, ya que “se está soslayando el hecho de que no estamos debatiendo un impuesto sino un aporte, por única vez, un aporte extraordinario, en una circunstancia que, probablemente, sea la más extraordinaria que le haya tocado vivir, por lo menos, a mi generación”.

“La presión tributaria en la Argentina se ubica cerca de 10 puntos por debajo de los niveles que existen en los países de la OCDE y cerca de 15 puntos por debajo de los europeos”, precisó.

También rechazó otro argumento de la oposición más dura, con respecto a que la iniciativa atenta contra las inversiones: “El aporte no recae sobre el patrimonio de las empresas, sino sobre las fortunas personales acumuladas por las menos de 9.300 personas humanas más ricas de la Argentina, en función de sus patrimonios declarados”.

“Esto también es mentira. Durante el anterior gobierno, las reformas tributarias que se instrumentaron, entre las que resalta el aplanamiento de las alícuotas de Bienes Personales, el impuesto que grava la riqueza en nuestro país, implicó que la tasa de recaudación por ese impuesto sobre el total cayera desde el 1,36% promedio durante 2003-2015, hasta el 0,74% durante 2015-2019. Cayó prácticamente a la mitad. Y, sin embargo, ¿creció la inversión cuando se redujeron los impuestos que pagan los ricos? ¡No! Mientras los ricos pagaron menos impuestos, la inversión cayó: desde una tasa promedio de 21,1% a una de 19%. Dicho de otro modo, cuando los impuestos a los ricos eran más altos, había más y no menos inversión en la Argentina”, retrucó.

La legisladora del Frente de Todos sostuvo que “iniciativas como el aporte extraordinario que estamos debatiendo son un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad”.

Según Vallejos, “tal es el nivel de concentración en pocas manos que este aporte recae sobre menos de 9.300 personas, el 0,02% de nuestra población. Pero de los aproximadamente 300.000 millones de pesos que esperamos recaudar, cerca de la mitad será aportado por solo 252 personas, las que están en la cima de la cima de la pirámide”. 

La UIA propone cambios al proyecto de aporte solidario para resguardar inversiones productivas

Proponen una serie de modificaciones, que incluye excluir de la base de imposición activos productivos y permitir dar por cumplido el aporte con un monto equivalente a inversiones productivas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso al Gobierno nacional y al Parlamento una serie de modificaciones al proyecto de ley de Aporte Solidario, que incluyen excluir de la base de imposición activos productivos y permitir dar por cumplido el aporte con un monto equivalente a inversiones productivas. 

Así lo hizo al expresar que la ley de Aporte Solidario “incrementa los problemas” que impiden la reactivación económica, y por su sesgo conceptual “descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo”, en un documento que fue elevado al Gobierno y el Parlamento. 

El texto del trabajo alerta que “el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles”, en una descripción que denominan desde una “visión productivista”. 

Como resultado de esta medida “las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, al destacar que el tránsito en esta pandemia “combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación”. 

Tras este análisis de los efectos que el empresariado considera afectará a la actividad productiva, la UIA propuso excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos y permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año. 

También plantea la posibilidad de incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación) 

Los industriales propusieron incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales. 

“El proyecto de ley del Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo”, cuestionó el documento de la UIA. 

En ese sentido, consideró que “el sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”. 

En la actualidad, “el sector formal de la economía soporta el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos”, señaló. 

Así, para la UIA, el sistema tributario “debe incentivar la reactivación económica, inversión y la generación de empleo”, aunque enfatizó que “el proyecto en cuestión va en sentido contrario”. 

“La redacción del actual proyecto complejiza un marco ya muy adverso para las empresas argentinas: el número de empresas activas cae sistemáticamente desde hace 4 años, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es una caída de -11% en el período mencionado”, agregaron los industriales. 

Esto tiene su contrapartida en términos de empleo, “el cual tiene una caída acelerada desde mediados de 2018. En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, esto es 290 mil menos que un año atrás y 435 mil menos que en el mismo mes de 2015”, resaltaron. 

Laspina: “Este impuesto no tiene un afán recaudatorio, sino ideológico”

“Vamos a votar en contra aunque perdamos votos”, anunció el diputado del Pro al fundamentar el rechazo al aporte solidario. Sostuvo que “la emergencia no habilita a violentar la Constitución”.

El diputado del Pro Luciano Laspina encabezó el rechazo, en la sesión de este martes, al aporte solidario y extraordinario, al sostener que  “este impuesto no tiene un afán recaudatorio, sino ideológico”, y que el Gobierno “se tira un tiro en el pie”.

La emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional. Los principios de la Constitución Nacional deben ser respetados en cualquier circunstancia, independientemente a quiénes afecten”, enfatizó, y en ese sentido consideró que “este impuesto violenta los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación”.

Al profundizar en esos aspectos, dijo que “opera como una doble imposición respecto al impuesto de Bienes Personales: estamos hablando del mismo sujeto imponible, la misma base imponible y una sobrealícuota respecto a esa base imponible”.

“Es confiscatorio porque se considera confiscatorio cuando el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad”, explicó Laspina, y precisó que “el aporte llega al 7,5% en el caso de la alícuota máxima para activos en el exterior”, lo que “va a gatillar una avalancha de juicios”.

El legislador de Juntos por el Cambio cuestionó que “se gravan activos que alientan el ahorro nacional: a diferencia de Bienes Personales, donde los títulos públicos están exentos, acá  se gravan los depósitos, los campos, los bienes rurales y los activos empresarios. Es decir, es un impuesto a la inversión en Argentina, independientemente de a quiénes alcance”.

¿Cuál es la lógica económica de subir impuestos en el medio de una recesión? Se habla de ‘no al ajuste’, pero es la misma inconsistencia conceptual de cuando se critica el endeudamiento y no se quiere bajar el déficit fiscal”, planteó.

El santafesino advirtió que “este gobierno desde que asumió ha subido 12 impuestos, en el país más gravoso del planeta. ¿Cuál es la lógica de pegarle un tiro en el pie a los empresarios que tienen que empujar el carro a la salida de esta enorme recesión gatillada por la pandemia?”.

También señaló que “en un mundo donde los países compiten para atraer inversiones, nosotros nos damos el lujo de crear nuevos impuestos. Los argentinos necesitan que seamos creativos en generar riqueza, no aumentando impuestos”.

Laspina calculó que “este sería el impuesto número 166”, y criticó que “en medio de una emergencia sanitaria, con un 45% de pobreza, destinamos el 25% a financiar a ENARSA”, según uno de los destinos que establece el proyecto para la recaudación.

“Este impuesto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán ideológico, y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia”, lanzó.

El diputado observó que “por primera vez el kirchnerismo, en su cuarto gobierno, se enfrenta a una situación donde se han agotado los recursos, similar a la que recibió Mauricio Macri en 2015: reservas negativas, el FGS vaciado y sin capacidad de emitir moneda”.

En ese contexto, opinó que el aporte solidario es “una bomba de humo que le va a generar un enorme perjuicio al propio Gobierno, que se tira un tiro en el pie” ahuyentando inversiones, y a su vez “es un daño enorme a todos los argentinos”.

Vamos a votar en contra aunque perdamos votos, porque cuando este modelo inexorablemente fracase, queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir al sector privado ahogando la producción y el empleo”, finalizó.

Heller defendió el aporte solidario: “No es un proyecto que vaya contra nadie”

Al iniciar el debate del denominado impuesto a la riqueza, el presidente de la Comisión de Presupuesto remarcó que será “por única vez” y que alcanzará a menos de 10.000 personas.

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El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió el debate sobre el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y aclaró que “no es un proyecto que vaya contra nadie” sino una medida excepcional en el marco de la pandemia del Covid-19.

Heller indicó que, como su nombre lo indica, será un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, y que se aplicará “por única vez sobre los patrimonios de las personas humanas” superiores a los 200 millones de pesos.

No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario, porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que da la excepcionalidad”, explicó.

El legislador del Frente de Todos señaló que “es por única vez porque se pretende, con sustento en los principios constitucionales de solidaridad, alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas de manera que la solidaridad se exprese en la cantidad de personas que en el otro extremos serán las beneficiarias de este aporte, y que podrán a través de él morigerar los efectos de la pandemia”.

“Los esfuerzos que se han hecho para enfrentar la emergencia sanitaria son enormes, pero siempre falta más”, dijo el porteño, y añadió, ante las objeciones sobre la presión tributaria, que “en Argentina los impuestos que se cobran son más bajos que los que se cobran en la OCDE, es decir, en los países centrales”.

El diputado puntualizó que el proyecto indica cuáles serán los destinos de lo recaudado. “Se ha dicho que hay quienes tendrán que vender sus bienes para hacer frente a este aporte, pero es falso de toda falsedad: según la AFIP estarían alcanzadas menos de 10.000 personas, un número equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre Bienes Personales en 2019, y al 0,02% del total de contribuyentes de la Argentina”, precisó.

Por eso, sostuvo que “es una falacia decir que esto va a afectar a las pymes o a la producción”, y además advirtió: “El 42% del total de los bienes declarados son activos y bienes dolarizados, y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior… qué lejos está de poder afectar a alguna actividad productiva”.

Heller también afirmó que “los activos rurales representan en promedio el 2,4% de sus bienes declarados, pero los activos monetarios y financieros de esas personas son en promedio 25 veces lo que tendrían que pagar de aporte si esta ley es sancionada”.

El titular de la Comisión  de Presupuesto también se refirió a la posibilidad, para quienes tienen activos declarados en el exterior, de no pagar la alícuota diferencial si aceptan repatriar al menos el 30% de esas tenencias.

“Muchos de los que blanquearon en su oportunidad dejaron la plata afuera y no la trajeron. Ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon y ayudar a mejorar la situación del país”, destacó.

Respecto de la recaudación, calculó que serán más de 300.000 millones de pesos, y que esa cifra “va a crecer porque casi la mitad de los bienes en el exterior está en valores dolarizados”.

Por último, concluyó con críticas a la oposición más dura: “No quieren aceptar el precedente de que el Estado legisle a través de este Congreso estableciendo que es legítimo, y sobre todo en una situación de emergencia, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que menos tienen. Es de estrictita justicia y por eso esperamos la media sanción”.

Diputados arrancó una sesión maratónica en la que se votará el impuesto a las grandes fortunas

El debate del aporte solidario y extraordinario para quienes tengan un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos durará alrededor de 14 horas. Se sancionará el Presupuesto. También tratarán modificaciones a la ley de Manejo del Fuego y la “Ley Yolanda”.

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La Cámara de Diputados arrancó a las 12.26, con 187 diputados presentes, una sesión maratónica, en la que se debatirá el proyecto de aporte solidario y extraordinario, más conocido como impuesto a las grandes fortunas, un tema que insumirá nada más y nada menos que 14 horas de debate, de acuerdo a los oradores anotados.

De esta manera se espera que la votación sea de madrugada, pese a la expectativa que genera la iniciativa con movilizaciones frente al Congreso y en las calles porteñas, en el marco del Día de la Militancia.

La sesión, que durará entre 22 y 24 horas, es presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, el macrista Álvaro González, en ausencia del titular de la Cámara, Sergio Massa, quien se encuentra aislado de manera preventiva -el hisopado le dio negativo- por haber tenido contacto estrecho con Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI con la que estuvo reunido.

El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar el proyecto y girarlo al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.

También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.

En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.

La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.

La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.

Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.

Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían el detalle de obras a ejecutar en las provincias.

Con dudas sobre la presencia de Massa, Diputados trata este martes el aporte solidario

El impuesto a las grandes fortunas será el principal tema de la sesión, convocada para las 12, donde también se tratarán la “Ley Yolanda”, una modificación de la Ley de Manejo del Fuego y el Presupuesto 2021. Un diputado de Juntos por el Cambio podría presidir la sesión.

Con dudas sobre la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el oficialismo intentará aprobar este martes el proyecto de ley que crea un aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

El denominado “impuesto a la riqueza” será el principal tema de la sesión, convocada para las 12, donde también se tratarán la “Ley Yolanda” de capacitación en medioambiente y una modificación de la Ley de Manejo del Fuego para evitar el cambio de uso de tierras incendiadas.

Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían obras.

La incógnita que aun no terminó de develarse es si Massa podrá presidir la sesión, ya que continúa con aislamiento preventivo luego de realizarse un hisopado -que dio negativo- debido al dudoso contagio del jefe de la misión del FMI en Argentina, Luis Cubeddu.

El primer hisopado de Cubeddu dio positivo, pero el segundo dio negativo, por lo que se realizará un tercer estudio para determinar si efectivamente se contagió de coronavirus o no.

Massa espera que ese tercer resultado dé negativo, o que en su caso resulte positivo el test de anticuerpos, para poder conducir la sesión desde el recinto, pero si ninguna de esas dos cosas sucede, continuará aislado y el debate quedará a cargo del vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro).

Los detalles de la sesión se definirán a las 11 en una reunión de Labor Parlamentaria y se espera una jornada extensa dado el tenor de los temas, sobre todo el proyecto de aporte solidario impulsado por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, en tándem con Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar la iniciativa y girarla al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.

También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.

En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.

La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.

La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.

Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.

Cuáles son los puntos destacados del proyecto de aporte solidario

Se trata de una contribución por única vez para morigerar los efectos de la pandemia. Detalles de la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner.

El Frente de Todos buscará aprobar este martes el proyecto de ley presentado por el presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, que crea un aporte solidario, extraordinario y por única vez para morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19.

A continuación, un repaso por los puntos principales de la iniciativa, que es acompañada por los bloques de la oposición a excepción de Juntos por el Cambio:

  • El aporte será “con carácter de emergencia” y por única vez, y recaerá sobre personas humanas residentes en el país con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. También quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país.
  • Del mismo modo, deberán pagar el aporte las personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales -definidos como “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”-.
  • El aporte empezará a regir desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.

La escala de cuánto deberán pagar los sujetos alcanzados según su patrimonio es la siguiente:

En el caso de bienes situados en el exterior las alícuotas son mayores:

  • Si dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley la persona acepta repatriar, como mínimo, el 30% de esos bienes, quedará exenta de pagar el diferencial.
  • El destino que se le dará a la recaudación es el siguiente:

-Un 20% para la compra  o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria.

-Un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”.

-Un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.

-Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares.

-Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.

  • La AFIP será el organismo encargado de aplicar la ley y de dictar las normas complementarias determinando plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.
  • Si en los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, la AFIP detecta variaciones en los bienes sujetos al aporte “que hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”, podrá disponer que esos bienes queden gravados.
  • Según informó la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 9.298 personas en todo el país, de las cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos. Son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.
  • Las 1.860 personas restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores quedarían también alcanzadas.
  • Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos.
  • La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.
  • El aporte promedio sería de 33 millones de pesos.
  • Las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones de pesos aportarían la mitad de la recaudación total, unos 153.000 millones.

El informe completo de la AFIP

Informe-AFIP-Comisión-de-Presupuesto-y-Hacienda-de-la-HCDN-sobre-el-alcance-del-proyecto-de-ley-de-Aporte-solidario-y-extraordinario

El Frente de Todos pide tratar el martes el aporte solidario en Diputados

El bloque oficialista que conduce Máximo Kirchner solicitó este jueves al presidente de la Cámara baja una sesión especial para tratar el impuesto a la riqueza, la ley del fuego y la ley Yolanda.

Finalmente llegó el momento para el tratamiento del proyecto de ley de aporte solidario de las grandes fortunas. La iniciativa, que representa una contribución por única vez sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, se tratará el martes próximo a partir de las 12, según lo solicitado por un grupo de diputados no solo del Frente de Todos, sino también de los bloques minoritarios de la oposición.

El pedido de sesión especial fue formulado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el temario incluye tres proyectos de ley: el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia; y la modificación a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece un lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas.

El tercero de los proyectos es conocido como la ley Yolanda y establece la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la Administración Pública. En este caso, cuenta con media sanción del Senado, por lo que será convertido en ley.

No debería sorprender que el oficialismo aproveche esa sesión para sumar el tratamiento del Presupuesto 2021, que vuelve del Senado para subsanar en la Cámara baja la omisión de la remisión de las planillas que incluían obras en todo el país.

Cabe recordar que los últimos días el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, había garantizado que el proyecto llegaría al recinto en las próximas sesiones. No obstante ello, una encumbrada fuente legislativa había condicionado por esos días el tratamiento de ese proyecto a la presentación de la reforma tributaria, con el fin de que no se superpusieran artículos de ambas iniciativas.

Si bien todavía falta la convocatoria formal del presidente de la Cámara, se descuenta que el pedido será atendido, y con las firmas de acompañamiento el oficialismo se garantizó la aprobación del aporte solidario, que necesita una mayoría de 129 votos por tratarse de la creación de un impuesto.

Además de los oficialistas Máximo Kirchner, Carlos Heller, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, también aparecen las firmas del presidente del interbloque Federal, Eduardo Bucca; el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez; el del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; el del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; el de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, y Felipe Álvarez, quien acaba de alejarse de Juntos por el Cambio y formó un bloque de dos diputados, Acción Federal.

El Frente de Todos tiene 119 diputados, pero a la hora de votar cuenta con 117, ya que Massa no vota -salvo que lo pida expresamente- y hay un legislador de licencia, José Ignacio De Mendiguren.

De todos modos, sumando a los 11 del Interbloque Federal, los seis de Unidad Federal para el Desarrollo, los dos de Acción Federal y la neuquina Alma Sapag, el oficialismo llega cómodo a la sesión, con una base de 137 adhesiones para el proyecto de Máximo.

Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo, y resta por conocer la postura de la tucumana Beatriz Ávila, quien recientemente se alejó del interbloque de Ramón y formó un bloque unipersonal. El Frente de Izquierda, en tanto, tiene un proyecto propio.

Durante el debate en comisión, donde el oficialismo logró el dictamen de mayoría, se aclaró que el aporte será obligatorio y que regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.

Para evitar un eventual desapoderamiento masivo, se aclaró que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

Según relevó la AFIP,  son 9.298 personas físicas las que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez,  según la base del impuesto sobre los Bienes Personales.

De ese total, 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.

Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.

Diputados del Frente de Todos volvieron a repudiar la agresión a Heller

Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Carlos Fernández se solidarizaron con el legislador, quien sufrió amenazas en su carácter de presidente del Banco Credicoop.

Diputados del Frente de Todos volvieron a repudiar, en la sesión de este miércoles, la agresión de la que fue víctima Carlos Heller en su carácter de presidente del Banco Credicoop, por haber presentado el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.

Leopoldo Moreau (Frente de Todos) presentó una cuestión de privilegio por entender que el honor de Heller como diputado se vio afectado, luego de que en las redes sociales sufriera un escrache donde se llamaba a cerrar las cuentas en el Credicoop en rechazo al impuesto a la riqueza.

“No recuerdo que haya habido una extorsión tan concreta, tan específica, sobre la labor y los derechos de un diputado como la que ha sufrido Carlos Heller. Ha sido amenazado por ejercitar su profesión, su actividad comercial, su actividad laboral, por presentar un proyecto de ley en el Parlamento”, advirtió Moreau desde el recinto.

Y continuó: “Es una vergüenza si no somos capaces de defender los fueros de un diputado en estas circunstancias”.

En tono duro, el diputado alertó que “los mismos que salieron a defender a Vicentin son los que ahora salen a atacar a Heller, que preside una entidad cooperativa que atiende a chacareros y agricultores de infinidad de pueblos”.

Yo sé que los señores de la Sociedad Rural nunca van a poner sus fondos en el Credicoop, pero si los chacareros y agricultores”, insistió Moreau, y repitió: “Un diputado ha sido agraviado extorsionado y amenazado por ejercitar sus funciones”.

A la cuestión de privilegio en defensa de Heller adhirieron Hugo Yasky y Carlos Fernández, también del bloque oficialista.

Diputados de todos los bloques repudiaron un escrache a Carlos Heller en las redes

Al inicio del plenario de comisiones convocado por el proyecto de economía del conocimiento, representantes de todas las bancadas se solidarizaron con el diputado.

Diputados de todos los bloques políticos repudiaron este martes un escrache llevado adelante en las redes sociales contra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por encabezar el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.

Al inicio del plenario de comisiones de Presupuesto y de Comunicaciones e Informática convocado para tratar el proyecto de ley de economía del conocimiento, representantes de todas las bancadas se solidarizaron con Heller, quien fue agredido en su calidad de presidente del Banco Credicoop.

El origen del ataque fue un llamado de un grupo de productores rurales a cerrar las cuentas bancarias en esa entidad financiera, en rechazo al impuesto a las grandes riquezas.

“A lo largo de la mañana sucedieron algunas cuestiones que no pueden pasar desapercibidas. Carlos Heller está siendo víctima, en términos personales y como presidente del Banco Credicoop, de una furiosa maniobra de desprestigio y descalificación en las redes sociales”, advirtió el santafesino Germán Martínez (Frente de Todos).

Martínez señaló que “lamentablemente estas prácticas, atadas al manejo de los famosos trolls, están multiplicándose en Argentina”.

“(Heller) está siendo atacado por ser una de las caras visibles del proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas”, manifestó el diputado.

En nombre de Juntos por el Cambio, el radical Atilio Benedetti también expresó su repudio a “cualquier tipo de escraches contra instituciones o personas”, aunque aclaró que “esto no significa convalidar” proyectos como el del aporte solidario, que el interbloque rechaza.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) habló de un “escrache autoritario” y consideró que “Argentina tendría que sentirse orgullosa de tener una banca cooperativa”.

En tanto, José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sumó su solidaridad con Heller y afirmó que el diputado “no necesita demostrar cómo es su aptitud y su capacidad de trabajo”.

Además, Ramón pidió que el proyecto del impuesto extraordinario se vote finalmente en la Cámara baja. “Cuentan con todo nuestro apoyo para seguir dando esta discusión”, garantizó.

Waldo Wolff también expresó su repudio y hasta comentó que “desde hace muchos años” tiene cuentas “personales y empresariales” en el Credicoop, pero advirtió sobre la “hipocresía” de no repudiar otros ataques y se puso como ejemplo.

El diputado del Pro recordó que cuando Sergio Massa recibió llamados y mensajes con amenazas de muerte en su celular, el legislador provincial del Frente de Todos Jorge D’Onofrio lo acusó de haber difundido el número del presidente de la Cámara baja.

También mencionó que el oficialista Leopoldo Moreau lo calificó como “agente del Mossad” y no recibió solidaridad de sus pares, y por último, sostuvo que quienes profieren las agresiones “no son trolls, son gente que se aglutina en las redes de un lado de la política”.

Por su parte, Graciela Ocaña envió por escrito su solidaridad con Heller y reveló: “Soy socia del banco desde 1980. Gracias al crédito del banco he podido adquirir mi casa. Conozco su crecimiento y lo que ha representado para la economía del país”.

El descargo de Heller

Al cerrar el tema, el propio Heller agradeció las muestras de apoyo y opinó que lo sucedido “excede lo personal y tiene que ver con una responsabilidad colectiva que tenemos”.

El titular de la Comisión de Presupuesto dijo que se trata de “una forma de actuar que repudiamos, le toque a quien le toque”, ya que “en democracia nunca podemos estar de acuerdo con ninguna forma de escrache”.

“Las discusiones se ganan con argumentos y las votaciones se ganan con acumulación de apoyos”, afirmó.

Por último, subrayó que lo que se difundió fueron “groseras mentiras”. “No es una expresión en contra de un proyecto: son falsedades, provocaciones, intentos desestabilizadores, como son los de querer provocar una corrida bancaria”, concluyó.

Menos de 10.000 personas pagarían el aporte solidario y esperan recaudar más de $307.000 millones

La AFIP envió un informe a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados donde estimó que 9.298 personas deberían hacer la contribución.

Por Carolina Ramos

Menos de 10.000 personas pagarían el aporte solidario sobre las grandes fortunas, según el informe que la AFIP envió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Son en total 9.298 personas que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez para afrontar gastos de la pandemia, entre otros fines.

El documento fue leído en la reunión de este lunes por el presidente de la comisión, Carlos Heller, ante la ausencia de la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar de la videoconferencia.

La AFIP estimó cuántas personas físicas deberían pagar el aporte solidario según la base del impuesto sobre los Bienes Personales, pero dado que “no todos los contribuyentes presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas”, se realizó una actualización del patrimonio declarado en años anteriores para tener un cálculo más acabado.

Informe-AFIP-Comisión-de-Presupuesto-y-Hacienda-de-la-HCDN-sobre-el-alcance-del-proyecto-de-ley-de-Aporte-solidario-y-extraordinario

Así, se concluyó que el universo potencial total es de 9.298 contribuyentes, de los cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.

Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos, indica el informe leído por Heller.

Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.

El aporte promedio sería de 33 millones de pesos. Para las 2.774 personas con patrimonios entre 200 y 300 millones, el aporte promedio sería de 6,1 millones, mientras que las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones realizarían una contribución promedio de 600 millones, esto es, la mitad del aporte total.

El oficialismo postergó el dictamen sobre el aporte solidario y analiza más cambios

El Frente de Todos pospuso para este viernes la firma del despacho y evalúa, entre otras cosas, gravar a los no residentes por sus tenencias en el país. La AFIP envió un informe y estimó que 9.298 personas quedarán alcanzadas por el tributo.

Por Carolina Ramos

El dictamen sobre el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas se hace esperar. El oficialismo postergó para este viernes la firma del despacho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados mientras analiza nuevas modificaciones, entre ellas la posibilidad de gravar a los no residentes por sus tenencias en el país.

Carlos Heller, titular de la comisión, anunció al inicio de la reunión de este lunes la decisión de posponer el dictamen y enumeró los cambios que tendría el texto del Poder Ejecutivo, después de leer un detallado informe enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar en el encuentro virtual.

Juntos por el Cambio volvió a rechazar el proyecto. Los diputados del principal bloque de la oposición no solo reiteraron que la medida es inconstitucional y que desalentará inversiones, sino que también cuestionaron el destino que se le dará a lo recaudado -se prevé, entre otros fines, la financiación de proyectos de gas natural-.

Los cambios

Heller confirmó que, para alejar dudas acerca de la voluntariedad del aporte, se incluirá en el artículo primero del proyecto la palabra “obligatorio”. Pero además, se establecerá que el aporte regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.

“Para evitar un eventual desapoderamiento”, se aclarará que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

El radical Luis Pastori celebró este cambio “porque la retroactividad era claramente inconstitucional”, aunque advirtió que “más que una presunción (de la AFIP), sería una ficción legal”.

El aporte solidario tampoco gozará de las exenciones previstas en el impuesto a los Bienes Personales, que es el que se toma como base de cálculo. Es otro de los cambios que anunció Heller.

Pero lo que despertó más polémica es la posibilidad de captar a las personas no residentes que posean bienes en el país y que ejerzan su propiedad a partir de una persona jurídica. “Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las acciones o participaciones en el capital de sociedades (…) pertenecen de manera indirecta a personas humanas residentes en el exterior”, dice la propuesta de redacción.

Para esos casos, “ese sujeto deberá designar ante la AFIP un responsable por el ingreso del aporte”, y en caso de no hacerlo, “el encargado de la determinación e ingreso del aporte será la sociedad emisora de esas acciones o participaciones”.

Luciano Laspina (Pro) reprobó la propuesta. “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país”, se quejó.

Por último, Heller confirmó que las personas con bienes declarados en el exterior que acepten repatriar el 30% quedarán exentas del diferencial del 50% que deberían pagar por esos bienes. Los fondos deberán permanecer “hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular o afectados a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo”.

Debate caliente

Una vez más, la discusión cayó en la grieta: ningún representante de los bloques minoritarios -a excepción de Romina Del Plá, del FIT- habló en la reunión. De cara al viernes, el oficialismo espera contar con las firmas de Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) y Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero), integrantes de la comisión.

Juntos por el Cambio repitió que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto”, y consideró que esa discusión semántica es en realidad “un tema de fondo” que no quedó resuelto con las modificaciones anunciadas por Heller.

“Por más que busquen llamarlo aporte, se trata de un impuesto porque es obligatorio pagarlo, aunque sea por única vez, cuando ya tenemos un impuesto que afecta el patrimonio, que es Bienes Personales”, explicó el puntano Alejandro Cacace (UCR).

El diputado sostuvo además, con argumentos jurídicos, que debería ser un impuesto coparticipable y que “la mayoría de los gastos en salud” en el contexto de la pandemia “los llevan adelante las provincias”.

Por el Pro, Carmen Polledo se ofuscó: “Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres”.

La legisladora habló de un “desbalance en términos de lo que hace el Estado y lo que se le pide a los privados”, tras lo cual pidió que en los tres poderes del Estado se rebajen los sueldos. “Nosotros también tenemos que ser ejemplares”, dijo.

La oficialista Fernanda Vallejos salió al cruce de Polledo. “Es muy difícil de sostener lo que plantea”, dijo, y tras recordar que “este aporte recae sobre menos del 0,02% de nuestra población”, se preguntó “cuáles son los intereses que se están defendiendo”.

“Es indudable que se trata de un universo de personas privilegiadas en una Argentina donde más del 40% de la población habita por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, y añadió que este aporte “no le va a hacer ni una cosquilla” a las personas comprendidas.

Desde la Coalición Cívica, Javier Campos volvió a fustigar el proyecto y, en particular, la estimación de la AFIP acerca del universo alcanzado. “Que digamos que son 9.000 personas, a los fines técnicos, no cambia nada. La cantidad de gente alcanzada por este impuesto no tiene ningún interés en este tema. Imaginemos que una panadería tiene 100 clientes y uno de ellos es McDonald’s, que se va, y la empresa quiebra. Pueden ser muy pocos, pero pueden tener un efecto devastador sobre la economía argentina”, ejemplificó.

A continuación, Laspina sintetizó la posición de Juntos por el Cambio. “Vamos a votar en contra de este impuesto, aun cuando nos cueste votos en el corto plazo. No nos importan las encuestas, porque nosotros le tenemos que dar una alternativa de gobierno a la gente cuando este modelo fracase”, aseguró.

El santafesino enfatizó que “este impuesto, en este momento de la Argentina, es una pésima idea, sobre todo para el Gobierno, que se pega un tiro en el pie del cual va a ser muy difícil recuperarse”.

“El argumento no puede ser ‘mato a pocas personas en lugar de muchas’. Esa es una falacia muy peligrosa que nos deposita a milímetros del autoritarismo y de romper el Estado de Derecho. Esto no es ‘ricos versus pobres’: es ‘el Estado de Derecho y la Constitución versus la imposición caprichosa de una mayoría violentando los principios constitucionales’”, sentenció.

El diputado del Pro calificó al proyecto como “una señal terrorífica para los inversores” y, tras recordar que se sancionaron nueve emergencias al inicio de la gestión de Alberto Fernández, advirtió que “ninguna emergencia habilita violar la Constitución”.

Heller le respondió y se generó un momento de tensión, con varios diputados hablando a la vez. “Nosotros no creamos las emergencias, las crearon ustedes. Ustedes con sus cuatro años de neoliberalismos generaron esas nueve emergencias que tuvimos que poner en una ley para salir adelante”, retrucó el diputado, mientras el radical Facundo Suárez Lastra despotricaba frente a la pantalla, con su micrófono silenciado.

Además, el presidente de la comisión informó que impuestos como Ganancias y Bienes Personales “generan menos ingresos que el IVA”, que recae sobre el consumo, y por eso concluyó que “la carga impositiva la tiene la gente de a pie, no las grandes empresas”.

El oficialismo buscará dictaminar el próximo lunes el proyecto de aporte solidario

La Comisión de Presupuesto y Hacienda dio inicio al debate sobre la contribución de las grandes fortunas. El oficialismo buscará firmar dictamen la semana próxima, tras una exposición de la titular de la AFIP. Fuertes críticas de Juntos por el Cambio.

Con fuertes críticas de la oposición, el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia comenzó a ser debatido este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará firmar dictamen la semana próxima.

A lo largo de casi cuatro horas, Juntos por el Cambio -y con mayor énfasis, el radicalismo- criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo, al sostener que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto” que, a juicio de los diputados de esa bancada, es inconstitucional y no servirá para reactivar la economía, sino para aumentar la presión tributaria.

A pesar de los cuestionamientos, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que el Frente de Todos buscará firmar dictamen el próximo lunes, en una nueva reunión convocada para las 16.30, a la que se citará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“Estamos hablando de un aporte extraordinario en una situación extraordinaria. Estamos hablando de solidaridad frente a los sectores más afectados. Hemos buscado la mejor ecuación, que afecte a la menos cantidad de personas humanas posible, permitiendo la mayor cantidad de ingresos probables”, explicó Carlos Heller, presidente de la comisión.

Y agregó: “Sabíamos desde el principio que iban a estar los temas jurídicos. No hay ninguna ley que afecte intereses que no haya generado amparos o demandas. Habrá que ver si el Poder Judicial estará dispuesto a decir que no es constitucional una ley que tiene más del 70% de apoyo de la opinión pública, que afecta al 0,02% de las personas y que beneficia a muchos millones de personas”.

Debate picante

En el debate sobresalieron las críticas de Juntos por el Cambio, como así también el silencio de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo: ningún diputado de las bancadas presididas por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón hizo uso de la palabra.

Anticipo nuestro rechazo a la creación de este impuesto, y uso la palabra ‘impuesto’ porque contiene todos los elementos que lo configuran: es una ley; es de carácter coactivo; está expresado en dinero; ayuda a solventar el gasto público; y no tiene una correlación directa con un beneficio para el contribuyente”, arrancó el radical Luis Pastori.

Además, Pastori aclaró que “los impuestos pueden ser ordinarios o extraordinarios, por un tiempo limitado, como en este caso, que es por única vez”, y remarcó que “al ser un impuesto” y no un aporte, “le caben todas las garantías constitucionales”.

El misionero sostuvo que el proyecto “lesiona” distintos principios, entre ellos el de legalidad, con el riesgo de caer en “una doble imposición, que pude devenir en confiscatoria cuando sustrae una parte importante de la renta”.

También advirtió que se “viola” el principio de igualdad, porque aquellas personas con bienes declarados en el exterior deberán pagar una alícuota un 50% más alta, más allá de que -a partir de un cambio introducido por el oficialismo-, quedarán exceptuadas de ese diferencial si aceptan repatriar el 30% de esos bienes.

“Este impuesto atenta contra el crecimiento económico, contra la inversión y el ahorro, empeora las expectativas empresariales y es un factor de beligerancia social”, resumió Pastori, y pronosticó que la ley tiene “serias posibilidades de ser declarada inconstitucional”, tras lo cual pidió “dar una batalla seria” contra la evasión en lugar de avanzar con un nuevo impuesto.

Otro radical, Ricardo Buryaile, pidió “poner sobre la mesa la oportunidad, la necesidad y la conveniencia de este impuesto”, y por otro lado apuntó que “lo que estamos viendo en Argentina es un enorme esfuerzo del sector privado, que la está pasando muy mal”.

Buryaile aclaró que en Europa solo “España, Dinamarca y Suiza” cobran un impuesto similar, pero el resto de los países desistieron, más allá de propuestas de “partidos minoritarios”.

Asimismo, el diputado recordó los impuestos que se crearon en nuestro país por única vez y siguieron vigentes hasta hoy, como el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios -más conocido como impuesto al Cheque- en 2001, y la suba del IVA.

El formoseño además alertó: “Estamos asemejando un tractor a una Ferrari. Estamos asemejando un campo a un piso en Puerto Madero. Estamos gravando activos productivos, cuando lo que tenemos que gravar son las exteriorizaciones de riqueza”.

Otro de los discursos más fuertes fue el de Javier Campos (Coalición Cívica), quien expresó: “Para un rico no solidario, que no quiere aportar, esto evidentemente sería malo, pero la pregunta es si esto que es malo para los ricos, es bueno para los pobres. Yo les digo con una mano en el corazón, y sin ponerme colorado, que esto es malo para los más necesitados”.

Respecto de las medidas de asistencia por la pandemia, el diputado se diferenció: “Yo no veo ningún esfuerzo del Estado: lo único que está haciendo es apretar un botón e imprimir dinero. Para mi, el esfuerzo es la gente que está manteniendo a sus empleados y sigue pagando impuestos con las puertas cerradas”.

Campos reveló que según encuestas -de las que no dio detalles-, “el 50% de la gente no apoya este impuesto”, aunque Heller lo interrumpió para responderle que otros sondeos hablan de una aprobación del 70%.

Por el Pro el único en hablar fue David Schlereth, quien advirtió que “pareciera que estamos hablando de megamillonarios, y no es así. Estamos hablando de gente que trabajó muchos años, que pudo crecer, que apostó al país, a sus empleados, a la inversión local, y le fue bien. Y tenemos que seguir trabajando para que le vaya mejor. Gente que hoy está utilizando sus ahorros para sostener el trabajo de sus empleados, y que de pagar este tributo, los pondría en serio riesgo”.

Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto observó: “A nadie le va a interesar aportar más recursos al Estado, pero tampoco le preguntan a un trabajador o a un jubilado cuando tiene que pagar el IVA, o le descuentan el impuesto a las Ganancias. Tenemos un esquema donde la carga cae sobre el consumo y no sobre los patrimonios, y eso lo tenemos que cambiar”.

Casaretto subrayó que quienes pagarán el aporte “son los que están en la pirámide de la sociedad”. “Es de estricta justicia este aporte solidario y obligatorio por única vez. Es legal, es constitucional, no hay doble imposición, no va a llevar a ninguna empresa a la quiebra ni atenta contra la inversión. No sé si es un buen o mal momento, pero es necesario”, enfatizó.

A su vez, Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó que “con esta contribución estamos fortaleciendo las respuestas del Estado ante la emergencia y la posterior reconstrucción de la economía”.

“El 80% de la riqueza declarada por el universo de contribuyentes abarcados por el aporte extraordinario está en el exterior. Significa que los 12.000 más ricos de Argentina mantienen el 80% de la fortuna que declaran fuera del país”, informó la titular de la Comisión de Finanzas, y reforzó: “Nadie de esas 12.000 personas va a ver afectado su standard de vida”.

También intervino Itai Hagman, quien confesó estar “sorprendido” porque creía que “este proyecto, que es de sentido común, iba a contar con el acompañamiento de la gran mayoría de esta Cámara”.

Hagman aclaró que “este aporte es sobre la riqueza personal” y que no quedarán alcanzados “los activos productivos o los pequeños productores, como se dijo en varios ejemplos”. “Si esto fuera así, esta contribución alcanzaría a 500.000 o un millón de personas”, retrucó.

“Me llama la atención que se critique este impuesto pero no se presente ninguna propuesta alternativa de cómo hacemos para recaudar. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para seguir asistiendo a la población? ¿De la clase media? ¿De los trabajadores? ¿De los sectores populares? Es obvio que lo tenemos que hacer sobre los sectores de mayor riqueza acumulada”, analizó el economista.

Nicolás Del Caño (PTS) cuestionó que “este debate llega casi seis meses después de las medidas de aislamiento, que agravaron la crisis económica que dejó el gobierno de Macri, y quienes más soportan esta carga son los trabajadores”.

“Este proyecto llega tarde y además es muy pobre. Plantea recaudar 3.000 millones de dólares con un impuesto que afecta solo el patrimonio y deja afuera las ganancias de los bancos, de las grandes empresas, de los grandes terratenientes”, planteó, y agregó que “el monto de lo recaudado es inferior a lo que se pagó este año en concepto de deuda a los acreedores extranjeros y a los organismos de crédito internacional como el FMI”.

Su colega Romina Del Plá (Partido Obrero) defendió el proyecto del Frente de Izquierda, que también plantea un aporte extraordinario por única vez, pero gravando las ganancias extraordinarias de empresas y bancos, propiedades terratenientes de más de 5.000 hectáreas y viviendas ociosas de más de 30 millones de pesos, con una recaudación estimada de “entre 15.000 y 20.000 millones de dólares”.

El oficialismo anunció cambios al aporte solidario sobre las grandes fortunas

Las personas que declaren bienes en el exterior pagarán un diferencial del 50%, pero si aceptan repatriar el 30% quedarán exceptuadas de ese diferencial. Se aclarará que el aporte es “obligatorio”. Estiman que alcanzará a 10.000 personas, y no a 12.000.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció en la reunión de este miércoles que el proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas sufrirá cambios sobre las tenencias en el exterior, y se aclarará que la contribución es “obligatoria” para evitar la interpretación de que sería voluntaria.

“Todos somos conscientes de los enormes esfuerzos que el Estado nacional viene haciendo desde el inicio de la pandemia”, arrancó Heller, quien habló de “entre 850 y 900 mil millones de pesos en erogaciones extraordinarias”, y además vinculó la caída de la actividad “a la pandemia, y no a la cuarentena”.

En ese sentido, sostuvo que “en todos los países se ha producido una enorme caída de la actividad económica” más allá de las medidas de aislamiento, y ejemplificó que “Europa calcula que va a demorar entre dos y tres años en recuperar los niveles de actividad previos a la crisis”.

En este contexto, el oficialista explicó que la idea del aporte “se apoya básicamente en la situación extraordinaria” más allá del estado en que se encontraba el país al asumir Alberto Fernández. “Nadie en este país ni en el mundo podría negar que estamos ante un fenómeno impensado que ha alterado todas las previsiones y las expectativas”, acotó.

Detalles y cambios del proyecto

Heller señaló que se buscó “encontrar el punto ideal entre la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener”, y reveló que la cantidad de personas obligadas a realizar este aporte “va a estar más cerca de 10.000 que de 12.000”, como se estimaba en un principio.

De todos modos, el diputado aclaró que “eso tal vez no modifique demasiado las estimaciones que tenemos de ingresos, porque probablemente haya habido un proceso de desconcentración de riqueza personal en los niveles más altos de estas escalas”.

El titular de la comisión recordó que se tomará el patrimonio declarado al 31 de diciembre de 2019 a partir de los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2% que asciende gradualmente hasta llegar al 3,5% para quienes tienen declaraciones de Bienes Personales superiores a los 3.000 millones de pesos.

El proyecto establece que en el caso de los bienes declarados en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, pero a partir de un agregado que sufrirá el texto, las personas alcanzadas quedarán exceptuadas de pagar ese diferencial “si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior”.

En cuanto al destino de lo recaudado con el aporte solidario, Heller especificó que un 20% será para equipamiento médico; un 20% para subsidios a las MiPyMEs; un 20% para el programa Progresar; un 15% para la urbanización de barrios populares; y un 25% para la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Por otra parte, ante un planteo de Ricardo Buryaile (UCR) acerca de que “si es un aporte, puede ser voluntario”, el presidente de la comisión anunció: “Vamos a ponerle la palabra ‘obligatorio’, para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario”.

Por último, Heller anunció que habrá “una cláusula para intentar captar a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas residentes en el país”. “Hemos escuchado comentarios y críticas respecto de que había un tratamiento desigual con aquellos que habían cambiado de residencia y que podían no quedar alcanzados por la ley”, señaló.

Convocarán a Marcó del Pont a Diputados por el aporte solidario

A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo citará a la titular de la AFIP, aunque Heller aclaró que “hay que respetar la confidencialidad de la información” del ente recaudador.

Al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y a pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó convocar para la próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que explique los alcances del proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas.

Fue el radical Ricardo Buryaile quien solicitó la presencia de Marcó del Pont para que informe sobre “la cantidad de contribuyentes y el estimado de la recaudación del impuesto”, aunque, de entrada, Carlos Heller le aclaró que no se trata de un impuesto.

“No es un impuesto, es un aporte, diputado, disculpe que lo corrija…”, comentó el presidente de la comisión, aunque Buryaile aclaró que “no lo iba a convencer” y que “en la legislación tributaria no existe el concepto de aporte; sí existen impuestos, tasas y contribuciones”.

“Si es un aporte, puede ser voluntario”, insistió el radical, por lo que Heller anunció, minutos más tarde, que se corregirá el proyecto aclarando que el aporte será “obligatorio”, para evitar distintas interpretaciones.

Además, el oficialista especificó que “este no es un gravamen de Bienes Personales, sino que toma como base la declaración de Bienes Personales, que es otra cosa”.

Respecto de la información solicitada por Buryaile y la presentación de Marcó del Pont, Heller explicó: “Hemos trabajado sobre estimaciones porque no tenemos acceso a la información de la AFIP, que tiene una confidencialidad que debemos respetar”.

El presidente de la comisión dijo que se hicieron “proyecciones sobre declaraciones de años anteriores”. “Según la información que yo tengo, ni siquiera todavía se han completado las presentaciones de las declaraciones juradas de 2019”, añadió.

Por su parte, Javier Campos (Coalición Cívica) pidió consultarle a Marcó del Pont “cuál es el registro de contribuyentes que han abandonado la residencia fiscal del país desde diciembre del año pasado” y que ahora se verían impactados por la suba en Bienes Personales y, además, por el aporte solidario.

Sin embargo, Heller respondió que la AFIP no estaría en condiciones de brindar esa información. “No creo que ese dato esté disponible”, dijo.

Postergan para este miércoles el debate sobre el aporte solidario sobre las grandes fortunas

Luego de que se extendiera más de lo previsto el plenario de comisiones donde se trató el proyecto sobre el FGS, Carlo Heller, titular de Presupuesto, decidió pasar a un cuarto intermedio.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), postergó para este miércoles el tratamiento del proyecto del aporte solidario sobre las grandes fortunas.

Heller decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 15, luego de que se extendiera más de lo previsto el debate sobre el proyecto sobre los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en conjunto con la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En efecto, esa discusión se demoró porque, a las 18.30, el oficialismo pidió un cuarto intermedio de una hora para consensuar con la ANSES una serie de modificaciones al proyecto original, a pedido de la oposición.

Cuando el dictamen terminó de pasarse a la firma eran cerca de las 20.30, por lo que Heller anunció que la comisión volverá a reunirse este miércoles.

El proyecto del impuesto sobre las grandes riquezas busca establecer una contribución, por única vez, sobre los patrimonios de las personas físicas superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota a partir del 2%.

El Gobierno busca recaudar así 300.000 millones de pesos para atender la pandemia del Covid-19, especificando que los fondos serán destinados a equipamiento de salud, asistencia a las pymes, urbanización de barrios populares, equipamiento para producción y envasado de gas natural en YPF, y el relanzamiento del plan Progresar.

Por otra parte, la Comisión de Presupuesto también tratará un proyecto de Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) para que aquellas empresas domiciliadas en paraísos fiscales o con “evasión fiscal probada” tengan prohibido acceder a ayuda estatal en el marco de pandemias, epidemias u otras catástrofes.

Amplio apoyo al impuesto a las grandes fortunas

La iniciativa impulsada por Máximo Kirchner tiene un respaldo del 64,1%, en tanto que casi un 60% está de acuerdo con que se cobre todos los años y no solo de manera excepcional.

En vísperas de comienzo del tratamiento en comisión del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario presentado por el oficialismo, se conoció una encuesta que expresa un fuerte respaldo a esa iniciativa.

Según la consultora Analogías, el 64,1% de los entrevistados está de acuerdo con el proyecto a las grandes fortunas, contra un 28,3% que se manifestó en desacuerdo. Apenas un 7,6% no tiene opinión al respecto.

El trabajo realizado de manera telefónica a través de 2.962 casos efectivos en todo el país, va más allá de esa pregunta formal. Inquiere a los entrevistados si piensan que esos 12 mil millonarios alcanzados por este gravamen extraordinario deberían pagar el impuesto todos los años de ahora en adelante. Y el 59,7% responde de manera afirmativa, contra un 27,2% que lo rechaza. Ahí el “no sabe” sube a 13,1%.

Según el detalle, el apoyo a la iniciativa crece entre los encuestados de menor nivel de instrucción de manera muy notable: es del 70% entre quienes solo tienen estudios primarios y baja a 49% entre los universitarios. Desde el punto de vista regional, el apoyo es bastante homogéneo, salvo por el caso de los encuestados de la Ciudad de Buenos Aires, donde cae al 55%.

Otro dato interesante que aporta la encuesta es que la mitad de los votantes de 2019 de Mauricio Macri está de acuerdo con la iniciativa.

Antonio Rodas sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas: “La solidaridad debe estar presente”

El senador nacional participó de un foro sobre el proyecto organizado por la Federación Argentina de Municipios, y destacó que se trata de un aporte extraordinario y por única vez, para un universo de 12 mil personas.

Este lunes se realizó el último encuentro del “Foro por el Impuesto a las Grandes Riquezas”, organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), la Fundación SES y la Agrupación 17 Impositiva Seguridad Social, con el acompañamiento de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. 

Con la moderación de Roberto Gómez, referente de la Agrupación 17 Impositiva Seguridad Social, este tercer encuentro contó con la participación de Antonio Rodas, senador nacional provincia de Chaco; y Omar Plaini, secretario general de Canillitas y senador provincial. 

En la apertura, el presidente de la FAM, Javier Noguera, manifestó el agradecimiento a los coorganizadores y a los participantes del foro que contó con tres encuentros. “No solamente de acciones está hecha la política, sino también de reflexión”, dijo. El también intendente de Tafí Viejo añadió que desde el municipalismo se viene revisando el tema impositivo “no solamente en este caso del impuesto a las grandes riquezas, sino también a repensar desde la territorialidad cada uno de nuestros sistemas tributarios”. 

Con respecto al tema del foro, el senador Antonio Rodas señaló que es muy factible aplicar el impuesto a las grandes riquezas en el marco de la pandemia del Covid 19, y aclaró que “no se trata de un impuesto, sino de un aporte extraordinario y por única vez”, para un universo de 12 mil personas. “Su solidaridad debe estar presente”, agregó. 

Por su parte, el senador Omar Plaini destacó que el anteproyecto de ley ya determina en qué se van a invertir los fondos de este aporte solidario y extraordinario por única vez: “Un 20% para la prevención y asistencia sanitaria, 20% para subsidiar a las PyMEs, generadoras de 7 de cada 10 puestos de trabajo, otro 20% para las Becas Progresar, 15% para los 4.600 barrios populares del país, y un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural”. 

Los organizadores reflexionaron sobre los espacios de encuentro para discutir estos temas. Osvaldo Mulfetti, referente de la Agrupación 17 Impositiva Seg.Soc., agradeció a los participantes por la difusión que dan sobre el tema impositivo a nivel nacional. “Cuando se apruebe este aporte extraordinario, tenemos que avanzar con la discusión por el impuesto a los bienes personales, que está mal legislado y hay que modificarlo”.

Por su parte, Alejandra Solla, directora ejecutiva de la Fundación SES, destacó la importancia de los foros para discutir temas de interés nacional y “la incorporación de dos patas que son centrales: el municipio, no hay cambio posible sin organización municipal con justicia social y, por otro lado, la pata legislativa porque nos da la posibilidad de pensar cómo ir encontrando caminos que nos permitan llegar a conclusiones mejores para todos y todas”. 

Juan Matteo, secretario ejecutivo de la FAM, recalcó que la política es la que marca el camino de lo económico y lo social. “Así como, desde la política estamos tratando de hacer el trasvasamiento generacional para que aparezcan nuevos jóvenes en la política, el movimiento obrero tiene la responsabilidad de dejar surgir y de enseñar a las nuevas generaciones”, añadió. 

Finalmente, Adrián Falco agradeció el consenso entre las instituciones organizadoras. 

Grandes fortunas, equidad y solidaridad de los que más tienen

Por Elda Pértile. La diputada del FdT por Chaco explica la necesidad de avanzar con un aporte solidario de los sectores más ricos a fin de afrontar las consecuencias de la pandemia.

Es un momento donde se necesita solidaridad social y desterrar los egoísmos personales. Nosotros desde hace ocho meses en el marco de nuestras posibilidades lo hicimos; hemos congelado nuestras dietas y los montos de pasajes, subsidios, becas y otras economías del presupuesto de la Cámara de Diputados se destinan a la salud pública.

Las personas que tuvieron resultados exitosos en sus negocios en el territorio de nuestro querido país y en cuyo camino muchas contribuyeron a su éxito empresarial, son llamadas a la solidaridad.

Nada se hace solo y se necesita del trabajo de muchos, no se quita mérito a su esfuerzo y sacrificio personal ni a la sabiduría aplicada para sus logros obtenidos, pero hoy estamos atravesando una situación crítica económica, social y de salud incomparable e inigualable a través de los tiempos.

Todos los gobiernos en sus distintas jurisdicciones tanto nacional, provincial o municipal hacen frente con la incertidumbre de lo desconocido en esta pandemia tratando de abordar las consecuencias que todos conocemos.

El análisis de este aporte no puede circunscribirse a si es o no un impuesto confiscatorio porque no es un impuesto.

El aporte extraordinario obligatorio y por única vez sobre el patrimonio alcanza aquellos cuyas declaraciones juradas al 31 de diciembre de 2019 superan 200 millones de pesos y de manera progresiva en una escala razonable.

Esta realidad descolocó al mundo entero y caminos semejantes al de este aporte se transitan en México, España, Chile, Estados Unidos, Dinamarca, Italia en búsqueda de una salida parecida para obtener ayudas.

Hoy el Estado Nacional lleva 960.000 millones en gastos atendiendo los efectos de la pandemia y son insuficientes para las necesidades que afloraron.

Excedió la posibilidad de lo que el Estado administra y recauda normalmente, por eso, se acude a un requerimiento de solidaridad en el seno propio pueblo.

Se ha explicado con suma claridad los fines específicos que tendrá la suma extraordinaria a obtenerse y será para atender:

  • Equipamiento médico e insumos críticos de salud.
  • Subsidios para pequeñas y medianas empresas para sostener el empleo y las remuneraciones en ellas.
  • Atender necesidades en los barrios populares registrados.
  • Exploración y desarrollo de gas natural.


El análisis de este aporte no puede circunscribirse a si es o no un impuesto confiscatorio -discusión que no cabe – porque no es un impuesto, es un aporte obligatorio y por única vez.

Tampoco frenaría el desarrollo y crecimiento de la clase media Argentina, ya que justamente es la clase media y los sectores vulnerables los más afectados y a atender junto a los demás que también se consideran.

La economía no se deprimiría por este aporte, la economía está afectada por la pandemia.

Todos alguna vez tenemos en nuestras vidas la posibilidad de hacer algo por la sociedad en la que vivimos y devolver algo de lo tanto que recibimos, a veces no es en dinero sino en oportunidades de desarrollarnos y crecer como personas, como profesionales, en nuestros oficios o en nuestras familias.

Hoy lo que se pide es un acompañamiento extraordinario para una circunstancia extraordinaria, que supera a toda la humanidad y en la que nosotros argentinos y argentinas no escapamos.

Todas nuestras vidas están expuestas, bien lo dicen las autoridades y en particular nuestro presidente: “De esta pandemia saldremos adelante todos juntos”, por lo que las soluciones deben estar en manos de las autoridades más el pueblo.

El llamado es a quienes hoy pueden contribuir y ayudar más, en un compromiso humanitario para un escenario que involucra absolutamente a todo el pueblo argentino.

*Diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Chaco

Impuesto a la riqueza: Maradona dijo que va aportar

A través de una publicación en redes sociales, sostuvo que “en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos”.

Diego Maradona manifestó su apoyo al proyecto del Frente de Todos de crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia. 

A través de una publicación en las redes sociales dijo: “Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí ́a mi cuñado por Covid, y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposición, presidente Alberto Fernández. Vamos Argentina”.

https://www.instagram.com/p/CEmjsXRllg5/?utm_source=ig_embed

Entre las respuestas a su publicación se pudo ver la del diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá quien le habría comentado del proyecto, a raíz de ello Maradona habría decidido involucrarse. 

“Gracias por preguntarme Diego de que se trata. Y entender la necesidad de nuestra Argentina”, dijo Rodríguez Saá al respecto. 

El proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario establecería que las 12.000 familias más ricas del país tributen por única en una escala progresiva, con un piso de 2% a quienes poseen fortunas de $200 millones de pesos e irá creciendo los montos, hasta aquellos que tengan un tope de 3,5% en fortunas de más de 3.000 millones de pesos. 

“Es justo que las grandes fortunas hagan su aporte en proporción a esos millones que tienen”

Así se manifestó el diputado nacional del FdT Marcelo Koenig sobre el proyecto del Ejecutivo, y consideró que esta ley “viene a poner un poco de justicia, no alcanza, pero es un paso más que interesante”.

El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Koenig se refirió al proyecto de impuesto a las grandes fortunas recientemente presentado, y consideró que “es justo que hagan su aporte en proporción a esos millones que tienen”. 

 “El impuesto a las grandes fortunas es sumamente necesario porque las mayorías populares le están poniendo el cuerpo y el aporte desde que empezó la pandemia y es justo que las grandes fortunas hagan su aporte en proporción a esos millones que tienen”, dijo el legislador. 

En este sentido, y en diálogo con el programa radial Edición Calificada, indicó que “este aporte es extraordinario y tiene una finalidad específica. Con esto se abre un debate simbólico muy importante que es cómo construimos un sistema tributario en el país que sea progresivo, justo, en donde los que más tienen sean los que más aporten. La intencionalidad de este proyecto se anunció meses atrás y resistido por aquellas fuerzas políticas que defienden los intereses de la minoría del privilegio”. 

Asimismo, remarcó que “por eso es parte de nuestro compromiso que nosotros como peronistas planteamos: construir una Argentina más justa, solidaria y productiva. Esta ley viene a poner un poco de justicia, está claro que no alcanza, pero es un paso más que interesante”. 

Por otro lado, el legislador por la provincia de Buenos Aires se refirió al proyecto de reordenamiento de la Justicia Federal que aprobó el Senado, y dijo que se trata de “un compromiso de campaña y vamos a honrar la palabra, que es tratar de democratizar un poco esa justicia, porque es una de las instituciones más desprestigiadas a partir de los manejos que se tuvieron en el último tramo del gobierno de Macri”. 

“Todos vimos cómo se manipulaba la Justicia con fines políticos y se hacían alianza con los servicios de inteligencia y con los grandes medios de comunicación que condenaban previamente. Después la justicia iba corriendo detrás de esa condena, sin derecho de defensas, y violando los principios constitucionales” –dijo el militante peronista- y agregó: “No me sorprende las mezquindades opositoras porque están defendiendo ese poder judicial corrupto que hacía lo que ellos decían y defienden su propia impunidad de su gobierno”. 

En este sentido, aclaró que a “diferencia de lo que plantea la oposición que dice que esta reforma judicial garantiza la impunidad para atrás, no se altera en nada las causas que ya están en trámite”. 

A pesar de las modificaciones que se introdujeron en el último minuto en el Senado, Koenig espera que el proyecto se apruebe, aunque recordó que no tienen mayoría propia en la Cámara de Diputados y, señaló que “vamos a tener que abrir ese proyecto a otros bloques. Si Juntos por el Cambio presenta un proyecto alternativo será bienvenido para discutir, pero las modificaciones ya fueron aprobadas en el Senado. Veremos si lo aprobamos como vino del Senado o le agregaremos algunas cuestiones”. 

Finalmente, con respecto a la fecha de tratamiento de la reforma de la justicia en Diputados, dijo: “Es difícil decir si el tratamiento será en los próximos días porque eso lo decidirá la Presidencia de la Cámara”, explicó el diputado nacional. 

Heller aseguró que es “inminente” el envío del proyecto a las grandes fortunas

Ratificó que alcanzará a unas 12.000 personas y que será “por única vez”. “Aporte Solidario Extraordinario” se llamará.

Varias veces se afirmó que su presentación era inminente, por lo que la reiteración del anuncio ya no causa el mismo efecto que el inicial. Pero como se sabe de la firme intención oficial de presentar un proyecto para gravar las grandes fortunas, el hecho de que Carlos Heller anunciara este jueves que “es inminente” su presentación, vuelve a generar atención. En algún momento deberá entrar por Diputados.

“Nunca dejó de estar arriba de la mesa”, sostuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja en declaraciones a radio El Destape, en referencia al proyecto que desde el oficialismo se anunció por primera vez en abril pasado, en el marco de una entrevista que Horacio Verbitsky le hizo al presidente Alberto Fernández.

Heller señaló que “el impuesto a las grandes fortunas nunca dejó de estar arriba de la mesa. Siempre dijimos que lo vamos a presentar cuando lo creamos oportuno”, y en ese sentido fue que enfatizó que su presentación “es inminente”.

El titular de Presupuesto y Hacienda sostuvo que “en los próximos días vamos a darle entrada al proyecto de impuesto a las grandes fortunas”, una iniciativa que aseguró busca lograr “la mejor ecuación en cuanto a que sea la menor cantidad de gente la alcanzada y (pueda conseguirse) el máximo beneficio posible”.

Contrariamente a lo que circuló los últimos días, Heller reiteró que ese impuesto a las grandes fortunas “será por única vez” y detalló que será aplicado “a las personas y no a las empresas, y sobre la base de sus declaraciones juradas, por única vez”.

Por otra parte, Heller sostuvo que no habrá una comisión investigadora sobre el dinero que “las personas tienen en guaridas fiscales. Esto habría que hacerlo, pero no ahora”.

“Aporte Solidario Extraordinario” es la denominación de ese proyecto que alcanzará, dijo Heller, a las personas que tengan más de 200 millones de pesos declarados.

Por otra parte explicó que ese gravamen alcanzará al 3,5% de los que tienen más de 3.000 millones de pesos y ratificó que el universo de personas que pagarían ese impuesto son 12.000.

Sobre la demora en la presentación de este proyecto, el diputado del Frente de Todos explicó que “hubo muchas cosas que ocuparon la agenda y tuvieron prioridad”.

Alberto F. sobre la reforma judicial: “Leo y recontra leo y no encuentro en qué la beneficia a Cristina”

El presidente se refirió al proyecto que rechaza Juntos por el Cambio y consideró “insólito que no lo quieran tratar”. Agregó que en la oposición “deberían estar agradecidos” porque la iniciativa beneficia al gobierno anterior.

El presidente Alberto Fernández se refirió este martes al proyecto de reforma judicial enviado al Congreso y enfatizó: “Dicen ‘esto beneficia a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner)’. No tengo la menor idea en qué la beneficia. Leo y releo y recontra leo y no encuentro en qué la beneficia”.

Durante una extensa entrevista radial -a un año de las elecciones PASO en las que obtuvo un rotundo triunfo sobre el expresidente Mauricio Macri-, Fernández defendió la iniciativa y consideró “insólito” que desde Juntos por el Cambio “no la quieran tratar”.

“Dijeron que no se van a prestar al debate por vía virtual, con lo cual espero que en algún momento den el debate”, sostuvo, en referencia a la decisión de la principal fuerza de la oposición.

Para el mandatario, “esto es parte de la discusión hipócrita de la Argentina…hace décadas que venimos viendo la decadencia de la Justicia Federal”. “Un día que llegamos y hacemos una propuesta seria, y armamos un proyecto global, deciden no discutirla porque no les gusta una comisión que no tiene nada que ver con esta ley”, dijo, en alusión al comité de expertos que evaluará la ampliación de la Corte Suprema.

“La verdad es que estoy asombrado, porque la Argentina necesita tener una justicia que funcione bien”, expresó en declaraciones a radio Futurock.

Además, defendió: “Me he puesto todos los límites que encontré para que los jueces federales que sean nombrados no puedan ser manipulados por mí, ni por ningún presidente”.

En ese sentido, añadió: “Por primera vez los subrogantes tienen que tener el acuerdo de las dos terceras partes del Consejo de la Magistratura y el acuerdo del Senado, con lo cual yo no puedo nombrar ningún subrogante que me guste. Además hemos puesto normas de conductas para los jueces”.

“El proyecto por ahí es mejorable, por ahí es perfectible, yo no soy un negado en ese sentido, pero me parece insólito que no la quieran tratar”, resaltó.

También, Fernández opinó que la iniciativa “beneficia al gobierno que dejó el poder” porque se garantiza “que nadie pueda hacer con ellos lo que hicieron hasta ahora con nosotros”.

“En verdad deberían estar agradecidos en que yo diga ‘no quiero más detenciones arbitrarias, no quiero más manipulación de jueces, no quiero más sacar el juzgado a…o poner en la cámara a mi amigo el juez sin que pase concurso'”, lanzó.

El presidente valoró a Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta, que forma parte del “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”, a quien afirmó conoce “hace más de 30 años” y es “un abogado extraordinario”. “También es el abogado del ministro de Educación de Macri que está acusado de las escuchas”, señaló.

Finalmente, el mandatario destacó que las propuestas que presente el Consejo “serán leyes que tengan que ir al Congreso, no son cosas que se resuelven por decreto”.

“Solo hay una vocación clara de confundir a la gente, decir que todo esto está hecho para lograr la impunidad de Cristina, de que todo esto está hecho para manipular la justicia…ellos piensan que nosotros somos iguales que ellos, y no somos iguales que ellos”, cerró.

Por otra parte, consultado sobre el impuesto a las grandes fortunas -proyecto que todavía no se presentó-, Fernández sostuvo que “está trabajándose” y “se está avanzando”, pero “hay tiempos legislativos”. “Lo están trabajando Máximo (Kirchner) y Carlos Heller. Estoy seguro que va a salir”, manifestó y argumentó que “hubo otras urgencias” como la ampliación presupuestaria y la moratoria ampliada.

En otro tramo de la entrevista, el presidente ratificó su voluntad de enviar el proyecto de aborto legal y no confirmó que vaya a postergarse su envío hasta 2021. “Es un tema que tenemos que resolver”, respondió y remarcó: “Tengo muy en claro que cualquier argumento sirve a otros para dividir a la sociedad en un momento en el que tenemos que estar muy unidos por la pandemia”.

“(El tema) es una convicción que yo tengo y lo voy a mandar tan pronto como pueda. Después tendrá la discusión parlamentaria”, dijo.

Juntos por el Cambio no tiene posición sobre el impuesto a las grandes fortunas

Así lo aclaró el titular del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, argumentando que el proyecto todavía no lo conocen. Ve más problemas en el oficialismo que en la coalición opositora.

El presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, aclaró que en Juntos por el Cambio no hay una posición tomada con respecto al proyecto de aplicar un impuesto a las grandes fortunas, simplemente porque esa iniciativa “nunca” ingresó a Diputados.

“No hay posición sobre el impuesto a las grandes fortunas porque nunca se discutió, fue un proyecto que nunca vino”, expresó el diputado nacional, que agregó: “Hay que seducir para que ese dinero haga que se empiece a producir y se invierta para sostener esas PyMEs”.

Por otra parte, Ritondo anticipó que “vamos a llegar a 50% de pobreza”, y ante ello apuntó que “Argentina tiene un gran problema de producción y de sostenimiento de PYMES, hay que priorizar eso, cómo salir de ese lugar. Vamos a salir produciendo y no con nuevos impuestos”.

Entrevistado en el programa El fin de la metáfora, de Radio 10), Ritondo sostuvo que “tenemos que encontrar puntos en común con la oposición para luchar con la pospandemia y la situación económica”.

“Veo hoy más problemas entre el propio oficialismo que con Juntos por el Cambio. Estamos dispuestos a discutir todos los temas que tengan que ver hacia adelante”, agregó el legislador nacional.

Con relación a la causa sobre supuesto espionaje, Ritondo -quien forma parte de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia- dijo que “muchas cosas de las cosas que yo escucho en la comisión, yo no las creo, hacen una novela. Creo que la Justicia va a llegar al fondo, hay que darle tiempo. Hay informes que se hicieron que son infantiles, muy amateurs”.

Al respecto, señaló que “los ingresos a Casa Rosada (de agentes de la AFI) lo tendrá que explicar Susana Martinengo. Hay que aprovechar para dar un debate para adelante con todos los espacios un servicio de inteligencia que le sirva al país”.

También fue consultado por un retuit de Fernando Iglesias con un arma reemplazando a las cacerolas, y señaló que “el tema del rifle, tengo entendido que él mismo lo aclaró. Somos defensores de la libertad de expresión de prensa y de expresión y no sólo cuando hablan bien de uno. El trabajo de los periodistas muchas veces es ser críticas y hay que respetarlo. Lo hace de forma particular y no es algo del bloque, él pidió disculpas porque no quiso hacerlo”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la reforma judicial que el presidente dijo que enviará al Congreso esta semana, Cristian Ritondo dijo que quiere conocer el proyecto, y “de lo único que se habla desde Comodoro Py, que es la justicia que resuelve temas de los funcionarios y no de la gente. Tenemos que hablar en serio, tenemos que trabajar una reforma judicial que acerque a la gente, para que la justicia que muchas veces tiene baja credibilidad sea creíble. Todavía no vimos un borrador del proyecto”.

Anticipan cuándo se presentará el impuesto a las grandes fortunas

La presidenta de la Comisión de Finanzas señaló que el proyecto va a ser enviado por el Ejecutivo en las próximas semanas, junto a un paquete fiscal.

La diputada nacional Fernanda Vallejos anunció que “el proyecto del impuesto a la riqueza se va a presentar dentro de un paquete impositivo en las próximas semanas”.

Entrevistada en el programa Siempre es Hoy, por AM 530, Vallejos detalló que “la expectativa es tratar conjuntamente el impuesto extraordinario a las grandes fortunas junto a un paquete de reformas tributarias e impositivas, en particular facilidades fiscales para las PyMEs”. 

Lea también: Vallejos: “Vicentin venía con dificultades muy serias, incluso antes del cambio de gobierno”

Señaló que “el proyecto está en proceso de negociación” y explicó que “se están trabajando en paralelo propuestas de reformas impositivas y mejoras para las PyMEs que están en situación de asfixia económica por la pandemia”.

Respecto al debate sobre Vicentín, sostuvo que “lo importante son los objetivos y no los medios” y planteó “la condición para que avance la normalización de la empresa es que sus directivos sean apartados”.“Teniendo en cuenta las acreencias, el Estado podría alcanzar el 51% de la participación accionaria y controlar la empresa”, señaló.

“La propuesta en torno a Vicentín tiene que ver con fines estratégicos para el país. El objetivo con Vicentín es evitar que termine despedazada en manos extranjeras”, amplió

Agregó que “hay una serie de operaciones sospechosas de triangulación y fuga de capitales por parte de la dirección de Vicentín que deben ser investigadas”.

Legisladores de la región reclaman una política común para gravar a las grandes fortunas

La diputada Fernanda Vallejos advirtió que es necesario un aporte extraordinario de las grandes fortunas para afrontar la dramática crisis por la pandemia. Fue en un panel internacional a distancia, donde parlamentarios de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú expusieron los casos de sus países.

La pandemia del Covid-19 provocó una crisis económica sin precedentes y expuso con mayor crudeza la desigualdad en América Latina. Sus Estados cuentan con un acotado margen para obtener fondos por los elevados niveles de evasión y fuga de capitales. Frente a esta situación, se impuso en el debate económico la necesidad de gravar las grandes riquezas para volcar esos recursos en los sistemas de salud y en la recuperación económica.

Los distintos casos de este tipo de impuesto centralizaron el debate del foro a distancia sobre “¿Quién paga la crisis del Covid-19? La urgente necesidad de gravar la riqueza”, en el que participaron legisladores y legisladoras de varios países de Latinoamérica.

La diputada Fernanda Vallejos fue una de las disertantes. Expuso el ejemplo del aporte extraordinario por única vez impulsado por el bloque Frente de Todos en el Congreso -contribuyó en su elaboración-, que permitirá recaudar entre U$S 3.000 y 4.000 millones. “Las grandes fortunas están lejos de contribuir en relación con su efectiva capacidad económica. El enorme esfuerzo colectivo que implica hacer frente a la crisis del coronavirus, requiere de la construcción de consensos en base a valores de solidaridad y de esfuerzo compartido, lo que supone la necesidad de que cada quien contribuya según su capacidad”, argumentó.

Vallejos hizo hincapié en la importancia de avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo. “Según los registros de la administración fiscal, para 2017 (últimos disponibles), del total de la riqueza declarada por residentes (aproximadamente 1 millón de personas), el 40% se encuentra fuera de la Argentina, mientras entre los más ricos (aproximadamente 15.000 personas) ese porcentaje se eleva al 80%, pero al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados, no habían sido reconocidos ante el fisco argentino”, explicó Vallejos al tiempo que estimó que “si proyectamos esa relación para 2019, podemos afirmar que existen no menos de U$S 235.000 millones en el exterior que no se encuentran declarados en el país”, apuntó.

Frente a este panorama, la diputada subrayó la importancia de “mejorar la progresividad tributaria”, ya que existe una “asimetría entre quienes evaden sus obligaciones tributarias y quienes, sin tener altos ingresos ni patrimonios, pagan los impuestos más regresivos, como IVA o Ingresos Brutos”. Y, en este marco, abogó por “ampliar la base imponible: que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos argentinos tributen en el país sobre el 100% de sus patrimonios. Pero, además, generar los incentivos y oportunidades para repatriar los capitales fugados y desestimular la decisión de mantenerlos afuera”, completó.

Además, recordó los cambios regresivos que tuvieron lugar durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. “En lo que refiere a la evolución reciente de la matriz tributaria argentina, como les comentaba antes durante el gobierno de Cambiemos, los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, los muy progresivos retrocedieron 1,4 y los progresivos, cayeron 1,3 puntos”, precisó.

Junto a la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados de la Argentina, vía Zoom y Facebook Live hablaron también Rocío Silva Santisteban, congresista de Perú; Juan Luis Castro, senador de Colombia; Pabel Muñoz, asambleísta de Ecuador; Alan Fairlie, parlamentario de Perú; y Adrián Falco, secretario de la Fundación SES, quien ofició de moderador.

Fue el quinto foro de una serie de encuentros de congresistas de América Latina realizados en el último tiempo. La actividad fue organizada por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Proyecto Económico, la Fundación SES, la Coalición por la Transparencia financiera (FTC) y el parlamentario andino Alan Fairlie Reinoso.

En medio de las carencias económicas de los gobiernos para evitar los colapsos de los sistemas de salud y la pérdida de millones de fuentes laborales, los y las congresistas coincidieron en que los ingresos fiscales de sus Estados pierden considerable poder recaudatorio por la acumulación de las riquezas offshore de los sectores más concentrados. Y en un año en el que la contracción de la actividad económica en la región será la peor de la historia -caerá -5,3% en 2020, según la CEPAL-, se vuelve acuciante, enfatizaron, que los Estados activen mecanismos para gravar esas grandes riquezas para mitigar los efectos del aislamiento por la pandemia.

Los puntos centrales del panel giraron en torno al rechazo del pensamiento neoliberal al impuesto a la riqueza porque implica, según las usinas liberales, menor inversión y trabajo. Aquí, los congresistas destacaron que el gravamen alcanza a personas físicas y no a empresas. También, consideraron que existe margen en la región para aplicarlo. En 2018 la recaudación en América Latina era de apenas el 23,1% del PBI mientras que para los países de la OCDE ese guarismo llegaba al 34,3% o al 40,3% para la Unión Europea, según datos de ese organismo.

Los casos latinoamericanos

Los congresistas resaltaron los altos niveles de desigualdad en América Latina y la necesidad de generar una política fiscal común para gravar a las grandes fortunas con el fin de revertir ese déficit social, sobre todo en la actual situación extraordinaria por el Covid-19.

Juan Luis Castro, senador colombiano por el Partido Alianza Verde, explicó que el impuesto al patrimonio aprobado en 2018 en su país grava a personas naturales con patrimonios líquidos igual o superior a U$S 1.300.000, e incluye tanto los bienes que posean en Colombia como en el exterior. Esperan recaudar 863 millones de dólares. Sin embargo, consideró que el principal problema en la implementación, como regla general, es el “uso de offshore en paraísos fiscales como vehículo para esconder las fortunas y aminorar las cargas tributarias”.

El senador del país caribeño indicó que “se necesita un impuesto progresivo, a mayor capacidad de pago, mayor tarifa efectiva”. “Un impuesto directo que permita conseguir liquidez rápidamente”, acentuó.

Por Ecuador, uno de los países de la región donde la pandemia hizo más estragos sanitarios, el asambleísta por la bancada Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz trazó una serie de medidas a adoptar para fortalecer la capacidad fiscal en el marco de la crisis por la pandemia, comunes a lo largo del debate. “La condonación de la deuda con organismos multilaterales, impuesto a los patrimonios más millonarios, mayor carga sobre dinámicas especulativas, enfrentar fuga de divisas y combatir guaridas fiscales”.

Muñoz agregó que “la crisis que vivimos está acentuada por el proceso de creciente acumulación de la riqueza en pocas manos en América Latina”, en el marco de “una restauración conservadora desde 2014, con el regreso del neoliberalismo que no tiene ninguna propuesta programática novedosa más que desempolvar el Consenso de Washington de 1989”.

Por su parte Rocío Silva Santisteban, congresista de Perú, otro país donde la pandemia impactó fuertemente, pidió “coordinar políticas fiscales entre los países porque los paraísos fiscales permiten los altos niveles de desigualdad, que son vergonzosos”. Añadió que para afrontar esta situación extraordinaria sanitaria y económica en su país, su espacio presentó tres propuestas. Un proyecto de impuesto a las riquezas, un bono universal y un programa para financiar los comedores escolares. Sobre todo, ante la “profunda desigualdad” en el país andino, cuestionó.

Por último, el parlamentario andino Alan Fairlie explicó “el proyecto de marco normativo para promover la justicia fiscal en la Región Andina”. “Está orientado a fortalecer los sistemas tributarios, buscando mejorar la progresividad fiscal de estos, así como la eficiencia en el gasto tributario con el fin de promover el crecimiento sostenible tanto a nivel económico como social y ambiental que permita cerrar la brecha de desigualdad existente en la región”.

Concluyó que “no alcanza un impuesto a la riqueza” sin “combatir la evasión y la elusión fiscal”. “No somos destinatarios de inversiones, somos exportadores de capital”.

“Hay una caída de la recaudación en toda la línea del Estado”, reconoció el senador Kueider

Para el senador nacional entrerriano, la situación pone a la provincia “en una situación delicada”. Respecto de la deuda, relativizó un eventual fracaso en las negociaciones con los bonistas, porque “estamos en default hace rato”.

El senador nacional Edgardo Kueider (Frente de Todos – Entre Ríos) celebró que el Senado haya vuelto a funcionar en forma virtual, porque “era algo que estábamos reclamando nosotros mismos, porque estaba muy compleja la situación del coronavirus y a muchos senadores trasladarse a Buenos Aires se les hacía muy difícil con ese riesgo”.

“La tecnología funcionó, el sistema que implementó el Senado funcionó perfecto”, destacó el senador entrerriano al analizar la puesta en funcionamiento de las sesiones a distancia.

Entrevistado por Parlamentario TV, el senador Kueider reconoció que si la situación planteada por la pandemia se extiende, como todo indica que sucederá, el Senado “necesariamente va a tener que tratar otros temas no vinculados con el Covid-19”.

“A medida que vamos transitando la experiencia y la práctica en sí que dan las propias sesiones nos van a poner en condiciones de poder avanzar en mecanismos habituales usando esta metodología”, agregó el senador oficialista, que aventó los reparos que pueda despertar el sistema de votación: “Yo creo que ese no es un problema; el sistema funciona y con la práctica nos vamos a ir dando cuenta de que es más fácil de lo que parece”.

Kueider se mostró favorable al impuesto a las grandes fortunas que se analiza implementar desde el oficialismo. “En las especiales circunstancias que vive no solo la Argentina, sino todo el mundo a raíz del coronavirus, que nos ha puesto a todos los gobiernos, nacional y locales, en una condición muy compleja desde el punto de vista económico y financiero, afrontar la pandemia tiene un costo muy alto”, señaló.

Agregó que “sumado a eso que la actividad privada y la economía se ha paralizado casi en su totalidad en los últimos meses; hay una caída de la recaudación en toda la línea del Estado, y sin embargo el Estado sigue auxiliando a los distintos sectores. Independientemente de lo que ya de por sí conlleva el gasto vinculado a la cuestión sanitaria. Y la verdad que los recursos son escasos”.

En este marco, Kueider dijo estar de acuerdo con “este aporte de las grandes riquezas. No he visto el texto de la ley, pero hasta donde sé, es por única vez y afecta a personas que tienen un patrimonio enorme; se habla de 12.000 personas, es un sector de la sociedad a los que un aporte por única vez no los pone en riesgo, por lo tanto no veo por qué no avanzar en esa línea”.

Con relación a la renegociación de la deuda, aclaró que “al default no le tengo miedo”, por cuanto considera que “estamos en default hace rato. Desde el año pasado cuando usando un término nuevo, el default selectivo, no se pagaron algunos vencimientos, ahí entramos en default. Si bien era selectivo, no deja de ser default”.

“Y también estábamos en default desde el momento en que tomamos una deuda a la cual sabemos que no la podemos pagar -agregó-. Pero eso es mucho más grave cuando un gobernante toma una deuda tan grande sabiendo que no la puede pagar; habría que investigar desde el punto de vista legal cuáles son las responsabilidades, pero desde ese momento ya nos pusieron default. Eso es lo que hizo el Gobierno de Macri”.

Por otra parte admitió que como consecuencia de la cuarentena “la recaudación está por el piso, ha caído a niveles bajísimos”. No solo a nivel de los ingresos por impuestos provinciales: los recursos coparticipables también, señaló, para precisar luego que la magnitud de la caída, superior al 30%, “pone a la provincia en una situación delicada a la hora de afrontar no solamente las metas salariales, sino también lo que hace al sostenimiento del Estado”.

“El desafío tiene que ver con que a medida que se vaya movilizando un poco más la economía, cómo el Estado provincial genera una estrategia para ir acompañando a todos los sectores”, precisó el senador Kueider, que sugirió que “va a haber que trabajar mucho” para el día después de la pandemia. “El problema que tenemos, que no es menor, es que no tenemos una fecha (para la salida de la crisis). Sabemos cuándo esto empezó, pero no cuándo termina”.

Hagman: “La enorme deuda contraída por Macri se usó para fugar dólares”

Para el diputado oficialista, miembro de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, “los mismos que fugaron son los que piden frenar el impuesto a las grandes fortunas”.

El Banco Central de la República Argentina publicó este viernes un informe que indica que durante el macrismo se fugaron más de US$ 86.000 millones. A partir de ello, el diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman advirtió como lo más destacado de esos datos el nivel de concentración de estas operaciones en el 1% de las empresas y personas humanas que compraron dólares en ese período.

Secretario de Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa y economista, Itai Hagman señaló que “el informe prueba lo que ya muchos veníamos denunciando: la enorme deuda contraída por (Mauricio) Macri se usó mayoritariamente para financiar la compra de dólares y su consiguiente fuga. Eso profundizó críticamente la desigualdad en la Argentina”.

“Por eso es fundamental investigar más en profundidad este proceso en la Bicameral de Deuda Externa del Congreso”, afirmó el diputado nacional, que dijo no tener duda de que “los mismos que fugaron millones son los que hoy piden frenar el impuesto a las grandes fortunas. Hoy más que nunca es necesario avanzar en este gravamen en el Congreso”.

Por otro lado se refirió a la negociación de la deuda que se está dando actualmente: “Argentina está piloteando la pandemia con un país quebrado, cuyo presupuesto establece un 20% de gasto en intereses de deuda. Esa es la herencia del gobierno de Macri y por eso decimos que la deuda es insustentable e incompatible con las necesidades del país”, sostuvo.