Reflotan proyecto para compensar a las provincias lo que dejan de percibir por Ganancias

Se trata de una iniciativa presentada hace dos meses, que va en línea con lo que reclaman los gobernadores para coparticipar el impuesto al Cheque.

La alarma que encendieron varios gobernadores los últimos días respecto de las dificultades para afrontar el pago del aguinaldo, fue mitigada el miércoles cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, les garantizó a todos que contarán con la plata necesaria para hacer frente a salarios y aguinaldos de diciembre. Será a partir de la transferencia de fondos por parte de Nación a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024.

Será una solución para esta emergencia, pero el problema subsiste a partir de la afectación que provoca a las provincias la eliminación del impuesto a las Ganancias y por el cual el Estado dejará de recaudar un billón de pesos. Lo cierto es que el 55% de lo recaudado de ese impuesto es distribuido entre las provincias.

La cuarta categoría, que es la alcanzada por la norma aprobada por la ley sancionada en el Congreso, representó en septiembre pasado unos $200.000 millones.

El tema es que a partir del 10 de diciembre las transferencias de la Nación a las provincias quedarán “a criterio” del nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, que acaba de afirmar que los gobernadores debían recortar gastos para pagar sueldos porque “no hay plata”. Más allá de que, paralelamente, ratificó que tanto la baja del impuesto a las Ganancias, como la devolución del IVA fueron ratificadas por Milei.

La gobernadora rionegrina Arabela Carreras afirmó este jueves que “hay una voluntad política transversal” por parte de los mandatarios provinciales para impulsar en el Congreso una ley que convierta al impuesto de la ley del cheque en coparticipable.

La compensación para las provincias debería llegar a través de una modificación del impuesto al cheque, que coparticiparía a las provincias el 50% de lo recaudado por esa vía.

Precisamente en esa dirección, en septiembre pasado un grupo de diputados presentaron un proyecto que buscaba coparticipar a las provincias el 30% de lo recaudado por impuesto al cheque. La iniciativa fue suscripta por dos diputados que a partir del 10 de diciembre serán gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y sus pares Alejandro “Topo” Rodríguez, los cordobeses Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota, los misioneros Ignacio García Aresca y Carlos Fernández, y los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo.

“La propuesta fue reflotada por los gobernadores; lo único que cambia es que ellos plantean el 50% y nosotros el 30; solo haría falta cambiar los porcentajes”, recordó ante parlamentario.com Topo Rodríguez.

El proyecto cuenta con solo un artículo (otro de forma) que modifica el artículo 1° de la Ley 27.432, que sustituyó el artículo 3° de la Ley 25.413, por el siguiente: “El 70% de este impuesto se destinará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y el 30 por ciento restante a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En los fundamentos, el proyecto advierte que “las imperfecciones y asimetrías del federalismo argentino generan un impacto fiscal que perjudica a las provincias”. En ese sentido, agrega, “un caso particularmente significativo es la distribución de los fondos que se recaudan por el denominado ‘impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente’, conocido como ‘impuesto al cheque’, establecido mediante la Ley 25.413 en marzo de 2001”.

El proyecto recuerda que todo lo producido por el impuesto al cheque se asigna a la ANSeS. “Dada estas circunstancias, es necesario coparticipar los recursos provenientes del mencionado gravamen, otorgando una distribución de esos fondos en un 70% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y el 30% restante distribuirlos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Proponen eliminar el impuesto al cheque para consorcios de propietarios y bomberos voluntarios 

La iniciativa es encabezada por el senador radical Pablo Blanco, quien consideró que este tributo es “distorsivo” y “no debería existir”.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR-JxC) presentó un proyecto para modificar el artículo 2 de la Ley 25.413, introduciendo como exentos del gravamen a los créditos y débitos en cuentas bancarias -más conocido como impuesto al cheque- a los consorcios de propietarios y las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. 

La iniciativa fue acompañada por sus pares radicales Daniel Kroneberger, María Belén Tapia, Víctor Zimmermann y Stella Maris Olalla

“Hay que aliviarles la carga fiscal a los consorcios. Los aumentos constantes de las expensas son un agobio. No veo razón alguna para que un consorcio, que no es una sociedad con fines de lucro, tenga que pagar el impuesto a los débitos y créditos. Exactamente lo mismo pasa con los cuerpos de bomberos voluntarios”, sostuvo Blanco. 

El legislador fueguino recordó que “la Ley 25.413 sancionada en 2001 tenía la característica de ser un impuesto de emergencia y, como siempre sucede en nuestro país, cada vez que se crea un tributo bajo este sistema, sus sucesivas prórrogas lo convierten en un impuesto de carácter permanente”. 

“Es un impuesto que hace más de 20 años no debería existir. Es altamente distorsivo, castiga a quien tiene sus cuentas bancarias fiscalizadas y premia a quien está en la informalidad realizando pagos en efectivo”, afirmó el senador de JxC. 

Finalmente, añadió que este tributo “genera un gasto más al bolsillo de la gente y erosiona los insuficientes fondos con los que funcionan instituciones tan necesarias como los bomberos voluntarios de nuestro país”. 

Incluyen a las operaciones con criptomonedas en el Impuesto al Cheque

Se publicó en el Boletín Oficial el decreto que modifica la Ley de Competitividad, introduciendo un texto en el que se establece que el Estado debe “resguardar el trato fiscal igualitario”.

criptomonedas

El decreto 796/2021 publicado este miércoles en el Boletín Oficial da vigencia a la Ley de Competitividad que data desde marzo de 2021 y sus modificaciones, y que reglamenta el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras operatorias. Esto es, el gravamen comúnmente conocido como el impuesto al cheque.

Según lo establecido, entre otras consideraciones el Gobierno incluye en este gravamen a las operaciones con criptomonedas.

Ello figura en el artículo 7° de la norma, que incorpora como anteúltimo párrafo del artículo 10 del Anexo del Decreto N° 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificaciones el siguiente texto: “Las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.

Turismo: piden saber por qué no se implementó la reducción del impuesto al cheque

Es una de las medidas que establecen la ley de reactivación del sector turístico aprobada hace más de dos meses, recordó a través de un pedido de informes el diputado Gustavo Menna.

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) presentó un pedido de informes al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación para que explique las razones por las cuales, “a más de dos meses de su entrada en vigencia, no se ha implementado la reducción de las alícuotas del impuesto a los débitos y créditos bancarios prevista en la Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística”.

La normativa, aprobada por el Congreso el 1° de septiembre de este año, fue promulgada por el Ejecutivo Nacional el 21 de septiembre a través del decreto 795/2020.

En su texto original, tal como fue aprobado por los legisladores nacionales, implementaba una reducción de las alícuotas del impuesto a los débitos y créditos bancarios -llamado comúnmente “impuesto al cheque”- hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los prestadores turísticos beneficiarios.

Sin embargo, Menna observó que la reducción no solo no se implementó, sino que ese mandato legal fue incumplido en la promulgación. Por eso, pidió conocer el mecanismo por el que “se rembolsará o compensará a los prestadores turísticos beneficiarios de la ley el impuesto a los créditos y débitos bancarios cobrado en más como consecuencia del incumplimiento del PEN en reducir las alícuotas de dicho tributo”. Además, solicitó la precisión sobre la fecha prevista “para expedir el decreto que concrete y defina la reducción de las alícuotas”, ordenada por el artículo 12 de la ley.

“El sector turístico es el que ha sentido con mayor dureza las consecuencias de la pandemia y de las medidas gubernamentales adoptadas en relación al Covid-19. Ya venía castigado como consecuencia del llamado impuesto PAIS”, aclaró el legislador.

Menna destacó que “pese a tratarse de un sector desplegado en todo el territorio nacional, ser uno de los principales complejos exportadores del país y emplear a casi un millón de personas, el Gobierno ha negado sistemática y empecinadamente dar tratamiento a los proyectos de ley de Emergencia por los cuales se contemplaban exenciones y diferimientos impositivos, además de asistencias estatales para miles de prestadores que están sosteniendo con esfuerzo otros miles de puestos de trabajo, en muchos casos sin llevar adelante ninguna operación”.

Uno de esos proyectos de emergencia que fueron bloqueados por el oficialismo había sido presentado por Menna junto con el diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Sin embargo, “el oficialismo solo estuvo dispuesto a dar aprobación a una herramienta legal como la ley 27.563 que, más allá de la pretensiosa y pomposa denominación de ‘Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística’, en realidad ha demostrado carecer de eficacia para impedir el sostenido cierre de establecimientos turísticos”, señaló el diputado.

En la normativa, agregó, “dentro de sus magros y acotados beneficios, el artículo 12 le ordenó al Poder Ejecutivo reducir a los sujetos comprendidos como beneficiarios de la norma las alícuotas del impuesto a los créditos y débitos bancarios”.

Acompañan esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Álvaro de Lamadrid, Federico Zamarbide, Juan Martín, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Carlos Fernández, José Luis Riccardo, Karina Banfi, Gabriela Lena, Sebastián Salvador, Estela Regidor, Mario Arce, Claudia Najul, Aída Ayala y Gonzalo del Cerro.

Piden suspender 180 días el impuesto al Cheque

La medida impulsada por el senador fueguino Pablo Blanco alcanzaría a PyMEs y responsables inscriptos.

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de ley solicitando al Gobierno que suspenda por 180 días la retención determinada en la ley 25.413 sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias.

“Ante la actual situación de crisis y la incertidumbre generada sobre cuando se reactivará la economía, la suspensión temporal de este impuesto, es una medida que aliviará la delicada y frágil situación financiera en la que se encuentran las pymes, productores y trabajadores independientes”, expresó el senador nacional.

Para Blanco, “resulta fundamental que el Estado pueda proteger a quienes han invertido en nuestro país y garantizarles, medidas concretas para darle un respiro a este sector tan golpeado por la emergencia sanitaria”.

Acompañaron la propuesta los senadores Pamela Verasay, Mario Fiad, Víctor Zimmermann, Humberto Schiavoni, Alfredo De Angeli, Juan Carlos Marino, Laura Rodríguez Machado, María Belén Tapia y Silvia Elías de Pérez.