Los cuatro senadores del bloque Convicción Federal, dentro del interbloque Unión por la Patria, firmaron este miércoles el proyecto de ley que piden los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para disponer el reparto federal del impuesto a los combustibles y los ATN.

Se trata de Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Salino (San Luis), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca), quienes acompañaron así -junto a otros bloques- la iniciativa que recoge el reclamo presupuestario y busca garantizar los recursos que retiene el Gobierno nacional.

"La decisión política de los gobernadores va en línea con nuestra prioridad como representantes de las provincias en el Senado de la Nación, que es lograr el mayor ejercicio de federalismo que permita que los fondos que son de todos los argentinos vayan directo a la salud, la educación y las rutas de los argentinos", destacaron.

En ese sentido, subrayaron: "No podemos seguir permitiendo que en nombre de un ajuste que sostiene un déficit ficticio, las provincias sigan sin recibir recursos para contingencias, políticas públicas y obras que quedaron paralizadas y siguen pendientes".

Senadores de Unión por la Patria, encabezados por Sergio Leavy, presentaron un proyecto de ley para que las provincias puedan financiar el mantenimiento de rutas con parte de la recaudación del Impuesto a los Combustibles, "ante la decisión del Gobierno nacional de abandonar la obra pública y el mantenimiento de las rutas nacionales".

Además de Leavy, la iniciativa lleva las firmas de sus pares Mariano Recalde, Eduardo "Wado" de Pedro, María Eugenia Duré, María Inés Pilatti Vergara, Florencia López, Silvia Sapag, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Rejal, Alicia Kirchner, Teresa González, Silvina García Larraburu, Carlos Linares y Antonio Rodas.

El proyecto plantea un nuevo esquema de distribución del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, modificando el artículo 19 de la Ley 23.966, para asignar mayores recursos a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación. La plata está, pero no aparece. Durante 2024, el monto total a transferir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, proveniente del Impuesto a los Combustibles, debería haber ascendido a $618.964 millones, de los cuales correspondería transferir a Vialidad Nacional $309.482 millones, pero solo se transfirió poco más de un tercio de los recursos establecidos por la normativa, $107.013 millones. ¿A dónde está yendo a parar todo ese dinero, si no es a las rutas?”, subrayó Leavy.

En los argumentos, el salteño afirmó que “la propuesta se sustenta en el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 2, que señala: 'No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere'". “En función de eso, consideramos que corresponde reasignar los recursos del Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono a fin de que las provincias y municipios puedan afrontar las obligaciones que por inacción le han sido transferidas”, sostuvo.

Además, el legislador explicó que “se plantea el traspaso a las provincias del 13,54% del Impuesto a los Combustibles que corresponderían a Vialidad Nacional y un 4,31% que debía usarse para infraestructura hídrica. Esto representa alrededor de $230.000 millones adicionales para las provincias, considerando solo el primer cuatrimestre de este año”.

Cabe aclarar que, en el proyecto se indica que el Sistema Federal Vial, integrado por las rutas y caminos nacionales, provinciales y municipales, se financia con el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, sustentado, entre otros ingresos, con el 28,58% del Impuesto a los Combustibles.

El diputado nacional Roberto Mirabella (UP) solicitó al Poder Ejecutivo Nacional un informe sobre el estado de situación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, frente a la suba del combustible que se decretó para este sábado.

El Gobierno nacional estableció un aumento del precio entre 1% y 1,5% de la nafta y el gasoil por modificaciones en los tributos. Inclusive, el incremento podría ser superior por la devaluación mensual del 2% del dólar.

“Es fundamental tener conocimiento sobre lo recaudado del impuesto y así poder conocer el destino de esos fondos recaudados, para analizar y mostrar qué porcentaje del mismo ha sido coparticipado a la provincia de Santa Fe, o destinado a obras o programas”, señaló.

El legislador detalló que en lo que va de 2024 se recaudaron $336.900 millones por este impuesto y "sólo $4.700 millones volvieron para Santa Fe, pero la provincia aportó 29.700 millones". "Una parte de lo recaudado (5%) va para subsidiar al transporte público. Pero el 98% de esos subsidios hoy van para el AMBA y el 2% para el resto de las provincias argentinas”, cuestionó el santafesino e ironizó: “El Gobierno nacional sigue a rajatabla la consigna 'muy Federales para cobrar impuestos y muy unitarios para repartirlos'”.

En el pedido de informes se solicitan explicaciones sobre el plan de acción para contribuir con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que la aplicación del gravamen al dióxido de carbono no persiga únicamente fines fiscalistas.

También, que se informe sobre la contribución del mismo a la lucha contra el cambio climático, y al cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por la Argentina en esta área NDC Acuerdo de París, a los fines de contabilizar los efectos del impuesto sobre las emisiones.

"Informe cuál es la planificación del Poder Ejecutivo sobre el uso del Impuesto al Carbono para el presente período de gobierno", requiere finalmente.

Mirabella recordó que "en nuestro país, a partir de la Ley N°27.430 se modificó la Ley N°23.966 y se incorporó el impuesto al dióxido de carbono como parte de un paquete de medidas para facilitar el ingreso a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE). A partir de ello, se simplificó la carga impositiva sobre los combustibles, quedando gravados por únicamente dos impuestos: uno que recae sobre los combustibles líquidos y otro sobre el dióxido de carbono equivalente contenido en el mismo". “Asimismo, se establece que lo producido por el impuesto al dióxido de carbono se distribuye de conformidad al régimen establecido en la Ley de Coparticipación Federal”, agregó.

El legislador explicó que “el impuesto al carbono en el mundo es una herramienta de política pública que busca desincentivar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), mediante la aplicación de un costo a la tonelada emitida de CO2e (dióxido de carbono equivalente). Su recaudación permite adicionalmente generar actividades de mitigación o adaptación al cambio climático. En Argentina, su correcta utilización podría por ejemplo generar actividades económicas bajas en carbono para lograr mayor trazabilidad y competitividad en mercados internacionales, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a las economías regionales".

“Podríamos usar todo lo recaudado por impuesto al carbono y bajar el precio en toda la Argentina del transporte público. Sin embargo, eliminaron los subsidios al interior, se los dejaron a Buenos Aires y con el resto de nuestra plata cumplen cuestiones fiscalistas”, fustigó.

Por último, el diputado de Unión por la Patria expresó que "una de las banderas de la lucha contra el cambio climático en el mundo es fomentar el transporte público, dado que emite poco carbono y gases de combustión por pasajero en comparación con moverse en auto o motos. Pero claro, algunos dicen que el cambio climático no existe".