La diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) recibió a empresarios del comercio en el Palacio Legislativo para ampliar detalles sobre el DNU 149/2025, el cual convierte en voluntarios los aportes y contribuciones en beneficio de cámaras y agrupaciones de empleadores. La legisladora impulsó una denuncia contra el INACAP (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio).

“Su función era pedirles a los empresarios que colaboraran para capacitar, y desde ese punto de vista suena muy romántico, ¡Cómo no querer capacitar a la gente para que cada vez sea más eficiente!, pero nos hemos encontrado y me han enviado a mi casilla de mail muchas denuncias, entonces ahí empiezan las preguntas”, relató Pagano.

Acompañaron a la diputada en el Salón Blanco del Congreso de la Nación, a representantes de hipermercados y supermercados mayoristas. También participaron representantes de los kioscos y de diversos sectores comerciales, como los de herramientas y maquinarias y decenas de organizaciones del interior siguieron la transmisión manera virtual. La mayoría de los presentes coincidió en que “fueron obligados a aportar desde el 2008”.

El comerciante bonaerense, Mauro González aportó: “Para nosotros es muy importante este pedido de informes sobre una caja negra, hay que decirlo con todas las letras el INACAP es una caja negra” y pidió la intervención de CAME.

Agregó, además,  que “me causa gracia cuando públicamente el presidente de CAME dice que jamás se ha intimado a una empresa que no paga los aportes del INACAP, bueno yo tengo un montón de mails que me han intimado, un aporte voluntario que se intime es medio raro y que genere intereses punitorios también”.

“Muchos dicen no, pero esto es una herramienta para las cámaras del interior porque esto es fortalecimiento institucional, se llenan la boca con palabras que la verdad son lindas, cuando hablamos de federalismo y pymes, pero, cuando en una radio al presidente de la Federación Económica de San Juan le preguntan cuánto recibe usted, responde que un millón de pesos mensuales por parte de CAME para distribuir entre 9 cámaras”, aseveró.

“Paralelamente, la periodista le pregunta cuánto recauda la provincia de acuerdo a los empleados de comercio y responde $70 millones, la pregunta entonces es a dónde van los $69 millones restantes”, expuso González.

En una jornada clave en el Congreso de la Nación, representantes de los principales sectores del comercio de todo el país, manifestaron su firme respaldo al Decreto 149/2025, que convierte en voluntarios los aportes y contribuciones en beneficio de cámaras y agrupaciones de empleadores, presentaron denuncias en respuesta el pedido de investigación impulsado por la diputada Marcela Pagano.

Para empezar el encuentro, celebrado en el Salón Blanco del Palacio legislativo, la diputada pidió que levanten la mano los que hayan recibido capacitación en contraprestación del aporte al INACAP, pero nadie la levantó.

“El INACAP, en teoría, su función era pedirles a los empresarios que colaboraran para capacitar, y desde ese punto de vista suena muy romántico, ¡Cómo no querer capacitar a la gente para que cada vez sea más eficiente!, pero nos hemos encontrado y me han enviado a mi casilla de mail muchas denuncias, entonces ahí empiezan las preguntas”, apuntó Pagano.

La reunión concentró a toda la cadena comercial de productos masivos de primera necesidad, como hipermercados y supermercados mayoristas (que abastecen a la cadena pyme con más de 100 mil almacenes, perfumerías y 20 mil autoservicios en todo el país). También participan representantes de los kioscos y de diversos sectores comerciales, como los de herramientas y maquinarias. Además, decenas de organizaciones del interior siguieron la transmisión manera virtual. Todos han estado obligados a realizar un aporte que, aunque que era obligatorio desde el año 2008.

El comerciante bonaerense Mauro González fue determinante: “Para nosotros es muy importante este pedido de informes sobre una caja negra, hay que decirlo con todas las letras el INACAP es una caja negra” y pidió la intervención de CAME. “Me causa gracia cuando públicamente el presidente de CAME dice que jamás se ha intimado a una empresa que no paga los aportes del INACAP, bueno yo tengo un montón de mails que me han intimado, un aporte voluntario que se intime es medio raro y que genere intereses punitorios también”.

“Muchos dicen no, pero esto es una herramienta para las cámaras del interior porque esto es fortalecimiento institucional, se llenan la boca con palabras que la verdad son lindas, cuando hablamos de federalismo y pymes. Pero, cuando en una radio al presidente de la Federación Económica de San Juan le preguntan cuánto recibe Ud, responde que un millón de pesos mensuales por parte de CAME para distribuir entre 9 cámaras. Paralelamente, la periodista le pregunta cuánto recauda la provincia de acuerdo a los empleados de comercio y responde $70 millones, la pregunta entonces es a dónde van los $69 millones restantes”, expuso González.

En tanto, Daniel Reffatti, titular del Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos) le entregó a la diputada una grave denuncia presentada ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, EX-2024-106669857-APN-SSGA#MCH, también pidiendo la intervención de CAME y denunció persecuciones.

En el mismo sentido, el vicepresidente de CADAM, Armando Farina denunció intimidaciones: “A pesar de las amenazas que he recibido quiero que sepan que no me van a doblar”.

Por su parte, Adrián Palacios de la Unión Kiosqueros de la República Argentina, presentó documentación con reclamos por fondos que nunca les enviaron, como así tampoco el pedido de copia de balances, como cámara socia de CAME. “Hace 2 mandatos que fui presidente de la institución y veníamos reclamando los fondos del Inacap para las capacitaciones… y esos reclamos siempre fueron oídos sordos ante CAME”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que impulsó la medida ante el ejecutivo, enfatizó el coraje del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por volver este aporte optativo y avanzar en políticas que incentiven las inversiones y generen más puestos de trabajo. También agradecieron a la diputada nacional Marcela Pagano por promover la medida y el reclamo ante el Congreso de la Nación.

De igual modo se expresó el gerente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Por otra parte, Pedro Cascales, de la Cámara de Materiales y Herramientas Tecnológicas (CARMAHE), propuso la necesidad de impulsar una Ley de Democratización de Entidades Gremiales, con “voto secreto, terminar con listas amañadas, con elección cargo por cargo y sin sellos de goma”, entendiendo que las cámaras pueden recibir millones de fondos por año, y eso condiciona el voto a viva voz o se involucran presiones a sus votantes

Denuncias sobre el manejo del INCAP

Uno de los sectores más afectados por estos aportes es el Comercio, ya que los empresarios debían destinar un porcentaje del salario de cada trabajador al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), la paritaria más grande del país.

Sin embargo, desde el sector empresario denunciaron la falta de transparencia en la administración de estos fondos. Según señalaron, no existe una rendición de cuentas pública sobre el destino de las millonarias sumas recaudadas, lo que ha generado sospechas sobre su manejo.

Mariano Ficarra, directivo de la Federación Económica de Mendoza, cuestionó: ¿Cuántos conocen que han viajado con los fondos de estas instituciones que le han sacado a los comerciantes? Y sentenció: “Llegó el momento de que algunos rindan cuentas”.

Ante este panorama, la diputada libertaria ha impulsado desde el Congreso de la Nación un pedido de investigación para esclarecer el destino de los fondos del INACAP y el entramado de las entidades beneficiarias.

A raíz del revuelo desatado en el mundo empresario por el Decreto 149/2025, que vuelve voluntario el aporte por capacitación en el convenio de Comercio, la diputada nacional Marcela Pagano (LLA) presentó un pedido de investigación en el Congreso de la Nación para que se emita un informe acerca del destino de los fondos provenientes del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) para brindar transparencia sobre el manejo de este aporte.

“No hay rendición de cuentas públicas de los millonarios fondos, que tiene de rehenes a todos los comerciantes y alimenta a la casta gremial empresaria”, apuntó Pagano.

Homologado por la Secretaría De Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130-1975, la contribución obligatoria al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por parte del empleador, se efectúa desde el año 2008 por cada empleado de comercio, que alcanzan a 1.2 millones de trabajadores (la paritaria más grande del país).  El aporte involucra el 0.50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial, por lo que se incrementa con cada paritaria y por la cual se recaudarían millonarios fondos mensuales.

“Es decir, las mismas entidades gremiales patronales se autobenefician con cada aumento paritario, porque eso involucra mayor recaudación para ellas mismas”, indicó la diputada.

Entre los argumentos señaló: “Si se tiene en cuenta que en marzo de 2025 la cuota de INACAP es de $4.725,02 por cada trabajador, se calcula una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año, aproximadamente, pero no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace con dichos fondos”.

Según declaraciones públicas del presidente de la Federación Económica de San Juan, Daniel Milla, en esa provincia se estima que hay, aproximadamente, 15 mil empleados registrados en el marco de ese convenio, es decir que los empleadores aportan al INACAP unos $70 millones al mes, aproximadamente. Pero, según indicó, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le transfieren sólo un millón de pesos por mes a la federación, para distribuir entre 9 cámaras socias. Es decir, le transfieren $12 millones anuales y que, además, colaboran con disertantes y con la organización de un foro de capacitación con capacidad de hasta 300 personas, que se llevará a cabo en una jornada.

“Tomando ese parámetro, si a una provincia le redistribuyen $12 millones al año, pero el INACAP recauda miles de millones, resulta indispensable investigar en qué se destina el resto de los fondos”, explicó la diputada y destacó que ya existe un pedido de investigación EX-2024-106669857-APN-SSGA#MCH, por parte del Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos) ante la Secretaría De Trabajo, Empleo Y Seguridad Social de la nación.

Según detalla dicha cámara, existiría una “ingeniería” para desviar fondos del INACAP a cámaras de dudosa representación (cuyos integrantes no son empresarios activos o no desempeñan la actividad del rubro que dicen representar o no tienen un alcance significativo por la cantidad de socios, pero integrarían consejos directivos de las entidades gremiales administradoras del INACAP con capacidad de voto o fiscalización de los fondos).

“Resulta preocupante que, a pesar de que CAME forma parte de la paritaria, participa de reformas laborales y hasta de encuentros con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se hayan conocidos fallos por trabajo en negro, entre otros”, señaló.

A partir del Decreto 149/2025 publicado en el Boletín Oficial con fecha del 28/02/2025, los aportes al INACAP pasarán a ser voluntarios, y a raíz de la repercusión en el mundo empresario, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), expresó su preocupación en un comunicado de prensa, manifestando que “los recursos del INACAP no solo permiten una amplia y profesional actividad capacitadora, sino que también resultan fundamentales para cientos de cámaras empresarias de toda la Argentina, que de otro modo probablemente no podrían subsistir”, lo que deja al descubierto el desinterés del sector empresario, obligado a aportar fondos, de pertenecer a las cámaras que dicen representarlos.

“Según se desprende de la nómina de organizaciones, existen asociaciones hasta de calles o avenidas y si se corrobora que recibían fondos del INACAP, se evidencia el mantenimiento de una suerte de casta gremial empresaria que tiene de rehenes a todos los comerciantes del país obligados a aportar fondos”, concluyó Pagano.