Cornejo y Pichetto denunciarán al titular del INAI

Será por traición a la patria, abuso de poder, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras el anuncio de que entregarán tierras mendocinas a mapuches.

El titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, Alfredo Cornejo, el auditor General de la Nación y ex senador nacional, Miguel Ángel Pichetto, y la exdiputada provincial de Mendoza Hebe Casado, se presentarán ante la justicia para denunciar al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, por traición a la patria, abuso de poder, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por ser el responsable de las resoluciones 36/2023, 42/2023 y 47/2023 emitidas por el organismo a su cargo, y por las cuales se otorgan derechos sobre tierras pertenecientes al territorio nacional ubicadas en la provincia de Mendoza, a favor de supuestas comunidades mapuches.

De esta manera, Cornejo y Pichetto, elevarán esta denuncia entendiendo que Marmoni incurrió al delito de “traición a la patria”, dado que convalidó  un proceso de entrega de territorio nacional, en menoscabo de la soberanía e integridad territorial de la República Argentina.

“Un funcionario público tiene el deber y la responsabilidad de proteger al Estado, pero el titular del INAI utilizó los medios y los mecanismos del propio Estado para garantizar las aspiraciones de un grupo que exige separarse del Estado al que esencialmente sirve”, expresaron los denunciantes.

Los referentes de Juntos por el Cambio también incluyeron en su denuncia la figura de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos contra Marmoni, ya que el INAI está facultado para efectuar un relevamiento técnico-jurídico-catastral de  la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas originarias, pero nada establece respecto a que sea quién efectúe el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria. Por ello, el funcionario se habría extralimitado en sus funciones, emitiendo un acto que no se encuentra legitimado a realizar, sostienen.

Asimismo, consideran “contraria a la ley” la actuación de Marmoni, ya que no se enmarca dentro de las facultades legales correspondientes. El dictado de las resoluciones emitidas por INAI, por medio de las cuales en el artículo 2 de todas ellas se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de distintas comunidades mapuche, fue efectuado por fuera del marco de la competencia funcional de dicho organismo, en clara extralimitación de las atribuciones acordadas.

En tanto, a los actos administrativos emitidos por el INAI, les endilgan la figura de incumplimiento de los deberes funcionario público, por cuanto “no solo constituyeron actos ilegítimos y fuera de las atribuciones legales reconocidas, sino que los expedientes que culminaron en el dictado de las resoluciones no se realizaron conforme a los procedimientos y principios constitucionales, violentando el art. 18 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho de defensa y a ser oído”.

“No es propio de un acto legítimo, democrático y federal el acto del Estado Nacional dictado en forma unilateral e inconsulta, sin intervención de la provincia a que afecta”, advirtió Cornejo y añadió que “dos de las supuestas comunidades mapuches beneficias con el “relevamiento y reconocimiento” no cuentan, si quiera, con personería jurídica”.

“Otro ejemplo de ligereza del accionar técnico del INAI y la omisión de los deberes a su cargo, está dado por el dictado la Resolución Nro. 42/2023. Resulta ser que no sólo la Comunidad reclamante,  Lof Suyai Levfv, carece de personería jurídica, sino que ignora lo ya dispuesto por la Justicia provincial de Mendoza”, concluyó Pichetto.

Piden citar al titular del INAI por la entrega de tierras en Mendoza

La radical Carla Carrizo aseguró que la gestión de Alejandro Marmoni “es una vergüenza” y se necesita que “informe urgente en el Congreso”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), junto a un veintena de sus pares de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto a través del cual se pide que se cite al Congreso al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, para que “explique por qué se violó la Ley 26.160 al adjudicarse en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de la provincia de Mendoza, 25 mil hectáreas a comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el Gobierno provincial”.

“Es una vergüenza la gestión del Instituto de Asuntos Indígenas en Argentina. Necesitamos que su presidente informe urgente en el Congreso”, reclamó la porteña, quien advirtió que “Mendoza no es una excepción. Es más bien la regla. No es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño. Son años de incumplimientos reiterados de este organismo dependiente del Ministerio de Justicia”.

En ese sentido, la legisladora recordó que “la ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van 8 informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas en el Congreso. Nunca lo hizo en todos estos años”.

“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26.160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, resaltó.

Precisamente, en las últimas semanas el INAI publicó diversas resoluciones (36/2023; 42/2023 y 47/2023) sobre relevamientos territoriales en la provincia de Mendoza que reconocieron la posesión de alrededor de 25 mil hectáreas a diversas comunidades pertenecientes al pueblo mapuche, próximas a los departamentos de San Rafael y Malargüe, que motivaron objeciones del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, quien iniciará acciones judiciales.

En 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años. Pasaron 17. Fue prorrogada sucesivamente sin rendición de cuentas en el Congreso. La última fue por un Decreto de Necesidad y Urgencia en noviembre del año pasado, mediante el cual se extendió la vigencia de la ley hasta el 23 de noviembre de 2025, se asignó un presupuesto extra de 290 millones por cada año para realizar los relevamientos y se estipuló que se deben hacer con la intervención del Estado provincial, algo que no ocurrió en el caso reciente de Mendoza.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó la diputada.

El proyecto fue acompañado por Martín Tetaz, Pablo Torello, Emiliano Yacobitti, Soledad Carrizo, Danya Tavela, Paula Omodeo, Marcela Antola, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Jimena Latorre, Pamela Verasay, Carolina Castets, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Fernando Carbajal, Victoria Tejeda, Marcela Campagnoli, Gustavo Bouhid, Germana Figueroa Casas y Rubén Manzi.

El Gobierno volvió a ceder tierras a comunidades originarias y despertó el rechazo de mendocinos radicales

A partir de una nueva resolución del INAI, el senador Alfredo Cornejo advirtió por la riqueza en recursos de esas zonas, mientras que la diputada Jimena Latorre le preguntó a los oficialistas si van a dejar que pase lo mismo que con Portezuelo.

Una nueva cesión de tierras en favor de comunidades originarias en Mendoza por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas despertó la reacción de legisladores radicales, quienes días atrás habían reclamado por una situación similar a través de pedidos de informes al Gobierno nacional.

A raíz de la resolución 47/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, por la cual se reconocen terrenos en favor de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en Malargüe, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, sostuvo: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.

El exgobernador detalló que se trata de “un polígono en el ingreso a Las Leñas y otro frente a La Laguna de La Niña Encantada, que juntos suman 4.477 hectáreas”. “Además de la excelente ubicación que tienen, ya que ambos terrenos se ubican en plena zona turística de Malargüe, en los dos lugares hay actividad petrolera activa. Es decir que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, está decidiendo sobre recursos de Mendoza”, alertó.

Por su parte, la diputada Jimena Latorre dejó un mensaje en Twitter en el que arrobó a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y sus pares en la Cámara baja Marisa Uceda y Adolfo Bermejo, del Frente de Todos.

“Y dale que va! Los dirigentes K, del PJ, FdT o como se auto perciban a esta altura… no piensan intervenir? Es SU gobierno el que sigue perjudicando a los Mendocinos. Va a pasar como con Portezuelo?”, enfatizó la radical.

Por su parte, el gobernador Rodolfo Suárez, expresó: “Amanecimos con una nueva Resolución del INAI. Más terrenos de propiedad privada fueron cedidos a ‘mapuches’, uno en el ingreso a la Ruta 222 que nos lleva a Las Leñas, y otro frente a la Laguna de la Niña Encantada. Son 4.477 hectáreas, donde también existe actividad petrolera”.

“El Gobierno nacional está entregando, además de tierras, activos económicos de Mendoza. Los mendocinos exigimos explicaciones a los responsables de esta falta de institucionalidad. Sin dudas iremos hasta las últimas instancias para detener este atropello”, anticipó el mandatario que al comienzo de semana pidió la inconstitucionalidad de la resolución 42/2023.

Diputados mendocinos piden informes por la entrega de tierras a grupos mapuches

Encabezados por la radical Pamela Verasay, los legisladores solicitaron explicaciones al INAI. Consideran que es “un nuevo ataque kirchnerista a Mendoza, ahora disfrazados de pueblos originarios ajenos”.

Tras la controversia por el reconocimiento, por parte del Gobierno nacional, de la ocupación de tierras por comunidades mapuches en el sur de Mendoza, la diputada Pamela Verasay (UCR), junto a sus comprovicianos Jimena Latorre, Lisando Nieri y Julio Cobos, presentaron este martes un pedido de informes. En el mismo, solicitan al Poder Ejecutivo que, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el marco del “Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”, brinde detalles sobre el tema y fundamentación de la medida.

“En Argentina, la Constitución Nacional y las leyes reconocen a los pueblos originarios. Pero de ahí a manipular la ley para fines populistas como lo está haciendo el presidente Alberto Fernández, hay un gran diferencia. Por eso hoy estoy presentando este pedido de informes en el Congreso solicitando explicaciones”, aseveró Verasay.

La radical explicó: “Aquí hay dos cuestiones centrales, por un lado queremos saber por qué el Gobierno reconoce de manera exprés que esos territorios son de los pueblos originarios, siendo que aún no se ha determinado si son comunidades y ni siquiera tienen personería jurídica. Y, por otra parte, por qué se resolvió que los territorios son ancestrales, ignorando lo que dice la justicia mendocina”.

Entre las consultas que la legisladora enumera, se destaca la inscripción de la comunidad Lof El Sosneado y la comunidad Lof Suyai Levfv en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En este punto se solicita el estado actual del expediente, detalles y motivos por los cuales aún no se habría procedido a la registración.

En los fundamentos de la iniciativa se apuntó que han transcurrido más de 9 años de iniciado el proceso de registración de la Comunidad Lof El Sosneado y el INAI aún no logró reunir los elementos de juicio suficientes que le permitan concluir con su inscripción. “Por tal razón se requiere que se especifique los elementos concretos de probanza tenidos en cuenta y que permitieron acreditar la ocupación del territorio en forma tradicional, actual y pública por la comunidad. También los elementos probatorios considerados concretamente para localizar geográficamente en los polígonos territoriales reconocidos en propiedad comunitaria mediante Resolución INAI 36/2023”, apunta el pedido de informes.

Asimismo, se indica fundamentar cuáles son las causas por las que el INAI emitió la Resolución 36/2023, a pesar de no contar aún con los correspondientes informes catastrales.

Por su parte, Jimena Latorre opinó que “las resoluciones del INAI son una muestra cabal de los negociados del kirchnerismo y su desprecio por el orden legal y, en particular, por los intereses de los mendocinos. Procedimientos irregulares, que ellos mismos años atrás paralizaron; estudios e informes sin rigor científico sino meramente ideologizados, y una vez más vemos el avasallamiento a las autoridades locales”.

“El Gobierno que se escandaliza pidiendo independencia de poderes mientras pretende un juicio a la Corte Suprema de Justicia, pero cuando se trata de Mendoza cuestiona y desconoce, desde una oficina del Poder Ejecutivo, los fallos de la justicia mendocina”, continuó Verasay, quien consideró que “estas resoluciones viciadas, resultado de un procedimiento amañado no pueden tener ningún efecto; más el político que busca el kirchnerismo, desestabilizar y deslegitimar la ley y las instituciones”.

Legisladores nacionales y provinciales del Frente Cambia Mendoza se reunieron para analizar el tema. Al finalizar la reunión, Verasay destacó: “Expresamos gran preocupación por la falta de personería jurídica y la ausencia de intervención a la provincia de Mendoza. Hay una decisión de un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que va en contra del Poder Ejecutivo provincial”.

“Queremos dejar en claro que no estamos en contra de la restitución dominial de las tierras de los pueblos originarios. Nuestra provincia no está en contra del reconocimiento de derechos, por lo contrario, somos pioneros en legislación en esta materia”, finalizó la diputada de la UCR.

La advertencia del senador y exgobernador de Mendoza sobre la importancia de esas tierras

Piden explicaciones al INAI por el ataque en Mascardi

Tras un nuevo y muy grave incidente en el sur del país, Juntos por el Cambio denunció la “mala gestión” del organismo encargado de Asuntos Indígenas.

La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo, junto a más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio, piden citar a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que brinde información acerca del nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes presuntamente a una agrupación mapuche y explique qué medidas están adoptando desde el Gobierno Nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.

El 23 de noviembre, el Gobierno decidió extender por cuarta vez la vigencia de la ley 26.160 de 2006 mediante el DNU 805/2021 mientras el Congreso se encontraba debatiendo su prórroga.

“El año pasado se frenó el debate en Diputados porque el gobierno prorrogó por DNU la ley hasta 2025. Sigue habiendo una media sanción del Senado sin tratamiento. No hubo informes, la expresidenta del INAI nunca asistió al Congreso así como tampoco las nuevas autoridades y los conflictos se multiplican”, sostuvo la diputada.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate, y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Anoche un nuevo ataque a Gendarmería en Villa Mascardi, y ¿debemos renovarle el presupuesto? No sin que luego de 16 años se informe al Congreso”, publicó Carrizo a través de sus redes sociales.

En efecto, el DNU mencionado le asignó un presupuesto extra de 290 millones por año destinados específicamente al relevamiento de las comunidades, mientras que el presupuesto 2023 que comenzará a discutirse en el Congreso prevé un aumento de más de $500 millones al INAI ($1324 millones) con respecto al presupuesto vigente para 2022.

“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas? Hace poco más de un mes renunció la titular del INAI y aún no se oficializó la designación de su reemplazante, Analía Noriega. Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26.160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyó la Diputada.

El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Danya Tavela, Martín Tetaz, Lidia Ascárate, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Marcela Coli, Carlos Zapata, Marcela Campagnoli, Gabriela Brouwer de Koning, Roberto Sanchez, Paula Omodeo, Gabriela Lena, Pablo Torello, Alberto Asseff, Carolina Castets, Rodrigo De Loredo, Dolores Martínez, Pablo Cervi, Waldo Wolff, Sabrina Ajmechet y Gerardo Cipolini.

Piden informes por la sentencia que transfiere tierras nacionales a comunidades mapuches 

El senador Pablo Blanco exigió un sumario judicial por el accionar del Ministerio de Defensa, y denunció que la sentencia “afecta severamente altos intereses nacional”.

El senador nacional fueguino Pablo Blanco presentó un pedido de informes para solicitar al Gobierno nacional que informe diversas cuestiones relacionadas a la sentencia que dictamina que el Estado Nacional debe transferir a título gratuito hectáreas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se adjudiquen en forma inmediata a la comunidad Millalonco Ranquehue

Al respecto, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que la sentencia “afecta severamente altos intereses nacionales ya que, de mantenerse, se verá afectado no sólo la guarda territorial del Ejército Argentino sino también su capacidad para alistar, adiestrar y sostener los medios en una especialidad tan crítica a la Defensa Nacional como lo es la Infantería de Montaña”. 

“Llama poderosamente la atención el accionar del Ministerio de Defensa que presentó un recurso de apelación que fue considerado extemporáneo. Esta falla pone en evidencia la negligencia en la gestión de proteger el interés público de la Nación, es por eso que exigimos la formulación de un sumario en el cual queden explicitadas las responsabilidades administrativas o judiciales que dieron lugar a semejante daño”, agregó. 

“No tengo ningún problema en señalar al ministro de Defensa como al autor intelectual y material de este verdadero acto de entrega de territorio estatal a una agrupación mapuche que no reconoce la soberanía del estado argentino sobre buena parte de la Patagonia y que considera a nuestra Nación como enemiga e invasora”, sentenció Blanco. 

“Es de público conocimiento que diversos grupos de interés vinculados con la comunidad autodeclarada Mapuche lanzaron una secuencia de hechos de violencia y terrorismo liso y llano contra las personas, la propiedad privada y del estado nacional. Al respecto es imprescindible recordar que el jefe de dicho movimiento de resistencia es Facundo Jones Huala, prófugo de la justicia chilena”, señaló el senador radical. 

“Desde un punto de vista económico el daño generado por esta sentencia es inmenso no solo por el valor de las tierras perdidas sino, antes bien, por las inversiones que serán necesarias para recuperar capacidades de la infraestructura crítica de la Escuela Nacional de Montaña que desde hace décadas contribuye con su rol tan esencial como específico a la construcción del Instrumento Militar de la Nación”, finalizó el senador fueguino. 

La ONU pide la sanción de la prórroga de la ley 26.160

La titular del INAI sostuvo que el organismo se sumó al pedido de prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena.

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, calificó como “muy positivo” el apoyo manifestado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al sumarse al pedido de prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La titular del organismo nacional afirmó que “en esta instancia en que el proyecto de ley ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación, aunque aún resta la aprobación de la Cámara de Diputados, contar con el respaldo de la ONU para con esta causa es sumamente significativo y trascendente”.

Por su parte, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, y el representante regional para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, celebraron la aprobación por parte del Senado de la Nación de la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas. Esperan que la Cámara de Diputados realice lo propio sancionando el proyecto que garantiza la  extensión de la mencionada ley.

Asimismo, rechazaron las “expresiones discriminatorias, racistas y xenófobas mediante las cuales se ha estigmatizado al pueblo indígena mapuche en los últimos días”. Manifestaron así su preocupación sobre la situación patagónica ante el envío de fuerzas de seguridad, el uso de la fuerza pública en contra de comunidades mapuches, los incendios y desalojos.

Ambos coincidieron en comprometerse en apoyar al Estado argentino, a los pueblos indígenas y a sus organizaciones para encontrar mecanismos de diálogo y soluciones a mediano y largo plazo.

Odarda celebró la media sanción de la prórroga de la Ley 26.160

La funcionaria consideró “una verdadera herramienta de paz social” a la Emergencia Territorial Indígena.

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, manifestó su total adhesión y acompañamiento a la media sanción que la Cámara de Senadores de la Nación otorgó a la iniciativa parlamentaria que prorroga la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La funcionaria que preside el organismo de competencia en materia de derechos de las comunidades indígenas de la República Argentina aseguró que “es un gran paso para seguir avanzando en el cumplimiento efectivo de lo que estipula el art. 75 – inc. 17 de la Constitución Nacional, como así también lo plasmado en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país”.

Odarda agradeció a todos los trabajadores del INAI que se comprometieron y trabajaron para lograr este objetivo, informando, asesorando y compartiendo información a los representantes legislativos que así lo requirieran y agregó que “el INAI tiene las puertas abiertas y los equipos técnicos disponibles para todos los diputados nacionales que necesiten información para abordar la temática con la mayor cantidad de datos posibles en función de sancionar esta iniciativa tan trascendente”.

Odarda también destacó el compromiso de los senadores con el cumplimiento de la normativa nacional internacional y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  de LHAKA HONHAT. Asimismo, agradeció a “los dirigentes y hermanos y hermanas indígenas que acompañaron a los integrantes de la Cámara alta en un día histórico”.

Finalmente, la presidenta del INAI remarcó que esta ley “debe ser interpretada como una verdadera herramienta de paz social, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas, y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. La normativa también ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas, y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”.

Ley 26.160. Una herramienta de paz social

Por Magdalena Odarda. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas destaca la importancia de esta ley que, “no sólo ha impedido desalojos injustos, sino que ha permitido el fortalecimiento de las comunidades y las organizaciones territoriales indígenas”.

Los pueblos indígenas que habitan el territorio de la República Argentina, son preexistentes a la conformación del Estado nacional, y esta realidad marca un criterio insoslayable en el marco jurídico actual, más allá de cualquier interpretación. 

Dentro de nuestro país, coexisten 38 pueblos indígenas con sus distintos idiomas y culturas, y más de 1.700 comunidades indígenas. Definitivamente, estamos todos y todas conviviendo dentro de un país que es pluricultural. 

El reconocimiento expreso de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, está determinado en el artículo 75 – inc. 17 de la Constitución Nacional, donde también se garantiza el respeto a su identidad, entre otros derechos. 

A su vez, la Nación se compromete a reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, determinando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. 

A lo largo de las décadas, nuestro país dio inicio a un proceso de cambios en el ordenamiento  jurídico nacional respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, adoptando instrumentos internacionales, creando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a partir de la Ley 23.302 del año 1985, la conformación del Consejo de Participación Indígena en el año 2004, para garantizar la representación de los propios pueblos que habitan en el territorio y la sanción de la Ley 26.160 en el año 2006, como paso fundamental en el reconocimiento de los territorios que habitan. 

La ley 26.160 es una de las normas más importante en el proceso de reconocimiento territorial en consonancia con la lo establecido en la Constitución Nacional, y ha sido una respuesta plausible para evitar los desalojos que sufrían las comunidades indígenas despojadas de sus propios territorios. A su vez, da cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT (Art.14, inc.2), al que adhirió nuestro país y que ordena que “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.”. 

Declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas, y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas, y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. 

Esta ley es una herramienta de paz social, que no sólo ha impedido desalojos injustos, sino que ha permitido el fortalecimiento de las comunidades y las organizaciones territoriales indígenas, la presencia institucional, las mesas de diálogo y otras estrategias de intervención que tienen como objeto la resolución de conflictos. Cabe señalar que en la República de Chile no existe una ley de estas características, lo que sin duda en uno de los motivos que contribuyen a la conflictividad social en ese país.   

El relevamiento técnico jurídico y catastral de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades requiere la demarcación junto a los pueblos del territorio que las comunidades ocupan tradicionalmente, para garantizar sus derechos. 

Es importante que, a partir del antecedente que establece esta ley, se abra el debate hacia la creación de una ley de Propiedad Comunitaria Indígena que definitivamente reconozca los territorios a sus comunidades. En nuestro país tenemos un caso emblemático en este tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso el reconocimiento de 400 mil hectáreas de tierras ante un reclamo de la Asociación de Comunidades Lhaka Honhat en favor de cinco pueblos indígenas del norte argentino. Estableció que Argentina debe dictar una ley de Propiedad Comunitaria Indígena. 

Nuestro país debe encaminarse hacia la propuesta de esta ley y así dar cumplimiento a los instrumentos internacionales y nacionales que debe respetar. Es sin duda, también, una herramienta de derechos y de paz social. 

JxC reclama la presencia de Odarda ante los conflictos territoriales

Diputados de la bancada opositora, encabezados por Carla Carrizo, pidieron que la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas asista al Congreso a explicar la demora en la aplicación de la Ley 26.160, cuya última prórroga vence en noviembre próximo.

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La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, junto a 20 de sus pares de Juntos por el Cambio, solicitó la presencia de la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda, a un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano; y Seguridad Interior, para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro.

A raíz del atentado registrado en El Bolsón, contra el Club Andino Piltriquitrón, el cual fue incendiado, la legisladora radical reclamó que la funcionaria brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas, “continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país”.

“La presidenta del INAI, Magdalena Odarda, debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la Ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir”, enfatizó la porteña, citando la norma sancionada originalmente en 2006 y cuya última prórroga vence el próximo 23 de noviembre.

Asimismo, detalló que según Amnistía Internacional, “ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año. ¿Cuál es el plan del Gobierno? ¿Prorrogarla sin informar?”.

Entre las problemáticas que motivaron el proyecto, los diputados señalaron que “existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios”.

“El gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar, o como ha declarado la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) hace un tiempo, fagocitar”, cuestionaron.

Finalmente, Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”. “Por menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.

La iniciativa fue acompañada por Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Gustavo Menna, Aída Ayala, Pablo Torello, José Patiño, Federico Frigerio, Mónica Frade, Jorge Enríquez, Jorge Vara, Gonzalo Del Cerro y Martín Berhongaray.

JxC pide que la titular del INAI brinde explicaciones en el Congreso por conflictos territoriales

Para la diputada nacional Carla Carrizo, “la presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería estar explicando en el Congreso por qué los conflictos escalan en lugar de disminuir”.

La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, junto a 20 diputados nacionales solicitaron la presencia de la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), María Magdalena Odarda, en un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano y Seguridad para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro. 

En el marco del Día de la Diversidad Cultural, la diputada nacional Carla Carrizo presentó el proyecto de resolución para citar a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el fin de que brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la ley 26.160 que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país.  

Al respecto, Carrizo sostuvo: “La presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la Ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir. Según Amnistía Internacional, ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año ¿cuál es el plan del gobierno?, ¿prorrogarla sin informar?”.  

En 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años, la cual fue prorrogada sucesivamente y vence el próximo noviembre.   

Entre las problemáticas que motivaron el proyecto señalan que existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el Registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios y “el gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar o como ha declarado la gobernadora de Río Negro hace un tiempo, fagocitar”, señalaron. 

Ante esto, la diputada nacional Carla Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”; por “menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.  

El proyecto es acompañado por los legisladores nacionales Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Lorena Matzen, Lidia Ascarate, Gustavo Mena, Aida Ayala, Pablo Torello, José Patiño, Federico Frigerio, Mónica Frade, Jorge Enríquez, Jorge Vara, Gonzalo Del Cerro y Martín Berhongaray 

Asseff pide que el Gobierno informe sobre la toma de tierras en Bariloche

El diputado nacional de JxC reclamó que el Gobierno informe, a través del INAI, sobre la toma de 600 hectáreas en El Foyel, por personas identificadas como descendientes mapuches.

El diputado nacional de JxC Alberto Asseff pidió que el Gobierno informe, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los hechos acontecidos en la zona de El Foyel, Bariloche, provincia de Río Negro, por los cuales personas identificadas como integrantes de la “Lof Gallardo Calfú”, de descendencia Mapuche, “han usurpado 600 hectáreas, en nombre de la reivindicación ancestral posiblemente avalados por el organismo aquí peticionado”. 

Asimismo, el diputado reclamó que se informe sobre cuál es la documentación emitida por el INAI por la cual este grupo “se ampara para ejercer estos actos de violencia” y si la ministra Losardo solicitó al presidente del INAI explicaciones sobre el hecho. 

El titular del Partido UNIR solicitó además que se informe al respecto “de la conexión entre las políticas del INAI y la toma de tierras”, así como conocer la identidad de las personas que están usurpando en nombre de la autoproclamada “Lof Gallardo Calfú”. 

Por último, Asseff pidió información sobre las políticas de seguridad federal instrumentadas “ante el avance violento y constantes amenazas de estos grupos”. 

“Es inadmisible pensar que en un Estado de Derecho exista un grupo radicalizado que utiliza la violencia sometiendo a toda una población y gobiernos democráticos para hacer respetar sus arrojados y no probados derechos”, concluyó Asseff. 

Acompañan el proyecto Alfredo Schiavoni; Luis Pastori; Carolina Castest; Pablo Torello; María Luján Rey; Adriana Cáceres; Gerardo Cipollini; Lorena Matzen; José Luis Patiño; Jorge Enríquez; Martin Grande; Estela Regidor; Héctor Stefani; Lidia Azcarate y Juan Aicega. 

Además, son adherentes: Marcelo Orrego; Ignacio Torres; Gonzalo del Cerro; Alicia Terada y Hernán Berisso.

Piden informes sobre el funcionario que habría intentado trasladar personas a una zona tomada

Se trata del vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, quien fue demorado en el ingreso a Bariloche. El proyecto fue presentado por la senadora Rodríguez Machado.

La senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) presentó un pedido de informes luego de que el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, fuera demorado en el ingreso a San Carlos de Bariloche, cuando trasladaba a integrantes de una comunidad mapuche.

Según trascendió, Pilquiman conducía el vehículo propiedad del INAI sin la documentación reglamentaria y fue demorado por personal de control municipal que le secuestró la camioneta.

En declaraciones a La Nación, el funcionario descartó que trasladara a integrantes del lof Lafken Winkul Mapu, que lleva adelante la toma de tierras en Villa Mascardi.

“Venía de la zona de Coquelén con una familia de la comunidad mapuche de Cerro Alto que me pidió por favor los trajera hasta Bariloche porque tenía que hacer trámites”, se defendió Pilquimán.

En su pedido de informes, Rodríguez Machado solicitó que se expliquen las razones por las que Pilquimán se encontraba trasladando a personas de la comunidad mapuche en pleno aislamiento social.

“Actualmente rigen en todo el país los decretos del Poder Ejecutivo dictados por la pandemia que prohíben la circulación de personas, salvo excepciones vinculadas estrictamente a la prestación de trabajos esenciales”, argumentó.

La senadora sostuvo que “este es un hecho que debe ser investigado. No pueden quedar dudas respecto del accionar de las autoridades públicas nacionales, como así tampoco de su posible vinculación con hechos delictivos”.