Legisladores de varios bloques políticos llevaron a cabo este martes en el Congreso de la Nación una reunión donde expusieron brigadistas, personas que trabajan en propuestas de prevención y reconstrucción, y especialistas en la temática, quienes brindaron su testimonio sobre los incendios en la Patagonia con el fin de visibilizar y coordinar acciones sobre el impacto ambiental de los mismos.

Los principales ejes abordados por los disertantes en la jornada denominada "Las voces del fuego" fueron el abandono de las políticas públicas de manejo del fuego; la incertidumbre respecto de la ejecución de los fondos destinados a ese fin; la propuesta de un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios; el impacto negativo de la modificación de la Ley de Glaciares - que será tratada este jueves en la Cámara Alta - sobre los incendios y el acceso al agua en las comunidades; y la necesidad de fortalecer la coordinación de las comunidades y brigadas comunitarias que conviven y convivirán con el fuego.

Javier Grosfeld, doctor en Biología e investigador del CONICET, reconocido en la Patagonia por sus trabajos sobre incendios, señaló que “la inversión en prevención, que hoy es prácticamente nula - del 1 % o menos del presupuesto -, permitiría reducir la severidad de los incendios y mejorar los costos a futuro, en una relación de 1 dólar invertido contra 8 gastados en el combate”, y aseguró que “deberíamos avanzar hacia el manejo de combustibles, lo que se denomina prescripción o prevención activa, como una inversión estratégica”.

También disertó Mariana Neme, brigadista del Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), quien se refirió a las condiciones laborales del sector y sostuvo: “Mejorar las condiciones de las y los brigadistas va a repercutir también en el fortalecimiento del sistema de manejo del fuego”.

Silvia Liliana Rojas, brigadista comunitaria de la cuadrilla Sur a Sur de Mallín Ahogado, relató la tarea realizada por esta cuadrilla y afirmó que es necesario “entender que el trabajo comunitario es fundamental, sobre todo en este momento”. También puso el foco en la articulación institucional: “Necesitamos capacitación y articular con las instituciones formales; si existiera una política de articulación en la que fuéramos incluidos en las decisiones, sería fundamental”.

Por su parte, Daniel Bocos, ingeniero forestal y ex director de Bosques Nativos, denunció el incumplimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego y aseguró que “hay un abandono por parte del Gobierno nacional de las obligaciones que la ley le impone”.

También participó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, quien advirtió que “las reducciones presupuestarias tienen consecuencias concretas” y denunció la “construcción de un enemigo interno”, en referencia a las acusaciones hacia comunidades mapuche por el origen de los incendios.

La diputada Adriana Serquis, quien actuó como moderadora de la actividad, cerró el encuentro señalando que “claramente se trata de un problema multicausal y complejo, que requiere soluciones complejas; no intentemos simplificarlo”, y agregó: “Tenemos que comprometernos con una agenda de trabajo inmediata: resolver en primer lugar los problemas laborales de las y los brigadistas, seguir reclamando presupuesto y fortalecer el ordenamiento territorial y social”.

También expusieron sus experiencias Hernán Mondino (brigadista, Parque Nacional Los Alerces); Andrea Torres (ex brigadista de Parque Nacional  Los Glaciares); Pol Huisman (ex intendente de El Hoyo, productor y ex brigadista); Alberto Seufferheld (ex guardaparque y exdirector nacional del Servicio del Fuego); Miguel Hernán Ñanco (brigadista del Servicio Nacional de Manejo del Fuego); Rubén Zárate (presidente de Comodoro Conocimiento y expresidente del CIEFAP); Leonardo Wozniak (presidente del Aeroclub de El Chaltén); Daniel Somma (doctor en Ciencias Ambientales, ex presidente de Parques Nacionales e investigador de INTA Delta); María Victoria Agnes (Consciente Colectivo); Cecil Hughes Alabart (brigadista comunitario de Lago Epuyén); Luciano Kordon (Escuela de Permacultura El Árbol); León Esquenazi y Elías Ernesto Castaño Chirro (Jóvenes por el Clima), entre otros.

Por el bloque Unión por la Patria estuvieron presentes Adriana Serquis, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Gabriela Estévez, Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Germán Martínez, Fernanda Miño, Caren Tepp, Paula Penacca, Andrea Freites, Eduardo Valdés, Juan Grabois e Itaí Hagman. Por la Coalición Cívica participó Maximiliano Ferraro; por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Myriam Bregman; y por el bloque Provincias Unidas, María Inés Zigarán y Carolina Basualdo, quienes se sumaron de manera virtual.

La conversación digital en torno al presidente Javier Milei registró en enero un nuevo saldo positivo, el cuarto consecutivo, en un mes atravesado por dos agendas contrapuestas: por un lado, la internacional, que funcionó como refugio y fue impulsada por comunidades oficialistas; por otro, los incendios en la Patagonia, que se constituyeron en la principal fuente de críticas, en un volumen y una intensidad que la Casa Rosada no consiguió revertir.

El informe de la consultora Ad Hoc muestra que Milei acumuló 6,6 millones de menciones en el mes, con un sentimiento promedio 47 por ciento positivo, 45 por ciento negativo y 8 por ciento neutro. La actividad de las comunidades afines dentro y fuera del país se concentró en amplificar la agenda presidencial, especialmente sus participaciones en Davos y su vínculo con Donald Trump, que volvió a ser uno de los ejes centrales de la conversación global.

El contrapunto lo marcaron los incendios en el sur, que generaron dos millones de menciones, casi todas con tono crítico. Fue la única discusión que escapó al control de las comunidades oficialistas y que se impuso por sobre el resto de los temas. Milei fue señalado como responsable político por su presunta inacción, mientras que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue junto a Milei la figura política más mencionada, criticándoselo por afirmar antes de tiempo que los incendios estaban controlados: registró 131.982 menciones, cuestionándosele también su respaldo al Presupuesto 2026.

La conversación alrededor del Presidente estuvo atravesada por un fuerte componente internacional: una de cada cinco menciones sobre Milei fue en idiomas extranjeros, y las comunidades digitales aliadas en el exterior tuvieron un rol decisivo para instalar contenidos positivos en torno a su figura. Trump, en particular, volvió a ocupar un lugar hegemónico en las redes: según el relevamiento, en el último año acumuló más de 340 millones de menciones, lejos del resto de los líderes globales y muy por encima de las 65 millones registradas por Milei en el mismo período.

Esa presencia no se tradujo solo en apoyo. Ad Hoc detectó la aparición y consolidación de dos corrientes de conversación agresivas: una islamófoba y otra con tintes antisemitas. La discusión sobre el Islam, motorizada principalmente por la comunidad libertaria, multiplicó por diez su volumen en diciembre respecto del promedio mensual. En paralelo, la narrativa vinculada al llamado Plan Andinia —una teoría conspirativa que postula la intención de crear una colonia judía en la Patagonia— creció de manera abrupta, alimentada por rumores que circularon durante los incendios y que derivaron en picos de búsquedas en Google en provincias del sur entre el 6 y el 13 de enero.

Aun con ese marco conflictivo, el Gobierno consiguió sostener una agenda digital favorable. Los picos de conversación positiva provinieron de actividades oficiales y cruces con actores de la política local, como el enfrentamiento con Paolo Rocca, que elevó las menciones a Techint al nivel más alto del último año y resultó funcional para reforzar el encuadre oficialista. Entre los temas que aportaron más positividad figuraron Venezuela, Davos, la inflación, la pobreza y la agenda del equilibrio fiscal.

El informe concluye que, aunque los incendios funcionaron como una “mancha de negatividad” que atravesó todo el mes, la Presidencia logró mantener el control del resto de la conversación, con un claro protagonismo de las comunidades internacionalistas y una disputa discursiva profundamente polarizada. En esa dinámica, Milei cerró enero con un saldo digital positivo aunque ajustado, sostenido por la movilización oficialista y por una creciente articulación con audiencias extranjeras.

Tras la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia, a través de dos decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, la oposición reclama conocer cómo se gestionará la asignación de recursos y asistencia a las provincias afectadas.

A través de un pedido de informes, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva busca conocer los estudios de impacto de los incendios forestales a llevar adelante en cada una de las provincias: cantidad de hectáreas afectadas, población afectada, infraestructura comprometida y cantidad de hectáreas de bosques nativos, áreas protegidas o zonas de reserva estricta involucradas.

También, en su iniciativa consulta al PEN los criterios para la asignación de recursos a las provincias; los mecanismos de asignación de recursos, fuentes de financiamiento y cronograma de desembolsos destinados al abordaje de la catástrofe ígnea en las provincias alcanzadas por los decretos; y los fondos destinados a los organismos con competencia primaria de jurisdicción nacional para el combate de los incendios forestales en las áreas afectadas.

Además, el proyecto de resolución pide información sobre la distribución de los recursos materiales a las personas, instituciones, y entidades subnacionales afectadas por los incendios; los fondos que se destinarán al Sistema Nacional de para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil; y si hubo fondos extraordinarios destinados a la prevención y combate de los incendios.

Otros puntos son qué acciones se contemplan para la recuperación de las áreas afectadas específicamente en Parques Nacionales; la situación laboral de los brigadistas; el costo diario para el Estado Nacional en el combate de incendios a través del alquiler de medios aéreos; y que se informe si está dentro de las prioridades la adquisición, a través de la compra, de medios aéreos para el combate de incendios forestales.

Según Selva, la emergencia por DNU “llega tarde y de manera improvisada toda vez que ésta medida debió haber sido tomada mucho tiempo antes para evitar que se arrasen miles de hectáreas. Sin embargo, la desidia del Gobierno nacional no solo se observa en sus medidas tardías y obligadas por la coyuntura, sino que en su modo de operar”.

En los argumentos del proyecto, la legisladora dijo que “según datos oficiales, en 2025, se subejecutó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en más de 20.000 millones de pesos y en 2024, solo se ejecutó el 22% del presupuesto asignado a dicho organismo”.

Por otra parte, la diputada mencionó que una de las causas de los incendios es el cambio climático. Sin embargo, “desde la asunción del Gobierno las políticas ambientales han sido desfinanciadas y se han eliminado tanto partidas presupuestarias como fondos específicos”.

“Las acciones del presidente Javier Milei tanto en materia ambiental, en general, como en el abordaje de los incendios forestales en particular ha sido por lo menos deficiente, cuando no negligente y el Gobierno eligió para asumir la emergencia que atraviesa la Patagonia el camino más fácil: sin debate, sin transparencia y abriendo la puerta a que los adelantos del Tesoro de la Nación sean de nuevo una variable de negociación en el medio del debate de la reforma laboral y la reforma a la Ley de Glaciares”, enfatizó.

Finalmente, señaló que “es necesario que la sociedad toda tenga acceso a la información respecto a los recursos destinados al abordaje de esta situación con el mayor detalle posible”.

Tal como se había anticipado durante la jornada y hecho trascender luego de la reunión de la Mesa Política reunida en Casa de Gobierno, el Poder Ejecutivo oficializó este viernes la declaración de la emergencia ígnea en cuatro provincias del sur del país, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 73/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, jurisdicciones que atraviesan una situación crítica por los incendios forestales, en particular los registrados en el Parque Nacional Los Alerces.

El decreto recuerda que el artículo 41 de la Constitución garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a proteger el patrimonio natural. En ese marco, el Gobierno sostiene que la gravedad del escenario, agravado por la sequía y los intensos vientos, generó un “daño ambiental significativo” y puso en riesgo bienes y vidas humanas, superando la capacidad operativa de los equipos desplegados hasta el momento.

Luego de que se informara por la tarde que habría un DNU, en lugar de una ley aprobada en el marco de las sesiones extraordinarias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el dato a través de las redes sociales.

Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) January 29, 2026

El DNU invoca además la Ley de Manejo del Fuego 26.815 y la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo, que establecen las bases para la prevención, control y respuesta ante siniestros forestales y otras emergencias. Según recuerda la norma, la autoridad nacional de aplicación es el Ministerio de Seguridad Nacional, del que depende la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada en 2025 para coordinar la asistencia ante desastres naturales.

El Gobierno argumenta que la magnitud de la situación torna imposible esperar el trámite legislativo ordinario y justifica por ello el uso de facultades excepcionales bajo el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. El decreto dispone que la AFE asuma la coordinación de todas las acciones vinculadas a la prevención, presupresión y combate del fuego; la asistencia a las personas afectadas; y el apoyo a provincias y municipios para la recuperación de las zonas dañadas.

La emergencia ígnea tendrá una vigencia inicial de un año y se declara también zona de desastre a todo el territorio alcanzado por los incendios. La AFE deberá actuar en articulación con los gobiernos provinciales y municipales, siguiendo los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Como establece la Ley 26.122, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, mientras que la vigencia rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei y del gabinete en pleno.

En la antesala de que inicien las sesiones extraordinarias en el Congreso, la Mesa Política del Gobierno se reunió este jueves con el pedido explícito de los gobernadores patagónicos como eje de debate central, respecto de incorporar la emergencia ígnea en el temario y, por el momento, acordaron la declaración a través de un DNU.

La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada y duró casi dos horas, donde se acordó avanzar con la declaración de la Emergencia ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia según confirmaron fuentes cercanas a parlamentario.com. En la misma, se realizarán cambios presupuestarios e incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

También estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien su presencia no se da en todas las ocasiones, siempre asiste cuando los temas implican cambios en términos presupuestarios o económicos en general. Sin embargo, no se precisó cuándo podría hacerse efectivo. En el ala de los gobernadores patagónicos se esperaba que fuera mañana, mientras que un sector de la Casa Rosada marcaba que todavía debía definirse qué fondos se estaban dispuestos a ceder.

Además, según trascendió fueron girados un total de $4.000 millones a la provincia de Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. A su vez, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. En tanto, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93.

La resolución fue firmada el martes pasado por la tarde. En esa misma jornada, los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz); y Rolando Figueroa (Neuquén) le solicitaron formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. Estos últimos tres tienen representantes en el Congreso que están dispuestos a dialogar con el oficialismo respecto a la aprobación de la Modernización Laboral.

La senadora nacional Edith Terenzi y el diputado nacional Esteban Paulón escribieron una carta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al presidente de la Nación, Javier Milei, respectivamente, solicitándoles de forma urgente que sume al temario de extraordinarias los proyectos que incorpora la figura de ecocidio al Código Penal.

La nota de la chubutense Terenzi refiere puntualmente a un proyecto de su autoría que entiende la figura de ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente, en violación de los presupuestos mínimos de protección ambiental. Así, explica que la solicitud “se funda en la grave crisis ambiental que atraviesan la cordillera y el bosque andino patagónico de la provincia de Chubut, como consecuencia de los incendios forestales de gran magnitud que se vienen produciendo y que ya han ocasionado daños irreversibles en los ecosistemas, afectando de manera directa no solo a las comunidades locales, sino también a quienes apuestan por nuestro territorio a través de diversas actividades turísticas, productivas, ganaderas y agropecuarias”.

Terenzi planteó que “estos hechos ponen de manifiesto la urgente necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de herramientas penales adecuadas que permitan la prevención, sanción y reparación de conductas dolosas que generan daños ambientales irreparables. La incorporación de la figura de ecocidio a nuestro sistema jurídico constituye una clara manifestación del compromiso del Estado en la defensa del ambiente como bien jurídico fundamental y derecho humano”.

NOTA JGM ECOCIDIO

Por su parte, Paulón le envió su carta al Presidente quien también pide que se incluya de manera urgente en el temario de sesiones extraordinarias los proyectos vinculados a la declaración de la emergencia ambiental y a la incorporación de la figura de ecocidio en el Código Penal, debido a que “la Argentina no cuenta hoy con las herramientas institucionales, presupuestarias ni penales necesarios para enfrentar este tipo de catástrofes y la intervención del Estado Nacional es clave”.

“Esta situación hace imprescindible la intervención activa del Estado nacional, mediante políticas públicas excepcionales, asignación urgente de recursos y una coordinación integral que hoy está ausente”, manifestó.

A su vez, criticó que el Gobierno nacional “lejos de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir estos eventos extremos. El proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026 prevé una reducción cercana al setenta por ciento (70 %) de los recursos destinados a la prevención y combate de incendios forestales en comparación con el ejercicio anterior. Esta decisión no solo resulta irresponsable, sino que vuelve prácticamente inviable cualquier planificación seria de políticas de prevención, debilita a los equipos técnicos y limita severamente la capacidad de respuesta ante emergencias de esta magnitud”.

CARTA ABIERTA A @JMilei: ANTE LOS INCENDIOS NO MIRE PARA OTRO LADO!

Frente al drama de los incendios, le pedí al Presidente de la Nación que incorpore los proyectos de Declaración de Emergencia presentados, incluyendo el aumento de emergencia para brigadistas y la inclusión del… pic.twitter.com/Koq8mGalHk

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 28, 2026

Legisladores de la oposición salieron al cruce del presidente de la Nación, Javier Milei, tras subirse al escenario para cantar “El Rock del gato” junto a su expareja Fátima Florez en un show teatral durante su gira por Mar del Plata, mientras la Patagonia argentina continúa con los incendios forestales.

En un tono irónico, el diputado Carlos Castagneto (UP) manifestó: “Sr. presidente Trump, le pedimos que incorpore al temario de las sesiones extraordinarias la DECLARACIÓN DE EMERGENCIA POR LOS INCENDIOS. Mientras tanto, el ‘notario’ que dejó a cargo como presidente, Milei, parece estar demasiado ocupado jugando a ser rockero. CUANDO EL ESTADO SE AUSENTA, EL FUEGO AVANZA. Las emergencias no esperan espectáculos: exigen decisiones y responsabilidad”.

230.000 hectáreas de patrimonio natural en llamas.
Once veces la Ciudad de Buenos Aires.

Flora, fauna, biodiversidad, suelos y ecosistemas arrasados.
Pérdidas ambientales y materiales irreversibles, daños económicos incalculables y comunidades enteras marcadas para siempre.… pic.twitter.com/l2yjvt9b7Z

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 28, 2026

“La Patagonia se quema y el Presidente de joda. Mientras los brigadistas le ponen el pecho al fuego en el Sur, en Mar del Plata parece que no pasa nada. Demasiado circo”, repudió la diputada Natalia Zaracho. Su par Sabrina Selva agregó: “La disociación y el cinismo es TOTAL. Qué triste”, y le planteó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le “hagan honor al nombre y tener la grandeza de firmar el decreto de ampliación del temario e incluir la emergencia ígnea que piden los gobernadores”.

La diputada cordobesa Gabriela Estévez apuntó: "Mientras Milei se cree estrella de rock, en un estado de disociación total en Mar del Plata, el fuego sigue avanzando sobre la Patagonia. Gobernadores exigen que el Gobierno declare la emergencia. No permitamos que gobernar se vuelva un show bizarro".

Mientras ya se quemaron más de 230.000 hectáreas y el presupuesto para incendios cayó 53,6%, el gobierno prioriza otros temas y el presidente canta con Fátima Florez en Mar del Plata.

Los gobernadores patagónicos también pidieron tratar la ley con URGENCIA

— Ana María Ianni (@AnaMariaIanni) January 28, 2026

Humo y un paisaje de color gris, teñido por las cenizas y la vegetación quemada como consecuencia del paso del fuego en la Patagonia argentina, que desde fines de diciembre del 2025 se incendia y las llamas continúan arrasando miles de hectáreas a medida que se propagan, mientras los brigadistas y los bomberos luchan a contrarreloj para poder apagarlas.

“Ley de Ecocidio”, reclamó el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres”, al Congreso Nacional, un proyecto que tiene estado parlamentario y fue presentado por una senadora de su provincia, Edith Terenzi.

Con ella dialogó parlamentario.com en medio de la dramática situación que atraviesa el sur del país, quien adelantó que impulsará “fuertemente en estos días” la iniciativa de su autoría que presentó el año pasado para que se incorpore el delito de ecocidio como tipificación en el Código Penal Nacional.

“El proyecto lo que hace es tipificar el ecocidio y otras formas especiales de criminalidades ambientales. Hay una definición de tipología, también hay un agravante si se produce alguna muerte”, precisó y adelantó que trabajarán para que pueda ser tratado en comisiones “lo más rápidamente posible”. La iniciativa tiene giro a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -como cabecera- y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable que ella misma preside.

“A fines de enero y los primeros días de febrero vamos a tratar de, incluso, ver si podemos incorporarlo en las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo probablemente convoque para febrero”, afirmó Terenzi a este medio.

La senadora aclaró que la redacción del texto “no surgió por los incendios en la en la Cordillera chubutense, esto es algo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Primero, cuando sucedió el tema de Punta Tombo y los pingüinos (N. de la R: la “masacre” o “ecocidio de Punta Tombo” ocurrió entre agosto y diciembre de 2021 en una estancia privada lindera al Área Natural Protegida Punta Tombo, en Chubut. El responsable fue Ricardo Adolfo La Regina, un productor agropecuario que utilizó maquinaria pesada para abrir caminos y colocar un alambrado sin autorización ambiental, y en ese marco murieron más de 100 pingüinos de Magallanes durante la temporada reproductiva). Después nos acercaron el tema del Canal de la Patria en donde caían tantos animales y no había ningún tipo de protección y veíamos cantidad de osos hormigueros muertos en extinción, por ejemplo, por una obra que estaba sin terminar, sin las protecciones necesarias para la fauna de esa zona”.

Ley Ecocidio

Por otro lado, remarcó que el tema de prevención “corre por cuenta de la provincia y los municipios, sobre todo los municipios de la Comarca Andina, que son los que se ven afectados por este tipo de siniestros. La política de prevención de los municipios y de la provincia tiene que pasar por mantener lo más limpio posible todos los lugares que tienen cercanía con los bosques, eso también es un trabajo de los intendentes y los vecinos”.

Terenzi explicó que los incendios también se deben a “un combo de situaciones que se vienen dando, como por ejemplo la crisis de deficiencia hídrica más grande que hemos tenido en los últimos 60 años”, y detalló que este invierno, el centro de esquí de La Hoya, el más cercano a la a la ciudad de Esquel, no comenzó su temporada por falta de nieve: “Todo lo que tiene que ver con los deshielos que se producen con las nevadas en las Altas Cumbres, sabíamos que iba a traer consecuencias”.

La senadora chubutense destacó la labor del gobernador de la provincia que “desde el primer día que se desató el incendio en Puerto Patriada estuvo al frente del comité de emergencia en la zona de Las Golondrinas con todo su gabinete y desplegando todos los recursos”. En esa línea, ponderó la solidaridad de las provincias linderas como el avión 737 que envió la provincia de Santiago del Estero.

Como dato aparte, Terenzi explicó: “Hay que separar los incendios concurrentes, que hay en este momento, y de los incendios intencionales como el de la zona de Puerto Patriada porque se encontraron algunos elementos como acelerantes y demás que los está investigando, incluso una división especial de la Policía Federal Argentina”.

“Es absolutamente diferente del incendio que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces que comenzó en el núcleo duro del parque que, por supuesto, está atendido por jurisdicciones diferentes porque el parque nacional es nacional, y el resto del incendio de Puerto Patriada está atendido directamente por el gobierno de la provincia”, diferenció.

Sistema Nacional de Manejo del Fuego

En otro tramo de la entrevista, Terenzi se refirió al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, señalando que “en los últimos años hubo una sub ejecución de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional”, y precisó que “así ha sucedido en el 2024 donde hubo una sub ejecución con respecto a las partidas de asignadas al manejo del fuego del 2023, y lo mismo sucedió en el 2025 con una sub ejecución casi por arriba de 60 casi 70% de las partidas que están definidas”.

Además, respaldó el reclamo de los brigadistas nacionales que “es realmente es legítimo, es muy valedero el reclamo de salarios y de precariedad que tienen los brigadistas del servicio nacional en el manejo del fuego”.

También, la senadora denunció que hay “algunas personas, incluso algunos grupos bastante desestabilizadores, que hablan de las quemas intencionales para la venta de los de las tierras”, y aclaró que “las tierras de parques nacionales no se pueden enajenar, son justamente parques nacionales”.

“Las tierras de la provincia con bosque nativo están protegidas por la Constitución de la provincia del Chubut. Los bosques nativos son dominio del gobierno provincial, y cualquier modificación o cualquier definición o decisión que se tome con respecto a tierras con bosque nativo, necesita mayorías especialísimas como los cuatro quintos para modificar ese estatus”, explicó.

Terenzi informó que esto quedó redactado en la reforma de la Constitución de la provincia en 1994 cuando los recursos fueron definidos a nombre de las provincias. “La provincia de Chubut hizo especial hincapié en el dominio de sus bosques nativos, por lo tanto, hablar de venta de tierras que se quemen en la provincia por incendios, ya sea intencionales o no, es una es de una irracionalidad y de una irresponsabilidad extrema”, criticó.

Así, insistió que “el artículo 105 de la Constitución de la provincia del Chubut da el dominio exclusivo del bosque nativo a la a la provincia, y modificar una ley de bosques necesita las mayorías más especiales que tiene la Constitución de la provincia, que son los cuatro quintos del cuerpo legislativo provincial”.

Ley Nicolás: la única que el Gobierno no vetó

A modo de balance legislativo, la senadora destacó la aprobación de la Ley Nicolás que fue la única ley que el Gobierno nacional no vetó en el 2025. “Fue algo que decidimos ponernos al hombro y por la que reclamamos muchas veces en el recinto para que se incorporara al orden del día cuando teníamos una seguidilla de sesiones especiales, en donde los temarios los hacía el Poder Ejecutivo. Pedimos preferencias, sabíamos que teníamos dictámenes unánimes y no lográbamos que llegara al recinto, pero finalmente lo logramos y fue una gran satisfacción muy importante”, expresó.

Otra de las leyes que la senadora impulsó es la de Atrofia Muscular Espinal (AME), que cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. “Logramos que el Senado tomara conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad imperiosa de pesquisarme para salvar vidas”.

“No es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de vida o muerte”, planteó. La iniciativa tiene giro en las comisiones de Salud, de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, por lo que la senadora pedirá una reunión conjunta para tratar el tema. “Ojalá logremos la media sanción que falta. La verdad me parece que ese es uno de los trabajos más importantes que vamos a seguir a lo largo de este año”, manifestó.

Reforma Laboral y DNU de la SIDE

Por otro lado, Terenzi brindó su punto de vista sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional cuyo dictamen será debatido en el mes de febrero. Al respecto, la senadora expresó preocupación por “la caída de coparticipación”, ya que “hay una fuerte disminución de recursos a las provincias. Es algo que estamos conversando con el gobernador y, por supuesto, con todo su equipo técnico económico. Vamos a ver qué decisión tomamos en los en los próximos días o por lo menos de aquí hasta que el proyecto sea tratado en el recinto”.

Con respecto al decreto de necesidad y urgencia que reforma la Ley de la SIDE, que despertó una gran polémica, la legisladora chubutense opinó: “Un DNU que está modificando una ley eso ya desde el inicio es una irregularidad muy grave, por lo tanto, creo que lo primero que tiene que suceder, y que estamos esperando que suceda, es que los presidentes de ambas cámaras convoquen a la reunión de la Bicameral de DNU para ver la validez o no. Sino, sucederá como en otras ocasiones que llegan directamente al recinto a pedido de algún sector político”.

El diputado nacional Esteban Paulon sumó un nuevo proyecto a los que ya han presentado otros bloques para que se declare la emergencia ígnea y el daño ambiental en la Patagonia y se les otorgue un bono a brigadistas y bomberos que combate el fuego.

La iniciativa propone la declaración de zona de desastre y emergencia en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén que tiene por finalidad la adopción de medidas y acciones concretas destinadas a promover la recomposición del ambiente en la Región Delta del Paraná afectadas por la sequía y los incendios.

Además, dispone un otorgamiento de un bono mensual extraordinario equivalente al 100% de su salario básico para las y los brigadistas forestales que participen en operativos de combate y control de incendios en el marco de la emergencia declarada, por cada mes en que se encuentren afectados a dichos operativos.

“El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida del Fondo de Compensación Ambiental de la Ley 25.675 para afrontar las acciones de preservación del ambiente y de recomposición ambiental, en el marco de la emergencia y por el plazo dispuesto en el artículo 1º. De ser necesario, se asignará una partida especial adicional de los recursos del Ejercicio 2026”, agrega.

Paulon señaló que “los eventos registrados en distintos puntos de la región patagónica configuran un escenario de desastre que supera las capacidades de respuesta locales y provinciales, haciendo imprescindible la intervención del Estado nacional mediante políticas públicas excepcionales y la asignación de recursos y exige una respuesta inmediata, integral y coordinada”.

En esa línea, pidió atender la “situación crítica” de brigadistas forestales, trabajadores de Parques Nacionales, bomberos voluntarios y agentes de los servicios provinciales de manejo del fuego, quienes se encuentran en la primera línea de contención de incendios, desempeñando tareas de “altísimo riesgo en condiciones laborales precarias, con salarios insuficientes y sin el reconocimiento institucional acorde a la relevancia estratégica de sus funciones”.

7098-D-2025

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois (UP) se cruzaron en redes sociales por los incendios forestales que arrasan la Patagonia argentina.

La senadora nacional y ex ministra de Seguridad advirtió a través de sus redes que “si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas”. “La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”, recordó Bullrich.

De forma inmediata, le salió al cruce Grabois quien le retrucó por la misma red social y acusó: “Destruyeron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, boludean mientras se incendia la Patagonia y hambrean a los brigadistas”.

En esa línea, el diputado replicó la vieja frase que Javier Milei usó contra Bullrich durante los debates como candidatos presidenciales hace dos años atrás: “La ‘montonera asesina’ (Milei Dixit) sale sin una sola prueba, cosa que aclaró el propio fiscal general de Chubut, a cazar hermanos mapuches -muchos de los cuales son brigadistas y ninguno es terrorista- en vez de mandar los enormes recursos que dispone para combatir el fuego”.

“Es otra cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables y desviar la atención de su inoperancia deliberada. Aguanten los brigadistas y voluntarios que hacen Patria, mientras esta basura de gobierno solo dice boludeces”, cerró. Hasta el momento la senadora libertaria no le retrucó el mensaje.

Luego de varios días en silencio, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, reapareció en sus redes sociales con un posteo sobre los incendios en la Patagonia diferenciándose de Javier Milei y adelantó que trabajará para agravar las penas a quienes inicien el fuego.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, apuntó la titular del Senado en su cuenta de "X".

En ese sentido y al remarcar que “todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, adelantó que propondrá a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”. También, Villarruel sostuvo que promoverá una coordinación “más eficiente y asertiva entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”.

Además, resaltó que el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional “consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”.

“Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, concluyó su mensaje.

Con este comentario, la titular del Senado se diferenció una vez más del Presidente que no aludió a los orígenes del desastre forestal, sino que se limitó a agradecer a quienes trabajan para combatir las llamas.

"Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Además quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros", escribió el mandatario este domingo en la misma red social.

El fuego -que comenzó el 5 de enero en el balneario de Puerto Patriada en Chubut, al oeste del lago Epuyén- ya quemó 12.000 hectáreas, destruyó 30 casas y produjo un grave daño a la economía de toda la región en plena temporada alta turística. La grave situación demandó la participación de dotaciones de gran parte del país, que enviaron colaboración a la administración de Ignacio “Nacho” Torres.

La diputada nacional Romina del Pla, junto sus pares de bancada Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y proponen que se financie con un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales.

La iniciativa pide que se garanticen la totalidad de los recursos para la extinción, combate y prevención de los incendios desarrollados en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Además, plantea que la emergencia presupuestaria establecida contemplará el destino de recursos y partidas presupuestarias necesarios para garantizar: aviones hidrantes, Helicópteros, Parque Automotor y herramientas de alto impacto; refuerzo de personal en las brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, brigadas provinciales y cuerpos de bomberos voluntarios, entre otros, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad y herramientas en las condiciones que exige la tarea.

También exige “el inmediato aumento salarial para todos los brigadistas para que el salario sea como mínimo el valor de la canasta básica total patagónica, y se pase a planta permanente a todo el personal afectado, terminando con las contrataciones precarias”.

Las bancas del FITU en donde deben estar, junto a la lucha del pueblo contra el desastre ambiental en la Patagonia.
Presentamos un proyecto de ley de emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del
Fuego que se financiará con un impuesto a las grandes fortunas.
El… pic.twitter.com/JY7qxklqI6

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) January 12, 2026

A su vez, agrega que se destinarán las partidas presupuestarias en elementos de comunicación y digitales para la ubicación y delimitación de las tareas requeridas para la asistencia inmediata a las personas afectadas en la provisión de agua potable, alimentos, vestimenta, alojamiento como así también atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades inmediatas de las familias damnificadas; asistencia directa para la reconstrucción de los hogares y de todo bien de índole personal o público que fuera afectado sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados hacia el Estado; y el restablecimiento de todas las redes de servicios públicos.

Al respecto, plantean que la emergencia presupuestaria y el destino de los recursos “será realizado y organizado bajo relevamiento previo y control de los vecinos de la zona afectada por los incendios, los trabajadores de las brigadas, bomberos voluntarios, equipos técnicos conformados a tal fin, voluntarios y actuales agentes estatales”.

Otro punto relevante, es la prohibición de la venta, comercialización, loteo, subdivisión y cualquier tipo de cambio en el uso del suelo en las áreas afectadas por los incendios forestales, garantizando la remediación definitiva y recuperación del monte nativo, con la sola excepción de viviendas familiares o minifundios, por el plazo de 60 años.

En tanto, proponen que el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar la reconstrucción socio ambiental de la región, empezando por un inminente plan de viviendas para todas las familias afectadas, la exención impositiva en los servicios públicos y contribuciones locales de las mismas, así como un plan de erradicación y control de especies exóticas y de reforestación del bosque nativo para la prevención futura.

“Prohíbase el cultivo de pinos tanto para su uso comercial- maderero como ornamental o para generar derechos de forestación con supuestos fines de reducción del carbono”, agregan en el articulado.

Por último, establecen la creación de un Bono de Emergencia Ígnea para el recupero de los fondos utilizados para atender la situación de emergencia exigible a grandes empresas que desarrollen su actividad en los territorios provinciales en términos porcentuales en relación a sus ganancias reales. Los excedentes y posteriores contribuciones serán destinados para la creación de un Fondo Especial de Emergencia Ígnea, cuyo destino no podrá ser modificado y será utilizado para posibles emergencias ígneas futuras, campañas de prevención, compra de equipamiento, etc. Los montos recaudados deberán ser publicados en el Portal Oficial de Gobierno para el conocimiento de toda la población.

EMERGENCIA NACIONAL FRENTE A LOS INCENDIOS EN LAS PROVINCIAS DE CHUBUT

Los diputados nacionales Pablo Todero, Pablo Yedlin y Martín Aveiro del bloque UP presentaron un proyecto de ley para que el Gobierno nacional compre aviones hidrantes que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego necesita para enfrentar los incendios en el sur argentino.

“Para ni el presidente ni ‘Toto’ (Caputo) se pongan nerviosos, los recursos que provengan de lo producido por la venta de inmuebles que viene realizando el AABE, o tomar crédito de hasta 50 millones de dólares de organismos internacionales, o reasignando partidas existentes”, plantearon.

En esa línea, explicaron que el Gobierno: “Ya recaudó más de USD 214 millones vendiendo inmuebles del Estado a través de la AABE y hay más en camino. Hace días se tomó deuda por 3000 millones de dólares para pagar deuda”, y preguntaron: “¿Por qué no destinamos una parte de esos dólares en comprar hidroaviones modernos para combatir incendios forestales? Prioridades reales de los argentinos hoy”.

“No es todo lo que se necesita para proteger nuestros bosques nativos y Parques Nacionales. También se necesitan más recursos humanos y mejores salarios y equipamiento, entre otras cosas. Pero empecemos a tomar medidas ya, porque hectárea quemada es hectárea perdida por varias generaciones”, manifestaron.

Además, Todero solicitó que la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia sea tratada en extraordinarias: “LA PATAGONIA ARDE Y NECESITAMOS ACCIÓN INMEDIATA! Más de 4.000 hectáreas quemadas en la Patagonia”.

“Miles de evacuados incluidos turistas, viviendas destruidas, parques nacionales en peligro y brigadistas arriesgando todo con recursos insuficientes. Muchos focos son intencionales y el cambio climático agrava todo. El Gobierno recortó drásticamente el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. ¡No podemos esperar más!”, alertó.

El Banco Nación (BNA) puso en marcha un programa especial de asistencia financiera destinado a productores agropecuarios MiPyMEs afectados por los incendios que golpearon el centro y sur del país durante diciembre de 2025 y enero de este año. La medida abarca a establecimientos radicados en La Pampa y en distintas provincias patagónicas donde los focos ígneos provocaron pérdidas productivas y económicas de consideración.

El esquema contempla tanto la renovación o prórroga de obligaciones vigentes como nuevas líneas de crédito para capital de trabajo e inversión. Según detalló la entidad, el objetivo es ofrecer un puente financiero que permita sostener la actividad y facilitar la recuperación de los sistemas productivos en las zonas dañadas.

Condiciones del programa

El monto máximo para nuevas financiaciones fue fijado en hasta $100 millones por usuario, con un tope de $50 millones específicamente para capital de trabajo. En el caso de renovaciones o prórrogas, los montos dependerán de las obligaciones ya contraídas por cada cliente.

Respecto de las tasas, el banco mantendrá las condiciones pactadas originalmente para quienes soliciten prórrogas o esperas. Para inversiones productivas se estableció una Tasa Fija del 30% TNA durante los primeros tres años, que luego pasará a TAMAR más 4 puntos anuales; alternativamente, los productores podrán optar por una tasa fija del 35% TNA. En tanto, el financiamiento para capital de trabajo se ofrecerá a TAMAR más 4 puntos o a una tasa fija del 38% TNA.

En cuanto a los plazos, las renovaciones podrán otorgarse por hasta 360 días a partir del primer vencimiento impago. Las líneas de inversión tendrán un horizonte de hasta 60 meses y las de capital de trabajo, hasta 36 meses. Además, se prevé un período de gracia —aplicable solo al capital— que podrá extenderse hasta 12 meses en los créditos más largos, y hasta 6 meses en los que no superen los 36 meses.

La modalidad de cancelación ya sea mensual, trimestral o semestral, se ajustará al flujo de fondos de cada solicitante.

Desde el Banco Nación remarcaron que este paquete integral “busca respaldar la recuperación y la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas”, en un contexto donde numerosos establecimientos aún trabajan para cuantificar por completo los daños provocados por los incendios.

Al proyecto que presentó el senador Martín Soria, diputados del bloque de UP sumaron otra iniciativa de declaración de emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica por 180 días para la región patagónica afectada por los incendios en enero de 2026, puntualmente las provincias de Chubut, Rio Negro, Santa Cruz y Neuquén.

El proyecto plantea que el Poder Ejecutivo asigne fondos específicos con el fin de solventar las medidas de ayuda sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a los habitantes damnificados residentes.

Además, se lo autoriza a disponer la asignación extraordinaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las mencionadas provincias con el objetivo de mitigar las consecuencias económicas, sociales, ambientales y de infraestructura, derivadas de los incendios. Asimismo, precisan que esas asignaciones deberán ejecutarse con celeridad, equidad y de acuerdo a la magnitud del daño destinada a: “Asistencia a damnificados, reconstrucción de infraestructura pública, asistencia financiera a municipios, acciones de reparación ambiental y asistencia a productores locales”.

A su vez, instruye a la ANSES a liquidar de forma inmediata la duplicación de montos de la AUH, asignación por embarazo por un período de tres meses, renovable a criterio del Poder Ejecutivo.

En lo que respecta al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, proponen que se encargue de coordinar el desplazamiento de brigadistas y medios aéreos de forma interjurisdiccional, para garantizar el apoyo permanente los cuerpos de bomberos voluntarios y brigadistas provinciales.

Lamentablemente sabemos lo poco que le importa el Sur a @JMilei y compañía, pero otra vez la Patagonia se está prendiendo fuego. Venimos advirtiendo hace rato sobre la situación y los riesgos de incendios. Chubut, Río Negro y Neuquén tienen vigente desde hace meses el Estado de… pic.twitter.com/YBLqeYD3Gt

— José Glinski (@jglinski) January 7, 2026

"Hay que castigar a los responsables individuales de los incendios, si los hay, con todo el peso de la ley. Pero igual el Estado Nacional tiene que hacerse cargo no solo de poner a disposición todos los recursos necesarios para combatirlos, sino de asumir la responsabilidad que le compete por su inacción frente a la prevención, recomponiendo el daño a las familias y comunidades afectadas, y reconociendo la enorme tarea que llevan adelante las y los brigadistas de incendios forestales de todo el país. Y en este contexto el Estado Nacional debe retroceder en su anuncio de avanzar con la derogación de la Ley de Manejo del Fuego si realmente está tomando nota de lo que está pasando", expresó la diputada Sabrina Selva.

En medio de feroces incendios en la provincia de Chubut, por segundo verano consecutivo, el diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) salió al cruce del Gobierno nacional, que el mes pasado anunció la intención de derogar la última modificación realizada a la Ley de Manejo del Fuego.

A través de su cuenta en la red social Instagram, el líder de La Cámpora compartió un video donde se ve el avance de las llamas en la Patagonia, junto a un fragmento de una conferencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en diciembre, al anunciar las propuestas del Consejo de Mayo, lo mencionó.

"Se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 ó 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción", había dicho Adorni en referencia a la última reforma a la Ley 26.815, sancionada en 2020.

En un posteo publicado este miércoles, Kirchner expresó: "Otra vez tierra arrasada por el fuego en la Patagonia. ¿Qué cosa dijeron? ¿Qué la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad? No nos sorprende. Otra mentira más".

"Ya lo dijimos: la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos", aseveró y concluyó afirmando que "la Ley de Manejo del Fuego no debe ser derogada".

El Banco del Chubut anunció que implementará medidas de alivio financiero para las personas damnificadas por los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la cordillera provincial. La decisión fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres ante la magnitud de los daños registrados en la región.

La iniciativa contempla la creación de una línea especial de asistencia destinada a clientes de la entidad que hayan sido afectados de manera directa por los siniestros. El objetivo es acompañar a prestadores de servicios turísticos, productores y familias que atraviesan dificultades económicas a raíz de la emergencia.

Según adelantó el propio gobernador, el programa incluirá alternativas específicas para quienes mantienen deudas con tarjetas de crédito u otras obligaciones financieras, con el fin de aliviar la carga económica en un contexto crítico.

Las autoridades del Banco del Chubut trabajan en la definición de los alcances, condiciones y requisitos que tendrá esta línea de apoyo. Se espera que la información completa sea difundida en los próximos días.

La Gerencia Regional Esquel será el punto central de implementación debido a su cercanía con la Comarca Andina, una de las zonas más afectadas por los incendios. Desde allí se coordinará la atención a los damnificados y la articulación con las sucursales de la región.

El banco provincial destacó que la medida forma parte de una estrategia más amplia para acompañar a las comunidades que enfrentan pérdidas materiales y dificultades económicas derivadas de los incendios.

Además, la entidad remarcó que continuará trabajando de manera conjunta con los municipios de la zona afectada para garantizar que la asistencia llegue de manera rápida y efectiva a quienes más lo necesitan.

Con esta iniciativa, el Banco del Chubut reafirma su compromiso de presencia territorial y apoyo en situaciones de emergencia, buscando brindar herramientas concretas para facilitar la recuperación de las familias y sectores productivos perjudicados.

En medio de los incendios forestales que afectan a gran parte de la Patagonia, el senador nacional Martín Soria (Justicialista) presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

La iniciativa surge en un contexto crítico, con miles de hectáreas arrasadas por el fuego, familias evacuadas y viviendas destruidas, y apunta a darle al Estado nacional herramientas excepcionales para acelerar la asistencia y la reconstrucción en las zonas afectadas.

“Mientras (Javier) Milei recorta el 69% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, nuestros bosques patagónicos están en llamas”, denunció el legislador en su cuenta de la red social X.

El proyecto establece la declaración de emergencia en los territorios afectados y habilita al Poder Ejecutivo Nacional a destinar fondos extraordinarios, reforzar los recursos para el combate del fuego y coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios.

Entre los principales puntos, la iniciativa contempla el refuerzo inmediato de los operativos de lucha contra incendios, con más recursos humanos, técnicos y logísticos; la asistencia económica y social a las personas damnificadas; y la reconstrucción de viviendas e infraestructura básica dañada o destruida por el fuego.

Además, prevé la implementación de soluciones habitacionales de emergencia para las familias que perdieron sus casas. En ese sentido, Soria remarcó que "en varias localidades patagónicas el avance del fuego dejó a familias enteras sin hogar o con daños graves en sus viviendas".

La propuesta busca garantizar condiciones mínimas de vida para los damnificados y poner en marcha un plan de reconstrucción que permita recuperar las zonas afectadas una vez superada la emergencia.

El rionegrino enmarcó la iniciativa en una fuerte crítica al gobierno de Milei, al que acusa de "haber debilitado la capacidad de respuesta del Estado por los recortes en el Programa Nacional de Manejo del Fuego".

Según el senador, "la reducción presupuestaria agravó el impacto de los incendios y dejó a las provincias patagónicas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una catástrofe ambiental que ya tiene consecuencias sociales y económicas".

Con este proyecto, se busca que el Congreso declare formalmente la emergencia y "habilite una respuesta rápida e integral frente a una de las peores crisis ambientales que atraviesa la región en los últimos años".

En medio de los incendios forestales que azotan varias provincias de la Argentina, con el peor foco en la Patagonia, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique sobre las acciones de prevención combate y mitigación implementadas, así como también, los recursos humanos, técnicos y presupuestarios asignados para combatir los focos ígneos.

En la iniciativa solicitan saber el estado de ejecución de las partidas presupuestarias para la prevención de incendios forestales. También, el funcionamiento del sistema de alertas tempranas, especificando la cantidad de alertas emitidas durante los meses de septiembre 2025 a la fecha y las áreas afectadas.

Además, piden información sobre las campañas y medidas de prevención de incendios forestales para el verano 2025-2026, la prohibición de fuego en áreas protegidas y zonas de reserva; la cantidad de dotación actualizada de personal abocado al combate de los incendios y el estado del parque automotor.

“Es preocupante que esta situación de emergencia se desarrolle en un contexto en el cual el Poder Ejecutivo ha adoptado decisiones que implican la reducción o eliminación de financiamiento destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, clave para la prevención, detección temprana y combate de incendios forestales”, argumentaron.

Con un grupo de compañeros diputados de UxP hicimos un pedido de informe al gobierno nacional por los incendios en gran parte del país.

No todo da lo mismo! pic.twitter.com/MPKiRYSghK

— Juan Carlos Molina (@juanKa_molina) January 7, 2026

En ese sentido, remarcaron que “la quita de partidas presupuestarias destinadas a dicho organismo impacta de manera directa en la capacidad operativa del Estado, afectando la disponibilidad de brigadistas, aeronaves, equipamiento, logística, capacitación y planificación preventiva”.

En tanto, apuntaron contra el presidente Javier Milei por “desfinanciar aún más el Sistema Nacional de Manejo del Fuego en el Presupuesto 2026 en un 69% menos de recursos que en el año 2023 y una baja de 5.100 a 3.100 de horas de vuelo, el sistema de alertas tempranas que siguen funcionando pésimo y la continua precarización de los brigadistas de incendios forestales”.

“Estas situaciones surgen porque se tiende a priorizar el crecimiento económico por sobre la protección del medio ambiente”, denunciaron.

Una vez más, nuestra cordillera arde, duele y nadie previó lo evidente.

Junto a @jglinski y diputados patagónicos presentamos un proyecto de ley para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia afectada por los incendios de enero de 2026.

Esto… pic.twitter.com/pdXln4QOPZ

— Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) January 7, 2026

En medio de los incendios forestales que azotan la Patagonia argentina, diputados de la oposición cuestionaron al Gobierno por “recortar” un 69% del presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y piden que “vuelva a tener una visión integral”.

La diputada Sabrina Selva apuntó: “Mientras La Libertad Avanza, el fuego arrasa. El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que 16 provincias de la Argentina se encuentran en una situación crítica frente al avance de los incendios forestales: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

“Cuando el gobierno de Milei decidió pasar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego a la órbita del Ministerio de Seguridad, advertíamos una regresión sin precedentes y a contramano del mundo, que dejaba de lado una visión integral de manejo del fuego, que implica, primordialmente, la prevención de incendios y un rol activo del Estado en ese sentido”, recordó.

Selva sumó: “A principios de 2025 advertíamos también que el sistema de alertas tempranas había dejado de funcionar, cuando se quemaban miles y miles de hectáreas en la Patagonia y en el centro de país”.

“Desfinanciar aún más el Sistema Nacional de Manejo del Fuego en el Presupuesto 2026 en un 69% menos de recursos para el SNMF que en el año 2023 y una baja de 5100 a 3100 de horas de vuelo, el sistema de alertas tempranas que sigue funcionando pésimo y la continua precarización de los brigadistas de incendios forestales tanto del Sistema Federal como de la Administración de Parques Nacionales”, criticó la diputada.

En tanto, apuntó: “La desidia del gobierno en la prevención de incendios, hace que el combate de los mismos sea ineficaz e insuficiente”, por lo que pidió que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego vuelva “a tener una visión integral, el Estado Nacional tiene que invertir fuertemente en la prevención de incendios forestales y Milei tiene que tomar conciencia que mientras celebra bombardeos a países hermanos por Twitter, la Argentina, literalmente, se está prendiendo fuego”.

Su par el diputado Juan Molina expresó: “SE INCENDIA EL PAÍS. SE INCENDIA LA PATAGONIA. ¿Sabías que en el presupuesto nacional recortaron en un 69% lo que se disponía para la prevención (informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios) y manejo del fuego (de 5100 hs de vuelo se pasó a 3100)?”.

“¿Sabías que el servicio del manejo del fuego está dentro del esquema de Control de Narcotráfico y Criminalidad Organizada? Imaginate que, si salieron con bombos y platillos a decir que el "cártel de los soles", que no existe, es una organización terrorista como estarían manejando un incendio en Puerto Patriada en el Hoyo, o en Cerro Huemul del Chaltén o en cualquier lugar de la Argentina. Si no leen Twitter no se enteran”, manifestó.

ALERTA EXTREMA DE INCENDIOS EN TODO EL PAÍS.

PERO EL PRESUPUESTO 69% menos para la prevención y manejo del fuego.

En diciembre votaron que el servicio nacional del fuego SNMF que quedó dentro de la órbita del Control del Narcotrafico y la Criminalidad Organizada, tenga de… pic.twitter.com/Jza6sYfbvk

— Pablo Todero (@PabloTodero) January 6, 2026

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), dio el puntapié este martes para el debate de proyectos de ley que proponen un agravamiento de penas por la reventa de bienes adquiridos ilícitamente para la comisión de otros delitos.

Al comienzo, Rodríguez Machado informó que la reunión sería informativa y le dio la palabra a Ricardo Rivero Haedo, creador del petitorio “en busca de seguridad a motociclistas” a través de la plataforma Change.org. “Esto no es una ola de inseguridad, sino algo que viene para quedarse. Yo estoy vivo de milagro”, expresó y contó que, a plena luz del día en Panamericana, lo asaltaron y le dispararon un tiro en el pecho.

“Tiene que haber consecuencias para que este tipo de cosas no pasen”, reclamó Rivero Haedo y sostuvo que “lo que está pasando excede el tema de la política de un lado o del otro”. “La moto se convirtió lamentablemente en una herramienta de delito”, agregó.

La presidenta de la comisión informó que sobre la mesa se encuentra un proyecto del Poder Ejecutivo que prevé el endurecimiento de penas por robo de automotores o motovehículos, cables, cañerías, cobre y otros metales no ferrosos que sirvan para la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica o para la prestación de servicios públicos en general, así como también su comercio ilegal y el de teléfonos celulares y sus repuestos; ello con el fin de incrementar las medidas para prevenir la sustracción de dichos bienes.

“Muchas provincias, como Río Negro, Mendoza y Santa Fe tienen un tipo de normativa en este sentido”, indicó Rodríguez Machado e informó que se acercará a los miembros de la comisión un trabajo comparativo de ambas iniciativas.

La otra propuesta es impulsada por la diputada Patricia Vásquez (Pro), quien manifestó la preocupación por “el problema que tenemos con los crímenes que se cometen por motochorros; hay un delito de estos cada 5 minutos en Argentina y en el 80% de los casos son cometidos a mano armada”.

“Hay que tomar consciencia que no hemos hecho lo suficiente, porque si no, no estaría pasando lo que pasa”, observó la legisladora del ala bullrichista y precisó que plantea modificar el articulado sobre hurto, el robo de motos como herramienta de delito y “el encubrimiento como delito autónomo agravando las penas”. A su vez, reformar “la Ley de Tránsito para facilitar la detención y retención”.

Vásquez completó: “Claro que no es la solución mágica ni la única. Tenemos la firme voluntad de poner penas más severas para algunos jueces que liberan permanentemente a los delincuentes por la puerta giratoria. Miles de víctimas necesitan una respuesta”.

Incendios intencionales

Por otra parte, Rodríguez Machado recordó que el año pasado hubo un despacho unánime, que compatibilizó seis proyectos (dos de UP, uno de EF y DpS, otro de LLA y Pro, y dos de la UCR) para agravar penas por incendios intencionales.

“En sesiones extraordinarias ingresó un proyecto del Ejecutivo sobre la misma temática y días atrás uno de (Miguel) Pichetto”, señaló y habló de dos alternativas: “Una es, con los nuevos proyectos generar una nueva orden del día, con el trabajo que ya hizo la comisión. Y la otra, llevar la orden del día consensuada al recinto y en todo caso modificarla”.

Según la cordobesa, entre ese dictamen y el texto del PEN “no hay tantas diferencias; se basan básicamente en los mínimos y máximos de las penas”. “Entiendo que estamos muy próximos a encontrar un acuerdo”, afirmó y subrayó: “De no mediar acuerdo esperamos que no quede este tema relegado y que tengamos que reflotarlo con motivo de algún incendio”.

Desde la oposición, Martín Soria (UP) arrancó: “Lamento que el Poder Ejecutivo se haya dado cuenta tarde de lo que generan los incendios en Argentina”. Y habló de “un récord en hectáreas quemadas en el último tiempo”.

“Me parece que intentar reabrir un debate sobre una orden del día ya cerrada, donde todos los diputados dictaminaron por unanimidad la modificación de dos artículos del Código Penal, no se justifica”, consideró y apuntó que en el texto del Gobierno “se reduce el área de aplicación de las penas solamente a los Parques Nacionales”, a la vez que “no están contempladas las personas jurídicas”.

El opositor cuestionó: “Si de verdad les preocupa, dejen de echar gente de Parques Nacionales, financien el programa de Manejo del Fuego; el año pasado solamente el 22% se ejecutó”.

“Hay que llevarlo al recinto y ahí dar el debate, y si hay algo válido para tomar de ese proyecto, se tomará en el recinto”, sentenció.

Por su parte, la diputada Vanina Biasi (FIT) opinó que “nuevamente este proyecto está cayendo en un planteo que es absolutamente falaz, y es entender que elevando penas se pueden resolver problemas”. “Hay personas que viven en medio de la naturaleza y denuncian todos los días que empresarios que se quedan con tierras mandan a sicarios a quemarlas. ¡Y no está contemplada una figuran tan importante!”, resaltó.

Para la electa legisladora porteña, “no vamos a resolver el problema de los incendios si no atacamos a aquellos que tienen intereses reales para ir e incendiar”. “Muy poco se resuelve con materia penal. Es una fantochada en términos políticos muy grave, porque se utiliza el Código Penal para perseguir gente inocente y finalmente absolver a aquellos que son verdaderamente responsables”, denunció.

En el marco de la sesión de este jueves en el Senado, la rionegrina Silvina García Larraburu se refirió al llamado a sesión extraordinaria para “tratar proyectos que están lejos de la realidad de la sociedad argentina, mientras ya se incendiaron más de 39.000 hectáreas en la Patagonia y no se declaró la emergencia por parte del Gobierno Nacional”.

Señaló que “el fuego ya afectó más de 300 viviendas, solamente en El Bolsón fueron más de 1000 los evacuados, y tuvimos que lamentar la pérdida de una vida humana. Por otra parte, las pérdidas económicas superan los 500 millones de pesos debido a la interrupción de actividades productivas y turísticas”.

Frente a esta situación, solicitó que se trate el proyecto de su autoría que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional, por 180 días. Además, pidió que se dé tratamiento a otro proyecto suyo que incrementa las penas a quienes cometen incendios.

Por otra parte, consideró que es importante darle tratamiento a una iniciativa que impulsa desde 2022, que incrementa las partidas del Sistema Federal de Manejo del Fuego; como así también al proyecto que establece un Régimen Previsional Diferencial para Combatientes de Incendios Forestales.

Con más de cuatro provincias con focos de incendios hace más de 10 días, siendo las más afectadas Chubut y Rio Negro donde el fuego no da tregua, el Gobierno nacional decidió enviar este miércoles el proyecto anunciado durante la semana que propone aumentar las penas a los que provoquen incendios.

La iniciativa modifica el Código Penal actual y es una propuesta del presidente Javier Milei que había sido anunciada este lunes por parte de los ministros de Justicia y Seguridad Nacional, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich.

Si bien había anticipado que el proyecto sería incluido en el temario de extraordinarias, en realidad se espera su tratamiento para el período ordinario, pues la cuestión no fue incluida aún y ya no hay tiempo para su tratamiento, pues por reglamento ya no se puede emitir despachos, según confió a parlamentario.com una fuente legislativa.

Paralelamente, en la sesión de este miércoles en Diputados, el rionegrino de Unión por la Patria Martín Soria solicitó un apartamiento del reglamento para incorporar un proyecto de resolución, a través del cual se le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que sume al temario de extraordinarias un dictamen alcanzado el año pasado sobre agravamiento de penas para quienes provoquen incendios, como así también “todos los expedientes de declaración de emergencia en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, y creo que también hay de Corrientes y Entre Ríos”, dijo. Sin embargo, el apartamiento, que requería las tres cuartas partes de los votos, no prosperó, al cosechar 116 votos afirmativos, 95 negativos y 7 abstenciones.

¿Qué dice el proyecto del Ejecutivo?

La redacción argumenta que “los ciudadanos están siendo víctimas de delitos producto de los cuales se destruyen bienes, tanto públicos como privados. En distintos puntos de nuestro país se están produciendo una gran cantidad de incendios que generan enormes daños y afectan la propiedad de los argentinos, su integridad física y, en ciertos casos, su vida”.

“Las consecuencias de estos delitos no sólo se proyectan sobre el estado de ciertos bienes, sino también afectan de modo directo a la producción y el trabajo de los argentinos. Esto se debe, en gran parte, a que las penas previstas en el ordenamiento jurídico no han logrado su rol precautorio”, plantea.

Así, critica que la normativa penal actual permite que, ante la comisión de uno de estos actos, el delincuente no necesariamente cumpla la correspondiente sanción de prisión, sino que, dados los montos de las penas, pueda ser excarcelado.

“Resulta evidente que es necesario modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación Argentina, a fin de garantizar que quienes se apronten a ejecutar una conducta que encuadre en la normativa citada, se vean desmotivados por la consecuencia jurídica que conllevaría”, afirma.

Según el Ejecutivo, con la presente iniciativa que consta de cuatro artículos: “Se garantizaría que aquellos que hayan ejecutado una de las acciones típicas sean efectivamente castigados y no se genere un clima de irresponsabilidad penal”.

En tanto, explica que se propone modificar el artículo 186 del Código Penal de la Nación Argentina, y añadir nuevos supuestos de conductas que pudieran producir diversos estragos. De este modo, se preverían ya no sólo la posibilidad de causar incendio, explosión o inundación, sino también un derrumbe, liberación de tóxicos, emisión de radiaciones y cualquier otro proceso destructor capaz de generar estragos.

Así, propone elevar el piso mínimo de prisión o reclusión aplicable al delito de tres (3) años a cuatro (4) años de prisión. Además, En caso de que, como consecuencia del hecho, resultaren afectados bienes específicos, tales como los que formen parte del patrimonio cultural de la Nación, bosques, parques nacionales o yacimientos arqueológicos, entre otros, el máximo aplicable sería de quince (15) años. Esto garantizaría una verdadera proporcionalidad entre la conducta y la pena.

Para el supuesto en el que se produzca la muerte de UNA (1) o más personas fruto del incendio, la inundación o cualquier otro supuesto que encuadre en el artículo 186, también se propone un incremento de la pena. Así, se sustituiría el actual máximo de veinte (20) años por el de veinticinco (25) años.

Por otro lado, se incorporarían nuevas figuras de agravantes a los ya previstos. De esta manera, si bien se simplifican los supuestos actualmente estipulados por la norma, éstos se mantendrían y se incluirían nuevos a fin de penar correctamente todas las acciones que pongan en riesgo y afecten bienes esenciales para nuestra sociedad.

Por último, se propone el aumento de los montos de las penas dispuestas para el caso en el que el delito sea realizado de modo culposo. Así, la actual escala dispuesta en el artículo 189 del Código Penal de la Nación Argentina, que consta de un mínimo de un (1) mes y un máximo de un (1) año, se elevaría a un mínimo de cuatro (4) años y un máximo de seis (6) años.

Por su parte, si se pusiera en peligro la vida de una persona, o si se le produjera la muerte o lesiones gravísimas, los máximos de las penas serían de ocho (8) y diez (10) años de prisión, respectivamente.

“En los últimos tiempos, la imprudencia ha tenido una importante influencia en la generación de incendios y otros desastres, y la normativa penal no ha cumplido un rol preventivo en modo alguno. En consecuencia, corresponde elevar las penas del delito en su faz culposa para que las personas no se puedan escudar en ella a la hora de hacer frente a las consecuencias de sus actos”, fundamenta.

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A raíz de los incendios en la Patagonia, el diputado nacional Martín Soria (UP) solicitó en la sesión de este miércoles un apartamiento del reglamento para incorporar un proyecto de resolución, a través del cual se le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que sume al temario de extraordinarias un dictamen alcanzado el año pasado sobre agravamiento de penas para quienes provoquen incendios, como así también “todos los expedientes de declaración de emergencia en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, y creo que también hay de Corrientes y Entre Ríos”, dijo. Sin embargo, el apartamiento, que requería las tres cuartas partes de los votos, no prosperó, al cosechar 116 votos afirmativos, 95 negativos y 7 abstenciones. 

El rionegrino habló de “una verdadera tragedia” y “crisis” con “bosques nativos, partes de Parques Nacionales, hogares, establecimientos turísticos y productivos incendiados”, mientras que desde el Gobierno nacional “se ha montado un show mediático”. 

Tras mencionar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el legislador expresó: “No me sorprende que alguien sea tan burro de pensar que vamos a sancionar en este Congreso una modificación al Código Penal que se va a aplicar retroactivamente a una persona detenida. Tampoco me sorprende que en este show mediático, para fingir que tratan de dar alguna respuesta a los incendios, desde el Gobierno crean que con una reforma al Código Penal van a apagar el fuego que está arrasando los bosques en la Patagonia”. 

Soria recordó “el esfuerzo y el trabajo que hicimos durante el año pasado” en comisiones, cuando se consiguió “un dictamen unánime” que “hace cuatro meses está cajoneado y nos enteramos a la madrugada que el Poder Ejecutivo envió un proyecto que no tiene nada que ver con lo que venimos trabajando en este Congreso”. 

En ese sentido, sobre la iniciativa enviada por el PEN, el diputado apuntó que en el texto “a los bosques se los equipara con pastizales” y además “no incorpora el delito doloso de incendios o destrucción de bosques nativos, el delito doloso que cause lesiones graves o gravísimas a las personas, y el delito doloso que genere daños en áreas naturales”, entre otros aspectos que lo hacen más incompleto respecto del dictamen que se había alcanzado. 

Finalmente, cuestionó la idea de “creer que con el proyecto van a apagar el fuego que han generado el desfinanciamiento y la motosierra en Parques Nacionales y el Sistema de Manejo del Fuego”. 

Reclamo contra Milei y Scioli 

Más temprano, durante una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, el diputado Fabio Quetglas (UCR) enfatizó que “la mano invisible del mercado no apaga el incendio”.

El bonaerense precisó que hay “40.000 hectáreas afectadas en el sur, aproximadamente 150.000 hectáreas afectadas en el litoral” y “ninguna de estas provincias tuvo la suerte de recibir la visita del secretario de Ambiente, experiencia idéntica a los ciudadanos de La Plata en la inundación de 2013”, lanzó, en referencia a cuando Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires. 

El radical señaló que “el fuego en estas características parece una cosa irresoluble, sin embargo, si uno habla con el Servicio Meteorológico unos meses antes, se puede saber en qué zonas y en qué lugares hay riesgos y respecto de las cuales se pueden tomar actitudes preventivas”.

“En todo el mundo -continuó- la organización de la respuesta a este tipo de sucesos no es individual, sino que es colectiva. El 99% de la tierra está protegida por algún tipo de servicio colectivo de protección contra incendio, y en aquellos pocos lugares donde la respuesta es privada, la coordinación sigue siendo pública”.

En esa línea, agregó: “Imaginen licitar un servicio de protección contra el fuego y el día que se produce un incendio la empresa se presenta a quiebra. Es evidente que frente a un riesgo de tal magnitud la organización decidió no agregar riesgo económico al riesgo natural. La mano invisible del mercado no apaga el incendio. Lo dice alguien que cree en el mercado, como creo en la penicilina y, sin embargo, no creo que la penicilina sea buena para todas las dolencias”.

“El fuego es una tragedia, pero mayor tragedia es el fanatismo, que es una forma de ignorancia”, finalizó Quetglas.

El diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, comparó al Gobierno de Javier Milei con el kirchnerismo: “En los incendios, usa las mismas excusas”, y señaló que “el factor intencional puede estar presente en este tipo de desastres, pero no es el único responsable”.

A través de un posteo en sus redes, Ferraro apuntó: “El Gobierno insiste en que la única causa del fuego es el facto intencional, adoptando el mismo sesgo que antes tenían los K al señalar a los productores del campo y a los desarrollos inmobiliarios. Mientras tanto, siguen negando el impacto del cambio climático y minimizando su desacertada política de inversión en prevención y control”.

“Es cierto que los incendios pueden ser provocados de manera intencional o accidental, pero no podemos pasar por alto fenómenos estructurales: una planificación urbana deficiente, la presión de la gentrificación, los fenómenos climáticos extremos y el deterioro de los ecosistemas”, enumeró y resaltó: “No cabe duda de que los responsables deben pagar con todo el peso de la ley, pero limitarnos sólo a eso no resolverá el problema de los incendios forestales”.

El diputado de la CC pidió con urgencia la declaración de emergencia en las zonas afectadas de la Argentina y destinar fondos específicos para la asistencia, el apoyo logístico y la restauración de ecosistemas.

Además, alertó que “se necesita una política ambiental integral que contemple la prevención, la planificación, la coordinación entre Nación y provincias, el uso de datos reales y el financiamiento para llevar adelante estas acciones. Como siempre, la realidad mata el relato”.

Tras trece días de incendios que azotan la Patagonia argentina, la senadora nacional Silvia Sapag por Unión por la Patria presentó tres proyectos para exigir informes sobre el manejo del fuego y la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de incendios y apuntó contra el “desmantelamiento del Ministerio de Ambiente, el ajuste presupuestario y la falta de recursos”.

Sapag elevó tres iniciativas al Senado con el objetivo de obtener respuestas sobre el manejo del fuego en la Patagonia. A través de un pedido de informes, exigió al Gobierno de Javier Milei que detalle la ejecución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego y la inversión en recursos humanos y materiales.

Además, presentó un proyecto para citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar explicaciones sobre la estrategia de prevención y combate de los incendios forestales.

“El brutal ajuste del Gobierno está dejando a la Patagonia a la deriva mientras se multiplican los incendios”, advirtió Sapag. “El desmantelamiento del Ministerio de Ambiente, la subejecución presupuestaria y la transferencia del manejo del fuego al área de Seguridad demuestran la completa falta de interés por proteger nuestros recursos naturales”, agregó.

En sus fundamentos, recordó que, entre enero y febrero, más de 13 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego en la región y denunció que la política de Milei y Bullrich ha generado un vaciamiento de las instituciones encargadas de la protección ambiental. “Nos están quemando la Patagonia mientras el Gobierno se lava las manos”, afirmó.

Finalmente, pidió el respaldo de sus pares para aprobar los proyectos y exigir respuestas al Ejecutivo. “El ajuste y la desregulación ambiental están destruyendo el país. No podemos permitir que la falta de control y la negligencia sigan avivando el fuego que consume nuestra Patagonia”, concluyó.

Los ministros de Justicia y Seguridad Nacional, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, anunciaron este lunes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que reforme el Código Penal e incremente las penas contra quienes intencionalmente provoquen incendios.

La propuesta es una iniciativa del presidente Javier Milei y será incluida en las sesiones extraordinarias que llevará adelante el Poder Legislativo. Incluye, además del aumento de las condenas, el carácter de delito excarcelable y crea agravantes cuando se afectan bosques, plantaciones o ecosistemas.

También cuando el objetivo del incendio es intimidar al Gobierno.

Actualmente la pena para quienes inician fuegos es 3 a 10 años de prisión, pero si el incendio genera peligro de muerte o mata, asciende a un máximo de 20 años.

De ser aprobado el proyecto, las penas pasarán a ser de 4 a 12 años en caso mínimo y hasta 25 años de máxima.

Cabe consignar que el año pasado impulsaron los diputados Laura Rodríguez Machado (Pro) y Gabriel Bornoroni (LLA), ambos de la provincia de Córdoba, en ocasión de los graves incendios registrados en esa provincia. Esa iniciativa presentada el 27 de septiembre del año pasado, que modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación, sobre incremento de penas para quienes inician incendios intencionales.

Ese proyecto tuvo dictamen, pero luego no avanzó hacia el recinto.

Tras doce días de incendios en la Patagonia del país y con focos ígneos en Corrientes y Neuquén, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, compartió un video en sus redes hablando de “sus pasiones deportivas” donde se lo ve practicando paddle y la oposición lo fulminó y le pidió que “se ponga a trabajar”.

“Mis pasiones deportivas: el paddle tenis, el futsal y el ajedrez. La mejor vacuna contra el estrés: hacer deporte. Y también para ver la vida con fe, esperanza y optimismo”, escribió el ministro al compartir el video.

Inmediatamente, le llovieron las críticas. La diputada nacional de UP Cecilia Moreau cuestionó: “¿EN QUÉ PAÍS VIVE ESTE SEÑOR? Se está viviendo un desastre ecológico y social en varias provincias argentinas y, mientras eso sucede, el secretario de Turismo, AMBIENTE y Deporte de la Nación, nos habla de sus pasiones deportivas… Es realmente vergonzoso y doloroso”.

“Hoy el Sistema de Manejo del Fuego está a cargo de Seguridad y la ministra Bullrich no ejecutó NI UN SOLO PESO durante enero. (Y sólo un 26% del total durante 2024). Parece que en estos días a la ministra la ocupan otras cuestiones, como enviar a las fuerzas represivas contra las comunidades originarias con consecuencias fatales”, apuntó y remató: “𝗛𝗮́𝗴𝗮𝗻𝘀𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀, 𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗿𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮𝗱𝗼. 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮́𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗲𝘀 𝗮𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗮𝗿 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼𝘀 𝗮 𝘀𝘂 𝘀𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲”.

Su par Sabrina Selva chicaneó: “Ojalá tu pasión fuera hacer lo que te corresponde como funcionario que tiene a su cargo el área de ambiente de este gobierno nefasto. SE PRENDE FUEGO TODO DANIEL. Dejá la raqueta y andá a la Patagonia y a Corrientes y fíjate lo que pasa cuando el estado se aleja y disocia de la realidad”.

“DESASTRE AMBIENTAL EN ARGENTINA y este coso jugando al tenis. Que salga a decir que esto está armado con IA o que renuncie ya”, exigió Mónica Litza.

El presidente de la CC y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, expresó: “Señor, varios lugares de la Patagonia, Corrientes y Catamarca se están incendiando. Póngase a trabajar de una vez, junto a la subsecretaria Lamas y el Ministerio de Seguridad. Con fe y optimismo no alcanza”.

Incluso desde el Pro lo cuestionaron, fue la diputada María Sotolano quien apuntó: “Yo sé que el trabajo duro, la gestión y la empatía no son lo tuyo Daniel. Los bonaerenses te recordamos por ser muy mal gobernador, pero el sentido común tampoco parece ser algo que te caracterice; salir con esta publicación de tus pasiones deportivas para combatir el estrés, mientras arde la Patagonia y sus ciudadanos pierden todo.... un poco de asesoramiento che! un poco de cercanía y empatía por favor”.

Pichichi, estaría bueno que tu pasión fuera laburar y gestionar los recursos para combatir los incendios. La Patagonia está en llamas. https://t.co/6Bv71jJ2OG

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) February 9, 2025

En medio de los incendios forestales que azotan la Patagonia del país, el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro (UP) culpó al Gobierno por la “devastación” de dicha zona y le pidió que se haga cargo de la crisis ambiental.

A través de un posteo en sus redes sociales, el opositor apuntó: “Además de ir a contramano del sentido común de todos los países -que protegen sus industrias, sus puestos de trabajo, sus recursos y su economía-, el presidente Milei va en contra del sentido común ambiental y de la evidencia científica global al negar el cambio climático”.

“La devastación que sufre la Patagonia argentina está fuera de control, y mucho tiene que ver con la irresponsabilidad, la desregulación y la desidia del Gobierno. Cada día que pasa sin tomar cartas en el asunto, las consecuencias se agravan aún más”, acusó.

Así señaló que, al asumir, el presidente derogó -con el decreto 70/2023- la ley que limitaba la transferencia de tierras incendiadas, que buscaba desincentivar los incendios provocados con fines especulativos. También indicó que eliminó los fondos destinados a la prevención, vació la Administración de Parques Nacionales, despidió brigadistas y desfinanció a las provincias, dejando al Estado sin recursos para evitar y mitigar estas catástrofes.

“Ya tenemos que lamentar la muerte de Ángel Reyes, vecino de El Bolsón, en el marco de esta catástrofe. Y el fuego sigue avanzando, destruyendo miles de hectáreas, bosques nativos y fauna autóctona, generando daños irreversibles y poniendo en riesgo a miles de familias”, alertó.

De Pedro expresó solidaridad a “las comunidades afectadas. El enorme sacrificio de los brigadistas y bomberos no alcanza”, y le pidió al gobierno de Milei que “se tiene que hacer cargo de esta crisis ambiental”.

Los incendios forestales que aún están activos en El Bolsón y la zona cordillerana de Río Negro y Chubut se han cobrado su primera víctima fatal, han causado devastación, tocando incluso áreas cercanas a centros urbanos. Ante este grave panorama, el senador nacional Martín Doñate presentará este lunes un proyecto de ley que exige la declaración de emergencia y el inmediato desembolso de fondos nacionales para socorrer a las familias perjudicadas de Mallin Ahogado en El Bolsón y la región cordillerana.

La iniciativa propone la asignación urgente de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), de modo que la provincia y los municipios puedan asistir directamente a las personas que han perdido sus viviendas, proyectos productivos y medios de vida, así como atender otras contingencias derivadas de este desastre.

“Es imperativo que el Estado responda con fortaleza para amortiguar la devastación que generan estas situaciones excepcionales”, afirmó Doñate.

Además, lamentó las consecuencias de la derogación de recursos claves para la prevención de incendios, implementada mediante el decreto 70/2023, lo que ha dejado a las provincias argentinas y los municipios en una posición de alta vulnerabilidad frente a estos desastres.

Doñate subrayó que el proyecto de ley, junto con las solicitudes por nota formal dirigidas al Presidente de la Nación y las autoridades ministeriales, busca garantizar que las familias damnificadas reciban la ayuda que necesitan sin demoras. “No podemos quedarnos inmóviles. Este evento requiere acciones decididas y responsables”, agregó.

“Seguimos atentos a la situación, y estamos en contacto permanente con el Legislador provincial Leandro García que está recorriendo la zona, y nos pusimos a disposición del intendente Bruno Pogliano”, informó el senador rionegrino.

Por otra parte, el senador Doñate remarcó la importancia de investigar a fondo el origen de los incendios y, de confirmarse que fueron provocados de manera intencional, instó a aplicar la máxima condena a los responsables. “No puede haber contemplaciones si esto fue deliberado. Necesitamos un Estado firme que brinde soluciones y justicia”, concluyó.

En medio de los incendios que afectan al Parque Nacional Nahuel Huapi el Gobierno Nacional modificó la Ley de Ministerios y el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) pasará a estar a cargo de la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Los cambios se establecieron mediante la publicación del Decreto 1136/2024 en el Boletín Oficial este lunes que fue firmado por el presidente Javier Milei, de Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger. Anteriormente, la gestión del SNMF estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“El Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene como objetivos generales proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios y establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego”, explicó el Gobierno.

Además, indicó que “el Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene como objetivos generales proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios y establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego”.

También, precisaron que, mediante la Ley N°27.287, se creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que tiene como finalidad la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos.

“Atento las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad y los objetivos y finalidades asignados a los precitados Sistemas resulta necesario adecuar las competencias asignadas a dicho Ministerio”, argumentaron y sumaron: “Corresponde adecuar las atribuciones y competencias establecidas en la Ley de Ministerios a la jefatura de Gabinete de ministros y al Ministerio de Capital Humano”.

“Con el fin de lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil resulta necesario que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego forme parte del mismo”, justificaron y agregaron: “En atención a lo señalado resulta impostergable efectuar la correspondiente adecuación a la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias para una mejor gestión de gobierno”.

El último tema que alcanzó a ser votado en la Cámara baja fue, al filo de la medianoche, el que declara emergencia ambiental, económica y habitacional, por 90 días, prorrogables por igual plazo a departamentos de la provincia de San Luis. La norma, impulsada por el diputado Ernesto “Pipi” Alí, fue votada por unanimidad, con 178 votos a favor.

En la sesión del 2 de octubre pasado, el citado legislador puntano de Unión por la Patria había pedido un apartamiento de reglamento para tratar el tema a raíz de los incendios que se estaban produciendo en su provincia. La situación allí era muy similar a la que estaba viviendo la provincia de Córdoba, que ya había sido beneficiada por una medida similar a la que él ahora pedía para los departamentos de San Martín, Ayacucho y Junín.

Esa vez Alí intentó forzar el tratamiento sobre tablas del proyecto, pero al final acordaron emplazar a las comisiones para emitir el dictamen correspondiente; hecho lo cual, se programó debatirlo en una sesión en la que no se lo trató, cosa que finalmente se hizo este miércoles.

Con una única modificación respecto del texto original: donde decía AFIP, terminó figurando ARCA.

Sobre el final de la sesión del 1 de octubre pasado, la Cámara baja aprobó un emplazamiento a comisiones para tratar un proyecto de ley de declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en zonas afectadas por los incendios en la provincia de San Luis. Ese día se acordó este jueves como fecha para el tratamiento de esa iniciativa y por eso se reunieron a partir de las 11 las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y de Finanzas.

Precisamente el presidente de esta última comisión, Bertie Benegas Lynch, encabezó el plenario en ausencia de José Luis Espert, quien dio detalles de la iniciativa que prevé la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en los departamentos puntanos de San Martín, Ayacucho y Junín.

Quien solicitó hace diez días el emplazamiento fue el diputado puntano de UP Ernesto “Pipi” Alí, uno de los autores de la iniciativa, que al hacer uso de la palabra destacó la presencia del intendente de la ciudad de San Martín, una de las zonas afectadas, y explicó que la declaración de emergencia “tiene connotaciones en lo que tiene que ver con la ayuda inmediata, y el proyecto plantea algún tipo de diferimiento y exención. Si no declaramos la emergencia, es muy complicado”.

“Esto está sucediendo ahora, es inmediato; no tenemos mucho tiempo para darle una mano a todas las personas que perdieron su vivienda… Los animales necesitan hoy comer y tomar agua, y esto es un tema urgente en cuanto a las necesidades”, señaló, pidiendo entonces el acompañamiento de todos sus colegas “en un tema que no tiene que ver con lo ideológico y político, sino con quienes han visto afectado su vida por esta catástrofe”.

Advirtió también que “el futuro no es nada alentador”, puesto que en esa zona, calculando los últimos 12 años, el promedio de precipitaciones es de entre 900 y 950 milímetros anuales, y al día de la fecha estamos en los 300 milímetros”.

Habló también la diputada de UP Natalia Zabala Chacur, firmante de la iniciativa, que detalló que “una vez que entró el fuego a la sierra, o lo dejás ir o corren peligro de vida las personas que están combatiendo el fuego”. Contó que hay también personas mordidas por víboras, o chanchos jabalíes, que escapan de las llamas. “Todo esto es la biodiversidad”, sintetizó, valorando que la declaración de emergencia implicará también el análisis de cuánto va a ser afectado, cuántos animales se perdieron, cuántas aguadas, cuántos alambrados… Todo lo que afecta a la economía provincial, que hace también a la economía nacional.

El proyecto que obtuvo dictamen, y cuenta con el acompañamiento de todos los diputados de esa provincia, tiene la adhesión de los diputados de La Libertad Avanza. El diputado de este bloque Nicolás Mayoraz apuntó que se había modificado en el artículo 1° el tiempo alcanzado: de 180 días de emergencia, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo Nacional, se pasaba a 90.

A su turno, el diputado de La Libertad Avanza Carlos D’Alessandro relató que había recorrido el fin de semana la zona y había encontrado muchísimos tendidos eléctricos destruidos. “Un golpe directo a la producción de San Luis, porque la zona que se quemó es zona de productores –comentó-. La preocupación de los habitantes era si iba a estar presente el Estado, y este es un momento para demostrar que cuando es necesario apoyar desde el Estado, estamos. La Libertad Avanza apoya este proyecto. Es un dictamen unánime que vamos a sacar y celebro que nos pongamos de acuerdo”.

Una postura disruptiva aportó el diputado de la izquierda Alejandro Vilca, que afirmó que “la política de ajuste y recorte llega también a los fondos que sirven de protección y manejo del fuego. Entonces tiene sus consecuencias la política que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, de déficit cero y cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos alertar, porque nos parece que podría ser un doble discurso y hasta hipócrita, porque cuando se ponen prioridades como déficit cero o FMI, y se dejan de lado políticas de medio ambiente, tenemos estas consecuencias”.

Le contestó el diputado Mayoraz, que reprochó que los acusaran de “hipócritas” “cuando los incendios fueron durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando no había ningún ajuste. No tiene nada que ver el Gobierno nacional”, y luego insistió: “Aquí no hay que responsabilizar al Gobierno Nacional por estos incendios”.

Al cabo de la breve reunión, los 76 diputados aprobaron con modificaciones el proyecto que entre otras casas propone destinar una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a los fines de la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas.

Estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de la provincia de San Luis y los gobiernos municipales de las localidades afectadas, respetando los protocolos establecidos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Las prioridades y metodologías de distribución de los recursos asignados serán definidas conforme a la urgencia de las necesidades, con enfoque en el bienestar de las personas damnificadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad afectada.

La Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro), realizó una reunión informativa con diputados autores de las iniciativas, que modifican los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación, sobre delitos contra la seguridad pública producidos por incendios.

En esa línea, la diputada Rodríguez Machado explicó que hay cuatro proyectos para modificar “el agravamiento de las penas para delitos, que de alguna manera, tengan incendios con intencionalidad que generan los desastres ambientales que estamos viendo en los últimos años. El disparador es Córdoba, pero este tema tiene historia”, dijo y convocó a “avanzar en tratar de encontrar un texto único y que salga aprobado por unanimidad”.

El diputado Martín Soria (UP), vicepresidente de la comisión, manifestó que desde “2007 tenemos una deuda pendiente del Estado y las provincias con la protección ambiental de nuestros bosques”. “En estos 17 años no hemos podido sacar una legislación penal. Es un buen puntapié para saldar esta deuda”.

Asimismo, la diputada radical Soledad Carrizo coincidió en que “hay una necesidad de agravar las penas, dado que es una constante en invierno, otoño en el periodo de sequía en Córdoba. Necesitamos que esto sea ya”. “El 95% de los incendios son realizados por humanos, tiene que tener un a mirada de prevención y amedrentamiento e incorporamos la perspectiva ambiental”.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, manifestó que “siempre son temas coyunturales que empujan al Congreso a resolverlos, tiene que ser prioritario. Démosle las herramientas a los operadores judiciales, para que puedan merituar mejor en base a las penas que hacer con los delincuentes”. Particularmente, dijo sobre su propuesta “que no sean delitos excarcelables, subiendo los mínimos y máximos de las penas, además, se incorpora un inciso por las lesiones que provoca”.

En la agenda de trabajo para este martes figuraba el proyecto sobre compra y venta de menores, pero según pudo saber parlamentario.com, “hubo inconvenientes” y no se trató el tema. Puntualmente habían propuesto modificaciones, pero no había consenso sobre las mismas.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se encamina a dictaminar, con modificaciones, el proyecto de ley que busca tipificar el delito por compra y venta de menores, a la vez de establecer duras penas, que viene con media sanción del Senado.

El encuentro se dará este martes a las 17.30 en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo. Según pudo saber parlamentario.com habría consenso por unanimidad para introducir los cambios propuestos la reunión pasada y emitir dictamen.

Una vez finalizado el plenario, la Comisión de Legislación Penal iniciará el debate sobre los proyectos presentados que proponen modificaciones al Código Penal de la Nación en los artículos 186 y 189 sobre delitos contra la seguridad pública producidos por incendios a raíz de lo ocurrido en Córdoba y San Luis.

A raíz de que en los últimos dos años la provincia de San Luis fue la más perjudicada por los incendios, el senador nacional Bartolomé Abdala (LLA) presentó un proyecto de ley para endurecer las penas para aquellas personas que inicien los siniestros y además establece que los delitos no sean excarcelables.

El texto de esta iniciativa modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación. El artículo 186 dispone que quien “causare incendios, explosión o inundación será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, si hubiere peligro común para los bienes”.  Así, amplia a doce años en caso de destrucción de cereales, bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales yerbatales o cualquier otra plantación de árboles o arbustos, de ganado y de forrajes. Y agrega: “Si hubiera peligro de muerte para una persona, la pena se aumenta a tres años más y si el hecho provocara una muerte, la pena de reclusión o prisión está prevista de ocho a veinte años”.

Por su parte, el artículo 189, en caso de provocar un incendio por imprudencia, negligencia, impericia o falta de cumplimiento de reglamentos u ordenanzas, la prisión prevista es de tres a seis años. Si el hecho pusiere en peligro la vida de alguna persona el máximo de la pena se elevará a ocho años y si causare la muerte se elevará a diez años.

La escalada de incendios forestales en Argentina, afectaron gravemente a la provincia de San Luis, ya que el año pasado se quemaron 128.186 hectáreas según la CONAE, aunque fuentes provinciales aseguran que se trató de 192.000 hectáreas y este año la cifra ya llega aproximadamente a las 100.000 hectáreas. También a Córdoba, Chubut y toda la zona del Delta del Paraná.

“Aumentar las penas no sólo servirá como un claro mensaje para los infractores sino también que reforzará el compromiso del país con la protección del medio ambiente. Es necesario que todos tomemos conciencia del rol que jugamos en la protección de nuestros ecosistemas, a través de campañas educativas que promuevan prácticas responsables”, comentó el Presidente Provisional del Senado.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados le dará tratamiento al proyecto que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional, por el término de ciento ochenta días prorrogables, en diversos departamentos afectados por los incendios en la provincia de San Luis.

La iniciativa se pondrá a consideración el próximo jueves 10 de octubre en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente humano, y de Finanzas a las 11 en el Anexo “C”.

El emplazamiento a comisión fue solicitado por el diputado puntano Ernesto Alí sobre el cierre de la sesión del pasado martes 2 de octubre, al pedir un apartamiento de reglamento. El legislador de UP sostuvo que la situación en San Luis es “muy similar” a la que está viviendo la provincia de Córdoba, razón por la cual pidió el tratamiento de un proyecto de su autoría para que se atienda la emergencia.

En el inicio de la sesión, la Cámara de Diputados aprobó este martes incorporar para el tratamiento sobre tablas el proyecto que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto.

La iniciativa fue puesta a consideración por el diputado Oscar Agost Carreño y por no contar con dictamen de comisión necesitó que las 3/4 partes de la Cámara aprobara su tratamiento sobre tablas, como así también se puso a la Cámara en comisión.

El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, habló en ese contexto, advirtiendo que “Córdoba viene recibiendo incendios de esta magnitud en promedio 50 mil hectáreas por año”. Se han quemado, dijo, 1.600.000 hectáreas, “el 10% de la totalidad de la superficie de una de las provincias más grandes que tiene la Argentina, de uno de los países más grandes del mundo”.

Los diputados Gabriela Estévez, Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni secundaron la propuesta. El jefe del bloque oficialista anticipó el acompañamiento de su bancada a la propuesta y destacó la preocupación del presidente Javier Milei y las más altas autoridades del Ejecutivo. “Se hizo un gran trabajo, pero lamentablemente todos los años Córdoba sufre estos incendios”, señaló, destacando que la emergencia es por 180 días y concluyó pidiendo un aplauso para los bomberos de su provincia.

Se trata de un proyecto que fue aprobado el jueves pasado en el Senado, también propuesta sobre tablas, con 55 votos afirmativos y la abstención de los senadores de La Libertad Avanza, que argumentaron ese día que no había partidas asignadas para tal fin y “hay cuestiones que no son claras”. Para este martes los diputados de La Libertad Avanza mostraron en cambio su disposición al tratamiento del tema.

La iniciativa fue presentada la semana pasada por los senadores cordobeses Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo, y contaba con la anuencia de todos los diputados cordobeses.

El senador cordobés Luis Juez (Pro) estalló contra el oficialismo tras no acompañar con el voto el proyecto de declaración de emergencia ambiental en la provincia de Córdoba en medio de los intensos incendios que no dan tregua desde el mes de agosto.

Fue en el cierre de la sesión del Senado de este jueves donde la oposición logró el tratamiento sobre tablas al expediente impulsado por los legisladores cordobeses Juez, Alejandra Vigo y Carmen Álvarez Rivero.

Juez arremetió contra el oficialismo luego de que el titular de dicho bloque, el jujeño Ezequiel Atauche, adelantara la abstención de su espacio en la votación del proyecto: “Nosotros estamos de acuerdo con la lucha contra el fuego, pero entendemos que no hay partidas asignadas y hay cuestiones que no son claras, por lo que vamos a decidir abstenernos en el voto”.

El senador del Pro fue uno de los que le salió al cruce: “Es tanto el dolor que vive la provincia y la gente que ha perdido todo y hay múltiples miradas ante la desgracia que vive Córdoba, no íbamos a usar este tema para sacar ventaja”.

“¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo?”, lanzó con furia y sumó: “¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta dirigentes políticos que hay gente que perdió todo, todo? No estamos hablando de plata en el proyecto; establece simplemente un mecanismo que en la democracia es normal. Que el Gobierno nacional se junte con un gobernador que no es de mi palo y vea cómo le da una mano a la gente que la está pasando mal”.

Juez expresó que lo sintió como “recibir una cachetada en la nuca” cuando “hace nueve meses este senador le pone el pecho a este Gobierno”, y enfatizó: “No queremos usar la desgracia de nuestro pueblo para sacar ventaja, pero tampoco nos vamos a callar la boca y vamos a permitir que nos traten como imbéciles. Hace años hacemos política y significa comprometerse con la gente”.

“En mi provincia, hoy mi gobernador, un tipo con el que estoy enfrentado tiene necesidades y el Gobierno le tiene que dar una mano sin mirar de qué color político es. Le agradecemos a la bancada opositora el apoyo sabiendo que esto no tenía dictamen de comisión. El tema es hoy, es ya que mi provincia necesita que le den una mano”, cerró.

A la espera de que el Gobierno declare la emergencia ambiental para Córdoba en medio de los incendios forestales, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, expresó su compromiso y aseguró que están “haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar”.

A través de su red social “X”, la titular del Senado escribió: “Estoy siguiendo con mucha atención y tristeza los incendios que están teniendo lugar en mi querida provincia de Córdoba”.

“A quienes han perdido todo quiero dejarles mi compromiso y el del gobierno nacional, de que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a transitar este difícil momento”, afirmó.

Además, expresó un “enorme orgullo” por los bomberos voluntarios y por todo el personal que “están arriesgando sus vidas para proteger a sus compatriotas.  En un mundo que a veces parece haber perdido la costumbre del heroísmo, su valentía y dedicación son un ejemplo de esperanza y sacrificio para todos nosotros”, y cerró: “Hoy tenemos que estar más unidos que nunca. ¡Fuerza, Córdoba!”.

Un grupo de diputados de la UCR, encabezados por Carla Carrizo, presentaron un proyecto de resolución citando a la Cámara baja al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y a la subsecretaria, Ana María Vidal de Lamas, a efectos de que brinden información y den explicaciones sobre el accionar del Servicio Nacional de Manejo de Fuego en medio de los incendios que azotan la provincia de Córdoba.

En la iniciativa piden que las autoridades pertinentes informen sobre la totalidad de recursos humanos y materiales destinados al abordaje de los mismos, la razón de la demora en el envío de asistencia y recursos que colaboren con la mitigación de los incendios, así como la protección de las personas afectadas; y los canales de información pública oficial que se implementaron para dar a conocer las políticas que el Estado nacional desplegó.

También conocer las razones por las que el Gobierno nacional “decidió no prorrogar la Emergencia Ígnea Nacional, declara por el Decreto 6/22, vigente hasta el 13 de enero de 2024 que facultaba al jefe de Gabinete a reestructurar, modificar o resignar partidas presupuestarias para fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta”.

Sobre el cumplimiento de la Ley 26.815 del Sistema Federal de Manejo de Fuego exigen saber si se evalúa reglamentar dicha norma que “hace más de once años de entrada de vigencia no ha sido reglamentada”.

Respecto del Fondo Nacional de Manejo de Fuego piden saber el monto total destinado a dicho fondo en 2024 y se detalle el porcentaje ejecutado y pendiente de ejecución a cada jurisdicción discriminado por mes.

Pasan las gestiones, continua la desidia en las políticas ambientales en el país. El fuego no reconoce límites provinciales; Córdoba es Argentina, no puede la administración nacional ser un actor ausente en una problemática que todos los años se agrava. ¿Cuál es el plan? No solo… pic.twitter.com/m2QEI4WBgC

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) September 23, 2024

Con la provincia de Córdoba ardiendo en llamas por los diversos focos de incendios, un grupo de diputados de la Coalición Cívica, con Maximiliano Ferraro a la cabeza, enviaron una nota al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y a la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal de Lamas, para que oficien de intermediarios con el Gobierno nacional y le soliciten que declare la emergencia ígnea en las zonas afectadas.

A través de la misiva, señalaron que “los estragos que están causando los feroces incendios, causando pérdidas irreparables en los ecosistemas, los hogares y las fuentes de ingresos de tantos compatriotas”.

Así, manifestaron su “enorme preocupación ante la falta de agilidad en la respuesta y disponibilidad de recursos para combatir el fuego que cada vez con más frecuencia e intensidad azota distintas regiones en nuestro país y que hoy tiene su epicentro en la Provincia de Córdoba, donde ya se han perdido decenas de miles de hectáreas de bosques”.

Desde el bloque indicaron que en el décimo mes del año “observamos una subejecución de los fondos para el manejo del fuego, que gira en torno al 40% del presupuesto anual. Esto, a pesar de que en la primera mitad de este año se sucedieron casi el doble de focos de incendios forestales que en el año anterior”.

“Para brindar una respuesta eficaz, no solamente es necesaria la ejecución de estos fondos (que hoy ascienden a más de siete mil millones de pesos disponibles), sino que también es preciso repensar un esquema de planificación federal que permita prevenir y actuar con celeridad y firmeza ante catástrofes de esta envergadura. Cuando la vida y el sustento de los argentinos está en juego, no puede haber lugar para las medias tintas y menos aún para posibles negligencias”, expresaron.

En esa línea, señalaron que la acumulación de partidas presupuestarias sin ejecutar “nos alerta ante la posibilidad de que se intente avanzar con la liquidación del fideicomiso para la administración Fondo Nacional de Manejo del Fuego en el marco del artículo 5° de la Ley Bases”.

“Este financiamiento, como venimos viendo años tras año, es cada vez más necesario ante las inclemencias del cambio climático que multiplica las sequías y olas de calor. No siempre restringiendo el gasto se obtiene un mayor ahorro. En este caso ‘sí hay plata’, y de haberla usado correctamente, se podrían haber prevenido pérdidas económicas millonarias”, plantearon.

Por ello, solicitaron que como autoridades competentes para velar por un ambiente sano, equilibrado y apto para un desarrollo humano “oficien de intermediarios entre todos los argentinos afectados y el Sr. Presidente de la Nación, solicitándole que revise su decisión de desfinanciar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego”.

También, pidieron que Javier Milei “tenga a bien declarar de forma inmediata la Emergencia Ígnea y Zona de Desastre en los Departamentos afectados, a los fines de fortalecer la capacidad estatal de respuesta para la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas dañadas, la prevención de nuevos focos y la asistencia integral de las familias afectadas”.

La nota fue suscripta por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mónica Frade, Paula Oliveto, Victoria Borrego y ​​​​Marcela Campagnoli.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, denunció que los incendios que se registran en el Parque Nacional Los Alerces tienen un origen intencional. En el mismo sentido se pronunció este martes la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

“Sigo atentamente la situación en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut donde año tras año ocurren incendios intencionales en esta época del año que arrasan miles de hectáreas y árboles nativos y nadie paga por los daños inmensos hechos a nuestro patrimonio común”, señaló la vicepresidenta, que posteó un mapa de la zona afectada por el incendio forestal que ya alcanzó a mil hectáreas.

La titular del Senado se puso a disposición del gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres “para cualquier gestión en la que pueda ser útil a nuestra provincia”.

Cabe recordar que sobre el tema, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo sobre la denuncia del gobernador Torres que “no convalidamos ni ocupaciones ilegales, ni ataques terroristas ni ninguna cuestión por fuera de la ley”, y aseguró que si se comprueba la intencionalidad, los responsables “tendrán que estar tras las rejas o extraditados, en el caso de corresponder como hicimos con el terrorista Jones Huala”.

Sigo atentamente la situación en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut donde año tras año ocurren incendios intencionales en esta época del año que arrasan miles de hectáreas y árboles nativos y nadie paga por los daños inmensos hechos a nuestro patrimonio común. Me pongo a… pic.twitter.com/I8cpSaagmZ

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 30, 2024

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe cuáles son las acciones conjuntas entre la provincia de Córdoba y el Estado nacional, en el combate de los focos de incendios que se encuentran activos en la zona del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, a unos 100 kilómetros de la capital cordobesa.

La radical instó al Gobierno nacional a presentar un informe sobre el accionar del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para la prevención y el combate de los incendios, detallando los recursos puestos a disposición de las autoridades locales.

La legisladora solicitó que se informe si existe articulación entre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGER), detallando cuáles son las acciones y estrategias articuladas entre la provincia y estas entidades para la prevención, evaluación de peligro y alerta temprana de incendios en el territorio llevadas adelante en el año 2023.

“Frente al extremo riesgo, y la insuficiente información disponible sobre las acciones conjuntas desarrolladas entre la provincia de Córdoba y el Estado nacional, consideramos fundamental que las autoridades competentes informen, de manera urgente, las estrategias de abordaje conjunto que llevan adelante y su articulación, específicamente sobre los recursos, materiales utilizados y puestos a disposición", explicó la diputada.

Numerosos focos de incendios se encuentran activos en el ala suroeste del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Noventa brigadistas se encuentran combatiendo el incendio forestal de considerables dimensiones, lo que motivó a que se autoevacuen 200 personas por el humo a pesar de que "no hay riesgo latente para las viviendas", según informaron fuentes provinciales.

El senador nacional Ignacio "Nacho" Torres (Chubut) presentó un proyecto para pedirle al Gobierno Nacional que declare la emergencia ígnea y actúe urgente para frenar el avance del incendio en El Hoyo que se desató este domingo y que, por estas horas, tiene a varias familias evacuadas.

Asimismo, Torres pidió que se investigue a fondo si el siniestro se trató de un nuevo atentado de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ante la aparición en el lugar de un panfleto de esa organización terrorista que reza que "no pararemos hasta que la Patagonia arda y recuperemos nuestro territorio".

“El año pasado, estos mismos grupos violentos atentaron contra una oficina de la Dirección de Bosques en el paraje ‘El Pedregoso’”, recordó. El senador, en aquel momento, pidió la intervención de las fuerzas federales. No obstante, frente a la “inacción” del gobierno, “estos incendios se siguen sucediendo y los conflictos siguen escalando”.

Torres, una vez más, llamó la atención que “el avance de estos grupos terroristas sospechados de haber perpetrado este incendio, constituye una amenaza para la seguridad de las familias, sus hogares y el medio ambiente”.

Además, cuestionó que “mientras que el Gobierno Nacional se desentiende de esta cuestión, y sigue sin dar respuestas, familias enteras hoy viven con miedo de que el fuego arrase con sus casas, sus bienes y hectáreas de bosques”.

En 2022, el legislador chubutense presentó en coautoría un proyecto de ley para implementar una campaña nacional con el objeto de prevenir estos incendios y concientizar sobre el uso responsable del fuego.

Hace varios años que Torres -primero como diputado y luego como senador- reclama "acciones concretas para terminar con la escalada de violencia de estos grupos que se arrogan falsos derechos ancestrales".

Entre 2020 y 2021, pidió al Ministerio de Seguridad y otros organismos, que informen las acciones llevadas adelante en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Ley 27.287) para reducir los riesgos y dar respuestas a los recurrentes incendios y ataques que se adjudican estas organizaciones mapuches.

También en aquella oportunidad, citó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para que dé explicaciones sobre las causas que originaron los incendios devastadores que destruyeron las propiedades de familias enteras de la cordillera.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller, cerró la jornada del martes con una reunión en la que se emitió dictamen -con 23 firmas- al proyecto por el cual se establece el régimen previsional diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales que viene con media sanción del Senado y quedó listo para ser debatido en el recinto.

Además, se pasó a la firma el despacho del proyecto de ley por el cual se establece una reparación histórica a las víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que también viene con media sanción del Senado, y también la creación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR -.

Heller agradeció la presencia del director del servicio nacional del manejo fuego, Alberto Seufferheld, y el trabajador de Parques Nacionales y representante de la Comisión de Carrera Combatiente de Incendio y Emergencia a Nivel Nacional, Alejo Farjone

En el uso de la palabra, el diputado Guillermo Carnaghi (FdT – Neuquén) contó que el proyecto se unificó en el Senado entre dos propuestas de la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) y el jujeño Mario Fiad (UCR) y resaltó que “tuvo mucho apoyo, 51 votos afirmativos y 11 negativos”.

“Es un proyecto que cristaliza un reclamo histórico de los brigadistas de incendios para mejorar su situación en función de la característica y la dureza de su trabajo para tener un mejor amparo de acuerdo a las características de ese trabajo”, precisó el neuquino y agregó: “El proyecto abarca un grupo reducido de especialistas con incidencia. Son 880 personas a la fecha son 500 trabajadores brigadistas de Parques Nacionales y ambiente, 230 son de Rio Negro, 15 de Tucumán, 7 de Salta, 59 de Jujuy, 29 de Catamarca, 20 de La Rioja y 20 de San Juan”.

Y precisó que abarca a trabajadores brigadistas de incendios que dependen del organismo nacional y de aquellas provincias que transfirieron sus cajas al Sistema Nacional de Seguridad Social. “Es un régimen especial para lograr la jubilación con 25 años acreditando servicio, 15 de esos años tienen que acreditarlos en tareas puntuales de combate de incendios y abarca que las mujeres podrán jubilarse a los 50 años y los hombres a los 57 años”, agregó Carnaghi.

 De la vereda opositora, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado reconoció la labor que llevan a cabo los brigadistas y por la trayectoria honorífica que tienen, pero expresó: “El combate al fuego no solamente lo realizan los brigadistas, sino también los bomberos voluntarios. Los bomberos que en muchas provincias no se pueden acoger a un régimen jubilatorio, que no cobran sueldo, no tiene obra social y son compañeros de trabajó de los brigadistas en el combate de fuego porque por la cantidad de incendios requerimos el auxilio de numerosos bomberos voluntarios”.

“Cuando nos plateamos regímenes especiales, uno se pregunta ¿con quiénes se comparan las decisiones legales para dar determinaos beneficios? En este caso, es posible dar un reconociendo a los brigadistas, no necesariamente creando un régimen previsional diferencial”, cuestionó la cordobesa y recordó que habían sugerido “el mismo tratamiento que las mismas actividades declaradas insalubres, que le permiten con le mismo sistema de cómputos, jubilarse anticipadamente”, y adelantó que, al no tomarse en cuenta la sugerencia, van a seguir con la misma postura de no acompañar el despacho.

Quien le retrucó a la legisladora del Pro, fue el bonaerense Sergio Palazzo (FdT) marcó la diferencia en la voluntariedad del carácter obligatorio de la prestación porque “un bombero voluntario lo hace voluntariamente en el tiempo y horario que puede disponer y no realiza aportes porque no recibe una remuneración. En el caso de los brigadistas reciben una remuneración porque son trabajadores del Estado y estamos generando un derecho a partir de una serie de circunstancias especial que tiene que ver con la actividad”.

En el mismo sentido se pronunció su par de bancada Eduardo Fernández quien remarcó que “ha habido cajas que no han sido transferidas a la Nación por lo tanto es jurisdicción de provincia establecer regímenes especiales”, y contó que en Córdoba “hay un régimen que otorga posibilidad de pensión a los 55 años, hay regímenes especiales en lo que es bomberos voluntarios”.

De forma breve, Germana Figueroa Casas (Pro) remarcó que se financia con recursos, peor que “no provienen de afuera del Estado, sino dentro. Se paga a sí mismo porque proviene de contribuciones patronales y las personas que están dependiendo del Estado. No es que son recursos genuinos”, y se sumó al planteo de que no es federal y a lo expresado por Rodríguez Machado.

Los puntos centrales del proyecto

Esta iniciativa que beneficia a unos 900 combatientes, tuvo media sanción en el Senado el pasado 10 de agosto. Se aprobó por 51 votos a favor y 10 en contra.

Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora nacional de Río Negro Silvina García Larraburu. Durante el debate en comisión en el Senado participó el ministro Juan Cabandié.

La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Mientras los proyectos de ley para la protección y conservación de los humedales se encuentran encajonados en la Cámara baja a la espera del dictamen y continúan los incendios en el Delta del Paraná, distintos diputados de la oposición exigen que se retome cuanto antes el debate. Uno de ellos es el diputado nacional Martín Berhongaray (Evolución Radical – La Pampa) quien exigió este jueves “tratar ya la ley de humedales”.

El pampeano aseguró que “sin más demoras hay que sancionar la Ley de Humedales que establezca parámetros mínimos pero certeros sobre cómo protegerlos y garantizar que sigan prestando todos sus servicios ecosistémicos y productivos. Esta ley va a dejar menos margen para que se hagan quemas intencionales de campos y le va a dar más herramientas a la Justicia para que actúe sobre los responsables de destruirlos”.

Por otra parte, el diputado señaló que “es necesario que se apliquen otras leyes ambientales que están vigentes como la Ley de Fuego o la de gestión ambiental de aguas, pero en Argentina hay fuertes intereses económicos y políticos que siguen frenando su cumplimiento”.

“Hay muchas provincias que se resisten a aceptar los cambios que introdujo la reforma constitucional de 1994 porque quieren seguir explotando sus recursos naturales de manera unilateral y arbitraria, y no se dan cuenta de que por ese camino van a terminar destruyendo el ambiente y el futuro de muchas generaciones", criticó el radical.

Cabe recordar que el tratamiento legislativo de la Ley de Humedales ya fracasó en tres oportunidades. En 2013 y 2016, el proyecto fue aprobado en el Senado, pero no llegó a Diputados.

Tras los incendios en el Delta del Paraná y los focos activos en Córdoba, palabra esperada para escuchar era la del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que se hizo presente este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -a cargo de Carlos Heller- para exponer sobre el Presupuesto 2023.

En su ponencia, el funcionario comparó la gestión del expresidente Mauricio Macri con la de Alberto Fernández y señaló que “el Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”. A su vez, responsabilizó -una vez más- a las provincias y a los productores rurales por los incendios.

En su presentación, Cabandié remarcó que “en cuanto al Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que es una de las áreas más sensibles del Ministerio, lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”.

En ese sentido, destacó que “en nuestra gestión tenemos la política vinculada a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Estamos en proceso de la creación de 8 centros ambientales en distintas ciudades Quilmes, Chascomús, Concordia, Formosa, Villa María, Valle de Uco, Luján y Moreno. Dos de ellas van a inaugurarse este año la de Formosa y luego la de Concordia”.

“El resto las terminaremos de inaugurar durante el ejercicio 2023. Por otro lado, tenemos una planificación de llegar a 15 centros ambientales porque conseguimos una renovación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de financiamiento externo”, contó

y precisó: “Hemos creado durante la gestión la Brigada de Control Ambiental que le dimos más competencia a las inspecciones que realiza el Ministerio. Las inspecciones y facultades que tenemos son dos porque son dos leyes anteriores a la reforma del 94. Una es residuos peligrosos y la otra es tráfico de fauna. El resto de las funciones no tienen competencia en el ámbito nacional por el 194 de la Constitución Nacional”.

Sobre la política de cambio climático, el funcionario de ambiente señaló que “es un tema de agenda internacional”, respecto del que “nuestro país se compromete ante el mundo, ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Cambio Climático a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, al asumir compromisos de adaptación y de investigación, poner metas”.

“La última contribución ante organismos internacionales vinculado a cambio climático indica que Argentina se compromete para el 2030 reducir un 27,7 menos en relación a lo que presentó el Estado en 2016. Eso es una meta que tiene un cumplimiento que al mismo tiempo estamos llevando a cabo en una mesa de trabajo con las provincias y en un Plan de Adaptación de Cambio Climático”, informó.

En esa línea, indicó que “de no cumplir esas metas, tendríamos serios problemas a futuro en el desarrollo y en la producción”, debido a que “eso nos impediría acceso a créditos, nos quitaría liderazgo y las consecuencias ambientales. Entre la ecuación de producción y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero es una discusión compleja que tenemos que dar entre todos, que tenemos que ponernos de acuerdo, que va a traer discusiones, que conlleva a tensiones, pero es una discusión que hay que dar porque no queda otro camino, porque es la única opción que tenemos”.

“También juegan otras variables que son la posición de otros países del hemisferio sur frente a los países del norte, por eso siempre buscamos ese equilibrio entendiendo que los países que más han contaminado y degradado al ambiente y que nosotros sufrimos esas consecuencias son los del hemisferio norte”, precisó Cabandié

Sin embargo, sostuvo que “los países del sur en desarrollo no somos ajenos a lo que nosotros también contribuimos en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, pero son insignificantes frente a la degradación ambiental que produjeron los países centrales como China, Estados Unidos”.

“Nuestro reclamo central es que los organismos internacionales brinden lo que se comprometieron hace años como líneas de crédito para países en desarrollo y eso nunca sucedió y es un reclamo que llevamos a cabo en situación de desarrollo”, denunció y explicó que “al no obtener ese financiamiento se hace difícil alcanzar las metas del 2030 o 2050 porque son dos metas una de carbono-neutralidad y la otra no superar la línea de aumento de promedio de temperatura de 1,5 y ahora estamos en 1,1”.

Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”.

En ese contexto, también hizo referencia a la necesidad de la “captación de esas emisiones de carbono que se da a partir de preservar y cuidar los bosques nativos”. “Tenemos una Ley de Bosques que data del 2009 que ha sido importante porque redujo la cantidad de deforestación anual, pero no alcanza y tenemos que ser más proactivos en términos de conservar los bosques nativos, las ecorregiones que tenemos”.

“Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”, comparó el ministro, pero consideró que “no es lo suficiente porque no se llega al 0,3”. “En ejercicios como 2016 y 2017 la transferencia a las provincias fue 0 para la protección de sus bosques nativos”, reiteró.

Los desafíos en el ámbito legislativo

En otro tramo de su ponencia, el funcionario destacó: “Durante estos dos años hemos tenido leyes importantes como la Ley de Educación Ambiental que fue una iniciativa del Ejecutivo, la Ley Yolanda”, y sumó: "La creación de nuevos parques como el Parque Nacional Ansenuza el humedal más grande de Latinoamérica, la creación el Parque Nacional Islote Lobos, la creación del Parque Nacional Federal San Juan, la ampliación del Pre Delta en Entre Ríos, y falta media sanción en el Senado del Agujero Azul sobre áreas marinas protegidas”.

“En la Cámara de Diputados hay dos temas importantes en cuanto a leyes de la agenda ambiental que tienen que ver con la ampliación de Aconquija y la Ley de Jubilación Anticipada de Brigadistas”, consideró.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”,

Por otro lado, adelantó que están en proceso de gestión “la creación de otros parques como Arrayanes de Concepción primer Parque Nacional de Catamarca que no tiene, Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco, Parque Nacional Jaaukanigás en Santa Fe. Los Parques Nacionales son clave en una industria limpia y de desarrollo para el turismo”.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”, subrayó Cabandié.

Crecimiento Presupuestario 2019-2023

Sobre este punto, el titular de la cartera de Ambiente profundizó las comparaciones entre la gestión anterior y la actual, al señalar que “pasamos a tener un presupuesto más robusto. Al iniciar el ejercicio vigente, el Ministerio de Ambiente era dentro del Gabinete la jurisdicción que menos presupuesto tenía y el Ejecutivo nos posicionó en ser uno de los Ministerios con más Presupuesto 123% de aumento en relación al ejercicio anterior. Tenemos 35 mil millones de pesos de presupuesto y llevamos ejecutados 20 mil millones de pesos”.

“Tenemos cuotas de 3 mil millones de pesos para distribuir en los bosques nativos distribuidos en los meses del último trimestre, para la protección y conservación, además de compra de bienes de uso de parques nacionales”, comunicó y agregó: “La variación real pasó de ser en el 2019 de $4.359 millones de pesos, se duplicó en 2022 a $8.798 millones”.

A su vez, resaltó que “la distribución del presupuesto es equitativa”, y apuntó: “Lo que nosotros hicimos en estos años es pasar de un ministerio de consultoría de documentos a un ministerio de política pública porque no era adecuada esa manera, teníamos que pasar a la acción e hicimos hincapié en la inversión”.

“Hemos incrementado el crédito externo o donación. La agenda ambiental tiene la posibilidad de tener fuentes como donación. Hemos gestionado importantes créditos, una de ellas fue la del Banco Interamericano de Desarrollo”, ponderó y volvió a cuestionar: “Ese crédito que se consiguió a fines del 2015 en el periodo 2016 a 2019 solamente fue usado en un 18%”.

Y continuó: “Cuando nosotros asumimos nos sentamos con representantes del BID nos dijeron que cerraban el crédito porque no se había ejecutado. Les pedimos que confíen en que nosotros que queríamos ejecutarlo porque la política de gestión de residuos es muy importante para el país porque teníamos que saldar deudas vinculadas a esa situación casi medieval, ya que la mayoría de los residuos se destinan a basurales a cielo abierto, en el peor de los casos se conforman montículos y microbasurales en centros urbanos, y esa política tenía una fuerte convicción de construir plantas, centros verdes”.

“Aquellos que quizás piensan que el estilo de nuestra concepción o cosmovisión está alejado del mundo, es muy por el contrario porque incrementamos las fuentes externas de financiamiento con crédito baldo. Nos pasó muchas veces que esos créditos se devolvían, nos pasó con el Banco Mundial, había para protección y cuidado de bosques nativos había un crédito de 64 millones de dólares que la gestión anterior decidió devolver, nosotros no queríamos devolverlo queríamos usarlo”, disparó.

Y remató: “El financiamiento externo que es para la gente no se usa o se devuelve, y el financiamiento que es para la timba financiera se tiran de cabeza para conseguirlo y después nos traen serios problemas”.

Respecto a la ejecución de la Fuente Externa, Cabandié avizoró: “De efectivizarse todas las gestiones que venimos realizando, Fondo Verde para el Clima, BID, Agencia Europea de Financiamiento, vamos a llegar a casi 950 millones de dólares para la agenda ambiental”.

El balance de gestión: El Manejo Nacional del Fuego

Sobre este punto, el ministro indicó que se incrementó 35 veces el Manejo Nacional del Fuego y destacó que “hoy tenemos 7 mil millones de pesos de presupuesto, pero al mismo tiempo y en modo de agradecimiento a partir del ejercicio 2021 quedó establecido un 0,3 por mil de las pólizas de seguro para el Plan Nacional del Manejo del Fuego que era un acto de justicia porque tiene conocimientos, misiones y objetivos específicos que tiene que ver con bosques nativos, pastizales, con los bienes naturales”.

“Eso nos permitió incrementar la cantidad de brigadistas nacionales que de 67 pasamos a 133, 395 que pertenecen a parques nacionales. Estamos en proceso de construcción de 11 bases de fuego de parques nacionales, triplicamos la cantidad de bases para cubrir las distintas zonas”, informó. Asimismo, precisó que “lo presupuestado para el 2023 esta en el orden de los 10 mil millones de pesos”.

Por otro lado, explicó: “Nuestro país alquila aviones para combatir el fuego, el Estado Nacional nunca ha tenido medios aéreos propios y estamos haciendo esfuerzos para comprar, pero las licitaciones internacionales son complejas. Cerramos este lunes la compra con Canadá de dos helicópteros de gran porte de 15 mil litros de disparo que se multiplica por 5”.

“Recién para 2026 hay entrega de aviones hidrantes y eso es una dificultad. No abocamos a dos helicópteros. Al mismo tiempo para este verano vamos a tener 2 helicópteros uno de Francia y otro canadiense de gran porte, también en modo de alquiler para complementar los medios aéreos que tenemos 22”, manifestó.

Además, señaló que “esto es responsabilidad de Nación, triplicamos las bases, superamos la cantidad de brigadistas”, pero remarcó que “los recursos naturales les pertenecen a las provincias es el 124 de la Constitución Nacional y tienen la responsabilidad, además de tener el beneficio de hacer uso de sus recursos naturales, eso conlleva obligaciones y derechos”.

Y se preguntó: “¿Por qué la Nación es la única responsable contra el fuego y no las provincias? siendo que en Jujuy el litio es de Jujuy, el fuego también”. Por consiguiente, sostuvo que “así como hay provincias que en el último tiempo han alcanzado un nivel optimo de conformación de combate de fuego, hay provincias que están en proceso y otras todavía tiene que mejorar para tener combatientes”.

“¿Quién rige el accionar? Existen las normas, la 26.815 es la que rige y establece que la Nación solo actúa en requerimiento de las provincias”, subrayó Cabandié.

Asimismo, resaltó que “estamos en contextos de aumentos de temperaturas, de sequías, que el combustible de los pastizales de bosques esta acumulado, ante situaciones de extremidad es complejo por eso estamos realizando inversiones, entregando 50 millones de pesos a las provincias, vamos a mandar 50 aviones a demanda de insumos específicos para el combate de fuego a cada provincia, un camión autobomba, un camión volcador”, y destacó: “La inversión del manejo nacional del fuego a las provincias representa el 30%”.

“El 95 % de los incendios son por causas humanas. La que tiene que cambiar es la justicia, porque ninguno de los gobiernos ejecutivos, tenemos poder de policía para perseguir, imputar y dar con aquellos que prenden. ¿Dónde esta la justicia? es lo que nos preguntamos en la situación del Delta”, denunció.

Al cierre de su presentación, apuntó contra la oposición y los reiterados mensajes en Twitter: “Más allá de los 124 caracteres que tienen para escribir lo que quieran, tienen que entender que la situación del Delta es estacional y que tiene que ver con algo productivo. Les guste o no les guste pueden escuchar declaraciones de la sociedad rural del 2018 donde ellos decían lo que estaban haciendo que queman pastizales para ampliar la zona de pastoreo”.

“La actividad agropecuaria es estructurante para la economía del país, pero tenemos que pedir que no se haga de esa manera, es ahí donde tenemos que reclamar que la justicia actúe”, cerró el ministro de Ambiente responsabilizando, una vez más, a los productores.

Los diputados nacionales Ximena García y Mario Barletta, ambos radicales por la provincia de Santa Fe, presentaron un proyecto para citar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, a fin de que brinde informes ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja sobre la labor de esa cartera en los continuos incendios en el Delta del río Paraná y brinde las explicaciones pertinentes de porqué esta situación se ha mantenido como constante en el tiempo y aún no hay indicios de que mejore.

Los legisladores advierten que los incendios traen “profundas consecuencias” que pueden ser dimensionadas desde el cambio climático, la biodiversidad, sobre los suelos pesa la degradación orgánica, por la pérdida de la biomasa en la superficie y los efectos de las cenizas en la composición del suelo y el agua.

Y agregan: “Los incendios no sólo traen consecuencias ambientales; habitantes de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, no han cesado de reportar malestares y afecciones causadas por el humo, como ser ardor y picazón en los ojos, molestias nasales y en la garganta, sensación de falta de aire, e incomodidad general. El humo afecta particularmente a personas que conviven con alergias y asma, debido a que produce una mayor irritabilidad en las vías aéreas superiores, goteo nasal y hasta broncoespasmos”.

En otro párrafo, recuerdan que “que pesa un mandato judicial sobre la problemática puesto que en agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la creación de un “Comité de Emergencia Ambiental” y la reactivación del Plan Integral Estratégico parala Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS). Asimismo, e intentando respetar este mandato de la Corte, el propio Ministerio ha creado e implementado una Red de Faros de Conservación y se ha declarado la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un plazo de 12 meses, por lo cual nos interesa saber los pormenores de la aparente infructuosidad de estas medidas para que evitar los incendios en el Delta”.

“Las instancias de coordinación y trabajo conjunto que ha planteado el Ministerio junto a las jurisdicciones dista mucho de ser el ideal y sólo ha alentado las diferencias cuando se requiere un trabajo mancomunado”, señalaron y observaron que “que la problemática y su solución requiere voluntad política desde el Estado Nacional y desde los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, para alcanzar una respuesta integral y definitiva”.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT-Santa Fe) habló acerca de los incendios en las islas del Delta del Paraná que afectan al ecosistema de la región y sostuvo: “Debemos discutir con urgencia una ley de humedales porque el Estado está gastando fortunas (más de 7.000 millones de pesos) en controlar los focos de incendio, sumado a la pérdida de personal que ha habido en los últimos años”.  

Entrevistado por Radio Del Plata, el santafesino destacó que “una ley de humedales serviría para discutir el modelo de desarrollo agrario”, y agregó: “La Justicia podría accionar con los terratenientes que utilizan esta vieja práctica de incendiar las tierras para ‘prepararlas’ previo al sembrado”.

“Hay predios que han tenido incendios reiteradas veces, lo que da cuenta que es un ‘modus operandi’ por parte de los dueños, que se suma a la sequía, a la bajante del río y a la ‘pampeanización’ de la isla del litoral, lo que empuja a realizar actividades agropecuarias en el Delta del Paraná”, relató Toniolli.

A su vez, el oficialista remarcó: “Más allá de la discusión de la ley, si no hay Justicia que investigue las causas de los incendios y no identifique a los responsables directos, el ecocidio se sigue produciendo”.

Vale recordar que el próximo jueves se debatirá sobre diez proyectos respecto al tema de humedales, en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados Leonardo Grosso (FdT), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (FdT), respectivamente, tras el emplazamiento votado en la sesión del jueves pasado.

Un día después de haber expuesto durante la sesión informativa del jefe de Gabinete sobre el grave problema que representan los incendios en las islas y las consecuencias ambientales que están generando en su ciudad, Rosario, el diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista) pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.

Arrancó refiriéndose al tiempo “muy difícil por las catástrofes ambientales que está atravesando nuestro planeta en general y la Argentina en particular”. Habló de “la calamidad que estamos viviendo con los incendios que vemos habitualmente en todo nuestro país”, y remarcó que “nos debemos un debate sincero honesto, respetuoso, sin sobresaltos que busquen atajos ni enemigos, sin sobreactuaciones que profundicen las contradicciones que tenemos como sociedad”.

El legislador santafesino recordó los proyectos “muy importantes” que todavía esperan ser tratados en la Cámara baja y citó el caso de la ley de humedales, que dos veces tuvo media sanción del Senado y que hace poco más de un año tuvo dictamen en una comisión de Diputados. Tras lo cual, solicitó a sus pares emplazar a las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda “para que en forma conjunta, en trabajo de plenario, se pongan en tratamiento una serie de expedientes” que a continuación enumeró. Todos ellos referidos al Régimen de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales. La propuesta, que como dijimos fue aceptada por el pleno, fue para que el debate en comisiones se inicie el próximo jueves 22.

La propuesta fue aceptada por su par oficialista Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales, y quien viene insistiendo con la necesidad de tratar el tema de manera inmediata. Con todo, el legislador del Movimiento Evita aclaró que en el Frente de Todos “preferimos siempre los acuerdos parlamentarios, el diálogo, por sobre los emplazamientos”.

“También saben lo que pienso de la ley de humedales”, recordó, como así también insistió en la necesidad de tratar cuanto antes el tema, por lo que anticipó que el bloque FdT votaría de manera afirmativa el emplazamiento.

El radical Ricardo Buryaile, titular de Agricultura y Ganadería, otra de las comisiones emplazadas, anticipó también el apoyo al pedido, aunque planteó una y otra vez con la necesidad de “compatibilizar medio ambiente con producción”. “Esa es la premisa con la que vamos a trabajar”, remarcó, recordando que dentro del paquete de proyectos que se anunció servirán para el tratamiento hay varios de la principal oposición. Comentó también que desde que está al frente de la Comisión de Agricultura, “siempre estuvimos a disposición de tratar cualquier proyecto de ley que sea girado a nuestra comisión. Sean o no de mi agrado. En este caso este es de mi agrado”, aclaró, recordando que él es firmante de un proyecto.

Con todo, advirtió que “lo que se está viviendo en Rosario no se va a parar con la ley. Tenemos una Ley de Manejo del Fuego y el problema está en el hombre, la prevención y los organismos que deben atender esto”. Contó a continuación que “nuestra comisión está trabajando con Presupuesto y los distintos bloques que componen esta Cámara, en un proyecto que fue pedido por el ministro y el presidente”.

Buryaile aclaró que habían hablado el día anterior con el diputado Enrique Estévez y también con Leonardo Grosso, sobre el tema. “Habíamos consensuado una metodología de trabajo… Ante esta intimación, vamos a votar positivamente”, aclaró, pero no pudo evitar calificar “violenta, intempestiva enterarnos esta mañana” del emplazamiento que se impulsaría.

Desde el bloque Evolución Radical, el pampeano Martín Berhongaray dijo en su condición de vicepresidente de Recursos Naturales que están “aburridos de estos pedidos de emplazamiento que empiezan a ejecutarse y terminan en nada”. Habló de la necesidad de tener “sí o sí un dictamen de la ley de humedales, y le adicionó otra condición: que así sea al cabo de tres reuniones de comisiones consecutivas, en semanas sucesivas.

Desde el Pro, Fernando Iglesias anticipó también el apoyo de su espacio, en los mismos términos planteados por Ricardo Buryaile: “Esto no es un problema legislativo, es un problema de gestión y no aceptamos la acusación de haber retrasado esto. Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver la preservación económica, y estamos dispuestos a tratarlo a nivel legislativo, pero no aceptamos la maniobra fácil de adjudicar al Congreso lo que se está viviendo. Es un problema de gestión”.

El presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, ratificó los dichos de Grosso en cuanto al acompañamiento oficialista, y destacó la presencia de intendentes santafesinos en la Cámara ese mismo día para plantear la magnitud del problema que están viviendo. Concluyó sugiriendo planificar una reunión para el próximo jueves a las 10 de la mañana para tratar los proyectos y buscar que cuanto antes llegue al recinto.

Graciela Camaño se pronunció a favor de lo expuesto inicialmente por un miembro de su interbloque como es Enrique Estévez, y aclaró que él no había hecho ninguna imputación, salvo la de la mora que la Cámara de Diputados tiene con el tema humedales. Alertó sobre el problema del cambio climático, y “la seria desertificación que está sufriendo la Argentina”, donde casi el 72% del territorio está desertificado.

A continuación, Nicolás Del Caño apoyó la moción, pero rechazó el concepto de “violento” que Ricardo Buryaile le había puesto al emplazamiento. “Violento es lo que está sucediendo, es lo que pasa en Rosario, que no se puede respirar”, replicó, quejándose de que hace “10 años que este dictamen no sale de este Congreso”, donde “de repente dicen que están todos de acuerdo, qué hipocresía”.

El radical correntino Jorge Vara se manifestó “total y absolutamente” en coincidencia con la propuesta, pero aclaró que no era responsabilidad de los diputados de la Comisión de Agricultura que no se hubiera discutido el tema. “Nunca llegó”, aclaró, advirtiendo no obstante que quería un “debate con consistencia y respetando las evidencias, porque podemos llegar a sancionar una ley que no sea aplicable después”.

“Por supuesto me sumo al pedido”, planteó Romina del Plá, que reclamó también “dejar de jugar al Gran Bonete, porque hay una responsabilidad de los distintos bloques mayoritarios en haber cajoneado el tema”. Y lanzó una advertencia al movimiento socioambiental por los dichos de Buryaile sobre un proyecto del Ejecutivo en el que estarían trabajando. “Que se discuta el proyecto que tiene el acuerdo de las 200 organizaciones”, reclamó.

Maximiliano Ferraro (CC) y Ximena García (UCR) se refirieron luego a un proyecto propio presentado oportunamente y adelantaron su apoyo, mientras que el rionegrino Luis Di Giacomo rechazó hacer un debate político sobre el tema: “No nos parece oportuno hablar de si los incendios son por provincias peronistas o radicales”, y con ironía se refirió a los diputados porteños, donde “se permiten cada vez más edificaciones, con lo que los espacios verdes son cada vez menos y no van a tener incendios”.

En su intervención en la sesión especial informativa de este miércoles, la diputada del Frente de Todos Carolina Moisés (Jujuy) se refirió a las críticas por parte de la oposición en el manejo de los incendios y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina, Juan Cabandié, y recordó que, como dicta la Constitución, “son las provincias tienen responsabilidad primaria en el combate de los incendios”.

“Voy a hablar de los incendios, porque media docena de los diputados hablaron del tema. Primero, hay que ordenar responsabilidades, y recordarles el artículo 124 de la Constitución y la Ley 26.815: las provincias tienen responsabilidad primaria en el combate de los incendios. Dicho esto, está la responsabilidad del Gobierno nacional, y en esa responsabilidad hoy el Gobierno tiene un presupuesto del Servicio Nacional del Manejo del Fuego que pasó de 196 millones en el año 2019 a 7 mil millones en el año actual, 34 veces más. Esto habla de la decisión política de un Gobierno a dónde se destinan los recursos para lograr determinados resultados”, expresó la legisladora.

De todas formas, se refirió a la situación vivida en Jujuy en los últimos días, donde “se produjo un incendio muy fuerte y muy complicado, que casi llega a tomar el parque nacional Calilegua, y aunque les sorprenda ahora a los compañeros, en Jujuy sí funcionaron las cosas bien. En ocho días de incendio se hizo una acción inmediata coordinada entre el gobierno provincial, el Ministerio de Ambiente de la Nación, el Plan Nacional del Manejo del Fuego, los dos intendentes radicales de las localidades vecinas y la Dirección de Parques Nacionales”. 

Moisés indicó que “esto produjo el control inmediato de la situación y la presencia en terreno de todos los funcionarios. Porque desde acá es muy fácil de hablar, pero yo me siento muy orgullosa de que el día de ayer me subí a un helicóptero del Plan Nacional del Manejo del Fuego, con el director nacional que estaba en Jujuy, con el ministro de Ambiente de la Nación con el director de Parques Nacionales, y decir que se quemaron solamente 4 mil hectáreas. Hubo inversión, hubo coordinación, hubo decisión política, hubo funcionarios en el territorio tomando decisiones conjuntamente con las autoridades del gobierno provincial”.

Finalmente, se refirió al combate de los incendios forestales durante la gestión de Mauricio Macri, y recordó que el entonces ministro Sergio Bregman “dijo que la única solución era rezar, tras lo cual, pasó a manos de la ministra Patricia Bullrich, que compró 15 millones de pesos en balas de goma, y paralelamente recortó más de 400 millones de fondos destinados a acciones de protección forestal”.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se opuso a los dichos del ministro de Ambiente, quien culpó al sector productivo de ser los que iniciaron los incendios en el Delta, y lanzó: “No comparto la opinión de Cabandié”.

El funcionario se presentó este miércoles en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado para brindar una presentación sobre su cartera. En la ronda de preguntas por parte de los legisladores, la senadora Gladys González (Pro) fue quien le consultó por su postura sobre los dichos del ministro de Ambiente.

“No comparto la opinión de Cabandié”, disparó tajante y contó: “Yo fui responsable dos años y medio en Entre Ríos del Programa del Manejo del Fuego que estaba en la Secretaría de Ambiente que dependía del Ministerio de Producción. Me consta el trabajo que hacen los brigadistas entrerrianos, los santafesinos, el esfuerzo que hacen los gobiernos provinciales y como ampliaron la dotación de recursos humanos para trabajar en esta lamentable circunstancia”.

En ese sentido, sostuvo: “No estoy en condiciones de adjudicar la causalidad porque hay condiciones objetivas naturales que favorecen el desarrollo de los incendios, pero el fuego y los incendios no se prenden solos, alguien los inicia. Pero también son suelos anegadizos, la característica de esos suelos es que tienen agua de anegamiento permanente y hay cientos de arroyos, ríos, lagunas que actúan de cortafuegos en condiciones normales”.

“Hoy tenemos casi 3 años de un estiaje récord, de una bajante récord tanto en el nivel ejemplo el Río Paraná llegó a 0,13 cuando tiene que estar en un metro cincuenta, el registro previo es de 0,19 y fue de 15 días, ahora llevamos un año y medio. Por lo tanto, esa bajante hace que se retire el agua, se vacíen los arroyos que actúan de corta fuegos naturales y hoy no están. Al ser suelos con humedad permanente, determinada vegetación tenia las condiciones para ser muy voluminosa”, explicó Bahillo.

Y agregó: “Alguien los prende fuego, pero hay distintas cuestiones y es muy injusto adjudicárselo a un sector. Antes las economías muy vulnerables que se dedicaban a la caza que prenden fuego para que salgan los animales es una actividad que está quedando en desuso; la quema está prohibida; la causalidad puede haber de todo un poco, pero no es atribuible a un sector”.

“La práctica de quemar los pastizales para renovar es algo que quedo desterrado y el productor sabe en qué condiciones las tiene que hacer. Estoy convencido de que no son los productores los causantes de esto”, remarcó el secretario.

En tanto, reiteró: “El mayor problema es la bajante, es entender que tenemos condiciones naturales muy fuertes y quiero rescatar el trabajo en conjunto del gobierno provincial de Santa Fe y Entre Ríos y el apoyo del Ministerio de Ambiente de Nación”, y cerró: “Nuestra principal obligación es ir y trabajar para solucionar rápidamente. La prioridad es apagar el fuego”.

Al ser consultado por el santafecino Dionisio Scarpin (UCR) por la Ley de Emergencia Agropecuaria, el funcionario manifestó: “La ley de emergencia agropecuaria es una ley que llegó tarde y llegó mal por la modalidad de ejecución que tiene”, pero consideró que “tenemos que ir por arriba de la discusión de la ley de emergencia agropecuaria. Tenemos que ir al desarrollo de un producto de seguro contra eventos climáticos sobre todo sequias y7o inundación para que le de al productor cierta previsibilidad y tranquilidad”.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) fue consultado este martes por los incendios registrados en el Delta del Paraná, cuyo humo se extendió hasta la Ciudad de Buenos Aires.

El entrerriano señaló que la quemas de pastizales “se está haciendo habitual con la sequía y la bajante del río; hay tendencia a los incendios, en algunos casos pueden ser casuales y en otros casos son intencionales”.

En ese sentido, el legislador mencionó que en las últimas horas "la Justicia detuvo a tres productores santafesinos infraganti porque estaban prendiendo fuego. Se ve que hay algún interés de algunos sectores económicos en estos incendios".

Casaretto recordó que la semana pasada estuvo el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en el Juzgado Federal de Victoria y tras su visita el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, "se comprometió a aportar todos los datos catastrales que le había pedido a fin de identificar a los titulares que explotan esos campos, que son en definitiva los que se benefician".

"El incendio tiene como objetivo que se queme la pastura seca y eso permita el surgimiento de una pastura verde nueva para el pastaje de los animales", advirtió el oficialista en diálogo con FM La Patriada.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Industria destacó el avance de los proyectos pedidos por el ministro de Economía, Sergio Massa, al Congreso: "Tres ya aprobamos en la Cámara de Diputados, que son la ley automotriz, la ley de biotecnología y la ley de construcción privada". Además, recordó que este miércoles en comisiones abordarán el proyecto de agrobioindustria.

Al mencionar que la semana pasada se sancionó la ley de fomento a la construcción privada, el entrerriano afirmó que seguramente esta semana el Gobierno nacional la promulgue. “Esperaremos entre 4 y 5 mil millones de inversión en el sector de la construcción privada, a partir de la ley”, abogó.

Asimismo reveló que la ley de electromovilidad ya está en tratamiento en asesores y que también buscarán avanzar pronto con el dictamen del Consenso Fiscal, aprobado la semana pasada en la Cámara alta.

El Senado dio media sanción por 51 votos a favor y 10 en contra -del bloque Pro, el radical Martín Lousteau y el sanjuanino Roberto Basualdo, aliado de Juntos por el Cambio- un proyecto que establece un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales o rurales.

Una de las autoras del proyecto, la oficialista Silvina García Larraburu expresó que este es “un día de festejo y alegría” porque esta iniciativa “cristaliza un reclamo histórico de los combatientes de incendios forestales”. Recordó que el primer proyecto lo presentó en el año 2017, y representó en 2019 y 2021. “Pasaron unos cuantos años, lamentablemente muchos incendios, muchos combates, pero creemos que hoy vamos a estar dando justicia”, sostuvo.

La rionegrina reveló que el texto contó con “aportes fundamentales de varias provincias” y en el que también tuvieron “un rol fundamental las autoridades de Parques Nacionales y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié”.

La legisladora detalló que en su provincia alcanzará a “más de 230 brigadistas especializados”, quienes ponen “un enorme esfuerzo personal y de salud”. “En diciembre estuvieron semanas combatiendo, prácticamente durmiendo solo dos o tres horas”, mencionó y precisó que este régimen tendrá una incidencia en aproximadamente 850 personas.

 “El combate se da de manera personal, cuerpo a cuerpo con las llamas, y las zonas muchas veces son de difícil acceso”, destacó García Larraburu al mostrar imágenes en el recinto. “Son héroes nuestros brigadistas”, afirmó.

El otro impulsor de este régimen, el radical Mario Fiad, argumentó que “por la peligrosidad de esta profesión resulta necesario establecer este régimen previsional anticipado”. “El riesgo, la alta exigencia física, psíquica, emocional pone a los trabajadores brigadistas ante la presencia de amenaza constante, además del fuego, de gases tóxicos, altas temperaturas y riesgos extremos de las geografías”, explicó.

El jujeño señaló que en su provincia son “62 los brigadistas que actualmente están desempeñándose en territorio” y “ninguno de ellos hoy podría acceder a esta jubilación por falta de edad”. Por eso, “esta medida concreta y reconoce derechos”.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González, graficó lo que representan los incendios en el país. Al recordar lo ocurrido en Corrientes, repasó que “se quemaron más de un millón de hectáreas” lo que es “equivalente a una pérdida económica de más de 80 mil millones de pesos; afectando el 40% de la producción de arroz, la citricultura, la yerba mate, que perdió el 50% de su producción, la ganadería, la forestación y la infraestructura”.

Pero al argumentar la posición en contra de su bloque, el Pro, la bonaerense enfatizó en la importancia de ofrecerles a los brigadistas la provisión de herramientas y capacitación, pero “no prometerles cosas que no vamos a poder cumplir y eso creo que estamos haciendo hoy”. “El sistema previsional argentino representa el 40% del gasto público y está colapsado, es inviable”, resaltó y sostuvo que “este sistema es incapaz de sostener generaciones futuras; lo que estamos prometiendo hoy es incertidumbre”.

González apuntó que “el sistema previsional tiene un déficit de tres puntos del PBI, donde el 55% de los jubilados responde a algún régimen especial. Hay 207 regímenes especiales”. Por lo que pronosticó que “no habrá recursos para pagarles en el futuro o cobrarán una miseria”.

“Estoy sorprendidísima”, arrancó la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, en el cierre del debate. La kirchnerista le recordó a González que ella había firmado el dictamen “favorablemente” en comisión. “Es difícil de entender como hacen para decir una cosa y hacer otra. Es frustrante”, cuestionó. “Es un proyecto de consenso y en el recinto escuchamos que es una mentira. Por ahí si gobierna el signo político de la senadora no le van a pagar, pero el peronismo le va a pagar las jubilaciones a los brigadistas, eso se lo puedo garantizar. Nosotros siempre pagamos las jubilaciones”, lanzó.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social exclamó: “¡La verdad que hay que oponerse a este proyecto, eh!”. Al señalar que son menos de 900 personas las que accederán, la senadora dijo que “no alcanzan los ceros para sacarle el costo fiscal”.

“Vaya lindo mensaje para los brigadistas que van a poner la vida, el pecho y el cuerpo al fuego. Es hermoso el mensaje. Es increíble escucharlo, no lo puedo asumir. No puedo creerlo”, agregó sobre la oposición del macrismo.

Finalmente, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que este “era un tema que tenía consenso. Estamos sorprendidos”. “No comparto los argumentos que dijo sobre que Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta) cuidaban a los jubilados”, le salió al cruce a Gladys González. Y le enrostró: “Nosotros les entregamos un sistema superavitario y lo dejaron con un déficit de 600 mil millones. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 67 mil millones de dólares y lo entregaron con 32 mil millones”.

Puntos centrales de la iniciativa

El proyecto involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo al personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira el proyecto de ley es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del SNMF y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales. 

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno. 

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese. 

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por éstos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

Los incendios forestales afectaron más de 10 provincias en todo el país el verano pasado, cuya preocupación se trasladó al recinto del Senado este jueves hacia el jefe de Gabinete, Juan Manzur, entre las preguntas que algunos senadores hicieron respecto a las políticas de prevención y concientización del fuego que lleva a cabo el Estado.

En primer lugar, el funcionario expresó su orgullo porque “nosotros hicimos un Ministerio de Ambiente”, y señaló: “Claro que le tenemos que prestar atención al ambiente, al cambio climático, somos conscientes que estamos bajo un decreto que habla de la emergencia ígnea”.

“También tenemos que entender que estamos en un proceso de transformación global, el famoso y real cambio climático. Eso se puede ver en la televisión con lo que está pasando, situaciones descontroladas a nivel global que tiene que ver con inundaciones de registros históricos, lo vivimos en países vecinos. Situaciones de sequía que nosotros también pasamos con bajantes históricas”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que están “preocupados por el cambio climático”, por lo que remarcó la importancia de “seguir avanzando en el desarrollo del interior de la Argentina, hay que industrializar la ruralidad porque si no pasa y volvemos a repetir errores”.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto en el que solicita que “de manera urgente” se declare el estado de desastre ambiental por un año en todo el territorio de la provincia de Corrientes y una partida especial para afrontar las acciones de preservación del ambiente y de recomposición ambiental. 

“Corrientes está viviendo una catástrofe sin precedentes en su historia. Los incendios afectaron sobre todo los departamentos de Concepción, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro y San Martín sufriendo daños que llevará mucho tiempo recomponer. Hasta el momento más de 850 mil hectáreas quemadas en su territorio y con un clima que no da tregua, con máximas de temperatura de entre 37 y 40 grados y escasez de precipitaciones”, graficó la legisladora.

La situación es “alarmante” y “representa una tragedia tanto para el ambiente y sus ecosistemas, como para la salud y la vida de las personas. El fuego afectó el 40% del Parque Nacional Iberá”, enfatizó la correntina.

En los argumentos de su iniciativa, la diputada de JxC sostuvo que “los correntinos con el paso del tiempo supimos ir trabajando el turismo sostenible, con las riquezas naturales que tenemos en la provincia, logrando un uso responsable y equilibrado en el medioambiente, que hoy el fuego y la sequía han afectado considerablemente”.

“Este proyecto de ley es muy importante porque ayuda a financiar las acciones llevadas a cabo en los Parques Nacionales afectados por los incendios e ir trabajando en la reparación de la infraestructura dañada, las acciones de recomposición ambiental, la adquisición de elementos y el entrenamiento de personas para la prevención y combate de incendios futuros”, finalizó Brambilla.

La diputada nacional Sofía Brambilla repudió la omisión del presidente Alberto Fernández sobre la dramática situación que atraviesa la provincia de Corrientes, producto de la sequía y los incendios, durante el discurso que diera el primer mandatario en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

En el proyecto presentado ante la Cámara de Diputados, la legisladora del Pro hizo mención a que el presidente Alberto Fernández eligió hacer silencio al momento de dar su discurso de apertura en el Congreso el pasado 1° de marzo, hablando incluso del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, pero sin mencionar a Corrientes, “omitiendo los enormes y graves incendios producidos, donde el fuego arrasó el 11 % de la superficie total de la provincia, incluyendo a zonas de humedales como los Esteros del Iberá y los Parques Nacionales”, señaló la legisladora en su iniciativa.

“Como representante del pueblo y vínculo entre la población y las instancias federales, no dejaré de trabajar para que Corrientes reciba lo que es justo.  Son momentos muy difíciles y debemos garantizar que el Gobierno nacional dé una respuesta pronta y efectiva ante esta situación”, manifestó Brambilla. 

“Si bien, hoy la provincia se encuentra sin focos ígneos gracias a las lluvias y al trabajo incansable de cientos de personas entre bomberos, brigadistas, voluntarios y los mismos afectados, las consecuencias a corto y mediano plazo son incalculables. El presidente Fernández no hizo ni una sola mención ante la catástrofe más grande que atraviesa nuestra provincia. La falta de una mirada seria del primer mandatario  duele, y nos da señales que una vez más, Corrientes está siendo discriminada por el Gobierno de Fernández”, afirmó la diputada.

Las imágenes que llegan desde Corrientes son desesperantes, tanto por la magnitud de los daños ambientales y económicos como también por la certeza de que eran previsibles. ¿Podríamos haberlos evitado completamente? Seguramente no, ya que en Corrientes, como en muchos lugares del país, por las escasas lluvias, las altas temperaturas y el cambio climático se generaron las condiciones para la proliferación de incendios, que en este caso, arrasaron con más de 800 mil ha.

Lo que sí podría haber sucedido es que las condiciones naturalmente desfavorables nos encuentren preparados, con un programa ambiental serio, sin extremismos, que nos posibilite cuidar al ambiente, pero también permita el desarrollo productivo.

La problemática de los incendios no es nueva, en 2020 y 2021 se consumieron casi 1.5 millones de ha, afectando principalmente al humedal “Delta del Paraná”, la Patagonia, Córdoba y otras 14 provincias. El fuego no distingue áreas protegidas, parques nacionales ni humedales.

Es importante recordar por qué estamos donde estamos: el Gobierno, con el riesgo latente de incendios, redujo en 2021 el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en un 42,9%, lo mismo ocurrió con los recursos destinados a la protección de desastres y al Sistema Federal de Emergencias. También limitó a la mitad las horas de vuelo para el sistema aéreo de lucha contra el fuego y los fondos para capacitar agentes.

Frente a las recientes críticas, el Gobierno anunció un aumento en el presupuesto del Ministerio de Ambiente, pero los fondos girados nos dejan dudas acerca de su veracidad. En todo caso los recursos estaban pero no llegaron a Corrientes.

El kirchnerismo respondió con la modificación de la ley de manejo del fuego de manera exprés e ideológica, pero nada cambió. La situación de descontrol actual no pudo sorprender al gobierno, ya que se había declarado la emergencia ígnea e hídrica en todo el país.

Desde JxC presentamos pedidos de informes y citaciones a funcionarios para conocer el accionar frente a los incendios y el cumplimiento de las Leyes de Protección Ambiental,  Manejo del Fuego y Bosques. También consultamos sobre el Sistema de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios y el funcionamiento del COFEMA. Exigimos la completa ejecución presupuestaria y la intervención de la justicia para hallar a los responsables.

No recibimos más respuestas del oficialismo que dejar caer el estado parlamentario de nuestro proyecto de Ley de Humedales, que contaba con un dictamen consensuado, y que busca proteger y alentar el uso sustentable de estos ecosistemas. ¿Dónde quedaron las promesas y discursos ambientalistas?

Seguiremos insistiendo. Volveremos a presentar el proyecto de Humedales, así como otras iniciativas que buscan redireccionar recursos existentes hacia las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, protagonistas en los desastres a los que asistimos, para que puedan estar preparados ante la necesidad de actuar.

Nada será suficiente si el Gobierno nacional sigue corriendo detrás de los problemas, con desidia y mezquindad política. Si los recursos estaban, entonces faltó gestión, interés y previsión. El ministro Cabandié culpa a los productores que lo han perdido todo y se preocupa por las críticas del ex presidente Macri en vez de dialogar con el gobierno de Corrientes y llevar la ayuda a tiempo. Su falta de empatía y su irresponsable conducción del ministerio son ofensas contra el pueblo correntino, pero también contra toda la Nación. Es hora de imaginar cambios profundos en la política ambiental del FdT.

Que la sociedad civil esté movilizada juntando donaciones para apoyar a los bomberos que combaten el fuego nos resulta esperanzador, pero a la vez desnuda la ineptitud de un gobierno que actúa tarde, lento e ineficientemente. El cambio climático es un hecho, y los incendios serán un escenario cada vez más frecuente. Deberíamos haber estado mejor preparados, esperemos que todas las pérdidas, hoy incalculables, sean el puntapié para que la ineptitud y la mezquindad política nunca más guíen el accionar de un ministro. Necesitamos que dejen de improvisar ante el desastre, el ambientalismo de cotillón del FdT quedó una vez más al desnudo.

El senador nacional Ignacio “Nacho” Torres, presidente del bloque “Integración y Desarrollo Chubutense”, pidió la renuncia de Juan Cabandié durante la reunión de Comisión de Medio Ambiente del Senado, que contó con la presencia del titular de la cartera de ambiente, y otras autoridades del Ministerio.

En primer lugar, expresó su “preocupación para que en Corrientes no pase lo mismo que en Chubut”, y recordó la causa judicial sobre ejecución de recursos que envió Nación para los incendios en Chubut en la que “se denunciaron sobreprecios”. Además, remarcó que “todavía no se generaron soluciones habitacionales, y que persisten las tomas de gente del conurbano, que no tienen nada que ver con las zonas afectadas”.

También, recordó que “El Ministerio de Ambiente siendo querellante, cuando el fiscal dijo que uno de los principales responsables era el gobierno de Chubut, se hicieron los distraídos”.

Por otro lado, Torres llevó a la Comisión el reclamo de los brigadistas, que tuvieron un ajuste de más del 25% en sus haberes, a lo que el ministro no pudo explicar sobre cómo solucionar este asunto tan relevante, y solamente formuló respuestas evasivas.   

Posteriormente, durante la conferencia de prensa, Torres manifestó que “están pidiendo la renuncia del ministro, quien “no solamente no se encuentra a la altura de las circunstancias, sino que no reconoce los errores de su gestión, por lo que resulta imposible mejorar el desempeño ambiental”. Asimismo, el Senador manifestó que “es un ministro que le costó a la Argentina cientos de miles de hectáreas de bosques nativos y áreas productivas como así también el sufrimiento de muchas familias, que todavía no tienen al día de hoy una respuesta concreta”.

Finalmente, Torres expresó con contundencia que “Cabandie no puede seguir ejerciendo su rol de ministro, porque no está a la altura de las circunstancias”.

El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados consensuó y presentó un proyecto de ley de alivio fiscal para los productores agropecuarios y rurales de Corrientes y Misiones, afectados por los incendios que empezaron a fin de 2021 y se agudizaron en enero y febrero de este año.

En el primer artículo de la iniciativa se declara el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por un año, prorrogable por otro más por el Poder Ejecutivo, en los territorios de Corrientes y Misiones afectados por la sequía y los incendios. Los legisladores señalaron que las pérdidas hoy se calculan parcialmente en 60 mil millones de pesos.

El proyecto busca replicar algunos de los instrumentos de la ley de alivio fiscal que se aprobó a fin de 2021 para PyMEs y contribuyentes morosos. Pero, dada la magnitud de las pérdidas provocadas por los incendios, se elevan los montos de los beneficios.

Entre las principales medidas, plantea la extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para la condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social fijada por la Ley 27.653 (de Alivio Fiscal) para los contribuyentes de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales, comprendiendo además de los entes sin fines de lucro, micros y pequeñas empresas, personas humanas consideradas pequeños contribuyentes y a las empresas medianas. Esta condonación abarca hasta la suma de $5.000.000.

Por otra parte, se propone la extensión de las medidas de alivio fiscal dispuestas por la Ley 27.653 facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a extender plazos para la rehabilitación de moratorias caducas, ampliación de moratorias para deudas posteriores y no regularizadas para los contribuyentes y responsables de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales.

También se busca la eximición de tributos nacionales como el impuesto a las Ganancias, impuesto sobre los Bienes Personales, impuesto sobre los Débitos y Créditos de las Transacciones Financieras (Cheque) y derechos de exportación de productos de origen agrario.

Además, del componente impositivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, durante los años 2022 y 2023; bonificación del 50% del importe destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a las obras sociales para los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes correspondiente a los años 2022 y 2023; y bonificación del 50% de la contribución a cargo de los empleadores y de los trabajadores autónomos al SIPA.

El proyecto también suspende por parte de la AFIP hasta el cese del estado de desastre y/o emergencia de los juicios de ejecución fiscal; exime a los productores afectados de las prohibiciones establecidas en la Ley 27.604 -modificatoria de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego-; y dispone medidas de auxilio para los productores que deben rematar ganado a causa de los incendios.

Las explicaciones que dio ayer Cabandié dejaron en claro que la ayuda estatal llega tarde y no alcanza. Por eso desde JxC creemos que además de combatir el fuego hay que poner en marcha un auxilio para los productores de Corrientes y Misiones. Las pérdidas superan ya $60.000 mill

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 24, 2022

“La terrible tragedia que abarca a productores agropecuarios y rurales de las provincias de Corrientes y Misiones, debido a los incendios de grandes proporciones que ocurren desde finales del año 2021 y lo que va del año 2022 (segunda quincena de febrero), con pérdidas económicas estimadas parcialmente en alrededor de $60.000 millones, han motivado un denodado esfuerzo de gobiernos y entidades civiles, organizaciones de bomberos voluntarios, colaboración de brigadistas de distintas provincias así como de Brasil, todo lo que ha dejado traslucir la escasez de recursos y de medios para combatir el fuego”, plantearon los legisladores de JxC.

En los argumentos de la iniciativa, resaltaron que "ello ha provocado que, a la fecha de presentación del presente proyecto, se estime que alrededor de 800.000 hectáreas productivas y del Parque Nacional Iberá hayan sido devastadas por el fuego, acarreando pérdidas de todo tipo que llevarán muchos años de recomposición y de restauración”.

El proyecto determina como “imprescindible la intervención de las autoridades pertinentes de las provincias de Corrientes y Misiones, mediante la declaración de las zonas de emergencia y desastre, así también como mediante la extensión de los certificados correspondientes”.

La iniciativa está encabezada por las firmas de Mario Negri (presidente del bloque UCR), Cristian Ritondo (titular del bloque Frente Pro) y Juan Manuel López (jefe del bloque CC-ARI).

Además, lleva las firmas de los legisladores correntinos Manuel Aguirre, Jorge Vara, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, y de los misioneros Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni. También adhirieron Rodrigo de Loredo (presidente del bloque Evolución Radical), Margarita Stolbizer (titular del bloque Encuentro Federal), Carlos Zapata (Ahora Patria) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

Los diputados nacionales por Corrientes de Juntos por el Cambio Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Jorge Vara y Manuel Aguirre realizaron un encuentro de trabajo con distintos referentes y productores de la provincia, en el armado de medidas para paliar la catástrofe que se está atravesando, producto de los incendio, y con el objetivo de buscar soluciones urgentes y concretas.

Los legisladores, que lamentaron la "tragedia ambiental, ecológica, productiva y económica" que vive su provincia, apuntan a armar un paquete de leyes y pedir una sesión especial en el Congreso para tratar la problemática, según informó en un comunicado Brambilla.

En el encuentro virtual participaron miembros de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, de los Consejos Veterinarios, especialistas en desarrollo productivo, ambiente y técnicos en materia impositiva.

Al respecto, Brambilla reveló: “Se expuso sobre las pérdidas que ya se han generado en las cinco principales cadenas productivas de la provincia (arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería) para trabajar en medidas concretas y urgentes para los correntinos".

"Los plazos y los tiempos de cada cadena productiva son diferentes, como así las necesidades de cada sector. Hoy poner números a una catástrofe que todavía está sucediendo es imposible”, resaltó la diputada del Pro.

El daño en la provincia litoraleña, albergadora de parques y reservas naturales, es sin precedente alguno. Los incendios de Corrientes arrasaron con casi el 10% de su superficie y las pérdidas se estiman en más de 60 mil millones de pesos. A esto se suma el terrible daño ecológico y ambiental causado en el Litoral y las consecuencias que sufre la fauna local, la cual es catastrófica. Ante la situación, se requieren de varios días de precipitaciones sostenidas para que el fuego se extinga en todo el territorio.

La reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que duró casi cinco horas y que contó con la presencia Juan Cabandié para explicar sobre las políticas implementadas en torno a los incendios en Corrientes, se había desarrollado con un clima pacífico hasta el discurso del presidente del bloque UCR Luis Naidenoff (Formosa) que rompió el molde y destrozó al funcionario al que tildó de “mentiroso”, “irresponsable”, y le sugirió que “de un paso al costado”.

El radical comenzó en un tono calmo, pero con acusaciones hacia Cabandié: “La presencia del ministro, que no es interpelación, tiene que ver justamente para analizar y evaluar lo que ha pasado en la provincia de Corrientes, la catástrofe, y fundamentalmente el accionar del Ministerio y del ministro de Ambiente, que hoy esta acá presente con mucha tranquilidad brindando una especie de información catedrática o universitaria, pero muy lejos de la realidad y del sufrimiento del pueblo de corrientes”.

“Me parece que no tienen dimensión de lo que significa desde lo social, desde lo económico y desde lo productivo lo que pasó y pasa. Lógicamente no tienen dimensión porque en primer lugar usted ministro tiene una gran cuota de responsabilidad en lo que pasó en la provincia. Si bien es cierto, usted dice que tiene rigor científico para demostrar que el 95% de los incendios tiene que ver con el accionar de las propias personas, no sé cuál será el rigor científico. También habló de que es un apasionado de la gestión, usted como funcionario en primer lugar ha demostrado una falta de empatía enorme, una gran ineficacia gestionando el Ministerio y fundamentalmente una irresponsabilidad en la conducción del Ministerio en relación a los acontecimientos que ocurrieron en Corrientes”, apuntó Naidenoff.

Fue la sociedad civil la que se puso de pie y dejó en evidencia la indiferencia del gobierno y la ineficiencia de sus funcionarios. No dimensionan la magnitud del daño económico y social que está sufriendo la provincia y las consecuencias irreparables de estos incendios. pic.twitter.com/yqIUz3UxHn

— Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) February 24, 2022

En ese mismo sentido, siguió elevando su tono de voz: “Toda su narrativa desde que arrancaron los acontecimientos, todas sus declaraciones, todas sus acciones fueron ofensivas no solo al pueblo sino al gobierno de Corrientes. Sino también a este Senado y al pueblo argentino. Usted mintió en este Senado, y mintió descaradamente”.

“Quiero analizar los hechos, la conducta suya y del Ministerio sobre la tragedia de Corrientes. Usted declaró en este Senado que la nación intentó ayudar, que ofreció ayuda el 23 de enero y que la provincia, de ese pedido recién exigió y reclamó la colaboración de la Nación el 5 de febrero, miente. Y tanto miente, que a la jefa de Gabinete del Ministerio le dijo que explique lo que ocurrió el 13 de enero cuando el ministro de Producción de Corrientes se hizo presente con la jefa de Gabinete para plantearle la situación límite que estaba atravesando la provincia de Corrientes”, denunció el senador de JxC.

Y le preguntó al titular de la cartera de Ambiente: “¿No tiene relación con la jefe de Gabinete? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estuvo usted? Es la jefa de Gabinete de su cartera ¿no tenía conocimiento del encuentro? ¿no tenía que se planteó la situación crítica, que los correntinos peleaban en la más absoluta soledad? ¿Cómo puede decir que desconocía?”.

“Usted dijo que desconocía, fueron al 5 de febrero. Miente. El 25 de enero y el 28. Los hechos son sagrados, acá esta la nota. Usted no contaba con recursos, pero ha hecho una cronología del 2021 de lo que se podía dar en la Argentina en la región NEA y NOA con las sequías, con las inclemencias, con la falta de lluvias y con el cambio climático que afectaba Corrientes con un régimen de 1700 milímetros anuales. Esto es lo que explicó”, enfatizó Naidenoff.

Y continuó eufórico: “Hace un año la provincia alertó al Ministerio, que usted preside, de la situación que se veía venir. Le solicitaron cuatro aviones hidrantes. ¿Cuál fue la respuesta de su Ministerio? El silencio, las opiniones son libres, los hechos sagrados. Silencio de usted y de su cartera 25 de enero”.

“Vehemencia le falta al Gobierno, acompañamiento, dolor y sufrimiento tiene el pueblo de Corrientes”, criticó y apuntó contra los senadores del FdT: “Ustedes están acá sentados con absoluta tranquilidad y nosotros estamos preocupados porque hoy en Formosa tenemos focos de incendios, y vemos un Ministerio de Ambiente que esta en la estratosfera, que no esta en el día a día de lo que pasó en Corrientes”.

En tanto, relató: “El 28 de enero el ministro de Ambiente recibió una nota donde reiteraban el pedido y hacían referencia que estaban realizando una ardua tarea para atender la problemática. En la reunión de trabajo del 13 de enero con la jefa de Gabinete se planteó esta situación”. “El 25 de febrero del 2021, con un año de anticipación, la provincia advirtió lo que se venía y el Ministerio no respondió, estuvieron ausentes”, sumó.

“El 10 de febrero el ministro que fue un gran espectador que miraba el partido desde la tribuna y esa es la bronca e impotencia, fueron tan irrespetuoso que declaró que los únicos que combatían el fuego son los brigadistas de la Nación. ¿Sabe cuántos brigadistas de la Nación envió a Corrientes para el 8 de febrero? No lo sabe ¿no? 8 brigadistas de parques nacionales. Se prendieron fuego más de 518 mil hectáreas. Esto es una burla”, le reclamó el presidente del bloque UCR en la Cámara alta a Cabandié.

En otro tramo de su discurso, indicó que “hay que analizar el daño futuro que genera la inacción del Estado porque acá hay mucha inacción, es muy fácil teorizar sobre el manejo del fuego, sobre lo que está pasando, que el mundo se incendia, como si fuese que el límite para actuar tiene que ver con una norma penal. Acá se trata de acción política. Es una vergüenza y le recriminó ¿Cuándo se fue a Corrientes? Usted piso recién la provincia el 18 de febrero cuando 700 mil hectáreas estaban quemadas”.

“Usted es responsable de todo lo que paso con su inacción. Cuando usted fue a Corrientes fue tarde, fue para la foto. 17 provincias estuvieron presentes, hasta Kicillof envió ayuda. Usted estuvo en Barbados en una comitiva acompañando al presidente cuando se prendía fuego Corrientes, y venimos a habal raca del manejo del fuego”, expresó eufórico el senador.

Y cerró: “El ministro fue negligente. Creo en un Estado eficiente, el problema de la política en Argentina hoy es la ineficiencia de los funcionarios porque cuando la ineficiencia es el denominador común es el caldo extremo. Hay compañeros suyos que acompañaron mientras el presidente estaba de joda jugando un picadito de fútbol y no lo dijo la oposición, lo dijeron hombres y mujeres del FdT”.

“El Ministerio aportó cero pesos a la provincia en todo este tiempo. Usted le falta el respeto a la gestión pública, es una cuestión humanitaria, de tipos que están fundidos, del sector productivo. Ustedes no conocen, son grandes teóricos y así nos va como país hace dos años. Usted tiene que dar un paso al costado, este es un Gabinete agotado, la sociedad esta harta y no da para más y dijo basta”, cuestionó Naidenoff y concluyó retomando la carta de Cristina Kirchner: “Tome nota de la primera carta de la presidenta el Senado de los funcionarios que no funcionan, puede reflexionar y usted es un abanderado, un emblema de los que tiene que dar un paso al costado”.

Al cierre de la reunión, el ministro Cabandié le respondió a Naidenoff por qué había ido a Barbados: “Esa reunión tiene un objetivo que es de mucha preocupación para nuestro país”, señaló el funcionario, que habló del diagrama de una “estrategia común geopolítica del clima. Lamentablemente en Latinoamérica no tenemos una postura común, y estamos tratando de elaborar una postura única para llevar ante la ONU, para que Europa no nos ponga metas arancelarias para nuestros productos”.

Cabandié hablaba de “un valor de emisión de carbono sobre los productos que van a ingresar a Europa, y eso va a afectar especialmente nuestras exportaciones agropecuarias”.

“Si no tomamos una postura al respecto vamos a estar en problemas”, completó el ministro.

Cabandié dio otras explicaciones sobre los dichos de Naidenoff, quien advirtió muy molesto que los usos y costumbres del Senado establecen que los presidentes de los bloques cierran los debates y no los invitados, por lo que terminó retirándose del salón.

En una reunión que se extendió por cinco horas y que tuvo picos de tensión, el ministro Juan Cabandié se presentó este miércoles ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado -la cual previamente eligió sus autoridades- y, tras brindar un informe sobre los incendios forestales, volvió a reiterar que ofrecieron ayuda a Corrientes, pero que desde la provincia les respondieron que “no necesitaban nada”. En ese sentido, apuntó contra los productores porque la quema “es una práctica muy arraigada y hay que modificarla”.

Solicitado en las últimas semanas tanto por diputados como senadores de la oposición, el titular de la cartera de Ambiente procedió a responder, tras su exposición, las inquietudes de los legisladores. También estuvo presente el viceministro, Sergio Federovisky.

El primero en tomar la palabra fue el senador correntino Eduardo Vischi (JxC) quien agradeció la presencia al ministro, pero también a todos los brigadistas que combaten el fuego, la colaboración de todas las provincias, de Brasil y de Bolivia. Tras lo cual, apuntó directamente a consultar por la licitación de los vuelos que se pidió durante los incendios y no previamente.

El legislador de JxC sostuvo que “los recursos de la provincia son un producto porque dan una fuente de ingreso y que el clima ha dado un sacudón”, y apuntó: “Usted ha llegado tarde ministro, porque sabiendo todo lo que estaba pasando, todo lo que tenemos nosotros como pruebas, el Ministerio no reaccionó para volver a licitar lo están haciendo ahora. Fue un acierto suyo recibir el manejo del fuego sino sondearlo y tenían los recursos para avanzar en ese sentido. El primer recurso que envía a corrientes desde que está en el ministerio son esos 3 millones que mencionó”.

“Me sorprende cuando habla de los niveles de responsabilidad porque usted sabiendo lo que estaba pasando y lo que se venia pidiendo lo podría haber hecho mucho antes teniendo en cuenta todo lo que usted sabia que venia pasando con las previsiones climáticas que sabe. Además, hubiese sido importante que atienda, porque si vamos a hablar de jurisdicción, que pasa con las 180 mil hectáreas que tiene el Parque Nacional Iberá que son de jurisdicción nacional en Corrientes que tiene un 40% quemado de su superficie llegaron recién el 26 de enero con brigadistas”, criticó.

Y cerró: “Usted y su equipo no nos da seguridad para que el Manejo del Fuego este en el Ministerio de Ambiente”.

Por su parte, Cabandié reiteró que “la solicitud de medios aéreos fue el 23, el pedido fue el 5 de enero. El Parque Nacional Iberá hizo el pedido el 1ro de febrero y ahí enviamos los aviones. Los focos ígneos del mes de enero se combatieron y se enviaron medios aéreos”. Acto seguido, el funcionario procedió a detallar la cantidad de litros de agua arrojados cuyas facturas estar firmadas por Orlando Villalba funcionario de la provincia.

“El 13 de enero los reportes de la provincia mencionaban un foco activo contenido. Los informes diarios indicaban que tenían un solo foco. Nos comunicamos con el ministro de Producción Claudio Anselmo y respondió que no necesitaban nada. Él dijo que los disparos de medios aéreos eran poco efectivos, los aviones privados de los forestales”, apuntó Cabandié y remarcó que “Corrientes no tiene forestales y los 5 millones de pesos es para armar un equipamiento de forestales. Queremos hacer una reparación histórica porque Corrientes ha sido abandonada y perjudicada siempre en la coparticipación”.

A su vez, manifestó: “Yo no determino plantar eucaliptus y pinos en el humedal. Eso es una política desde hace muchos años en la provincia, por eso se tiene que tener un manejo y armonía con lo ambiental. Es hora de que todos podamos, sin acusarnos porque no vengo a acusar, pero yo no definí la política agropecuaria de Corrientes porque absorbe el agua de los esteros termina perjudicando a los ganaderos”.

"Algunos productores se manifestaron ante el gobernador argumentando que ellos en sus campos hacen lo que quieren. Es una práctica muy arraigada en lo productivo. Tenemos que tener otra consideración respecto al manejo del fuego", precisó.

"Nos comunicamos con el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, y respondió que no necesitaban nada"

Por su parte, Federovisky aclaró: “La licitación que realizó el Ministerio de Seguridad culminó en diciembre del 2020 a lo largo del año por imperio de esa licitación se pagaron 650 millones de pesos en medios aéreos. En el 2021 por medio del Ministerio de Ambiente se pagaron 1.800 millones de pesos tres veces más en inversión. Hay una diferencia cualitativa, por eso no prorrogamos la licitación del Ministerio de Seguridad porque otorgaba una cantidad de horas de vuelos por mes. Decidimos una nueva licitación para evitar la derogación en el Estado y podemos indicarle a una aeronave que por la cantidad de horas tiene que volar en todo el país”.

En suma, Cabandié destacó: “Fue un acierto del gobierno anterior de la creación del Parque Nacional Iberá para preservar el ecosistema que al mismo tiempo genera ingresos”, y consideró: “Los Parques Nacionales se deben configurar con las personas dentro. Es penoso ver en tierra y sobrevolar la zona, ver los esteros secos genera indignación”.

“¿Por qué llegaron tarde?”, consultó directamente la correntina Mercedes Valenzuela (JxC) y acusó: “Usted sigue insistiendo en que fue adrede y que fueron los productores quienes lo hicieron, es un método utilizado para el recambio de pasturas, pero se hacen en julio-agosto. Me parece injusto que acusen a los productores y me solidarizo con el sacrifico de 50 años hoy visto en cenizas”.

Nuevamente, el titular de la cartera de Ambiente volvió a respaldarse con sus filminas con datos y reiteró que “el 23 de enero ofrecimos la ayuda”, y aclaró que “dije algunos productores, no hay que generalizar porque hay muchos afectados por la inconsciencia de otros. Hay que modificar las prácticas en el contexto que estamos. Su gobernador no piensa igual, porque dice que si hay quemas lo hablé con él. El 95% de los incendios son de acción humana”.

“El cambio de uso de suelo se refiere a otro tipo de actividades. Si bien la Ley del Manejo del Fuego esta promulgada, no esta reglamentada sobre todo en la situación de accidental y será la Justicia la que tendrá que determinarlo, queremos ser más precisos en los términos para no prestar a la confusión y no afectar lo productivo porque necesitamos la producción, pero a veces nos encontramos con quemas sobre recursos naturales afectando su potencialidad”, agregó Cabandié en respuesta al senador entrerriano Alfredo De Angeli.

Además, el funcionario manifestó que “todas las acciones son perfectibles, no me conformo en las acciones porque siempre se puede mejorar”. También le explicó al jujeño Mario Faid (UCR), sobre la donación del Fondo Verde, que hicieron un “consenso con los ministros de las provincias y que un 11% esta destinado para la prevención del fuego”.

“Algunas jurisdicciones no nos reportan las áreas afectadas y eso es subestimar el problema o no darle la importancia necesaria. Tenemos que plasmarlo y que cada uno de ustedes lo puedan dialogar”, le pidió el ministro de Ambiente a los legisladores, tras la consulta del senador misionero Mauricce Closs (FdT).

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se presentó este miércoles ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, para hablar del desastre provocado por los incendios en la provincia de Corrientes. En ese marco, el funcionario detalló lo sucedido con los aviones hidrantes e hizo hincapié en que la gran mayoría de los focos ígneos son provocados por la mano del hombre.

Antes de darle la palabra al ministro, la titular de la comisión, Gladys González, hizo una introducción en la que enfatizó la frase “crisis es oportunidad”, en referencia al hecho de que esta catástrofe ha generado que una comisión que suele ser postergada sea la primera que se reúne este año. “Es triste que sea por una cuestión de desastre y tragedia, pero también una oportunidad para que la gente ponga prioridad en esta materia”, enfatizó.

Asimismo recordó que los hechos de Corrientes generarán una cadena de consecuencias que afectará a toda la población, como por ejemplo el aumento de los productos producidos en esa provincia, como la yerba mate. Así las cosas, remarcó que el cambio climático merece ser tenido en cuenta. “Siempre se subestima la cuestión del cambio climático”, advirtió, por lo que remarcó que la situación requiere que “dejemos de subestimar los cambios climáticos, porque atraviesan todas las políticas”.

A continuación, Juan Cabandié dijo coincidir con la reflexión de la senadora Gladys González, “porque ciertamente estamos ante una situación crítica, pero al mismo tiempo es una oportunidad única. Primero, para esclarecer cómo abordan los estados la problemática de los incendios forestales; la competencia, y es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de generar cambios en todas las instancias del Estado”.

“Los ejecutivos tenemos la obligación frente a los focos ígneos de prevenir y apagar, pero quien tiene que prever con el peso de la ley es la Justicia”, señaló el ministro, que se ocupó en esa primera parte en apuntarle a ese poder por la supuesta falta de resultados. “Apagamos y a los tres días se vuelve a prender”, señaló Cabandié, para recordar luego que “las áreas ambientales no estamos facultadas para investigar a quienes prenden fuego, ni para agarrarlos in situ, juzgarlos imputarlos o procesarlos”.

Y puso como ejemplo que durante todo el año 2020 hubiera una recurrencia de incendios forestales en Entre Ríos, más específicamente en el Delta del Paraná. “Ibamos a apagar y a los tres días estaba prendido de vuelta. La Justicia no descubrió a una persona”, advirtió el funcionario.

Precisó luego que desde su cartera su presentaron ante la Justicia como querellantes, brindando las herramientas técnicas a su alcance para dar con la información georreferenciada de los focos ígneos, datos de catastro, tanto en Entre Ríos, como ahora en Corrientes, “pero la Justicia nunca encontró a nadie. Por eso creemos que además de hacer un relevamiento del Estado nacional frente a los focos ígneos es una oportunidad para normar”, señaló.

Asimismo Cabandié destacó la necesidad de discutir la ley de humedales y recordó que hace pocas semanas iniciaron un proceso para abrir un debate a nivel federal para “poner en discusión una ley de humedales, que lamentablemente perdió estado parlamentario”.

Luego destacó la creación del nuevo Parque Nacional Ansenuza, que con sus 600 mil hectáreas será el parque más grande de la Argentina, además de ser el mayor humedal del país. También destacó la creación de otro parque en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro, como así también el Agujero Azul en la plataforma marina, con lo que se duplicará la cantidad de hectáreas hoy protegidas. Esas tres iniciativas figuraban en el temario de extraordinarias, pero ninguno de los proyectos agendados por el Poder Ejecutivo fue tratado.

A continuación, el ministro de Ambiente mostró filminas donde se advertía que la temperatura supera con creces el promedio histórico en la provincia de Corrientes. Habló del proceso de sequías que tiene el país, y destacó también la bajante histórica del río Paraná, como un “síntoma muy claro de lo que significa el calentamiento global”.

“Estamos en una situación y unos índices de peligrosidad importante”, comentó, destacando que el promedio histórico en los últimos tres ejercicios “ha disminuido considerablemente”. Es de 1.700 milímetros anuales y hubo una disminución de entre 500 y 700 milímetros. “Las lluvias son escasas”, remarcó.

Y los pronósticos no son mejores: para el primer trimestre de 2022 han pronosticado un 50% menos de precipitaciones, y una temperatura del 40% por encima de la media en la provincia.

A continuación, Cabandié advirtió que el 95% de los incendios son por acción humana. “Esto es importante para poner en contexto lo que sucede en el país. En su mayoría por intencionalidad; en menor medida por imprudencia”, comentó. Admitió que “el fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, no estoy inventando la pólvora”. Sostuvo que esa práctica “está muy arraigada en nuestras provincias, nuestros pueblos, pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico, con disminución de precipitaciones, temperaturas promedio muy altas, realizar estas prácticas se transforma en un problema”.

Al hablar de esas prácticas, Cabandié aclaró que “no lo realizan todos los habitantes de las provincias, pero sí unos pocos lo hacen y esos quizás al hacerlo terminan perjudicando al conjunto de los productores o a viviendas vecinas”. Luego aclaró que “nunca es bueno generalizar, pero tampoco negar, y esto sucede. No tengo intención de entrar en polémicas”.

Más adelante afirmó que en la provincia de Corrientes no vieron “ningún evento” que pudiera haber causado los incendios de manera natural, como un rayo. “Son todos intencionales”, dijo, y contó que había hablado el día anterior con el gobernador correntino, Gustavo Valdés, sobre el tema.

“También existen estas prácticas y al mismo tiempo hay empresas forestales que contratan seguros que hacen que esas empresas contraten sus propios brigadistas y hasta aviones solamente para el perímetro de los campos forestales productivos”, comentó, estimando que en ocasiones el productor tiene el respaldo de un seguro y cuando viene el fuego de otro campo no destina los recursos para apagarlo, “total ya tengo el seguro”.

Para enfatizar su denuncia sobre la provocación de esos incendios, el ministro se respaldó en información periodística y datos de las áreas técnicas y científicas del ministerio. Además, mostró una nota de la BBC que hablaba del calentamiento global y el cambio climático “impulsan incendios forestales más extremos”. En ese sentido aclaró que los incendios no pueden ser combatidos de la misma manera que hace 10 o 15 años.

En otro pasaje, Cabandié señaló que el combate del fuego se hace a través de medios aéreos y brigadistas, y destacó en ese sentido la formación de estos últimos. Valoró la labor de los bomberos voluntarios y comentó la reforma de la Ley de Bomberos Voluntarios que tuvo la oportunidad de votar siendo diputado nacional, que destina un presupuesto para ese sector, pero el mismo no es administrado por el Ministerio de Ambiente. Su cartera, añadió, le ha asignado un 3% a los incendios forestales.

El Plan Nacional del Manejo del Fuego

Habló entonces del Plan Nacional del Manejo del Fuego, que hasta agosto de 2020 estaba en el área del Ministerio de Seguridad. Ahora lo administra su cartera, pero aclaró que recién en el año 2021 comenzaron a administrar el presupuesto del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Haciéndose eco de críticas desde la oposición que hablaron de una desarticulación del mismo -particularmente lo hizo la presidenta del Pro, Patricia Bullrich-, rechazó esas acusaciones al mostrar a través de una filmina la “fuerte disminución” del presupuesto para esa área operado entre 2015 y 2019 durante la gestión Cambiemos, y destacó que “incrementamos de forma considerable el presupuesto, llevándolo a 2.500 millones de pesos”. En efecto, el presupuesto pasó de 430 millones de pesos a 6.500.

Con esos datos, dijo, “es muy difícil argumentar que se desmanteló el plan. No creemos que haber pasado el plan a la órbita de Ambiente sea desarticularlo; no opino igual que algunos dirigentes”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se presentará este miércoles ante senadores para informar sobre las acciones llevadas adelante para combatir los incendios que ya afectaron al 10% de la superficie de la provincia de Corrientes.

El funcionario asistirá a una reunión presencial, que se realizará a partir de las 17 en el Salón Illia, de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que minutos antes se constituirá.

Está previsto que la comisión continúe bajo el mando de la bonaerense Gladys González (Pro), mientras que en la vicepresidencia sería designada la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT).

La semana pasada, en medio de la ola de críticas al ministro, los senadores de Juntos por el Cambio habían expresado su “más profunda preocupación frente a los incendios que están castigando a diversas provincias de nuestro país”.

En ese comunicado apuntaron contra el Gobierno: “Frente a tamaña emergencia instamos al Gobierno nacional para que, a través de las áreas correspondientes, actúe de manera inmediata y aumente los esfuerzos en pos de trabajar por el fin de los incendios”.

En tanto, en la Cámara de Diputados también se presentaron varios proyectos de resolución, por parte de diferentes bloques, exigiendo la presencia de Cabandié en el Congreso.

Los diputados del Frente de Izquierda-Unidad presentaron un pedido de interpelación para que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, concurra al recinto de la Cámara de Diputados a fin de informar públicamente y responder sobre la gravísima situación que se vive en la provincia de Corrientes.

Por otra parte, presentaron nuevamente un proyecto de ley de protección de los humedales, “ya que a pesar de que desde el oficialismo y en campaña hasta hace pocos meses decían ‘sí a los humedales’, el dictamen que se encontraba en tratamiento de Diputados cayó y ni siquiera fue incorporado en el fallido llamado y temario de sesiones extraordinarias, mientras el país sigue incendiado, saqueado y asediado por el extractivismo”, apuntaron.

En primera de las iniciativas, los legisladores buscan que el funcionario concurra “para explicar pormenorizadamente las acciones llevadas adelante por la cartera a su cargo; los recursos destinados; la ejecución durante el pasado y presente año del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego; las acciones coordinadas con el Gobierno de la provincia de Corrientes; los refuerzos presupuestarios y de recursos enviados a la provincia a fin de combatir el fuego, si es que los hubiere, así como los recursos que se planean destinar para subsanar los daños causados por el fuego sobre la flora, la fauna y las poblaciones afectadas”; entre otras cuestiones.

Además, los diputados del FIT-U señalaron “la responsabilidad en esta catástrofe ambiental de la expansión del monocultivo de eucaliptos y pinos a gran escala en beneficio de la industria forestal”. En ese sentido, denunciaron que “no es un accidente lo que está ocurriendo en Corrientes y en otras provincias de nuestro país, son las consecuencias brutales de una estructura de negocios con la naturaleza, la salud y la vida de los territorios y las poblaciones, con el objetivo de enriquecer a un puñado de empresarios y pagar la deuda al FMI. Un verdadero crimen ambiental”.

En cuanto al proyecto de ley para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales, el bloque de la izquierda exigió “su urgente tratamiento” y denunció “que el lobby empresario llevó a que el dictamen perdiera estado parlamentario”. Los legisladores indicaron que existe “un modelo productivo y de consumo que hace décadas arrasa con la biodiversidad en Argentina. Los sectores del agronegocio, la megaminería y la especulación inmobiliaria, con la complicidad y el aval de sucesivos gobiernos en las últimas décadas, sin importar color político, ponen por delante la perspectiva de obtener rentabilidad a corto plazo”.

“Hoy, esa persistencia del Gobierno nacional está ligada directamente a la necesidad de continuar con la habilitación del saqueo de los recursos naturales a fin de intentar conseguir dólares para pagarle al FMI la deuda ilegal e ilegítima que dejó el gobierno de Mauricio Macri", opinaron.

Ambos proyectos llevan la firma de Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina Del Plá.

En medio de la crisis que azota a Corrientes, producto de los incendios, el presidente Alberto Fernández se reunió este martes con el único senador por esa provincia del oficialismo, Carlos “Camau” Espínola.

El mandatario se encargó de contar detalles del encuentro en las redes sociales, donde publicó: “Recibí a @espinolacamau, senador nacional por Corrientes. Con gran preocupación, me solicitó apoyo para pequeñas y pequeños productores agropecuarios y ganaderos, y para los promotores de la forestación en la provincia”.

“Me comprometí con él a avanzar en sus pedidos y a seguir brindando toda la asistencia que Corrientes reclama”, afirmó Fernández.

Asimismo, reconoció “la necesidad de mejorar la coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para prevenir y combatir de manera inmediata situaciones como las que hoy atravesamos”.

“Corrientes cuenta con nuestro acompañamiento absoluto para hacer frente a esta tragedia. #ArgentinaConCorrientes”, completó el jefe de Estado.

Me comprometí con él a avanzar en sus pedidos y a seguir brindando toda la asistencia que Corrientes reclama.

— Alberto Fernández (@alferdez) February 22, 2022

Por su parte, el senador le agradeció: “Gracias @alferdez, sé que estas muy preocupado y que te estás ocupando del difícil momento que atraviesa mi provincia”.

“Camau” Espínola fue reelecto senador nacional en las elecciones del año pasado y tiene mandato hasta 2027. Forma parte del grupo que dentro del Frente de Todos pide discusión interna y que se tengan en cuenta en la agenda los temas que interesan a legisladores del interior.

Con “gran consternación y tristeza”, la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata Progresista se solidarizó este lunes con toda la provincia de Corrientes “ante los brutales incendios que la están azotando hace tiempo”.

“Ciudadanos sin distinción de clases ni oficios y esencialmente el medio ambiente sufren las consecuencias y asistimos a desoladoras imágenes con profundo dolor. El impacto negativo en la economía y, especialmente, en el ecosistema es evidente y toma las dimensiones de un desastre ecológico sin precedentes”, expresó el PDP a través de un comunicado.

En ese marco lamentaron “las declaraciones del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, que nada suman en este contexto tan difícil. Quienes tienen máximas responsabilidades deben dar el ejemplo de mesura necesaria en los momentos más duros”.

Agregaron que “no es momento de señalar decisiones en torno a las brigadas forestales, lo oportuno sería revisar la noción de federalismo que lejos está de ser la ideal en nuestro país. El espíritu del Gobierno nacional aún es muy unitario en la gestión de recursos y pretende ser federal en las pérdidas”, y llamaron a trabajar en “fortalecer el federalismo y dar a las provincias las herramientas necesarias y justas para desarrollar sus propias políticas públicas que generen autonomía y conformen un país verdaderamente federal”.

“Nuestro deseo para una pronta recuperación nos convoca a todos a aunar esfuerzos y, en particular, instamos a las autoridades nacionales a proveer  recursos técnicos y humanos, poniendo a disposición todo lo necesario para salvaguardar el patrimonio, las vidas y el medio ambiente en la provincia de Corrientes”, expresó el secretario general de la Junta Ejecutiva Nacional, Oscar Moscariello, al referirse a esta dramática situación que atraviesa Corrientes.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución en el que solicitan que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, concurra a la Cámara Baja para ser interpelado, con el objetivo de que "brinde explicaciones en relación a las acciones adoptadas respecto de la mitigación de los graves focos de incendio que vienen azotando distintos puntos del nuestro país y que están causando una catástrofe productiva y ambiental sin precedentes, en particular, en la provincia de Corrientes". También buscan derogar la modificación de Ley de Manejo del Fuego que fue impulsada por el diputado Máximo Kirchner y una ley de beneficios fiscales.

En los fundamentos del proyecto de resolución se plantea que “se debe considerar que a fines del año pasado la ayuda del Ministerio se demoró en exceso ante los pedidos de ayuda que se hicieron en la zona de Río Manso, provincia de Río Negro, y que, nuevamente este año ocurrió que la ayuda del Gobierno nacional en Corrientes llegó nueve días después del pedido formal realizado por el ministro de Producción de la provincia, el 28 de enero”.

“Estos fenómenos extremos son en parte causados y/o agravados por las consecuencias del cambio climático, pero podrían también ser iniciados por el ser humano, una cuestión que la Justicia debería resolver en cada caso y que de ninguna manera puede ser objeto de especulación y uso político o ideológico por parte de las autoridades. Especialmente teniendo en cuenta que luego de la sanción de la Ley 27.604 en 2020, el argumento falso de que un productor incendiaría su propia tierra para forzar un uso de suelo, carece de cualquier tipo de sustento, ya que esta norma prohíbe estos cambios en caso de incendios por un extenso período de tiempo. Pese a esto, escuchamos recientemente al ministro de Ambiente, en declaraciones radiales, insinuar que la responsabilidad de estos incendios era de los productores agropecuarios”, agregan los diputados de la CC.

En tanto, consideraron: “Le solicitamos al ministro de Ambiente que nos brinde precisiones acerca de las contrataciones realizadas y los planes que tiene el Ministerio para el robustecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, en especial, dada la situación catastrófica que han venido atravesando distintas provincias de nuestro país en los últimos meses, y en la que no se ha evidenciado una gestión ágil y responsable de estos recursos. Es preciso, entonces, conocer el detalle de cómo han sido ejecutado dichos fondos, a través de qué instrumentos, con qué tipo de planificación y con qué nivel de precios”.

Los diputados de la CC proponen, además, la derogación de la Ley 27.604, sancionada en diciembre de 2020 para modificar de la 26.815, de Manejo de Fuego debido a que “tiene como único objetivo sancionar injustamente, obviando a su paso, garantías constitucionales y generando peligrosos antecedentes regresivos en materia de protección ambiental”.

“Insistimos una vez más en la importancia de contar con sistemas eficientes de control, monitoreo y alerta temprana para combatir los incendios, junto con un presupuesto acorde, y reiteramos nuestro rechazo por esta ley que no establece ninguna herramienta real para combatir el flagelo que implican hoy los incendios en nuestro país”, explican los integrantes del bloque. "La magnitud de los actuales incendios dan cuenta de que, no solamente dicha modificación no obtuvo resultados favorables, sino que además estaba basada en un prejuicios y falacias”, añadieron.

Acompañaron con su firma los diputados Victoria Borrego, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman.

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Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio Diversidad Entre Ríos manifestaron su solidaridad con el pueblo correntino y con el gobernador, Gustavo Valdés, ante los incendios forestales que ya consumieron el 10% de la provincia. En ese sentido, criticaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por “atajar penales en la costa”, y al ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

 “Queremos en primera instancia exteriorizar nuestra solidaridad y apoyo a nuestros hermanos de la provincia de Corrientes y el total acompañamiento a la gestión del gobernador Gustavo Valdés, frente a la grave situación que atraviesa su provincia como consecuencia de los incendios que la aquejan”, expresaron y repudiaron: “No podemos dejar de mencionar el dolor que nos provoca como argentinos que el presidente, mientras Corrientes arde, esté atajando penales en la costa, y que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eche culpas al gobierno provincial de Corrientes, para tapar la ineficiencia del Gobierno Nacional”.

En tanto, declararon: “La solidaridad que hemos expresado los argentinos, de distintas formas, son un gesto contundente de apoyo a una provincia que se ve desbordada. Los ciudadanos de a pie somos los que estamos sosteniendo una situación que debería haber sido prevista y prevenida por el Gobierno Nacional. Un gobierno que no sólo no supo prevenir, sino que además no está dispuesto a mitigar. Las promesas no apagan incendios, lo hacen los actos concretos y, al momento, no se ha visto siquiera la presencia formal del presidente de la nación para acompañar in situ, a los compatriotas que están perdiendo todo”.

“Mientras Corrientes arde, nos preocupa la falta de interés, la desidia, la incompetencia y la inhumanidad de las autoridades nacionales. Nos preguntamos: ¿Será que el Frente de Todos, solo trabaja para algunos?, ¿será qué sólo les importan aquellas provincias donde pueden ganar una elección?, hasta dónde son capaces de llegar con su egoísmo?, ¿cuántas pérdidas humanas más y de nuestra flora y fauna van a arrastrar con su miseria?” Esperamos que estas preguntas no tengan las respuestas que suponemos porque si así fuese, sería de una bajeza imperdonable”, sentenciaron desde la agrupación.

Por último, los representantes de la Mesa de Juntos por el Cambio Diversidad Entre Ríos pronunciaron: “Han forzado a un gobierno provincial a buscar ayuda en otras provincias, e inclusive la de gobiernos extranjeros (duramente criticados por el Gobierno nacional), para que colaboren en esta catástrofe ambiental. Corrientes arde, y su inacción, señor Alberto Fernández, no será olvidada”.

Un grupo de diputados de la oposición, encabezados por Gerardo Milman (Pro - Buenos Aires), presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley 27.604 de Manejo del Fuego que se sancionó en diciembre de 2020 por impulso del legislador oficialista Máximo Kirchner en donde se "presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con un objetivo de interés inmobiliario".

“Pedimos la derogación de la Ley 27.604 que fue impulsada por Máximo Kirchner donde presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohibiendo la venta de las mismas tierras incendiadas”, expresó en su cuenta de Twitter el legislador del Pro.

En ese sentido, remarcó que la vigente Ley no contempla que “los incendios pueden ser provocados por otros factores como los naturales (cambio climático, sequía, etc.)  Por eso, esta Ley no aportó nada. Solo un lastre más para los propietarios de tierras. Y por lo cual pedimos su inmediata anulación”.

Pedimos la derogación de la Ley 27.604 que fue impulsada por Máximo Kirchner donde presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohibiendo la venta de las mismas tierras incendiadas. (Abro hilo) pic.twitter.com/3cP2NbMJ0S

— Gerardo Milman (@gmilman) February 21, 2022

El diputado Mario Negri apuntó contra el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por sus declaraciones contra el gobernador correntino Gustavo Valdés y el expresidente Mauricio Macri en medio de los graves incendios que azotan a Corrientes. “No se puede jugar a la chicana política”, dijo indignado el jefe de la UCR en la Cámara baja.

“Cabandié debe dejarse de joder, es tanto lo que están cargados de odio que le falta decir que el gobernador andaba prendiendo fuego”, expresó el cordobés en declaraciones a CNN Radio.

El radical lamentó que "se perdieron días en los que Cabandié se lanzó a una campaña verbal innecesaria cuando a la gente se le quemaba los campos. El Gobierno nacional tiene muchos problemas pero, además, le falta sentido de la oportunidad política para hacer determinadas las cosas".

"El presidente no debe esperar a que lo inviten a Corrientes. Así como va de cabeza a los actos de La Cámpora, debería haber ido”, consideró el legislador.

Consultado sobre las acusaciones del kirchnerismo al gobierno de Cambiemos por el “desmantelamiento” del Plan de Manejo del Fuego, Negri respondió: “Son una bolsa de mentira, si tiene 4 mil millones de pesos para el manejo del fuego y no los distribuyeron. Les falta llevar guantes de boxeo a los incendios para pegarle a algún opositor. Son unos irresponsables. Les falta decir que Macri es piromaníaco”.

“La verdad -es que los dichos de Cabandié y su segundo Sergio Federovisky- son una falta de respeto al sentido común frente a la sociedad. Han perdido la sensibilidad, no tienen ni siquiera un piso de responsabilidad. Deberían colaborar para apagar las llamas y después se verá si los incendios fueron intencionales. Eso se investiga después”, finalizó.

Legisladores de diferentes espacios políticos expresaron su enojo en redes sociales hacia el presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de que se viralizara una foto de él en la las playas de Mar de Ajó atajando penales, mientras la provincia de Corrientes no recibe ayuda nacional por los incendios forestales que no dan tregua.

El jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri (Córdoba), posteó: “Ante una tragedia humana, los gobernantes se solidarizan con los ciudadanos. Ante un desastre ambiental o climático, visitan las zonas afectadas. Luego, ponen en marcha planes para reparar daños y evitar que se repitan. Nada de esto hacen Cabandié y A. Fernández”. A su vez, retuiteó otro comentario que expresaba: “Ni Alberto ni Cabandié fueron a Corrientes en medio del peor desastre ambiental de su historia. Tanto el presidente como el ministro se llenan la boca hablando de federalismo”.

No, no es una broma pic.twitter.com/E1oNR33oA8

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 17, 2022

Ante una tragedia humana, los gobernantes se solidarizan con los ciudadanos. Ante un desastre ambiental o climático, visitan las zonas afectadas. Luego, ponen en marcha planes para reparar daños y evitar que se repitan. Nada de esto hacen Cabandié y A. Fernández. #CorrientesArde

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 18, 2022

“Atajar penales, ni eso sabe hacer…”, escribió brevemente la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, Karina Banfi.

En suma, el jefe del interbloque de JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, advirtió: “Es urgente que el Gobierno tome cartas en el asunto ante la gravedad de los incendios en Corrientes. No alcanza con Cabandie ni con un presidente que NO atajas penales en la costa bonaerense”.

Es urgente que el gobierno tome cartas en el asunto ante la gravedad de los incendios en Corrientes. No alcanza con Cabandie ni con un presidente que NO ataja penales en la costa bonaerense

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 18, 2022

"Presidente, mientras usted está recorriendo la costa atlántica, la provincia de Corrientes está cercada por el fuego y ni usted ni el ministro Juan Cabandie han siquiera sobrevolado la zona. Ocúpese de lo importante", criticó el diputado radical Ricardo Buryaile.

Presidente, mientras usted está recorriendo la costa atlántica, la provincia de #Corrientes está cercada por el fuego y ni Ud ni el Ministro @juancabandie han siquiera sobrevolado la zona. Ocúpese de lo importante . https://t.co/dT3nKPyF9c

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) February 17, 2022

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, cuestionó: "Corrientes necesita más ayuda que nunca. Vecinos, productores y animales ven destruido su medio ambiente y su sustento de vida. Presidente, estamos frente a una emergencia nacional. Deje las giras por la playa y envíe los recursos necesarios para apagar el fuego".

Corrientes necesita más ayuda que nunca. Vecinos, productores y animales ven destruido su medio ambiente y su sustento de vida.

Presidente, estamos frente a una emergencia nacional. Deje las giras por la playa y envíe los recursos necesarios para apagar el fuego. pic.twitter.com/Xm8iF087t4

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 18, 2022

"Alberto Fernández en 2 años usaron divisas para comprar 289 avionetas de lujo a 202 millones de US al oficial. No trajeron un solo hidrante. Eso es el proyecto. Privilegios a la oligarquía gobernante que permanece en silencio mientras el que no tiene recursos se incendia", le recordó el diputado del Pro Waldo Wolff. En tanto, Fernando Iglesias escribió en respuesta a los dichos del secretario de Relaciones Parlamentarias "Chino" Navarro: “No molesten, estamos gobernando, dice este coso mientras el Presidente ataja penales en la playa y se les prenden fuego Corrientes y el país".

Presidente @alferdez, en 2 años usaron divisas para comprar 289 avionetas de lujo a 202 millones de US al oficial.
No trajeron un solo hidrante.
Eso es el proyecto. Privilegios a la oligarquía gobernante que permanece en silencio mientras el que no tiene recursos se incendia.

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) February 18, 2022

“No molesten, estamos gobernando”dice este coso mientras el Presidente ataja penales en la playa y se les prenden fuego Corrientes y el país @chino_navarrook https://t.co/nLriErEYTy

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 18, 2022

En tanto, el legislador Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) señaló: "Mientras el Presidente juega al fútbol playa y Cabandie viaja por el mundo y expone en asambleas, los correntinos huyen del fuego. Los Gobiernos serios se ponen al frente de los desastres ambientales, estos incapaces únicamente recorren el territorio en campaña. ¡Háganse cargo!".

Mientras el Presidente juega al fútbol playa y Cabandie viaja por el mundo y expone en asambleas, los correntinos huyen del fuego. Los Gobiernos serios se ponen al frente de los desastres ambientales, estos incapaces únicamente recorren el territorio en campaña. ¡Háganse cargo! pic.twitter.com/cK1gBwxVcb

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) February 18, 2022

También se sumó a las críticas el diputado libertario José Luis Espert: "Alberto Fernández, un presidente sin vergüenza, sin alma".

Alberto Fernández, un Presidente sin vergüenza, sin alma. pic.twitter.com/3iNzKDmNc2

— José Luis Espert (@jlespert) February 18, 2022

Ante la sequía en que se encuentra inmerso todo el territorio de la provincia de Corrientes, y los distintos focos de incendio que no dan tregua, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) solicitó al Poder Ejecutivo nacional que declare el “estado de emergencia y desastre agropecuario''.

“Nuestra provincia, como así también muchas zonas del país, vienen siendo víctimas en los últimos años de una sequía sin precedentes que afecta las zonas agropecuarias y a toda la Cuenca del los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay. La situación de urgencia que viven los productores correntinos requiere de la asistencia del Estado en todos sus niveles. A las acciones del Gobierno provincial se deben sumar las del Gobierno nacional, adoptando medidas que ayuden ante esta situación dramática que se vive en la provincia, ya sean fiscales, financieras o asistenciales”, manifestó la legisladora de Juntos por el Cambio.

En Corrientes, el panorama de los incendios es dramático. A través del decreto 200/22, firmado por el gobernador Gustavo Valdés, se declaró el estado de emergencia agropecuaria. La provincia concentra la mayor cantidad de focos ígneos y se multiplican los reportes de productores que están perdiendo todo.

"El fuego arrasa. Áreas de humedales como esteros, bañados, vegetación, bosques, tanto cultivados como nativos, flora, fauna y producción fueron destruidos", lamentó la correntina en los argumentos de su proyecto.

Además, Brambilla consideró que "es fundamental que, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se declare de manera urgente el estado de emergencia y desastre en Corrientes por parte de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios".

"Son más de 518 mil hectáreas las afectadas por el fuego. Las zonas rurales han sido las más golpeadas, lo que generó pérdidas económicas muy significativas para cientos de personas que dependen de la actividad agropecuaria para su subsistencia", señaló.

Y concluyó: "Necesitamos que el Gobierno nacional dé una respuesta pronta y efectiva ante esta situación tan triste y preocupante. Los correntinos no podemos seguir esperando”.

La provincia de Corrientes aún tiene grandes focos de incendios a la espera de lluvias para ayudar a los bomberos a apagarlos. En ese contexto, la legisladora nacional Ingrid Jetter (Pro) presentó un proyecto para requerir informes sobre los fondos del Plan de Manejo del fuego administrados actualmente por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, solicitando la actualización de fondos previstos en la Ley Nacional 26.509/09 de emergencia agropecuaria y trabajando con distintos sectores damnificados.

Por este motivo la diputada se reunió con el ministro de la Producción de la provincia, Claudio Anselmo, y con el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, a fin de intercambiar información sobre la situación alarmante que sufre nuestra provincia respecto a las grandes quemas.

“Los efectos del cambio climático golpean a las poblaciones en general y al campo correntino. La sequía afectó a productores y contribuyó a la propagación de incendios forestales y rurales que arrasaron más de 335.043 hectáreas en la provincia”, según un informe del INTA recientemente difundido.

En este marco, Jetter explicó: “El Gobierno provincial decretó el 1 de febrero la emergencia ígnea por 6 meses.  Esto permite al Ministerio de Producción de Corrientes crear un comité de crisis para coordinar acciones, atender la emergencia y articular con los municipios. Asimismo, el gobernador Gustavo Valdés declaró este lunes la emergencia agropecuaria para todas las actividades del territorio de la Provincia, la normativa regirá hasta el 30 de junio e implica beneficios fiscales, crediticios y la posibilidad de asistencia directa”.

“Esperamos que Nación, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se sume a la Emergencia Agropecuaria declarada en la provincia de Corrientes, cuanto antes. Lamentablemente ya se han quemado más de trescientas mil hectáreas, pero esto no deja de ser una oportunidad para entender que ‘todos’ debemos estar comprometidos de verdad, sin improvisaciones, mezquindades ni banderías políticas en evitar que siga o vuelva a suceder. Corrientes lo merece y los bomberos de los 47 cuarteles de toda la provincia, que han dejado su vida, una vez más, para que la realidad no sea aún peor”, sostuvo la legisladora del Pro.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) solicitó apoyo al Gobierno nacional para combatir los incendios que azotan a la provincia de Corrientes con nuevos equipamientos y más infraestructura, debido a la "situación desesperante" ante la emergencia declarada por el gobernador Gustavo Valdés.

La legisladora recordó que "hasta finales de 2019 Corrientes contaba con cuatro aviones hidrantes provistos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego para el combate de incendios", pero "tras el cambio de mandato presidencial y las reestructuraciones en varias áreas del Estado Nacional, fueron retirados dichos aviones de la región, dando como respuesta que se iniciaría un proceso transparente de licitación y contratación de aviones hidrantes".

"Hasta el momento no se han repuesto los aviones. La región del NEA cuenta con un solo avión hidrante con base en Apóstoles, Misiones", subrayó la macrista, que al mismo tiempo destacó que "Corrientes dispuso fondos provinciales por más de 60 millones de pesos para luchar contra los incendios y asistir a los bomberos voluntarios provinciales".

Brambilla añadió que "con ese dinero, además, se contrataron tres aviones que han combatido 13 siniestros en diversos puntos, y el equipamiento destinado a combatir y prevenir los focos ígneos de los 48 cuarteles de bomberos voluntarios y el cuerpo de bomberos de la Policía de Corrientes han actuado en cientos de focos de incendios rurales, suburbanos e inclusive en industrias madereras, viveros y aserraderos".

"Es fundamental la ayuda del Estado Nacional. Desde el Gobierno de Corrientes, además de la Policía, asociaciones de bomberos y vecinos, se está trabajando sin parar en combatir y prevenir el fuego que afecta a tantas familias, productores, a nuestra fauna, flora, áreas productivas, bosques implantados y reservas naturales que no son solamente de los correntinos, sino de todos los argentinos", enfatizó la diputada.

También, señaló que "nuestra situación es crítica, los incendios se han multiplicado en estos meses, y con las elevadas temperaturas y la falta de precipitaciones el fuego sigue avanzando, y nuevos focos se generan luego de haber logrado controlar los existentes".

"Necesitamos que el presidente Alberto Fernández preste colaboración efectiva de manera urgente a la provincia", reclamó la legisladora de JxC.

El fuego no da tregua y sigue consumiendo hectáreas en varias provincias, una de ellas es Córdoba donde se inició un nuevo foco de incendio en San Marcos Sierras, en el Departamento Cruz del Eje. Allí vacacionaba la diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos – Córdoba) que debió ser evacuada entre las llamas.

“Estoy vacacionando en San Marcos con mi pareja y mi hijo, recién nos acaban d evacuar porque se inició un incendio a muy pocos metros de la casa donde nos alojamos. Es una situación horrible q cada vez es más común. Los problemas ambientales no son un cuento ni son problemas del futuro”, contó la legisladora oficialista en su cuenta de Twitter junto a un video en que el muestra la situación.

Hasta el momento, ya se quemaron 15 hectáreas de monte autóctono y trabajan dos aviones hidrantes y más de 80 bomberos, aunque las condiciones climáticas y el viento complican los trabajos en la zona.

Estoy vacacionando en San Marcos con mi pareja y mi hijo, recién nos acaban d evacuar xq se inició un incendio a muy pocos mts de la casa donde nos alojamos. Es una situación horrible q cada vez es más común. Los problemas ambientales no son un cuento ni son problemas del futuro. pic.twitter.com/F3iq5MAyot

— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) January 13, 2022

Ante la ola de incendios forestales que se registra en la patagonia argentina, el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino Rolando Figueroa presentó en la Cámara baja un pedido de informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que encabeza el ministro Juan Cabandié, sobre la actuación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en los incendios que afectan al lote 39 de Quillén, Aluminé, en la provincia del Neuquén.

En el proyecto de resolución, el diputado neuquino indicó que debido a la sequía que afecta a toda la región, se espera que este tipo de eventos se repitan “ya que las condiciones climáticas prevén tormentas eléctricas y más tormentas secas con rayos”. “Lamentablemente situaciones similares se repiten a lo largo y ancho del país, por eso se vuelve fundamental contar con un Servicio Nacional de Manejo del Fuego eficaz, eficiente y robustecido”, indicó en los argumentos del proyecto, y recordó que la provincia ya declaró Estado de Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios en todo el territorio.

Figueroa pide al Ejecutivo Nacional conocer el rol que tuvo el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios en el lote 39 de Quillén, los recursos puestos a disposición y los que actualmente se encuentran a disposición del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en materia de prevención y vigilancia de incendios en el país y su distribución geográfica.

Además, solicita que se indique si se han realizado estudios para identificar y categorizar las causales de los masivos incendios forestales ocurridos en los últimos 24 meses en la Patagonia y si se prevén acciones especiales para los territorios pertenecientes a Parques Nacionales, ante los múltiples focos ígneos y las condiciones climáticas adversas de los últimos años. En este mismo sentido, requiere saber si se está desarrollando algún plan de acción específico para la región.

En la provincia del Neuquén, el fuego se produjo en el Lote 39 de Quillén en la localidad de Aluminé, afectando más de cuatro mil hectáreas de bosque nativo. Unos 200 brigadistas trabajan a destajo para intentar detener el avance de las llamas, en medio de un clima adverso por la falta de lluvias, jornadas de intenso calor y rotación del viento.

Tras la aprobación de la ley de Bienes Personales, la Cámara de Senadores trató sobre tablas y aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) que propone declarar zona de desastre, emergencia forestal, económica, social y productiva a las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén que presentan focos de incendio.

“Es la declaración de zona de desastre, emergencia forestal, económica y productiva y social a las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén por un plazo de 180 días prorrogables si la situación continúa, ojalá que no, y con la posibilidad de hacerlo extensible a otras provincias”, explicó la legisladora oficialista.

En ese sentido, explicó que “la propuesta es poder constituir un fondo especial y acciones de asistencia a los damnificados, la reconstrucción de las economías afectadas en esa difícil situación, la distribución se hará entre Nación, provincias y municipios y también otro artículo es que a partir del 1ro de 2022 el Poder Ejecutivo pueda repartir automáticamente fondos del tesoro a las provincias cada vez que la autoridad de aplicación de la normativa lo amerite”.

Tras lo cual, la senadora del FdT relató que “la tormenta que inició los incendios fue seca que provocó un rayo en una zona inhóspita que por las condiciones climáticas hizo que se despertara el fuego y lamentó que no se han tenido lluvias y temperaturas muy elevadas”.

El proyecto plantea: “Declarar zona de desastre, emergencia forestal, económica y productiva y social por el término de 180 días plazo que podrá ser prorrogado por igual lapso por parte del Poder Ejecutivo a las provincias que se encuentran afectadas por incendios forestales acaecidos en el mes de diciembre del 2021 y posibles incendios que acontezcan en los meses de verano 2022. Facúltese al Poder Ejecutivo para que pueda extender sobre otras zonas afectadas por incendios no incluidas en el anexo. El Poder Ejecutivo constituirá en un plazo no mayor a 15 días un fondo especial para hacer frente a las acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías afectadas que serán destruidos de acuerdo a objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y municipios afectados”.

Por consiguiente, el presidente del bloque del FdT José Mayans adelantó el acompañamiento del espacio al proyecto y fue votado por unanimidad.