El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, denunció que los incendios que se registran en el Parque Nacional Los Alerces tienen un origen intencional. En el mismo sentido se pronunció este martes la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

“Sigo atentamente la situación en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut donde año tras año ocurren incendios intencionales en esta época del año que arrasan miles de hectáreas y árboles nativos y nadie paga por los daños inmensos hechos a nuestro patrimonio común”, señaló la vicepresidenta, que posteó un mapa de la zona afectada por el incendio forestal que ya alcanzó a mil hectáreas.

La titular del Senado se puso a disposición del gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres “para cualquier gestión en la que pueda ser útil a nuestra provincia”.

Cabe recordar que sobre el tema, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo sobre la denuncia del gobernador Torres que “no convalidamos ni ocupaciones ilegales, ni ataques terroristas ni ninguna cuestión por fuera de la ley”, y aseguró que si se comprueba la intencionalidad, los responsables “tendrán que estar tras las rejas o extraditados, en el caso de corresponder como hicimos con el terrorista Jones Huala”.

Sigo atentamente la situación en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut donde año tras año ocurren incendios intencionales en esta época del año que arrasan miles de hectáreas y árboles nativos y nadie paga por los daños inmensos hechos a nuestro patrimonio común. Me pongo a… pic.twitter.com/I8cpSaagmZ

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 30, 2024

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe cuáles son las acciones conjuntas entre la provincia de Córdoba y el Estado nacional, en el combate de los focos de incendios que se encuentran activos en la zona del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, a unos 100 kilómetros de la capital cordobesa.

La radical instó al Gobierno nacional a presentar un informe sobre el accionar del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para la prevención y el combate de los incendios, detallando los recursos puestos a disposición de las autoridades locales.

La legisladora solicitó que se informe si existe articulación entre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGER), detallando cuáles son las acciones y estrategias articuladas entre la provincia y estas entidades para la prevención, evaluación de peligro y alerta temprana de incendios en el territorio llevadas adelante en el año 2023.

“Frente al extremo riesgo, y la insuficiente información disponible sobre las acciones conjuntas desarrolladas entre la provincia de Córdoba y el Estado nacional, consideramos fundamental que las autoridades competentes informen, de manera urgente, las estrategias de abordaje conjunto que llevan adelante y su articulación, específicamente sobre los recursos, materiales utilizados y puestos a disposición”, explicó la diputada.

Numerosos focos de incendios se encuentran activos en el ala suroeste del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Noventa brigadistas se encuentran combatiendo el incendio forestal de considerables dimensiones, lo que motivó a que se autoevacuen 200 personas por el humo a pesar de que “no hay riesgo latente para las viviendas”, según informaron fuentes provinciales.

El senador nacional Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) presentó un proyecto para pedirle al Gobierno Nacional que declare la emergencia ígnea y actúe urgente para frenar el avance del incendio en El Hoyo que se desató este domingo y que, por estas horas, tiene a varias familias evacuadas.

Asimismo, Torres pidió que se investigue a fondo si el siniestro se trató de un nuevo atentado de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ante la aparición en el lugar de un panfleto de esa organización terrorista que reza que “no pararemos hasta que la Patagonia arda y recuperemos nuestro territorio”.

“El año pasado, estos mismos grupos violentos atentaron contra una oficina de la Dirección de Bosques en el paraje ‘El Pedregoso’”, recordó. El senador, en aquel momento, pidió la intervención de las fuerzas federales. No obstante, frente a la “inacción” del gobierno, “estos incendios se siguen sucediendo y los conflictos siguen escalando”.

Torres, una vez más, llamó la atención que “el avance de estos grupos terroristas sospechados de haber perpetrado este incendio, constituye una amenaza para la seguridad de las familias, sus hogares y el medio ambiente”.

Además, cuestionó que “mientras que el Gobierno Nacional se desentiende de esta cuestión, y sigue sin dar respuestas, familias enteras hoy viven con miedo de que el fuego arrase con sus casas, sus bienes y hectáreas de bosques”.

En 2022, el legislador chubutense presentó en coautoría un proyecto de ley para implementar una campaña nacional con el objeto de prevenir estos incendios y concientizar sobre el uso responsable del fuego.

Hace varios años que Torres -primero como diputado y luego como senador- reclama “acciones concretas para terminar con la escalada de violencia de estos grupos que se arrogan falsos derechos ancestrales”.

Entre 2020 y 2021, pidió al Ministerio de Seguridad y otros organismos, que informen las acciones llevadas adelante en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Ley 27.287) para reducir los riesgos y dar respuestas a los recurrentes incendios y ataques que se adjudican estas organizaciones mapuches.

También en aquella oportunidad, citó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para que dé explicaciones sobre las causas que originaron los incendios devastadores que destruyeron las propiedades de familias enteras de la cordillera.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller, cerró la jornada del martes con una reunión en la que se emitió dictamen -con 23 firmas- al proyecto por el cual se establece el régimen previsional diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales que viene con media sanción del Senado y quedó listo para ser debatido en el recinto.

Además, se pasó a la firma el despacho del proyecto de ley por el cual se establece una reparación histórica a las víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que también viene con media sanción del Senado, y también la creación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina – PROGRESAR -.

Heller agradeció la presencia del director del servicio nacional del manejo fuego, Alberto Seufferheld, y el trabajador de Parques Nacionales y representante de la Comisión de Carrera Combatiente de Incendio y Emergencia a Nivel Nacional, Alejo Farjone

En el uso de la palabra, el diputado Guillermo Carnaghi (FdT – Neuquén) contó que el proyecto se unificó en el Senado entre dos propuestas de la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) y el jujeño Mario Fiad (UCR) y resaltó que “tuvo mucho apoyo, 51 votos afirmativos y 11 negativos”.

“Es un proyecto que cristaliza un reclamo histórico de los brigadistas de incendios para mejorar su situación en función de la característica y la dureza de su trabajo para tener un mejor amparo de acuerdo a las características de ese trabajo”, precisó el neuquino y agregó: “El proyecto abarca un grupo reducido de especialistas con incidencia. Son 880 personas a la fecha son 500 trabajadores brigadistas de Parques Nacionales y ambiente, 230 son de Rio Negro, 15 de Tucumán, 7 de Salta, 59 de Jujuy, 29 de Catamarca, 20 de La Rioja y 20 de San Juan”.

Y precisó que abarca a trabajadores brigadistas de incendios que dependen del organismo nacional y de aquellas provincias que transfirieron sus cajas al Sistema Nacional de Seguridad Social. “Es un régimen especial para lograr la jubilación con 25 años acreditando servicio, 15 de esos años tienen que acreditarlos en tareas puntuales de combate de incendios y abarca que las mujeres podrán jubilarse a los 50 años y los hombres a los 57 años”, agregó Carnaghi.

 De la vereda opositora, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado reconoció la labor que llevan a cabo los brigadistas y por la trayectoria honorífica que tienen, pero expresó: “El combate al fuego no solamente lo realizan los brigadistas, sino también los bomberos voluntarios. Los bomberos que en muchas provincias no se pueden acoger a un régimen jubilatorio, que no cobran sueldo, no tiene obra social y son compañeros de trabajó de los brigadistas en el combate de fuego porque por la cantidad de incendios requerimos el auxilio de numerosos bomberos voluntarios”.

“Cuando nos plateamos regímenes especiales, uno se pregunta ¿con quiénes se comparan las decisiones legales para dar determinaos beneficios? En este caso, es posible dar un reconociendo a los brigadistas, no necesariamente creando un régimen previsional diferencial”, cuestionó la cordobesa y recordó que habían sugerido “el mismo tratamiento que las mismas actividades declaradas insalubres, que le permiten con le mismo sistema de cómputos, jubilarse anticipadamente”, y adelantó que, al no tomarse en cuenta la sugerencia, van a seguir con la misma postura de no acompañar el despacho.

Quien le retrucó a la legisladora del Pro, fue el bonaerense Sergio Palazzo (FdT) marcó la diferencia en la voluntariedad del carácter obligatorio de la prestación porque “un bombero voluntario lo hace voluntariamente en el tiempo y horario que puede disponer y no realiza aportes porque no recibe una remuneración. En el caso de los brigadistas reciben una remuneración porque son trabajadores del Estado y estamos generando un derecho a partir de una serie de circunstancias especial que tiene que ver con la actividad”.

En el mismo sentido se pronunció su par de bancada Eduardo Fernández quien remarcó que “ha habido cajas que no han sido transferidas a la Nación por lo tanto es jurisdicción de provincia establecer regímenes especiales”, y contó que en Córdoba “hay un régimen que otorga posibilidad de pensión a los 55 años, hay regímenes especiales en lo que es bomberos voluntarios”.

De forma breve, Germana Figueroa Casas (Pro) remarcó que se financia con recursos, peor que “no provienen de afuera del Estado, sino dentro. Se paga a sí mismo porque proviene de contribuciones patronales y las personas que están dependiendo del Estado. No es que son recursos genuinos”, y se sumó al planteo de que no es federal y a lo expresado por Rodríguez Machado.

Los puntos centrales del proyecto

Esta iniciativa que beneficia a unos 900 combatientes, tuvo media sanción en el Senado el pasado 10 de agosto. Se aprobó por 51 votos a favor y 10 en contra.

Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora nacional de Río Negro Silvina García Larraburu. Durante el debate en comisión en el Senado participó el ministro Juan Cabandié.

La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Mientras los proyectos de ley para la protección y conservación de los humedales se encuentran encajonados en la Cámara baja a la espera del dictamen y continúan los incendios en el Delta del Paraná, distintos diputados de la oposición exigen que se retome cuanto antes el debate. Uno de ellos es el diputado nacional Martín Berhongaray (Evolución Radical – La Pampa) quien exigió este jueves “tratar ya la ley de humedales”.

El pampeano aseguró que “sin más demoras hay que sancionar la Ley de Humedales que establezca parámetros mínimos pero certeros sobre cómo protegerlos y garantizar que sigan prestando todos sus servicios ecosistémicos y productivos. Esta ley va a dejar menos margen para que se hagan quemas intencionales de campos y le va a dar más herramientas a la Justicia para que actúe sobre los responsables de destruirlos”.

Por otra parte, el diputado señaló que “es necesario que se apliquen otras leyes ambientales que están vigentes como la Ley de Fuego o la de gestión ambiental de aguas, pero en Argentina hay fuertes intereses económicos y políticos que siguen frenando su cumplimiento”.

“Hay muchas provincias que se resisten a aceptar los cambios que introdujo la reforma constitucional de 1994 porque quieren seguir explotando sus recursos naturales de manera unilateral y arbitraria, y no se dan cuenta de que por ese camino van a terminar destruyendo el ambiente y el futuro de muchas generaciones”, criticó el radical.

Cabe recordar que el tratamiento legislativo de la Ley de Humedales ya fracasó en tres oportunidades. En 2013 y 2016, el proyecto fue aprobado en el Senado, pero no llegó a Diputados.

Tras los incendios en el Delta del Paraná y los focos activos en Córdoba, palabra esperada para escuchar era la del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que se hizo presente este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -a cargo de Carlos Heller- para exponer sobre el Presupuesto 2023.

En su ponencia, el funcionario comparó la gestión del expresidente Mauricio Macri con la de Alberto Fernández y señaló que “el Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”. A su vez, responsabilizó -una vez más- a las provincias y a los productores rurales por los incendios.

En su presentación, Cabandié remarcó que “en cuanto al Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que es una de las áreas más sensibles del Ministerio, lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”.

En ese sentido, destacó que “en nuestra gestión tenemos la política vinculada a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Estamos en proceso de la creación de 8 centros ambientales en distintas ciudades Quilmes, Chascomús, Concordia, Formosa, Villa María, Valle de Uco, Luján y Moreno. Dos de ellas van a inaugurarse este año la de Formosa y luego la de Concordia”.

“El resto las terminaremos de inaugurar durante el ejercicio 2023. Por otro lado, tenemos una planificación de llegar a 15 centros ambientales porque conseguimos una renovación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de financiamiento externo”, contó

y precisó: “Hemos creado durante la gestión la Brigada de Control Ambiental que le dimos más competencia a las inspecciones que realiza el Ministerio. Las inspecciones y facultades que tenemos son dos porque son dos leyes anteriores a la reforma del 94. Una es residuos peligrosos y la otra es tráfico de fauna. El resto de las funciones no tienen competencia en el ámbito nacional por el 194 de la Constitución Nacional”.

Sobre la política de cambio climático, el funcionario de ambiente señaló que “es un tema de agenda internacional”, respecto del que “nuestro país se compromete ante el mundo, ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Cambio Climático a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, al asumir compromisos de adaptación y de investigación, poner metas”.

“La última contribución ante organismos internacionales vinculado a cambio climático indica que Argentina se compromete para el 2030 reducir un 27,7 menos en relación a lo que presentó el Estado en 2016. Eso es una meta que tiene un cumplimiento que al mismo tiempo estamos llevando a cabo en una mesa de trabajo con las provincias y en un Plan de Adaptación de Cambio Climático”, informó.

En esa línea, indicó que “de no cumplir esas metas, tendríamos serios problemas a futuro en el desarrollo y en la producción”, debido a que “eso nos impediría acceso a créditos, nos quitaría liderazgo y las consecuencias ambientales. Entre la ecuación de producción y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero es una discusión compleja que tenemos que dar entre todos, que tenemos que ponernos de acuerdo, que va a traer discusiones, que conlleva a tensiones, pero es una discusión que hay que dar porque no queda otro camino, porque es la única opción que tenemos”.

“También juegan otras variables que son la posición de otros países del hemisferio sur frente a los países del norte, por eso siempre buscamos ese equilibrio entendiendo que los países que más han contaminado y degradado al ambiente y que nosotros sufrimos esas consecuencias son los del hemisferio norte”, precisó Cabandié

Sin embargo, sostuvo que “los países del sur en desarrollo no somos ajenos a lo que nosotros también contribuimos en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, pero son insignificantes frente a la degradación ambiental que produjeron los países centrales como China, Estados Unidos”.

“Nuestro reclamo central es que los organismos internacionales brinden lo que se comprometieron hace años como líneas de crédito para países en desarrollo y eso nunca sucedió y es un reclamo que llevamos a cabo en situación de desarrollo”, denunció y explicó que “al no obtener ese financiamiento se hace difícil alcanzar las metas del 2030 o 2050 porque son dos metas una de carbono-neutralidad y la otra no superar la línea de aumento de promedio de temperatura de 1,5 y ahora estamos en 1,1”.

Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”.

En ese contexto, también hizo referencia a la necesidad de la “captación de esas emisiones de carbono que se da a partir de preservar y cuidar los bosques nativos”. “Tenemos una Ley de Bosques que data del 2009 que ha sido importante porque redujo la cantidad de deforestación anual, pero no alcanza y tenemos que ser más proactivos en términos de conservar los bosques nativos, las ecorregiones que tenemos”.

“Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”, comparó el ministro, pero consideró que “no es lo suficiente porque no se llega al 0,3”. “En ejercicios como 2016 y 2017 la transferencia a las provincias fue 0 para la protección de sus bosques nativos”, reiteró.

Los desafíos en el ámbito legislativo

En otro tramo de su ponencia, el funcionario destacó: “Durante estos dos años hemos tenido leyes importantes como la Ley de Educación Ambiental que fue una iniciativa del Ejecutivo, la Ley Yolanda”, y sumó: “La creación de nuevos parques como el Parque Nacional Ansenuza el humedal más grande de Latinoamérica, la creación el Parque Nacional Islote Lobos, la creación del Parque Nacional Federal San Juan, la ampliación del Pre Delta en Entre Ríos, y falta media sanción en el Senado del Agujero Azul sobre áreas marinas protegidas”.

“En la Cámara de Diputados hay dos temas importantes en cuanto a leyes de la agenda ambiental que tienen que ver con la ampliación de Aconquija y la Ley de Jubilación Anticipada de Brigadistas”, consideró.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”,

Por otro lado, adelantó que están en proceso de gestión “la creación de otros parques como Arrayanes de Concepción primer Parque Nacional de Catamarca que no tiene, Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco, Parque Nacional Jaaukanigás en Santa Fe. Los Parques Nacionales son clave en una industria limpia y de desarrollo para el turismo”.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”, subrayó Cabandié.

Crecimiento Presupuestario 2019-2023

Sobre este punto, el titular de la cartera de Ambiente profundizó las comparaciones entre la gestión anterior y la actual, al señalar que “pasamos a tener un presupuesto más robusto. Al iniciar el ejercicio vigente, el Ministerio de Ambiente era dentro del Gabinete la jurisdicción que menos presupuesto tenía y el Ejecutivo nos posicionó en ser uno de los Ministerios con más Presupuesto 123% de aumento en relación al ejercicio anterior. Tenemos 35 mil millones de pesos de presupuesto y llevamos ejecutados 20 mil millones de pesos”.

“Tenemos cuotas de 3 mil millones de pesos para distribuir en los bosques nativos distribuidos en los meses del último trimestre, para la protección y conservación, además de compra de bienes de uso de parques nacionales”, comunicó y agregó: “La variación real pasó de ser en el 2019 de $4.359 millones de pesos, se duplicó en 2022 a $8.798 millones”.

A su vez, resaltó que “la distribución del presupuesto es equitativa”, y apuntó: “Lo que nosotros hicimos en estos años es pasar de un ministerio de consultoría de documentos a un ministerio de política pública porque no era adecuada esa manera, teníamos que pasar a la acción e hicimos hincapié en la inversión”.

“Hemos incrementado el crédito externo o donación. La agenda ambiental tiene la posibilidad de tener fuentes como donación. Hemos gestionado importantes créditos, una de ellas fue la del Banco Interamericano de Desarrollo”, ponderó y volvió a cuestionar: “Ese crédito que se consiguió a fines del 2015 en el periodo 2016 a 2019 solamente fue usado en un 18%”.

Y continuó: “Cuando nosotros asumimos nos sentamos con representantes del BID nos dijeron que cerraban el crédito porque no se había ejecutado. Les pedimos que confíen en que nosotros que queríamos ejecutarlo porque la política de gestión de residuos es muy importante para el país porque teníamos que saldar deudas vinculadas a esa situación casi medieval, ya que la mayoría de los residuos se destinan a basurales a cielo abierto, en el peor de los casos se conforman montículos y microbasurales en centros urbanos, y esa política tenía una fuerte convicción de construir plantas, centros verdes”.

“Aquellos que quizás piensan que el estilo de nuestra concepción o cosmovisión está alejado del mundo, es muy por el contrario porque incrementamos las fuentes externas de financiamiento con crédito baldo. Nos pasó muchas veces que esos créditos se devolvían, nos pasó con el Banco Mundial, había para protección y cuidado de bosques nativos había un crédito de 64 millones de dólares que la gestión anterior decidió devolver, nosotros no queríamos devolverlo queríamos usarlo”, disparó.

Y remató: “El financiamiento externo que es para la gente no se usa o se devuelve, y el financiamiento que es para la timba financiera se tiran de cabeza para conseguirlo y después nos traen serios problemas”.

Respecto a la ejecución de la Fuente Externa, Cabandié avizoró: “De efectivizarse todas las gestiones que venimos realizando, Fondo Verde para el Clima, BID, Agencia Europea de Financiamiento, vamos a llegar a casi 950 millones de dólares para la agenda ambiental”.

El balance de gestión: El Manejo Nacional del Fuego

Sobre este punto, el ministro indicó que se incrementó 35 veces el Manejo Nacional del Fuego y destacó que “hoy tenemos 7 mil millones de pesos de presupuesto, pero al mismo tiempo y en modo de agradecimiento a partir del ejercicio 2021 quedó establecido un 0,3 por mil de las pólizas de seguro para el Plan Nacional del Manejo del Fuego que era un acto de justicia porque tiene conocimientos, misiones y objetivos específicos que tiene que ver con bosques nativos, pastizales, con los bienes naturales”.

“Eso nos permitió incrementar la cantidad de brigadistas nacionales que de 67 pasamos a 133, 395 que pertenecen a parques nacionales. Estamos en proceso de construcción de 11 bases de fuego de parques nacionales, triplicamos la cantidad de bases para cubrir las distintas zonas”, informó. Asimismo, precisó que “lo presupuestado para el 2023 esta en el orden de los 10 mil millones de pesos”.

Por otro lado, explicó: “Nuestro país alquila aviones para combatir el fuego, el Estado Nacional nunca ha tenido medios aéreos propios y estamos haciendo esfuerzos para comprar, pero las licitaciones internacionales son complejas. Cerramos este lunes la compra con Canadá de dos helicópteros de gran porte de 15 mil litros de disparo que se multiplica por 5”.

“Recién para 2026 hay entrega de aviones hidrantes y eso es una dificultad. No abocamos a dos helicópteros. Al mismo tiempo para este verano vamos a tener 2 helicópteros uno de Francia y otro canadiense de gran porte, también en modo de alquiler para complementar los medios aéreos que tenemos 22”, manifestó.

Además, señaló que “esto es responsabilidad de Nación, triplicamos las bases, superamos la cantidad de brigadistas”, pero remarcó que “los recursos naturales les pertenecen a las provincias es el 124 de la Constitución Nacional y tienen la responsabilidad, además de tener el beneficio de hacer uso de sus recursos naturales, eso conlleva obligaciones y derechos”.

Y se preguntó: “¿Por qué la Nación es la única responsable contra el fuego y no las provincias? siendo que en Jujuy el litio es de Jujuy, el fuego también”. Por consiguiente, sostuvo que “así como hay provincias que en el último tiempo han alcanzado un nivel optimo de conformación de combate de fuego, hay provincias que están en proceso y otras todavía tiene que mejorar para tener combatientes”.

“¿Quién rige el accionar? Existen las normas, la 26.815 es la que rige y establece que la Nación solo actúa en requerimiento de las provincias”, subrayó Cabandié.

Asimismo, resaltó que “estamos en contextos de aumentos de temperaturas, de sequías, que el combustible de los pastizales de bosques esta acumulado, ante situaciones de extremidad es complejo por eso estamos realizando inversiones, entregando 50 millones de pesos a las provincias, vamos a mandar 50 aviones a demanda de insumos específicos para el combate de fuego a cada provincia, un camión autobomba, un camión volcador”, y destacó: “La inversión del manejo nacional del fuego a las provincias representa el 30%”.

“El 95 % de los incendios son por causas humanas. La que tiene que cambiar es la justicia, porque ninguno de los gobiernos ejecutivos, tenemos poder de policía para perseguir, imputar y dar con aquellos que prenden. ¿Dónde esta la justicia? es lo que nos preguntamos en la situación del Delta”, denunció.

Al cierre de su presentación, apuntó contra la oposición y los reiterados mensajes en Twitter: “Más allá de los 124 caracteres que tienen para escribir lo que quieran, tienen que entender que la situación del Delta es estacional y que tiene que ver con algo productivo. Les guste o no les guste pueden escuchar declaraciones de la sociedad rural del 2018 donde ellos decían lo que estaban haciendo que queman pastizales para ampliar la zona de pastoreo”.

“La actividad agropecuaria es estructurante para la economía del país, pero tenemos que pedir que no se haga de esa manera, es ahí donde tenemos que reclamar que la justicia actúe”, cerró el ministro de Ambiente responsabilizando, una vez más, a los productores.

Los diputados nacionales Ximena García y Mario Barletta, ambos radicales por la provincia de Santa Fe, presentaron un proyecto para citar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, a fin de que brinde informes ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja sobre la labor de esa cartera en los continuos incendios en el Delta del río Paraná y brinde las explicaciones pertinentes de porqué esta situación se ha mantenido como constante en el tiempo y aún no hay indicios de que mejore.

Los legisladores advierten que los incendios traen “profundas consecuencias” que pueden ser dimensionadas desde el cambio climático, la biodiversidad, sobre los suelos pesa la degradación orgánica, por la pérdida de la biomasa en la superficie y los efectos de las cenizas en la composición del suelo y el agua.

Y agregan: “Los incendios no sólo traen consecuencias ambientales; habitantes de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, no han cesado de reportar malestares y afecciones causadas por el humo, como ser ardor y picazón en los ojos, molestias nasales y en la garganta, sensación de falta de aire, e incomodidad general. El humo afecta particularmente a personas que conviven con alergias y asma, debido a que produce una mayor irritabilidad en las vías aéreas superiores, goteo nasal y hasta broncoespasmos”.

En otro párrafo, recuerdan que “que pesa un mandato judicial sobre la problemática puesto que en agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la creación de un “Comité de Emergencia Ambiental” y la reactivación del Plan Integral Estratégico parala Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS). Asimismo, e intentando respetar este mandato de la Corte, el propio Ministerio ha creado e implementado una Red de Faros de Conservación y se ha declarado la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un plazo de 12 meses, por lo cual nos interesa saber los pormenores de la aparente infructuosidad de estas medidas para que evitar los incendios en el Delta”.

“Las instancias de coordinación y trabajo conjunto que ha planteado el Ministerio junto a las jurisdicciones dista mucho de ser el ideal y sólo ha alentado las diferencias cuando se requiere un trabajo mancomunado”, señalaron y observaron que “que la problemática y su solución requiere voluntad política desde el Estado Nacional y desde los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, para alcanzar una respuesta integral y definitiva”.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT-Santa Fe) habló acerca de los incendios en las islas del Delta del Paraná que afectan al ecosistema de la región y sostuvo: “Debemos discutir con urgencia una ley de humedales porque el Estado está gastando fortunas (más de 7.000 millones de pesos) en controlar los focos de incendio, sumado a la pérdida de personal que ha habido en los últimos años”.  

Entrevistado por Radio Del Plata, el santafesino destacó que “una ley de humedales serviría para discutir el modelo de desarrollo agrario”, y agregó: “La Justicia podría accionar con los terratenientes que utilizan esta vieja práctica de incendiar las tierras para ‘prepararlas’ previo al sembrado”.

“Hay predios que han tenido incendios reiteradas veces, lo que da cuenta que es un ‘modus operandi’ por parte de los dueños, que se suma a la sequía, a la bajante del río y a la ‘pampeanización’ de la isla del litoral, lo que empuja a realizar actividades agropecuarias en el Delta del Paraná”, relató Toniolli.

A su vez, el oficialista remarcó: “Más allá de la discusión de la ley, si no hay Justicia que investigue las causas de los incendios y no identifique a los responsables directos, el ecocidio se sigue produciendo”.

Vale recordar que el próximo jueves se debatirá sobre diez proyectos respecto al tema de humedales, en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados Leonardo Grosso (FdT), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (FdT), respectivamente, tras el emplazamiento votado en la sesión del jueves pasado.

Un día después de haber expuesto durante la sesión informativa del jefe de Gabinete sobre el grave problema que representan los incendios en las islas y las consecuencias ambientales que están generando en su ciudad, Rosario, el diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista) pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.

Arrancó refiriéndose al tiempo “muy difícil por las catástrofes ambientales que está atravesando nuestro planeta en general y la Argentina en particular”. Habló de “la calamidad que estamos viviendo con los incendios que vemos habitualmente en todo nuestro país”, y remarcó que “nos debemos un debate sincero honesto, respetuoso, sin sobresaltos que busquen atajos ni enemigos, sin sobreactuaciones que profundicen las contradicciones que tenemos como sociedad”.

El legislador santafesino recordó los proyectos “muy importantes” que todavía esperan ser tratados en la Cámara baja y citó el caso de la ley de humedales, que dos veces tuvo media sanción del Senado y que hace poco más de un año tuvo dictamen en una comisión de Diputados. Tras lo cual, solicitó a sus pares emplazar a las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda “para que en forma conjunta, en trabajo de plenario, se pongan en tratamiento una serie de expedientes” que a continuación enumeró. Todos ellos referidos al Régimen de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales. La propuesta, que como dijimos fue aceptada por el pleno, fue para que el debate en comisiones se inicie el próximo jueves 22.

La propuesta fue aceptada por su par oficialista Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales, y quien viene insistiendo con la necesidad de tratar el tema de manera inmediata. Con todo, el legislador del Movimiento Evita aclaró que en el Frente de Todos “preferimos siempre los acuerdos parlamentarios, el diálogo, por sobre los emplazamientos”.

“También saben lo que pienso de la ley de humedales”, recordó, como así también insistió en la necesidad de tratar cuanto antes el tema, por lo que anticipó que el bloque FdT votaría de manera afirmativa el emplazamiento.

El radical Ricardo Buryaile, titular de Agricultura y Ganadería, otra de las comisiones emplazadas, anticipó también el apoyo al pedido, aunque planteó una y otra vez con la necesidad de “compatibilizar medio ambiente con producción”. “Esa es la premisa con la que vamos a trabajar”, remarcó, recordando que dentro del paquete de proyectos que se anunció servirán para el tratamiento hay varios de la principal oposición. Comentó también que desde que está al frente de la Comisión de Agricultura, “siempre estuvimos a disposición de tratar cualquier proyecto de ley que sea girado a nuestra comisión. Sean o no de mi agrado. En este caso este es de mi agrado”, aclaró, recordando que él es firmante de un proyecto.

Con todo, advirtió que “lo que se está viviendo en Rosario no se va a parar con la ley. Tenemos una Ley de Manejo del Fuego y el problema está en el hombre, la prevención y los organismos que deben atender esto”. Contó a continuación que “nuestra comisión está trabajando con Presupuesto y los distintos bloques que componen esta Cámara, en un proyecto que fue pedido por el ministro y el presidente”.

Buryaile aclaró que habían hablado el día anterior con el diputado Enrique Estévez y también con Leonardo Grosso, sobre el tema. “Habíamos consensuado una metodología de trabajo… Ante esta intimación, vamos a votar positivamente”, aclaró, pero no pudo evitar calificar “violenta, intempestiva enterarnos esta mañana” del emplazamiento que se impulsaría.

Desde el bloque Evolución Radical, el pampeano Martín Berhongaray dijo en su condición de vicepresidente de Recursos Naturales que están “aburridos de estos pedidos de emplazamiento que empiezan a ejecutarse y terminan en nada”. Habló de la necesidad de tener “sí o sí un dictamen de la ley de humedales, y le adicionó otra condición: que así sea al cabo de tres reuniones de comisiones consecutivas, en semanas sucesivas.

Desde el Pro, Fernando Iglesias anticipó también el apoyo de su espacio, en los mismos términos planteados por Ricardo Buryaile: “Esto no es un problema legislativo, es un problema de gestión y no aceptamos la acusación de haber retrasado esto. Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver la preservación económica, y estamos dispuestos a tratarlo a nivel legislativo, pero no aceptamos la maniobra fácil de adjudicar al Congreso lo que se está viviendo. Es un problema de gestión”.

El presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, ratificó los dichos de Grosso en cuanto al acompañamiento oficialista, y destacó la presencia de intendentes santafesinos en la Cámara ese mismo día para plantear la magnitud del problema que están viviendo. Concluyó sugiriendo planificar una reunión para el próximo jueves a las 10 de la mañana para tratar los proyectos y buscar que cuanto antes llegue al recinto.

Graciela Camaño se pronunció a favor de lo expuesto inicialmente por un miembro de su interbloque como es Enrique Estévez, y aclaró que él no había hecho ninguna imputación, salvo la de la mora que la Cámara de Diputados tiene con el tema humedales. Alertó sobre el problema del cambio climático, y “la seria desertificación que está sufriendo la Argentina”, donde casi el 72% del territorio está desertificado.

A continuación, Nicolás Del Caño apoyó la moción, pero rechazó el concepto de “violento” que Ricardo Buryaile le había puesto al emplazamiento. “Violento es lo que está sucediendo, es lo que pasa en Rosario, que no se puede respirar”, replicó, quejándose de que hace “10 años que este dictamen no sale de este Congreso”, donde “de repente dicen que están todos de acuerdo, qué hipocresía”.

El radical correntino Jorge Vara se manifestó “total y absolutamente” en coincidencia con la propuesta, pero aclaró que no era responsabilidad de los diputados de la Comisión de Agricultura que no se hubiera discutido el tema. “Nunca llegó”, aclaró, advirtiendo no obstante que quería un “debate con consistencia y respetando las evidencias, porque podemos llegar a sancionar una ley que no sea aplicable después”.

“Por supuesto me sumo al pedido”, planteó Romina del Plá, que reclamó también “dejar de jugar al Gran Bonete, porque hay una responsabilidad de los distintos bloques mayoritarios en haber cajoneado el tema”. Y lanzó una advertencia al movimiento socioambiental por los dichos de Buryaile sobre un proyecto del Ejecutivo en el que estarían trabajando. “Que se discuta el proyecto que tiene el acuerdo de las 200 organizaciones”, reclamó.

Maximiliano Ferraro (CC) y Ximena García (UCR) se refirieron luego a un proyecto propio presentado oportunamente y adelantaron su apoyo, mientras que el rionegrino Luis Di Giacomo rechazó hacer un debate político sobre el tema: “No nos parece oportuno hablar de si los incendios son por provincias peronistas o radicales”, y con ironía se refirió a los diputados porteños, donde “se permiten cada vez más edificaciones, con lo que los espacios verdes son cada vez menos y no van a tener incendios”.

En su intervención en la sesión especial informativa de este miércoles, la diputada del Frente de Todos Carolina Moisés (Jujuy) se refirió a las críticas por parte de la oposición en el manejo de los incendios y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina, Juan Cabandié, y recordó que, como dicta la Constitución, “son las provincias tienen responsabilidad primaria en el combate de los incendios”.

“Voy a hablar de los incendios, porque media docena de los diputados hablaron del tema. Primero, hay que ordenar responsabilidades, y recordarles el artículo 124 de la Constitución y la Ley 26.815: las provincias tienen responsabilidad primaria en el combate de los incendios. Dicho esto, está la responsabilidad del Gobierno nacional, y en esa responsabilidad hoy el Gobierno tiene un presupuesto del Servicio Nacional del Manejo del Fuego que pasó de 196 millones en el año 2019 a 7 mil millones en el año actual, 34 veces más. Esto habla de la decisión política de un Gobierno a dónde se destinan los recursos para lograr determinados resultados”, expresó la legisladora.

De todas formas, se refirió a la situación vivida en Jujuy en los últimos días, donde “se produjo un incendio muy fuerte y muy complicado, que casi llega a tomar el parque nacional Calilegua, y aunque les sorprenda ahora a los compañeros, en Jujuy sí funcionaron las cosas bien. En ocho días de incendio se hizo una acción inmediata coordinada entre el gobierno provincial, el Ministerio de Ambiente de la Nación, el Plan Nacional del Manejo del Fuego, los dos intendentes radicales de las localidades vecinas y la Dirección de Parques Nacionales”. 

Moisés indicó que “esto produjo el control inmediato de la situación y la presencia en terreno de todos los funcionarios. Porque desde acá es muy fácil de hablar, pero yo me siento muy orgullosa de que el día de ayer me subí a un helicóptero del Plan Nacional del Manejo del Fuego, con el director nacional que estaba en Jujuy, con el ministro de Ambiente de la Nación con el director de Parques Nacionales, y decir que se quemaron solamente 4 mil hectáreas. Hubo inversión, hubo coordinación, hubo decisión política, hubo funcionarios en el territorio tomando decisiones conjuntamente con las autoridades del gobierno provincial”.

Finalmente, se refirió al combate de los incendios forestales durante la gestión de Mauricio Macri, y recordó que el entonces ministro Sergio Bregman “dijo que la única solución era rezar, tras lo cual, pasó a manos de la ministra Patricia Bullrich, que compró 15 millones de pesos en balas de goma, y paralelamente recortó más de 400 millones de fondos destinados a acciones de protección forestal”.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se opuso a los dichos del ministro de Ambiente, quien culpó al sector productivo de ser los que iniciaron los incendios en el Delta, y lanzó: “No comparto la opinión de Cabandié”.

El funcionario se presentó este miércoles en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado para brindar una presentación sobre su cartera. En la ronda de preguntas por parte de los legisladores, la senadora Gladys González (Pro) fue quien le consultó por su postura sobre los dichos del ministro de Ambiente.

“No comparto la opinión de Cabandié”, disparó tajante y contó: “Yo fui responsable dos años y medio en Entre Ríos del Programa del Manejo del Fuego que estaba en la Secretaría de Ambiente que dependía del Ministerio de Producción. Me consta el trabajo que hacen los brigadistas entrerrianos, los santafesinos, el esfuerzo que hacen los gobiernos provinciales y como ampliaron la dotación de recursos humanos para trabajar en esta lamentable circunstancia”.

En ese sentido, sostuvo: “No estoy en condiciones de adjudicar la causalidad porque hay condiciones objetivas naturales que favorecen el desarrollo de los incendios, pero el fuego y los incendios no se prenden solos, alguien los inicia. Pero también son suelos anegadizos, la característica de esos suelos es que tienen agua de anegamiento permanente y hay cientos de arroyos, ríos, lagunas que actúan de cortafuegos en condiciones normales”.

“Hoy tenemos casi 3 años de un estiaje récord, de una bajante récord tanto en el nivel ejemplo el Río Paraná llegó a 0,13 cuando tiene que estar en un metro cincuenta, el registro previo es de 0,19 y fue de 15 días, ahora llevamos un año y medio. Por lo tanto, esa bajante hace que se retire el agua, se vacíen los arroyos que actúan de corta fuegos naturales y hoy no están. Al ser suelos con humedad permanente, determinada vegetación tenia las condiciones para ser muy voluminosa”, explicó Bahillo.

Y agregó: “Alguien los prende fuego, pero hay distintas cuestiones y es muy injusto adjudicárselo a un sector. Antes las economías muy vulnerables que se dedicaban a la caza que prenden fuego para que salgan los animales es una actividad que está quedando en desuso; la quema está prohibida; la causalidad puede haber de todo un poco, pero no es atribuible a un sector”.

“La práctica de quemar los pastizales para renovar es algo que quedo desterrado y el productor sabe en qué condiciones las tiene que hacer. Estoy convencido de que no son los productores los causantes de esto”, remarcó el secretario.

En tanto, reiteró: “El mayor problema es la bajante, es entender que tenemos condiciones naturales muy fuertes y quiero rescatar el trabajo en conjunto del gobierno provincial de Santa Fe y Entre Ríos y el apoyo del Ministerio de Ambiente de Nación”, y cerró: “Nuestra principal obligación es ir y trabajar para solucionar rápidamente. La prioridad es apagar el fuego”.

Al ser consultado por el santafecino Dionisio Scarpin (UCR) por la Ley de Emergencia Agropecuaria, el funcionario manifestó: “La ley de emergencia agropecuaria es una ley que llegó tarde y llegó mal por la modalidad de ejecución que tiene”, pero consideró que “tenemos que ir por arriba de la discusión de la ley de emergencia agropecuaria. Tenemos que ir al desarrollo de un producto de seguro contra eventos climáticos sobre todo sequias y7o inundación para que le de al productor cierta previsibilidad y tranquilidad”.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) fue consultado este martes por los incendios registrados en el Delta del Paraná, cuyo humo se extendió hasta la Ciudad de Buenos Aires.

El entrerriano señaló que la quemas de pastizales “se está haciendo habitual con la sequía y la bajante del río; hay tendencia a los incendios, en algunos casos pueden ser casuales y en otros casos son intencionales”.

En ese sentido, el legislador mencionó que en las últimas horas “la Justicia detuvo a tres productores santafesinos infraganti porque estaban prendiendo fuego. Se ve que hay algún interés de algunos sectores económicos en estos incendios”.

Casaretto recordó que la semana pasada estuvo el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en el Juzgado Federal de Victoria y tras su visita el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, “se comprometió a aportar todos los datos catastrales que le había pedido a fin de identificar a los titulares que explotan esos campos, que son en definitiva los que se benefician”.

“El incendio tiene como objetivo que se queme la pastura seca y eso permita el surgimiento de una pastura verde nueva para el pastaje de los animales”, advirtió el oficialista en diálogo con FM La Patriada.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Industria destacó el avance de los proyectos pedidos por el ministro de Economía, Sergio Massa, al Congreso: “Tres ya aprobamos en la Cámara de Diputados, que son la ley automotriz, la ley de biotecnología y la ley de construcción privada”. Además, recordó que este miércoles en comisiones abordarán el proyecto de agrobioindustria.

Al mencionar que la semana pasada se sancionó la ley de fomento a la construcción privada, el entrerriano afirmó que seguramente esta semana el Gobierno nacional la promulgue. “Esperaremos entre 4 y 5 mil millones de inversión en el sector de la construcción privada, a partir de la ley”, abogó.

Asimismo reveló que la ley de electromovilidad ya está en tratamiento en asesores y que también buscarán avanzar pronto con el dictamen del Consenso Fiscal, aprobado la semana pasada en la Cámara alta.

El Senado dio media sanción por 51 votos a favor y 10 en contra -del bloque Pro, el radical Martín Lousteau y el sanjuanino Roberto Basualdo, aliado de Juntos por el Cambio- un proyecto que establece un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales o rurales.

Una de las autoras del proyecto, la oficialista Silvina García Larraburu expresó que este es “un día de festejo y alegría” porque esta iniciativa “cristaliza un reclamo histórico de los combatientes de incendios forestales”. Recordó que el primer proyecto lo presentó en el año 2017, y representó en 2019 y 2021. “Pasaron unos cuantos años, lamentablemente muchos incendios, muchos combates, pero creemos que hoy vamos a estar dando justicia”, sostuvo.

La rionegrina reveló que el texto contó con “aportes fundamentales de varias provincias” y en el que también tuvieron “un rol fundamental las autoridades de Parques Nacionales y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié”.

La legisladora detalló que en su provincia alcanzará a “más de 230 brigadistas especializados”, quienes ponen “un enorme esfuerzo personal y de salud”. “En diciembre estuvieron semanas combatiendo, prácticamente durmiendo solo dos o tres horas”, mencionó y precisó que este régimen tendrá una incidencia en aproximadamente 850 personas.

 “El combate se da de manera personal, cuerpo a cuerpo con las llamas, y las zonas muchas veces son de difícil acceso”, destacó García Larraburu al mostrar imágenes en el recinto. “Son héroes nuestros brigadistas”, afirmó.

El otro impulsor de este régimen, el radical Mario Fiad, argumentó que “por la peligrosidad de esta profesión resulta necesario establecer este régimen previsional anticipado”. “El riesgo, la alta exigencia física, psíquica, emocional pone a los trabajadores brigadistas ante la presencia de amenaza constante, además del fuego, de gases tóxicos, altas temperaturas y riesgos extremos de las geografías”, explicó.

El jujeño señaló que en su provincia son “62 los brigadistas que actualmente están desempeñándose en territorio” y “ninguno de ellos hoy podría acceder a esta jubilación por falta de edad”. Por eso, “esta medida concreta y reconoce derechos”.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González, graficó lo que representan los incendios en el país. Al recordar lo ocurrido en Corrientes, repasó que “se quemaron más de un millón de hectáreas” lo que es “equivalente a una pérdida económica de más de 80 mil millones de pesos; afectando el 40% de la producción de arroz, la citricultura, la yerba mate, que perdió el 50% de su producción, la ganadería, la forestación y la infraestructura”.

Pero al argumentar la posición en contra de su bloque, el Pro, la bonaerense enfatizó en la importancia de ofrecerles a los brigadistas la provisión de herramientas y capacitación, pero “no prometerles cosas que no vamos a poder cumplir y eso creo que estamos haciendo hoy”. “El sistema previsional argentino representa el 40% del gasto público y está colapsado, es inviable”, resaltó y sostuvo que “este sistema es incapaz de sostener generaciones futuras; lo que estamos prometiendo hoy es incertidumbre”.

González apuntó que “el sistema previsional tiene un déficit de tres puntos del PBI, donde el 55% de los jubilados responde a algún régimen especial. Hay 207 regímenes especiales”. Por lo que pronosticó que “no habrá recursos para pagarles en el futuro o cobrarán una miseria”.

“Estoy sorprendidísima”, arrancó la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, en el cierre del debate. La kirchnerista le recordó a González que ella había firmado el dictamen “favorablemente” en comisión. “Es difícil de entender como hacen para decir una cosa y hacer otra. Es frustrante”, cuestionó. “Es un proyecto de consenso y en el recinto escuchamos que es una mentira. Por ahí si gobierna el signo político de la senadora no le van a pagar, pero el peronismo le va a pagar las jubilaciones a los brigadistas, eso se lo puedo garantizar. Nosotros siempre pagamos las jubilaciones”, lanzó.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social exclamó: “¡La verdad que hay que oponerse a este proyecto, eh!”. Al señalar que son menos de 900 personas las que accederán, la senadora dijo que “no alcanzan los ceros para sacarle el costo fiscal”.

“Vaya lindo mensaje para los brigadistas que van a poner la vida, el pecho y el cuerpo al fuego. Es hermoso el mensaje. Es increíble escucharlo, no lo puedo asumir. No puedo creerlo”, agregó sobre la oposición del macrismo.

Finalmente, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que este “era un tema que tenía consenso. Estamos sorprendidos”. “No comparto los argumentos que dijo sobre que Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta) cuidaban a los jubilados”, le salió al cruce a Gladys González. Y le enrostró: “Nosotros les entregamos un sistema superavitario y lo dejaron con un déficit de 600 mil millones. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 67 mil millones de dólares y lo entregaron con 32 mil millones”.

Puntos centrales de la iniciativa

El proyecto involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo al personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira el proyecto de ley es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del SNMF y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales. 

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno. 

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese. 

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por éstos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

Los incendios forestales afectaron más de 10 provincias en todo el país el verano pasado, cuya preocupación se trasladó al recinto del Senado este jueves hacia el jefe de Gabinete, Juan Manzur, entre las preguntas que algunos senadores hicieron respecto a las políticas de prevención y concientización del fuego que lleva a cabo el Estado.

En primer lugar, el funcionario expresó su orgullo porque “nosotros hicimos un Ministerio de Ambiente”, y señaló: “Claro que le tenemos que prestar atención al ambiente, al cambio climático, somos conscientes que estamos bajo un decreto que habla de la emergencia ígnea”.

“También tenemos que entender que estamos en un proceso de transformación global, el famoso y real cambio climático. Eso se puede ver en la televisión con lo que está pasando, situaciones descontroladas a nivel global que tiene que ver con inundaciones de registros históricos, lo vivimos en países vecinos. Situaciones de sequía que nosotros también pasamos con bajantes históricas”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que están “preocupados por el cambio climático”, por lo que remarcó la importancia de “seguir avanzando en el desarrollo del interior de la Argentina, hay que industrializar la ruralidad porque si no pasa y volvemos a repetir errores”.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto en el que solicita que “de manera urgente” se declare el estado de desastre ambiental por un año en todo el territorio de la provincia de Corrientes y una partida especial para afrontar las acciones de preservación del ambiente y de recomposición ambiental. 

“Corrientes está viviendo una catástrofe sin precedentes en su historia. Los incendios afectaron sobre todo los departamentos de Concepción, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro y San Martín sufriendo daños que llevará mucho tiempo recomponer. Hasta el momento más de 850 mil hectáreas quemadas en su territorio y con un clima que no da tregua, con máximas de temperatura de entre 37 y 40 grados y escasez de precipitaciones”, graficó la legisladora.

La situación es “alarmante” y “representa una tragedia tanto para el ambiente y sus ecosistemas, como para la salud y la vida de las personas. El fuego afectó el 40% del Parque Nacional Iberá”, enfatizó la correntina.

En los argumentos de su iniciativa, la diputada de JxC sostuvo que “los correntinos con el paso del tiempo supimos ir trabajando el turismo sostenible, con las riquezas naturales que tenemos en la provincia, logrando un uso responsable y equilibrado en el medioambiente, que hoy el fuego y la sequía han afectado considerablemente”.

“Este proyecto de ley es muy importante porque ayuda a financiar las acciones llevadas a cabo en los Parques Nacionales afectados por los incendios e ir trabajando en la reparación de la infraestructura dañada, las acciones de recomposición ambiental, la adquisición de elementos y el entrenamiento de personas para la prevención y combate de incendios futuros”, finalizó Brambilla.

La diputada nacional Sofía Brambilla repudió la omisión del presidente Alberto Fernández sobre la dramática situación que atraviesa la provincia de Corrientes, producto de la sequía y los incendios, durante el discurso que diera el primer mandatario en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

En el proyecto presentado ante la Cámara de Diputados, la legisladora del Pro hizo mención a que el presidente Alberto Fernández eligió hacer silencio al momento de dar su discurso de apertura en el Congreso el pasado 1° de marzo, hablando incluso del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, pero sin mencionar a Corrientes, “omitiendo los enormes y graves incendios producidos, donde el fuego arrasó el 11 % de la superficie total de la provincia, incluyendo a zonas de humedales como los Esteros del Iberá y los Parques Nacionales”, señaló la legisladora en su iniciativa.

“Como representante del pueblo y vínculo entre la población y las instancias federales, no dejaré de trabajar para que Corrientes reciba lo que es justo.  Son momentos muy difíciles y debemos garantizar que el Gobierno nacional dé una respuesta pronta y efectiva ante esta situación”, manifestó Brambilla. 

“Si bien, hoy la provincia se encuentra sin focos ígneos gracias a las lluvias y al trabajo incansable de cientos de personas entre bomberos, brigadistas, voluntarios y los mismos afectados, las consecuencias a corto y mediano plazo son incalculables. El presidente Fernández no hizo ni una sola mención ante la catástrofe más grande que atraviesa nuestra provincia. La falta de una mirada seria del primer mandatario  duele, y nos da señales que una vez más, Corrientes está siendo discriminada por el Gobierno de Fernández”, afirmó la diputada.

Las imágenes que llegan desde Corrientes son desesperantes, tanto por la magnitud de los daños ambientales y económicos como también por la certeza de que eran previsibles. ¿Podríamos haberlos evitado completamente? Seguramente no, ya que en Corrientes, como en muchos lugares del país, por las escasas lluvias, las altas temperaturas y el cambio climático se generaron las condiciones para la proliferación de incendios, que en este caso, arrasaron con más de 800 mil ha.

Lo que sí podría haber sucedido es que las condiciones naturalmente desfavorables nos encuentren preparados, con un programa ambiental serio, sin extremismos, que nos posibilite cuidar al ambiente, pero también permita el desarrollo productivo.

La problemática de los incendios no es nueva, en 2020 y 2021 se consumieron casi 1.5 millones de ha, afectando principalmente al humedal “Delta del Paraná”, la Patagonia, Córdoba y otras 14 provincias. El fuego no distingue áreas protegidas, parques nacionales ni humedales.

Es importante recordar por qué estamos donde estamos: el Gobierno, con el riesgo latente de incendios, redujo en 2021 el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en un 42,9%, lo mismo ocurrió con los recursos destinados a la protección de desastres y al Sistema Federal de Emergencias. También limitó a la mitad las horas de vuelo para el sistema aéreo de lucha contra el fuego y los fondos para capacitar agentes.

Frente a las recientes críticas, el Gobierno anunció un aumento en el presupuesto del Ministerio de Ambiente, pero los fondos girados nos dejan dudas acerca de su veracidad. En todo caso los recursos estaban pero no llegaron a Corrientes.

El kirchnerismo respondió con la modificación de la ley de manejo del fuego de manera exprés e ideológica, pero nada cambió. La situación de descontrol actual no pudo sorprender al gobierno, ya que se había declarado la emergencia ígnea e hídrica en todo el país.

Desde JxC presentamos pedidos de informes y citaciones a funcionarios para conocer el accionar frente a los incendios y el cumplimiento de las Leyes de Protección Ambiental,  Manejo del Fuego y Bosques. También consultamos sobre el Sistema de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios y el funcionamiento del COFEMA. Exigimos la completa ejecución presupuestaria y la intervención de la justicia para hallar a los responsables.

No recibimos más respuestas del oficialismo que dejar caer el estado parlamentario de nuestro proyecto de Ley de Humedales, que contaba con un dictamen consensuado, y que busca proteger y alentar el uso sustentable de estos ecosistemas. ¿Dónde quedaron las promesas y discursos ambientalistas?

Seguiremos insistiendo. Volveremos a presentar el proyecto de Humedales, así como otras iniciativas que buscan redireccionar recursos existentes hacia las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, protagonistas en los desastres a los que asistimos, para que puedan estar preparados ante la necesidad de actuar.

Nada será suficiente si el Gobierno nacional sigue corriendo detrás de los problemas, con desidia y mezquindad política. Si los recursos estaban, entonces faltó gestión, interés y previsión. El ministro Cabandié culpa a los productores que lo han perdido todo y se preocupa por las críticas del ex presidente Macri en vez de dialogar con el gobierno de Corrientes y llevar la ayuda a tiempo. Su falta de empatía y su irresponsable conducción del ministerio son ofensas contra el pueblo correntino, pero también contra toda la Nación. Es hora de imaginar cambios profundos en la política ambiental del FdT.

Que la sociedad civil esté movilizada juntando donaciones para apoyar a los bomberos que combaten el fuego nos resulta esperanzador, pero a la vez desnuda la ineptitud de un gobierno que actúa tarde, lento e ineficientemente. El cambio climático es un hecho, y los incendios serán un escenario cada vez más frecuente. Deberíamos haber estado mejor preparados, esperemos que todas las pérdidas, hoy incalculables, sean el puntapié para que la ineptitud y la mezquindad política nunca más guíen el accionar de un ministro. Necesitamos que dejen de improvisar ante el desastre, el ambientalismo de cotillón del FdT quedó una vez más al desnudo.

El senador nacional Ignacio “Nacho” Torres, presidente del bloque “Integración y Desarrollo Chubutense”, pidió la renuncia de Juan Cabandié durante la reunión de Comisión de Medio Ambiente del Senado, que contó con la presencia del titular de la cartera de ambiente, y otras autoridades del Ministerio.

En primer lugar, expresó su “preocupación para que en Corrientes no pase lo mismo que en Chubut”, y recordó la causa judicial sobre ejecución de recursos que envió Nación para los incendios en Chubut en la que “se denunciaron sobreprecios”. Además, remarcó que “todavía no se generaron soluciones habitacionales, y que persisten las tomas de gente del conurbano, que no tienen nada que ver con las zonas afectadas”.

También, recordó que “El Ministerio de Ambiente siendo querellante, cuando el fiscal dijo que uno de los principales responsables era el gobierno de Chubut, se hicieron los distraídos”.

Por otro lado, Torres llevó a la Comisión el reclamo de los brigadistas, que tuvieron un ajuste de más del 25% en sus haberes, a lo que el ministro no pudo explicar sobre cómo solucionar este asunto tan relevante, y solamente formuló respuestas evasivas.   

Posteriormente, durante la conferencia de prensa, Torres manifestó que “están pidiendo la renuncia del ministro, quien “no solamente no se encuentra a la altura de las circunstancias, sino que no reconoce los errores de su gestión, por lo que resulta imposible mejorar el desempeño ambiental”. Asimismo, el Senador manifestó que “es un ministro que le costó a la Argentina cientos de miles de hectáreas de bosques nativos y áreas productivas como así también el sufrimiento de muchas familias, que todavía no tienen al día de hoy una respuesta concreta”.

Finalmente, Torres expresó con contundencia que “Cabandie no puede seguir ejerciendo su rol de ministro, porque no está a la altura de las circunstancias”.

El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados consensuó y presentó un proyecto de ley de alivio fiscal para los productores agropecuarios y rurales de Corrientes y Misiones, afectados por los incendios que empezaron a fin de 2021 y se agudizaron en enero y febrero de este año.

En el primer artículo de la iniciativa se declara el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por un año, prorrogable por otro más por el Poder Ejecutivo, en los territorios de Corrientes y Misiones afectados por la sequía y los incendios. Los legisladores señalaron que las pérdidas hoy se calculan parcialmente en 60 mil millones de pesos.

El proyecto busca replicar algunos de los instrumentos de la ley de alivio fiscal que se aprobó a fin de 2021 para PyMEs y contribuyentes morosos. Pero, dada la magnitud de las pérdidas provocadas por los incendios, se elevan los montos de los beneficios.

Entre las principales medidas, plantea la extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para la condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social fijada por la Ley 27.653 (de Alivio Fiscal) para los contribuyentes de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales, comprendiendo además de los entes sin fines de lucro, micros y pequeñas empresas, personas humanas consideradas pequeños contribuyentes y a las empresas medianas. Esta condonación abarca hasta la suma de $5.000.000.

Por otra parte, se propone la extensión de las medidas de alivio fiscal dispuestas por la Ley 27.653 facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a extender plazos para la rehabilitación de moratorias caducas, ampliación de moratorias para deudas posteriores y no regularizadas para los contribuyentes y responsables de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales.

También se busca la eximición de tributos nacionales como el impuesto a las Ganancias, impuesto sobre los Bienes Personales, impuesto sobre los Débitos y Créditos de las Transacciones Financieras (Cheque) y derechos de exportación de productos de origen agrario.

Además, del componente impositivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, durante los años 2022 y 2023; bonificación del 50% del importe destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a las obras sociales para los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes correspondiente a los años 2022 y 2023; y bonificación del 50% de la contribución a cargo de los empleadores y de los trabajadores autónomos al SIPA.

El proyecto también suspende por parte de la AFIP hasta el cese del estado de desastre y/o emergencia de los juicios de ejecución fiscal; exime a los productores afectados de las prohibiciones establecidas en la Ley 27.604 -modificatoria de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego-; y dispone medidas de auxilio para los productores que deben rematar ganado a causa de los incendios.

“La terrible tragedia que abarca a productores agropecuarios y rurales de las provincias de Corrientes y Misiones, debido a los incendios de grandes proporciones que ocurren desde finales del año 2021 y lo que va del año 2022 (segunda quincena de febrero), con pérdidas económicas estimadas parcialmente en alrededor de $60.000 millones, han motivado un denodado esfuerzo de gobiernos y entidades civiles, organizaciones de bomberos voluntarios, colaboración de brigadistas de distintas provincias así como de Brasil, todo lo que ha dejado traslucir la escasez de recursos y de medios para combatir el fuego”, plantearon los legisladores de JxC.

En los argumentos de la iniciativa, resaltaron que “ello ha provocado que, a la fecha de presentación del presente proyecto, se estime que alrededor de 800.000 hectáreas productivas y del Parque Nacional Iberá hayan sido devastadas por el fuego, acarreando pérdidas de todo tipo que llevarán muchos años de recomposición y de restauración”.

El proyecto determina como “imprescindible la intervención de las autoridades pertinentes de las provincias de Corrientes y Misiones, mediante la declaración de las zonas de emergencia y desastre, así también como mediante la extensión de los certificados correspondientes”.

La iniciativa está encabezada por las firmas de Mario Negri (presidente del bloque UCR), Cristian Ritondo (titular del bloque Frente Pro) y Juan Manuel López (jefe del bloque CC-ARI).

Además, lleva las firmas de los legisladores correntinos Manuel Aguirre, Jorge Vara, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, y de los misioneros Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni. También adhirieron Rodrigo de Loredo (presidente del bloque Evolución Radical), Margarita Stolbizer (titular del bloque Encuentro Federal), Carlos Zapata (Ahora Patria) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

Los diputados nacionales por Corrientes de Juntos por el Cambio Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Jorge Vara y Manuel Aguirre realizaron un encuentro de trabajo con distintos referentes y productores de la provincia, en el armado de medidas para paliar la catástrofe que se está atravesando, producto de los incendio, y con el objetivo de buscar soluciones urgentes y concretas.

Los legisladores, que lamentaron la “tragedia ambiental, ecológica, productiva y económica” que vive su provincia, apuntan a armar un paquete de leyes y pedir una sesión especial en el Congreso para tratar la problemática, según informó en un comunicado Brambilla.

En el encuentro virtual participaron miembros de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, de los Consejos Veterinarios, especialistas en desarrollo productivo, ambiente y técnicos en materia impositiva.

Al respecto, Brambilla reveló: “Se expuso sobre las pérdidas que ya se han generado en las cinco principales cadenas productivas de la provincia (arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería) para trabajar en medidas concretas y urgentes para los correntinos”.

“Los plazos y los tiempos de cada cadena productiva son diferentes, como así las necesidades de cada sector. Hoy poner números a una catástrofe que todavía está sucediendo es imposible”, resaltó la diputada del Pro.

El daño en la provincia litoraleña, albergadora de parques y reservas naturales, es sin precedente alguno. Los incendios de Corrientes arrasaron con casi el 10% de su superficie y las pérdidas se estiman en más de 60 mil millones de pesos. A esto se suma el terrible daño ecológico y ambiental causado en el Litoral y las consecuencias que sufre la fauna local, la cual es catastrófica. Ante la situación, se requieren de varios días de precipitaciones sostenidas para que el fuego se extinga en todo el territorio.

La reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que duró casi cinco horas y que contó con la presencia Juan Cabandié para explicar sobre las políticas implementadas en torno a los incendios en Corrientes, se había desarrollado con un clima pacífico hasta el discurso del presidente del bloque UCR Luis Naidenoff (Formosa) que rompió el molde y destrozó al funcionario al que tildó de “mentiroso”, “irresponsable”, y le sugirió que “de un paso al costado”.

El radical comenzó en un tono calmo, pero con acusaciones hacia Cabandié: “La presencia del ministro, que no es interpelación, tiene que ver justamente para analizar y evaluar lo que ha pasado en la provincia de Corrientes, la catástrofe, y fundamentalmente el accionar del Ministerio y del ministro de Ambiente, que hoy esta acá presente con mucha tranquilidad brindando una especie de información catedrática o universitaria, pero muy lejos de la realidad y del sufrimiento del pueblo de corrientes”.

“Me parece que no tienen dimensión de lo que significa desde lo social, desde lo económico y desde lo productivo lo que pasó y pasa. Lógicamente no tienen dimensión porque en primer lugar usted ministro tiene una gran cuota de responsabilidad en lo que pasó en la provincia. Si bien es cierto, usted dice que tiene rigor científico para demostrar que el 95% de los incendios tiene que ver con el accionar de las propias personas, no sé cuál será el rigor científico. También habló de que es un apasionado de la gestión, usted como funcionario en primer lugar ha demostrado una falta de empatía enorme, una gran ineficacia gestionando el Ministerio y fundamentalmente una irresponsabilidad en la conducción del Ministerio en relación a los acontecimientos que ocurrieron en Corrientes”, apuntó Naidenoff.

En ese mismo sentido, siguió elevando su tono de voz: “Toda su narrativa desde que arrancaron los acontecimientos, todas sus declaraciones, todas sus acciones fueron ofensivas no solo al pueblo sino al gobierno de Corrientes. Sino también a este Senado y al pueblo argentino. Usted mintió en este Senado, y mintió descaradamente”.

“Quiero analizar los hechos, la conducta suya y del Ministerio sobre la tragedia de Corrientes. Usted declaró en este Senado que la nación intentó ayudar, que ofreció ayuda el 23 de enero y que la provincia, de ese pedido recién exigió y reclamó la colaboración de la Nación el 5 de febrero, miente. Y tanto miente, que a la jefa de Gabinete del Ministerio le dijo que explique lo que ocurrió el 13 de enero cuando el ministro de Producción de Corrientes se hizo presente con la jefa de Gabinete para plantearle la situación límite que estaba atravesando la provincia de Corrientes”, denunció el senador de JxC.

Y le preguntó al titular de la cartera de Ambiente: “¿No tiene relación con la jefe de Gabinete? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estuvo usted? Es la jefa de Gabinete de su cartera ¿no tenía conocimiento del encuentro? ¿no tenía que se planteó la situación crítica, que los correntinos peleaban en la más absoluta soledad? ¿Cómo puede decir que desconocía?”.

“Usted dijo que desconocía, fueron al 5 de febrero. Miente. El 25 de enero y el 28. Los hechos son sagrados, acá esta la nota. Usted no contaba con recursos, pero ha hecho una cronología del 2021 de lo que se podía dar en la Argentina en la región NEA y NOA con las sequías, con las inclemencias, con la falta de lluvias y con el cambio climático que afectaba Corrientes con un régimen de 1700 milímetros anuales. Esto es lo que explicó”, enfatizó Naidenoff.

Y continuó eufórico: “Hace un año la provincia alertó al Ministerio, que usted preside, de la situación que se veía venir. Le solicitaron cuatro aviones hidrantes. ¿Cuál fue la respuesta de su Ministerio? El silencio, las opiniones son libres, los hechos sagrados. Silencio de usted y de su cartera 25 de enero”.

“Vehemencia le falta al Gobierno, acompañamiento, dolor y sufrimiento tiene el pueblo de Corrientes”, criticó y apuntó contra los senadores del FdT: “Ustedes están acá sentados con absoluta tranquilidad y nosotros estamos preocupados porque hoy en Formosa tenemos focos de incendios, y vemos un Ministerio de Ambiente que esta en la estratosfera, que no esta en el día a día de lo que pasó en Corrientes”.

En tanto, relató: “El 28 de enero el ministro de Ambiente recibió una nota donde reiteraban el pedido y hacían referencia que estaban realizando una ardua tarea para atender la problemática. En la reunión de trabajo del 13 de enero con la jefa de Gabinete se planteó esta situación”. “El 25 de febrero del 2021, con un año de anticipación, la provincia advirtió lo que se venía y el Ministerio no respondió, estuvieron ausentes”, sumó.

“El 10 de febrero el ministro que fue un gran espectador que miraba el partido desde la tribuna y esa es la bronca e impotencia, fueron tan irrespetuoso que declaró que los únicos que combatían el fuego son los brigadistas de la Nación. ¿Sabe cuántos brigadistas de la Nación envió a Corrientes para el 8 de febrero? No lo sabe ¿no? 8 brigadistas de parques nacionales. Se prendieron fuego más de 518 mil hectáreas. Esto es una burla”, le reclamó el presidente del bloque UCR en la Cámara alta a Cabandié.

En otro tramo de su discurso, indicó que “hay que analizar el daño futuro que genera la inacción del Estado porque acá hay mucha inacción, es muy fácil teorizar sobre el manejo del fuego, sobre lo que está pasando, que el mundo se incendia, como si fuese que el límite para actuar tiene que ver con una norma penal. Acá se trata de acción política. Es una vergüenza y le recriminó ¿Cuándo se fue a Corrientes? Usted piso recién la provincia el 18 de febrero cuando 700 mil hectáreas estaban quemadas”.

“Usted es responsable de todo lo que paso con su inacción. Cuando usted fue a Corrientes fue tarde, fue para la foto. 17 provincias estuvieron presentes, hasta Kicillof envió ayuda. Usted estuvo en Barbados en una comitiva acompañando al presidente cuando se prendía fuego Corrientes, y venimos a habal raca del manejo del fuego”, expresó eufórico el senador.

Y cerró: “El ministro fue negligente. Creo en un Estado eficiente, el problema de la política en Argentina hoy es la ineficiencia de los funcionarios porque cuando la ineficiencia es el denominador común es el caldo extremo. Hay compañeros suyos que acompañaron mientras el presidente estaba de joda jugando un picadito de fútbol y no lo dijo la oposición, lo dijeron hombres y mujeres del FdT”.

“El Ministerio aportó cero pesos a la provincia en todo este tiempo. Usted le falta el respeto a la gestión pública, es una cuestión humanitaria, de tipos que están fundidos, del sector productivo. Ustedes no conocen, son grandes teóricos y así nos va como país hace dos años. Usted tiene que dar un paso al costado, este es un Gabinete agotado, la sociedad esta harta y no da para más y dijo basta”, cuestionó Naidenoff y concluyó retomando la carta de Cristina Kirchner: “Tome nota de la primera carta de la presidenta el Senado de los funcionarios que no funcionan, puede reflexionar y usted es un abanderado, un emblema de los que tiene que dar un paso al costado”.

Al cierre de la reunión, el ministro Cabandié le respondió a Naidenoff por qué había ido a Barbados: “Esa reunión tiene un objetivo que es de mucha preocupación para nuestro país”, señaló el funcionario, que habló del diagrama de una “estrategia común geopolítica del clima. Lamentablemente en Latinoamérica no tenemos una postura común, y estamos tratando de elaborar una postura única para llevar ante la ONU, para que Europa no nos ponga metas arancelarias para nuestros productos”.

Cabandié hablaba de “un valor de emisión de carbono sobre los productos que van a ingresar a Europa, y eso va a afectar especialmente nuestras exportaciones agropecuarias”.

“Si no tomamos una postura al respecto vamos a estar en problemas”, completó el ministro.

Cabandié dio otras explicaciones sobre los dichos de Naidenoff, quien advirtió muy molesto que los usos y costumbres del Senado establecen que los presidentes de los bloques cierran los debates y no los invitados, por lo que terminó retirándose del salón.

En una reunión que se extendió por cinco horas y que tuvo picos de tensión, el ministro Juan Cabandié se presentó este miércoles ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado –la cual previamente eligió sus autoridades– y, tras brindar un informe sobre los incendios forestales, volvió a reiterar que ofrecieron ayuda a Corrientes, pero que desde la provincia les respondieron que “no necesitaban nada”. En ese sentido, apuntó contra los productores porque la quema “es una práctica muy arraigada y hay que modificarla”.

Solicitado en las últimas semanas tanto por diputados como senadores de la oposición, el titular de la cartera de Ambiente procedió a responder, tras su exposición, las inquietudes de los legisladores. También estuvo presente el viceministro, Sergio Federovisky.

El primero en tomar la palabra fue el senador correntino Eduardo Vischi (JxC) quien agradeció la presencia al ministro, pero también a todos los brigadistas que combaten el fuego, la colaboración de todas las provincias, de Brasil y de Bolivia. Tras lo cual, apuntó directamente a consultar por la licitación de los vuelos que se pidió durante los incendios y no previamente.

El legislador de JxC sostuvo que “los recursos de la provincia son un producto porque dan una fuente de ingreso y que el clima ha dado un sacudón”, y apuntó: “Usted ha llegado tarde ministro, porque sabiendo todo lo que estaba pasando, todo lo que tenemos nosotros como pruebas, el Ministerio no reaccionó para volver a licitar lo están haciendo ahora. Fue un acierto suyo recibir el manejo del fuego sino sondearlo y tenían los recursos para avanzar en ese sentido. El primer recurso que envía a corrientes desde que está en el ministerio son esos 3 millones que mencionó”.

“Me sorprende cuando habla de los niveles de responsabilidad porque usted sabiendo lo que estaba pasando y lo que se venia pidiendo lo podría haber hecho mucho antes teniendo en cuenta todo lo que usted sabia que venia pasando con las previsiones climáticas que sabe. Además, hubiese sido importante que atienda, porque si vamos a hablar de jurisdicción, que pasa con las 180 mil hectáreas que tiene el Parque Nacional Iberá que son de jurisdicción nacional en Corrientes que tiene un 40% quemado de su superficie llegaron recién el 26 de enero con brigadistas”, criticó.

Y cerró: “Usted y su equipo no nos da seguridad para que el Manejo del Fuego este en el Ministerio de Ambiente”.

Por su parte, Cabandié reiteró que “la solicitud de medios aéreos fue el 23, el pedido fue el 5 de enero. El Parque Nacional Iberá hizo el pedido el 1ro de febrero y ahí enviamos los aviones. Los focos ígneos del mes de enero se combatieron y se enviaron medios aéreos”. Acto seguido, el funcionario procedió a detallar la cantidad de litros de agua arrojados cuyas facturas estar firmadas por Orlando Villalba funcionario de la provincia.

“El 13 de enero los reportes de la provincia mencionaban un foco activo contenido. Los informes diarios indicaban que tenían un solo foco. Nos comunicamos con el ministro de Producción Claudio Anselmo y respondió que no necesitaban nada. Él dijo que los disparos de medios aéreos eran poco efectivos, los aviones privados de los forestales”, apuntó Cabandié y remarcó que “Corrientes no tiene forestales y los 5 millones de pesos es para armar un equipamiento de forestales. Queremos hacer una reparación histórica porque Corrientes ha sido abandonada y perjudicada siempre en la coparticipación”.

A su vez, manifestó: “Yo no determino plantar eucaliptus y pinos en el humedal. Eso es una política desde hace muchos años en la provincia, por eso se tiene que tener un manejo y armonía con lo ambiental. Es hora de que todos podamos, sin acusarnos porque no vengo a acusar, pero yo no definí la política agropecuaria de Corrientes porque absorbe el agua de los esteros termina perjudicando a los ganaderos”.

“Algunos productores se manifestaron ante el gobernador argumentando que ellos en sus campos hacen lo que quieren. Es una práctica muy arraigada en lo productivo. Tenemos que tener otra consideración respecto al manejo del fuego”, precisó.

“Nos comunicamos con el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, y respondió que no necesitaban nada”

Por su parte, Federovisky aclaró: “La licitación que realizó el Ministerio de Seguridad culminó en diciembre del 2020 a lo largo del año por imperio de esa licitación se pagaron 650 millones de pesos en medios aéreos. En el 2021 por medio del Ministerio de Ambiente se pagaron 1.800 millones de pesos tres veces más en inversión. Hay una diferencia cualitativa, por eso no prorrogamos la licitación del Ministerio de Seguridad porque otorgaba una cantidad de horas de vuelos por mes. Decidimos una nueva licitación para evitar la derogación en el Estado y podemos indicarle a una aeronave que por la cantidad de horas tiene que volar en todo el país”.

En suma, Cabandié destacó: “Fue un acierto del gobierno anterior de la creación del Parque Nacional Iberá para preservar el ecosistema que al mismo tiempo genera ingresos”, y consideró: “Los Parques Nacionales se deben configurar con las personas dentro. Es penoso ver en tierra y sobrevolar la zona, ver los esteros secos genera indignación”.

“¿Por qué llegaron tarde?”, consultó directamente la correntina Mercedes Valenzuela (JxC) y acusó: “Usted sigue insistiendo en que fue adrede y que fueron los productores quienes lo hicieron, es un método utilizado para el recambio de pasturas, pero se hacen en julio-agosto. Me parece injusto que acusen a los productores y me solidarizo con el sacrifico de 50 años hoy visto en cenizas”.

Nuevamente, el titular de la cartera de Ambiente volvió a respaldarse con sus filminas con datos y reiteró que “el 23 de enero ofrecimos la ayuda”, y aclaró que “dije algunos productores, no hay que generalizar porque hay muchos afectados por la inconsciencia de otros. Hay que modificar las prácticas en el contexto que estamos. Su gobernador no piensa igual, porque dice que si hay quemas lo hablé con él. El 95% de los incendios son de acción humana”.

“El cambio de uso de suelo se refiere a otro tipo de actividades. Si bien la Ley del Manejo del Fuego esta promulgada, no esta reglamentada sobre todo en la situación de accidental y será la Justicia la que tendrá que determinarlo, queremos ser más precisos en los términos para no prestar a la confusión y no afectar lo productivo porque necesitamos la producción, pero a veces nos encontramos con quemas sobre recursos naturales afectando su potencialidad”, agregó Cabandié en respuesta al senador entrerriano Alfredo De Angeli.

Además, el funcionario manifestó que “todas las acciones son perfectibles, no me conformo en las acciones porque siempre se puede mejorar”. También le explicó al jujeño Mario Faid (UCR), sobre la donación del Fondo Verde, que hicieron un “consenso con los ministros de las provincias y que un 11% esta destinado para la prevención del fuego”.

“Algunas jurisdicciones no nos reportan las áreas afectadas y eso es subestimar el problema o no darle la importancia necesaria. Tenemos que plasmarlo y que cada uno de ustedes lo puedan dialogar”, le pidió el ministro de Ambiente a los legisladores, tras la consulta del senador misionero Mauricce Closs (FdT).

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se presentó este miércoles ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, para hablar del desastre provocado por los incendios en la provincia de Corrientes. En ese marco, el funcionario detalló lo sucedido con los aviones hidrantes e hizo hincapié en que la gran mayoría de los focos ígneos son provocados por la mano del hombre.

Antes de darle la palabra al ministro, la titular de la comisión, Gladys González, hizo una introducción en la que enfatizó la frase “crisis es oportunidad”, en referencia al hecho de que esta catástrofe ha generado que una comisión que suele ser postergada sea la primera que se reúne este año. “Es triste que sea por una cuestión de desastre y tragedia, pero también una oportunidad para que la gente ponga prioridad en esta materia”, enfatizó.

Asimismo recordó que los hechos de Corrientes generarán una cadena de consecuencias que afectará a toda la población, como por ejemplo el aumento de los productos producidos en esa provincia, como la yerba mate. Así las cosas, remarcó que el cambio climático merece ser tenido en cuenta. “Siempre se subestima la cuestión del cambio climático”, advirtió, por lo que remarcó que la situación requiere que “dejemos de subestimar los cambios climáticos, porque atraviesan todas las políticas”.

A continuación, Juan Cabandié dijo coincidir con la reflexión de la senadora Gladys González, “porque ciertamente estamos ante una situación crítica, pero al mismo tiempo es una oportunidad única. Primero, para esclarecer cómo abordan los estados la problemática de los incendios forestales; la competencia, y es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de generar cambios en todas las instancias del Estado”.

“Los ejecutivos tenemos la obligación frente a los focos ígneos de prevenir y apagar, pero quien tiene que prever con el peso de la ley es la Justicia”, señaló el ministro, que se ocupó en esa primera parte en apuntarle a ese poder por la supuesta falta de resultados. “Apagamos y a los tres días se vuelve a prender”, señaló Cabandié, para recordar luego que “las áreas ambientales no estamos facultadas para investigar a quienes prenden fuego, ni para agarrarlos in situ, juzgarlos imputarlos o procesarlos”.

Y puso como ejemplo que durante todo el año 2020 hubiera una recurrencia de incendios forestales en Entre Ríos, más específicamente en el Delta del Paraná. “Ibamos a apagar y a los tres días estaba prendido de vuelta. La Justicia no descubrió a una persona”, advirtió el funcionario.

Precisó luego que desde su cartera su presentaron ante la Justicia como querellantes, brindando las herramientas técnicas a su alcance para dar con la información georreferenciada de los focos ígneos, datos de catastro, tanto en Entre Ríos, como ahora en Corrientes, “pero la Justicia nunca encontró a nadie. Por eso creemos que además de hacer un relevamiento del Estado nacional frente a los focos ígneos es una oportunidad para normar”, señaló.

Asimismo Cabandié destacó la necesidad de discutir la ley de humedales y recordó que hace pocas semanas iniciaron un proceso para abrir un debate a nivel federal para “poner en discusión una ley de humedales, que lamentablemente perdió estado parlamentario”.

Luego destacó la creación del nuevo Parque Nacional Ansenuza, que con sus 600 mil hectáreas será el parque más grande de la Argentina, además de ser el mayor humedal del país. También destacó la creación de otro parque en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro, como así también el Agujero Azul en la plataforma marina, con lo que se duplicará la cantidad de hectáreas hoy protegidas. Esas tres iniciativas figuraban en el temario de extraordinarias, pero ninguno de los proyectos agendados por el Poder Ejecutivo fue tratado.

A continuación, el ministro de Ambiente mostró filminas donde se advertía que la temperatura supera con creces el promedio histórico en la provincia de Corrientes. Habló del proceso de sequías que tiene el país, y destacó también la bajante histórica del río Paraná, como un “síntoma muy claro de lo que significa el calentamiento global”.

“Estamos en una situación y unos índices de peligrosidad importante”, comentó, destacando que el promedio histórico en los últimos tres ejercicios “ha disminuido considerablemente”. Es de 1.700 milímetros anuales y hubo una disminución de entre 500 y 700 milímetros. “Las lluvias son escasas”, remarcó.

Y los pronósticos no son mejores: para el primer trimestre de 2022 han pronosticado un 50% menos de precipitaciones, y una temperatura del 40% por encima de la media en la provincia.

A continuación, Cabandié advirtió que el 95% de los incendios son por acción humana. “Esto es importante para poner en contexto lo que sucede en el país. En su mayoría por intencionalidad; en menor medida por imprudencia”, comentó. Admitió que “el fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, no estoy inventando la pólvora”. Sostuvo que esa práctica “está muy arraigada en nuestras provincias, nuestros pueblos, pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico, con disminución de precipitaciones, temperaturas promedio muy altas, realizar estas prácticas se transforma en un problema”.

Al hablar de esas prácticas, Cabandié aclaró que “no lo realizan todos los habitantes de las provincias, pero sí unos pocos lo hacen y esos quizás al hacerlo terminan perjudicando al conjunto de los productores o a viviendas vecinas”. Luego aclaró que “nunca es bueno generalizar, pero tampoco negar, y esto sucede. No tengo intención de entrar en polémicas”.

Más adelante afirmó que en la provincia de Corrientes no vieron “ningún evento” que pudiera haber causado los incendios de manera natural, como un rayo. “Son todos intencionales”, dijo, y contó que había hablado el día anterior con el gobernador correntino, Gustavo Valdés, sobre el tema.

“También existen estas prácticas y al mismo tiempo hay empresas forestales que contratan seguros que hacen que esas empresas contraten sus propios brigadistas y hasta aviones solamente para el perímetro de los campos forestales productivos”, comentó, estimando que en ocasiones el productor tiene el respaldo de un seguro y cuando viene el fuego de otro campo no destina los recursos para apagarlo, “total ya tengo el seguro”.

Para enfatizar su denuncia sobre la provocación de esos incendios, el ministro se respaldó en información periodística y datos de las áreas técnicas y científicas del ministerio. Además, mostró una nota de la BBC que hablaba del calentamiento global y el cambio climático “impulsan incendios forestales más extremos”. En ese sentido aclaró que los incendios no pueden ser combatidos de la misma manera que hace 10 o 15 años.

En otro pasaje, Cabandié señaló que el combate del fuego se hace a través de medios aéreos y brigadistas, y destacó en ese sentido la formación de estos últimos. Valoró la labor de los bomberos voluntarios y comentó la reforma de la Ley de Bomberos Voluntarios que tuvo la oportunidad de votar siendo diputado nacional, que destina un presupuesto para ese sector, pero el mismo no es administrado por el Ministerio de Ambiente. Su cartera, añadió, le ha asignado un 3% a los incendios forestales.

El Plan Nacional del Manejo del Fuego

Habló entonces del Plan Nacional del Manejo del Fuego, que hasta agosto de 2020 estaba en el área del Ministerio de Seguridad. Ahora lo administra su cartera, pero aclaró que recién en el año 2021 comenzaron a administrar el presupuesto del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Haciéndose eco de críticas desde la oposición que hablaron de una desarticulación del mismo -particularmente lo hizo la presidenta del Pro, Patricia Bullrich-, rechazó esas acusaciones al mostrar a través de una filmina la “fuerte disminución” del presupuesto para esa área operado entre 2015 y 2019 durante la gestión Cambiemos, y destacó que “incrementamos de forma considerable el presupuesto, llevándolo a 2.500 millones de pesos”. En efecto, el presupuesto pasó de 430 millones de pesos a 6.500.

Con esos datos, dijo, “es muy difícil argumentar que se desmanteló el plan. No creemos que haber pasado el plan a la órbita de Ambiente sea desarticularlo; no opino igual que algunos dirigentes”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se presentará este miércoles ante senadores para informar sobre las acciones llevadas adelante para combatir los incendios que ya afectaron al 10% de la superficie de la provincia de Corrientes.

El funcionario asistirá a una reunión presencial, que se realizará a partir de las 17 en el Salón Illia, de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que minutos antes se constituirá.

Está previsto que la comisión continúe bajo el mando de la bonaerense Gladys González (Pro), mientras que en la vicepresidencia sería designada la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT).

La semana pasada, en medio de la ola de críticas al ministro, los senadores de Juntos por el Cambio habían expresado su “más profunda preocupación frente a los incendios que están castigando a diversas provincias de nuestro país”.

En ese comunicado apuntaron contra el Gobierno: “Frente a tamaña emergencia instamos al Gobierno nacional para que, a través de las áreas correspondientes, actúe de manera inmediata y aumente los esfuerzos en pos de trabajar por el fin de los incendios”.

En tanto, en la Cámara de Diputados también se presentaron varios proyectos de resolución, por parte de diferentes bloques, exigiendo la presencia de Cabandié en el Congreso.

Los diputados del Frente de Izquierda-Unidad presentaron un pedido de interpelación para que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, concurra al recinto de la Cámara de Diputados a fin de informar públicamente y responder sobre la gravísima situación que se vive en la provincia de Corrientes.

Por otra parte, presentaron nuevamente un proyecto de ley de protección de los humedales, “ya que a pesar de que desde el oficialismo y en campaña hasta hace pocos meses decían ‘sí a los humedales’, el dictamen que se encontraba en tratamiento de Diputados cayó y ni siquiera fue incorporado en el fallido llamado y temario de sesiones extraordinarias, mientras el país sigue incendiado, saqueado y asediado por el extractivismo”, apuntaron.

En primera de las iniciativas, los legisladores buscan que el funcionario concurra “para explicar pormenorizadamente las acciones llevadas adelante por la cartera a su cargo; los recursos destinados; la ejecución durante el pasado y presente año del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego; las acciones coordinadas con el Gobierno de la provincia de Corrientes; los refuerzos presupuestarios y de recursos enviados a la provincia a fin de combatir el fuego, si es que los hubiere, así como los recursos que se planean destinar para subsanar los daños causados por el fuego sobre la flora, la fauna y las poblaciones afectadas”; entre otras cuestiones.

Además, los diputados del FIT-U señalaron “la responsabilidad en esta catástrofe ambiental de la expansión del monocultivo de eucaliptos y pinos a gran escala en beneficio de la industria forestal”. En ese sentido, denunciaron que “no es un accidente lo que está ocurriendo en Corrientes y en otras provincias de nuestro país, son las consecuencias brutales de una estructura de negocios con la naturaleza, la salud y la vida de los territorios y las poblaciones, con el objetivo de enriquecer a un puñado de empresarios y pagar la deuda al FMI. Un verdadero crimen ambiental”.

En cuanto al proyecto de ley para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales, el bloque de la izquierda exigió “su urgente tratamiento” y denunció “que el lobby empresario llevó a que el dictamen perdiera estado parlamentario”. Los legisladores indicaron que existe “un modelo productivo y de consumo que hace décadas arrasa con la biodiversidad en Argentina. Los sectores del agronegocio, la megaminería y la especulación inmobiliaria, con la complicidad y el aval de sucesivos gobiernos en las últimas décadas, sin importar color político, ponen por delante la perspectiva de obtener rentabilidad a corto plazo”.

“Hoy, esa persistencia del Gobierno nacional está ligada directamente a la necesidad de continuar con la habilitación del saqueo de los recursos naturales a fin de intentar conseguir dólares para pagarle al FMI la deuda ilegal e ilegítima que dejó el gobierno de Mauricio Macri”, opinaron.

Ambos proyectos llevan la firma de Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina Del Plá.

En medio de la crisis que azota a Corrientes, producto de los incendios, el presidente Alberto Fernández se reunió este martes con el único senador por esa provincia del oficialismo, Carlos “Camau” Espínola.

El mandatario se encargó de contar detalles del encuentro en las redes sociales, donde publicó: “Recibí a @espinolacamau, senador nacional por Corrientes. Con gran preocupación, me solicitó apoyo para pequeñas y pequeños productores agropecuarios y ganaderos, y para los promotores de la forestación en la provincia”.

“Me comprometí con él a avanzar en sus pedidos y a seguir brindando toda la asistencia que Corrientes reclama”, afirmó Fernández.

Asimismo, reconoció “la necesidad de mejorar la coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para prevenir y combatir de manera inmediata situaciones como las que hoy atravesamos”.

“Corrientes cuenta con nuestro acompañamiento absoluto para hacer frente a esta tragedia. #ArgentinaConCorrientes”, completó el jefe de Estado.

Por su parte, el senador le agradeció: “Gracias @alferdez, sé que estas muy preocupado y que te estás ocupando del difícil momento que atraviesa mi provincia”.

“Camau” Espínola fue reelecto senador nacional en las elecciones del año pasado y tiene mandato hasta 2027. Forma parte del grupo que dentro del Frente de Todos pide discusión interna y que se tengan en cuenta en la agenda los temas que interesan a legisladores del interior.

Con “gran consternación y tristeza”, la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata Progresista se solidarizó este lunes con toda la provincia de Corrientes “ante los brutales incendios que la están azotando hace tiempo”.

“Ciudadanos sin distinción de clases ni oficios y esencialmente el medio ambiente sufren las consecuencias y asistimos a desoladoras imágenes con profundo dolor. El impacto negativo en la economía y, especialmente, en el ecosistema es evidente y toma las dimensiones de un desastre ecológico sin precedentes”, expresó el PDP a través de un comunicado.

En ese marco lamentaron “las declaraciones del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, que nada suman en este contexto tan difícil. Quienes tienen máximas responsabilidades deben dar el ejemplo de mesura necesaria en los momentos más duros”.

Agregaron que “no es momento de señalar decisiones en torno a las brigadas forestales, lo oportuno sería revisar la noción de federalismo que lejos está de ser la ideal en nuestro país. El espíritu del Gobierno nacional aún es muy unitario en la gestión de recursos y pretende ser federal en las pérdidas”, y llamaron a trabajar en “fortalecer el federalismo y dar a las provincias las herramientas necesarias y justas para desarrollar sus propias políticas públicas que generen autonomía y conformen un país verdaderamente federal”.

“Nuestro deseo para una pronta recuperación nos convoca a todos a aunar esfuerzos y, en particular, instamos a las autoridades nacionales a proveer  recursos técnicos y humanos, poniendo a disposición todo lo necesario para salvaguardar el patrimonio, las vidas y el medio ambiente en la provincia de Corrientes”, expresó el secretario general de la Junta Ejecutiva Nacional, Oscar Moscariello, al referirse a esta dramática situación que atraviesa Corrientes.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución en el que solicitan que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, concurra a la Cámara Baja para ser interpelado, con el objetivo de que “brinde explicaciones en relación a las acciones adoptadas respecto de la mitigación de los graves focos de incendio que vienen azotando distintos puntos del nuestro país y que están causando una catástrofe productiva y ambiental sin precedentes, en particular, en la provincia de Corrientes”. También buscan derogar la modificación de Ley de Manejo del Fuego que fue impulsada por el diputado Máximo Kirchner y una ley de beneficios fiscales.

En los fundamentos del proyecto de resolución se plantea que “se debe considerar que a fines del año pasado la ayuda del Ministerio se demoró en exceso ante los pedidos de ayuda que se hicieron en la zona de Río Manso, provincia de Río Negro, y que, nuevamente este año ocurrió que la ayuda del Gobierno nacional en Corrientes llegó nueve días después del pedido formal realizado por el ministro de Producción de la provincia, el 28 de enero”.

“Estos fenómenos extremos son en parte causados y/o agravados por las consecuencias del cambio climático, pero podrían también ser iniciados por el ser humano, una cuestión que la Justicia debería resolver en cada caso y que de ninguna manera puede ser objeto de especulación y uso político o ideológico por parte de las autoridades. Especialmente teniendo en cuenta que luego de la sanción de la Ley 27.604 en 2020, el argumento falso de que un productor incendiaría su propia tierra para forzar un uso de suelo, carece de cualquier tipo de sustento, ya que esta norma prohíbe estos cambios en caso de incendios por un extenso período de tiempo. Pese a esto, escuchamos recientemente al ministro de Ambiente, en declaraciones radiales, insinuar que la responsabilidad de estos incendios era de los productores agropecuarios”, agregan los diputados de la CC.

En tanto, consideraron: “Le solicitamos al ministro de Ambiente que nos brinde precisiones acerca de las contrataciones realizadas y los planes que tiene el Ministerio para el robustecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, en especial, dada la situación catastrófica que han venido atravesando distintas provincias de nuestro país en los últimos meses, y en la que no se ha evidenciado una gestión ágil y responsable de estos recursos. Es preciso, entonces, conocer el detalle de cómo han sido ejecutado dichos fondos, a través de qué instrumentos, con qué tipo de planificación y con qué nivel de precios”.

Los diputados de la CC proponen, además, la derogación de la Ley 27.604, sancionada en diciembre de 2020 para modificar de la 26.815, de Manejo de Fuego debido a que “tiene como único objetivo sancionar injustamente, obviando a su paso, garantías constitucionales y generando peligrosos antecedentes regresivos en materia de protección ambiental”.

“Insistimos una vez más en la importancia de contar con sistemas eficientes de control, monitoreo y alerta temprana para combatir los incendios, junto con un presupuesto acorde, y reiteramos nuestro rechazo por esta ley que no establece ninguna herramienta real para combatir el flagelo que implican hoy los incendios en nuestro país”, explican los integrantes del bloque. “La magnitud de los actuales incendios dan cuenta de que, no solamente dicha modificación no obtuvo resultados favorables, sino que además estaba basada en un prejuicios y falacias”, añadieron.

Acompañaron con su firma los diputados Victoria Borrego, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman.

Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio Diversidad Entre Ríos manifestaron su solidaridad con el pueblo correntino y con el gobernador, Gustavo Valdés, ante los incendios forestales que ya consumieron el 10% de la provincia. En ese sentido, criticaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por “atajar penales en la costa”, y al ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

 “Queremos en primera instancia exteriorizar nuestra solidaridad y apoyo a nuestros hermanos de la provincia de Corrientes y el total acompañamiento a la gestión del gobernador Gustavo Valdés, frente a la grave situación que atraviesa su provincia como consecuencia de los incendios que la aquejan”, expresaron y repudiaron: “No podemos dejar de mencionar el dolor que nos provoca como argentinos que el presidente, mientras Corrientes arde, esté atajando penales en la costa, y que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eche culpas al gobierno provincial de Corrientes, para tapar la ineficiencia del Gobierno Nacional”.

En tanto, declararon: “La solidaridad que hemos expresado los argentinos, de distintas formas, son un gesto contundente de apoyo a una provincia que se ve desbordada. Los ciudadanos de a pie somos los que estamos sosteniendo una situación que debería haber sido prevista y prevenida por el Gobierno Nacional. Un gobierno que no sólo no supo prevenir, sino que además no está dispuesto a mitigar. Las promesas no apagan incendios, lo hacen los actos concretos y, al momento, no se ha visto siquiera la presencia formal del presidente de la nación para acompañar in situ, a los compatriotas que están perdiendo todo”.

“Mientras Corrientes arde, nos preocupa la falta de interés, la desidia, la incompetencia y la inhumanidad de las autoridades nacionales. Nos preguntamos: ¿Será que el Frente de Todos, solo trabaja para algunos?, ¿será qué sólo les importan aquellas provincias donde pueden ganar una elección?, hasta dónde son capaces de llegar con su egoísmo?, ¿cuántas pérdidas humanas más y de nuestra flora y fauna van a arrastrar con su miseria?” Esperamos que estas preguntas no tengan las respuestas que suponemos porque si así fuese, sería de una bajeza imperdonable”, sentenciaron desde la agrupación.

Por último, los representantes de la Mesa de Juntos por el Cambio Diversidad Entre Ríos pronunciaron: “Han forzado a un gobierno provincial a buscar ayuda en otras provincias, e inclusive la de gobiernos extranjeros (duramente criticados por el Gobierno nacional), para que colaboren en esta catástrofe ambiental. Corrientes arde, y su inacción, señor Alberto Fernández, no será olvidada”.

Un grupo de diputados de la oposición, encabezados por Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley 27.604 de Manejo del Fuego que se sancionó en diciembre de 2020 por impulso del legislador oficialista Máximo Kirchner en donde se “presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con un objetivo de interés inmobiliario”.

“Pedimos la derogación de la Ley 27.604 que fue impulsada por Máximo Kirchner donde presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohibiendo la venta de las mismas tierras incendiadas”, expresó en su cuenta de Twitter el legislador del Pro.

En ese sentido, remarcó que la vigente Ley no contempla que “los incendios pueden ser provocados por otros factores como los naturales (cambio climático, sequía, etc.)  Por eso, esta Ley no aportó nada. Solo un lastre más para los propietarios de tierras. Y por lo cual pedimos su inmediata anulación”.

El diputado Mario Negri apuntó contra el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por sus declaraciones contra el gobernador correntino Gustavo Valdés y el expresidente Mauricio Macri en medio de los graves incendios que azotan a Corrientes. “No se puede jugar a la chicana política”, dijo indignado el jefe de la UCR en la Cámara baja.

“Cabandié debe dejarse de joder, es tanto lo que están cargados de odio que le falta decir que el gobernador andaba prendiendo fuego”, expresó el cordobés en declaraciones a CNN Radio.

El radical lamentó que “se perdieron días en los que Cabandié se lanzó a una campaña verbal innecesaria cuando a la gente se le quemaba los campos. El Gobierno nacional tiene muchos problemas pero, además, le falta sentido de la oportunidad política para hacer determinadas las cosas”.

“El presidente no debe esperar a que lo inviten a Corrientes. Así como va de cabeza a los actos de La Cámpora, debería haber ido”, consideró el legislador.

Consultado sobre las acusaciones del kirchnerismo al gobierno de Cambiemos por el “desmantelamiento” del Plan de Manejo del Fuego, Negri respondió: “Son una bolsa de mentira, si tiene 4 mil millones de pesos para el manejo del fuego y no los distribuyeron. Les falta llevar guantes de boxeo a los incendios para pegarle a algún opositor. Son unos irresponsables. Les falta decir que Macri es piromaníaco”.

“La verdad -es que los dichos de Cabandié y su segundo Sergio Federovisky– son una falta de respeto al sentido común frente a la sociedad. Han perdido la sensibilidad, no tienen ni siquiera un piso de responsabilidad. Deberían colaborar para apagar las llamas y después se verá si los incendios fueron intencionales. Eso se investiga después”, finalizó.

Legisladores de diferentes espacios políticos expresaron su enojo en redes sociales hacia el presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de que se viralizara una foto de él en la las playas de Mar de Ajó atajando penales, mientras la provincia de Corrientes no recibe ayuda nacional por los incendios forestales que no dan tregua.

El jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri (Córdoba), posteó: “Ante una tragedia humana, los gobernantes se solidarizan con los ciudadanos. Ante un desastre ambiental o climático, visitan las zonas afectadas. Luego, ponen en marcha planes para reparar daños y evitar que se repitan. Nada de esto hacen Cabandié y A. Fernández”. A su vez, retuiteó otro comentario que expresaba: “Ni Alberto ni Cabandié fueron a Corrientes en medio del peor desastre ambiental de su historia. Tanto el presidente como el ministro se llenan la boca hablando de federalismo”.

“Atajar penales, ni eso sabe hacer…”, escribió brevemente la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, Karina Banfi.

En suma, el jefe del interbloque de JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, advirtió: “Es urgente que el Gobierno tome cartas en el asunto ante la gravedad de los incendios en Corrientes. No alcanza con Cabandie ni con un presidente que NO atajas penales en la costa bonaerense”.

“Presidente, mientras usted está recorriendo la costa atlántica, la provincia de Corrientes está cercada por el fuego y ni usted ni el ministro Juan Cabandie han siquiera sobrevolado la zona. Ocúpese de lo importante”, criticó el diputado radical Ricardo Buryaile.

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, cuestionó: “Corrientes necesita más ayuda que nunca. Vecinos, productores y animales ven destruido su medio ambiente y su sustento de vida. Presidente, estamos frente a una emergencia nacional. Deje las giras por la playa y envíe los recursos necesarios para apagar el fuego”.

“Alberto Fernández en 2 años usaron divisas para comprar 289 avionetas de lujo a 202 millones de US al oficial. No trajeron un solo hidrante. Eso es el proyecto. Privilegios a la oligarquía gobernante que permanece en silencio mientras el que no tiene recursos se incendia”, le recordó el diputado del Pro Waldo Wolff. En tanto, Fernando Iglesias escribió en respuesta a los dichos del secretario de Relaciones Parlamentarias “Chino” Navarro: “No molesten, estamos gobernando, dice este coso mientras el Presidente ataja penales en la playa y se les prenden fuego Corrientes y el país”.

En tanto, el legislador Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) señaló: “Mientras el Presidente juega al fútbol playa y Cabandie viaja por el mundo y expone en asambleas, los correntinos huyen del fuego. Los Gobiernos serios se ponen al frente de los desastres ambientales, estos incapaces únicamente recorren el territorio en campaña. ¡Háganse cargo!”.

También se sumó a las críticas el diputado libertario José Luis Espert: “Alberto Fernández, un presidente sin vergüenza, sin alma”.

Ante la sequía en que se encuentra inmerso todo el territorio de la provincia de Corrientes, y los distintos focos de incendio que no dan tregua, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) solicitó al Poder Ejecutivo nacional que declare el “estado de emergencia y desastre agropecuario”.

“Nuestra provincia, como así también muchas zonas del país, vienen siendo víctimas en los últimos años de una sequía sin precedentes que afecta las zonas agropecuarias y a toda la Cuenca del los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay. La situación de urgencia que viven los productores correntinos requiere de la asistencia del Estado en todos sus niveles. A las acciones del Gobierno provincial se deben sumar las del Gobierno nacional, adoptando medidas que ayuden ante esta situación dramática que se vive en la provincia, ya sean fiscales, financieras o asistenciales”, manifestó la legisladora de Juntos por el Cambio.

En Corrientes, el panorama de los incendios es dramático. A través del decreto 200/22, firmado por el gobernador Gustavo Valdés, se declaró el estado de emergencia agropecuaria. La provincia concentra la mayor cantidad de focos ígneos y se multiplican los reportes de productores que están perdiendo todo.

“El fuego arrasa. Áreas de humedales como esteros, bañados, vegetación, bosques, tanto cultivados como nativos, flora, fauna y producción fueron destruidos”, lamentó la correntina en los argumentos de su proyecto.

Además, Brambilla consideró que “es fundamental que, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se declare de manera urgente el estado de emergencia y desastre en Corrientes por parte de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios”.

“Son más de 518 mil hectáreas las afectadas por el fuego. Las zonas rurales han sido las más golpeadas, lo que generó pérdidas económicas muy significativas para cientos de personas que dependen de la actividad agropecuaria para su subsistencia”, señaló.

Y concluyó: “Necesitamos que el Gobierno nacional dé una respuesta pronta y efectiva ante esta situación tan triste y preocupante. Los correntinos no podemos seguir esperando”.

La provincia de Corrientes aún tiene grandes focos de incendios a la espera de lluvias para ayudar a los bomberos a apagarlos. En ese contexto, la legisladora nacional Ingrid Jetter (Pro) presentó un proyecto para requerir informes sobre los fondos del Plan de Manejo del fuego administrados actualmente por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, solicitando la actualización de fondos previstos en la Ley Nacional 26.509/09 de emergencia agropecuaria y trabajando con distintos sectores damnificados.

Por este motivo la diputada se reunió con el ministro de la Producción de la provincia, Claudio Anselmo, y con el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, a fin de intercambiar información sobre la situación alarmante que sufre nuestra provincia respecto a las grandes quemas.

“Los efectos del cambio climático golpean a las poblaciones en general y al campo correntino. La sequía afectó a productores y contribuyó a la propagación de incendios forestales y rurales que arrasaron más de 335.043 hectáreas en la provincia”, según un informe del INTA recientemente difundido.

En este marco, Jetter explicó: “El Gobierno provincial decretó el 1 de febrero la emergencia ígnea por 6 meses.  Esto permite al Ministerio de Producción de Corrientes crear un comité de crisis para coordinar acciones, atender la emergencia y articular con los municipios. Asimismo, el gobernador Gustavo Valdés declaró este lunes la emergencia agropecuaria para todas las actividades del territorio de la Provincia, la normativa regirá hasta el 30 de junio e implica beneficios fiscales, crediticios y la posibilidad de asistencia directa”.

“Esperamos que Nación, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se sume a la Emergencia Agropecuaria declarada en la provincia de Corrientes, cuanto antes. Lamentablemente ya se han quemado más de trescientas mil hectáreas, pero esto no deja de ser una oportunidad para entender que ‘todos’ debemos estar comprometidos de verdad, sin improvisaciones, mezquindades ni banderías políticas en evitar que siga o vuelva a suceder. Corrientes lo merece y los bomberos de los 47 cuarteles de toda la provincia, que han dejado su vida, una vez más, para que la realidad no sea aún peor”, sostuvo la legisladora del Pro.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) solicitó apoyo al Gobierno nacional para combatir los incendios que azotan a la provincia de Corrientes con nuevos equipamientos y más infraestructura, debido a la “situación desesperante” ante la emergencia declarada por el gobernador Gustavo Valdés.

La legisladora recordó que “hasta finales de 2019 Corrientes contaba con cuatro aviones hidrantes provistos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego para el combate de incendios”, pero “tras el cambio de mandato presidencial y las reestructuraciones en varias áreas del Estado Nacional, fueron retirados dichos aviones de la región, dando como respuesta que se iniciaría un proceso transparente de licitación y contratación de aviones hidrantes”.

“Hasta el momento no se han repuesto los aviones. La región del NEA cuenta con un solo avión hidrante con base en Apóstoles, Misiones”, subrayó la macrista, que al mismo tiempo destacó que “Corrientes dispuso fondos provinciales por más de 60 millones de pesos para luchar contra los incendios y asistir a los bomberos voluntarios provinciales”.

Brambilla añadió que “con ese dinero, además, se contrataron tres aviones que han combatido 13 siniestros en diversos puntos, y el equipamiento destinado a combatir y prevenir los focos ígneos de los 48 cuarteles de bomberos voluntarios y el cuerpo de bomberos de la Policía de Corrientes han actuado en cientos de focos de incendios rurales, suburbanos e inclusive en industrias madereras, viveros y aserraderos”.

“Es fundamental la ayuda del Estado Nacional. Desde el Gobierno de Corrientes, además de la Policía, asociaciones de bomberos y vecinos, se está trabajando sin parar en combatir y prevenir el fuego que afecta a tantas familias, productores, a nuestra fauna, flora, áreas productivas, bosques implantados y reservas naturales que no son solamente de los correntinos, sino de todos los argentinos”, enfatizó la diputada.

También, señaló que “nuestra situación es crítica, los incendios se han multiplicado en estos meses, y con las elevadas temperaturas y la falta de precipitaciones el fuego sigue avanzando, y nuevos focos se generan luego de haber logrado controlar los existentes”.

“Necesitamos que el presidente Alberto Fernández preste colaboración efectiva de manera urgente a la provincia”, reclamó la legisladora de JxC.

El fuego no da tregua y sigue consumiendo hectáreas en varias provincias, una de ellas es Córdoba donde se inició un nuevo foco de incendio en San Marcos Sierras, en el Departamento Cruz del Eje. Allí vacacionaba la diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos – Córdoba) que debió ser evacuada entre las llamas.

“Estoy vacacionando en San Marcos con mi pareja y mi hijo, recién nos acaban d evacuar porque se inició un incendio a muy pocos metros de la casa donde nos alojamos. Es una situación horrible q cada vez es más común. Los problemas ambientales no son un cuento ni son problemas del futuro”, contó la legisladora oficialista en su cuenta de Twitter junto a un video en que el muestra la situación.

Hasta el momento, ya se quemaron 15 hectáreas de monte autóctono y trabajan dos aviones hidrantes y más de 80 bomberos, aunque las condiciones climáticas y el viento complican los trabajos en la zona.

Ante la ola de incendios forestales que se registra en la patagonia argentina, el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino Rolando Figueroa presentó en la Cámara baja un pedido de informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que encabeza el ministro Juan Cabandié, sobre la actuación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en los incendios que afectan al lote 39 de Quillén, Aluminé, en la provincia del Neuquén.

En el proyecto de resolución, el diputado neuquino indicó que debido a la sequía que afecta a toda la región, se espera que este tipo de eventos se repitan “ya que las condiciones climáticas prevén tormentas eléctricas y más tormentas secas con rayos”. “Lamentablemente situaciones similares se repiten a lo largo y ancho del país, por eso se vuelve fundamental contar con un Servicio Nacional de Manejo del Fuego eficaz, eficiente y robustecido”, indicó en los argumentos del proyecto, y recordó que la provincia ya declaró Estado de Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios en todo el territorio.

Figueroa pide al Ejecutivo Nacional conocer el rol que tuvo el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios en el lote 39 de Quillén, los recursos puestos a disposición y los que actualmente se encuentran a disposición del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en materia de prevención y vigilancia de incendios en el país y su distribución geográfica.

Además, solicita que se indique si se han realizado estudios para identificar y categorizar las causales de los masivos incendios forestales ocurridos en los últimos 24 meses en la Patagonia y si se prevén acciones especiales para los territorios pertenecientes a Parques Nacionales, ante los múltiples focos ígneos y las condiciones climáticas adversas de los últimos años. En este mismo sentido, requiere saber si se está desarrollando algún plan de acción específico para la región.

En la provincia del Neuquén, el fuego se produjo en el Lote 39 de Quillén en la localidad de Aluminé, afectando más de cuatro mil hectáreas de bosque nativo. Unos 200 brigadistas trabajan a destajo para intentar detener el avance de las llamas, en medio de un clima adverso por la falta de lluvias, jornadas de intenso calor y rotación del viento.

Tras la aprobación de la ley de Bienes Personales, la Cámara de Senadores trató sobre tablas y aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) que propone declarar zona de desastre, emergencia forestal, económica, social y productiva a las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén que presentan focos de incendio.

“Es la declaración de zona de desastre, emergencia forestal, económica y productiva y social a las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén por un plazo de 180 días prorrogables si la situación continúa, ojalá que no, y con la posibilidad de hacerlo extensible a otras provincias”, explicó la legisladora oficialista.

En ese sentido, explicó que “la propuesta es poder constituir un fondo especial y acciones de asistencia a los damnificados, la reconstrucción de las economías afectadas en esa difícil situación, la distribución se hará entre Nación, provincias y municipios y también otro artículo es que a partir del 1ro de 2022 el Poder Ejecutivo pueda repartir automáticamente fondos del tesoro a las provincias cada vez que la autoridad de aplicación de la normativa lo amerite”.

Tras lo cual, la senadora del FdT relató que “la tormenta que inició los incendios fue seca que provocó un rayo en una zona inhóspita que por las condiciones climáticas hizo que se despertara el fuego y lamentó que no se han tenido lluvias y temperaturas muy elevadas”.

El proyecto plantea: “Declarar zona de desastre, emergencia forestal, económica y productiva y social por el término de 180 días plazo que podrá ser prorrogado por igual lapso por parte del Poder Ejecutivo a las provincias que se encuentran afectadas por incendios forestales acaecidos en el mes de diciembre del 2021 y posibles incendios que acontezcan en los meses de verano 2022. Facúltese al Poder Ejecutivo para que pueda extender sobre otras zonas afectadas por incendios no incluidas en el anexo. El Poder Ejecutivo constituirá en un plazo no mayor a 15 días un fondo especial para hacer frente a las acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías afectadas que serán destruidos de acuerdo a objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y municipios afectados”.

Por consiguiente, el presidente del bloque del FdT José Mayans adelantó el acompañamiento del espacio al proyecto y fue votado por unanimidad.

En el inicio de la última sesión del año en la Cámara de Senadores, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, la legisladora rionegrina Silvina García Larraburu solicitó hacer un homenaje a los dos brigadistas que fallecieron este miércoles por la tarde tras caer el helicóptero en el que viajaban para luchar contra los incendios forestales que consumen la Patagonia.

“Lamentable es un sucedo de últimos minutos mientras estábamos trabajando en un proyecto de ley que acompañaron varios senadores y senadoras que declara zona de desastre y emergencia forestal, económica y productiva. El difícil trance que esta aconteciendo en la zona cordillerana se ha precipitado un helicóptero y hay dos personas fallecidas”, relató acongojada García Larraburu.

En tanto, agregó: “Viendo a lo que nos somete la oposición, hay una situación en donde hay argentinos que están batallando contra el fuego. Nosotros presentando un proyecto de ley que nos han acompañado algunos senadores”.

“Desde el 7 de diciembre estamos asistiendo en la región, la zona entre Bariloche y El Manso a un suceso catastrófico como suele suceder con estos episodios que es una sumatoria de problemas, la crisis hídrica de la región que le ha sumada a las altas temperaturas inusuales y que son extrañas para la región según los informes del servicio meteorológico”, explicó la senadora del FdT.

En ese contexto, continuó: “Las temperaturas han superado los 30 grados en octubre y noviembre y generó una crisis inusitada y lamentablemente el 7 de diciembre hemos estado trabajado con autoridades de parques y de medio ambiente. Sabíamos que el verano iba a ser muy complicado y, además con el fuerte afluismo de turismo en la región, pero no imaginábamos que íbamos a estar batallando con este flagelo”.

“La tormenta que dio inicio a este flagelo fue el 7 de diciembre que se produjo el primer foco en las inmediaciones del Lago Martí a 70 kilómetros de Bariloche. El último incendio en la región data de hace 120 años por lo que hay mucha materia combustible en la zona sumado a la falta de lluvias y las extremas temperaturas hace que sea de muy difícil acceso aéreo y terrestre”, explicó.

Tras su ello, García Larraburu mostró fotos de los incendios con los que combaten los brigadistas y apuntó contra la gestión anterior porque “redujeron la cantidad de brigadistas no más de 30 combatientes que están luchando contra la primera línea de fuego”, y calificó como una situación “muy complicada”. Por consiguiente, se realizó un minuto de silencio para homenajearlos.

Ante la falta de lluvias y las altas temperaturas los incendios forestales vuelven a ser noticia una vez más y, en esta ocasión, las provincias del sur son las afectadas. Por este motivo, la senadora nacional del Frente de Todos Silvina García Larraburu gestiona con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, el envío de aviones hidrantes y refuerzos de brigadistas ante el avance del incendio en cercanías del Lago Steffen, en su provincia de Rio Negro.

“Los brigadistas combaten el fuego, sin tregua, en zonas de difícil acceso. El clima seco y las altas temperaturas complican aún más la situación. Es imprescindible aumentar los recursos en la Comarca Andina, antes que se magnifique el desastre ambiental y llegue a lugares más poblados” remarcó.

García Larraburu también le pidió a la ciudadanía extremar los recaudos ante la sequía, la gran presencia de turistas; y las altas temperaturas, que exhiben con crudeza la problemática originada por el cambio climático.

Luego que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto de promulgación, durante un acto en Casa Rosada, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Ley 27.617 de reforma del impuesto a las Ganancias.

A partir de este cambio, se eximirá a 1.267.000 trabajadores y jubilados de pagar el tributo. La ley fija en 150.000 pesos brutos el nuevo piso a partir del cual comenzará a pagarse el impuesto, un monto que será actualizado anualmente en base al índice de variación salarial (RIPTE).

La norma incorpora una serie de beneficios, entre los que se destaca la retroactividad al 1ro. de enero; la exención del aguinaldo y de horas extra del personal de salud, así como de los gastos de guardería; y la deducción del concubino y de hijos con discapacidad, entre otros.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo también promulgó la Ley 27.618, que establece un alivio a monotributistas que pasan al régimen general. Asimismo, se atiende la situación de aproximadamente 25.000 personas que fueron excluidas del monotributo de forma automática por la AFIP y no fueron notificadas, ya que el sistema se encuentra suspendido desde septiembre de 2019.

Como consecuencia de esa suspensión, esos contribuyentes acumularon deudas difíciles de afrontar, razón por la cual ahora se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.

En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.

Finalmente, se oficializó la Ley 27.616 que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.

La norma, sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 27 de marzo, faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

También se dispone la unificación de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Se faculta también a la AFIP y a la ANSeS a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

En un trámite exprés, la Cámara de Diputados convirtió en ley este sábado el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.

La iniciativa, que había sido avalada en el Senado este mismo jueves, fue incorporada al temario de Diputados sobre tablas y finalmente recibió aprobación unánime, con la presencia en el recinto del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostentable, Juan Cabandié.

El proyecto fue impulsado por el senador oficialista Alfredo Luenzo y acompañado por sus pares de Chubut y Río Negro, y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo.

Paralelamente, los diputados Ignacio Torres (Pro) y Gustavo Menna (UCR) solicitaron tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes, pero en esos casos el Frente de Todos no acompañó.

“Los argentinos perdimos miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”, lamentó Torres, y destacó que “en estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”.

El legislador pidió: “Tomemos la responsabilidad institucional de, de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo. La política es más que solidarizarse por Twitter, es estar cerca de la gente”.

Torres agregó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.

A su vez, Menna relató que “el 8 de marzo se desató un incendio en la zona de El Maitén, en Chubut; al día siguiente se desató otro en Cholila, y por la tarde en la zona de Las Golondrinas, en Lago Puelo, que rápidamente se propagó por Cerro Radal y también involucró a El Hoyo”.

Menna contó que recorrió la zona junto a su par de bloque Brenda Austin, y se notificaron de que “las autoridades municipales de Lago Puelo tenían relevadas 421 viviendas totalmente destruidas, arrasadas por el fuego, y más de 20 en El Hoyo”.

El diputado advirtió que además de los daños materiales y las familias damnificadas, “este incendio se ha cobrado tres vidas humanas “.

De paso, aprovechó para criticar la respuesta del Gobierno nacional: “Estas 17.000 hectáreas afectadas y los incendios que el año pasado se cobraron un millón de hectáreas también revelan una gestión deficiente del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Hubo una subejecución del 30% de las partidas el año pasado, e increíblemente se bajaron las partidas para el Plan en el Presupuesto 2021”.

Por su parte, Austin destacó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.

“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, dijo la cordobesa.

La iniciativa sancionada faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

En el marco de la sesión maratónica que tendrá lugar este fin de semana en la Cámara de Diputados, podría llegar a debatirse sobre tablas uno de los proyectos aprobados el jueves en la Cámara alta: el que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.

Se trata de una iniciativa presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.

Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión del jueves, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Y teniendo en cuenta la importancia y urgencia del tema, podría llegar a ser incluido en el temario de este fin de semana. Todo dependerá de lo que se decida en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 10.30 de este sábado, pero lo cierto es que según pudo saber parlamentario.com, diputados de Juntos por el Cambio pedirán su tratamiento. Dependerá entonces de la anuencia del resto de los legisladores, pues haría falta una aprobación de los 2/3 de los presentes para habilitar su tratamiento.

Por Carolina Ramos

El Senado aprobó este jueves la declaración de zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses. La iniciativa fue presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.

Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero a pesar del rápido acuerdo alcanzado, el debate tuvo algunos cruces picantes entre senadores del oficialismo y la oposición.

La emergencia será declarada por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo, y “se complementa con la respuesta que está dando el Gobierno nacional”, según explicó el senador Luenzo. “Es un instrumento que le permite al Ejecutivo tener las herramientas legales necesarias para consolidar el primer tramo de respuestas”, precisó el oficialista.

Romero, contra los mapuches

Al inicio del debate, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) advirtió que “estamos atacando las consecuencias y no las causas” y pidió incorporar al proyecto la cuestión de la seguridad. “Se ha instalado una violencia con ocupación de tierras, ataque a personas, quema de edificios, y hay grandes probabilidades de que los incendios a los cuales nos estemos refiriendo hayan sido causados intencionalmente”, denunció.

El salteño alertó que “tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro no tienen control sobre su territorio, y la Nación está haciendo una tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de la ley, en que la Justicia no funcione”.

Acto seguido, habló de la supuesta violencia “de quienes se dicen mapuches, porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos violentos”.

Tiempo después llegó la respuesta de la chubutense Nancy González, quien recordó que “ni bien llegó el ministro de Ambiente (a la zona), lo primero que hizo fue una denuncia penal por los incendios”.

“No voy a permitir que traten a los pueblos originarios como los causales de estos incendios cuando la Justicia está investigando. Nuestros mapuches no son para nada violentos y el pueblo de Chubut tampoco”, se defendió, y remató: “Podemos fallar, pero seguridad tenemos”.

Del mismo modo, Luenzo se opuso a la propuesta de Romero y pidió trabajar, en cambio, en incorporar los delitos ambientales al Código Penal para llenar el vacío legal hoy existente. “No estigmaticemos a los pueblos. El peor error es que generalicemos. Si hubo incendios intencionales, que se juzgue a los responsables”, dijo, para dar por terminada la discusión.

La recorrida de Gladys González

En otro pasaje del debate, Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comentó que recorrió las zonas afectadas: “Lo que se vivió y se está viviendo es una tragedia”.

“No hablamos solo de bosques nativos ni de plantaciones: hablamos de las viviendas de más de 350 familias que perdieron todo. Se quedaron sin nada, literalmente”, lamentó, y agregó que además “no tienen luz ni agua”, y por eso “necesitan que la ayuda se sostenga en el tiempo”.

La senadora encendió la polémica al expresar que vio “mucho desorden” en la zona, y pidió a los gobiernos en sus distintos niveles que “ordenen la ayuda”. “Hay familias que están construyendo sus viviendas de manera precaria sobre terrenos que no son firmes”, advirtió, al mencionar la posibilidad de derrumbes o aludes con las lluvias.

Nuevamente fue la chubutense González quien recogió el guante. “No se van a construir viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están trabajando con responsabilidad tanto desde el Gobierno nacional como los gobiernos municipales para que esas viviendas tengan seguridad”, retrucó.

Y luego cargó directamente contra la senadora del Pro: “No es ir a la zona, sacarse una foto y volver a Buenos Aires. Es mirar cómo se está trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el Gobierno nacional van a arriesgar vidas”.

Intervino entonces el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien salió en defensa de Gladys González. “Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto. Fue a ver la realidad de lo que estaba sucediendo”, aclaró, y lamentó tener que “soportar opiniones de senadores que creen que el único negocio es la grieta”. “Acá está la necesidad de la gente, nadie quiere sacar un rédito político”, acotó.

La ayuda del Gobierno nacional

Al defender el proyecto, Luenzo hizo un repaso por la asistencia brindada desde el Gobierno nacional, con “una inversión de casi 700 millones de pesos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y brigadistas de toda la Argentina”.

También mencionó el Programa “Casa Propia-Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “la adquisición de 350 viviendas precarias o de rápida ejecución para las familias que se han quedado en la calle y con lo puesto”. Y habló de “170 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de las redes de agua potable y energía”.

Por último, informó que la ANSES dispuso que en Cushamen las jubilaciones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, y se duplicará por un mes el monto de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, lo que hace a una erogación total de 52 millones de pesos.

Qué dice el proyecto aprobado

La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

La Coalición Cívica ARI exigió la inmediata intervención del Gobierno Nacional para controlar los focos de incendio y asistir a la población en la Patagonia, advirtió sobre el recorte del 50 por ciento en el presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y realizó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, detalle cuáles son las acciones concretas para atender esta situación.

“Debido a la gravedad de la situación que se está desarrollando, exigimos que de manera inmediata se garantice el alojamiento, la provisión de agua potable y víveres para la población evacuada en las zonas más afectadas, y que se publique un informe detallado acerca de los daños producidos, cantidad de evacuados, heridos, víctimas y personas que hasta el momento no hayan podido ser localizadas”, afirmó. Desde la Coalición Cívica, manifestaron su preocupación por los graves incendios que azotan diferentes puntos de nuestro país.

“Lamentablemente estos hechos, que se desarrollan cada vez con mayor frecuencia, destruyen ecosistemas, hogares y fuentes de trabajo. Sólo en los últimos dos meses, el fuego arrasó con 40.680 hectáreas, afectando seis provincias, con un especial énfasis en las provincias de Río Negro y Chubut, donde aún existen importantes focos sin controlar”, afirmaron.

“Estos hechos no son nuevos, sino que se vienen repitiendo año tras año, acentuados por el cambio climático, y requiriendo una respuesta más eficiente por parte del Estado. En este sentido, observamos con preocupación que el Gobierno nacional haya dejado de utilizar, en el 2020, el 35,5% de las partidas presupuestarias destinadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y que se haya previsto un recorte del 50% en el presupuesto destinado al mismo para este año”, indicaron autoridades partidarias nacionales y provinciales, el bloque de diputados nacionales de la CC ARI e integrantes de la Mesa Nacional.

Asimismo, la CC ARI presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible detalle cuáles son las acciones concretas que el Gobierno desarrollará para atender esta situación.

“Es prioritario, a su vez, que se diseñe un plan de ayuda social y financiera para las personas afectadas por los focos de incendio de la última semana en las provincias de Río Negro y Chubut,con especial foco en aquellos hogares donde residieran niños y niñas menores de edad”, señalaron.

“Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la restauración ecológica de los ambientes dañados. Consideramos que el Gobierno nacional debe adecuar las partidas presupuestarias destinadas a financiar el Sistema Federal del Manejo del Fuego, a los fines de poder prevenir y hacer frente con celeridad y el equipamiento adecuado a los incendios que fuertemente afectan al desarrollo de nuestro país y atentan contra la vida y el sustento de los argentinos y argentinas”, aseguraron.

Desde la CC ARI, señalaron que “sin el debido presupuesto garantizado por ley, el Gobierno no solamente será incapaz de controlar los nuevos focos de incendio, sino que además se convertirá en su cómplice silencioso”.

“El cuidado de la vida, la salud y el ambiente debe ser prioridad para cualquier Gobierno. Para salir adelante como país y tener una política de desarrollo serio, interdisciplinaria y con criterios de sostenibilidad, debemos asegurar una adecuada protección y previsiones ante las posibles amenazas a la integridad de los ecosistemas esenciales que albergan la riqueza invaluable de nuestra tierra y que son nuestra fuente de vida”, finalizaron.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos reclamó que la Justicia avance en las investigaciones para encontrar a los presuntos responsables de los incendios en la Comarca Andina, luego de que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, presentara una denuncia penal.

Un proyecto de la legisladora busca establecer un régimen sancionatorio especial contra el incumplimiento de las leyes que protegen a los bosques, con penas de entre dos y diez años de prisión. El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, según un informe del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

“El año pasado presenté un proyecto para establecer un régimen sancionatorio especial en casos de destrucción de bosque nativo. Ojalá podamos avanzar en su sanción. Los responsables de estos crímenes deben ser castigados con todo el peso de la ley”, aseguró la legisladora.

Su iniciativa busca establecer modificaciones al Código Penal incorporando el artículo 186 bis, para disponer un régimen sancionatorio contra el incumplimiento de las leyes que apuntan a impedir la eliminación de la vegetación mediante el uso irresponsable del fuego.

Estas normativas son la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331), de Sistema Federal de Manejo de Fuego (Ley 26.815) -que se modificó el año pasado por un proyecto de Máximo Kirchner- y de Presupuestos Mínimos para Control de Actividades de Quema (Ley 26.562).

El proyecto, que dialoga con el artículo 41de la Constitución Nacional y con la Ley  General del Ambiente (Ley 25.675), fija penas de entre dos y diez años de prisión y multas para quienes violen las leyes anteriormente mencionadas, de forma intencional y ocasionando “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”. 

Además, si hubiera peligro para la vida, el máximo de pena será de doce años. Si se produjera la muerte de una o más personas, el máximo de pena será de veinticinco años de prisión. Las sanciones son aún más severas en los casos en los que sean funcionarios públicos quienes estén implicados en este delito.

“Afortunadamente el año pasado, por iniciativa de Máximo Kirchner, aprobamos la Ley de Manejo del Fuego para proteger a los ecosistemas frente a los incendios. Esos terrenos incendiados, gracias a esa norma, no podrán ser vendidos”, remarcó Vallejos.

Vallejos destacó la denuncia penal que presentó el miércoles el ministro Cabandié en el Juzgado Federal de Esquel para que identifique y castigue a los responsables de los incendios de la Comarca Andina.

“Como advirtió el ministro Cabandié al explicar el fundamento de la denuncia penal ‘porque el fuego es intencional’, la tasa de deforestación que estamos sufriendo implica que, en 70 años, nos quedaremos sin bosque nativo”, alertó la diputada.

Ante los incendios en La Patagonia, la diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) exigió al Gobierno nacional que “destine de manera urgente recursos y fondos” tanto para contener los focos activos como para asistir a los damnificados por las enormes pérdidas materiales. También pidió avanzar en la regulación de los delitos ambientales en el Código Penal, al considerarlo “una deuda del Congreso de la Nación”.

“Si tuviéramos una Justicia especializada en materia ambiental no haría falta que el ministro de Ambiente anuncie que va a presentar una denuncia penal por incendios intencionales, sino que la Justicia actuaría de oficio. Es necesario tipificar figuras penales y contar con recursos judiciales especializados que den respuestas firmes ante estos lamentables hechos”, destacó Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

En este sentido, insistió en que “en nuestro país no existen figuras lo suficientemente claras en el Código Penal que consideren delitos a muchas de las acciones que estamos viendo hoy en el sur de la Argentina”. También remarcó la urgencia de avanzar con las propuestas presentadas en el Congreso que recuperan el anteproyecto de reforma del Código Penal y buscan crear un capítulo completo de delitos ambientales.

“Nuestro país tiene una gran dispersión en legislación ambiental y las sanciones administrativas previstas no son suficientes para alentar su cumplimiento. Por eso en octubre presentamos un proyecto de ley sobre delitos contra el ambiente, recuperando gran parte el proceso de reforma del Código Penal iniciado en 2017, con el objetivo de contar con una legislación penal sistematizada y coherente que brinde respuesta a las reiteradas afectaciones -intencionales o negligentes- a los bienes colectivos que conforman el ambiente”, señaló.

La diputada radical, que a fines de 2020 denunció públicamente en el Congreso el intento de recorte a la mitad los fondos destinados a combatir los incendios, presentó en febrero pasado un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre la “disponibilidad total de recursos” del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y las acciones impulsadas por el Ministerio de Ambiente para evaluar las áreas afectadas tras las recientes modificaciones introducidas en la Ley de Manejo del Fuego por iniciativa del diputado Máximo Kirchner.

En este contexto, volvió a advertir sobre la “catástrofe ambiental” que representan estos gravísimos incendios que se replican en distintos puntos del país y afectan ecosistemas estratégicos. De hecho, desde el arranque de 2021 y hasta el 20 de febrero último la superficie afectada en el país por el fuego se calcula oficialmente en 40.680 hectáreas, a lo que deben sumarse ahora los gravísimos focos de Chubut y Río Negro.

“Decían que los cambios en la ley de Manejo del Fuego eran necesarios para frenar los incendios intencionales y especulativos. Nosotros advertimos que, además de ser regresivos en materia ambiental y resultar difícilmente aplicables, no prevenían incendios, sino que apuntaban a legislar sobre las cenizas. Los lamentables incendios que continuaron a pocos días de esta supuesta ‘solución legal’, dan cuenta de ello”, remarcó Austin.

Y agregó: “Tenemos ya muchas leyes testimoniales en este país en materia ambiental, lo que necesitamos es que se cumplan. Para ello debemos trabajar en la prevención, el control, la disposición de recursos con un piso mínimo de inversión en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la creación de una Justicia especializada en materia ambiental y la introducción en el Código Penal de un capítulo específico para delitos ambientales”.

En medio de la dramática situación que se vive con los incendios en la provincia de Chubut, los senadores Gladys González (Pro) y Alfredo Luenzo (FdT) reclamaron durante la sesión de este jueves darle pronto tratamiento a proyectos que proponen incorporar delitos contra el ambiente en el Código Penal.

Al momento de pedir mociones de preferencia, González, titular de la Comisión de Ambiente, lamentó que “Argentina está en llamas otra vez” y “esta vez le toca a la Patagonia… es tremendo lo que estamos viendo, viviendo y presenciando, y tenemos enorme responsabilidad sobre ello de actuar”.

“El año pasado lo vimos en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe, en todo el delta del Paraná”, resaltó y precisó que, según la cuenta que lleva el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya “son más de un millón cien mil hectáreas las que se quemaron a noviembre del año pasado”, lo que equivale “a 55 veces la Ciudad de Buenos Aires en superficie. Es sumamente grave”.

La macrista recordó que el año pasado se trató la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, algo que desde Juntos por el Cambio consideraron “inaplicable y que no era una solución para lo que tenemos que enfrentar”. En ese sentido, apuntó a la necesidad presupuestaria para contar con más “brigadistas, aviones, acompañamiento”.

La legisladora bonaerense opinó que “no es suficiente con la presencia del ministro de Ambiente (Juan Cabandié); tenemos que darle recursos para que pueda actuar”. Y agregó que se necesita por parte de la Casa Rosada “la decisión política de poner los fondos”.

“Lo que sí podemos hacer desde el Congreso es avanzar en legislación donde tenemos deuda”, sostuvo González y pidió debatir su proyecto para “incorporar los delitos ambientales al Código Penal”.

En la misma línea, Luenzo enfatizó que es una “tragedia la que estamos atravesando en la comarca andina”, donde el fuego se generó por “distintas causales” y es “un tema que hay que investigar”.

Pero precisamente sobre ello, el chubutense señaló que existe un “vacío legal” a resolver, y reivindicó que en 2018 junto al fallecido Fernando “Pino” Solanas “trabajamos mucho una ley que no tuvimos posibilidad de poder darle tratamiento parlamentario”.

Ahora, el senador dijo que se insiste con el mismo proyecto, que busca establecer “penas severas, ejemplificadoras, para quienes cometan delitos en contra el ambiente”.

Sobre la iniciativa, detalló que se prevé “prisión de dos a seis años por daño o alteración de suelos, atmosfera, agua; prisión de dos a seis años también por destrucción o daño de bosques, glaciares y humedales”. Y, además, si ese incendio “causa la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años”.

“Nosotros tenemos 12 personas desaparecidas, no sabemos que pasó. Sin lugar a dudas estamos convencidos, y lo ha reconocido el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que hay causales y elementos que nos hacen sospechar que cuatro focos de manera coincidente, en un determinado horario del día, con vientos intensos y un calor donde la naturaleza estaba crocante, eso no es casualidad. Y en el mismo momento también en la provincia de Río Negro, en el El Bolsón”, explicó el oficialista.

Luenzo indicó que “se han consumido 40 mil hectáreas solo en esa comarca”, por eso a la Justicia hay que darle herramientas y “tenemos que ahondar en el Código Penal para que realmente sea ejemplificador”.

Asimismo, el legislador apuntó que el proyecto estima sanciones para “los funcionarios que miran para otro lado o que falsean cuando pedimos informes de impacto ambiental”.

Por otra parte, Luenzo propuso “declarar zona de desastre y emergencia por 180 días prorrogables en el departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut, y la zona de El Bolsón, en el departamento de Bariloche, en la provincia de Río Negro”.

Esto consideró será una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda brindar “asistencia financiera especial” y respecto a “los vencimientos de carácter tributario, prorrogarlos, y que no afectemos a las unidades productivas”.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley en la Cámara alta para incorporar el delito de ambiente y la naturaleza en el Código Penal. Así lo anunció luego de los voraces incendios en Chubut y Río Negro, por los que el Gobierno nacional impulsará una denuncia penal.

El proyecto de Luenzo fue acompañado con su firma, además, por las senadoras Nancy González y Silvina García Larraburru junto a sus pares Mario Pais, Alberto Weretilneck y Claudio Doñate.

“Hay una laguna legal hoy en día que no puede continuar porque mientras eso siga se van a repetir esas trágicas imágenes que vemos hoy en la Patagonia”, sostuvo Luenzo al respecto.

Además, subrayó que “tenemos que cambiar del actual modelo de protección indirecta que tiene hoy el ambiente a un modelo tipificado, específico” para “dar herramientas muy precisas a la justicia y se sancionen estos delitos que son muy graves”.

En relación al proyecto, el legislador nacional explicó que “se está recuperando el espíritu de una propuesta de Pino Solanas de 2019 y que perdió estado parlamentario”.

“Se incorpora este delito al Código Penal e incorpora penas duras para garantizar el mandato del art 41 de la Constitución nacional y se sumará a la nueva Ley de manejo del Fuego”, cerró.

Con dolor vemos las imágenes del bosque andino patagónico consumido por el fuego. Temperaturas extremas que rompen récords históricos y falta de humedad se convierten en un cóctel explosivo. Sin embargo, nada de esto fue imprevisto. Las condiciones meteorológicas se anticipaban hace semanas y nada se hizo para preparar el sistema de alerta temprana y contener a tiempo.

Durante 2020 y mientras Córdoba se quemaba sin contar con los recursos necesarios para combatir el fuego, buscábamos impedir, en el Congreso, que el oficialismo recortara los fondos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de Riesgos de Desastres. Luego vino el debate por la ley del fuego, que en honor a la verdad debería llamarse la “ley del humo”. Una ley que vendieron como herramienta para disminuir los incendios especulativos, pero lo único que hace es legislar sobre cenizas. Una ley que, además, baja la protección a perpetuidad que tenían los bosques -patagónicos entre otros- para poner, en cambio, un plazo mucho menor del que necesitan para recomponerse.

Vender humo, construir relatos, pero nunca anticiparse, preparase, construir políticas públicas efectivas. Ese no puede ser el camino para enfrentar estos retos.

Voy a decir una obviedad: el cambio climático también nos afecta a nosotros como país. Sin embargo, no estamos pensando en acciones reales de mitigación (reducir emisión de gases de efecto invernadero), ni adaptación (reducir nuestra vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático). La resiliencia de las ciudades, un tema clave a nivel global, en la Argentina está completamente ausente. Preparar las ciudades para el impacto del cambio climático salva vidas. Sin embargo, ver cómo recortan a la mitad el fondo para el Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres es sólo un botón de muestra que refleja la miopía de quienes están gobernando.

Los problemas son complejos, las soluciones también. De mínima: equipen a los bomberos; inviertan en infraestructura necesaria; acuerden, diseñen y ejecuten programas de alerta y respuesta temprana que potencien la colaboración de las jurisdicciones antes de que sea tarde; y dispónganse a tratar los proyectos que crean las figuras de delitos penales ambientales. Y, luego, trabajemos en las acciones del mediano plazo para que las urgencias que se estampan como bichos contra el vidrio no nos impidan ver a dónde queremos ir y qué tenemos que hacer para revertir los problemas estructurales.

No es “la Argentina”, como dijeron en el Ministerio de Ambiente con resignación para justificar la falta de recursos. Es el modo en el que eligieron gobernar. No es con humo el camino, es con decisión política de priorizar, en serio, la defensa del ambiente.

Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el Frente de Todos pasó a la firma el dictamen del proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego, con el fin de prohibir cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios.

Pese al pedido de Juntos por el Cambio de dar más tiempo al debate y convocar a distintos sectores para que den su opinión, además de incorporar otra comisión al análisis, el oficialismo se mantuvo firme en su decisión de avanzar de inmediato con la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (FdT), explicó al abrir la reunión los puntos del proyecto y dijo que este año “la Argentina ardió en llamas”, y recientemente en su provincia, Corrientes, hubo “varias localidades tuvieron focos de incendios”, destacándose la situación en la localidad de Virasoro. “Es sumamente necesaria (esta ley) porque tenemos que proteger nuestro medioambiente”, afirmó.

Por Juntos por el Cambio, la macrista Gladys González repasó todos los argumentos en contra de la iniciativa. “Lejos de cumplir con el objetivo de proteger, es contrario al principio de no regresividad. La Ley de Bosques no habla de plazos, sino que protege a perpetuidad, y este proyecto lo que hace es ponerle un plazo. Estaríamos retrocediendo en la protección”, señaló.

La titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable remarcó además que la iniciativa “avanza sobre facultades provinciales”, porque “prohíbe usos que en realidad son las provincias las que tienen que determinar, en función de una categorización general, así que es claramente inconstitucional”.

También criticó que “no distingue entre los incendios provocados y los accidentales o naturales”, por lo que apuntó que con su aplicación se podría hacer “pagar al dueño de un terreno por un incendio que provocó otro”.

González enfatizó que la iniciativa tiene características de “inconstitucionalidad, desproporcionalidad, injustificación, no protección”.

“Avancemos en la Ley de Humedales, pongámosle presupuesto a Ley de Bosques y a la Ley de Manejo del Fuego, pensemos proyectos juntos de prevención y mayor concientización sobre el tema, incorporemos delitos ambientales al Código Penal, pero no avancemos en esta norma que además de ser inconstitucional no soluciona el tema de fondo“, completó.

A su turno, el entrerriano Alfredo De Angeli advirtió que “un incendio en un campo muy pocas veces es que sea intencional”. En ese sentido, el macrista ejemplificó que “en un día de mucho calor, como hoy, un vidrio hace prisma y puede prender fuego un campo y sería injusto penalizar al dueño de un campo porque un vidrio prendió fuego”, o “una chispa de un caño de escape con 40 grados” que causa fuego al pasar un camión por un campo.

El legislador reclamó que se le dé giro a la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque “las mejores leyes son las más discutidas”. “Yo creo que esta ley no es buena”, agregó.

En tanto, la radical Silvia Giacoppo reclamó que el proyecto pase por asesores y habló de “la preocupación de muchos productores agropecuarios” al respecto. Por eso, la jujeña resaltó que “por la importancia, el impacto y algunos artículos que tiene, merece ser trabajado” y no dictaminarse sin antes “escuchar a las partes” y “discutir el tema como amerita”.

Almirón defendió entonces que el proyecto no haya pasado por asesores, dado “el trabajo fructífero del Senado”, donde “ya no teníamos tiempo” porque “está colapsado el horario, porque todas las comisiones pidieron trabajar”.

En defensa de la iniciativa, la santafesina María de los Ángeles Sacnun destacó que la ley tiene como objetivo “defender los derechos medioambientales y colectivos de toda la sociedad”. “Como en toda ley existen tensiones y distintos intereses a proteger. Es lógico que haya que escuchar a los intereses particulares, pero hay derechos colectivos, protegidos expresamente por la Constitución Nacional”, manifestó la oficialista.

En la misma posición que sus pares, el macrista Esteban Bullrich llamó a dar “una discusión más profunda” y “escuchar más voces”, porque “esta norma tiene problemas”. “La velocidad es importante, pero la calidad también, sobre todo cuando hablamos de leyes. No entiendo que estemos sacando una ley de cualquier manera; la podemos corregir, para eso somos cámara revisora”, subrayó el bonaerense.

Durante el debate, el chubutense Mario Pais aseguró que la iniciativa se da “en función de la manda constitucional del artículo 41” y negó que se esté “avanzando sobre las facultades provinciales”. “Esta ley está estableciendo una suerte de restricciones administrativas sobre superficies en el marco de las potestades que tiene la Nación y las provincias”, indicó el oficialista y argumentó que “apunta a dar una respuesta a una situación que ha sido verdaderamente emergencial”.

Finalmente, Almirón comunicó la decisión del Frente de Todos de avanzar con el dictamen y consideró que hubo “tiempo” de análisis porque “la reunión fue convocada la semana pasada” y “son solamente tres artículos que se modifican”.

“Es una herramienta de control positivo que tiende a desalentar los incendios intencionales”, expresó y abogó por el “trabajo conjunto”, tal como lo planteara su par Nora del Valle Giménez, entre la Nación y las provincias, porque “si no tenemos una aplicación efectiva en cada una de las provincias efectivamente la ley va a caer en saco roto”.

Qué plantea la iniciativa con media sanción

El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, de modo de establecer una serie de prohibiciones por el término de 60 años “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

De acuerdo al nuevo texto, no se podrá “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; y la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

Tampoco, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Todo ello “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”.
Además, se incorpora el artículo 22 ter que reza que esta prohibición “será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.

En tanto, el nuevo artículo 22 quáter se refiere a los incendios en “zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.

En esos casos, la prohibición será por 30 años y no se podrán realizar emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.

La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de ley que busca prohibir modificaciones en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios. La iniciativa, impulsada por el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, recibió 132 votos a favor, 96 en contra y 4 abstenciones.

El texto, de solamente 4 artículos, prevé una serie de incorporaciones a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el fin de impedir la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

El debate

Defendió en primer lugar el proyecto la ascendente diputada kirchnerista Daniela Vilar, quien valoró el tratamiento de las tres leyes que se debatían en este Día del Militante. “Tanto la desigualdad social, como la concentración de la riqueza, que son parte de este modelo económico, profundizan esta crisis ambiental que estamos hoy transitando”, señaló.

“No es para nada novedad decir que las crisis ambientales, las catástrofes ambientales afectan a toda la humanidad”, apuntó, y luego parafraseó a Evo Morales señalando que “no afectan de manera homogénea” esos conflictos “a toda la humanidad”. Y agregó que “las grandes potencias son las que producen sin duda los mayores conflictos ambientales, a costa de explotar los recursos de otras regiones, como la nuestra”.

Habló de la necesidad de aprobar esta reforma de la ley del fuego, pues hay más de 900 mil hectáreas incendiadas, con focos de incendios en 22 de las 24 provincias, y destacó que “el 95% de esos incendios fueron producto de la acción humana, ya sea intencional o por alguna distracción”. Aludió entonces a la especulación inmobiliaria y alertó sobre “la pérdida de humedales, con lo que eso significa”.

“Para poder prevenir la generación de incendios intencionales con fines especulativos, proponemos modificar la Ley de Manejo del Fuego”, dijo, sugiriendo “ampliar y especificar esas restricciones”. Con todo, aclaró que “no tenemos ni idea de cuánto tiempo va a necesitar recuperarse un bosque que fue intencionalmente incendiado”, en referencia a los tiempos impuestos por el texto de la norma. “A esta altura creo que es evidente que no se puede pensar en una política ambiental que esté desligada del modelo productivo, del modelo económico y del modelo social; con lo cual entiendo que debemos asumir un desafío: construir un nuevo paradigma, porque el que nos trajo hasta acá fue uno de exclusión, que genera pobreza. Tenemos que asumir un nuevo desafío que es construir un nuevo paradigma”, enfatizó, estimando que “con estas tres leyes que vamos a aprobar ahora estaremos asumiendo poder crear nuevos paradigmas, porque lo vamos a hacer con la valentía de poder mirar a los ojos a todos”.

La radical Brenda Austin habló a continuación como miembro informante del dictamen de minoría. “Es indudable que la crisis que atraviesa el mundo, del cambio climático, han logrado que muchos temas permeen en la agenda”, señaló, lamentando no haberse puesto de acuerdo con el resto de los diputados para sacar “una ley que sea efectiva, no efectista”.

“Estamos acostumbrados a ver al Frente de Todos andar por dos carriles: manejar por la izquierda y por la derecha, pero no por la Panamericana; es increíble cómo construyen tantos discursos de acuerdo con el público que los está escuchando”, sostuvo. Y alertó sobre “la disociación entre lo que dicen y las leyes que hacen votar”, destacando que “equivocan la herramienta”, pues “estamos hoy ante una norma que es regresiva en materia ambiental”, pues “perjudica a los bosques nativos en la Argentina. Queremos como ustedes que se terminen los incendios especulativos, que los ecosistemas tengan tiempo para recomponerse; pero también queremos encontrar a los responsables y que respondan con toda la fuerza de la ley”.

Austin señaló que “no hay duda que para enfrentar los incendios necesitamos presupuesto, previsión e institucionalidad; nada de eso aporta esta norma hoy”. Y sobre el final sostuvo que “el problema de legislar solo para la tribuna genera estos problemas, de que decimos una cosa, pero estamos sancionando una norma que perjudica al ambiente”.

“Según el proyecto, ante un incendio accidental, el propietario de un campo no solo debe lidiar con las pérdidas ocasionadas por la naturaleza, sino que no puede disponer del uso del suelo para otra actividad productiva que pudiera cubrir las pérdidas ocasionadas por el fuego; sin duda alguna un avasallamiento al derecho de la actividad privada… Parece que el proyecto desoye que ninguna norma de carácter nacional ambiental puede restringir ni alterar las facultades no delegadas por las provincias a la Nación”, sostuvo por su parte la diputada del MPN Alma Sapag, habitualmente alineada con el oficialismo, pero que en este proyecto -como con el de aporte solidario, en esta misma sesión- se manifestó en contra. La provincia de Neuquén, agregó, “cuenta con una gran extensión de su territorio cubierta de bosques, por lo que para nosotros es muy importante frenar las quemas indiscriminadas, pero toda acción debe realizarse de acuerdo a lo normado en la Ley 26.331 y a los parámetros de nuestro país sobre la protección medioambiental, pero guardando las facultades y derechos de las provincias de acuerdo con la Constitución nacional”.

Sí se manifestó a favor en cambio la izquierda: “Vamos a acompañar esta ley, pero después el problema que se cumpla, y eso lo tiene que hacer el Gobierno, y lo tenemos que obligar a hacerlo con la movilización independiente de las organizaciones ambientales -expresó la diputada Romina del Plá cerca de las 5 de la madrugada-. Porque la cooptación de las organizaciones ambientales solo sirven para frenar los reclamos y terminar diciendo que puede haber una minería contaminante amigable con el ambiente. Eso lo hemos escuchado decir al ministro de Medio Ambiente de la Nación. Increíble”.

“Este proyecto legisla sobre las cenizas y crea culpables”, sugirió Maximiliano Ferraro, para quien el proyecto pretende establecer “que todas las personas son culpables de los incendios; no importa si fue un rayo, si fue un incendio que viene recorriendo kilómetros, si fue el Estado, si se cae una línea eléctrica… Unos y otros parece ser que cargan por igual con la consecuencia que establece esta ley: los pequeños productores, las poblaciones rurales, los que viven en los territorios serán los más afectados por la irracionalidad de esta norma”.

En el final del debate, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, rechazó lo expresado por Ferraro. “Todo lo que vinieron a proponer fue un sistema para dar un poco más de recursos al sistema para apagar el fuego”, dijo en respuesta a lo antedicho, “si eso no es legislar sobre las cenizas, que alguien me explique porque han puesto todo tipo de excusas para que no lleguemos al acuerdo necesario”. El legislador del Frente de Todos destacó la militancia de “les pibis” (SIC) que “vinieron a decirnos a todos nosotros que “no queremos ser más esa humanidad, y nos tenemos que hacer cargo”.

“Vinimos a hacernos cargo de la crisis económica y social que dejaron 4 años de gobierno neoliberal, miren si no vamos a agarrar banderas de lucha de tantos años en la Argentina; gobernamos el país en pandemia… Nosotros tampoco queremos ser esta humanidad, vamos a transformarlo todo”, enfatizó.

Sobre el final, señaló respecto del rechazo de Juntos por el Cambio que, como recordó que dijo en la comisión Graciela Camaño, “esta ley tiene un problema para Juntos por el Cambio: lo que les molesta es que esta ley lleve como autor a Máximo Kirchner… Les molesta el apellido. A nosotros nos da orgullo”.   

Sobre el final, Grosso encendió los ánimos al embestir contra la principal oposición en duros términos: “El problema es que es incompatible ser neoliberal y ambientalista… Es incompatible ser de Cambiemos y ambientalista. Aunque la mona se vista de seda, mona queda, y aunque el secretario de Ambiente se vista de árbol…”, señaló entre los gritos airados de los diputados de JxC.

Y cerró afirmando que el Frente de Todos “vino a hacerse cargo del desastre que dejaron” y concluyó afirmando que “el fuego va a dejar de ser un negocio”.

Qué establece el proyecto

El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, de modo de establecer una serie de prohibiciones por el término de 60 años “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

De acuerdo al nuevo texto, no se podrá “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; y la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

Tampoco, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Todo ello “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”.

Además, se incorpora el artículo 22 ter que reza que esta prohibición “será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.

En tanto, el nuevo artículo 22 quáter se refiere a los incendios en “zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.

En esos casos, la prohibición será por 30 años y no se podrán realizar emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.

Con dudas sobre la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el oficialismo intentará aprobar este martes el proyecto de ley que crea un aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

El denominado “impuesto a la riqueza” será el principal tema de la sesión, convocada para las 12, donde también se tratarán la “Ley Yolanda” de capacitación en medioambiente y una modificación de la Ley de Manejo del Fuego para evitar el cambio de uso de tierras incendiadas.

Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían obras.

La incógnita que aun no terminó de develarse es si Massa podrá presidir la sesión, ya que continúa con aislamiento preventivo luego de realizarse un hisopado -que dio negativo- debido al dudoso contagio del jefe de la misión del FMI en Argentina, Luis Cubeddu.

El primer hisopado de Cubeddu dio positivo, pero el segundo dio negativo, por lo que se realizará un tercer estudio para determinar si efectivamente se contagió de coronavirus o no.

Massa espera que ese tercer resultado dé negativo, o que en su caso resulte positivo el test de anticuerpos, para poder conducir la sesión desde el recinto, pero si ninguna de esas dos cosas sucede, continuará aislado y el debate quedará a cargo del vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro).

Los detalles de la sesión se definirán a las 11 en una reunión de Labor Parlamentaria y se espera una jornada extensa dado el tenor de los temas, sobre todo el proyecto de aporte solidario impulsado por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, en tándem con Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar la iniciativa y girarla al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.

También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.

En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.

La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.

La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.

Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.

El Frente de Todos bloqueó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de la diputada Brenda Austin (UCR) que busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales.

El oficialismo impuso su mayoría -con 16 firmas contra 11 de la oposición- para rechazar la iniciativa en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos).

El proyecto de Austin, presentado hace unas semanas, propone destinar el 0,02% del Presupuesto Nacional para la prevención y el combate de los incendios.

La autora advirtió que el Presupuesto 2021 preveía originalmente “un recorte de más del 50% en los fondos destinados al Sistema del Manejo del Fuego”, además de “un recorte de las metas físicas”, como la reducción de horas de vuelo de aviones hidrantes.

Esa merma fue subsanada con una modificación en el dictamen, por la cual se agregó como fuente de financiamiento “una contribución obligatoria del tres por mil (3‰) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”.

Sin embargo, Austin consideró que esa modificación “no es el mejor camino” y pidió “que el Estado sea el que ponga los recursos”.

La cordobesa sostuvo que su propuesta “no va en sentido contrapuesto” al dictamen del Presupuesto 2021, e insistió en la necesidad de “contar con un piso mínimo de protección, que además supera con creces los fondos que tuvimos el año pasado”.

Desde el oficialismo, el puntano Karim Alume Sbodio fundamentó el rechazo, al considerar que el proyecto “es incompatible con el dictamen del Presupuesto”, que es “ampliamente superador”, y además habló de “diferencias en la técnica legislativa”.

El oficialismo y bloques minoritarios de la oposición avanzaron este lunes con el proyecto del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.

La iniciativa recibió dictamen favorable con 17 firmas en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos), y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.

Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Por un agregado propuesto por Graciela Camaño (Consenso Federal), el plazo de 60 años será “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia”.

Con nueve firmas plasmadas en un dictamen alternativo, Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa por considerar que es un retroceso respecto de las leyes vigentes porque “viola” el principio de progresividad y no regresividad ratificado en el Acuerdo de Escazú, y además no distingue entre incendios accidentales e intencionales.

El debate

Al abrir el debate, Grosso sostuvo que “hoy mientras debatimos esta modificación de la Ley de Manejo del Fuego hay cuatro provincias que siguen teniendo focos activos, y se calcula que casi 900.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego”.

Además, el legislador advirtió que “el 95% de estos focos de incendio son el resultado de la acción humana”.

En defensa de la propuesta de ley, Daniela Vilar (Frente de Todos) aclaró que se busca atacar los incendios intencionales que tienen como objetivo “deforestar esas áreas con fines especulativos u inmobiliarios”.

Lo que se intenta, explicó Vilar, es prohibir el cambio en el uso posterior de la tierra para permitir “la restauración y la biodiversidad de los ecosistemas”. “Si hay tierras que ya tenían un destino (previo al incendio), como por ejemplo, la construcción de viviendas sociales, se podrán hacer sin esperar ningún tiempo”, aclaró.

La oficialista insistió en que esta ley “puede cambiar rotundamente el accionar de los lobbys inmobiliarios”.

Desde la oposición, Josefina Mendoza (UCR) alertó que el proyecto “no crea una mayor protección ambiental, sino que la disminuye”, ya que en el caso de los bosques nativos prohíbe el uso del suelo por 60 años posteriores a los incendios, cuando la Ley de Bosques “establece perpetuidad”.

Mendoza también señaló que “las áreas naturales también ya están protegidas por la Ley de Parques Nacionales”, y por otra parte cuestionó que el proyecto “no distingue entre incendios intencionales y accidentales”, y “se criminaliza al propietario de la tierra sin indagar en la culpabilidad”.

Otro radical, Fabio Quetglas, reconoció que “hay que combatir la especulación” pero sostuvo que “esta es una norma punitiva que se propone discursivamente solucionar el problema, pero no lo va a solucionar, porque el problema no está en la intencionalidad de los agentes sino en el contexto en que estos incendios se desarrollan”.

Quetglas afirmó que “los cambios (en el uso de la tierra) muchas veces pueden ser en favor de los ecosistemas, no necesariamente son en contra”, y coincidió con Mendoza en que “no puede ser que en una norma pongamos en idéntico rango los incendios accidentales y los intencionales”.

El oficialista Eduardo Fernández informó que de las 900.000 hectáreas incendiadas, 300.000 son de su provincia, Córdoba. “Nunca hemos dicho que esta ley va a solucionar todo. Estamos pensando en una medida urgente para este ecocidio”, señaló, y le respondió a Quetglas que “estas medidas no son punitivas, son de resguardo”.

Fernández consideró además que los funcionarios deberían recibir una “educación ambiental”, y subrayó que “hace falta dar una señal clara de que a través del Estado no vamos a permitir más la especulación”.

Grosso a Juntos por el Cambio: “Están defendiendo a los sectores que prenden fuego la Argentina”

Por su parte, José Luis Ramón, jefe de Unidad Federal para el Desarrollo y cofirmante del proyecto, sentenció que “el tiempo de los proyectos tibios ya terminó. Estamos frente a un problema ambiental, y en segundo lugar económico”.

“No es el pequeño productor el que ahora se beneficia con las quemas y los desmontes, sino los grandes emprendimientos inmobiliarios o agrícolas”, dijo, y agregó que “todos los años aparecen incendios en los mismos lugares y jamás aparecen los culpables”.

En tanto, Gabriela Cerruti (Frente de Todos) destacó que el Presupuesto 2021, que se tratará este miércoles, destinará “1.725 millones de pesos” al combate del fuego, gracias a un aumento que se incorporó en el debate en comisión.

A continuación, Brenda Austin (UCR) expresó: “Compartimos la intención y la preocupación, pero hay una disociación entre la herramienta y los objetivos. Esta no es la herramienta adecuada”.

La vicepresidenta de la comisión retomó el argumento de que los bosques nativos hoy están protegidos con la prohibición “perpetua” para el cambio de uso posterior a los incendios, cuando el proyecto establece un plazo de 60 años.

“Cuando hablamos de estándares ambientales siempre hay que ir por más, no por menos”, dijo Austin, y lamentó que “lo que están demostrando es que una mayoría circunstancial puede violar el principio de progresividad”.

Camaño, que acompañó la iniciativa de Máximo al igual que Ramón, se sinceró: “El problema de este proyecto es el autor, porque cualquier análisis que se haga de esta ley va a ser con un prisma absolutamente prejuicioso”.

La diputada de Consenso Federal recordó que en materia ambiental no puede haber retrocesos porque eso está consagrado en tratados internacionales, y que de lo contrario la Justicia “los hará valer” con una eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley.

Hacia el final, Grosso retomó las palabras de Camaño: “Digan la realidad: el principal problema que encuentran en este proyecto es el autor. Dejen esa mezquindad política de lado y démosle una herramienta al Estado”.

“Están defendiendo a los sectores que prenden fuego la Argentina y no lo pueden decir. Ustedes pretenden que el Estado esté al servicio del mercado”, remató el presidente de la comisión.

Aguará guazú

En la reunión también recibió dictamen favorable un proyecto de Mario Arce (UCR-Formosa) para declarar “monumento natural” a la especie “aguará guazú” (Chrysocyon Brachyurus), que se encuentra en peligro de extinción.

El proyecto prohíbe la comercialización, caza total o captura del aguará guazú en todo el país.

Arce precisó que esta especie “se encuentra en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe”, y advirtió que sufre “la destrucción de su hábitat, los peligros de las rutas y caminos, y el comercio ilegal”.

Por eso, consideró que se necesita un “marco legal de protección absoluta” para este animal y recordó en ese sentido que “hay legislaciones provinciales que han avanzado en esta línea”.

El diputado también destacó que se reunieron “más de 36.000 firmas” en la plataforma Change.org para impulsar la protección del aguará guazú.

Uso del agua

La comisión dictaminó a favor de un régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua, propuesto por Brenda Austin (UCR).

La legisladora explicó que la iniciativa “busca la reducción de uso del agua en los baños, especialmente en los edificios públicos”, e informó que “los baños representan en el mundo el segundo factor de consumo de agua doméstico”.

El proyecto, indicó Austin, dispone “que en los pliegos de las licitaciones se establezca la exigencia de contemplar dos botones con distintos tipos de descarga para los baños públicos, lo que permitirá ahorrar más de un 40% de agua”.

La comitiva de diputados que viajó a Bolivia para observar las elecciones del último fin de semana quedó varada en ese país por un paro de aeronavegantes y, como consecuencia, se suspendió la reunión de la Comisión de Recursos Naturales donde iba a tratarse el proyecto de Máximo Kirchner sobre prevención de incendios forestales.

El encuentro virtual había sido convocado para este miércoles a las 18 por Leonardo Grosso (Frente de Todos), quien integró la delegación junto a sus pares Paula Penacca y Federico Fagioli, también varados en Bolivia.

Fuentes parlamentarias aseguraron que la reunión se realizará la semana que viene, ya que el oficialismo tiene intenciones de avanzar con el proyecto que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.

La iniciativa presentada por el jefe del bloque propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.

En la reunión suspendida también iba a tratarse otro proyecto para declarar Monumento Natural a la especie aguara guazú, y un régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua.

Confederaciones Rurales Argentinas expresó su “enorme preocupación” ante el avance de un proyecto de ley de modificación de la ley conocida como manejo del fuego (Ley 26.815), a través del cual se generan sanciones gravísimas para los productores titulares de la tierra que sufren un incendio, que se suman al hecho de ver quemados sus campos, advierte la entidad.

Sostiene CRA que el proyecto en cuestión no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio. Es decir, “se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble”.

Se trata de una modificación de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Estas modificaciones implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

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“Llama la atención la manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”, expresó la entidad a través de un comunicado, en el que advierten que “cuesta entender la razonabilidad política del proyecto que parece inspirarse en el desconocimiento de lo que sucede con los incendios, o peor aún por el desprecio a encontrar soluciones al verdadero problema de los incendios y sus causas reales”.

Sólo por mencionar unos ejemplos, Confederaciones Rurales recuerda que este año en la provincia de Formosa se han quemado más de 500.000 hectáreas, zonas de pastizales, montes bajos, sotobosques, producto de la sequía. En Córdoba, se han incendiado casi 200.000 hectáreas en su mayoría de zonas serranas sin valor productivo y mucho menos inmobiliario, zona de bosque nativo, aplicándose esta nueva ley sería muy difícil de reparar el sistema vegetativo que se quemó.

En ese marco, CRA instó a los diputados y senadores a “rechazar esta modificación normativa, carente de razonabilidad y con un doble castigo a quien ha sufrido un incendio, que, como se ha demostrado muchas veces obedece a la intencionalidad de terceros”. “Reformar una ley debe ser siempre la búsqueda de una norma superadora y no un acto de irracionalidad política fundado en prejuicios inaceptables”, advirtieron finalmente.

Consultado por varios senadores por los incendios que azotan a distintas provincias del país, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó que “el 95% de los incendios forestales son intencionales y sin embargo todavía no hay ninguna pena”.

“Evidentemente hay uno de los poderes que no está actuando conforme a las necesidades y ese es el Poder Judicial”, sostuvo.

El funcionario defendió que en 2019 el presupuesto para el Plan de Manejo del Fuego era de 245 millones de pesos y este año “lo subimos a 727 millones de pesos”, lo que representa un incremento del 260%.
Además, destacó que el área se pasó del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Ambiente, al cual “lo estamos dotando de más y mejores herramientas”.

“Hemos aumentado ostensiblemente el presupuesto”, insistió y sostuvo que “si efectivamente hay una emergencia no vamos a llamar a rezar, si no lo que vamos a hacer es ocuparnos del tema y el problema”.

Respecto a la ayuda para Córdoba, el ministro coordinador señaló que “se han enviado siete aviones, seis hidrantes y un avión observador”, y también el pasado 1ro. de octubre “la provincia requirió brigadistas” al Ministerio de Ambiente de la Nación.

Con la intención de visibilizar la problemática, los legisladores de Vamos Juntos impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su profunda preocupación por los focos activos de incendios que continúan afectando a más de nueve provincias de la Argentina.

Asimismo prevén manifestar su agradecimiento y solidaridad con cada uno de los bomberos que “arriesgan su vida en el esfuerzo por aminorar el daño de los incendios forestales”, los cuales ya se extendieron por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca.

En los fundamentos de la medida, los oficialistas explicaron que “el Servicio Nacional del Manejo del Fuego emite un informe diario en el cual se va actualizando día a día reportando el estado de los incendios que llevan tanto tiempo azotando a nuestro país, y si bien se han reportado que nueve provincias mantienen focos activos, resulta de extrema preocupación la situación en Córdoba y San Luis”.

Al mismo tiempo recordaron que el director de la Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Juan Cruz Molina, explicaron que “los incendios forestales ya quemaron alrededor de 191 mil hectáreas en la provincia” y consideraron que “este número impactante y verdaderamente tristísimo, lamentablemente, representa un ‘récord de los últimos 20 años’”.

“Para tomar noción de la gravedad de la situación, estamos cerca de llegar al doble del registro de los incendios de 2013, que habían sido 106 mil hectáreas y que se mantenía hasta este momento como la mayor cifra de las últimas dos décadas”, aseveró y remarcaron que “un incendio forestal ya de por sí genera un daño irreparable: en propiedad, en personas, en herramientas y oportunidades de trabajo, arrasando con todo a su paso en uno de los fenómenos naturales más violentos y difíciles de controlar cuando se salen de control”.

A su vez afirmaron que “es motivo de tristeza el daño irreparable que ha quedado ya marcado en la biodiversidad de Córdoba, en su paisaje, su superficie productiva, sus pastizales, sus bosques y su forestación” e indicaron que “debemos solidarizarnos con los departamentos Cruz del Eje, en el noroeste de nuestro país, y con Río Cuarto, en el sur, ya que mantienen dos focos activos de incendios contra los que incontables personas coordinan esfuerzos para poder paliar”.

Sobre esa misma línea, los diputados manifestaron que “más de 500 bomberos se encuentran trabajando sobre esos focos, pertenecientes a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y agentes del Plan Nacional del Manejo del Fuego; coordinando esfuerzos y haciendo entrega de su cuerpo para combatir nuestro patrimonio natural como país, nuestro verde, nuestros paisajes, y nuestro futuro”.

“Estos desastres ya no podemos llamarlos naturales. El 98% de los incendios que hoy nos azotan como país y que no podemos dejar de visibilizar por un segundo mientras sigan habiendo focos activos, fueron provocados por la mano del hombre”, señalaron y concluyeron afirmando que “debemos tomar esta oportunidad y esta tragedia para reflexionar todos sobre nuestra relación con la naturaleza, y el impacto que tiene en el presente y en el futuro cada decisión que tomamos”.

La medida lleva la firma de Natalia Fidel –como autora-, Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Hernán Reyes, Lucía Romano, Claudio Romero y Guillermo Suarez (VJ).

Este viernes se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios, una iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y que cuenta con el apoyo de Eduardo “Bali” Bucca (bloque Justicialista), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero), Graciela Camaño (Consenso Federal) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro).

Se trata de una modificación de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Estas modificaciones implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

Además, en el caso de tratarse de bosque nativos, estas prohibiciones podrán ser extendidas por más tiempo de acuerdo a lo que indique el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de cada provincia.

El objetivo de este proyecto no solo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria.

El proyecto lleva también las firmas de Leonardo Grosso, Daniela Vilar, Gabriela Estévez, Eduardo Fernández, Pablo Carro, Vanesa Massetani, Alejandra Obeid, Marcos Cleri y Elda Pértile, todos del Frente de Todos. Será debatido en comisiones y se espera la participación de todos los sectores involucrados y todos los espacios políticos para que sea debidamente analizado y enriquecido antes de su tratamiento en el recinto.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI solicitó que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, acuda a la Cámara de Diputados para brindar informes sobre el avance de los incendios y la implementación de la ley de manejo del fuego en nuestro país. También, le reclamaron al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para dar respuesta inmediata ante los preocupantes y extensos focos de incendio, especialmente frente a la situación crítica que atraviesa la Provincia de Córdoba, que fue señalada como uno de los diez incendios más graves del mundo. Es urgente la adecuada implementación de la ley de Manejo de Fuego, asignándole un presupuesto acorde a las funciones asignadas al Sistema Federal de Manejo de Fuego (SFMF).

Es importante destacar que el Sistema Federal de Manejo de Fuego (SFMF) fue creado por la Ley Nº 26.815/12. El Servicio Nacional de Manejo de Fuego es el organismo coordinador del SFMF y tiene como objetivos la protección del ambiente frente al daño generado por los incendios, el cuidado de la población ante los siniestros, la concientización frente al impacto del uso de fuego y fundamentalmente la articulación de mecanismos para que el Estado intervenga de manera eficiente, y la asistencia a los distintos organismos jurisdiccionales para la organización y coordinación a nivel federal. Es a través del Servicio Nacional de Manejo de Fuego que se despliegan los efectivos, vehículos, medios aéreos y recursos operativos para complementar a las jurisdicciones para la lucha contra los incendios.

La situación de los numerosos focos de incendios en nuestro país es alarmante. Según el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, actualmente doce provincias se encuentran afectadas por incendios. La superficie estimada afectada por incendios reportados en los últimos quince días arroja un total de 434.975 hectáreas, siendo la provincia de Entre Ríos la más afectada, seguida por Córdoba.

El presupuesto asignado para el corriente año, en lo que respecta a las actividades relacionadas al manejo de fuego, ha significado un 0,057% del total de la suma total adjudicada al ejercicio fiscal, lo que comprende el sistema aéreo de prevención y lucha contra incendios, el equipamiento de unidades regionales, la elaboración de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta, entre otros. En el año 2019, el presupuesto asignado para estas actividades representaba el 0,06% del presupuesto nacional, un incremento respecto del 0.05% de 2018.

La Coalición Cívica advirtió que a pesar de la situación crítica que atraviesa nuestro país a raíz de los mencionados incendios, para el ejercicio fiscal 2021 se prevé que tan solo un 0,04% del Presupuesto Nacional será destinado al manejo del fuego, lo que revierte la tendencia alcista evidenciada entre los años 2018 y 2019, lo que representa un porcentaje notablemente más bajo que el de los años anteriores. “Estos porcentajes evidencian la escasez de recursos destinados para el Sistema Nacional de Manejo de Fuego”, alertaron.

En este escenario, los diputados consideran fundamental destacar el rol que juega el cambio climático como agravante para los focos de incendios. La alteración que genera el aumento de temperatura media global provoca condiciones más secas que incrementan las probabilidades de incendio.

La diputada nacional por Córdoba Brenda Austin (UCR) lamentó este lunes las enormes pérdidas por los incendios en diferentes puntos de la provincia y advirtió que el Gobierno de Juan Schiaretti “no tiene capacidad de anticipación” para prevenir este tipo de tragedias socioambientales, ya que “no están los recursos, no está la preparación y no está el plan de contingencia”.

“Es recurrente esta historia de agostos secos y ventosos que terminan siendo disparadores de situaciones críticas. Pero también sentimos impotencia de ver un gobierno que no tiene la capacidad de pensar con anticipación: no están los recursos, no está la preparación y no está el plan de contingencia”, señaló la diputada en el marco de una charla virtual organizada por la Juventud Radical sobre el proyecto de ley de protección de humedales, del que es coautora junto a sus pares Ximena García y Gustavo Menna.

En este sentido, Austin señaló que, luego de días de trabajo de los bomberos, “simplemente llegó el mensaje de resignación de boca del propio gobernador diciendo que lo que se pierda materialmente se va a reconstruir, como si no hubiese allí un entramado de biodiversidad que realmente es irrecuperable”. En este contexto, la diputada destacó la tarea del cuerpo de bomberos voluntarios y su “enorme esfuerzo y entrega”.

“Las imágenes que estamos viendo de distintos puntos de la provincia hablan de esa verdadera tragedia y de cómo, ante la impotencia, se empiezan a tejer redes de solidaridad de vecinos y organizaciones para tratar de hacer frente a la desidia del Estado”, insistió y advirtió que estas quemas en la provincia podrían estar vinculadas a “la vocación de utilizar estos terrenos como zona productiva”.

En su presentación ante jóvenes del radicalismo, Austin trazó los principales lineamientos de la iniciativa de “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”, un proyecto que –remarcó- “es una deuda del Congreso de la Nación”, aunque puso en duda que haya “verdadera vocación” del oficialismo de avanzar con esta regulación para preservar este patrimonio natural y cultural y su diversidad biológica.

“Nosotros buscaremos acuerdos y esperamos que haya verdadera vocación por parte del oficialismo de tratar el tema. La intención es escuchar todas las voces, pero el giro a tantas comisiones nos genera sospechas. Nuestra responsabilidad es seguir manteniendo el tema en agenda”, advirtió.

Entre los principales objetivos del proyecto, se destacan la identificación de los humedales para garantizar su conservación, uso racional y sostenible; la protección de su valor y potencial estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático; el establecimiento de criterios de conservación y uso que tengan en cuenta su integridad ecológica y su dependencia del régimen hidrológico; la identificación y regulación de actividades que amenazan su integridad; el resguardo de los principios de no regresión, in dubio pro aqua y pro natura, preventivo y precautorio en favor de la protección de los humedales; el libre acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

A su vez, el texto integra las herramientas necesarias para el ordenamiento territorial de los humedales, en el marco de los principios e instrumentos de gestión y política ambiental reconocidos en la Ley General del Ambiente. Para ello prevé la elaboración del Inventario Nacional de Humedales, el Ordenamiento Territorial de Humedales como instrumento clave de gestión del territorio por parte de las jurisdicciones, la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica para la autorización de obras, actividades y usos que posibiliten la gestión y el uso racional y sostenible de los humedales.

Con motivo de los graves incendios que se registraron en las islas del Delta del Paraná durante los últimos meses, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por Gladys González (Pro), recibió este lunes a especialistas, quienes durante dos horas expusieron sobre la necesidad de una ley de humedales.

En primer lugar, Roberto Bo, miembro de la Fundación Humedales y coordinador del grupo de investigación de ecología de los humedales de la UBA, sostuvo que la ley “es un instrumento básico” que “debe ir acompañada de políticas públicas, de un adecuado sustento científico y técnico, de acciones concretas en el territorio por los organismos específicos, y el compromiso de todos y todas”.

El especialista señaló que en los proyectos que hay presentados en ambas cámaras “hay muy buenas intenciones, consenso e ideas claras”. “Tenemos que ser muy precisos en los conceptos y términos que utilizamos”, remarcó.

Sobre la necesidad de un inventario, Bo explicó que “hacer un inventario no implica solo hacer un mapa, requiere saber dónde están, de qué tipos son, cuántos hay, cuál es su estado o condición, el término de su origen, su función y valores”.

Asimismo, el ordenamiento territorial, “no solo debe concentrarse en los humedales sino que debe extenderse a su contexto socio-ambiental”. “No podemos trasladar modelos de usos propio de otras regiones o ambientes”, advirtió.

Finalmente, agregó que en la norma “debe considerarse la opinión de las comunidades locales” y “las eventuales sanciones para los que no cumplen con la ley merecen un análisis profundo y superador”.

A su turno, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resaltó que “los humedales son ecosistemas con enorme valor biológico, social, cultural y económico” pero “se pierden y degradan a un ritmo alarmante, a manos, principalmente, de la agricultura y ganadería industrial, la minería y otras industrias extractivas, la urbanización, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y el desecho irresponsable de residuos domésticos e industriales”.

En ese sentido, expresó que los humedales “son percibidos por algunos sectores de la sociedad como tierra de descarte, sin función alguna, que deben modificarse o rellenarse para ser puestos al servicio de la producción. Esto trae aparejado enormes impacto socioambientales”. A continuación, precisó que en Argentina constituyen un 21% de nuestra superficie.

“La crisis de incendios en el Delta del Paraná deja en evidencia la falta de institucionalidad y de cumplimiento de la ley”, indicó y añadió que “estas quemas tienen severas consecuencias sobre la salud de los ecosistemas y la salud humana”.

Di Pangracio consideró que “necesitamos hoy más que nunca” una ley, porque “la importancia de los humedales y la necesidad de protegerlos debe estar en la agenda de los tres poderes del Estado”.

La norma “tiene que tener una visión ecocéntrica” y “tiene que ser una ley progresista, un reflejo del derecho ambiental moderno”, además de contener “un engranaje institucional, que permita asegurar que es implementable desde el momento de su promulgación”, dijo la especialista. Además, tiene que prever un fondo nacional de humedales, porque es fundamental la cuestión de los recursos.

Por la Asociación Ecologistas de Santa Fe, César Massi alertó que “estamos ante un desastre ecológico”. “Nos estamos quemando desde enero”, enfatizó, en referencia a los incendios en el Delta del Paraná, y señaló que “el único respiro que tuvo el humedal fueron los momentos donde el ser humano estuvo, por la cuarentena, guardado adentro”, período que abarcó desde el 15 de marzo al 15 de abril.

“Junio y julio fue el período desastroso”, manifestó, y detalló que hasta el 15 de julio se había “calculado una quema de 50 mil hectáreas, 500 kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de Rosario”. En tanto, en el cálculo de todo el mes de julio se habla del doble, un total de 100 mil hectáreas.

Massi aseguró que “hablamos de un ecocidio: eliminamos de golpe en 850 kilómetros de costa la mayor parte de los reptiles que estaban en letargo durante el invierno, los pasamos por arriba con fuego a reptiles, víboras, lagartos, tortugas”, además de a “pequeños mamíferos” como “ratones, nutrias, carpinchos…una devastación”. “Le causamos daño a las aves que vienen migrando del invierno patagónico”, agregó.

Por su parte, Fernando Miñarro, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, opinó que en el proyecto de ley se necesita “una definición precisa y operativa”. “Lo que más nos preocupa es el tiempo que esto puede llevar”, sostuvo, sobre la aplicación de la ley, aunque aclaró que ese tiempo se puede acordar “con decisión política y recursos”.

“Se toman muchas veces decisiones desde el Estado que son perjudiciales para los humedales”, cuestionó y remarcó que “el error” está “en querer adaptar la actividad humana al humedal”, cuando debería ser “al revés”.

Por otra parte, Miñarro pidió “conversar entre ambas cámaras para que el debate esté saldado cuando llegue a la cámara revisora”, para que la ley finalmente prospere y no suceda lo que pasó con la última media sanción del Senado, en 2016, que se trabó en Diputados.

En tanto, Lucila Taboada, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, expresó que “los incendios son solo una parte del problema, son lo más visible, pero vienen a ser como la punta del iceberg, el tema es mucho más profundo” y “pone en evidencia la falta de una política nacional”.

La funcionaria subrayó la importancia de que la norma no sea “una ley antiproducción”. “Todos somos conscientes de la necesidad de impulsar los procesos productivos, y más en este contexto tan difícil que estamos atravesando, pero no podemos perder de vista que los humedales ocupan casi la cuarta parte de nuestro territorio”, destacó.

Por eso, Taboada hizo hincapié en la necesidad de que “las actividades productivas se ajusten a formas respetuosas del medioambiente” y se busque un “equilibrio”, al tiempo de “establecer reglas claras” para que “la ley se apruebe y tenga una aplicación efectiva”.

En alusión a las iniciativas que hay presentadas, Juan José Böckel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, observó que “en los proyectos se habla de ‘uso racional’ y en la doctrina ambientalista se utiliza para el beneficio de la humanidad, pero la ley no lo dice y se pueden elaborar varios conjeturas sobre eso, habría que aclararlo”.

“Todo el tema teórico tiene una consecuencia práctica”, advirtió, y también analizó que en ninguna de las iniciativas se habla del tema de la delimitación. “La delimitación es un proceso complejo que lleva varios años, si no lo dice la ley no se va a hacer, porque hasta ahora nunca se hizo”, completó.

Una verdadera catástrofe ambiental es la que está sucediendo en las islas del delta de Paraná, con los incendios que se están produciendo. Por la manera como ello afecta al medio ambiente y por la cantidad de especies que están perdiéndose en el marco del avance de las llamas.

Para analizar este problema, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que preside la senadora del Pro Gladys González, ha convocado para este lunes a una reunión remota prevista para las 10.30.

En efecto, para informar sobre los incendios en el delta y la necesidad de una ley de humedales, han sido convocados Roberto Bo, miembro de la Fundación Humedales y coordinador del grupo de investigación de ecología de los humedales de la Universidad de Buenos Aires; Ana Di Pangracio, directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y César Massi, de la Asociación Ecologistas de Santa Fe.

También se espera la asistencia de Fernando Miñarro, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina; Juan José Bockel, subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y Lucila Taboada, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos) se refirió a los incendios en el Delta del río Paraná y enfatizó que “es un tema gravísimo que destruye una de las reservas más ricas y diversas, y está demostrado que no es una quemazón casual”.

“El escenario de los incendios de pastizales aparece como una constante amenaza a uno de los ecosistemas fundamentales, como son los humedales del Delta del río Paraná. Las imágenes sobre la quemazón premeditada, iniciada desde marzo y extendida durante mayo, junio, y que continúa hasta hoy, muestra los daños de miles de hectáreas y la necesidad de una política integral en materia del resguardo de estas reservas esenciales para la vida de nuestras comunidades”, señaló.

La entrerriana indicó que “es una catástrofe histórica que está camino a marcar precedentes que nos duelen, en contrario a la postura que hemos sostenido muchos entrerrianos siempre en defensa de los humedales”.

“La realidad que hay que atender urgente requiere del trabajo articulado intergubernamental y de una acción contundente del Poder Judicial a partir de las oportunas denuncias realizadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación”, subrayó.

En ese sentido, la oficialista dijo: “Esperamos que la Justicia avance sin demoras en las indagatorias de ciudadanos santafesinos y entrerrianos imputados en el proceso de investigación, por la violación a los artículos 186 y 194 del Código Penal, y la Ley 24.051, proceso que deberá culminar señalando responsabilidades y aplicando penas”.

“La situación actual, condicionada por las sequías, ha puesto en la escena que las quemazones no sólo son intencionales sino que parten de intereses y negocios que se enmarcan en una red más compleja y que necesita de análisis profundos y respuestas gubernamentales reparatorias y preventivas contundentes”, continuó.

Osuna opinó que esta situación requiere un abordaje del problema en “una acción concertada entre la Nación y las provincias que comparten el territorio del humedal Delta del Paraná. Y creo oportuno encontrarnos en el repudio a estas prácticas quienes tenemos responsabilidad institucional y política para promover acciones articuladas en resguardo de los humedales”.

“Advertimos que el cuidado del humedal no puede limitarse exclusivamente a su extensión sobre tierras fiscales, sino comprometer también esfuerzos de propietarios particulares para el respeto de criterios de explotación productiva sustentable, el control de obras hídricas para la preservación de un bien natural fundamental para la vida”, añadió.

Finalmente, la diputada opinó que “estaría muy bueno que el gobierno provincial desarrolle políticas de cuidado con respecto a los agrotóxicos, a la regulación de la pesca en el Paraná y a la prevención de los incendios provocados en las islas como práctica destructiva del ecosistema. Para la política ambiental y social de Entre Ríos son ejes definitorios del cuidado de nuestra casa común”.