El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.679 de prórroga del régimen de incentivos a la construcción, que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios.

El decreto 522/2022 fue publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Antes del fin de semana, Massa, quien fue autor del proyecto en la Cámara de Diputados, en acompañamiento del jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo, había adelantado su promulgación.

A partir de la norma se extenderán los incentivos previstos en la Ley 27.613, que permiten disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados.

De acuerdo a la ley, se prorroga por 360 días el “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”. Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.

Por otra parte, en lo referido a “Puente al Empleo”, se indica que los titulares de planes sociales que sean contratados en el marco de este régimen “y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan, podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por el plazo previsto en el artículo 1°, en los términos y las condiciones que establezca la autoridad de aplicación”.

“El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social establecerán las pautas para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con los programas sociales y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales y de organizaciones sociales”, agrega.

Luego que el Senado sancionara por 35 votos a favor y 26 en contra la ley que prórroga el blanqueo para quienes inviertan en proyectos de construcción, el ministro de Economía, Sergio Massa, agradeció su aprobación.

“Gracias al @SenadoArgentina por sancionar el proyecto de ley que firmamos junto a diputados de la oposición para promover la industria de la construcción”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Fue en alusión al proyecto del cual fue autor, y tuvo al jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, como coautor. Sin embargo, en la Cámara alta todo el interbloque Juntos por el Cambio -que votó dividido en Diputados- se opuso.

Massa, quien había pedido por esta iniciativa junto a otras tres, aseguró que “esta nueva ley fomenta la inversión en desarrollos inmobiliarios mediante incentivos impositivos”.

El ministro acompañó el mensaje con un vídeo de la conferencia que dio al asumir, y en la que pidió por este proyecto, junto al momento de la votación en la Cámara alta.

Gracias al @SenadoArgentina por sancionar el proyecto de ley que firmamos junto a diputados de la oposición para promover la industria de la construcción.
Esta nueva ley fomenta la inversión en desarrollos inmobiliarios mediante incentivos impositivos. pic.twitter.com/8y8eZi47dI

— Sergio Massa (@SergioMassa) August 11, 2022

Un plenario de las comisiones de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, presidida por la formoseña María Teresa Margarita González (Frente Nacional y Popular); y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) pasaron a la firma este miércoles el dictamen del proyecto que prorroga la vigencia de la Ley 27.613, de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda.

Desde el Salón Arturo Illia, la titular de la Comisión de Infraestructura anunció, previo al debate, que el senador Carlos Linares integrará la comisión en reemplazo del misionero Maurice Closs.

A continuación, González contó: “Este proyecto de ley convendría hacer un poco de historia al respecto, ya que precisamente es un proyecto que viene a instaurar nuevamente el título segundo de la Ley 27.613 que ya había sido aprobada tanto por Diputados como por el Senado. Viene nuevamente esta iniciativa a ponerse a consideración precisamente porque ha vencido su plazo”.

“Este plazo, con respecto al título de incentivos, era por 360 días y ya fueron cumplidos y finalizados, por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley es poner nuevamente en vigencia con este accionar legislativo esta instancia porque, a pesar de las dificultades y demoras iniciales para su reglamentación, la Ley tuvo muy buena acogida en el sector de la construcción. Como ya sabemos este proyecto fue sancionado en plena pandemia”, explayó.

En tanto, destacó que “hubo más de 6 mil aperturas de cuentas según datos de la Cámara de la Construcción. Este sector prevé que se aumente el interés por acogerse a los beneficios fiscales de la norma cuando el Congreso la prorrogue”.

“El sector de la construcción ha tenido un repunte muy importante que es de conocimiento público, no solamente a las obras públicas y a los diferentes programas tantos nacionales como provinciales que se desarrollaron en el basto sector, sino también esto ha devenido en una gran y amplia movilización del sector privado y es precisamente a este sector al que hoy estamos tratando”, informó la formoseña.

Asimismo, se basó en datos del INDEC que arrojaron que “en abril del 2022 el indicador de la actividad de la construcción muestra una suba de 8.8% respecto al igual del año 2021. El acumulado del primer cuatrimestre presente un incremento del 3.1% respecto al interanual. Si miramos la información sobre los puestos de trabajo registrados en el área de la construcción en el sector privado, aquellos sobre los que efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional, en marzo del 2022 el indicador registró una suba de un 18.4%, mientras el acumulado de enero a marzo de 2022 presentó una suba del 17.9%”.

“En encuestas realizadas a empresas del sector se muestran expectativas buenas con respecto a nivel de actividad esperado en el periodo tanto en obras públicas como privadas. El 51% de las empresas que hacen obras privadas se prevé que el nivel de actividad se mantendrá durante los próximos meses, mientras que el 41% estima que aumentará que loa tribuyen a la obra pública, pero hay que apalancarlo con medidas fiscales para asegurar el cumplimiento del pronóstico”, sumó a su explicación.

En esa línea, la senadora por Formosa señaló que “con esta prórroga, los inversores pueden llegar hasta un 7.5% de ahorro en sus impuestos y aquellos que exterioricen sus activos tendrían un costo muy bajo que afrontar para regularizar su situación y, además, evitando las penalidades”.

“Lo importante es lograr soluciones a los problemas que enfrenta nuestra economía a causa de la pandemia como recuperar 110 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción o incrementar la producción o consumo de materiales o lograr el reingreso de divisas”, consideró.

Y cerró: “Esto va a incentivar a un sin número de personas y grupos a volcarse a la construcción de emprendimientos de carácter colectivo, individuales o teniendo en cuenta grandes complejos. Estamos tratando con urgencia este proyecto para que ayude a que puedan aportar al mercado de la construcción teniendo en cuenta que es una fuente generadora de empleo y funciona como efecto dominó en todo el campo de la producción”.

A su turno, el presidente de Presupuesto el riojano Ricardo Guerra detalló los aspectos centrales del proyecto y precisó que “incentiva la construcción de vivienda a ser llevada a cabo por sector privado a través de franquicias tributarias a los contribuyentes que se encuentran al día. Sobre los plazos plantea un blanqueo de dinero, pero que tengan destino específico la construcción de vivienda. Otro de los capítulos hace un pase de planes sociales al trabajo formal siempre que esté afectado a la construcción”.

También habló el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) quien le pidió a González contar con la información de los avances en la recuperación de la inversión en el maco de la obra pública porque “Es muy sustancial e importante más allá que dio cifras, pero esto de alguna manera suma al debate para tener información fehaciente con un proyecto de esta característica”.

“Tiene cinco artículos de los cuales los dos primeros son los más importantes, los restantes responden a normas complementarias. Esto es una prórroga el título primero que versa sobre título segundo de la Ley 27.613 que crea alícuotas especiales, está claro que es un blanqueo”, señaló y consultó si “no es necesario agregar el título primero de la Ley que habla de hacer una deducción como incentivo fiscal del 1% de los bienes personales y de ganancia que vencen el 31 de diciembre de este año y no está incluido en la media sanción, es importante que se incluya”.

Respecto al artículo 2 sobre la reconversión de los planes sociales en trabajo formal, recordó que “nosotros en agosto presentamos un proyecto que lleva la firma de 17 senadores de todo el país”, y solicitó: “Es una cuestión a estudiar y tenemos que analizar con todas las actividades en su conjunto y no solamente desde el punto de vista de la construcción. Es necesario darle una fuerte capacitación, articularlo lo público y privado, es necesario luchar con una cuestión cultural para recuperar la reconversión de los planes en trabajo formal. No debiera tratarse esto de forma aislada y discutir un programa de estas características para lograr una reconversión de los planes”.

En el uso de la palabra, el senador santafecino Marcelo Lewandoski (Frente Nacional y Popular) manifestó: “Entiendo que muchas cosas están distorsionadas en la Argentina, pero por mucho tiempo que se vienen modificando y venimos emparchando. Cada uno arma y desarma de acuerdo a su criterio y si tiramos todo lo que tenemos en la mesa y empezamos de cero es mejor a veces. Es probable que esta ley sea perfectible, todas las leyes lo son, pero indudablemente detrás de este proyecto estuvieron los sectores de las construcciones de viviendas”.

“Hoy tenemos un problema que, no digo que esta ley lo vaya a solucionar, son las viviendas sociales, costos de alquileres, lo difícil de no poder acceder a un crédito hipotecario para poder tener su vivienda gene de clase media y baja”, indicó y remarcó que “hoy lo que tenemos es esto”.

En su intervención, el catamarqueño Flavio Fama (UCR) aclaró que “no es el único proyecto que está a disposición”, y retomó las palabras de su par Zimmermann y consultó: “¿Cuál es el impacto que esta Ley tuvo? ¿Cuál es el monto que se logró blanquear como resultado de esta Ley?”.

González le contestó del otro lado y le explicó que “el impacto que se tuvo en la primera instancia de la ejecución de la Ley fueron 887 las presentaciones de personas físicas y jurídicas que implicaron un monto de 26 mil millones con una recaudación fiscal de 1700 millones de pesos”.

¿Qué establece el proyecto?

La iniciativa -que fue aprobada con 145 votos a favor y 20 en contra y 45 abstenciones en Diputados- busca prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados.

El proyecto aprobado y girado al Senado fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo. Lo que plantea es extender por 360 días el capítulo II de la Ley 27.613, titulado “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, más precisamente lo referido al blanqueo para quienes inviertan en los proyectos de construcción.

Así, la iniciativa estima que se reestablezca ese capítulo de la norma, que fue sancionada en febrero de 2021 y planteaba un plazo de 120 días para el blanqueo.

Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.

En el marco de la súper sesión de este jueves, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 35 votos positivos y 21 negativos una iniciativa del vicepresidente primero de esa Casa, Agustín Forchieri (VJ), para  modificar el Código Fiscal con la intención de fomentar la industria de la construcción en el distrito capitalino.

El texto recibió el acompañamiento de los bloques GEN, UCR-Ev, PS y VJ; y el rechazo del FIT, AyL y FdT.

La norma recientemente aprobada modifica la cláusula transitoria quinta del Código fiscal con el objeto de extender el plazo para recibir los beneficios de pago escalonado y exenciones para quienes hayan iniciado el registro en etapa proyecto desde el 15 de septiembre de 2020 y antes del 31 de agosto de 2021, con inicio de ejecución de obra hasta el 31 de marzo de 2022.

También se incorporan las clausulas sexta y séptima al Código Fiscal que permiten el diferimiento del pago de los derechos de delineación y construcción y generación de residuos áridos.

“Junto al comercio, la construcción es uno de los sectores que más trabajo produce en la Ciudad. Para fomentar su reactivación pos pandemia generamos incentivos fiscales temporales y hoy, entendemos que estos deben ser prorrogados para consolidar ese camino de crecimiento de la economía”, aseguró Forchieri tras la sesión.

En los fundamentos de la misma, Forchieri explicó que se busca “acompañar la reactivación de la construcción, teniendo en cuenta las circunstancias que afectaron al sector producto de la emergencia sanitaria y, con ello, fomentar el desarrollo de la Ciudad y la generación genuina de empleo” y remarcó que no hay que “perder de vista que la industria de la construcción, es motorizadora de muchos puestos de trabajo no solo directos, sino de un sinnúmero de ramos colaterales generadores de puestos indirectos”.

A su vez indicó que el texto “propicia acompañar el crecimiento y continuidad de la actividad, siendo para ello necesario disponer de herramientas inspiradas en anteriores proyectos que han reflejado su evolución”.

“Este proyecto posibilita el cumplimiento de las obligaciones impositivas de forma más escalonada y correspondiendo con los tiempos de los proyectos de obra, contemplando así diferentes especificaciones para el pago de los Derechos de Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable, según la envergadura de los mismos, es decir de Micro Obras, Obras Menores, Obras Medias y Obras Mayores. Para ello es que se deberán reunir las condiciones establecidas para cada tipo de Obra, entre ellas su estado de avance, debiendo en todos los supuestos tener comienzo de ejecución en fecha anterior al 31 de marzo de 2022”, afirmó y concluyó precisando que “se propicia el diferimiento por un plazo de hasta doce (12) meses del pago del gravamen por la Generación de Residuos Áridos y afines no reutilizables, para lo cual se deben tratar de obras iniciadas antes del 31 de marzo de 2022 y que cumplan con los demás requisitos especificados en el aludido proyecto”.

El Poder Ejecutivo promulgó este viernes tres leyes, las cuales se sancionaron el último 24 de febrero en la sesión extraordinaria que realizó el Senado.

Incentivos a la construcción privada

La primera de ellas es la Ley 27.613, que apunta a crear un régimen de incentivos para la construcción de obras privadas nuevas. De acuerdo al texto, los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La norma estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

Además, se establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%.

En otro capítulo se estima que “a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes planes o programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que los porcentajes de avance físico reales y ediliciamente aptos constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de financiamiento para la culminación de las mismas”.

“Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar en forma indubitada el porcentaje del avance físico reales y ediliciamente aptos de las obras paralizadas o abandonadas mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada por profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y certificados por escribano público y rubricados por la máxima autoridad de la jurisdicciones y entes ejecutores con competencia”, señala otro de los artículos.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será la autoridad de aplicación y determinará los requisitos que las jurisdicciones deberán cumplir para acceder al mecanismo.

Incremento del presupuesto en Ciencia y Tecnología

Otra de las leyes publicadas este viernes en el Boletín Oficial es la Ley 27.614, que declara de “interés nacional” el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y tiene por objeto “establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental”.

Los fondos deberán destinarse a “promover la federalización del sistema científico- tecnológico”, así como “desarrollar y diversificar la matriz productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentable”.

También a “generar nuevos empleos de calidad”, promover “la formación de profesionales”, incrementar “la infraestructura y equipamiento”, y “propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico”, entre otros objetivos.

El aumento escalonado será el siguiente: de 0,28% en 2021; 0,31% en 2022; 0,34% en 2023; 0,39% en 2024; 0,45% en 2025; 0,52% en 2026; 0,59% en 2027; 0,68% en 2028; 0,78% en 2029; 0,90% en 2030; 0,95% en 2031; y 1% en 2032.

Asimismo, se establece que “la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior”.

“Se establecerá una distribución de los fondos con criterio federal”, estipula el texto, al tiempo que “se promoverá una consolidación y crecimiento de los sistemas provinciales de ciencia y tecnología e innovación, a partir de la articulación con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT)”.

Del incremento otorgado anualmente, el 20% deberá repetirse entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y “aplicarse a proyectos que promuevan un desarrollo armónico de las regiones del país, poniendo énfasis en aquellas de menor desarrollo”.

La ley indica que el jefe de Gabinete tendrá que remitir anualmente a las comisiones legislativas respectivas un informe sobre la ejecución del presupuesto, detallado por jurisdicciones y su grado de cumplimiento.

Indemnización a los familiares de tripulantes del ARA San Juan

Finalmente, el Gobierno también promulgó la Ley 27.615, para otorgar un beneficio económico extraordinario, por única vez, a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.

La indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicada por 100; la misma fórmula utilizada en otras leyes reparatorias, como en el caso AMIA. Se calcula que es un monto alrededor de 7.000.000 de pesos, que podrá ser entregado a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes, según corresponda.

Para cobrar el dinero, los familiares deberán renunciar a todo derecho indemnizatorio por daños y perjuicios, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.

La norma indica que el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier otra acción judicial en trámite en reclamo de daños y perjuicios.

También se establece que en los casos donde los familiares ya hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.

La reparación económica estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.

El Senado convirtió en ley este miércoles la creación de un régimen para incentivar las construcciones privadas, a partir de una serie de beneficios impositivos y la posibilidad de regularizar la tenencia de moneda extranjera o nacional en el exterior para aquellos inversores que destinen los fondos a proyectos de construcción.

La norma, que fue enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, fue sancionada por unanimidad (62 votos positivos). No obstante, los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal votaron en contra del título referido al blanqueo.

Miembro informante del oficialismo, el cordobés Carlos Caserio señaló que la iniciativa “propicia una movilización del ahorro hacia la actividad de la construcción” y “la idea es promover el rol de los mercados de capitales”.

El legislador resaltó que la construcción es una actividad que “aporta muchos de los pilares de desarrollo que ya manifestó este Gobierno en el Presupuesto 2021” y además tiene “un efecto multiplicador de la economía”.

“Este proyecto permitirá que incontables familias argentinas recuperen su sustento económico, más la posibilidad de acceder a una vivienda en el marco de esta pandemia”, sostuvo. Además, apuntó que el blanqueo previsto en la ley “no es un blanqueo típico”, sino que está “destinado exclusivamente a la construcción de viviendas, lo que sin dudas va a provocar un impulso muy fuerte a la economía”.

Caserio destacó que el impuesto que se crea “va a ser coparticipable con todo el país, lo que hace a un recurso muy significativo para las provincias, que también están en situación agravada por la pandemia”.

Desde Juntos por el Cambio, el mendocino Julio Cobos observó que en la construcción, “sea pública o privada, el que quiere desarrollar una obra tiene que poner el precio de hoy y la obra no está hecha, está estimada”. Sobre ello, advirtió sobre “la variación de los precios” en este sector, además de otro “problema” que es que “no hay crédito”.

“Lo otro que necesitamos es certidumbre”, subrayó el radical, que expresó que “la construcción va a seguir moviéndose al valor del dólar”, pero “hay muchos valores de dólares, no hay nada que defina esto”. Por eso, el exvicepresidente reclamó “darles reglas claras” a través de otra ley.

En referencia al capítulo sobre declaración de activos, el oficialista Oscar Parrilli explicó que “con este blanqueo todos aquellos que tienen dinero en el exterior, lo traen a la Argentina, lo ponen en una cuenta y si lo invierten en actividades de la construcción pagan un impuesto y no tienen ninguna de las sanciones producto de haber evadido”.

El neuquino dijo que el objetivo es “recaudatorio” y “además generador de actividad económica”, y lo comparó con “el blanqueo macrista, el que se hizo en julio de 2016” por el cual se recaudaron “10 mil millones de dólares” de los “126 mil millones de dólares” que se blanquearon.

Mostrando en su mano el libro “Hermano”, de Santiago O’Donnell, mencionó que allí Mariano Macri revela que “Gianfranco y Mauricio actuaban juntos”. “El hermano y socio blanqueó 36 millones de dólares, gracias a un decreto que firmó Macri, porque la ley no lo permitía”, criticó.

La radical Silvia Elías de Pérez consideró que desde el Gobierno “están siguiendo el camino equivocado en lo que se refiere a la parte impositiva” y “lo peor que podemos hacer es parches”. Sin embargo, la legisladora manifestó el apoyo al proyecto “porque la presión tributaria que hay en Argentina es insostenible. En un año han aumento 13 impuestos. Se necesita oxígeno para las empresas”.

También, la tucumana apoyó las exenciones y los créditos fiscales, al tiempo que afirmó que “no hay sector que sea más dinamizador de la economía que la construcción”. Sobre el blanqueo, y tras las críticas de Parrilli, la opositora defendió que el blanqueo de 2016, de más de 100 mil millones de dólares, “por supuesto que fueron destinados a algo noble e indispensable que se haga, como era la Reparación Histórica”.

Cerró el debate la presidenta de la Comisión de Infraestrectura, Vivienda y Transporte, la oficialista Teresa González, que enfatizó que la iniciativa “no es un parche” sino “un proyecto de ley con un objetivo específico que es la reactivación de la construcción”.

Para la formoseña, esta norma traerá “el impulso de la actividad económica”, al tiempo de “brindar una solución al déficit habitacional” y permitir “la repatriación de moneda extranjera de argentinos”. Al igual que Parrilli, comparó el blanqueo que se establece con el realizado en 2016 en el cual “no se puso ninguna condición para el ingreso de capital y no se pidió ninguna afectación específica”.

Qué prevé la ley

La flamante ley tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La norma estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

Se establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%.

En otro capítulo se estima que “a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes planes o programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que los porcentajes de avance físico reales y ediliciamente aptos constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de financiamiento para la culminación de las mismas”.

“Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar en forma indubitada el porcentaje del avance físico reales y ediliciamente aptos de las obras paralizadas o abandonadas mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada por profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y certificados por escribano público y rubricados por la máxima autoridad de la jurisdicciones y entes ejecutores con competencia”, señala otro de los artículos.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será la autoridad de aplicación y determinará los requisitos que las jurisdicciones deberán cumplir para acceder al mecanismo.

Luego de la sesión preparatoria en la que ratificó a sus autoridades, el Senado realiza desde las 15.02 una nueva sesión extraordinaria en la que tratará un conjunto de proyectos, de los cuales se prevé que uno reciba media sanción y tres se conviertan en ley.

La reunión es la primera que se realiza tras el escándalo por la vacunación “VIP”, dentro de la que fue incluida el senador oficialista Jorge Taiana, con lo que el inicio de la sesión no escaparía a la polémica.

El primer punto del temario serán tres pliegos de candidatos a embajadores: Luis Ilarregui (Cuba), Ariel Basteiro (Bolivia) y Sabino Vaca Narvaja (China), quienes cuentan con aval de la Comisión de Acuerdos.

Luego, la Cámara alta tratará la ratificación del Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el presidente y 21 de los 24 gobernadores -las excepciones fueron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los mandatarios de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto-.

A través de este nuevo pacto, que actualiza el firmado originalmente en 2017, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en ese entonces, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.

A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares, y se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte de la Coparticipación, se negó a firmar el documento.

En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.

Los senadores también debatirán un proyecto, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados, para promover la construcción de obras privadas nuevas a través de diferentes beneficios impositivos, como por ejemplo la exención del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a esas construcciones; además de un régimen de blanqueo para inversores.

La otra iniciativa a tratar, que se convertirá en ley, es la que apunta a incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología, desde el 0,28% del PBI en 2021 hasta alcanzar el 1% en 2032, con una perspectiva federal en el reparto de esos fondos.

Por último, se votará una reparación económica de carácter extraordinario para familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por un monto de alrededor de 7.000.000 de pesos, que serán entregados por única vez a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de las víctimas, según corresponda.

Con aval unánime, las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado aprobaron el dictamen del proyecto de ley que busca incentivar la construcción privada, con el fin de reactivar el sector.

La iniciativa, que fue votada la semana pasada en la Cámara de Diputados, establece una serie de beneficios tributarios y la posibilidad de un blanqueo para aquellos inversores que regularicen sus activos y destinen los fondos a proyectos de construcción.

Por el Ministerio de Economía, participó del plenario el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quien indicó que el proyecto “está orientado a atender una problemática que estamos teniendo” con el sector, que en 2018 y 2019 mostró “una caída muy importante de los empleos registrados como consecuencia de la caída macroeconómica”. En tanto, en el 2020 se sumó la pandemia, con lo cual la actividad se vio “críticamente afectada”.

El funcionario señaló que la iniciativa, que fue trabajada en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción y con la UOCRA, tiene como objetivo “incentivar una mayor actividad económica, pero también movilizar los ahorros de los argentinos hacia la construcción”.

“Los beneficios tienen dos grandes partes: un beneficio a los cumplidores, aquellos contribuyentes que venían declarando todos sus activos, con una exención por dos años del impuesto a Bienes Personales”, detalló, además de mencionar que se estipula “un crédito fiscal del 1% respecto a todas las inversiones realizadas”.

Arias explicó que también se elimina “una traba muy importante”, al permitir “diferir el pago del impuesto a las Ganancias al momento en que una persona que transfirió el inmueble para la construcción, por ejemplo un edificio, realmente perciba una ganancia”.

Respecto del capítulo referido al blanqueo, el secretario apuntó que podrán acogerse al régimen en “un plazo bastante corto, son 120 días a partir de la vigencia de la ley”. El blanqueo “lo orientamos con una finalidad muy especifica”, subrayó.

En respuesta a los senadores Oscar Parrilli (FdT) y Víctor Zimmermann (UCR), quienes preguntaron si hay una estimación sobre el monto que podría obtenerse a partir del blanqueo, el funcionario afirmó que “es bien difícil hacer estimaciones”. “El INDEC hace un estudio periódico sobre los fondos que están en el exterior no declarados, creo que el último dato está en el orden de los 220 mil millones de dólares”.

A continuación, Arias recordó que el blanqueo de 2016 “si se quiere fue muy exitoso en términos del porcentaje que se logró incluir”, pero “a nuestro juicio no fue bueno”, porque se trataba de “declarar los fondos pero ni siquiera había un compromiso de traerlos al país y mucho menos hacer una inversión productiva”.

Aún si se exteriorizara un “porcentaje bastante pequeño de los fondos que están hoy fuera del sistema”, para el secretario eso “significaría un impacto importante para la industria, significaría una importante creación de puestos de trabajo y, sobre todo, poner en funcionamiento esos fondos que empiezan a producir empleo y valor agregado en el país, en lugar de estar en un colchón o en un banco en el extranjero”.

“Calculando entre el 1% y 2% de los fondos que tienen los argentinos y argentinas en el exterior, ya sería un éxito muy importante para esta ley”, agregó.

En otro tramo de su exposición, el funcionario aclaró que “el objetivo de esta ley no es puntualmente recaudatorio, sino incentivar la construcción”. “Obviamente tiene impacto recaudatorio”, manifestó y resaltó que “claramente es un impuesto coparticipable, porque la ley no especifica puntualmente el destino de los fondos”.

En su intervención, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, dijo que el proyecto “es de una promoción impositiva importante en el momento que estamos viviendo” y “obedece al modelo de reactivación”. “Sería bueno tener un registro para saber cómo impacta a nivel nacional en el sentido de los empleos y las inversiones que se hacen”, consideró y sugirió que se incorpore este tema en la reglamentación, de modo de “informar al Parlamento de forma semestral sobre el impacto”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR) advirtió que “los blanqueos la verdad que son una mala experiencia en Argentina”, aunque “es cierto que de vez en cuando hay circunstancias excepcionales”, pero “Argentina vive de circunstancias excepcionales”. “Esto muestra que hay un problema más profundo y es que se sigue generando negro en Argentina a una escala muy grande”, añadió.

Además, el radical dijo que le parece “llamativo que esté solamente incluida la construcción” ya que es una actividad que “se recuperó rápido” y “hoy está por encima (de los números) de febrero de 2020”.

Hacia el final de la reunión, la titular de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Teresa González (FdT), ponderó que el proyecto “tiende a dar solución a problemas que aquejan al país en esta circunstancia tal especial”, al tiempo que atiende sobre “el permanente déficit de vivienda habitacional”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, sostuvo: “Creo que es una muy buena ley, que permite una cosa muy importante y es que el dinero que está fuera del país pueda volver, no solo con un fin recaudatorio sino destinado a desarrollar las inquietudes y necesidades que tenemos los argentinos”.

“La ley es bastante equilibrada”, opinó el cordobés, al tiempo que aseveró que “el blanqueo siempre es injusto, pero mucho más injusto es que el evasor se quede sin ingresar nada y sin exteriorizar los fondos. Por eso me parece que la ley es un gran paso y ojalá en un futuro podamos aplicarla en otras actividades”.

Puntos centrales del proyecto

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

También en la discusión en la Cámara baja, se agregó que “a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes planes o programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que los porcentajes de avance físico reales y ediliciamente aptos constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de financiamiento para la culminación de las mismas”.

“Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar en forma indubitada el porcentaje del avance físico reales y ediliciamente aptos de las obras paralizadas o abandonadas mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada por profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y certificados por escribano público y rubricados por la máxima autoridad de la jurisdicciones y entes ejecutores con competencia”, señala otro de los artículos incorporados a la versión original.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será la autoridad de aplicación y determinará los requisitos que las jurisdicciones deberán cumplir para acceder al mecanismo.

En primera sesión del año, la Cámara baja aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que establece un régimen de incentivo a la construcción de obras privadas, con el objetivo de motorizar la actividad.

La iniciativa, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo en octubre pasado, cosechó 205 votos a favor, 2 votos en contra y 11 abstenciones.

Los rechazos fueron de los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano. En tanto, las abstenciones provinieron de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Javier Campos, Maximiliano Ferraro, Héctor “Toty” Flores, Lucila Lehmann, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Alicia Terada y Mariana Zuvic.

El proyecto establece una serie de beneficios impositivos y un blanqueo para aquellos inversores que destinen los fondos a proyectos de construcción.

Quienes se acojan al régimen desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, pagarán un impuesto especial del 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%.

En el dictamen, oficialismo y oposición consensuaron incorporar un capítulo referido a las obras paralizadas o abandonadas, con destino habitacional, con el objetivo de iniciar su reactivación mediante los programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Como una muestra del consenso que reunió la norma, fue miembro informante el diputado del Pro Domingo Amaya, presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, quien consideró este proyecto “fundamental para la reactivación económica de nuestro país y la construcción, porque va a generar puestos de trabajo de manera concreta”.

“Esta ley permite una normalización de tenencia de moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones en construcción, pudiendo declarar de manera voluntaria ante la AFIP dicha tenencia en un plazo máximo de 120 días a partir de la sanción de la presente ley”, detalló el legislador, que advirtió que en esa normalización quedan excluidos funcionarios públicos de todos los órdenes nacionales, provinciales, municipales y de todos los organismos que comprenden la estructura pública administrativa, como así también sus familiares.

No podrán ser objeto de normalización fondos radicados o depositados en entidades identificadas por el Grupo de Acción Financiera como de alto riesgo o no cooperantes, indicó el miembro informante.

Con respecto a la importancia de la reactivación de la obra pública para la vivienda social, el tucumano señaló que esta ley estipula porcentajes de avance físico real para determinar el saldo pendiente a financiar de las obras paralizadas o abandonadas.

Sobre el final, Amaya manifestó que “esta ley es importante porque hoy muchos argentinos que no están anotados en institutos de la vivienda en las provincias, están con la esperanza de recibir estas viviendas. Hemos trabajado en forma conjunta las dos comisiones y todos los bloques, con un solo objetivo: el beneficio a los argentinos a través del trabajo y de brindar una vivienda digna a todos los argentinos”.

A continuación, la diputada oficialista Melina Delú subrayó que “la actividad de la construcción es estratégica por su aporte al Producto Bruto Interno; es una parte importantísima de un círculo virtuoso para la reactivación económica, y ante los efectos económicos de la pandemia, que ha afectado el desarrollo de la actividad”.

La legisladora estimó que con esta norma “vamos a poder terminar las casi 55 mil unidades habitacionales hoy paralizadas”. Para la pampeana, la norma reúne cinco condiciones clave, que son “la inclusión, el dinamismo, la estabilidad, el federalismo y la soberanía”.

El debate se encendió con la intervención del oficialista Aldo Leiva, quien cargó contra la oposición por las críticas al Gobierno, y lanzó: “Pretendemos que el sector privado pueda hacer las inversiones correspondientes. Nosotros sí trabajamos para que la inversión sea genuina. Nosotros trabajamos para que en lugar de llevar la inversión a los paraísos fiscales, ahora la puedan llevar a la construcción. Para que haya trabajo. Para que los trabajadores de la construcción vuelvan a tener dignidad, como tuvieron hasta el 2015”.

“En los últimos cuatro años del gobierno anterior, lo único que veíamos era compañeros lamentándose porque las obras se paralizaban, no había inversiones y todo lo que nos habían dicho era una farsa”, disparó el chaqueño y completó: “Muchachos, esto que hoy estamos haciendo es lo que ustedes deberían haber hecho”.

Seguía en la lista de oradores el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien recogió el guante y le respondió a Leiva que el primer proyecto en este sentido fue de su autoría, tras un trabajo “con la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, una UOCRA que hoy tiene un 38% menos de trabajadores que tenía cuando el diputado preopinante dice que no se construía nada en la Argentina”.

Por su parte, la legisladora de Córdoba Federal Alejandra Vigo señaló que la iniciativa “busca fundamentalmente promover la actividad de la construcción en el ámbito privado, dirigido a la construcción de viviendas, que es fundamental para bajar el déficit habitacional”.

“Un aspecto central del proyecto es generar empleo”, destacó la diputada, esposa del gobernador Juan Schiaretti. También, Vigo mencionó que “la construcción es una actividad que impacta de manera directa en la reactivación de la economía” y ponderó “haber logrado planificar y unir la reactivación de la construcción con un plan de blanqueo de capitales e inversiones, con un dinero que vuelve a producir y que regenera el bolsillo de los trabajadores y de todo el aparato productivo”.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño dijo que en este proyecto “lo que vemos son muchos beneficios para empresas, se van a beneficiar las grandes constructoras”. Criticó entonces “la eximición del impuesto a Bienes Personales, me hace acordar al gobierno de Macri”, lo mismo que “la posibilidad de ingresar a un blanqueo”.

“Aquellos que se la fugaron toda van a tener la posibilidad de blanquear sin pagar un centavo todos los impuestos que evadieron y eludieron”, resaltó, al tiempo que apuntó que “sabemos que la inversión privada en la construcción no se destina fundamentalmente a aquellas personas que necesitan una vivienda”.

Durante el debate, el radical Luis Pastori explicó que el impuesto especial que se crea “no tiene un destino especifico, por lo tanto lo vamos a votar en la convicción, en la inteligencia, que este impuesto que se está creando va a correr la suerte de cualquier impuesto existente o que se cree en Argentina”, de acuerdo al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, “de ser coparticipable con las provincias”.

En su intervención, el oficialista Juan Carlos Alderete sostuvo que “está claro que en esta situación de crisis económica generada por Macri y agravada por la pandemia, es necesario tomar medidas que busquen incentivar y reactivar un sector de la sociedad que hoy está sufriendo muchísimas necesidades”.

“Efectivamente la construcción es una actividad dinámica que genera rápidamente puestos de trabajo y que reactiva la economía”, agregó el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, pero aclaró que “no” comparte con la ley que “beneficie principalmente a las grandes empresas” que “reproducen un sistema de especulación inmobiliaria” que “quita la posibilidad de acceder a una vivienda digna a miles de argentinos y argentinas”.

Cerró el debate el entrerriano Marcelo Casaretto, que aseguró que desde mayo del año pasado “la construcción ha crecido” y en diciembre, según datos del INDEC, mostró un “crecimiento del 27%” en comparación con diciembre del año anterior. Por eso, respaldó que se apruebe “un apoyo, un incentivo a aquellos sectores que hoy tienen una potencialidad de crecimiento” y “pueden tomar mano de obra, generar trabajo de una forma rápida en toda la Argentina”.

Sobre el capítulo del blanqueo, el oficialista argumentó que “con esta ley vamos a conseguir que vuelvan capitales que se han ido de Argentina, pero que vuelvan a la inversión en la economía. Y vamos a conseguir que dinero que está en Argentina, pero que no está en la economía formal, sino que está tal vez en efectivo en un cajón o abajo de un colchón, o en una caja de seguridad, que salga y se ponga en la economía formal”.

Puntos centrales de la iniciativa

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

Por un acuerdo entre oficialismo y oposición se agregó que “a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes planes o programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que los porcentajes de avance físico reales y ediliciamente aptos constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de financiamiento para la culminación de las mismas”.

“Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar en forma indubitada el porcentaje del avance físico reales y ediliciamente aptos de las obras paralizadas o abandonadas mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada por profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y certificados por escribano público y rubricados por la máxima autoridad de la jurisdicciones y entes ejecutores con competencia”, señala otro de los artículos.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será la autoridad de aplicación y determinará los requisitos que las jurisdicciones deberán cumplir para acceder al mecanismo.

La Cámara de Diputados realiza desde las 12.16 su primera sesión del año, durante la que se tratarán un conjunto de proyectos que cuentan con amplio consenso de los distintos bloques y están incluidos en el temario de extraordinarias.

La reunión se realiza con mayoría presencial dentro del recinto, mientras que un grupo de legisladores se encuentra conectado de manera remota.

En el primer tramo de la sesión jurarán dos nuevos diputados, en reemplazo de los oficialistas Pablo González y Magdalena Sierra. Además, habrá 5 legisladores que realicen homenajes y más de 20 cuestiones de privilegio.

El temario arrancará con el proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que ya cuenta con media sanción del Senado, con lo cual se convertirá en ley.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también deban aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Otro de los temas a tratar, también enviado por el Gobierno, es un proyecto para establecer un beneficio extraordinario por única vez para los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

De acuerdo al texto, quienes cobren la indemnización, que estará exenta de impuestos, no podrán iniciar o deberán desistir de acciones legales contra el Estado Nacional. Se estima que el beneficio sería un monto por encima de los 6 millones de pesos.

En tercer lugar, la Cámara baja votará un proyecto que establece un régimen de incentivo a la construcción de obras privadas, con el objetivo de motorizar la actividad. Se prevé una serie de beneficios impositivos y un blanqueo para aquellos inversores que destinen los fondos a proyectos de construcción.

Finalmente, el pleno debatirá un proyecto consensuado entre oficialismo y oposición para establecer un incremento progresivo de las partidas presupuestarias destinadas a la ciencia y tecnología, de modo de alcanzar en el año 2032 el 1% del PBI.

Tras consensuar algunas incorporaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo, diputados del oficialismo y la oposición dieron dictamen favorable a un proyecto de ley que busca incentivar la construcción de obras privadas, con el objetivo de motorizar la actividad.

La iniciativa recibió el voto unánime durante un plenario de las comisiones de Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Presupuesto y Hacienda, realizado este miércoles. En tanto, será tratado este jueves en la primera sesión del año que realizará la Cámara baja.

Al abrir la reunión, el titular de la Comisión de Vivienda, Domingo Amaya (Pro), destacó una incorporación al proyecto “consensuada con los distintos bloques” para que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat “pueda continuar con las obras que hoy se encuentran paralizadas por distintos motivos”.

“Hay mucha gente que está anotada con esperanzas y está esperando, inscripta en sus provincias”, indicó y celebró que “vamos a agilizar para que el Ministerio pueda avanzar y concluir estas obras”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), detalló la iniciativa -que fue girada en octubre pasado por el Poder Ejecutivo- y aseguró que “va a contribuir al proceso de recuperación económica” y “va a generar nuevos puestos de trabajo”.

El oficialista apuntó que el texto prevé “un conjunto de medidas tributarias en favor de las inversiones en obras privadas nuevas”, y un capítulo referido a “la normalización de la tenencia en moneda nacional y extranjera” para “la posibilidad que gente que tiene dinero no declarado pueda hacerlo con la condición de que sean invertidos en la construcción”.

Dentro de las incorporaciones, el diputado especificó que “no podrán ser objeto de normalización las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en actividades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera como de alto riesgo o no cooperantes”.

Sobre el capítulo agregado vinculado al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, los artículos “tienden a alentar la inversión en las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción a través de los diferentes programas” que ejecuta la cartera conducida por Jorge Ferraresi, expresó Heller.

“Se calcula, según ha dicho el ministro, que hay una 55 mil viviendas en distintos grados de avance reales y que se trata de obras aptas para ser terminadas y convertidas en viviendas utilizables”, agregó.

Para el legislador, la ley se trata de “un incentivo importante que llega en un momento adecuado” y que tendrá “un resultado positivo” con “un impacto en la recaudación fiscal directo e indirecto” que “va a compensar en parte el esfuerzo fiscal que se está planteando con esta medida”.

A su turno, el misionero Luis Pastori (UCR) observó que el blanqueo previsto “sigue los cánones de los blanqueos de Juntos por el Cambio, de 2016, como el de diciembre de 2019 del Frente de Todos”, pero “algo en que difiere” es que el nuevo impuesto “no tiene una afectación especial” porque “no se dice qué se va a hacer con esa recaudación”. Por eso, afirmó que tiene “la convicción de que es coparticipable, ya que no tiene afectación específica”.

Además, el radical sostuvo que “así como la Nación a todos lo que blanqueen dinero no declarado le va a eximir de todos los impuestos, que las provincias no vayan a pretender que aquel que declara su tenencia en activos financieros lo quieran gravar con Ingresos Brutos, porque en ese caso el beneficio perdería un gran incentivo”. En ese sentido, pidió “animar a los gobernadores a adherir a la ley”.

Durante la reunión, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) consideró que “es un proyecto muy importante para Argentina”, porque “la construcción es fundamental para generar actividad económica, empleo y condiciones de vida digna en el caso de la vivienda social”.

El oficialista mencionó que la actividad en los últimos años tuvo un “proceso de caída”, que empezó a revertirse a partir de mayo del año pasado y ahora “tenemos ocho meses consecutivos de crecimiento del sector”. Sin embargo, señaló: “Sabemos que tiene una potencialidad mayor”.

Respecto al capítulo del blanqueo, el legislador explicó que “se plantea un proceso (de declaración) corto en el tiempo y con un impuesto especial que es creciente en el tiempo”. En este sentido, Casaretto pronosticó que, si se aprueba la ley, “rápidamente vamos a tener una inyección de pesos y dólares que estaban fuera del circulante”.

Puntos centrales de la iniciativa

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña aprobó con 55 votos positivos y cuatro negativos -de los bloques PO, FIT, PTS y AyL- una ley impulsada por el vicepresidente primero de esa Casa, Agustín Forchieri (VJ), a través del cual se propició una serie de modificaciones al Código Fiscal para favorecer el desarrollo de la industria de la construcción.

De esta manera, el texto contempla exenciones para el Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, para aquellas obras que inicien y obtengan el Permiso de Obra entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de agosto de 2021 y que inicien su ejecución hasta el 31 de diciembre del 2021.

También plantea un diferimiento en el pago del Derecho de Delineación y Construcción y en el gravamen por la Generación de Residuos Áridos y afines no reutilizables de doce meses contados a partir de la fecha de obtención del permiso de obra, o un descuento por única vez del 20% por el pago por adelantado al momento de iniciar la solicitud del mencionado permiso para aquellas obras que lo inicien con el objetivo de estimular las obras en el ámbito de la Ciudad.

Es así que las medidas contempladas en proyecto tienen como propósito alcanzar un total de cuatro millones de metros cuadrados registrados, susceptibles a iniciar obra. Dicho número implica un 60% del universo total de metros por registrar durante este año y el próximo.

El debate en el recinto

Al respecto de la medida, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), explicó que se difirió el momento de pago y/o se otorgaron descuentos sobre los “derechos de delineación y construcción, del derecho para el desarrollo urbano y hábitat sustentable” y el impuesto a “la generación de residuos áridos y afines no reutilizables”.

También señaló que la medida tiende a reducir los efectos de la caída de cantidad de permisos para obras nuevas y ampliaciones, que fue del 81,30% entre enero y abril de 2020, la caída de la actividad de un 14,8% interanual entre junio de 2019 y 2020, y la reducción de puestos de trabajo registrados en un 29,1%. “Este sector es muy importante y esperamos que dentro de poco, si los protocolos lo permiten, pueda volver a trabajar. Es muy importante incentivar el inicio de obras pequeñas, medianas y grandes cuanto antes sea posible”, completó.

En tanto el diputado del GEN Sergio Abrevaya manifestó: “para mí siempre fue inexplicable porque no se continuó con la construcción, cuando es un rubro que tranquilamente podría haber continuado”.

Por su parte el trotskista Gabriel Solano (PO) indicó que “acá no hay ninguna ley para los sectores más vulnerables, en el temario están las grandes constructoras pero no hay ninguna ley que respalde a los enfermeros que tienen que trabajar 12 horas diarias, en este contexto de pandemia” y destacó que “las grandes constructoras no van a pagar impuestos pero no pasa lo mismo con los docentes, acá no se tratan estos temas; se van a restringir más los ingresos de la Ciudad y, por lo tanto, se le va a pagar menos a los docentes”.

Mientras que Marta Martínez (AyL) precisó que “este proyecto no hace nada por los trabajadores de la construcción, solo beneficia a las grandes empresas constructoras. El Gobierno de la Ciudad hace mucho tiempo se convirtió en el máximo exponente del negocio inmobiliario; esta ley es en beneficio de los amigos del oficialismo”.