La diputada de UP argumentó que el DNU 04/25 dictado por Javier Milei “legisla en una materia prohibida por el artículo 99 de la Constitución Nacional: tributaria”.
La diputada nacional Carolina Gaillard (Unión por la Patria) advirtió a través de sus redes que la prórroga que se publicó este lunes en el Boletín Oficial del Fondo Nacional de Turismo es “inconstitucional”.
“El DNU 04/2025 que dicta el presidente Milei prorrogando hasta el 31 de dic de 2027 el Fondo Nacional de Turismo (art. 24, Ley 25.997) es inconstitucional porque legisla en una materia prohibida por el Art. 99 inc. 3 de la CN (materia tributaria)”, señaló la entrerriana.
Gaillard planteó que debió haberse tratado en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025 que “incluía la prórroga del FNT (art. 67), no habría sido necesario recurrir a un DNU manifiestamente inconstitucional poniendo en cuestión un fondo fundamental para el desarrollo turístico del país”.
“La necesidad y urgencia no habilitan violar la Constitución que expresamente estableció expresamente la prohibición de que el presidente de la nación dicte DNUs en materia penal, electoral, de partidos políticos y tributaria”, criticó.
“El Congreso no puede legislar contra la Constitución Nacional”, dijo el diputado Hugo Yasky, el autor del proyecto de ley en rechazo a las propuestas de Juntos por el Cambio.
El diputado bonaerense y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (Frente de Todos), presentó este jueves un proyecto de declaración que señala la inconstitucionalidad de la iniciativa presentada por el senador porteño Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) que intenta suprimir la indemnización por despidos y reemplazarla por un “Fondo de Cese Laboral”.
En el proyecto, que recibió el acompañamiento de varios legisladores, muchos de ellos de extracción sindical, se plantea explícitamente que la Comisión no deberá dar “curso favorable a ninguna propuesta legislativa que lesione, contraríe o menoscabe en modo alguno derechos sociales fundamentales, o sus garantías, ni que contradiga de cualquier modo el mandato vinculante que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone al Poder Legislativo, dirigido a otorgar al trabajo ‘la protección de las leyes’ y, especialmente, asegurar ‘al trabajador (…) protección contra el despido arbitrario’”.
En sus fundamentos, Yasky asegura que ninguno de los sistemas en que se inspira este Fondo, “es compatible con la Constitución argentina”. Se refiere concretamente a las legislaciones de Austria y Brasil aludidos en el proyecto en ciernes. Y agrega que “dictado de una ley como la que se ha sometido a tratamiento parlamentario en el Senado confronta en la dimensión teleológica con la misión que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Fundamental encomienda al Congreso, que es la de “Proveer lo conducente al desarrollo humano (y) al progreso económico con justicia social”.
Por otra parte, la iniciativa de los diputados del Frente de Todos, observa que el proyecto de Lousteau tiene también graves falencias legislativas ya que “se postula que el porcentaje del aporte destinado a nutrir el fondo varíe según el criterio del poder de turno, lo cual, por otra parte, resultaría generador de incertidumbre para las empresas y más aún para trabajadoras y trabajadores, que vendría a agregarse a la inseguridad en términos de inestabilidad en el empleo derivada de la desaparición del factor disuasivo del despido que representaría la derogación de la indemnización que actualmente prevé la Ley de Contrato de Trabajo”.
La presentación del Secretario General de la CTA, fue acompañada con las firmas de las diputadas y los diputados Claudia Ormachea, Walter Correa, Santiago Igon, Pablo Carro, Patricia Mounier, Gisela Marziotta, María Rosa Martinez, Mónica Macha y Lía Caliva.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada para que se declara inconstitucional la norma aprobada el 29 de diciembre en el Congreso.
La jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, hizo lugar este jueves a una medida cautelar presentada contra la ley del aborto y suspendió la aplicación de la misma en la provincia del Chaco.
La medida fue impulada por un grupo de personas patrocinadas por el abogado Fernando Enrique Guirado, en la que solicitan declarar “inconstitucional” la ley aprobada el 29 de diciembre pasado en el Senado y promulgada la semana pasada por el presidente de la Nacio´n.
Argumentan los demandantes que el artículo 15, inciso 1 de la Constitución provincial garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción”, y plantean que al tratarse de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana.
La causa es contra el gobierno de la provincia del Chaco y/o el Ministerio de Salud Pública del Chaco y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco y/o quien resulte responsable.