En medio del debate por la reforma laboral anunciada por el Gobierno, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) presentó un proyecto para modificar la Ley N° 25.164 de Empleo Público. La propuesta establece que todo trabajador contratado en forma temporaria por el Estado tendrá derecho a percibir indemnización en caso de despido sin causa, y que quienes acumulen más de diez años de servicio continuo sin haber sido concursados pasarán a planta permanente de manera automática.

Valdés fundamentó la iniciativa en los principios constitucionales de igualdad ante la ley y protección contra el despido arbitrario (arts. 14 bis y 16), así como en la jurisprudencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el uso abusivo de contrataciones temporales para evadir derechos laborales. “Es paradójico que el Estado le exija al sector privado indemnizar despidos injustificados, pero pueda despedir trabajadores con 5, 10 o 28 años de antigüedad sin pagar nada”, señaló.

El proyecto fija que, tras cuatro años de servicio continuo, los contratados temporarios tendrán derecho a la misma indemnización que el personal de planta permanente si son desvinculados sin causa. Además, incorpora una cláusula transitoria para aplicar la medida a los despidos producidos desde el 10 de diciembre de 2023, buscando evitar una avalancha de juicios contra el Estado.

“Queremos reparar una situación de desigualdad que afecta a miles de trabajadores que cumplen funciones permanentes bajo regímenes precarios y luego son despedidos sin justificación”, explicó Valdés, quien advirtió que la iniciativa apunta a terminar con la precarización estructural en el empleo público. “Los argentinos ya comprobamos en el año 2000 que la flexibilización laboral no es la solución”, agregó, responsabilizando a las políticas recesivas del Gobierno por la crisis del empleo y las pymes.

Sobre la importancia del trabajo, el legislador citó al Papa Francisco: “El trabajo no debería ser sólo una fuente de ingresos, sino una forma de construir dignidad, comunidad y sentido”.

El proyecto cuenta con el respaldo de diputados como Hugo Yasky, Leandro Santoro, Lorena Pokoik, Santiago Cafiero, Carolina Gaillard, Mónica Macha, Hilda Aguirre, Varinia Marin, Nancy Sand, María Luisa Chomiak, Jorge Araujo, Eugenia Alianello, Jorge Romero, Natalia Zabala Chacur y Ana María Ianni.

El proyecto de ley que busca otorgar un beneficio económico extraordinario a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque la fecha aún no está definida.

La iniciativa, que cuenta con aprobación unánime de la Cámara de Diputados, recibió amplio respaldo en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Nancy González y Carlos Caserio, respectivamente.

“Estoy satisfecha de que el Gobierno y el Ministerio de Defensa hayan impulsado esta reparación para las familias que han sufrido una pérdida tremenda. Por más que votemos esta reparación económica no vamos a quitarle el dolor a las familias, pero el Gobierno está reconociendo las situaciones graves que tuvieron que atravesar”, destacó González.

Además, recordó que el presidente Alberto Fernández dispuso el ascenso post mortem al grado inmediato superior de los 44 tripulantes del submarino, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.

Caserio coincidió en que “todos tenemos claro que esta terrible tragedia no se cubre con un acto administrativo”, pero “esta ley busca una solución para los familiares”.

El proyecto del Ejecutivo obtuvo un fuerte apoyo de la oposición, aunque desde el Pro Ernesto Martínez preguntó si fue acordado con los beneficiarios. “El Estado quiere cerrar un capítulo y es correcto, pero ¿los familiares tienen la anuencia para esta idea?”, consultó.

Si bien desde el oficialismo no hubo una respuesta concreta, González aclaró que “en la ley está expresado que aquel familiar que no quiera adherir a este beneficio, tiene todo el derecho de no hacerlo”.

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó que se trata de “un acto básico resarcitorio por parte del Gobierno” y que “viene con un acompañamiento importante de Diputados”.

Asimismo, adelantó que, si hay acuerdo, el proyecto se votará en la próxima sesión junto con el Consenso Fiscal y pliegos de embajadores.

El beneficio económico extraordinario será entregado por única vez y los beneficiarios serán los hijos -por partes iguales-, progenitores -también por partes iguales-, cónyuges o convivientes.

La indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100.

“El monto exacto no lo tenemos, pero ronda los 7.000.000 de pesos”, señaló la senadora González, e informó que los familiares tendrán 365 días desde la promulgación de la ley para  reclamar el beneficio. “Se pretende que sea un trámite rápido”, dijo.

Por otra parte, para cobrar el beneficio los familiares deberán renunciar “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.

Asimismo, “el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias a causa del hecho”.

También se establece que en los casos donde los familiares hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.

La indemnización estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.