La diputada bonaerense de Unión por la Patria autora de proyecto de ley para cambiar la forma de calcular las indemnizaciones laborales en la provincia, Soledad Alonso, tomó posición respecto del debate público que se desarrolla en torno de las leyes laborales en el orden nacional.

Soledad Alonso se hizo eco del nuevo cálculo de indemnización por despido que contempla el proyecto nacional, que será más bajo que el anterior debido a que ahora no se computarán gastos extras como aguinaldo, vacaciones, bonos y otros conceptos que no sean del pago mensual habitual.

En este sentido, la legisladora de Unión por la Patria alertó que esta nueva fórmula también contempla a los contratos firmados antes de la sanción de la reforma laboral.

“Si la nueva ley reduce indemnizaciones, elimina multas o cambia la forma de cálculo, esos cambios impactan directamente en los trabajadores que sean despedidos después de su entrada en vigencia”, según explicó.

Y continuó “no es una discusión técnica ni académica. Es una decisión política que redefine cuánto respaldo tiene un trabajador cuando se queda sin empleo. Y en medio de una crisis económica y caída del trabajo formal, avanzar en abaratar el despido es trasladar el costo del ajuste a las familias”, dispuso Alonso.

En rigor, con la reforma laboral las empresas ahora podrán abonar las condenas judiciales en cuotas mensuales consecutivas: para las pymes son 12 pagos mientras que las grandes firmas lo harán en 6.

Además, el monto de la indemnización por despido no podrá ni superar tres veces el salario promedio ni ser inferior a un mes de sueldo. A eso, se le suma que el despedido no podrá reclamar una vez cobrada esa indemnización, salvo que se trate de un delito penal.

“Cuando alguien pierde su trabajo está en un estado de vulnerabilidad absoluta, más aún en este contexto de caída del empleo y creciente incertidumbre. La posibilidad de reclamar judicialmente al trabajador que ve a su familia pasar hambre, que no ve posibilidad de volver al mercado formal, que se queda sin obra social y no puede continuar con sus tratamientos, de nada le sirve. Esto es condenarlo a aceptar migajas en lugar de lo que por derecho le corresponde”, lamentó Alonso.

Por ello la diputada reclamó el tratamiento, a contramano de la naturaleza de esta reforma laboral, el proyecto de ley que, en 2024 Alonso y la diputada Maite Alvado presentaron para modificar la tasa de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia laboral, con el objetivo de que, al momento de que los trabajadores cobren la indemnización, el monto no quede pulverizado por la inflación, ya que este tipo de juicios suele resolver con 4 a 5 años de tardanza.

El punto clave de esta normativa radicaba en reemplazar la tasa activa con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) reglamentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), más una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el pago efectivo.

Si bien la iniciativa fue aprobada en Diputados, finalmente nunca fue tratada por el Senado debido a la resistencia de la oposición, que esgrimió que cambiar el cálculo iba a llevar a la quiebra a los empleadores.

La iniciativa parlamentaria que aumenta “el costo de las indemnizaciones por despidos” en la provincia de Buenos Aires, aprobado en la Cámara de Diputados, con un claro pronunciamiento del oficialismo y pleno apoyo de la bancada de UP, se encontró con una situación inesperada en el Senado.

Sucede que, tras el pronunciamiento en contra de todas las bancadas de senadores de la oposición y de todas las Cámaras empresariales “habidas y por haber”, como frutilla del postre, se escuchó la voz de la vicegobernadora Verónica Magario que le bajó el pulgar.

“No ha sido una iniciativa del gobierno provincial”, dijo la matancera y luego explicó “nosotros somos los que fomentamos el sostén de nuestras industrias y promovemos la actividad de las Pymes, que son las que componen el entramado productivo, porque representan entre un 70 y un 80% en la provincia de Buenos Aires”.

Cabe consignar que la iniciativa parlamentaria fue presentada e impulsada por la diputada de UP Maite Alvado, una referencia camporista, pero que además contó con el apoyo de toda la bancada de UP que conduce el diputado Facundo Tignanelli.

La reforma modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por una fórmula que toma en cuenta el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), y agrega una carga del 6 por ciento; de tal forma que según estimaciones “se multiplica el monto de las misma en más de 7 veces”.