El Senado de la Nación se prepara para una de las sesiones más sensibles del período de extraordinarias. El próximo miércoles 11, desde las 11, la Cámara alta debatirá el proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que el oficialismo considera central para su programa económico y que llega al recinto tras semanas de negociaciones reservadas con bloques dialoguistas y gobernadores.

La convocatoria, firmada por la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, fijó una agenda única, concentrada exclusivamente en la reforma laboral, una señal de la magnitud del debate que se espera y del interés del Gobierno por evitar que otros temas diluyan los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Un acuerdo amplio, pero no cerrado

Desde el oficialismo aseguran contar con un consenso cercano al 95% del articulado, una cifra que se repite como mantra en los despachos libertarios, aunque con una advertencia recurrente: los cambios finales se conocerán recién en el recinto. Así lo expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones con senadores del Pro, la UCR y fuerzas provinciales. Y que ante la consulta respecto de si están los votos para aprobar la norma, contestó de manera afirmativa, “sino, no convocaríamos a sesionar”. Bien que tengan en cuenta ese detalle.

El hermetismo no es casual. La estrategia del oficialismo apunta a llegar a la sesión con los votos contados artículo por artículo, evitando fisuras de último momento. En ese marco, varios senadores aliados admiten en privado que el texto que se debatirá no será idéntico al dictamen original, sino el resultado de concesiones técnicas y políticas acordadas en las últimas semanas.

Los ejes centrales de la reforma

Aunque el articulado definitivo permanece bajo reserva, los lineamientos generales del proyecto ya son conocidos. La iniciativa propone modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, bajar costos laborales y fomentar la formalización del empleo.

Entre los puntos más relevantes se destacan:

✅ Cambios en el régimen de indemnizaciones, con una nueva base de cálculo que excluye conceptos no habituales del salario y habilita sistemas alternativos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales.

✅ Mayor flexibilidad en el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento en tramos no menores a siete días y habilitando acuerdos entre empleador y trabajador fuera del período tradicional.

✅ La incorporación del “banco de horas”, un esquema que flexibiliza la jornada laboral y permite compensar períodos de mayor carga horaria con descansos posteriores, reduciendo el pago de horas extras tal como se conoce actualmente.

✅ Cambios en materia sindical, como la eliminación de la cuota solidaria obligatoria y una redefinición del alcance del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.

Ganancias, el nudo político

Si el capítulo laboral parece encaminarse a un acuerdo amplio, el frente fiscal sigue siendo el principal escollo. En particular, la propuesta de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades encendió alarmas entre los gobernadores, que advierten sobre el impacto negativo en la coparticipación.

Las negociaciones por este punto se trasladaron fuera del Senado y quedaron en manos del ministro del Interior, Diego Santilli, y del titular de Economía, Luis Caputo, quienes mantienen conversaciones directas con los mandatarios provinciales. En el oficialismo confían en destrabar este capítulo antes de la sesión, aunque reconocen que podría haber ajustes de último momento en el recinto.

El poroteo previo muestra un escenario favorable para el Gobierno, con el respaldo de senadores del Pro, la UCR y bloques provinciales. No se descarta tampoco cierto apoyo de parte del peronismo no kirchnerista. Sin embargo, el debate promete ser extenso y con discursos encendidos, especialmente desde los sectores que rechazan la reforma por considerarla regresiva en materia de derechos laborales.

El tratamiento parlamentario estará acompañado por movilizaciones sindicales. Las dos CTA ya anunciaron protestas para el mismo miércoles, mientras que la CGT ha dejado de lado un paro y solo anticipó una marcha contra la norma.

De obtener media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a tratarlo antes de fin de mes, aunque los tiempos reglamentarios y el calendario de extraordinarias podrían estirar el trámite hasta el inicio de las sesiones ordinarias.

Sucede que, como ya hemos dicho, el feriado de Carnaval impide cumplir la premisa reglamentaria de dictaminar antes de diez días antes del cierre del período correspondiente. Esto es, si fuera en período ordinario, se puede dictaminar hasta el 20 de noviembre; en este caso, el cierre de este período fue establecido por el propio Gobierno en el decreto correspondiente en el 27 de febrero, razón por la cual el plazo vence el martes 17, feriado. Quedan dos caminos: la prórroga del período extraordinario hasta el sábado 28 de febrero, o dejar la sesión de Diputados para el período ordinario.

Entrevistado por Diputados TV, el diputado Nicolás Mayoraz se hizo eco de este problema reglamentario y sugirió esta segunda alternativa, que dependerá de la decisión del Gobierno. Y la certeza de que, en caso contrario y que se prorrogue un día extraordinarias, no haya problemas para dictaminar en el plenario de Diputados ese martes 18.

Por lo pronto, la atención está centrada en lo que vaya a suceder el miércoles que viene y que el oficialismo pueda asegurarse la media sanción que, al menos de la boca para afuera, se anticipa segura.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este viernes el proyecto de modernización laboral y sostuvo que "es una ley para llevar a los argentinos a la formalidad laboral; tiene su foco en las nuevas modalidades de trabajo, en los jóvenes".

"A veces hay sectores que quieren poner un poquito de miedo respecto de esto", contestó sobre las críticas de la oposición y resaltó que "las reglas laborales de hoy han expulsado a la gente al mercado informal, no es que venimos de Suiza". Sobre esto, agregó que los empleados no han contratado de manera formal "por la incertidumbre y los costos que tienen".

Además, el funcionario justificó que, pese a tocar temas impositivos, la iniciativa haya ingresado por el Senado y dijo que "hay antecedentes" de este tipo. "Es un proyecto de 200 artículos, de los cuales una decena tiene que ver con lo tributario, pero es todo subsidiario a la reforma laboral", expresó.

Durante una entrevista en radio Mitre, el ministro manifestó que "Argentina hace 10 años no crea empleo formal, ha ido expulsando a sus trabajadores de la formalidad y el 50% de los trabajadores son informales". "Los más perjudicados son las PyMEs y los jóvenes. Los jóvenes demandan modalidades laborales totalmente diferentes", insistió.

Respecto de los cambios sobre las vacaciones, Sturzenegger indicó que actualmente "te las tenes que tomar en un período muy particular del año", como es el mes de enero, y "hoy la gente pide algo más flexible". "(La modificación) es en beneficio del trabajador, es lo que están reclamando sobre todo los jóvenes", añadió.

"No se terminan las horas extra", aseguró en otro tramo de la entrevista y, sobre el banco de horas, explicó: "Es por si hay que quedarse dos horas más y el empleador te dice vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana". "Así como hablamos de la flexibilización de las vacaciones, acá se trata de que también el empleador y el trabajador puedan diseñar una estructura más flexible", señaló.

Sobre las indemnizaciones, el ministro apuntó que "no se cambia el monto de la indemnización, sino que se da precisión para el cálculo", y aclaró que esto correrá para todos los trabajadores, no solo para los nuevos. "Estamos clarificando temas de la Ley de Contrato de Trabajo, que aplica para todos. Lo que es para los nuevos es el RIFL (Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral) y el FAL (Fondo de Asistencia Laboral)", sostuvo.

"En la comparativa internacional, (el de indemnizaciones) es uno de los regímenes más generosos que hay. Son pocos los países que lo tienen así. Lo que los empresarios nos decían es que no es un problema eso, o sea, pagar un mes por año que trabajó una persona, pero sí cuando se tiene algún de litigio, que hace pasar de los 5 años a 20 años, generando una incertidumbre respecto al despido", profundizó.

En ese sentido, Sturzenegger defendió que se busca "bajar esa incertidumbre". "Hemos tratado de tipificar bien el cálculo con el fin de evitar esos grises que dan margen para el litigio. Otro tema en el cual aparecía una incertidumbre muy grande es la tasa en la cual actualizas los juicios; vos tenes un juicio de hace 15 años y hay que traerlo a plata de hoy", indicó, señalando la discrecionalidad que quedaba a cargo del juez. "La ley estipula cómo se hace esa actualización de manera lógica", añadió.

También, el funcionario admitió que el FAL estará financiado por el Estado, ya que surge de “la baja del gasto y la motosierra que nos permite bajar impuestos”. "En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo 'voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral'. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias", explicó.

Y completó que "es plata que está poniendo el Estado, porque está bajando las cargas, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos. También es una tranquilidad para los trabajadores".

Sobre el pago del salario en pesos, moneda extranjera, especie, habitación o alimentos, el ministro de Desregulación afirmó que "eso ya está en la ley; en esto no estamos innovando", y negó que vuelvan los tickets canasta.

El proyecto de ley de Modernización Laboral redefine el régimen de despidos e indemnizaciones previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de dar previsibilidad a los costos laborales y habilitar mecanismos alternativos para el pago de compensaciones. La indemnización será de un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable. Además, habilita a empleadores a constituir fondos de cese laboral para solventar dicha indemnización, y reafirma que esta compensación es la única reparación posible, excluyendo reclamos civiles paralelos. Se ajusta el régimen de preaviso y se mantienen las indemnizaciones especiales para supuestos de enfermedad, accidente o muerte del trabajador.

Indemnización por despido sin causa

El nuevo artículo 245 establece que, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, se deberá abonar al trabajador:

“Una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

La norma precisa qué conceptos integran esa base: solo se considerarán las remuneraciones mensuales efectivamente devengadas y pagadas, excluyendo pagos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios. Para los rubros variables (horas extra, comisiones, premios mensuales), se tomará el promedio de los últimos seis meses o del último año, el que resulte más favorable al trabajador.

El proyecto introduce un tope indemnizatorio:

“La base salarial no podrá exceder el equivalente a tres veces el importe del salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al trabajador al momento del despido”.

Ese tope será calculado por las partes del convenio y homologado por la autoridad de aplicación. Para trabajadores fuera de convenio, se aplicará el del establecimiento o el más favorable entre los convenios aplicables. Además, se fija un piso:

“En ningún supuesto la aplicación del tope podrá ser inferior al 67% de la remuneración mensual, normal y habitual calculada conforme a lo establecido”.

La indemnización nunca podrá ser inferior a un mes de sueldo y constituye la única reparación frente a la extinción sin causa del contrato. El artículo también habilita que, mediante convenio colectivo, se sustituya este régimen por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará a cargo del empleador.

Contratos a plazo fijo

El artículo 95 regula el despido anticipado en contratos con fecha de vencimiento:

“El despido injustificado dispuesto con antelación al vencimiento del plazo convenido, dará derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones que correspondan considerando, a ese solo efecto, la antigüedad que habría acumulado hasta la fecha de finalización del plazo originariamente pactado”.

Si la extinción se produce con preaviso y el contrato está íntegramente cumplido, se pagará lo previsto en el artículo 250.

Indemnización por muerte del trabajador

El artículo 248 mantiene el derecho a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247, que se distribuirá entre cónyuge o conviviente, hijos menores y mayores con discapacidad.

Fondo de Asistencia Laboral

Una novedad es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), regulado en el artículo 58. Este mecanismo busca garantizar el pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la extinción del vínculo.

“Los Fondos de Asistencia Laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las contribuciones patronales con destino al SIPA”.

Cada empleador tendrá una cuenta individual, inembargable y de afectación específica, administrada por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Los recursos podrán aplicarse para cubrir pagos previstos en los artículos 95, 245 y otros vinculados a indemnizaciones por despido, preaviso e integración. La existencia o insuficiencia de fondos no limita la responsabilidad del empleador, que sigue siendo el único obligado al pago.

El proyecto aclara que este régimen no reemplaza el sistema indemnizatorio vigente, sino que lo complementa. Además, prevé beneficios fiscales para los rendimientos del fondo y una reducción de tres puntos en las contribuciones patronales para quienes cumplan con la obligación.

El Gobierno entró en la etapa final de elaboración del proyecto de ley de Modernización Laboral, un texto de casi 200 artículos que reescribe buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y que, según fuentes oficiales, será enviado al Congreso la próxima semana. La iniciativa, que comenzó a circular en despachos parlamentarios y que este medio revisó en detalle, propone cambios estructurales en el régimen laboral argentino, desde la definición misma de trabajo hasta el sistema de indemnizaciones, pasando por nuevas modalidades contractuales, regulaciones sobre registro y un nuevo esquema financiero para cubrir despidos.

El articulado —extenso, técnico y de impacto transversal en la normativa vigente— se presenta como un intento de “modernizar un régimen pensado para 1974”, según suelen explicar en el oficialismo. La premisa aparece expresada también en el corazón del texto, que redefine el concepto central del sistema: “Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”, señala el nuevo artículo 4°, con un agregado conceptual: “El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre”. 

Redefinir el alcance de la ley

Uno de los cambios más discutidos internamente es el nuevo artículo 2°, que establece el ámbito de aplicación de la LCT. La propuesta excluye explícitamente a empleados públicos, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, contrataciones civiles y comerciales, trabajadores independientes y trabajadores de plataformas digitales, “conforme la regulación específica”. La redacción abre la puerta a un debate sobre la frontera entre trabajo dependiente y autónomo, y plantea una intención oficial clara: reducir la presunción de relación de dependencia allí donde existan otras formas de contratación.

En la misma línea, el artículo 23 limita la presunción de vínculo laboral cuando existan facturas o recibos correspondientes a contratos de obra o servicios profesionales. El Gobierno considera que esta precisión es clave para “dar seguridad jurídica a la contratación moderna”.

La reforma otorga un rol central a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), nuevo organismo recaudador creado por el Ejecutivo, que pasa a unificar la registración laboral. El artículo 52 establece que los empleadores deberán registrar trabajadores “ante la ARCA”, y que esa registración será suficiente “a todos los fines”, evitando requisitos adicionales de otros organismos.

El Ejecutivo interpreta esta modificación como una simplificación; los sindicatos, como una recentralización que desplaza la capacidad de fiscalización del Ministerio de Trabajo.

El proyecto incorpora también la posibilidad de digitalizar libros y recibos, y redefine la entrega de certificados de aportes al momento de la desvinculación, permitiendo su cumplimiento de manera enteramente digital.

Indemnizaciones: un régimen con topes

Uno de los capítulos más extensos y políticamente sensibles es el que rediseña el sistema de indemnizaciones.

Dice el proyecto: “En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

Se entiende como remuneración, a estos fines, la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera. Se define como habitual, a estos fines, aquellos conceptos devengados como mínimo seis meses en el último año aniversario.

Así lo establece el artículo 245, que propone una nueva fórmula de cálculo, basada en la “mejor remuneración mensual, normal y habitual”, pero delimita los conceptos considerados habituales y fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio correspondiente. A la vez, establece un piso: la indemnización nunca podrá ser inferior al 67% de esa base teórica.

El texto también habilita alternativas al régimen tradicional. “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador”, indica el proyecto. Esta posibilidad abre el camino para un esquema similar al de la construcción, donde el empleador aporta mensualmente y evita la indemnización final.

Ese esquema se profundiza con el Título II, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Su objetivo es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones derivadas de despidos y preavisos. El fondo se financia con una contribución del 3 % mensual sobre la masa salarial y se administra como “un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica”. El empleador podrá usarlo para cubrir total o parcialmente las liquidaciones finales, pero la responsabilidad por el pago al trabajador seguirá siendo exclusiva del empleador.

Desde el Gobierno lo presentan como “una herramienta para darle previsibilidad al sistema”, mientras que sectores sindicales lo ven como “la antesala de la eliminación progresiva de las indemnizaciones”. 

Beneficios sociales, modalidades y remuneración

El capítulo de remuneración no solo redefine los conceptos remunerativos sino que vuelve a establecer con claridad qué no es salario. Los “beneficios sociales”, como reintegros médicos, ropa de trabajo, cursos, guardería o servicios de alimentación, se consideran conceptos no remunerativos y no pagan cargas sociales. El artículo 103 bis es explícito: “En ningún caso corresponderá el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social”.

También se habilita, mediante el artículo 104 bis, que empleadores y trabajadores pacten “componentes retributivos dinámicos adicionales”, fijos o variables, que no generarán derecho adquirido ni continuidad tácita. Para los especialistas en derecho laboral, esta disposición introduce flexibilidad salarial con una amplitud inédita.

En cuanto a modalidades, el proyecto reescribe el contrato a tiempo parcial, habilita la realización voluntaria de horas suplementarias y permite que los convenios colectivos fijen porcentajes máximos de personal bajo esta modalidad.

Además, introduce un artículo clave sobre bancos de horas, permitiendo que empleadores y trabajadores “acuerden voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, formalizado por escrito y con un sistema de control verificable. Para el oficialismo, esto apunta a “acomodar la jornada al siglo XXI”; para los sindicatos, representa “una desregulación encubierta de la jornada laboral”.

Enfermedades, certificaciones y control médico

Uno de los puntos donde el Ejecutivo buscó ser más preciso es el régimen de ausencias por enfermedad. El artículo 210 exige que los certificados sean “firmados digitalmente” a través de plataformas autorizadas, un cambio que busca reducir los conflictos por licencias médicas. En caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el designado por el empleador, se convocará a una Junta Médica, pudiendo intervenir organismos privados “de reconocida solvencia técnica”.

El proyecto sustituye el artículo 276 y establece que los créditos laborales se actualizarán por el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa del 3 % anual. El Gobierno sostiene que la fórmula “equilibra el resguardo del crédito del trabajador con la previsibilidad para el empleador”, mientras que especialistas laborales advierten que la tasa podría quedar por debajo de la inflación real.

En materia judicial, el nuevo artículo 277 fija que los honorarios de primera instancia no podrán exceder el 25 % del monto de la sentencia y prohíbe pactos de cuota litis que superen el 20 %. También ordena que “todo pago se efectivizará mediante depósito en la cuenta sueldo del trabajador”. 

Una reforma integral que el Ejecutivo calificará como “histórica”

El Gobierno planea presentar el proyecto acompañado de un mensaje político fuerte: que se trata de la reforma más profunda del sistema laboral en medio siglo. En privado, funcionarios del área señalan que la intención es “ordenar un mercado laboral fragmentado, reducir la litigiosidad y potenciar el empleo registrado”.

Sin embargo, en los bloques opositores ya anticipan resistencia. El paquete toca intereses sindicales, empresariales y profesionales, y se superpone con debates preexistentes en el Congreso. Los gremios, por su parte, estudian el texto artículo por artículo: no descartan medidas de fuerza, pero esperan el envío formal para fijar posición.

Lo cierto es que, tal como está redactado, el proyecto de modernización laboral abre una discusión de enorme impacto político y económico. Y si, como prevé el Ejecutivo, se presenta la próxima semana, será uno de los debates más intensos de la agenda parlamentaria de fin de año.

En vísperas del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el diputado nacional Hugo Yasky presentó un proyecto que apunta en sentido contrario a las propuestas de flexibilización: eliminar los topes indemnizatorios y fijar un piso mínimo equivalente a dos sueldos para los despidos sin causa.

La iniciativa modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que la indemnización será de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Además, garantiza que el monto nunca sea inferior a dos meses de salario.

En los fundamentos, Yasky sostiene que el régimen actual “se aparta del principio constitucional de protección contra el despido arbitrario” y denuncia que los topes vigentes “debilitan el carácter disuasivo de la indemnización”, afectando el derecho de propiedad del trabajador y la garantía de igualdad. El proyecto también cita tratados internacionales y fallos como “Vizzoti”, que cuestionaron la constitucionalidad de los límites indemnizatorios.

La propuesta se inscribe en la pulseada política que se abrirá en el recinto, donde el oficialismo y la oposición medirán fuerzas sobre el futuro del régimen laboral argentino.

El presidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli, habló sobre el proyecto de indemnizaciones laborales que obtuvo media sanción en Diputados y espera ser aprobado en el Senado para convertirse en ley:

“La compañera Maite Alvado y la compañera Soledad Alonso presentaron una iniciativa que discute cómo impactan las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires y cómo impactan las indemnizaciones laborales en Capital con la Justicia Nacional del Trabajo, donde es totalmente distinto. A la sentencia de la provincia de Buenos Aires hoy se le está aplicando una tasa pasiva, mientras que a las nacionales se les aplican distintos tipos de tasas pero que actualizan prácticamente por inflación”, señaló este sábado en el programa Sin Diarios, de AM 530.

“Nosotros le dimos media sanción a este proyecto en Diputados, que establece un coeficiente similar, o el mismo coeficiente que aplicaba la Cámara Nacional del Trabajo, para que precisamente los créditos laborales no se vean licuados por la inflación. Ahora está en Senadores”, puntualizó.

También reflexionó sobre la presión que realizan “algunos sectores concentrados de la economía” para evitar que este proyecto sea aprobado. Explicó que “estos sectores se benefician con la legislación vigente, ya que la misma licúa el costo real de una indemnización”. Al respecto señaló: “Están apretando mucho los sectores concentrados en la economía, salieron la Sociedad Rural y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires a decir que esto haría quebrar empresas, una cuestión que es un disparate. Las empresas quiebran por las tarifas, por la macroeconomía. No te olvides que las indemnizaciones, el crédito del trabajador, surge a partir de un ilícito que comete el empleador que es o no hacerle los aportes, o no registrarlo, o despedirlo injustificadamente”.

Además, resaltó el acompañamiento que la iniciativa obtuvo entre los representantes del movimiento obrero y destacó “los beneficios que traerá para los trabajadores bonaerenses”: “Es un proyecto de los laburantes. De hecho, el ministro de Trabajo del Gobierno provincial lo presentó. Walter Correa dijo que el Ministerio de Trabajo iba a apoyar una iniciativa que era justa para los trabajadores. Apenas se presentó la ley, todas las regionales de la CGT de la provincia de Buenos Aires pidieron que el proyecto sea tratado y que se apruebe”.

Agregó que “también salieron algunos funcionarios del Ejecutivo a decir que era un proyecto legislativo, que no era un proyecto que el Ejecutivo tuviera en agenda. Básicamente porque los aprietan los sectores concentrados de la economía y tratan de lavarse las manos y despegarse, diciendo ‘es una cosa de la Legislatura, nosotros no tenemos nada que ver’”.

Y finalizó: “Es un proyecto que le sirve a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que viene a traer justicia social para ellos, a diferencia de lo que hace Milei”.

El proyecto de ley busca modificar el artículo 48 de la Ley 11653, de los Tribunales de Trabajo bonaerenses, que tienen a su cargo la administración de la justicia laboral, para eliminar el postulado que establece la tasa activa, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para determinar los intereses que se adicionan a las indemnizaciones laborales al momento del pago.

La iniciativa que estaría en camino de ser considerar en el recinto de la Cámara baja en la próxima sesión, contaría con el respaldo del Ministerio de Trabajo bonaerense, y de abogados y magistrados laboristas con actuación en el ámbito provincial.

Se propone que la tasa activa de la entidad bancaría publica sea reemplazada por el índice del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), tasa que se utiliza por la Justicia Federal y otros Estados provinciales, y cuenta con una relación “más realista” con la inflación.

La modificación cobra impulso al considerarse que en los 4 o 5 años que duran los juicios laborales en la provincia el cobro de la indemnización se devalúa debido a la alta inflación imperante, más teniendo en cuenta que el monto compensatorio tiene una dependencia mucho mayor a su tasa de interés.

Básicamente entonces el proyecto de Ley de autoría de la diputada de UP Maite Alvado, busca reemplazar la tasa activa, con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales, y terminaría quedando muy por debajo de la inflación, por la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

“Hoy tenemos la inflación y la tasa activa para abajo, y más para abajo la pasiva, que es la que se aplica en las indemnizaciones laborales en Capital Federal; tenemos que encontrar una solución y la CER es la posibilidad más justa para otorgarles a los trabajadores, si no hacemos nada al respecto tenemos que entender que los despedidos van a recibir miserias”, advirtió Alvado.

Es más, en ese sentido la legisladora denunció que, al conocer que la indemnización laboral perderá su valor con el paso del tiempo, los empleadores deciden esperar a un juicio laboral y postergar su sentencia lo más posible.

“Especulan financieramente ya que ponen el dinero en un plazo fijo, les da una tasa activa y pagan la deuda con la tasa pasiva, una cuenta matemática”, puntualizó Alvado

En ese sentido, Unión por la Patria hizo uso de su poderío en la comisión de Legislación General y, con el apoyo del bloque de diputados liberales dialoguistas dirigido por Gustavo Cuervo, despachó el proyecto de ley sobre las indemnizaciones laborales.

En cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa y adelantó que presentará un dictamen de minoría.

Desde la bancada del PRO se oponen al tratamiento y la diputada Florencia Retamoso, en ese sentido, manistó “no estaríamos de acuerdo con la tasa y es algo que deberíamos seguir trabajando; nosotros también representamos al sector empresarial”, aclaró la diputada republicana.

Por impulso de diputados oficialistas, se tratarán este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dos proyectos que proponen una indemnización a trabajadores afectados por las privatizaciones en los años '90. La reunión será a las 15 en la Sala 1 del Anexo, previo a un plenario que habrá para debatir sobre licencias laborales.

Una de las iniciativas, presentada por Hugo Yasky (FdT), busca reconocer "una indemnización económica a los exagentes de la Empresa Gas del Estado que no se hayan acogido al Programa de Propiedad Participada".

"Toda vez que los Programas de Propiedad Participada de las sociedades anónimas continuadoras de Gas del Estado S.E. se articularon con los mismos vicios que se presentaron en el PPP de YPF -puestos al descubierto por la Corte Suprema-, y por las quejas que nos han hecho llegar y el número de causas judiciales que hemos podido relevar, el impacto en el caso de Gas del Estado S.E. fue significativamente menor que en YPF, sin perjuicio de lo cual no me cabe dudas que igualmente es responsabilidad del Estado Nacional, a través de este Congreso de la Nación, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos por haber cesado su relación de dependencia en el período que se extendió desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia", sostuvo en los fundamentos el diputado.

El otro proyecto, impulsado por Juan Marino (FdT), propone establecer "una indemnización a favor de los y las exagentes de la exEmpresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.) o sus derechohabientes que se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992".

"Las gestiones de los Programas de Propiedad Participada fueron diversas. En la mayoría de los casos terminaron en conflictivos procesos judiciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones de participar, o para indemnizar los daños por los respectivos incumplimientos. En el marasmo de juicios, también abundaron diversas interpretaciones sobre plazos de prescripciones y causales de caducidad que, en definitiva, consumaron la violación al derecho a la propiedad participada de los exagentes de las empresas participadas y particularmente de los de SEGBA", señaló Marino en su iniciativa.

A través de un comunicado, el colectivo de trabajadores damnificados recordó que a lo largo de estos años han impulsado "diferentes iniciativas legislativas" para "resarcir a los trabajadores que no cobraron lo que la ley indicaba".

"Como tantas veces hemos movilizado al Congreso reclamando por el tratamiento de las leyes, en esta oportunidad celebramos y apoyamos este gran paso que retoma el debate y la discusión por las leyes de reparación", agregaron. En tanto, este martes se congregarán en las puertas del Anexo de la Cámara baja.

En el tramo final de la sesión especial de la Cámara de Senadores que se realizó este miércoles, la vicejefa del bloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, solicitó una moción de orden para incorporar al temario del día el proyecto del Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, el cual recibió la media sanción por unanimidad y giró a Diputados.

Fernández Sagasti, explicó que la iniciativa-que obtuvo dictamen en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en mayo del corriente año- propone una “reparación histórica a víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre del 2001”.

“Todos saben de qué se trata, tiene dictamen este proyecto de ley que vino desde el Ejecutivo que establece un beneficio extraordinario para los herederos y los derechos habientes de las víctimas del 2001, así como también para las personas que sufrieron lesiones gravísimas en estas circunstancias”, explicó.

En ese sentido, sostuvo: “Obviamente sabemos que una compensación económica no devuelve a la vida a aquellas personas que perdieron la vida en la gravísima represión sufrida por ciudadanos, ese fatídico 19 y 20 de diciembre del 2001, pero entendemos que, además de una reparación económica, es una reparación saber que el Estado se hace cargo de la represión fatal de ese día”.

“La reparación que debe ser integral y que el Estado nacional lo ha hecho en otras ocasiones como fue con el ARA San Juan a 5 años de su hundimiento, cuando fue la explosión de Rio Tercero”, recordó la senadora kirchnerista y cerró: “Creemos que es a casi 21 años de esa represión es fundamental que el Congreso Nacional reconozca a las víctimas y a sus derechos y a quienes pudieron sobrevivir a través de esta reparación extraordinaria”.

El diputado bonaerense y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (Frente de Todos), presentó este jueves un proyecto de declaración que señala la inconstitucionalidad de la iniciativa presentada por el senador porteño Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) que intenta suprimir la indemnización por despidos y reemplazarla por un “Fondo de Cese Laboral”.

En el proyecto, que recibió el acompañamiento de varios legisladores, muchos de ellos de extracción sindical, se plantea explícitamente que la Comisión no deberá dar “curso favorable a ninguna propuesta legislativa que lesione, contraríe o menoscabe en modo alguno derechos sociales fundamentales, o sus garantías, ni que contradiga de cualquier modo el mandato vinculante que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone al Poder Legislativo, dirigido a otorgar al trabajo ‘la protección de las leyes’ y, especialmente, asegurar ‘al trabajador (…) protección contra el despido arbitrario’”.

En sus fundamentos, Yasky asegura que ninguno de los sistemas en que se inspira este Fondo, “es compatible con la Constitución argentina”. Se refiere concretamente a las legislaciones de Austria y Brasil aludidos en el proyecto en ciernes. Y agrega que “dictado de una ley como la que se ha sometido a tratamiento parlamentario en el Senado confronta en la dimensión teleológica con la misión que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Fundamental encomienda al Congreso, que es la de “Proveer lo conducente al desarrollo humano (y) al progreso económico con justicia social”.

Por otra parte, la iniciativa de los diputados del Frente de Todos, observa que el proyecto de Lousteau tiene también graves falencias legislativas ya que “se postula que el porcentaje del aporte destinado a nutrir el fondo varíe según el criterio del poder de turno, lo cual, por otra parte, resultaría generador de incertidumbre para las empresas y más aún para trabajadoras y trabajadores, que vendría a agregarse a la inseguridad en términos de inestabilidad en el empleo derivada de la desaparición del factor disuasivo del despido que representaría la derogación de la indemnización que actualmente prevé la Ley de Contrato de Trabajo”.

La presentación del Secretario General de la CTA, fue acompañada con las firmas de las diputadas y los diputados Claudia Ormachea, Walter Correa, Santiago Igon, Pablo Carro, Patricia Mounier, Gisela Marziotta, María Rosa Martinez, Mónica Macha y Lía Caliva.

La senadora nacional y candidata a renovar su banca María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) resaltó que “los planes sociales son la consecuencia de esos modelos económicos de quienes hoy piden quitar las indemnizaciones por despido expulsando a los trabajadores del mercado laboral", en alusión a proyectos presentados por legisladores de Juntos por el Cambio.

Durante un acto de inauguración de obras de renovación en la plaza Manuel Belgrano en la localidad de Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo, la santafesina sostuvo: "El general Manuel Belgrano, cuyo nombre lleva esta plaza, nos legó además de la bandera el amor por la patria y también el arraigo, la generación de empleo y la industrialización de la ruralidad”.

“Belgrano abrazaba las ideas de que nuestro país no fuera solo agroexportador, sino también sostenía la necesidad de industrializar todo lo que se produce en el campo generando agregado de valor y trabajo argentino para constituirnos en un polo de desarrollo mundial", agregó.

En esa línea, la legisladora kirchnerista expresó que "por eso creemos firmemente en que la mejor manera de generar empleo es llevando adelante un modelo de desarrollo con justicia social. En un país que sólo exporta granos caben nada más que 15 millones de argentinos y argentinas”.

También, manifestó su deseo de que “las cooperativas y la economía popular tengan también un lugar en esta reconversión de los planes sociales en empleo y así destruir ese viejo paradigma que quieren instalar que nosotros tenemos como política de Estado los planes sociales”.

Durante el acto, la senadora estuvo acompañada por la presidenta comunal, María Laura Mozzi, el párroco Sebastián Combi y autoridades de instituciones educativas y civiles y en un marco de una gran concurrencia de vecinos.

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Sergio Palazzo se refirió a las iniciativas presentadas por legisladores de Juntos por el Cambio para eliminar las indemnizaciones de trabajadores despedidos, y criticó: “Siempre buscan lo mismo”.

"Es la misma idea que presentó (Jorge) Triaca como ministro de Trabajo” durante el gobierno de Mauricio Macri, señaló, y afirmó que el proyecto presentado por el senador Martín Lousteau (UCR) le parece "descabellado".

En declaraciones a Radio 10, el secretario general de La Bancaria alertó que en la iniciativa se plantea que "incluso el trabajador, en caso de haber diferencias, se queda sin cobrar nada mientras tiene que litigar ante la Justicia”.

“Tiene que haber una protección contra el despido arbitrario porque es un derecho constitucional que se vulneraría si esto no existe”, indicó. En ese marco, evaluó que “estos modelos que presentan vienen de países donde la tasa de desocupación es inferior al 4%”.

Además, Palazzo explicó que "si midieran el fenómeno, verían que ese seguro que proponen alcanza para tres o cuatro meses, mientras al trabajador en la Argentina, para conseguir otro trabajo, le lleva unos 20 meses de búsqueda”.

Por otra parte, el candidato a diputado consideró que el Gobierno ha tenido “una reacción rápida” tras el resultado adverso en las PASO, y sostuvo que las medidas de modificar el impuesto a las Ganancias y la suba del salario mínimo “son correctas".

"Si se suma a esto la economía que ya está mostrando números favorables, esto tiene que ser el despegue de la Argentina”, planteó.

En otro orden, el gremialista habló sobre la necesidad de investigar la supuesta quita de utilidades al Banco Nación por parte del Poder Ejecutivo durante la gestión de Cambiemos.

“En su momento, como (Asociación) Bancaria estuvimos en el Congreso pidiendo que no se le quitaran utilidades al Banco Nación, pero terminaron votando una quita de capitalización de 23 mil millones de pesos y luego fueron 15 mil millones de pesos de utilidades que le sacaron al banco”, advirtió.

Y resaltó que "hoy (Eduardo) Hecker (actual titular del Banco Nación) hizo un esfuerzo de poner el banco en situación de rentabilidad y la política de vaciamiento se cambió por una banca pública rentable, que es la función que tiene que cumplir”.

La senadora María de los Angeles Sacnun, candidata a renovar su banca por el Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, participó de una mesa debate donde se analizó el proyecto de reforma laboral presentado en el Congreso de la Nación por un legislador de Juntos por el Cambio para eliminar las indemnizaciones laborales. "Cuando en la Argentina se profundizan las políticas de redistribución del ingreso, vuelven con esos proyectos que no tienen otro objetivo que desechar y destrozar el derecho laboral", dijo Sacnun y agregó: "Si pudieran lo borrarían de un plumazo".

Acompañada por Vanesa Siley (presidenta de la Comisión Laboral de la Cámara de Diputados de la Nación y secretaria general de Fe.Si.Tra.Ju); la diputada nacional santafesina Josefina González y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe Jorge Perlo, Sacnun sostuvo que "el concepto del derecho laboral en la Argentina tiene que ver con el peronismo y con los derechos no solo individuales sino también colectivos de los trabajadores y trabajadoras y de la importancia del movimiento obrero organizado. Porque el derecho laboral lo que hace es poner en un pie de igualdad los derechos de los trabajadores con los del capital y los empresariales".

"Nosotros concebimos al Estado como el gran árbitro, que protege a la parte más débil del derecho laboral que son los trabajadores. Ese es el concepto básico en el peronismo y en el campo nacional y popular respecto de la organización del trabajo. Es imposible pensar en los derechos de los trabajadores en el marco de políticas neoliberales que arrasan con el poder adquisitivo de los salarios", dijo la senadora.

"En la provincia de Santa Fe y de cara a las elecciones de noviembre, los trabajadores y las trabajadoras tendremos que dar una discusión muy importante sobre este proyecto de ley presentado por legisladores de la oposición. Y en mi caso como senadora nacional puedo venir a dar la cara porque nunca voté ninguna ley que recortara ningún derecho a los trabajadores", remarcó.

Para finalizar, afirmó que "ante la crisis que estamos viviendo después de la pandemia del macrismo y la sanitaria, la salida no es recortarle los derechos a los trabajadores. Por el contrario Néstor y Cristina durante nuestro gobierno crearon 6 millones de puestos de trabajo sin tocar una sola coma de esos derechos consagrados."

Participaron además del encuentro realizado este martes en la sede del sindicato Judicial en Rosario representantes gremiales de los sindicatos Luz y Fuerza, Correo, Municipales, UOM, de Choferes de Camiones de Santa Fe, conducido por Juan Chulich, Sutracovi, Bancaria, Peluqueros, Legislativos (APEL), Jockey Club, Industria Maderera, Telefónicos (Sitratel), del Movimiento Sindical Rosarino y Carlos Ghioldi del Centro Cultural La Toma.

Terminada la campaña para las PASO y luego de que al final de la misma el tema generara cierta polémica luego de que Horacio Rodríguez Larreta se pronunciara a favor, el diputado de Juntos por el Cambio Héctor Stefani detalló los alcances de su proyecto de ley que tiene el objetivo de mejorar el sistema de indemnizaciones y promover la generación de empleo en todo el país.

“El sistema de garantía de indemnizaciones establece que los empleados que terminen su relación laboral ya sea por despido o renuncia perciban el 100% de lo que les corresponda sin necesidad de hacer juicio”, explica Stefani y agrega: “Cambiar de trabajo no implicará una pérdida de antigüedad, será acumulativo y se traslada de trabajo en trabajo. Además, en el caso de no haberse cobrado nunca en toda la trayectoria laboral será un complemento para la jubilación. Es un beneficio que los acompañará a lo largo de toda su vida laboral”.

Según los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, en enero de 2021, el 35% de los trabajadores son informales y solo 1 de cada 10 son empleos calificados.

“Argentina tiene un gran problema en la generación de empleo. Inclusive, en etapas de crecimiento las empresas no contratan gente. Necesitamos una solución que beneficie a los trabajadores, reduzca los costos de las empresas y genere más trabajo de calidad”, afirmó el diputado Stefani.

“El SIG busca darle una contención a los empleados en los momentos en que se encuentren desocupados, ya sea en caso de renuncia o despido”, sostiene el diputado fueguino y agrega: “Con el SGI los trabajadores cobrarán mensualmente el equivalente a su último sueldo actualizado al dejar un empleo sin importar la causa del fin del vínculo laboral”.

El proyecto del diputado fueguino contempla un esquema de financiamiento a partir de la nómina salarial vigente, por lo que se genera un fondo fiduciario en base a los aportes actuales para no modificar los salarios ni generar nuevas cargas y se actualizará en base a la inflación para que no pierda valor. Además, el cobro del SGI no solo es en cuotas a razón de los años trabajados, sino que se puede cobrar en el retiro, en la jubilación, en caso de despido o incluso lo pueden percibir los hijos ya que es hereditario: "Los trabajadores argentinos hacen un esfuerzo enorme con los aportes que generan por lo que hay que garantizar que se cobre lo que se aportó", sentenció Stefani.

Según el INDEC la tasa de desempleo de Argentina cayó a 10,2% en el primer trimestre de 2021. Del mismo informe se desgloza que entre las mujeres de 14 a 29 años esta tasa fue de 39,0%, mientras que la tasa de varones en este mismo rango de edad fue 53,7%.

“Este proyecto toma el modelo de países como Austria o Alemania donde tienen un sistema contención laboral que estimula la capacitación en los momentos de desempleo y así lograr mano de obra más calificada y empresas más competitivas”, argumenta el diputado fueguino.

Stefani considera que es un paso fundamental para el crecimiento de las pymes que son grandes generadoras de empleo: “En la actualidad las micropymes generan 4,3 millones de puestos de trabajo y en su totalidad el universo de las pymes contiene más del 98% del trabajo formal. Frente a un escenario en el que tenemos a más de 6 millones de argentinos en la informalidad”.

“Esta ley terminará con las metodologías utilizadas para evadir la contratación formal, como son las pasantías o los contratos por períodos, que se renuevan indefinidamente perjudicando a los empleados y al Estado. Algo que en la actualidad se vive con normalidad y es completamente ilegal. Como consecuencia aumentará el empleo formal porque ya no tendrán sentido todos esos artilugios”, garantizó Stefani.

“Es un proyecto que estimula la contratación de nuevos empleados, dará previsibilidad y proyección a largo plazo por más que el kirchnerismo quiera venderlo como otra cosa”, finalizó Stefani.

Un proyecto de ley que se presentó hace veinte días por el diputado fueguino del Pro Héctor Stefani junto a varios legisladores del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) para modificar el sistema tradicional de indemnizaciones y crear el Segurio de Garantía de Indemnización (SGI), en coincidencia con el pronunciamiento del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de la eliminación de la indemnización por despido e implantar un sistema parecido al del seguro.

"Crease el Seguro de Garantía de Indeminización (SGI) como institución indemnizatoria del trabajo en el marco de la nómina salarial a los efectos de garantizar la indemnización de los trabajadores ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades".

La iniciativa del legislador fueguino propone la implementación de un seguro de garantía de indemnizaciones por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría esa indemnización de manera mensual.

En su articulado, el proyecto dice que "ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo".

Precisa también que "dichas cuotas mensuales equivalentes al Seguro de Garantía de Indemnización cesarán cuando éstas superen los meses que correspondan a los años trabajados".

Aclara también que "en cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización" y que "el trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo"

En los fundamentos del proyecto, el diputado explicó que "tiene por objeto reformar la legislación laboral vigente con el fin de constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, disminuir el gasto público, reducir la carga impositiva laboral".

También apunta a "afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente en el país a través de un nuevo sistema de indemnización, promoviendo la contratación en el empleo formal", según enumeró el diputado.

Acompañaron a Stefani en la firma del proyecto, sus compañeros de bloque Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni; y el radical Federico Zamarbide.

Dicho proyecto de ley fue girado a las comisiones de Trabajo, de Previsión y de Presupuesto.