El presidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli, habló sobre el proyecto de indemnizaciones laborales que obtuvo media sanción en Diputados y espera ser aprobado en el Senado para convertirse en ley:

“La compañera Maite Alvado y la compañera Soledad Alonso presentaron una iniciativa que discute cómo impactan las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires y cómo impactan las indemnizaciones laborales en Capital con la Justicia Nacional del Trabajo, donde es totalmente distinto. A la sentencia de la provincia de Buenos Aires hoy se le está aplicando una tasa pasiva, mientras que a las nacionales se les aplican distintos tipos de tasas pero que actualizan prácticamente por inflación”, señaló este sábado en el programa Sin Diarios, de AM 530.

“Nosotros le dimos media sanción a este proyecto en Diputados, que establece un coeficiente similar, o el mismo coeficiente que aplicaba la Cámara Nacional del Trabajo, para que precisamente los créditos laborales no se vean licuados por la inflación. Ahora está en Senadores”, puntualizó.

También reflexionó sobre la presión que realizan “algunos sectores concentrados de la economía” para evitar que este proyecto sea aprobado. Explicó que “estos sectores se benefician con la legislación vigente, ya que la misma licúa el costo real de una indemnización”. Al respecto señaló: “Están apretando mucho los sectores concentrados en la economía, salieron la Sociedad Rural y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires a decir que esto haría quebrar empresas, una cuestión que es un disparate. Las empresas quiebran por las tarifas, por la macroeconomía. No te olvides que las indemnizaciones, el crédito del trabajador, surge a partir de un ilícito que comete el empleador que es o no hacerle los aportes, o no registrarlo, o despedirlo injustificadamente”.

Además, resaltó el acompañamiento que la iniciativa obtuvo entre los representantes del movimiento obrero y destacó “los beneficios que traerá para los trabajadores bonaerenses”: “Es un proyecto de los laburantes. De hecho, el ministro de Trabajo del Gobierno provincial lo presentó. Walter Correa dijo que el Ministerio de Trabajo iba a apoyar una iniciativa que era justa para los trabajadores. Apenas se presentó la ley, todas las regionales de la CGT de la provincia de Buenos Aires pidieron que el proyecto sea tratado y que se apruebe”.

Agregó que “también salieron algunos funcionarios del Ejecutivo a decir que era un proyecto legislativo, que no era un proyecto que el Ejecutivo tuviera en agenda. Básicamente porque los aprietan los sectores concentrados de la economía y tratan de lavarse las manos y despegarse, diciendo ‘es una cosa de la Legislatura, nosotros no tenemos nada que ver’”.

Y finalizó: “Es un proyecto que le sirve a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que viene a traer justicia social para ellos, a diferencia de lo que hace Milei”.

El proyecto de ley busca modificar el artículo 48 de la Ley 11653, de los Tribunales de Trabajo bonaerenses, que tienen a su cargo la administración de la justicia laboral, para eliminar el postulado que establece la tasa activa, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para determinar los intereses que se adicionan a las indemnizaciones laborales al momento del pago.

La iniciativa que estaría en camino de ser considerar en el recinto de la Cámara baja en la próxima sesión, contaría con el respaldo del Ministerio de Trabajo bonaerense, y de abogados y magistrados laboristas con actuación en el ámbito provincial.

Se propone que la tasa activa de la entidad bancaría publica sea reemplazada por el índice del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), tasa que se utiliza por la Justicia Federal y otros Estados provinciales, y cuenta con una relación “más realista” con la inflación.

La modificación cobra impulso al considerarse que en los 4 o 5 años que duran los juicios laborales en la provincia el cobro de la indemnización se devalúa debido a la alta inflación imperante, más teniendo en cuenta que el monto compensatorio tiene una dependencia mucho mayor a su tasa de interés.

Básicamente entonces el proyecto de Ley de autoría de la diputada de UP Maite Alvado, busca reemplazar la tasa activa, con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales, y terminaría quedando muy por debajo de la inflación, por la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

“Hoy tenemos la inflación y la tasa activa para abajo, y más para abajo la pasiva, que es la que se aplica en las indemnizaciones laborales en Capital Federal; tenemos que encontrar una solución y la CER es la posibilidad más justa para otorgarles a los trabajadores, si no hacemos nada al respecto tenemos que entender que los despedidos van a recibir miserias”, advirtió Alvado.

Es más, en ese sentido la legisladora denunció que, al conocer que la indemnización laboral perderá su valor con el paso del tiempo, los empleadores deciden esperar a un juicio laboral y postergar su sentencia lo más posible.

“Especulan financieramente ya que ponen el dinero en un plazo fijo, les da una tasa activa y pagan la deuda con la tasa pasiva, una cuenta matemática”, puntualizó Alvado

En ese sentido, Unión por la Patria hizo uso de su poderío en la comisión de Legislación General y, con el apoyo del bloque de diputados liberales dialoguistas dirigido por Gustavo Cuervo, despachó el proyecto de ley sobre las indemnizaciones laborales.

En cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa y adelantó que presentará un dictamen de minoría.

Desde la bancada del PRO se oponen al tratamiento y la diputada Florencia Retamoso, en ese sentido, manistó “no estaríamos de acuerdo con la tasa y es algo que deberíamos seguir trabajando; nosotros también representamos al sector empresarial”, aclaró la diputada republicana.

Por impulso de diputados oficialistas, se tratarán este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dos proyectos que proponen una indemnización a trabajadores afectados por las privatizaciones en los años '90. La reunión será a las 15 en la Sala 1 del Anexo, previo a un plenario que habrá para debatir sobre licencias laborales.

Una de las iniciativas, presentada por Hugo Yasky (FdT), busca reconocer "una indemnización económica a los exagentes de la Empresa Gas del Estado que no se hayan acogido al Programa de Propiedad Participada".

"Toda vez que los Programas de Propiedad Participada de las sociedades anónimas continuadoras de Gas del Estado S.E. se articularon con los mismos vicios que se presentaron en el PPP de YPF -puestos al descubierto por la Corte Suprema-, y por las quejas que nos han hecho llegar y el número de causas judiciales que hemos podido relevar, el impacto en el caso de Gas del Estado S.E. fue significativamente menor que en YPF, sin perjuicio de lo cual no me cabe dudas que igualmente es responsabilidad del Estado Nacional, a través de este Congreso de la Nación, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos por haber cesado su relación de dependencia en el período que se extendió desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia", sostuvo en los fundamentos el diputado.

El otro proyecto, impulsado por Juan Marino (FdT), propone establecer "una indemnización a favor de los y las exagentes de la exEmpresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.) o sus derechohabientes que se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992".

"Las gestiones de los Programas de Propiedad Participada fueron diversas. En la mayoría de los casos terminaron en conflictivos procesos judiciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones de participar, o para indemnizar los daños por los respectivos incumplimientos. En el marasmo de juicios, también abundaron diversas interpretaciones sobre plazos de prescripciones y causales de caducidad que, en definitiva, consumaron la violación al derecho a la propiedad participada de los exagentes de las empresas participadas y particularmente de los de SEGBA", señaló Marino en su iniciativa.

A través de un comunicado, el colectivo de trabajadores damnificados recordó que a lo largo de estos años han impulsado "diferentes iniciativas legislativas" para "resarcir a los trabajadores que no cobraron lo que la ley indicaba".

"Como tantas veces hemos movilizado al Congreso reclamando por el tratamiento de las leyes, en esta oportunidad celebramos y apoyamos este gran paso que retoma el debate y la discusión por las leyes de reparación", agregaron. En tanto, este martes se congregarán en las puertas del Anexo de la Cámara baja.

En el tramo final de la sesión especial de la Cámara de Senadores que se realizó este miércoles, la vicejefa del bloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, solicitó una moción de orden para incorporar al temario del día el proyecto del Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, el cual recibió la media sanción por unanimidad y giró a Diputados.

Fernández Sagasti, explicó que la iniciativa-que obtuvo dictamen en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en mayo del corriente año- propone una “reparación histórica a víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre del 2001”.

“Todos saben de qué se trata, tiene dictamen este proyecto de ley que vino desde el Ejecutivo que establece un beneficio extraordinario para los herederos y los derechos habientes de las víctimas del 2001, así como también para las personas que sufrieron lesiones gravísimas en estas circunstancias”, explicó.

En ese sentido, sostuvo: “Obviamente sabemos que una compensación económica no devuelve a la vida a aquellas personas que perdieron la vida en la gravísima represión sufrida por ciudadanos, ese fatídico 19 y 20 de diciembre del 2001, pero entendemos que, además de una reparación económica, es una reparación saber que el Estado se hace cargo de la represión fatal de ese día”.

“La reparación que debe ser integral y que el Estado nacional lo ha hecho en otras ocasiones como fue con el ARA San Juan a 5 años de su hundimiento, cuando fue la explosión de Rio Tercero”, recordó la senadora kirchnerista y cerró: “Creemos que es a casi 21 años de esa represión es fundamental que el Congreso Nacional reconozca a las víctimas y a sus derechos y a quienes pudieron sobrevivir a través de esta reparación extraordinaria”.

El diputado bonaerense y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (Frente de Todos), presentó este jueves un proyecto de declaración que señala la inconstitucionalidad de la iniciativa presentada por el senador porteño Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) que intenta suprimir la indemnización por despidos y reemplazarla por un “Fondo de Cese Laboral”.

En el proyecto, que recibió el acompañamiento de varios legisladores, muchos de ellos de extracción sindical, se plantea explícitamente que la Comisión no deberá dar “curso favorable a ninguna propuesta legislativa que lesione, contraríe o menoscabe en modo alguno derechos sociales fundamentales, o sus garantías, ni que contradiga de cualquier modo el mandato vinculante que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone al Poder Legislativo, dirigido a otorgar al trabajo ‘la protección de las leyes’ y, especialmente, asegurar ‘al trabajador (…) protección contra el despido arbitrario’”.

En sus fundamentos, Yasky asegura que ninguno de los sistemas en que se inspira este Fondo, “es compatible con la Constitución argentina”. Se refiere concretamente a las legislaciones de Austria y Brasil aludidos en el proyecto en ciernes. Y agrega que “dictado de una ley como la que se ha sometido a tratamiento parlamentario en el Senado confronta en la dimensión teleológica con la misión que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Fundamental encomienda al Congreso, que es la de “Proveer lo conducente al desarrollo humano (y) al progreso económico con justicia social”.

Por otra parte, la iniciativa de los diputados del Frente de Todos, observa que el proyecto de Lousteau tiene también graves falencias legislativas ya que “se postula que el porcentaje del aporte destinado a nutrir el fondo varíe según el criterio del poder de turno, lo cual, por otra parte, resultaría generador de incertidumbre para las empresas y más aún para trabajadoras y trabajadores, que vendría a agregarse a la inseguridad en términos de inestabilidad en el empleo derivada de la desaparición del factor disuasivo del despido que representaría la derogación de la indemnización que actualmente prevé la Ley de Contrato de Trabajo”.

La presentación del Secretario General de la CTA, fue acompañada con las firmas de las diputadas y los diputados Claudia Ormachea, Walter Correa, Santiago Igon, Pablo Carro, Patricia Mounier, Gisela Marziotta, María Rosa Martinez, Mónica Macha y Lía Caliva.

La senadora nacional y candidata a renovar su banca María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) resaltó que “los planes sociales son la consecuencia de esos modelos económicos de quienes hoy piden quitar las indemnizaciones por despido expulsando a los trabajadores del mercado laboral", en alusión a proyectos presentados por legisladores de Juntos por el Cambio.

Durante un acto de inauguración de obras de renovación en la plaza Manuel Belgrano en la localidad de Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo, la santafesina sostuvo: "El general Manuel Belgrano, cuyo nombre lleva esta plaza, nos legó además de la bandera el amor por la patria y también el arraigo, la generación de empleo y la industrialización de la ruralidad”.

“Belgrano abrazaba las ideas de que nuestro país no fuera solo agroexportador, sino también sostenía la necesidad de industrializar todo lo que se produce en el campo generando agregado de valor y trabajo argentino para constituirnos en un polo de desarrollo mundial", agregó.

En esa línea, la legisladora kirchnerista expresó que "por eso creemos firmemente en que la mejor manera de generar empleo es llevando adelante un modelo de desarrollo con justicia social. En un país que sólo exporta granos caben nada más que 15 millones de argentinos y argentinas”.

También, manifestó su deseo de que “las cooperativas y la economía popular tengan también un lugar en esta reconversión de los planes sociales en empleo y así destruir ese viejo paradigma que quieren instalar que nosotros tenemos como política de Estado los planes sociales”.

Durante el acto, la senadora estuvo acompañada por la presidenta comunal, María Laura Mozzi, el párroco Sebastián Combi y autoridades de instituciones educativas y civiles y en un marco de una gran concurrencia de vecinos.

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Sergio Palazzo se refirió a las iniciativas presentadas por legisladores de Juntos por el Cambio para eliminar las indemnizaciones de trabajadores despedidos, y criticó: “Siempre buscan lo mismo”.

"Es la misma idea que presentó (Jorge) Triaca como ministro de Trabajo” durante el gobierno de Mauricio Macri, señaló, y afirmó que el proyecto presentado por el senador Martín Lousteau (UCR) le parece "descabellado".

En declaraciones a Radio 10, el secretario general de La Bancaria alertó que en la iniciativa se plantea que "incluso el trabajador, en caso de haber diferencias, se queda sin cobrar nada mientras tiene que litigar ante la Justicia”.

“Tiene que haber una protección contra el despido arbitrario porque es un derecho constitucional que se vulneraría si esto no existe”, indicó. En ese marco, evaluó que “estos modelos que presentan vienen de países donde la tasa de desocupación es inferior al 4%”.

Además, Palazzo explicó que "si midieran el fenómeno, verían que ese seguro que proponen alcanza para tres o cuatro meses, mientras al trabajador en la Argentina, para conseguir otro trabajo, le lleva unos 20 meses de búsqueda”.

Por otra parte, el candidato a diputado consideró que el Gobierno ha tenido “una reacción rápida” tras el resultado adverso en las PASO, y sostuvo que las medidas de modificar el impuesto a las Ganancias y la suba del salario mínimo “son correctas".

"Si se suma a esto la economía que ya está mostrando números favorables, esto tiene que ser el despegue de la Argentina”, planteó.

En otro orden, el gremialista habló sobre la necesidad de investigar la supuesta quita de utilidades al Banco Nación por parte del Poder Ejecutivo durante la gestión de Cambiemos.

“En su momento, como (Asociación) Bancaria estuvimos en el Congreso pidiendo que no se le quitaran utilidades al Banco Nación, pero terminaron votando una quita de capitalización de 23 mil millones de pesos y luego fueron 15 mil millones de pesos de utilidades que le sacaron al banco”, advirtió.

Y resaltó que "hoy (Eduardo) Hecker (actual titular del Banco Nación) hizo un esfuerzo de poner el banco en situación de rentabilidad y la política de vaciamiento se cambió por una banca pública rentable, que es la función que tiene que cumplir”.

La senadora María de los Angeles Sacnun, candidata a renovar su banca por el Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, participó de una mesa debate donde se analizó el proyecto de reforma laboral presentado en el Congreso de la Nación por un legislador de Juntos por el Cambio para eliminar las indemnizaciones laborales. "Cuando en la Argentina se profundizan las políticas de redistribución del ingreso, vuelven con esos proyectos que no tienen otro objetivo que desechar y destrozar el derecho laboral", dijo Sacnun y agregó: "Si pudieran lo borrarían de un plumazo".

Acompañada por Vanesa Siley (presidenta de la Comisión Laboral de la Cámara de Diputados de la Nación y secretaria general de Fe.Si.Tra.Ju); la diputada nacional santafesina Josefina González y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe Jorge Perlo, Sacnun sostuvo que "el concepto del derecho laboral en la Argentina tiene que ver con el peronismo y con los derechos no solo individuales sino también colectivos de los trabajadores y trabajadoras y de la importancia del movimiento obrero organizado. Porque el derecho laboral lo que hace es poner en un pie de igualdad los derechos de los trabajadores con los del capital y los empresariales".

"Nosotros concebimos al Estado como el gran árbitro, que protege a la parte más débil del derecho laboral que son los trabajadores. Ese es el concepto básico en el peronismo y en el campo nacional y popular respecto de la organización del trabajo. Es imposible pensar en los derechos de los trabajadores en el marco de políticas neoliberales que arrasan con el poder adquisitivo de los salarios", dijo la senadora.

"En la provincia de Santa Fe y de cara a las elecciones de noviembre, los trabajadores y las trabajadoras tendremos que dar una discusión muy importante sobre este proyecto de ley presentado por legisladores de la oposición. Y en mi caso como senadora nacional puedo venir a dar la cara porque nunca voté ninguna ley que recortara ningún derecho a los trabajadores", remarcó.

Para finalizar, afirmó que "ante la crisis que estamos viviendo después de la pandemia del macrismo y la sanitaria, la salida no es recortarle los derechos a los trabajadores. Por el contrario Néstor y Cristina durante nuestro gobierno crearon 6 millones de puestos de trabajo sin tocar una sola coma de esos derechos consagrados."

Participaron además del encuentro realizado este martes en la sede del sindicato Judicial en Rosario representantes gremiales de los sindicatos Luz y Fuerza, Correo, Municipales, UOM, de Choferes de Camiones de Santa Fe, conducido por Juan Chulich, Sutracovi, Bancaria, Peluqueros, Legislativos (APEL), Jockey Club, Industria Maderera, Telefónicos (Sitratel), del Movimiento Sindical Rosarino y Carlos Ghioldi del Centro Cultural La Toma.

Terminada la campaña para las PASO y luego de que al final de la misma el tema generara cierta polémica luego de que Horacio Rodríguez Larreta se pronunciara a favor, el diputado de Juntos por el Cambio Héctor Stefani detalló los alcances de su proyecto de ley que tiene el objetivo de mejorar el sistema de indemnizaciones y promover la generación de empleo en todo el país.

“El sistema de garantía de indemnizaciones establece que los empleados que terminen su relación laboral ya sea por despido o renuncia perciban el 100% de lo que les corresponda sin necesidad de hacer juicio”, explica Stefani y agrega: “Cambiar de trabajo no implicará una pérdida de antigüedad, será acumulativo y se traslada de trabajo en trabajo. Además, en el caso de no haberse cobrado nunca en toda la trayectoria laboral será un complemento para la jubilación. Es un beneficio que los acompañará a lo largo de toda su vida laboral”.

Según los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, en enero de 2021, el 35% de los trabajadores son informales y solo 1 de cada 10 son empleos calificados.

“Argentina tiene un gran problema en la generación de empleo. Inclusive, en etapas de crecimiento las empresas no contratan gente. Necesitamos una solución que beneficie a los trabajadores, reduzca los costos de las empresas y genere más trabajo de calidad”, afirmó el diputado Stefani.

“El SIG busca darle una contención a los empleados en los momentos en que se encuentren desocupados, ya sea en caso de renuncia o despido”, sostiene el diputado fueguino y agrega: “Con el SGI los trabajadores cobrarán mensualmente el equivalente a su último sueldo actualizado al dejar un empleo sin importar la causa del fin del vínculo laboral”.

El proyecto del diputado fueguino contempla un esquema de financiamiento a partir de la nómina salarial vigente, por lo que se genera un fondo fiduciario en base a los aportes actuales para no modificar los salarios ni generar nuevas cargas y se actualizará en base a la inflación para que no pierda valor. Además, el cobro del SGI no solo es en cuotas a razón de los años trabajados, sino que se puede cobrar en el retiro, en la jubilación, en caso de despido o incluso lo pueden percibir los hijos ya que es hereditario: "Los trabajadores argentinos hacen un esfuerzo enorme con los aportes que generan por lo que hay que garantizar que se cobre lo que se aportó", sentenció Stefani.

Según el INDEC la tasa de desempleo de Argentina cayó a 10,2% en el primer trimestre de 2021. Del mismo informe se desgloza que entre las mujeres de 14 a 29 años esta tasa fue de 39,0%, mientras que la tasa de varones en este mismo rango de edad fue 53,7%.

“Este proyecto toma el modelo de países como Austria o Alemania donde tienen un sistema contención laboral que estimula la capacitación en los momentos de desempleo y así lograr mano de obra más calificada y empresas más competitivas”, argumenta el diputado fueguino.

Stefani considera que es un paso fundamental para el crecimiento de las pymes que son grandes generadoras de empleo: “En la actualidad las micropymes generan 4,3 millones de puestos de trabajo y en su totalidad el universo de las pymes contiene más del 98% del trabajo formal. Frente a un escenario en el que tenemos a más de 6 millones de argentinos en la informalidad”.

“Esta ley terminará con las metodologías utilizadas para evadir la contratación formal, como son las pasantías o los contratos por períodos, que se renuevan indefinidamente perjudicando a los empleados y al Estado. Algo que en la actualidad se vive con normalidad y es completamente ilegal. Como consecuencia aumentará el empleo formal porque ya no tendrán sentido todos esos artilugios”, garantizó Stefani.

“Es un proyecto que estimula la contratación de nuevos empleados, dará previsibilidad y proyección a largo plazo por más que el kirchnerismo quiera venderlo como otra cosa”, finalizó Stefani.

Un proyecto de ley que se presentó hace veinte días por el diputado fueguino del Pro Héctor Stefani junto a varios legisladores del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) para modificar el sistema tradicional de indemnizaciones y crear el Segurio de Garantía de Indemnización (SGI), en coincidencia con el pronunciamiento del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de la eliminación de la indemnización por despido e implantar un sistema parecido al del seguro.

"Crease el Seguro de Garantía de Indeminización (SGI) como institución indemnizatoria del trabajo en el marco de la nómina salarial a los efectos de garantizar la indemnización de los trabajadores ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades".

La iniciativa del legislador fueguino propone la implementación de un seguro de garantía de indemnizaciones por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría esa indemnización de manera mensual.

En su articulado, el proyecto dice que "ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo".

Precisa también que "dichas cuotas mensuales equivalentes al Seguro de Garantía de Indemnización cesarán cuando éstas superen los meses que correspondan a los años trabajados".

Aclara también que "en cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización" y que "el trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo"

En los fundamentos del proyecto, el diputado explicó que "tiene por objeto reformar la legislación laboral vigente con el fin de constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, disminuir el gasto público, reducir la carga impositiva laboral".

También apunta a "afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente en el país a través de un nuevo sistema de indemnización, promoviendo la contratación en el empleo formal", según enumeró el diputado.

Acompañaron a Stefani en la firma del proyecto, sus compañeros de bloque Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni; y el radical Federico Zamarbide.

Dicho proyecto de ley fue girado a las comisiones de Trabajo, de Previsión y de Presupuesto.