Representantes de la industria pesquera y de sindicatos asistieron una vez más este martes a exponer sobre la situación que atraviesa el sector ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que preside la chubutense Ana Clara Romero (Pro).

El primero en exponer fue Ángel Raimundi, secretario Adjunto del Sindicato de Conductores Navales en Argentina, quien manifestó “mucha preocupación” de que el conflicto todavía no alcanzó una solución. “Desde el principio, expresamos la necesidad de que esto sea un diálogo de tres, ya que no se trata de un conflicto entre privados, sino que es un conflicto donde el Estado tiene mucho para hacer”, señaló.

“Queremos brindarle nuestro apoyo a la iniciativa que algunos diputados han presentado para declarar la actividad en emergencia económica, creemos que ahí está la llave para destrabar una situación muy compleja”, resaltó Raimundi al tiempo que afirmó que “no es justo que el hilo se pretenda cortar por lo más delgado, con un ataque artero al salario de los trabajadores del sector”.

Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, hizo hincapié a que “el conflicto se va a solucionar más rápido y de mejor manera si el Estado juega su rol de autoridad. No puede haber una actividad económica tan importante, que es la octava del país en cuanto a exportación, que cuando tenga un problema no haya una autoridad que se siente a unir criterios y encuentre otra variable no sea el salario”.

Desde el Centro de Patrones Fluviales y de Cabotaje, Mariano Moreno expresó: “Volver acá a decir prácticamente lo mismo y que no hemos tenido soluciones, de alguna manera aburre”. A continuación, pidió “arrimar a alguna solución para los trabajadores que tienen en la pesca su subsistencia” y criticó que “el Poder Ejecutivo no se está sentando a la mesa de discusión en algo que afecta a más de 50 mil personas”.

Juan Donato, del Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina, ratificó que “la industria naval ha sido golpeada en estos meses con dos decretos” del Gobierno nacional. “Los trabajadores no son el costo y es el Congreso el que de una vez por todas va a tener que tomar medidas y sentarse a legislar, porque no puede seguir dejando vigente los decretos sin su intervención”, añadió.

Representando al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Ángel Juan Navarro, aseguró que “en este momento las empresas pesqueras quieren volver a la época del abuso patronal sobre los obreros marítimos”. En ese mismo sentido, recalcó: “Estamos teniendo una crisis pesquera encubierta queriéndole bajar el 30% de lo que el marinero gana de su producción”. “Esto es un tema político, donde quieren romper los convenios colectivos de trabajo para así lastimar el sistema sindical argentino que está muy bien visto en el mundo”, sentenció.

El diputado santacruceño Gustavo González (UP) lamentó que no hayan asistido los funcionarios nacionales a exponer y brindar explicaciones debido a que la situación “es desesperante”. Asimismo, instó a “buscar un sentido que sea más redituable para los empresarios y que la variable de ajuste no siga siendo el trabajador”.

En otro aspecto, González pidió trabajar para que “se derogue el decreto 340” al subrayar que “faltan decisiones políticas que las tiene que dar el Gobierno nacional, ya que no se puede estar ausente ante esta situación, principalmente por el clima social que ya se está viviendo en algunas ciudades, pero también por la pérdida de divisas”.

Para concluir, Ana Clara Romero dijo que “el ánimo de las reuniones es de juntar a todos los sectores, tratar de contribuir en visibilizar y buscar un camino de solución, pero sabemos que las soluciones legislativas no son las más rápidas y eficientes frente a situaciones de coyuntura”. Cabe recordar que, en la anterior reunión del 3 de junio, expusieron representantes de diversas cámaras empresariales, de PyMEs, de los sindicatos y que contó, además, con participación ciudadana.

En la sesión de este jueves, el Senado aprobó por 52 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones -de los senadores de Juntos por el Cambio Roberto Basualdo, Esteban Bullrich y Laura Rodríguez Machado- un proyecto de ley que tiene por objeto la promoción en la participación de mujeres, travestis y trans en el sector pesquero.

La impulsora de la iniciativa, la chubutense Nancy González (FdT), fue la única oradora y explicó los puntos de la iniciativa. Señaló que llevará aproximadamente cinco años alcanzar la totalidad de la vigencia de la ley.

La oficialista reveló que el proyecto se presentó luego de mantener un año de reuniones con distintas mujeres del sector, que "son discriminadas permanentemente por su condición de género". "Este proyecto pretende visibilizar el rol y la presencia de las mujeres en el sector marítimo", destacó.

Pero además, "compensarlas por la discriminación que sufren actualmente por materia de género". Sobre ello, explicó que se les señala no responder "físicamente al trabajo que se produce en un buque pesquero". González remarcó que hoy día la tecnología ha avanzado y "es muy distinto el trabajo que se realizaba hace muchos años".

La legisladora apuntó que existe "un gran número de mujeres formadas para estas tareas, pero siempre son las últimas en subir a los barcos". De acuerdo a datos de la Organización Marítima Internacional, un 2% de mujeres "están en la flota", pero de ese porcentaje, "el 92% están en los cruceros, no están en la flota pesquera".

Qué prevé la iniciativa

El proyecto tiene por objeto “promover y garantizar la participación, el acceso, la conservación y el progreso de las mujeres y de las personas travestis, transexuales y transgéneros en el empleo en la flota pesquera nacional”.

El texto modifica el artículo 40 de la Ley 24.922, de Régimen Federal de Pesca, referido a cómo deben estar constituidas las tripulaciones de los buques, incorporando dos incisos.

Uno de ellos indica que “como mínimo el 30% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por mujeres”; y otro que estima que “como mínimo el 1% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por personas travestis, transexuales y transgéneros”. Y se subraya que “bajo ningún aspecto este porcentaje será limitante de un número mayor para el acceso de las personas protegidas” por la ley.

Para acceder al Régimen de Promoción, los/as empleadores deberán acreditar haber cumplido con los porcentajes establecidos, los cuales son progresivos: 20% del cupo para el primer año de entrada en vigencia de la ley; 60% del cupo para el tercer año; y 100% para el quinto año.

Las empresas que acrediten el cumplimiento de esas metas establecidas podrán acceder a beneficios fiscales: estarán obligadas únicamente al pago del 50% de las contribuciones patronales; y podrán realizar una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes del personal mujeres, travesti, transexual o transgénero embarcado en cada período fiscal.

La iniciativa también prevé que “el régimen de promoción es para todos los puestos y/o tareas que puedan darse dentro del buque pesquero, quedando especialmente incluidas aquellas que sean de jerarquía como capitanías”.
“Los armadores que cuenten con personal jerárquico mujeres, travesti, transexual o transgénero tendrán derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 100% de las retribuciones correspondientes a ese personal”, agrega.

Además, se establece un programa de capacitación para todo el personal marítimo que deberá dictar la Prefectura Naval Argentina en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; se prevén multas para quienes no cumplan con la norma; y se crea la Oficina de Consejería de las Mujeres y de las Diversidades en el Ámbito Marítimo, bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero.

El diputado nacional radical Gustavo Menna presentó un proyecto de ley para crear un “Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura”. El legislador explicó que el objetivo es “garantizar el control del cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero, desde la captura hasta el consumidor final”.

La iniciativa busca garantizar la sostenibilidad de la industria, las condiciones de salubridad de todo el proceso productivo y el cumplimiento de normas internacionales para llegar sin trabas a los mercados exteriores. 

El diputado chubutense consideró que en el futuro próximo “los productos que no cumplan con las condiciones de trazabilidad se encontrarán con serias dificultades para ser comercializados”, y en particular indicó que la Argentina “cuenta con una de las pesquerías más importantes a nivel global, constituyendo un pilar fundamental del desarrollo regional, especialmente en Patagonia”. 

“En las actuales circunstancias -dijo Menna- ha quedado evidenciada la trascendencia que tiene para la salud todo lo vinculado a la seguridad alimentaria. No solo eso, seguramente ello también marcará un diferencial para acceder a los mercados internacionales y con el mejor precio”.

Acompañan la iniciativa los diputados Roxana Reyes, Lorena Matzen, Ignacio Torres, Mariana Zuvic, Gustavo Hein, Juan Aicega, Alberto Asseff, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Jorge Vara, Miguel Bazze, Héctor Stefani y Ezequiel Fernández Langan.