La iniciativa impulsada por la radical Inés Gorbea recibió dictamen favorable de las comisiones de Salud y de Presupuesto. Además establece el trabajo conjunto con otras jurisdicciones para facilitar la implementación de este tipo de tecnología.
A raíz de la nueva normalidad que instaló la pandemia del Covid 19, la Legislatura de la Ciudad avanzó con un proyecto de ley que busca regular la incorporación de firmas y recetas electrónicas o digitales para las prescripciones médicas de medicamentos, estudios o tratamientos.
La iniciativa fue debatida en una reunión conjunta de las Comisiones de Salud y Presupuesto, presididas por la diputada María Patricia Vischi (UCR-Ev) y el diputado Claudio Romero (VJ) respectivamente, donde obtuvo despacho.
La normativa local en tratamiento se determinará “según lo regulado en la parte pertinente por la ley nacional 27.553” y será de aplicación “para toda receta, prescripción médica, odontológica o de otros profesionales de la salud legalmente facultados a prescribir, en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública o privada, que ejerzan su actividad dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El proyecto impulsado por María Inés Gorbea (UCR-Ev) busca definir las nuevas alternativas de prescripción electrónica, receta digital y receta electrónica, el proyecto ordena a la autoridad de aplicación metropolitana “articular con el Ministerio de Salud de la Nación y/o otras jurisdicciones un sistema de colaboración en red que posibilite y facilite el uso” de los nuevos procedimientos.
Al respecto del proyecto despachado, Vischi se refirió a la “importancia de esta iniciativa que en el ámbito nacional fue aprobada en la Ley número 27.553” y remarcó que “de esta forma la Ciudad adhiere a la Ley Nacional y detalla a su vez las particularidades propias para la aplicación en la Ciudad”.
Asimismo indicó que “la incorporación de las nuevas tecnologías en el sentido del mejoramiento de la salud de la población y el uso más racional de los recursos destinados a los medicamentos así como la posibilidad de la interacción de los distintos integrantes de la cadena de la dispensación de los principios medicamentosos en beneficio de quienes lo reciben para su tratamiento” y sentenció que “la receta electrónica se había implementado a partir de la pandemia y hoy muchas entidades de salud y obras sociales incluso el Pami ya autorizaron su uso; en su momento también impulsamos el proyecto de Historia Clínica Electrónica”.
Se trata de una iniciativa de la diputada de la UCR-Ev, María Inés Gorbea, mediante la cual se prevé asistir y contener a los niños y adolescentes que tienen familiares presos o prófugos de la Justicia.
La presidenta del bloque UCR-Evolución, María Inés Gorbea, presentó en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa a través de la cual prevé generar en el distrito equipos de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes que tengan un familiar prófugo o preso, a fin de que puedan contar con algún tipo de sostén en esa delicada situación.
El proyecto en cuestión planteó la necesidad de crear “equipos de acompañamiento que dependerán de la Subsecretaría de Promoción Social, perteneciente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.
Los mismos estarán compuestos por un grupo de profesionales que realizarán un seguimiento directo a los niños, niñas y adolescentes mediante el apoyo y acompañamiento psicológico como también pedagógico. Dichos profesionales también tendrán la tarea de evaluar las situaciones familiares, habitacionales y emocionales de los niños, niñas y adolescentes. Detectar las necesidades específicas y proveer la información al Gobierno porteño.
En cuanto a la conformación de estos equipos, el texto sostiene que “serán integrados por un director, profesionales que ayuden del lado emocional (psicólogos) y profesionales dedicados a ayudar del lado pedagógico”.
En los considerandos de la iniciativa, la radical indicó que “las complejas situaciones que desencadena la detención de algún miembro de la familia tienen impactos en los niños, niños y adolescentes, en la comunidad específica a la que dicha familia pertenece y en la sociedad toda” y consideró que “es por esto que el acompañamiento de las familias en cuestión se torna un trabajo central para abordar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes miembros de dichas familias”.
Sobre esa misma línea afirmó que “entre las estadísticas surge que en el país, al menos 146 mil menores de 0 a 17 años en Argentina tiene a su padre, madre o familiar directo en la cárcel” y advirtió que “este es un gran problema en la Argentina ya que si esos niños no tienen acompañamiento psicológico o pedagógico pueden terminar en un camino delictivo, ya que no recibieron la educación necesaria y sus padres, que son el ejemplo de los niños, terminaron en prisión”.
“Creemos que el rol del estado en el acompañamiento y generación de contexto de buenas prácticas, es siempre un paso hacia el cumplimiento efectivo de la ley. El bienestar, la salud y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, es el camino para poder garantizar los derechos expuestos en la Ley 114 de la Ciudad y en la ley nacional 26.061”, sentenció.
